Debido a que el gobierno federal decidió cancelar el programa Prospera, los Servicios de Salud Jalisco (SSJ) han despedido a 246 empleados que trabajaban dentro de dicho programa en la entidad.

Consuelo Robles Sierra, directora general de los SSJ, detalló que entre los despedidos se encuentran médicos, enfermeras, nutricionistas y personal tanto de promoción como administrativo.

"Son 246 personas laborando en un programa que hoy quedan prácticamente fuera. Muchos han trabajado más de 10 años dentro del programa", explicó Robles.

La titular de los SSJ enunció que desde inicios de año se había planteado la posibilidad de poner fin al programa debido a la falta de recursos. Detalló que se erogaban 5 millones de pesos cada mes para gastos del programa, cantidad que no pueden aportar sin los recursos federales.

La desaparición de Prospera, el cual llegó a su fin el 31 de diciembre según una misiva enviada a la Secretaría de Salud por parte de la federación, se debe a que esta ha decidido desaparecer el programa y crear las becas Benito Juárez, no obstante, en esta nuevo proyecto no está incluido el componente salud.

Actualmente, se tiene la capacidad para recontratar a 40 personas para los Centros de Salud, área donde se tiene mayor prioridad. Robles señaló que está pendiente saber si será posible recontratar al personal en caso de que el componente migre a otro programa o incluso dentro de la estructura de los SSJ.

Esta misma tarde se manifestaron alrededor de 100 de los trabajadores despedidos afuera de Casa Jalisco para exigir la intervención de las instancias estatales ante su despido.

Sobre la posibilidad de que los acusados acudan a los tribunales, Robles aclaró que "están en su derecho" de hacerlo, aunque aclaró que los SSJ están en "indefensión" de poder evitar la cancelación de un programa federal.

Lamentablemente pese a su perfil eminentemente humanitario y a su labor teóricamente exclusiva del sector salud, el IMSS no se ha podido mantener al margen de influencias políticas que mucho han dañado su salud financiera y en consecuencia la calidad médica de los servicios que presta. Este desafortunado fenómeno tiene nombre y apellido: Deterioro Invasivo, es decir un marcado, lamentable y sobre todo peligroso deterioro en la calidad y cantidad de servicios que presta.

Parece oportuno notar que en la recientemente multipremiada película "ROMA" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón (se refiere a la Colonia Roma de la Ciudad de México) aparece una escena donde en una clínica del IMSS reina el desorden, hablamos de los años 70, hace 50 años, la escena sirve para notar que desde aquel entonces, la burocratización del sector salud asomaba su feroz rostro.

Existe una terca realidad que se refiere al déficit financiero que desde hace años viene arrastrando la institución, desafortunadamente el IMSS no se ha podido "curar" del cáncer de la corrupción, las trampas en las cuotas obrero-patronales, la distracción de fondos para ejercerlos en tareas ajenas a la institución, el lastre de un sindicato por momentos satisfaciendo intereses particulares, trampas en la compra de medicamentos, sobre precios en los mismos y más y más actos criminales que han herido de gravedad a una honorable e indispensable institución de enorme importancia para los mexicanos.

Inevitablemente crece la población de derechohabientes que provoca la falta de profesionales que atiendan con tino y tiempo a los pacientes, no resulta extraño escuchar que hay cirugías de cierta urgencia que se programan para 3 o 4 meses posteriores al diagnóstico. Continuamente se escucha decir que el desabasto de medicamentos es la norma, lo peor que se prescriben algunos ya caducos, en fin, estamos ante una situación de verdadera emergencia que tiene por imperiosa tarea limpiar hasta el fondo a esta muy noble e indispensable institución de y para los mexicanos.

La nueva dirección del IMSS ha dado a conocer un 1er. diagnóstico del estado de salud que guarda la institución, no es nada alentador pero tampoco es una situación terminal, solución existe y da inicio por extirpar el principal tumor que se padece: la maldita corrupción.

Las primeras observaciones ya fueron claramente expuestas y dadas a conocer a la opinión pública, la enfermedad es grave pero curable aunque a fuerza de ser sinceros se mira lejana, muy lejana la sanación hasta dar de alta al paciente.

Hoy les comparto la historia navideña de María Portilla Acevedo, joven de 30 años, pintora de profesión y quien trabaja un proyecto de atención a personas en situación de calle.

El 17 de diciembre pasado, María iba en su bicicleta rumbo a la Condesa. Tomó por Mariano Escobedo y en el paso a desnivel, con un camión detrás, se topó con un bache. "Volé, caí de clavado, me empapé y me rompí la mano derecha, radio y cúbito. El brazo también lo sentía fuera de lugar".

Lo que siguió es una crónica de lo que se puede padecer en la capital cuando alguien se accidenta. En concreto, lo que tienes que lidiar con una "ambulancia" que algún buen samaritano llamó.

Retomo la crónica que María publicó en su revista Mi valedor sobre lo que le tocó vivir apenas llegó lo que ella suponía un cuerpo de rescate:

"Yo no sabía que las ambulancias son como la mayoría de los policías, con los que hay que regatear, negociar y hablar un mismo lenguaje de oportunismo rapaz. Evidentemente los curtió el mismo sistema:

-¿Tienes dinero?, esto te va a salir carito...

-No sean mala onda, soy pintora, déjenmelo barato. Además, es la mano derecha con la que pinto.

-Uy, ojalá tengas seguro médico, ellos te lo reponen.

-No tengo, ¿pero en cuánto me sale el aventón?

-3,500, ¿tienes?

-No, no tengo, déjenmelo en 2,000.

Entonces percibo que ninguno de ellos es realmente un paramédico, la poca ayuda médica que recibo es pésima.

Ya en la cama del hospital privado, donde el conteo de horas es crucial porque el costo aumenta por segundo, se asoman los transas de la ambulancia mientras me suturan la barba, a enseñarme que me están regresando mis pertenencias y que no se han robado nada:

-Tienes la cartera vacía, ¿no nos puedes hacer transferencia desde tu celular? Ah no, viene mojado, ¿cómo le vas a hacer?

De pronto escucho la voz de mi mamá y con afán de quitármelos de encima les digo que ella les va a pagar. Le bajan 7,000 pesos. Lucrando con la desgracia ajena en vísperas navideñas... ¡es indignante!".

A pesar de que María le advirtió a su madre que no les diera más de los 2,000 pesos acordados, los de la ambulancia (llamarlos paramédicos es demasiado, ya que nunca aplicaron nada de procedimientos) sacaron los 7,000 pesos ya citados porque alegaron que habían acomodado el brazo de la accidentada en su lugar, cosa que en realidad le harían horas después en el hospital GEA González.

Hace unos días, María, a punto de concluir su rehabilitación, pasó de nuevo por la zona del accidente. El bache causante del embrollo goza de cabal salud. Incluso le tomó una foto.

Me acordé de esta historia hace un par de días cuando leí que la colega Carmen Luna tuiteó que un vecino suyo de la Nápoles "convulsionó en la calle y 2 ambulancias no quisieron ayudarlo que porque no había un familiar que estuviera con él".

En total, 3 ambulancias llegaron y ninguna se lo llevó, incluida una de la alcaldía Benito Juárez.

A los vecinos de Carmen los de la ambulancia les dijeron que si no había alguien que "se responsabilizara en todas las formas, incluida la económica, no se lo podían llevar".

En los hospitales de la metrópoli hay personas que, debido a los padecimientos de sus familiares, "viven" en estos espacios.

Por ejemplo, desde hace 10 años y medio, cuando a su hija recién nacida le diagnosticaron insuficiencia renal, José Martín Sánchez se volvió un "habitante" del Hospital Civil Viejo.

Para quienes esperan, duermen y viven en estos lugares, la experiencia no es sencilla, pues algunos han tenido que dejar su vida atrás.

Hay quienes hasta la comparan con una cárcel, por no poder salir de ahí. Duermen en el piso, en sillas, en el pasto y en donde se puede, pero nunca por mucho tiempo, ya que el movimiento de doctores y enfermeras es constante.

A pesar de que María y Óscar no duermen en el Hospital Civil, como otras personas, la situación para ellos no es muy distinta y la falta de descanso es constante. Su bebé nació con gastrosquisis, una enfermedad que provoca el nacimiento con los intestinos fuera del estómago.

"No nos quedamos aquí porque no es necesario, pero a veces nos marcan en la madrugada cuando hay emergencias o cuando se acaba algún medicamento", platica María.

Javier estaba dormido en unas sillas de la sala de espera del piso 8 cuando un ruido lo despertó. Esas sillas negras y descarapeladas se convirtieron en su cama desde hace casi 2 meses. Su hijo, Chuy, está internado por una obstrucción en la garganta que le impedía comer y beber. Su esposa y él se turnan en las noches para estar junto a la camilla, voltear cada tanto a Chuy e impedir que le salgan llagas.

Vestida con gorra azul, bata y guantes, Katia espera desde hace 5 meses a su hijo de un año que se encuentra en terapia intensiva. Duerme al lado de su cuna. Cuando llega su esposo, baja a comer.

"Nosotros venimos de Tepic porque de allá lo mandaron a este hospital. Mi esposo tuvo que dejar el trabajo y mi suegro nos ha estado ayudando con dinero, ya que los aparatos que rentamos para su operación son caros", cuenta.

A principios de noviembre, Martha Cisneros llegó al Hospital Civil con su hija por un accidente rumbo a su trabajo, en Tomatlán. Desde entonces, vive en la sala "Juan Valdez" y su rutina consiste en ir al comedor, salir del nosocomio cuando no van los voluntarios, bañarse de vez en cuando y volver a lado de la camilla.

"A veces me siento encarcelada, y se me hace que en la cárcel se divierten más: por lo menos juegan basquet, tienen actividades o algo, pero ¿aquí? Nada", cuenta entre bostezos que evidencian su falta de descanso, nomás se dormita".

Martha "descansa" en una silla al lado de la camilla de su hija, aunque a veces se recarga en el colchón o tiende cobijas en el piso para estirar su cuerpo.

Al declarar, ayer, que "el IMSS no puede celebrar el Día Mundial de la Salud con su capacidad hospitalaria en ruinas", es probable que el director general del Instituto, Germán Martínez Cázares, no estuviera pensando sólo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México...

En operación desde 1951, con capacidad aproximada de mil camas y atención especializada para casos de cardiología, oncología y pediatría; buque insignia del esquema de seguridad que en sus orígenes fuera calificado como "modelo a nivel mundial" y ponderado como "una de las mayores conquistas de la clase trabajadora en México", el Centro Médico será demolido ("renovado", "intervenido", "rescatado" y "reconstruido", fueron otros participios pasivos utilizados por su director)... por obra y gracia de la "4a. transformación" en curso, obviamente.

Martínez Cázares expresó que "es una pena" el edificio: algo que podría hacerse extensivo a la mayoría de los hospitales del Seguro Social desparramados por toda la geografía nacional. Habló de la necesidad de ampliar la capacidad hospitalaria del IMSS: algo en lo que seguramente concordarán quienes quieren ver con buenos ojos el anuncio de que se extenderán los "beneficios" de la seguridad social a más de un millón de trabajadoras y trabajadores domésticos hasta ahora marginados de ellos.

Expresó que "hacen falta hospitales dignos"... ("¿Dónde se lo firmamos...?", preguntarían, a coro, miles de pacientes que padecen la deplorable calidad y notoria insuficiencia de las instalaciones... y también, seguramente, cientos de médicos frustrados por la imposibilidad de ser más eficientes en el ejercicio de su profesión, a la vista de que la demanda los rebasa en forma aplastante).

Cuando dijo que "no pueden los pacientes estar en los pasillos o en las listas de espera, y nuestros hospitales en ruinas como éste" -el aludido Centro Médico Siglo XXI-, Martínez, seguramente, quiso decir que "no deberían estar"; porque de que pueden, los ejemplos ("vergonzosos", fue el calificativo empleado por el funcionario) abundan.

Seguridad, educación y salud son las demandas más socorridas de la población. Para atender la 3a. -permítase la analogía-, en vez de echarle más choco-milk al vaso, se ha decidido aumentar el número de popotes (...y que la Virgencita de Guadalupe haga el resto).

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 traza las metas y el rumbo de lo que impulsará la administración del presidente López Obrador. En materia de salud pública en su diagnóstico el plan apunta que el sistema actual tiene una sobrecarga en los servicios que redunda en tiempos de espera prolongados y en detrimento de la calidad del servicio.

También afirma que hay un rezago en la capacidad de garantizar de manera efectiva el derecho a la salud. Por ejemplo, México cuenta con menos camas, así como doctores y enfermerxs por cada mil habitantes que el promedio de la OCDE.

Partiendo de esta realidad el presidente ha prometido trabajar para que el país goce de un sistema de salud como el de los países nórdicos. Lograrlo, sin embargo, requiere de una mucho mayor inversión pública en el sistema nacional de salud. Dinamarca, por ejemplo, invierte el 8.6% de su PIB, solo de recursos públicos, en su sistema de salud, mientras que México apenas invierte el 2.8%. La diferencia es abismal.

En el 2019 el presupuesto para todo el sistema público de salud será de 596,000 millones de pesos. El IMSS recibe el 50% de dicho presupuesto, es decir cerca de 300,000 millones al año. Para poder mejorar el servicio y la calidad del sistema de México a los niveles de los mejores sistemas de salud en el mundo, sería necesario que en los próximos años pudieramos multiplicar por 3 el monto de inversión pública. Hacerlo requiere de una profunda reforma fiscal.

El PND establece 8 objetivos para la política de salud, el 2.4.3 dice "Mejorar y ampliar la infraestructura de salud, equipamiento y abasto de medicamentos, generando condiciones adecuadas y accesibles para brindar servicios de salud de calidad a toda la población".

Sin más recursos será prácticamente imposible cumplir con este objetivo, al igual que con otros importantes programas en materia de política social. Para impulsar la equidad y un mayor bienestar, el gobierno necesita una reforma que incremente la recaudación a partir del 2020.

Circulaban en la prensa nacional varios datos aterradores acerca de las dramáticas condiciones en que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando llegó la noticia de que su director, Germán Martínez Cázares, renunciaba al cargo que le fue conferido por el presidente López Obrador. Nada menos.

La carta de Martínez, de crudeza terrorífica, es un diagnóstico de las precarias condiciones de salud de la institución en cuyas manos está -precisamente- la salud de millones de mexicanos. Habla de la "injerencia perniciosa" de la Secretaría de Hacienda, que, por aplicar a ultranza las consignas de ahorro y recortes de personal -so pretexto de "combatir la corrupción"-, pierde de vista que "el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan en el IMSS".

Agrega que "mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan (...), las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo".

Martínez sostiene que "ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano", y señala algunos efectos "fatales" de esa política: "Pasillos de espera llenos de personas adoloridas, y mal trato o retraso en la atención a pacientes", (el calvario diario de los derechohabientes que acuden a consulta).

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social urgió al fortalecimiento del IMSS ante las "deficiencias preocupantes" de los insumos médicos y el déficit de personal.

Lamentó la renuncia de Germán Martínez en la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que se habían generado "puentes de entendimiento" con el sindicato.

Arturo Olivares Cerda, secretario general, resaltó que el IMSS requiere la liberación de los recursos económicos para atender con eficiencia y prontitud los nuevos lineamientos de salud establecidos por el gobierno federal.

Refirió que el Instituto cuenta con 1.44 médicos por cada mil habitantes, cuando los indicadores internacionales manejados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) establecen que deben ser 3.4 médicos por cada mil habitantes. Y sobre los insumos médicos advirtió que hay "deficiencias preocupantes".

"El IMSS atiende a más de 80 millones de mexicanos, esto lo convierte en el eje de las políticas de salud, por lo que es indispensable su reforzamiento en materia de infraestructura hospitalaria, de personal e insumos".

Recordó que en 2016 se implementó un programa de apertura de 12 hospitales y 40 Unidades de Medicina Familiar a nivel nacional. También la ampliación y remodelación de diversas áreas de servicio y atención al derechohabiente en unidades médicas y no médicas existentes. "Lamentablemente, dicho plan no se concretó en su totalidad, dejando obras inconclusas y otras sin operar a su máxima capacidad por la carencia de personal".

Añadió que tras los sismos de septiembre de 2017, hay unidades médicas y administrativas afectadas en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y el Estado de México. Tal es el caso del Hospital Regional de Zona 25, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza de la Ciudad de México, que está en completo abandono a la espera de ser demolido.

Comparativa

* Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Joel Ayala Almeida, líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), resaltó que hay personal de la Secretaría de Hacienda que busca "influir" en los órganos de gobierno del IMSS y del ISSSTE.

Entrevistado al término de la presentación de la convocatoria para el Consejo Nacional Extraordinario de la FSTSE, Ayala Almeida se refirió a la renuncia de Germán Martínez y señaló que hay una gran coincidencia en la argumentación del ahora ex funcionario, respecto a la injerencia de personal de la Secretaría de Hacienda.

Destacó que la carta de Martínez representa la congruencia de un funcionario con ética, al expresar con una "profunda y delicada verdad" lo que acontece en el sector salud, generado en buena medida por funcionarios que carecen del conocimiento y manejo de la administración pública federal.

"Los funcionarios de Hacienda están en una actitud dictatorial, al intentar designar a funcionarios en cargos de dirección en las diferentes instituciones de la república, lo que impide resolver los álgidos problemas que se viven en el sector salud".

La oposición en el Senado, conformada por el PAN, PRD, PRI y MC, señalaron que la salida del ex panista Germán Martínez agrava la crisis en el sector salud y comprueba que los recortes presupuestales no han sido planeados.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que no viene una crisis en el sector salud, "ya hay una crisis en el sector". Explicó que se tenía el aviso de que en septiembre próximo habría un desabasto de medicinas, "pero ya está el desabasto. Les están pagando menos a los internistas. Hay menos cirugías. Hay menos atención. Hay mala atención por falta de recursos".

En conferencia conjunta, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, asentó que la renuncia "es un llamado de alerta" para no colocar en riesgo los servicios de salud de los mexicanos.

Mauricio Kuri, líder del PAN, agregó que el gobierno federal en este tiempo no le ha dado la importancia a la salud. "Lo único que hemos tenido es una visión electoral, no gubernamental".

Su homólogo de MC, Dante Delgado, felicitó a Martínez por su congruencia.

La Secretaría de Hacienda frenó la entrega de 1,363 millones de pesos destinados a medicinas y a la mejora en los servicios de atención médica para los más marginados del país, lo que finalmente detonó la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, este martes.

Pero además, Hacienda detuvo el pago del salario de los delegados del IMSS en los estados, así como los recursos para el avance de las obras del Instituto y los pagos urgentes para saldar los adeudos a proveedores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que no hay retención para el IMSS, que el dinero sí se transfirió, aunque, señaló que revisará los datos de los informes trimestrales de Hacienda.

"No hay retención. Hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos (…) Vamos a aclararlo", respondió.

Sin embargo documentos obtenidos por Animal Político muestran otra situación.

En el caso de los 1,363 millones de pesos, en los últimos 3 meses Hacienda ignoró las solicitudes del exdirector para liberar los recursos para el Programa IMSS Bienestar y para el programa de Fortalecimiento a la Salud, como muestra un oficio del 22 de marzo dirigido al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el que el ahora extitular del IMSS, Germán Martínez, pedía que le indicara la forma de acceder a los recursos del programa IMSS Bienestar, que atiende a 6.1 millones de familias en las zonas urbanas y rurales más marginadas de 28 entidades.

Dicho oficio, obtenido por este medio, se sumaba a otro documento enviado el 25 de febrero pasado donde solicitaba lo mismo: saber el "proceso para la gestión y transferencia de los recursos presupuestarios", por lo que también incluía en la comunicación al titular de Hacienda, Carlos Urzúa.

Los reportes oficiales de gasto muestran que aun después de enviados estos oficios, los recursos no se entregaron.

Y es que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el programa etiquetado en el ramo 12 de Salud tenía previsto un gasto de 1,363 millones de pesos, pero en los primeros 3 meses no se entregó un peso.

El programa tenía autorizado la entrega de 750 millones de pesos de enero a marzo, lo que representa 68% del presupuesto total, pero los reportes de Hacienda están en ceros en el informe trimestral donde se registra el avance en el gasto.

El programa Fortalecimiento a la Atención Médica tenía presupuestado 262'820,000 pesos, pero tampoco se entregó nada en los primeros 3 meses del año, pese a que tenía autorizado el gasto de 84'971,000 pesos.

Por ello, la denuncia avanzó hacia el terreno público. El 13 de mayo, Martínez Cázares dijo en una conferencia de prensa que el presupuesto del IMSS-Bienestar no se había entregado y estaba atorado en un "limbo administrativo".

El punto final fue este 21 de mayo cuando Cázares explicó en su renuncia que había una "injerencia perniciosa" por parte de Hacienda en la administración del IMSS.

Pese a que el mandatario "proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el 'cargo' que el 'encargo'", dijo Martínez.

En la carta también explicó que el avance en obras del Instituto estaba "en ceros", lo que también se confirma en el portal de compras del IMSS, en el que se registra el avance en todas las adquisiciones. En el rubro "obras" no se ha erogado ni un peso. Mientras que en 2018 se destinaron 42 millones de pesos.

Otra de las denuncias de Martínez Cázares hizo fue que Hacienda pretendía reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados, nombrados por dicha dependencia, lo que significaba anular a los delegados que el Consejo Técnico del IMSS había aprobado, y que incluía a 5 personas ratificadas, 6 reubicadas y 24 de nueva contratación.

Según información de exfuncionarios del IMSS, ante la orden de Hacienda de no contratar personal nuevo en los estados, no se estaba pagando a estos nuevos delegados, por lo que en solidaridad, Martínez tampoco cobraba su sueldo.

Martínez ya había lanzado una advertencia contra partidos políticos. El 8 de mayo informó que todos los partidos incumplían con sus obligaciones como patrones con los trabajadores y que si no cumplían voluntariamente, daría los detalles sobre las faltas de cada uno.

En marzo pasado, sí exhibió a los proveedores de medicinas y equipo del IMSS que no tenían asegurados a sus empleados. Entonces señaló, por ejemplo, a la empresa Grupo Fármacos Especializados, que obtuvo el 35% de compras del sector salud durante el sexenio anterior, pero solo reportaba tener un empleado.

Cuando estalló, el martes pasado, la 1a. bomba de profundidad en la actual administración -que eso fue, para efectos prácticos, la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez Cázares-, ya se habían encendido algunas luces amarillas acerca de la severa crisis operativa que aqueja a la principal institución encargada de velar por la salud de 60 millones de mexicanos: la mitad de los habitantes del país.

(Por cierto: como en el esquema presidencialista vigente en México -antes, durante y después de la "4a. Transformación"- las buenas se abonan al haber del presidente y las malas al debe de los funcionarios, las medidas de "austeridad para combatir la corrupción", en cuyo nombre se aplicaron los drásticos recortes presupuestales que motivaron la renuncia de Martínez, llevan la inconfundible marca de la casa del presidente... aunque se atribuyan, genéricamente, en forma impersonal, a "la Secretaría de Hacienda").

Algunas de esas luces amarillas:

- El despido, hasta ahora, de la mitad de los más de 47,000 trabajadores de confianza del Sector Salud, tiene "en colapso" al sistema en pleno, según declaraciones concordantes de las diputadas Frida Alejandra Esparza Márquez y Ana Paola López Birlain, y de Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

- Largas filas de espera en clínicas y consultorios; suspensión y reprogramación de citas de estudios clínicos y de cirugías, según las mismas fuentes... y, sobre todo, la experiencia cotidiana de los "derechohabientes", expuestos sistemáticamente -y no de ahora- a la notoria insuficiencia (para no hablar de ineficiencia) del personal médico y administrativo.

- La reducción, en 30%, de gastos en combustible "impactaría en el traslado de vacunas y pacientes", y "ocasionaría un estado de emergencia en la operatividad diaria de los hospitales" (ibid.).

- Eliminar la investigación, como supuestamente dispuso "Hacienda", "afectará el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades emergentes y las de mayor impacto en la población (...), lo que se verá reflejado en un retroceso en la salud de los mexicanos" (ibid.).

Colofón: Encomendar la seguridad de los mexicanos a la proyectada Guardia Nacional implica el riesgo de que cada quién tenga que rascarse, en esa materia, con sus propias uñas... (como hasta ahora). Encomendar la educación al conflictivo y poderoso gremio magisterial, es condenar a niños y jóvenes a la mediocridad. Hacer pretendidos ahorros a costa de la salud... es jugar con la vida de millones de mexicanos.

Pacientes del Hospital General 89 reportan diferentes fallas, desde medicamentos que llegan con retraso, hasta citas postergadas por dos meses o más. Oriundo de Magdalena, José Manuel Peralta aseguró que en su municipio sí existe desabasto de fármacos. "Siempre faltan. El doctor te recomienda un tratamiento de 7 días, pero no encuentras la medicina en ese tiempo".

Francisco López, otro derechohabiente, comentó que siempre entregan las recetas a la mitad en el hospital ubicado en Chapultepec y Circunvalación Agustín Yáñez. "Estoy tomando Clonazepam, pero desde enero falta la medicina".

Una empleada de la clínica 78 del Seguro Social añadió que laboran con menos personal. Explicó que desde el año pasado hubo un recorte en su área y pasó de 5 a 2 personas. "Sí hay fallas, es cierto que el servicio no es el adecuado, pero es por falta de personal".

Sin señalar directamente ni mencionar a la oficial mayor, Raquel Buenrostro, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, se deslindó de las acusaciones del ex director del IMSS, Germán Martínez, al afirmar que "tiene que ver con el área administrativa de Hacienda, no tiene nada que ver con el área tradicional de Hacienda".

Explicó que la SHCP tiene responsabilidades como la conducción de la política macroeconómica y la recaudación. Y la 3a., enfatizó, es la administrativa, que a partir de este sexenio se incorporó a Hacienda. Herrera omitió contestar si la secretaría está "ahorcando" al IMSS.

El titular de la SHCP, Carlos Urzúa, aún no se pronuncia al respecto.

La Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha resentido el desorden administrativo y el intervencionismo del arranque de la actual administración federal, con retrasos en el pago a personal, despidos y demora en la llegada de medicamentos, señaló Rosa Alba Ramírez Nachis, secretaria del Sindicato Nacional de Empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS y los señalamientos que lanzó por la intromisión del personal de la Secretaría de Hacienda, coincidió con lo planteado por el ex funcionario y acentuó que desde el inicio de la actual administración federal impera el "desorden en la institución".

"En este arranque de administración hay una total desorganización, un total desconocimiento. En las filas del IMSS hay gente capacitada para hacer todas las operaciones y lamento mucho la intromisión en esta institución, si hay algo en lo que no se puede escatimar es en la salud de los mexicanos. No se puede pretender poner en 'stand by' al Seguro Social para arreglar sus finanzas y aplicar la austeridad republicana".

En el caso de Jalisco, explicó que hay personal operativo que trabaja y no ha podido cobrar, empleados a los que se les paga por honorarios y sin acceso a la seguridad social. Respecto al personal de base, dijo que hay amagos de despidos y cancelación de contratos.

Citas médicas que tardan meses en concretarse y falta de especialistas, son algunas problemáticas que preocupan al sector industrial y comercial en Jalisco, tras los reportes de falta de medicamentos y personal que trajo consigo la renuncia de Germán Martínez de la dirección del IMSS. Sin embargo, la iniciativa privada de Jalisco descartó que exista desabasto en medicamentos y materiales de curación en los centros hospitalarios del estado, según Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), quien calculó que el abasto es de 97%.

"No tenemos ningún faltante de medicamento en el estado. Soy consejero representando a los industriales en el Seguro Social y no se ha presentado ningún problema. Sigue rebasado el IMSS porque hoy tenemos más inscritos".

No obstante, los problemas están presentes en otras áreas. "Por ejemplo, las consultas médicas se están difiriendo varios meses. Y faltan médicos y especialistas... pero es un tema de todo el país. El pago a los médicos ya no es el más atractivo, por lo que muchos prefieren dar consultas privadas".

Aunque Jalisco aporta más de 6,000 millones de pesos al IMSS en cuotas obrero-patronales, los recursos recibidos por los hospitales del estado son menores, de allí las colas para atender a los pacientes y el retraso en las consultas, aseguró Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. "Si ocupamos 100 camas, Jalisco solo tiene 50, por lo tanto se ven colas, dilaciones en las citas y operaciones, ante los problemas existentes".

Raúl Güitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto, se manifestó preocupado por la situación actual que vive el Seguro Social, llegando a afectar a trabajadores de algunas de las 200 empresas ubicadas en el corredor de este municipio. "Desde hace tiempo es sabido que muchos de nuestros trabajadores van al IMSS y los citan para dentro de muchos meses, es una situación mala para ellos y esto se puede agravar".

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí existe un desabasto de medicamentos en el país, pero -dijo- estaba peor en los gobiernos anteriores.

"Hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes, lo que pasa que ahora, con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos, se está ventilando el asunto, antes no se decía nada", expresó.

El mandatario argumentó que el problema se debe a que su gobierno está revisando los contratos con las empresas que surten de medicamentos para que no haya actos de corrupción.

El mandatario sostuvo que no existen despidos en el sector salud y calificó que esa información es propaganda para afectar a su gobierno.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que además de los recortes millonarios que se han dado en los programas de atención a beneficiarios y derechohabientes del IMSS, ISSSTE y centros de alta especialidad, fueron despedidos más de 10,000 médicos, enfermeras y técnicos especializados, ordenados desde la Secretaría de Hacienda.

En un comunicado, Marko Cortés deploró que el presidente de la república desconozca o pretenda esconder información fidedigna sobre la falta de medicamentos e insumos en clínicas, hospitales e institutos, así como de los recortes millonarios.

Pues este despido millonario de 10,000 médicos, dice, contradice la afirmación del ejecutivo federal en el sentido de que "no hay despido de médicos" en el sector salud.

"Con la salud no se juega, porque se trata de personas que no reciben de manera oportuna la atención médica y sus medicamentos; pudiendo evitarles el dolor evitable, este gobierno federal simplemente privilegia el presupuesto para los programas clientelares", dijo.

Por esto, Marko Cortés hizo un llamado al gobierno federal para que dé a conocer la información real sobre la crisis que enfrenta el sistema de salud, debido al recorte irracional de más de 1,201 millones de pesos al presupuesto de ese sector.

De acuerdo con la información entregada a la Cámara de Diputados, la crisis en los servicios de salud, dijo Marko Cortés, es real y ya afecta significativamente a la población inscrita en los programas de Atención a la Salud Materna y Reproductiva; Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes; Prevención de Adicciones; Vacunación; y atención a pacientes con VIH.

Lo anterior, añadió, porque al no escuchar y atender los reclamos de pacientes y directivos del sector salud sobre la falta de insumos, recursos económicos y personal necesario en los centros de salud del país, el gobierno morenista demuestra que no le interesa procurar la salud de los mexicanos, especialmente de los más pobres, sino solo conseguir dinero para fortalecer su estructura clientelar y electorera.

Asimismo, afirmó el presidente de Acción Nacional, "desconfiamos del compromiso del gobierno federal de surtir, a partir del 1 de julio, los medicamentos a los 22 estados de la república que se sumaron al esquema de compras consolidadas de medicinas, ya que el centralismo con el que se pretende resolver el problema de desabasto, generará más gastos y contratiempos".

"Por todo ello, hacemos un llamado enérgico al presidente López Obrador para que reconsidere su visión centralista y autoritaria de ejercer el poder, corrigiendo de inmediato las políticas en el sector salud, a fin de evitar que se agrave la crisis del sector y se ponga en riesgo la vida de millones de mexicanos", concluyó Cortés.

Distintos hospitales de especialidades a nivel nacional alertan por muertes de pacientes como bebés y mujeres ante los recortes y recursos congelados que han sufrido las instituciones de salud.

De acuerdo con el diagnóstico que los hospitales de especialidades entregaron a los diputados federales de la Comisión de Presupuesto, reclaman que les hacen falta más de 2,464 millones de pesos, entre los recortes iniciales y los recursos retenidos por la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría alerta, como una consecuencia de la limitación en los recursos, que la alta demanda de pacientes con enfermedades complejas retrasó la aceptación en el ingreso y postergación para la atención. "Lo que impactará hasta en un 30% la capacidad de atención y afectará a la morbilidad y la mortalidad de la infancia y adolescencia", describe como consecuencia general en su recorte.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez" también alerta que al no tener personal requerido por turno "tendrá un impacto en áreas prioritarias como enfermería laboratorio, inhaloterapia, con el consecuente riesgo para la vida de los pacientes por la menor capacidad de respuesta ante situaciones de crisis".

Por su lado, el Instituto Nacional de Cancerología aseguró que el recorte presupuestal compromete seriamente la atención integral y supervivencia de mujeres sin seguridad social.

López Obrador aseguró que los organismos de salud tienen "presupuesto suficiente", luego de que directivos de 11 institutos de salud denunciaran los recortes.

Primero está salvar vidas que ahorrar dinero. Una disculpa del presidente a las personas que no le están llegando medicinas no basta. La batalla contra la corrupción no justifica el desabasto. ¿Cuánto cuesta una vida perdida por falta de medicamento? ¿Cuánto vale el sufrimiento de personas que no tienen acceso a sus medicamentos? ¿Cuánto le costará al sector salud la prolongación de enfermedades en pacientes que no recibieron sus medicinas a tiempo? Nadie está en contra de la lucha contra la corrupción. Al contrario, eso es lo que llevó al presidente a ganar la elección con mayor diferencia en la historia democrática de este país, pero las formas y los daños colaterales sí importan. Generar desabasto por corrupción es un crimen; generarlo por combate a la corrupción, también.

El mismo presidente comparó el problema de desabasto de medicinas con el combate al huachicol. Y sí, efectivamente son perfectamente comparables en lo que se refiere a la forma en que el gobierno enfrenta la situación, pero sobre todo en cómo y quién paga los platos rotos, quién carga con el costo de los ahorros. La falta de abasto de medicinas como el de las gasolinas en enero y febrero tiene que ver fundamentalmente con la desconfianza, muy justificada por lo demás, del gobierno para con los proveedores, pero también y fundamentalmente con la falta de conocimiento de quienes toman las decisiones. El desabasto de gasolina fue previo al discurso del combate al huachicol al igual que el desabasto de medicina es previo a esta batalla que el presidente dice haber emprendido contra los distribuidores de medicinas. El desabasto de gasolina lo terminaron pagando los ciudadanos que perdieron su tiempo, dejaron de hacer negocios, dejaron ir clientes o se quedaron con mercancía. Nadie cuantificó el efecto, solo se habla del dinero que el gobierno dice haberse ahorrado al detener el robo de combustible. Suponiendo que sea cierto (la duda es simplemente por la falta de documentos probatorios) nadie puede decir que se acabó de una vez y para siempre. De la misma manera el desabasto de medicinas lo están pagando millones de mexicanos con su salud.

El combate a la corrupción, que es sin duda el más noble de los propósitos del presidente, no puede pasar por encima de derechos fundamentales. El gobierno no nos puede plantear, como lo ha venido haciendo, que es una cosa o la otra. Su obligación es combatir la corrupción sin afectar la salud de nadie. Se puede y deben hacerse las 2 cosas a la vez, aunque ello implique, por supuesto, ir más despacio. De hecho, lo peor que nos puede suceder en este retraso de las licitaciones es terminar haciendo compras de pánico, a lo mejor sin corrupción, pero sin duda más caras que con una licitación planeada.

Las disculpas siempre se agradecen, pero cuando se trata de la salud de las personas, no bastan.

El tema de fondo en el Instituto Mexicano del Seguro Social no es quién es el director general sino cómo se financiará la gran transformación que requiere el sistema de salud. La renuncia de Germán Martínez Cázares se presenta como una de tantas disputas políticas en el país, pero detrás de esta lucha se encuentra un asunto realmente fundamental.

Zoé Robledo, quien ha sido designado nuevo director del IMSS, es un político capaz, hijo de Eduardo Robledo, quien fue gobernador de Chiapas por el PRI. Zoé estudió ciencias políticas en el ITAM y obtuvo una maestría en Derecho por la UNAM. Ha sido senador por Chiapas y era subsecretario de Gobernación cuando el presidente López Obrador lo nombró nuevo titular del IMSS. Es leal a las causas de Morena, pero no es un ideólogo sino un político pragmático.

Las tareas que enfrentará en el IMSS son enormes. Nadie ha refutado el diagnóstico que ofreció el dimitente Martínez Cázares. Los recortes al gasto afectan cada vez más la posibilidad de la institución para otorgar servicios médicos de calidad. Los pacientes se quejan de que deben esperar meses para una consulta o una intervención. Muchas veces deben aguardar en los pasillos durante horas o días para que se desocupe una cama. Los médicos y el personal están mal pagados y abrumados por el exceso de trabajo.

De una extraña manera un gobierno que dice oponerse al neoliberalismo promueve la privatización de los servicios médicos al reducir de manera creciente la calidad de esos servicios médicos en las instituciones públicas.

Los lopezobradoristas se niegan a ver la realidad. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, afirma en Twitter que "La #AusteridadRepublicana no tiene como objetivo reducir el alcance ni la calidad de los servicios públicos sino quitar toda la obesidad del gobierno que es gasto improductivo". Y sí, quizás ese sea el objetivo, pero el resultado está siendo muy distinto. Los pacientes del IMSS y de otras instituciones de salud son testigos de la baja en la calidad de los servicios.

Las instituciones públicas de salud tienen retos enormes. La población que goza de seguridad social es una minoría: 57.9% de los mexicanos económicamente activos trabajan en la informalidad. Ni cotizan ni tienen servicios de salud o de seguridad social. El gran reto del Estado mexicano es dar también a estas personas esos servicios.

Esto se hacía antes en las instalaciones de los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud. Después se asumió la responsabilidad con el Seguro Popular, el cual era deficiente pero por lo menos cubría un hueco. El presidente López Obrador ha cuestionado en repetidas ocasiones al Seguro Popular y anuncia que creará un Instituto de la Salud para el Bienestar, pero no queda claro en qué se distinguirá del Seguro Popular.

El problema es que los recursos no alcanzan y los recortes al gasto público empeoran las cosas. Se cancelan programas de medicina preventiva, como los análisis de cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Las esperas para obtener tratamiento en el IMSS se hacen cada vez más largas. La falta de recursos está teniendo un costo social enorme.

Todos los usuarios del sistema de salud pública saben que el servicio se deteriora. Es muy importante que esta tendencia se detenga. De lo contrario, como ha advertido Martínez Cázares, lo único que logrará la 4a. Transformación es privatizar más el sistema de salud.

En un memorándum del 10 de junio el doctor Jesús Taboada Barajas, jefe de Neuroimagen del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, instruyó: "Los estudios de tomografía contrastados no se llevarán a cabo a partir de esta fecha, ya que por falta de jeringas no es posible realizarlos. Solo se podrán realizar estudios de tomografía simples".

Esta es una instantánea más de la realidad en las instituciones de salud en tiempos de un recorte brutal al gasto. No es lo que prometió Andrés Manuel López Obrador en campaña. "La salud es un derecho básico de las personas", advertía el Proyecto de Nación 2018-2024, que prometía la "universalización, que garantice la igualdad en el acceso", y "aumentar el financiamiento público efectivo en, por lo menos, 1% del PIB".

El presupuesto de 2019, sin embargo, ya recortaba el gasto en salud de 127,300 millones de pesos a 123,200 millones (Criterios, p.89). Un buen administrador puede manejar una baja de 3.2% en el gasto nominal sin reducir demasiado la calidad de los servicios, pero los recortes han sido mucho más profundos y han afectado no solo a la Secretaría de Salud sino a todas las instituciones que proporcionan servicios médicos, como el IMSS y el ISSSTE. Por eso Germán Martínez Cázares renunció a la dirección del Seguro Social y advirtió que los recortes estaban provocando una privatización de la salud.

Como en otros casos, el presidente ha culpado a las administraciones anteriores. "Era un desorden bien organizado para robar", dijo el 23 de mayo. "Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo orden". En esa ocasión, como en otras, afirmó que México va a tener un sistema de cobertura universal, como Dinamarca o Canadá. El 9 de abril dijo: "Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos".

No descarto que haya corrupción, e ineficiencia, pero también hay un problema de presupuesto. El gasto funcional en salud del sector público mexicano alcanzó un pico de 2.8% del Producto Interno Bruto en 2012 y desde entonces ha venido descendiendo. En 2018 y 2019 se están registrando cifras de 2.4% (México Evalúa, "Gasto público en salud"). En Dinamarca ese gasto fue de 8.6% del PIB en 2017 y en Canadá de 7% (datosmacro.expansion.com).

The Lancet, quizá la revista médica británica más prestigiada, publicó este 8 de junio un artículo de David Agren que cita a Ricardo Baruch, especialista en políticas públicas de salud: "Nunca vieron la posibilidad de crear una estrategia para los recortes. Era una orden inmediata: 'Tienes que recortar el gasto entre 30 y 40%'. Y esto afecta de inmediato a los recursos humanos".

Hay un fuerte subejercicio de un presupuesto ya raquítico. En el 1er. trimestre de 2019, según México Evalúa, el subejercicio fue de 24,000 millones de pesos, casi 7,300 millones en fármacos y productos de laboratorio y 1,619 millones de pesos en servicios profesionales, científicos, técnicos y otros.

El presidente tiene razón: hay que erradicar la corrupción. Es importante racionalizar gastos para usar el dinero en lo más importante. Los recortes, sin embargo, deben hacerse con bisturí, no con machete.

Por no recibir sus tratamientos antirretrovirales completos y en algunos casos caducos, derechohabientes del ISSSTE que viven con VIH cerraron la avenida Insurgentes Norte para exigir que Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del instituto los reciba.

"Estamos encabronados, hasta la madre, no nos vamos a mover hasta que nos atiendan, estamos defendiendo nuestra vida en un país que se niega a escucharnos", gritó Georgina Gutiérrez Alvarado, representante de Movimiento Nacional de Lucha contra el Sida.

Los pacientes también denunciaron que los encargados de las farmacias del instituto les retienen sus recetas y no se las surten completas.

"Eso es corrupción, se puede hablar de un probable mercado negro porque no sabemos qué hacen con los medicamentos que no entregan ni la razón por la que los encargados de las farmacias se quedan con las recetas".

Flor Nájera se atiende en el Hospital Adolfo López Mateos hace más de 25 años, para ella, "vivir de prestado" se ha hecho común, pero ahora, su mayor preocupación es que el ISSSTE no le cambie la dosis del fármaco Darunavir de 600 miligramos, que en el mercado privado cuesta hasta 13,000 pesos.

"He recibido un multitratamiento por más de 2 décadas, lo debo tomar en una dosis exacta de 600 miligramos pero el instituto nos quiere obligar a tomar el de 400, hasta han hablado con los médicos tratantes para que nos convenzan, pero ellos tampoco están de acuerdo, hacer eso nos puede matar", dijo en entrevista.

Acompañada de pacientes e integrantes de organizaciones civiles que cubrieron su rostro con máscaras de lucha libre, Georgina Gutiérrez exigió al titular del instituto que les brinden los 12 tratamientos mensuales antirretrovirales que requieren, que no surtan fármacos caducos y no les cambien las dosis de los medicamentos, puesto que es un atentado contra su vida.

"Son 12 tratamientos anuales, no 8, 9 o 10, dónde se quedan los frascos que no surten, eso es corrupción, probable mercado negro. Entregar medicamentos caducados es una acción desvergonzada, indignante, y querer modificar las dosis una práctica inadecuada que atenta contra nuestra vida", resaltó.

Hasta la avenida Insurgentes llegó Eduardo Suárez, jefe del departamento de Coordinación Institucional con Áreas Centrales, en búsqueda de un acuerdo, pero los manifestantes se negaron a hablar con él y advirtieron que no se moverían de la vialidad hasta que los reciba la máxima autoridad del instituto.

"Queremos hablar con el director del ISSSTE, con alguien que sepa sobre antirretrovirales, estuvimos parados afuera de las oficinas de Buenavista por más de 3 horas y no nos atendieron, se burlaron cuando dijimos que bloquearíamos la avenida, ahora exigimos que nos atienda Ramírez Pineda", afirmó Gutiérrez Alvarado mientras sus compañeros coreaban: ¡ni un paso atrás, ni un paso atrás!

De las 37 acciones de infraestructura en salud que se iniciaron en pasadas administraciones federales en Jalisco, 19 fueron suspendidas por el gbierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura 2019, en el estado se cancelaron 8 obras de sustitución, otras 7 de ampliación y fortalecimiento, y 4 más correspondientes a nuevos trabajos o proyectos.

Entre las de mayor inversión están la ampliación del Hospital Regional de Ameca, que tenía proyectados 30 millones de pesos para el proceso de acreditación y el crecimiento de las áreas de quirófanos, tomografía, laboratorios y urgencias, entre otros espacios.

En abril, el secretario de Salud estatal, Fernando Petersen, afirmó que heredaron al menos 50 obras sin terminar, que se iniciaron con recursos federales o estatales (la mayoría corresponde a hospitales y centros de salud).

Algunas comenzaron hace aproximadamente 10 años. Una de ellas es el nosocomio de Ameca.

A pesar de que en este año la dependencia cuenta con 300 millones de pesos para trabajos, no se ha precisado qué proyectos serán beneficiados.

Las autoridades federales también pausaron la construcción de los hospitales comunitarios de Arandas y Cihuatlán. El 1o., con un presupuesto de 25 millones de pesos; el 2o., con 20 millones.

Las acciones se detuvieron por falta de financiamiento, por incumplir con la normatividad vigente, por la rescisión anticipada de contrato, por los procesos jurídicos y los actos de corrupción detectados, entre otros factores.

El problema de Jalisco es mayor porque se suman proyectos adicionales al Plan Maestro de Infraestructura.

El 6 de junio, el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, reportó que de 306 obras inconclusas heredadas, 180 se suspendieron.

De los 47 hospitales parados, 10 se ubican en la entidad, lo que la coloca en el 1er. sitio a nivel nacional con este rezago. Por otra parte, de las 133 unidades de consulta externa que deberán esperar para reactivarse, 21 están en el estado.

Para este año, Jalisco cuenta con un presupuesto de más de 1,060 millones de pesos para la compra de medicamentos: 933.2 millones saldrán de fondos federales y 127.2 millones de recursos estatales; sin embargo, a punto de concluir el 1er. semestre del año, se ha gastado menos de una cuarta parte en la compra de medicinas y materiales (250 millones). Por ese motivo, existe la alerta de que el desabasto de fármacos se puede agudizar después de julio.

"Nada más nos dicen que así vamos a estar", señaló el responsable de una de las farmacias de los centros de salud del estado que operan en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), quien primero respondió que hace 15 días le habían surtido, pero posteriormente reconoció: "Sí me quedé en desabasto, pero son las medidas (que nos imponen)".

Comentó que generalmente sí tienen el cuadro básico de medicamentos, aunque hay otras claves que están dentro del catálogo, "pero nunca me llegan".

Pese a que en abril pasado las autoridades estatales reportaron que se realizarían compras de medicamentos con carácter de urgencia para cubrir la demanda en el estado, tras cancelar la licitación pública para la adquisición de medicinas, el desabasto continúa en diferentes grados y se agudizó en 3 regiones sanitarias.

En febrero pasado, el OPD Servicios de Salud Jalisco reportó que se tenía un promedio de abasto de alrededor del 95% en las 13 regiones sanitarias. A principios del mes pasado, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que se encontraban en 90%. Pero la semana antepasada aceptó que el desabasto era crítico en 3 regiones: en Ciudad Guzmán, que alcanzaba un 40%, pese a que en febrero tenía un 95% de abasto. En el caso de la región de Colotlán, el porcentaje de falta de medicamentos es de 50%, pese a que tenía una cobertura de 97%. En la región de Autlán de Navarro el desabasto es de 20%, cuando se ubicaba en un nivel de 95%.

Esto significa que las compras de urgencia realizadas por las autoridades estatales para hacer frente a la demanda de la ciudadanía que, incluso provocó manifestaciones, no ha sido suficiente para cubrir el servicio.

Por falta de pagos, suman 12 demandas interpuestas por empresas entre 2015 y 2019, en contra del OPD Servicios de Salud Jalisco. El monto reclamado ante diferentes instancias asciende a los 91.6 millones de pesos.

De acuerdo con información entregada por el OPD, el caso de mayor cuantía es por 42.4 millones de pesos; sin embargo, se reservaron los datos de la compañía que interpuso el recurso legal durante el año pasado.

Le sigue otra por 14.6 millones de pesos, interpuesta por Constructora Nantli. La compañía presentó una más ante la 3a. Sala Regional, aunque el monto aparece como "no cuantificado".

Ésta participó, por ejemplo, en la 1a. etapa de la construcción del Hospital General de Lagos de Moreno, que actualmente se encuentra inconcluso.

En abril pasado, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, indicó que la pasada administración les heredó alrededor de 50 obras sin concluir, una de las más importantes es este hospital que se comenzó a construir en la antepasada administración, pero que hasta el momento sigue sin funcionar.

El funcionario declaró también que, al iniciar la actual gestión, se encontraron 200 millones en pasivos a proveedores y 40 millones en omisiones en cobro de contratos.

Durante este año, la Distribuidora y Hospitalaria GAP interpuso 2 demandas, una por 12.4 millones y otra por 12.7 millones de pesos.

En marzo pasado, el secretario de administración estatal, Esteban Petersen Cortés, reconoció que se tenía un adeudo con esta empresa, pero aclaró que se revisaría el expediente completo para sustentar el pago.

El resto de las demandas obedecen a pagos pendientes por entre 225,000 y 3 millones de pesos.

A pesar de las irregularidades detectadas en el sector salud, las cuales se agudizaron en la 2a. mitad de la pasada administración, no sólo no hay detenidos o en la cárcel, tampoco se han sancionado funcionarios o servidores públicos por las presuntas irregularidades cometidas durante el periodo de Antonio Cruces Mada al frente de la Secretaría de Salud (2016-2017).

La Contraloría del Estado reporta que, de 2013 a 2015, sólo se han aplicado 17 sanciones de inhabilitación, aunque corresponden a casos relacionados a 4 funcionarios de la administración de Emilio González Márquez. En contra de 3 de éstos también se giraron órdenes de aprehensión por las anomalías detectadas en el manejo de los recursos del Seguro Popular.

Al ex director de este organismo, Álvaro Córdoba Pérez, se le iniciaron 9 procesos sancionatorios por desviación de recursos y violación a procesos de contratación. La inhabilitación concluye el 14 de julio de 2021.

El ex director de Recursos Materiales, José Ángel Orozco García, también fue inhabilitado, aunque estas concluyeron a mediados del año pasado; Fidel Ortega Robles, ex director jurídico del mismo, fue sancionado por no presentar declaración y violación a la normatividad presupuestal. La sanción concluye este año.

En la lista se encuentra también el ex jefe del Departamento de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Salud, José Luis Magaña Coss y León, quien fue inhabilitado por un año, debido a que no formalizó 2 compras por un monto global de 62.3 millones de pesos, realizadas en 2012.

Apenas el 9 de marzo, en la reunión "103 Mujeres Líderes" de El Universal, Edith González pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también presente, que intercediera con el presidente López Obrador: "Quiero, no me aguanto, querida Claudia Sheinbaum, pedir, por tu conducto, que muchas mujeres podamos acceder al presidente de la república para poder exponer temas sobre las condiciones que estamos enfrentando con el cáncer y que no se nos están prestando oídos".

Edith González falleció este 13 de junio de cáncer. Ella se trataba en hospitales privados y no sufrió en carne propia la crisis de medicamentos del sistema público, pero su enfermedad la llevó a promover un mayor esfuerzo en la lucha contra el cáncer.

Los problemas del sistema público de salud no son nuevos. Tienen que ver con "un diseño fragmentado, sin articulación", me dice el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición. Las distintas instituciones se manejan de forma separada y con calidades distintas. "Lo que vino a imponer la crisis fue el proceso de descentralización, trasladar la responsabilidad a los gobiernos locales... Muchos lo hicieron de forma deshonesta... Pero en esta administración, específicamente, la idea de volver a centralizar todo el gasto en salud no se ha hecho con el cuidado de no perjudicar el abasto de medicamentos. Ha habido también problemas de subejercicio".

Los pacientes de los institutos nacionales han tenido que comprar sus medicamentos desde hace años. En otras instituciones, que supuestamente deberían proporcionar medicamentos gratuitos, la escasez está obligando a las familias a comprarlos, pero muchas no tienen los recursos. Con el argumento de que ha habido corrupción, el gobierno ha suspendido a las principales proveedoras de medicamentos y ha hecho licitaciones con nuevas reglas, en las que el propio gobierno se encargaría de distribuir, sin que al parecer tenga la capacidad para hacerlo. El resultado, mientras tanto, es una creciente escasez de medicamentos.

A esto hay que añadir un deterioro en las condiciones de trabajo. El gobierno ha ordenado quitar prestaciones a los residentes, pero estos no solamente trabajan por sueldos de miseria en condiciones infrahumanas, con turnos de 24 horas, sino que representan el 60% del personal médico y dan el 80% de los servicios. Hacienda también ha ordenado que no se abran nuevas plazas y que se cancelen los pagos por honorarios, cuando hay mucho personal que lleva años trabajando bajo este régimen y cuya labor resulta indispensable.

El gobierno ha estado apagando incendios que él mismo ha encendido. Los recortes a los institutos nacionales fueron cancelados después de que los directores protestaron, pero se está aplicando de todas formas un recorte de 20% en nómina. Mientras tanto, el servicio se deteriora. Las citas se programan cada vez más distantes en tiempo. Los servicios de urgencias rechazan a pacientes y los mandan a un triste peregrinar de hospital en hospital. Muchos pacientes aguardan en los pasillos durante horas a que se desocupe una cama.

Los problemas no son de hoy, pero se están agravando. El sistema de salud necesita una cirugía profunda. La enfermedad no se curará con un simple recorte indiscriminado al gasto. Se necesitan más recursos, aunque mejor administrados. Matar a los enfermos no es la solución.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las recomendaciones 26/2019 y 27/2019 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por casos de inadecuada atención médica que concluyeron con el fallecimiento de 2 mujeres.

El 1er. caso ocurrió el 18 de noviembre del 2016, cuando una mujer de 61 años, con antecedentes de hipertensión arterial, acudió a la Unidad de Medicina Familiar 52 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por presentar dolor de rodillas e intenso dolor de cabeza, sin embargo el médico sólo le prescribió diclofenaco, una radiografía y la envió a su casa.

Al día siguiente la misma mujer presentó convulsiones y desmayo que le produjeron un derrame cerebral. Finalmente el 6 de diciembre del 2016 la víctima falleció por omisiones como falta de exploración física; resumen clínico; diagnóstico, y tratamiento adecuado.

El 2o. caso investigado por la CNDH sucedió en octubre del 2014, cuando una paciente con 37 semanas de gestación fue trasladada al Hospital General Zona 14 en Hermosillo, Sonora, por presentar temperatura corporal y malestar en general a consecuencia de una infección urinaria y un caso "sospechoso de dengue".

En días posteriores los malestares de la mujer empeoraron y fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se le solicitó la interrupción de su embarazo, lo cual en opinión de la CNDH debió realizarse desde que la paciente llegó al hospital.

Tras el retraso en esa intervención, así como por la falta de cuidados que tuvo el personal médico, la mujer falleció el 20 de octubre del 2014.

"En ambos casos, la CNDH advirtió notas médicas y de evolución ilegibles, con abreviaturas y algunas sin membrete del respectivo hospital, lo que contraviene la Norma Oficial de Salud relativa a la integración de los expedientes clínicos", informó la dependencia.

Por esto la CNDH emitió varias recomendaciones al titular del IMSS, entre las que se encuentran reparar integralmente el daño a los familiares de las víctimas; inscribirlos al Registro Nacional De Víctimas; colaborar en las quejas que la Comisión Nacional impulse ante el Órgano Interno de Control del IMSS, y capacitar a su personal en materia de derechos humanos.

La saturación de los servicios de salud provoca un calvario para las embarazadas en la zona metropolitana de Guadalajara.

Las contracciones que le avisaron a Guadalupe García que su bebé estaba en camino comenzaron aproximadamente a las 10 de la mañana del lunes 3 de junio. De inmediato, la joven se dirigió al Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde" para recibir la asistencia médica necesaria para dar a luz. Ahí, le respondieron que aún no tenía la dilatación necesaria, por lo que le indicaron que regresara a su casa y volviera luego.

2 días después, por la madrugada, la frecuencia de las contracciones aumentó. Guadalupe ya no podía dormir, por lo que se volvió a dirigir al nosocomio. Tras 2 horas en sala de espera fue atendida alrededor de las 8:30 horas. "Ya traía las contracciones más seguidas y me dijeron lo mismo: que me faltaba dilatación. Me comentaron que volviera a mi casa y que, en 6 horas, fuera otra vez".

7 horas después, las contracciones eran más fuertes y Guadalupe fue de nueva cuenta al hospital, donde de nueva cuenta le pidieron que volviera a su casa. Sin embargo, su suegra, quien la acompañaba, no accedió a la petición. Permanecieron en la sala de espera. "Me la pasé por el hospital, caminando. En uno de los pasillos me dieron muchas náuseas y vomité".

Luego de este incidente, a sugerencia de una enfermera que vio a Guadalupe vomitar, la paciente fue remitida al área de tococirugía para ser revisada, donde se le realizó una ecosonografía y, aunque ahora sí le dijeron que permaneciera en el centro médico, no se le dio acceso a una cama.

Momentos después, en la sala de espera, Guadalupe decidió ir a una tienda afuera del hospital, pero mientras cruzaba la calle, una contracción más la hizo vomitar y se le rompió la fuente en plena vía pública. Sus familiares pidieron una silla de ruedas, pero el personal del hospital indicó que no podían llevarle una afuera del inmueble. Como pudo y auxiliada por gente que estaba afuera, regresó a la recepción de tococirugía, donde pidió ayuda para que la revisaran. La única respuesta que obtuvo fue que todo el personal estaba ocupado y que debía esperar.

Mientras esperaba en una silla de la recepción, Guadalupe comenzó a pujar porque podía sentir que su bebé estaba a punto de nacer.

"En el último segundo salió mi hija y empezó a llorar. La traía entre el pantalón y la pantaleta. Estaban doctores y personas viendo. La doctora estaba regañando a la gente que estaba grabando", contó.

Con su bebé recién nacida, por fin se le dio el pase a Guadalupe a una cama. A pesar de la mala experiencia, la joven agradece que su hija no naciera con mayores complicaciones.

A pesar del mal servicio, Guadalupe García corrió con suerte y no formó parte de la estadística de muertes maternas en Jalisco. Con base en la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, hasta la semana número 23 del año en curso se han registrado 21 fallecimientos por esta causa. Se trata de la tasa más alta desde 2011.

En 2011, Jalisco registraba 20 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, mientras en el país se documentaban 49.9. El problema es que, al corte de la 1a. quincena de junio, la tasa en el estado casi se duplicó y pasó a 35.1 decesos. Por su parte, en el ámbito nacional bajó a 30.

Por eso, pacientes piden que se aceleren las obras de mantenimiento en los hospitales de la Mujer, la Maternidad "Esperanza López Mateos" y en el Nuevo Hospital Civil "Juan I. Menchaca", con la intención de ampliar la capacidad de atención y evitar desenlaces fatales.

Dulce Yesenia llegó el pasado miércoles por la mañana al Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde". Venía desde el centro de salud de Arroyo Hondo, donde le dieron una orden para que se le realizara una cesárea de emergencia. Tras una hora y media de espera en el Hospital Civil de Guadalajara, personal médico le informó que no se le podía atender por falta de espacio. "Ya estoy programada, pero me mandaron a otro hospital. Me dijeron que, aunque me quieran hacer la cesárea, no hay camillas. Me revisaron y me comentaron que todo está bien, pero yo sé que no porque mi bebé no se me mueve desde ayer", explicó la joven de 22 años de edad.

Debido a la realización de obras de mantenimiento en los hospitales de la Mujer, la Maternidad "Esperanza López Mateos" y en el Nuevo Hospital Civil "Juan I. Menchaca", la Secretaría de Salud en Jalisco admite que la saturación en los espacios que se encuentran disponibles representa un riesgo para las mamás y bebés que necesitan atención.

Dulce Yesenia es una de las afectadas. Luego que se le dijera que no había espacio para hacerle una cesárea, se le hizo una revisión, se le recetó un medicamento y se le pidió que volviera luego. La joven precisó que se dirigiría al Hospital General de Occidente, el cual también admitió que tenía saturación.

Además de los problemas estructurales que ponen en riesgo el bienestar y la vida de las embarazadas, las mujeres también se ven afectadas por la falta de consciencia y empatía que muestra el personal médico, apuntó Karen Luna, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Explicó que, en lo que refiere a las políticas públicas en México para garantizar la atención adecuada de las mujeres en estado de embarazo, el país va "relativamente bien", por lo que el problema radica en la aplicación de las normas.

Señaló que la violencia obstétrica está reconocida en la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y la existencia de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007, la cual establece a nivel nacional la manera en que el personal médico y de enfermería debe tratar a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, son 2 ejemplos de los avances en el marco jurídico en México.

"Lo que hace falta es implementar y socializar las normas para que el personal médico conozca sus responsabilidades. En las capacitaciones que hemos impartido en torno a la violencia obstétrica hemos observado que es frecuente que, de parte del gremio médico, exista una reticencia para reconocer que esta clase de violencia existe".

Ante la saturación registrada en las áreas de obstetricia y pediatría del Hospital General de Occidente, la Secretaría de Salud prometió que se reforzaría el servicio en los centros de salud de Zapotlanejo y Tala, con el fin de evitar que las pacientes necesiten ser trasladadas a la zona metropolitana de Guadalajara.

Adicionalmente, se buscarán fondos federales para contratar médicos que brinden la atención en estos municipios. Además, se adaptaron áreas de geriatría en el nosocomio también conocido como Zoquipan para la atención materna, según el titular de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.

Con el fin de suplir los recursos perdidos con la eliminación del programa federal Prospera y poder contratar y rehabilitar 86 unidades en todo el estado, el titular de Salud estimó que podrían lograr un acuerdo con la federación para obtener 116 millones de pesos. Esto permitiría llevar atención médica a zonas rurales y de difícil acceso.

En medio de las remodelaciones que tienen saturadas las atenciones maternas en Jalisco, este medio publicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador suspendió 19 de las 37 acciones de infraestructura de salud que se habían iniciado en administraciones anteriores.

A mediados de mayo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) publicó un pronunciamiento donde advertía que el retraso o la negativa en el servicio de atención médica en el Hospital de la Mujer habían provocado "el fallecimiento de neonatos y, en otro caso, el de una madre, así como sufrimientos fetales y, algunas veces, daño cerebral por dicha causa".

La 1a. problemática que señala la CEDHJ en el documento es la derivación de usuarias a otros hospitales, por falta de espacio. Además, la Comisión encontró deficiencias en el equipamiento médico y falta de éste.

Tras las quejas de pacientes, el Instituto Jalisciense de Cancerología respondió que el abastecimiento de medicamentos era de 70% al corte del 10 de junio pasado. Esto significa que 3 de cada 10 enfermos no obtenían sus fármacos.

Mientras, Enrique Cabrales Vázquez, director general del Instituto, afirma que ya están a 80% de abasto. La promesa es que en agosto próximo se alcance la cobertura total.

La falta de medicinas provoca que algunos pacientes opten por suspender sus tratamientos, ante el alto costo en farmacias privadas. El ejemplo es Roberto Peña, quien padece cáncer de colon.

Roberto vive en Concepción de Buenos Aires. No tiene dinero y está endeudado porque ya se gastó todos sus ahorros para adquirir medicinas. La última respuesta en el Instituto fue que no tenían fármacos necesarios para su quimioterapia. "Cada vez es más difícil conseguir dinero".

"Ya le dije a la doctora que para esta vez sí me alcanzó… para la otra quien sabe. Me mandó a hacer los estudios para ver cómo voy, a ver si ya me puede suspender el tratamiento, porque cada vez es más difícil conseguir dinero", afirma mientras se le quiebra la voz.

Comenta que desde diciembre de 2018 solamente en una ocasión le proporcionaron las medicinas que requiere. Indica que por ese motivo cada mes gasta hasta 15,800 pesos. El problema es que cada vez es más difícil conseguir recursos, por lo que está endeudado. "Ya nadie me presta dinero. La consulta con la doctora y los análisis no me cobran. El cáncer de colon sí lo cubre el seguro de Gastos Catastróficos, el problema es que no hay medicamentos".

En su receta se indica que el hombre necesita Capecitabina y Oxaliplatino. Ambos forman parte del catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, de acuerdo con los lineamientos publicados en septiembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Mientras se normaliza el abasto, Enrique Cabrales Vázquez sugiere a los enfermos que acudan a la oficina de Trabajo Social para analizar las alternativas y que no suspendan sus tratamientos (como la aplicación de descuentos o recurrir a las asociaciones civiles).

Argumenta que las modificaciones en los lineamientos para las licitaciones provocaron parte de los problemas. "Se decidió detener temporalmente el proceso para hacerlo en máxima exposición y darle mayor claridad, que no exista ningún tipo de sospecha".

Por otra parte, la pasada administración tenía proyectado terminar el nuevo edificio del Instituto Jalisciense de Cancerología en 2016, pero las obras están detenidas. Sobre ese tema, Cabrales actualiza que hay un avance de entre 25% y 30%. Junto con la Secretaría de Salud de Jalisco, el Instituto gestiona fondos para concluir el inmueble, con el que se podría aumentar hasta 4 veces la atención.

María Elena Saucedo es otra paciente afectada. Recuerda que es la 1a. ocasión, en 5 años, en la que le faltan fármacos. Y aunque las trabajadoras sociales hacen descuento, lamenta que muchas familias no pueden pagar los tratamientos. Por ejemplo, algunos enfermos relatan que cada vacuna cuesta hasta 44,000 pesos.

Por su parte, Carmen Saucedo dice que comenzaron a padecer el desabasto desde noviembre del año pasado, por lo que tenían que comprar por fuera.

"Hoy, por 1a. vez, ya encontramos los medicamentos completos, ya está cubierta la quimioterapia".

Afirma que la farmacia se ve más llena y que los despachadores lucen contentos por eso. "Mi hija necesita un medicamento que cuesta 44,000 pesos cada vacuna, y requiere que le pongan 2... no había manera de comprarlo por fuera. El Oxaliplatino sí lo compramos, 1 cada 3 semanas".

Calcula que gastaron más de 20,000 pesos para adquirir esa medicina. Para la nueva quimioterapia, ya venían preparadas por si no encontraban el medicamento. "Lo bueno es que sí encontramos lo necesario. No entiendo por qué el presidente López Obrador no voltea a ver a todas las personas con cáncer que necesitan medicamentos".

José Luis Arellano, por su parte, corrió con más suerte. Halló todos sus medicamentos, excepto los infusores. Pero "antes los regalaban y ahora gasto 1,200 pesos al mes".

José Carlos Izaguirre, presidente de la fundación Cómplices A.C. de Jalisco, puntualiza que es urgente articular políticas públicas para muchas de las patologías de cáncer que no están cubiertas. "En este caso, el desabasto de los medicamentos tanto en el IMSS, ISSSTE o en los hospitales regionales es un problema que está sucediendo en muchos estados".

Menciona que trabajan con Juntos contra el cáncer, en un movimiento para hacer conciencia del desabasto de medicamentos.

"Estamos articulando el plan nacional contra el cáncer, que lo entregamos al Plan de Desarrollo del Gobierno de la República, para que se le asigne un presupuesto por el Senado".

Agrega que hay medicamentos de hasta 54,000 pesos que son necesarios para los pacientes, quienes tienen muchas dificultades económicas para conseguirlos.

Dice que, además, lanzaron una plataforma para que las personas denuncien cuando no se surta un medicamento. "La página la revisa la Secretaría de Salud federal todos los días y resuelve estos casos. Con esto evidenciamos la problemática de los medicamentos en México. Si no tenemos un antecedente, cómo vamos a poder confrontar que hay un gran problema en el país".

A las 8 de la mañana, Hugo González Cantú está preparado para empezar su odisea. A la entrada del Hospital Regional 1º de octubre, en la Ciudad de México, se acomoda la mochila verde fosforescente que carga en el hombro y le enseña al guardia la receta de los medicamentos que no le han surtido. Dice que va a ver si ya hay, y el policía lo deja pasar.

Hugo tendría que ir directo a la farmacia a preguntar si ya llegó el Atripla, el antirretroviral que toma para mantener bajo control al virus del VIH en su organismo.

Pero después de que lo han traído dando vueltas el último mes, diciéndole vuelva la otra semana a ver si hay, prefiere ahorrarse tiempo y se va derecho a la coordinación de Medicina Interna para preguntar por el fármaco, y más bien por una solución ante la escasez de éste en el hospital.

En la plataforma ciudadana de denuncias No Al Huachicol de Medicinas, donde los usuarios de servicios médicos públicos pueden poner su queja si no les surten sus medicamentos, del 7 de mayo al 3 de julio se recibieron 31 quejas por desabasto de antirretrovirales, 19 de éstas en el ISSSTE.

"Algo está pasando en esa institución porque nos han llegado reportes de desabasto de varias entidades, como Monterrey, Guerrero, CDMX, Veracruz, Sonora y Oaxaca. De hecho, del 3 al 7 de julio nos llegaron 4 quejas más, casi una por día, solo del ISSSTE", dice Abel Váldez, director de Innovación y Proyectos de Nosotrxs, una de las organizaciones que lanzó la plataforma.

El desabasto de antirretrovirales, y de medicamentos en general, en el ISSSTE no es reciente. A finales de 2017, colectivos de pacientes se reunieron con autoridades de la institución para quejarse de la falta de fármacos que solían usar para tratar el VIH, y de la sustitución en las farmacias internas por otros sin previa indicación médica para el cambio. El ISSSTE aseguró entonces que harían lo necesario para garantizar el abasto.

Pero las quejas se han incrementado en las últimas semanas. Personas que viven con VIH y sus familiares bloquearon, a mediados de junio, la Avenida Insurgentes Norte, en la capital del país, en protesta por la falta de antirretrovirales en el ISSSTE.

Hugo es uno de los afectados. La asistente de la coordinación de Medicina Interna del Hospital Regional 1º de octubre le confirma que el Atripla no ha llegado, y que no saben para cuándo llegará. Ella misma le dice que vaya a buscar a su médico para que le cambie la receta y le indique otros fármacos sustitutos. Hugo sabe que ubicar a su médico, quien hoy no da consulta y solo tiene recorrido por el hospital, le llevará un rato.

Como debe volver a trabajar, prefiere intentar que la coordinadora del área le dé la receta. También quiere aprovechar para asegurarse que si le van a dar una nueva no anularán, sin surtirla, la que ha quedado pendiente de junio. Para Hugo esto no es un capricho.

Durante los días que el hospital no le ha dado sus medicinas ha estado tomando de la reserva que tiene para cuando pasan estas cosas. Si no se la surten, eso mermaría lo que guarda para emergencias. "Nosotros no podemos quedarnos sin los medicamentos ni un día, en eso nos va la vida". Por eso está dispuesto a pelear.

"La coordinadora todavía no llega y no creo que lo pueda ayudar, pero si la quiere esperar, espérela", le dice la asistente. Y Hugo la espera, 40 minutos. Pero la jefa del área a la que le corresponde Hugo como paciente le dice que ella no puede darle la receta, y tampoco puede decirle si le surtirán la pendiente. "Eso lo ve el jefe de farmacia, vaya y hable con él, es nuevo y es muy abierto con los pacientes".

Y Hugo va, pero no encuentra al funcionario. Que ha salido, le dice una asistente, y que no sabe a qué hora volverá. Ella se ofrece a atenderlo. Hugo le explica que quiere saber si le surtirán la receta pendiente y la muchacha le responde que no, que no son acumulativas, y de nada valen las explicaciones de Hugo sobre el derecho del paciente a recibir sus medicamentos, y la advertencia de que irá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La repuesta ya está dada: "no son acumulativas".

Queda la opción de ir con el médico a ver si al menos le da una nueva receta, con otros fármacos. Hugo sube a buscarlo al 5o. piso, donde ya debe estar en su visita a pacientes hospitalizados. Pero el guardia le dice que no, que no lo ha visto, que no ha llegado, que lo puede esperar en la entrada.

Y Hugo tiene que aguantar una hora más a que aparezca el internista, a quien esperan otras 4 personas también para que les prescriba otros fármacos, de padecimientos diferentes al VIH, porque de los prescritos no hay tampoco.

"Tiene 14 años que me atiendo en el ISSSTE y no me habían faltado antes los antirretrovirales. La 1a. vez fue en febrero de este año, durante 2 semanas no hubo. Después ya se normalizó la entrega. Y ahora otra vez, todo junio. Pero la escasez reciente en VIH es porque nosotros estamos en un programa especial, en los casos de otras enfermedades sí el desabasto viene de antes", dice Hugo mientras espera turno para que el médico le cambie la receta.

Y se la cambia, porque Atripla no hay y no se sabe cuándo llegará, así que mejor le prescribe otra cosa. Toca bajar a la farmacia y Hugo se prepara para hacer fila un buen rato, pero hay pocas personas esperando. "Ya el desabasto debe ser tal que por eso ni gente hay, o qué estará pasando porque no es normal que haya tan pocas personas", comenta Hugo medio en broma, casi convencido de que algo no anda bien.

Pero se le olvida preguntar cuando pasa a la ventanilla y a las 10:35 tiene en su mano las 2 cajas de medicamentos: Truvada y Efavirenz. Más de 2 horas y media de faena pero Hugo está contento porque al menos él ha tenido suerte, y por ahora no tendrá que interrumpir el tratamiento que lo mantiene con vida.

Rogelio, a quien llamaremos así porque ha preferido omitir su verdadero nombre, también ha dado varias vueltas para tratar de conseguir sus antirretrovirales, pero él en el Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE de Veracruz.

El 11 de junio fue a su cita, no con su médico tratante a quien sólo ve cada 3 o 6 meses, sino con el de medicina preventiva, al que sí ve cada mes. Él lo atendió y le dio la receta para sus medicamentos: Truvada y Dolutegravir. Pero cuando fue a la farmacia de la institución a surtirlos le dijeron que solo tenían el 1o., que la siguiente semana llegaría el otro.

"No me alarmé porque tenía una reserva de medicamentos. Tomo antirretrovirales desde octubre del año pasado y no me había sucedido que no me los dieran, hasta esta vez, así que ahí tenía unos guardados", dice Rogelio.

Pero el Dolutegravir no llegó la semana siguiente, ni la otra, ni la siguiente. "El de la farmacia me dijo la semana pasada, vente el jueves 27 de junio, este medicamento llega los jueves, y como ya es el último de junio debe llegar. Pero no llegó".

Rogelio sabe que no debe tomarse un solo medicamento. Cuenta que cuando se enteró que tenía VIH, acudió con un médico particular que le explicó todo sobre la enfermedad. "Tengo la ventaja de que puedo pagar esa consulta privada, porque aquí en el ISSSTE no me han explicado nada. Ese doctor me dijo que no debía tomarme solo uno de los fármacos porque así no servía y solo haría más fuerte el virus. En el ISSSTE me dieron solo el Truvada y no me advirtieron eso".

Advertido por otros medios, Rogelio sacó la reserva que tenía de Dolutegravir y continuó con su tratamiento. "El viernes 28 fui a buscar al de medicina preventiva para que me dijera qué hacer y me dijo que no pasaba nada si dejaba de tomar los medicamentos un tiempo. Le hablé a mi doctor particular y me dijo que eso era mentira, que yo no podía dejar de tomar los antirretrovirales, porque si lo hacía, el virus podía mutar y crear resistencia a ellos".

Rogelio se puso a buscar en internet qué podía hacer. Encontró que era obligación del ISSSTE darle un vale para surtir su receta en otro lado, de acuerdo a lo asentado en el Manual del Paciente Activo, que se descarga en línea. "Decía que podía redactar un oficio y llevarlo a la coordinación del hospital, o ir a derechos humanos para exigir los vales".

Preparó una queja por escrito y volvió al hospital el viernes 5 de julio, una noche antes se había tomado la última pastilla de Dolutegravir que tenía como reserva. Pidió hablar con la jefa de farmacia y le dijeron que no estaba. Se fue a la dirección, pero solo encontró a una asistente que le dijo que no sabía nada de esos de los vales y que no le podía recibir el oficio, que lo dejara en el buzón de quejas.

"Lo que me dijeron tanto el médico, como el de la farmacia, como las asistentes es que no era su culpa, que el problema venía de México, porque no le habían pagado al distribuidor y no les surtía la medicina".

Rogelio se fue del hospital directo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. "Me asignaron un abogado, me levantó el reporte y me dijeron que la siguiente semana me comunicarían en qué iba mi caso y si lo turnaban a la CDMX, o se quedaba en el estado".

Frente a todo eso, Rogelio agarró de su reserva en su cuenta de banco y fue a comprar la medicina. "Me costó 8,000 pesos. No voy a poder pagar eso cada mes si esto no se resuelve".

A Carlos, quien también pidió proteger su nombre real, le pasó casi lo mismo. No le dieron un fármaco, y tampoco le advirtieron que no se lo debía tomar si no tenía los 2 de su tratamiento. Pero él ya lo sabía. Dice que desde hace 2 años acude al ISSSTE de Monterrey por antirretrovirales.

El 1er. año no tuvo problema. Al 2o. ya empezó el desabasto. "A veces no había 1 de los 2 que tomo, pero llegaba 2 semanas después y podía aguantar con la reserva que tenía. Luego como el Truvada empezó a faltar mucho, me lo cambiaron por Dolutegravir".

Pero hace 3 meses empezó el desabasto de su otro medicamento, Kivexa. "Iba e iba y me decían que hasta la siguiente semana llegaría, así me trajeron. Como sé que no puedo estar sin mi tratamiento y ya no tenía reserva, lo tuve que comprar de mi bolsillo. Me costó 8,006 pesos. No puedo estar yo costeando los medicamentos. No me alcanza". El joven está estudiando enfermería. Le falta un año. Pero ya se consigue trabajos cuidando a enfermos.

Sus papás le ayudan para pagar la renta de donde él vive. El resto de sus gastos corren por su cuenta. Para pagar los medicamentos en caso de que no se los den en el ISSSTE de Monterrey, donde se atiende, sus padres le dijeron que no le podrían ayudar. Ya no les alcanza.

Como el 26 de junio le volvieron a decir que no había Kivexa, Carlos fue a poner su queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otras veces ya lo ha hecho también. "Ellos son los que me han ayudado antes. Voy, pongo mi queja, la remiten al hospital y entonces me llaman y me dan el medicamento. No sé si tengan dinero para comprar algo extra para estos casos, pero si pones tu queja, te lo dan, quizá para que no se haga más público".

Esta vez a Carlos también le funcionó ir a Derechos Humanos. Dice que ya tiene su medicamento. "Pero solo nos lo dieron como a 5 personas que nos fuimos a quejar a la Comisión, muchos otros pacientes siguen esperando acá en el ISSSTE de Monterrey desde hace 5 semanas por sus antirretrovirales".

Además de las 3 anteriores, la iniciativa también recibió una queja del ISSSTE de Acapulco, Guerrero. Un usuario aseguró que hacía 2 meses que no le daban los antirretrovirales que utiliza: Kaletra y Convivir. Hay además quejas del Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, en Oaxaca, 2 del de Sonora, una más de Veracruz y otros 2 casos de CDMX.

El 24 de mayo, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló a diversas autoridades federales, entre ellos, al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda, varias consideraciones relacionadas con el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país, derivado del recorte presupuestal y/o la no transferencia de recursos a ese sector, a partir de las medidas de austeridad implementadas por la actual administración.

Les pidió, por ejemplo, adoptar las medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin dilación o interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud.

En su informe del 1 de julio, a un año de su triunfo por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador presumió que, durante su gestión, en las compras consolidadas de medicamentos se ahorraron 1,032 millones de pesos, y 1,741 millones específicamente en la adquisición de antirretrovirales.

Este 8 de julio las empresas Ralca y Comercializadora Pentamed dirigieron 2 cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda y a José Antonio Ramirez, director general del ISSSTE para solicitar su intervención ante la falta de pagos a proveedores de medicamentos.

En las cartas, que hicieron publicas a través de desplegados en medios nacionales, Pentamed asegura que la institución le debe más de 170 millones de pesos y que en el ejercicio fiscal 2019 no ha recibido pago alguno.

"La Ley de Adquisiciones estable que el pago a los proveedores deberá realizarse en un plazo no mayor a 20 días naturales y que no se podrán emitir órdenes de suministro sin suficiencia presupuestal, pero el pago no se realiza y las órdenes se siguen emitiendo. Aun cuando el ISSSTE no realiza el pago a proveedores con los contratos actuales, participa en una nueva licitación consolidada para el 2o. semestre de 2019", señaló la compañía en el desplegado.

Ralca, por su parte, precisó que durante más de 2 años los proveedores de medicamentos han sufrido severos daños financieros por el retraso en los pagos de diversas dependencias y entidades.

"En el caso del ISSSTE, que debe más de 200 millones de pesos, no ha cubierto ni un peso de lo que ha adquirido en el año en curso, y no se ve para cuándo, lo que hace inviable continuar abasteciéndolos, aún teniendo cientos de millones de pesos por surtirles y nuevas adjudicaciones para formalizar contratos, los cuáles no podríamos firmar en virtud de que nadie nos da repuesta a nuestra legítima petición de pago".

Beneficiarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), señalaron que han sufrido dificultades para que se les surtan medicamentos en las farmacias de la institución.

"Desde diciembre no dan casi nada de medicamento. Lo que uno necesita no lo hay, son medicamentos que son caros y uno no puede pagarlos", señaló Hilda Carrillo, quien acudió a la farmacia del Ipejal ubicada sobre la avenida Federalismo, donde no se le surtieron al 100 % los medicamentos que necesita para tratarse de anemia y depresión.

Una historia similar fue la de Mayra López, quien por 3a. ocasión en un par de semanas salió con las manos vacías de la farmacia, pues no tenían uno solo de los medicamentos que requiere para tratarse el síndrome intestinal que padece. Mayra, quien también requiere de insulina, contó que pudo obtener este medicamento la última vez que fue a solicitarlo, pero esto fue luego de que no se le proporcionara por más de un mes. Agregó que su padre, quien padece de insuficiencia renal, lleva 7 meses sin que se le proporcionen los medicamentos que requiere.

"Yo uso insulina, la metformina. Esta vez que vine, sí me dieron, pero a veces no hay y me tengo que esperar", contó Jorge Trujillo.

El hombre, quien además de diabetes, también padece hipertensión, no obtuvo la dosis recetada de Timolol (gotas para disminuir la alta presión dentro de los ojos). Con respecto a la insulina, mencionó que van alrededor de 4 veces en que no ha encontrado el medicamento en el Ipejal, por lo que se ha visto obligado en adquirirlo él mismo.

A finales de mayo, el titular del Ipejal, Iván Argüelles, dijo que el desabasto de medicamentos en las farmacias del instituto era de 45 %, y agregó que estaban en proceso de solucionar el problema.

La semana pasada, el extitular del Ipejal, Fidel Armando Ramírez Casillas, y otros 2 servidores públicos de la institución, así como 3 representantes de la empresa Abisalud fueron vinculados a proceso por presunto fraude.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Zacatecas evidenció la escasez en el Seguro Popular de medicamentos para los tratamientos oncológicos infantiles, por lo que la agrupación ha tenido que comprarlos hasta en el doble de su precio.

La presidenta Susan Cabral Bujdud, informó que el Seguro Popular proporciona medicamentos a los 69 niños y niñas que apoya la asociación y que actualmente siguen un tratamiento; sin embargo, desde hace tiempo no todos los reciben regularmente.

Para dimensionar la problemática, explicó que hay medicamentos cuyo precio varía entre 20,000 y hasta 60,000 pesos, ya que en general los tratamientos oncológicos son muy altos, pues oscilan en 350,000 pesos anuales y duran 3 años.

Al referirse al origen de la escasez, la entrevistada consideró que podría deberse a los cambios en el gobierno federal, a la falta de planeación en las compras y las revisiones a las que están sometidas algunas farmacéuticas, cuestiones que afectan directamente a las y los niños con cáncer.

En ese sentido, Cabral Bujdud detalló que muchos de los medicamentos oncológicos son importados, de ahí que se requiera de la realización de papeleo, lo que origina que éstos estén detenidos en la aduana, sin llegar al destino final, que son las y los pacientes.

"Algunos medicamentos son muy caros, otros no tanto, pero no se tiene acceso a ellos", por eso, AMANC tiene que conseguirlos en dónde sea y al costo que sea, recalcó la entrevistada al señalar que gracias a la colaboración de la sociedad zacatecana la asociación cuenta con recursos para adquirir la medicina.

Manifestó que, por ahora, el Seguro Popular en Zacatecas está funcionando normalmente, pese al anuncio de su próxima desaparición, y en el Hospital General de Zacatecas (HGZ) se cuenta con 2 oncólogos infantiles que atienden a la niñez con cáncer.

Martha Isabel Estrada acudió al Hospital General de Zapopan, conocido como "Hospitalito", para solicitar informes sobre el servicio de Endocrinología. "Tengo una hija que está muy mala de tiroides, está con muchos médicos familiares, no con un especialista... y me dijeron que se necesitaba un especialista para controlar su enfermedad de verdad".

Sin embargo, dice que el personal le mencionó que desde hace 2 meses ya no hay endocrinóloga. "Me respondieron que fuera al Antiguo Hospital Civil porque ya no darán el servicio".

Graciela Sánchez tampoco tuvo éxito en su visita al "Hospitalito", pero en el área de Dermatología. "Me comenzaron a salir unas manchas muy extrañas y mis familiares me recomendaron venir a atenderme aquí, que porque la doctora era buena. Pero en el área de Informes me comentaron que ya se jubiló y no han contratado a nadie... ya ni modo, voy a tener que ir al Instituto Dermatológico".

Salvador García Uvence, director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud de Zapopan, explica que las plazas de los especialistas ya no fueron renovadas, debido a que no cuentan con recursos extraordinarios para cubrir todas las necesidades en el Hospital General de Zapopan.

"Hay una emergencia obstétrica a nivel estatal, lo cual ha requerido que le demos prioridad para apoyar a los hospitales de la zona metropolitana. No hemos descuidado, porque el tema dermatológico no deja de ser importante, pero no es nuestra prioridad número 1".

Aunque los ciudadanos son derivados a otras instancias de salud, García Uvence afirma que siguen tratando padecimientos relacionados con Dermatología y Endocrinología, ya que la atención se brinda por medio del área de Medicina Interna. "Precisarle a la población que el requerimiento de atención en el síndrome metabólico, como diabetes, hipertensión y obesidad, que en muchas ocasiones lo maneja el endocrinólogo, perfectamente y con la misma capacidad lo maneja nuestro personal de Medicina Interna".

Jorge López y Diana Alvarado afirman que fueron al Hospital General de Zapopan al servicio de Urgencias, pero no los atendieron. "Ya habíamos pagado, pero nos negaron el servicio, que porque no tenían lugares. Ahora pediremos el reembolso y ni modo, tendremos que ir a un hospital privado", lamenta López.

Salvador García Uvence asegura que en el "Hospitalito" tienen la opción de realizar descuentos a los ciudadanos que lo necesiten. "Si el estudio socioeconómico nos dice que la persona no tiene recursos, hacemos descuentos desde 20 hasta 100%. Nosotros no somos un negocio que estemos buscando fines de lucro".

En marzo pasado, este medio publicó que los usuarios padecían por altos costos en unidades de la Cruz Verde, ya que en cada municipio hay diferentes precios en los servicios.

Tras un análisis, se detectó que en las cuotas de recuperación eran más caras en unidades de la Cruz Verde en Zapopan. Al respecto, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud del municipio contestó que se aplicaban descuentos a más de la mitad de los pacientes que acude a las unidades de salud.

El 26 de junio de 2017, Mario Mariscal acudió, acompañado de su madre, al Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada (Caisame EP) para solicitar que fuera internado. Afirmaba que escuchaba voces que le ordenaban que se quitara la vida; sin embargo, la psiquiatra decidió indicarle un tratamiento ambulatorio.

El 4 de julio siguiente, Mario volvió. Aunque dijo que las voces eran más débiles, pidió una vez más que lo internaran. En esta 2a. ocasión fue atendido por otra especialista, quien decidió hacer ajustes a su tratamiento para dejarlo ir.

2 días después, el cuerpo de "Mayito" fue encontrado en el patio de su domicilio en Techaluta de Montenegro.

El caso fue investigado y publicado en mayo de este año por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en la recomendación 11/2019. El documento explica que la situación de Mario era tal, que requería la hospitalización.

Por esta razón, la Comisión solicitó al Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme) que repare el daño a los familiares por ser el responsable del centro de atención.

La Comisión solicitó al Instituto Jalisciense de Salud Mental que se realice el pago de los daños a la madre de "Mayito" por la negligencia que llevó a que su hijo se quitara la vida. Sin embargo, María Asunción Bracamontes, la madre "Mayito", falleció sin ver esta retribución, apuntó su hija Verónica.

Además de la recomendación 11/2019, que narra el caso de "Mayito", la CEDHJ emitió otra en 2013. Describe el caso de 2 personas que fueron agredidas físicamente por un paciente enfermo de esquizofrenia, cuyo internamiento en el CAISAME EP había sido ordenado por un juez. Sin embargo, el personal del centro lo dejó en libertad.

"El problema que enfrentamos es la disponibilidad de espacios y de camas. Es un hospital que está lleno todo el tiempo", reconoció Rafael Medina Dávalos, actual director del Caisame EP.

Destaca que 53% de los internos padece esquizofrenia. Esta proporción es común en el mundo, pues el padecimiento obliga a casi todos a la hospitalización en algún momento.

Entre enero y mayo de este año, el Salme atendió a 1,465 personas por esquizofrenia en consulta externa. Si todas requirieran hospitalización de forma simultánea, llenarían más de 4 veces el inmueble, el cual tiene sólo 313 camas para sus internos.

El psiquiatra acentuó que la situación en la que se encuentra el centro es "complicada", pues el personal puede determinar que una persona necesita la hospitalización, "pero simplemente no tenemos una cama sola que pueda ser usada".

La Secretaría de Salud en Jalisco informó que, hasta inicios de julio, había 269 personas en tratamiento hospitalario en el Caisame EP. En 2017, año en el que "Mayito" se quitó la vida, recibió a más de mil personas. No hubo un espacio para él.

Además del 1er. nombre, Mario Alberto Nava Bustos comparte con "Mayito" el diagnóstico de esquizofrenia. Se lo detectaron en 1990, cuando tenía 33 años, la misma edad que tenía su tocayo cuando se quitó la vida. Sin embargo, Mario Alberto puede rastrear su 1er. episodio psicótico 10 años atrás, cuando fue internado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, de donde salió "en peores condiciones que como había entrado" debido a los efectos secundarios de la medicación que recibía, que volvía rígido su cuerpo por completo. De ahí, pasó a ser internado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México.

"Salí estable, pero no me dieron ningún diagnóstico. Que no tenía nada, que me fuera a mi casa".

Esa estabilidad duró 6 años, antes de que la esquizofrenia volviera a presentarse. Mario Alberto lo describe como un bombardeo de pensamientos sin ton ni son. "Sentía que alguien me vigilaba por medio de las señales eléctricas... o que el mundo se iba a acabar por culpa mía y sólo unos pocos íbamos a quedar con vida".

Cuando por fin lo diagnosticaron, Mario Alberto fue internado en el Caisame de Estancia Prolongada. Describe su estancia ahí como "peor que estar en la cárcel". Luego de una temporada, los episodios no se detuvieron. En ocasiones, no podía distinguir si un acontecimiento había sido real.

Hace 8 años, tras el fallecimiento de su madre, sufrió otro episodio psicótico. Dio con Humanamente, una asociación civil de Guadalajara dedicada a atender tanto a quienes padecen enfermedades mentales como a sus familiares. Mediante esta asociación conoció la Guadalajara Clubhouse, donde personas con enfermedades pueden acceder a la recuperación mediante trabajo voluntario y reciben los beneficios de un grupo de apoyo.

Carlos González, Mónica Prado y Luis Muñoz comparten la misma historia: intentaron vacunar a sus hijos contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), pero no encontraron el biológico conocido como triple viral en centros de salud ni en hospitales del IMSS. Y en el caso de Carlos, la búsqueda inició en enero pasado y terminó pagando más de 2,000 pesos en una farmacia privada por la dosis completa.

Desde hace 6 meses, los centros de salud en Jalisco presentan desabasto en diferentes grados en las vacunas de sarampión y rubéola (SR) y SRP, confirma el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.

Detalla que la cobertura actual del biológico SRP es de 91% en niños de un año, de acuerdo con el esquema de vacunación. Eso significa que 9% de los bebés que nacieron en los últimos meses no ha recibido la vacuna de SRP; es decir, alrededor de 30,000 menores de edad.

Mientras el área de Comunicación Social del IMSS contestó que el desabasto es nacional, la semana pasada, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud de la federación, Hugo López-Gatell, confirmó esta situación por problemas con el anterior proveedor, pero ya se compraron 3.9 millones de dosis que estarán disponibles hasta noviembre.

El 68% de las empresas afiliadas a Coparmex considera que el servicio en las clínicas u hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) no cumple con la calidad que los usuarios requieren.

Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex, dio a conocer esta mañana una encuesta en la que revela también que el 85% de los socios tienen una percepción negativa a la rapidez y urgencia de los servicios.

"Hay la mejor de las voluntades de parte del delegado, pero es una realidad que no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder dar servicio a todos los derechohabientes que tiene el Seguro Social", dijo.

Garza Marín explicó que en los últimos 5 años se han incorporado al Seguro Social más de 300,000 trabajadores.

"Y la infraestructura no ha crecido en la misma proporción y también recordemos que por cada empleo que se genera son alrededor de 3.8 miembros de una familia y pudiéramos estar pensando en que son 1'200,000 nuevos usuarios los que tendría el Seguro Social de tal suerte que con más derechohabientes sin infraestructura y sin servicio difícilmente se podrá dar el servicio", dijo.

El dirigente de Coparmex Jalisco explicó que muchos trabajadores que viven fuera de la zona metropolitana de Guadalajara tienen que trasladarse a la ciudad para recibir los servicios.

Mauro Garza volvió a insistir en que el sector patronal se incorpore al Consejo del IMSS para participar en la toma de decisiones.

"También es importante que se garantice dentro del Seguro Social la autonomía del mismo, es importante no se puede perder", afirmó.

En el sondeo "Satisfacción y Atención del IMSS" realizado a 300 socios, el 65% de las empresas considera que la infraestructura no es suficiente para la atención. El 53% considera que el abasto de medicamentos es insuficiente y el 60% dijo que los médicos están capacitados para atender las necesidades de los pacientes.

"Es muy alto (el porcentaje que no está satisfecho) se reitera que hay voluntad de los médicos, pero el personal es insuficiente", concluyó.

Paco Calderón
(28 de agosto de 2019).

Uno de los pilares del Estado, que mayor cohesión e identidad social puede generar, es un potente sistema público de salud. Construirlo, pero sobre todo, darle viabilidad administrativa y financiera en el largo plazo, requiere de una estrategia de financiamiento y de desarrollo institucional capaz de garantizar cobertura universal, servicios de calidad y acceso oportuno a medicamentos.

El cambio de administración ha generado importantes niveles de incertidumbre respecto de cuál es la visión en torno al sistema de salud; pues más allá de que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se buscará la cobertura universal de los servicios públicos de salud, el 1er. año de gobierno destinó menos recursos que en el año 2018, en el cual ya se habían reducido también, en términos reales, respecto del 2017.

En fechas recientes, la crisis más visible ha sido la relativa a la escasez de medicamentos en hospitales públicos, y en ese escenario, lo más preocupante es quizá la insuficiencia de fármacos para atender los padecimientos, de todo tipo, de niñas y niños.

Gobernar, debe recordarse, implica definir prioridades desde las cuales se toman las decisiones de política pública. En ese sentido, el Gobierno de la República ha decidido que, en esta administración, la mayor cantidad de recursos para lo social se asignarán de manera directa a la población, y particularmente a dos grupos específicos: personas adultas mayores y población joven, a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y del nuevo esquema de becas a estudiantes de escuelas públicas.

Pese a ello, y pese a los ahorros que se enlistaron en el 1er. Informe de Gobierno, aún no queda claro si para el Sector Salud se destinarán mayores recursos, en términos absolutos y como proporción del Producto Interno Bruto Nacional, para subsanar los enormes rezagos que lo caracterizaban en administraciones previas.

Es cierto que hubo enormes e inaceptables actos de corrupción; pero si como dijo el presidente en su 1er. Informe, su plan general es acabar con la corrupción y la impunidad, éste no será suficiente para aliviar los rezagos y para mejorar significativamente al sistema nacional de salud.

La felicidad de la gente, objetivo que dice perseguir la Presidencia de la República, no puede darse en medio de la enorme crisis de salud y las emergencias epidemiológicas que están diezmando a la población. Es urgente hacer mucho más para reducir la crisis de diabetes, de enfermedades del corazón, la epidemia de violencia expresada en la infame cantidad de asesinatos que se cometen todos los días, pero también la crisis de desesperanza que se cifra en la creciente cantidad de suicidios e intentos de suicidio.

En medio de todo esto, es importante destacar que la Suprema Corte de Justica de la Nación, ratificó su tesis jurisprudencial en materia del Principio del Interés Superior de la Niñez; el cual, al ser interpretado en el contexto del sistema de salud, implicaría garantizar el máximo nivel de disfrute de la salud para todas las niñas y niños.

Esto implicaría garantizar el derecho de prioridad en todas las decisiones del Estado, a favor de las niñas y los niños; y eso debería llevar a una revisión de todo el sistema y sus protocolos, pues ninguna niña o niño debería enfrentar la escasez de ningún tipo de medicamentos, ni tampoco estar desprotegidos cuando enferman, desde una gripe, hasta la terrible realidad del cáncer.

Un auténtico estado de bienestar, que redistribuye de manera eficaz y justa la riqueza, no puede obviar un poderoso sistema público de salud; con cobertura de todos los padecimientos, y con disponibilidad de medicamentos para atender todos los padecimientos de la gente.

El bienestar del cuerpo y del alma, como ha dicho el presidente, no puede existir si hay enfermedad y muerte evitable; si todos los días escuchamos dolorosas historias de muertes innecesarias, de muertes que nunca debieron ser; y con ello, el Estado ha permanecido en deuda desde hace muchas décadas; y por eso es hora de que esta deuda quede saldada.

No es por presumirles, pero me siento afortunado y doy gracias al Creador, porque hasta la fecha no he tenido que sufrir la experiencia de tener a un familiar o persona cercana a mí, con un padecimiento grave en su salud y la desgracia de que en alguno de los centros de salud de nuestro país me nieguen el medicamento para atenderle. Sin embargo, la desesperación, impotencia y abandono que miles de personas están padeciendo, me duelen como si fuera alguien de mis seres queridos los que estuvieran pasando por ese trago amargo... amarguísimo.

Durante meses se ha comentado en las familias y publicado en los medios, que el desabasto de medicina en el sistema de salud mexicano ha alcanzado límites nunca antes conocidos, lo que individual y colectivamente implica índices de dolor verdaderamente inauditos en pleno siglo XXI, y con gobiernos que prometieron un cambio en beneficio de los que menos tienen. Durante la semana pasada llegaron a mí videos en donde denuncian lo que se está viviendo en el sistema de salud, y por más que digan que se trata de actores contratados para hacer quedar mal a los gobiernos actuales, me han transmitido la profunda angustia por la que están pasando enfermos, familiares, amigos, doctores, enfermeras, cuerpo administrativo y demás involucrados en esta cadena de extrema sensibilidad humana.

Los ahorros mal entendidos, y el dizque combate a la corrupción, son un pésimo pretexto para disfrazar la ineficiencia de los actuales gobiernos -en sus 3 ámbitos-, máxime porque afirmaban que sabían cómo hacerlo, y los "novedosos" programas emprendidos para lo único que han servido es para enriquecer a unos cuantos de sus amigos o cómplices, a los que por obvias razones ni siquiera han tenido la vergüenza de denunciar.

Familiares de pacientes con cáncer se manifestaron frente al Congreso de Jalisco para denunciar el desabasto de los medicamentos en hospitales públicos mismos que necesitan sus parientes.

La señora Andrea Villalvazo comentó que desde el pasado 20 de agosto se detuvo el tratamiento que recibía uno de sus hijos en el Hospital General de Occidente Zoquipan. Apuntó que sólo en ese hospital habría unos 60 pacientes afectados.

"Queremos que se muevan y pronto nos manden los medicamentos, hay niños y adultos que sin ese tratamiento están corriendo entre la vida y la muerte. No nos han dado fechas de cuándo lleguen y el cáncer avanza día con día", comentó.

Los manifestantes entregaron oficio a la Comisión legislativa de Salud. También protestaron frente a Palacio de Gobierno.

"Si no hay medicamentos, se toma un avión... a donde sea para comprar los medicamentos".

Andrés Manuel López Obrador

El presidente López Obrador giró un memorándum el 20 de marzo a Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda, que instruía: "Como es sabido, 3 proveedores de medicinas y de materiales de curación... vendieron, en 2018, al ISSSTE y al IMSS, 34,280 millones de pesos, el 62.4% de todas las compras que llevaron a cabo dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales. Este hecho resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios. En razón de lo anterior, le solicito que, de conformidad con la legalidad de la materia, se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias".

"Como es sabido", un hecho "a todas luces inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución", una prohibición hasta que "sepamos a ciencia cierta si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias"... con esta deficiente técnica jurídica no sorprende que un juez de distrito haya concedido el 19 de agosto un amparo a Grupo Fármacos Especializados (Grufesa). El gobierno está apelando.

¿Es la concentración de 62.4% excesiva o inmoral? No parece. Un estudio de IQVIA señala que en Estados Unidos, un mercado mucho mayor, 3 empresas (Red Oak Sourcing, Walgreens Boots Alliance y McKesson) tienen 81% de la distribución. Si se suma la 4a., Econdisc, el monto sube a 90%. Estos grados, me dicen, son habituales en el mundo.

Grufesa, Dimesa y Maypo compran medicamentos a cientos de laboratorios y realizan un trabajo complejo de distribución. El gobierno ha tratado de intimidarlas. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Grufesa el 18 de julio por haber supuestamente presentado información falsa sobre el origen nacional de un medicamento. El presidente dice que las distribuidoras están detrás de la información sobre la escasez de medicamentos: "Había 3 empresas, que son las que tienen ahora las campañas estas de que se están muriendo los niños, porque no hay medicinas para el cáncer. ¡Claro que están molestos, porque tenían una mina de oro y ya se les acabó".

La "campaña", sin embargo, surgió de una escasez real, provocada por el cierre de una planta de Pisa, farmacéutica relacionada con Dimesa, por Cofepris. Ante las protestas de los padres de niños con cáncer, Cofepris dio autorización para que se liberaran 17,000 unidades de medsatrexate del almacén de la empresa en Cuautitlán Izcalli.

Esta falta de medicamento podría ser preludio de una mayor escasez. El gobierno de Peña Nieto hizo en 2018 una compra consolidada suficiente para todo 2019. En la 1a. licitación de 2019, el de López Obrador puso precios tan bajos que solo logró compras por 30%. Ya en este momento debería convocarse la 2a., cosa que no ha ocurrido. La producción puede tardarse 4 meses y los medicamentos en reserva se están agotando.

Si la industria no reduce precios, el presidente dice que recurrirá a productores extranjeros, quizá de India o China, pero no hay certeza de que cumplen las reglas de equivalencia y calidad que Cofepris impone a los mexicanos. La industria farmacéutica nacional sufriría un golpe devastador, pero quizá lo bueno es que miles de especialistas se sumarían a la lista de subsidios para ninis.

El presidente que llevaba días y días recorriendo hospitales, escuchando médicos, enfermeras y pacientes, atestiguando la enclenque infraestructura sanitaria, ¿cómo respondió ante una protesta por carencia en medicamentos para tratar cáncer infantil? Culpando a otros, no al gobierno, con eso de que "¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?".

López Obrador recorre incesantemente el país bajo la lógica de que no debe dejarse de ocupar ningún espacio mediático o político. La 1a. mitad del año fue y vino por todo el país promoviendo sus programas sociales. Ahora va a las clínicas que terminarán reconvertidas en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, ente que no solo sustituirá al Seguro Popular sino que está llamado a renovar toda la atención médica de este gobierno.

Pero pasarán meses antes de que eso (eventualmente) ocurra, porque una cosa será la transformación del Seguro Popular a un nuevo ente burocrático (el Insabin), y otra muy distinta lograr que la atención médica, incluida la distribución efectiva de medicamentos en los diferentes sistemas sanitarios de México, eleve su calidad o, para ser más realistas, deje de perder calidad.

Y mientras eso ocurre (si es que llega a ocurrir), el tiempo correrá en contra del gobierno de López Obrador, que tendrá que medirse con las expectativas generadas no solo por las promesas electorales, sino por el discurso triunfalista que AMLO no deja de entonar.

En el presupuesto entregado el fin de semana, el gobierno de AMLO propone para Salud prácticamente en el mismo monto del 2019 (solo aumenta lo de la inflación).

Con ese dinero, y mientras los recortes no se traduzcan en eficiencia, muy pronto la autoridad moral del gobierno que prometió un cambio verdadero caerá al nivel de los derrotados que se fueron.

Nada causa más pesar que el ver llorar a una madre desesperada ante la enfermedad de sus hijos o seres queridos, sin poder suministrarles la vacuna o medicina necesaria, y si éstos llegan a perder la vida a causa de la negligencia de los "agentes" de salud, el odio en contra de nuestros gobernantes continúa acumulándose, lo cual no es sano para quienes ostentan todo el poder y amenazan con perpetuarse en el mismo.

Mal aprovechan la confianza depositada en ellos por la ciudadanía, y traicionan lo que decían era su convicción. Las autoridades de nuestro estado y país no se cansan de recibir halagos (pagados) de sus incondicionales y dicen irse a dormir a diario con la conciencia tranquila. Sin embargo, en las clínicas y hospitales del sistema de salud pública del país, no se cuenta, o peor aún, se niegan las vacunas de la famosa "Cartilla" para infantes (la 1a. se debe de aplicar dentro de las primeras 48 horas de haber nacido).

Si su lema es "Primero los pobres", déjenme decirles que el paquete de vacunas básicas, elementales para los niños cuesta 4,500 pesos, y la 1a., de 3 de ellas, que se debe de aplicar a los recién nacidos cuesta 900 pesos cuando hay, mientras que el sueldo promedio apenas alcanza los 5,000 pesos mensuales.

Para más, de acuerdo con las autoridades sanitarias, a finales del presente mes estará asomando la influenza, razón más que suficiente para que la vacuna de refuerzo para toda la gente y en especial los adultos mayores, esté en tiempo y forma, para evitar males mayores.

Si los "otros" como gustan de llamarles quienes encabezan las nuevas administraciones, en un intento por deslindarse de la responsabilidad asumida hace meses, eran unos pillos, unos incapaces y deshonestos, según éstos, me pregunto ¿por qué entonces nunca faltaron las campañas preventivas, fumigación en las calles, recolección de basura y vacunas?

Bastaría con que el gobernador de Jalisco, los presidentes municipales o el ejecutivo federal se dieran una vuelta por los hospitales civiles, clínicas de salud pública o del IMSS e ISSSTE, sin los achichincles que les ocultan la realidad para que se dieran cuenta y actuaran en consecuencia.

En Guadalajara y todo el estado acuden diariamente cientos de madres de familia en busca de las vacunas para sus hijos recién nacidos y la respuesta al unísono es "no hay, pero posiblemente en un mes ya la tengamos". Tal parece que están más ocupados en "maquillar" las estadísticas, las cuales, según ellos, reportan mejoría en comparación con lo que sucedía antes de que ellos llegaran al poder -aunque está claro que les ha quedado grande la responsabilidad conferida-.

El apoyo del gobierno federal en materia de salud para un sector de la población va en picada tras el cambio de la administración.

A María se le hizo un nudo en la garganta cuando le dijeron que tenía que pagar 150,000 pesos para cubrir 30 radiaciones que necesita para continuar con su tratamiento contra el cáncer de mama.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular cubría su enfermedad, por lo que era atendida en un hospital privado, pero el pasado 26 de agosto le dijeron que ya no podían encargarse de su proceso porque el gobierno federal acumulaba 10 meses sin pagarle. Y desconocían los lineamientos para el programa.

La mujer tiene hasta el 26 de octubre para conseguir las radiaciones. El problema es que no ha logrado el apoyo público, pese a las cartas y escritos enviados a las autoridades federales y estatales.

"No te pueden dejar a la mitad del tratamiento contra el cáncer. Tiene que haber otro plan, no solamente decirte que ya no. Estamos que morimos de miedo porque el tiempo se nos agota y no tengo cómo pagar mis radiaciones... y lo que sigue".

Afirma que el martes pasado la enviaron al Hospital General de Occidente, pero tampoco la atendieron porque el servicio está subrogado. En esa espera conoció a otras mujeres que también pasan por la misma situación.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) informa que entre los años 2013 y 2019, el cáncer de mama y su seguimiento ha sido la principal patología que cubre el Fondo de Gastos Catastróficos en Jalisco, entre 66 diferentes enfermedades. Sin embargo, la cifra de apoyos va a la baja. Entre el 1 de enero y el 16 de agosto de este año apenas se han cubierto 100 casos. En comparación, en 2018 registraron 1,054 atenciones para 618 mujeres y brindaron seguimiento a 808 casos. En 2017 se trataron a 892 pacientes por cáncer y se le dio seguimiento a 1,081 personas.

Francisco Javier Salcedo, director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco (REPSS), responde que el decremento en las atenciones puede ser por las fallas en la orientación oportuna a pacientes o por las pocas unidades acreditadas que hay en el estado, ya que ahora es un requisito para brindar el recurso.

Debido al alto costo de la enfermedad, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es idóneo para las personas que no son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Hasta el pasado 30 de junio, en Jalisco estaban afiliadas 2'907,875 de personas al Seguro Popular, lo que significa un 96.5% de avance conforme al padrón total. De esa cantidad, 1'242,604 se concentran en los municipios de Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es parte del Sistema de Protección Social en Salud, busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo, que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar.

Proporciona recursos monetarios, a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades.

Las atenciones se realizan en unidades médicas denominadas "de Alta Especialidad".

Los prestadores de servicios deben estar acreditados para la patología específica que desean atender, celebrar los convenios de colaboración para formar parte de la red de prestadores y cumplir con la normatividad establecida para la transferencia de los recursos.

A diciembre de 2018, en el país existían 332 prestadores de servicios acreditados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que cuentan con convenios de colaboración para otorgar las atenciones.

Ante los adeudos y la incertidumbre que rodea al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, Francisco Javier Salcedo adelanta que la siguiente semana está planteada una reunión entre los secretarios de Salud de las entidades federativas y la titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Ivonne Cisneros.

"No es un problema exclusivo de Jalisco. Los resultados van a ser determinantes, tengo entendido que piensan elevarlo al Presidente de la República. Pudiera ser necesaria la intervención del Consejo de Salubridad General para que se revisen los protocolos".

Asevera que el Fondo de Gastos Catastróficos cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a sus pagos, y que la baja en la cobertura en la patología de cáncer de mama puede relacionarse a desinformación entre la población o porque hay pocas unidades acreditadas.

"La otra variable que puede estar afectando en la incidencia puede ser una migración a la seguridad social".

Explica que podrían existir adeudos, ya que hay burocracia por parte de la administración central para que las cosas funcionen de manera más oportuna. "Sí pudiera tener cierto impacto el tema de cambiar de estafeta, el cambio (de administración)".

Detalla que en los últimos años ha variado el tema de cómo se financian los gastos catastróficos, ya que en la 1a. etapa se daba todo el recurso a la unidad médica, una vez que constataba que se tenía un paciente. Luego se detectó que no era lo más conveniente y propusieron manejar la enfermedad por etapas, con el objetivo de que los pacientes se arraigaran al protocolo de atención y para tener la garantía de que la unidad médica estaba usando el recurso.

"Eso generaba un ejercicio perverso, porque la unidad ya tenía todo el recurso y de pronto la señora abandonaba el tratamiento... y ese recurso no se utilizaba para otra persona. Entonces se programó enviar el recurso a la unidad conforme vayan pasando las etapas".

En ese sentido, recuerda que los protocolos los establece el Consejo de Salubridad General, pero hay personas que rebasan el protocolo y ya no se incluye el seguimiento de la enfermedad.

"Esa es la parte de la discusión de muchas pacientes, sobre 'qué pasa si rebaso los protocolos'. Le corresponde (al Consejo) determinar si amplían más los periodos".

La Ley General de Salud otorga a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.

Los afiliados tienen derecho a las intervenciones, estudios de laboratorio y medicamentos cubiertos por los catálogos de servicios: Seguro Médico Siglo XXI, Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y Cirugía Extramuros.

El Seguro Médico Siglo XXI brinda atención a niños de 0 a 5 años de edad.

Las Causes incluyen enfermedades más comunes.

El Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos es para patologías con tratamientos de alto costo.

La Cirugía Extramuros es para las intervenciones quirúrgicas de alta especialidad en personas de escasos recursos.

El gobernador Enrique Alfaro anunció hace unos días que hay 1,300 millones de pesos para el Seguro Popular que están atorados en la Ciudad de México, debido a un trámite burocrático.

Francisco Javier Salcedo detalla que esto tiene que ver con el cambio en las reglas, vinculado directamente con el tema de que la unidad médica esté acreditada. "Como el estado arrancó con un porcentaje de acreditación muy bajo, con 14% (de 616 unidades), eso trastocó administrativamente al Seguro Popular. Se han hecho gestiones de alto nivel".

Ese cambio en el marco normativo arranca con esta administración. Antes, el recurso se podía ejercer en unidades en proceso de acreditación o acreditadas.

Acentúa que, aunque los legisladores hicieron los cambios para que la acreditación fuera una figura que garantizara la calidad en la atención, se debió pensar en establecer un ajuste de tiempo para consolidar las certificaciones.

"La cifra que maneja el gobernador (Enrique Alfaro) tiene que ver con los recursos humanos, contratados vía Seguro Popular. Hay alrededor de 4,300, personal directamente involucrado en la atención de los beneficiarios".

Remarca que a los empleados se les sigue pagando su salario a través de fuentes financiadas por el Gobierno de Jalisco. Agrega que el estado ha gastado alrededor de 600 millones de pesos en las certificaciones, aunque los trámites son tardados.

Sobre la construcción del presupuesto para el Seguro Popular, subraya que cada entidad federativa participa con 11% de su presupuesto, que se calcula a partir de la afiliación.

De esa cantidad se retiene en el nivel central ese 11%, el 8% de ese recurso se queda en el Fondo de Gastos Catastróficos y 3% se va para un Fondo de Previsión Presupuestal. Éste último se utiliza para resolver problemas de infraestructura, dedicado a zonas de alta marginación, principalmente. Mientras que 89% es para el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).

Los casos cubiertos mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos en Jalisco van a la baja desde 2014, cuando se alcanzó una cobertura para 6,667 personas, con 499 millones de pesos.

En 2015 fueron 5,107 usuarios, con 446.8 millones; 5,086 en 2016, con 422.6 millones de pesos; en 2017 se cubrieron gastos de 4,074 personas y el año pasado la cifra cayó a 3,918 ciudadanos, lo que representó 410.7 millones de pesos. Hasta agosto de este año van 1,996 usuarios apoyados, con un monto de 195.5 millones. Los servicios se prestan en las unidades médicas acreditadas, como el Instituto Jalisciense de Cancerología, los Hospitales Civiles, el Hospital Materno Infantil "Esperanza López Mateos", el Hospital San Javier, el Hospital Puerta de Hierro Sur, el Hospital Regional de Ciudad Guzmán y el Hospital Regional de Tepatitlán, entre otros.

De las 66 enfermedades que se cubren, la patología con más atenciones desde 2013 es el cáncer de mama. Entre el 1 de enero y el 16 de agosto de este año apenas se han cubierto 100 casos. En 2018 registraron 1,054 casos para 618 mujeres, además de que se dio seguimiento a 808 casos.

Sobre las patologías con más atenciones, el cáncer cérvico-uterino era la 2a. con más pacientes. Sin embargo, desde 2017 son los cuidados intensivos neonatales. En 2017, cubrieron las atenciones de 562 bebés; un año después, documentaron atenciones para 291 bebés. Y 77 en los primeros 8 meses de 2019.

Por su parte, el área de comunicación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco (REPSS) comparte que hasta el pasado mes de julio han efectuado 293 atenciones a mujeres y a 2 hombres, por cáncer de mama. Esta cifra incluye servicios de diagnósticos y tratamiento mediante Fondo de Gastos Catastróficos.

El gobierno federal anunció que el Seguro Popular desaparecería; en su lugar se crearía el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que asumiría sus funciones. Los cambios al respecto todavía no han sido discutidos, por lo que hay dudas respecto a la distribución de los recursos y las reglas de operación.

En México hay 51.3 millones de afiliados al Seguro Popular.

El presidente de la Fundación Cómplices de Jalisco, José Carlos Izaguirre, advierte que es preocupante que se dejen de atender a los pacientes de cáncer de mama, ya que se trata de uno de los padecimientos más difíciles de solventar económicamente.

La asociación civil apoya a niños, jóvenes y adultos con distintos tipos de cáncer y de escasos recursos, los cuales no cuentan con opción de ser atendidos en instituciones públicas.

Subraya que no suelen recibir peticiones de personas con cáncer de mama, ya que se trata de una enfermedad que se encontraba protegida. Sin embargo, apunta que sorpresivamente han comenzado a llegar mujeres con el padecimiento a solicitarles ayuda.

"La semana pasada nos llegaron 5 casos de cáncer de mama; la anterior, como 10, cuando antes no venían porque tenían su tratamiento cubierto. El cáncer de mama es carísimo, no lo volteábamos ni a ver. Hay pacientes que les dijeron que no le iban a dar sus radiaciones porque no hay dinero, ni tienen el recurso... y las dejaron a medio tratamiento".

Recalca que "esto implica incertidumbre para el paciente y una carga emocional muy fuerte, ya que otra vez tienen que preocuparse de cómo van a salir adelante en esa enfermedad. Hay falta de comunicación, pagos atrasados, y esto le está pegando a la población".

Concuerda en que hay incertidumbre sobre lo que va a pasar con el sistema de salud en México, aunque tampoco hay ninguna instrucción de que se paren los servicios.

Indica que hay particulares que señalan que llevan hasta 10 meses sin recibir recursos del gobierno federal.

"En este mes que todos hablamos de cáncer de mama, nadie habla de lo que está pasando con los adeudos o que la radioterapia está tronada en Jalisco, porque el acelerador lineal del Instituto Jalisciense de Cancerología no funciona y los están subrogando a hospitales privados. Y las citas para radioterapia en el IMSS las están dando hasta noviembre de 2020".

El monitoreo del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH advirtió que el IMSS y el ISSSTE son las instituciones de seguridad social con mayor número de quejas por violación a los derechos humanos de los derechohabientes.

De enero a agosto del año en curso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acumuló 1,906 quejas y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 1,704, principalmente por negligencias médicas.

En el reporte, destaca particularmente el IMSS, por ser cada año el que ha encabezado la lista, al recibir 12,873 quejas, de 2014 a agosto de 2019.

El desabasto de medicinas en el sistema de salud púbica se debe a 2 razones principales: corrupción o ineficiencia, y las causas son varias.

Ya sea en las grandes compras del gobierno federal, en alguna etapa de la cadena de abasto, por el robo hormiga que se presenta en los centros de salud o por la falla en los procesos de distribución de medicamentos e insumos en cada municipio y localidad del país.

Un diagnóstico de la iniciativa No Al Huachicol de Medicinas -generado a partir de denuncias que se han recibido en esta plataforma ciudadana– encontró cuales son los padecimientos con más afectados por el desabasto.

La mayor frecuencia de casos de no surtimiento se presenta en enfermedades como diabetes (15.3%), hipertensión (14.3%), cáncer (8.6%), VIH (7.3%) y fallo renal (3.5%). El 48.7% de los casos corresponde al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, el 15.9% al Seguro Popular y el resto a otros sistemas de salud.

El problema de abasto para el ISSSTE es el más grave. Su director, Luis Antonio Ramírez, reconoció el 22 de mayo que existía un fuerte desabasto de medicamentos en el país y que resolverían los problemas de la administración previa para lograr el abastecimiento.

De la muestra, los medicamentos que más se reportan como no entregados son Losartán y Telmisartán, para controlar la presión arterial; Insulinas y Metformina, para regular la cantidad de glucosa de la sangre y Tracolimus, para prevenir el rechazo en personas que han recibido trasplantes o con afectaciones renales.

También, Alopurinol, usado en el tratamiento de la gota y en personas con altos niveles de ácido úrico causado por medicamentos para tratar el cáncer o cálculos renales; y Alprazolam, usado para tratar trastornos de ansiedad o de pánico, entre otros medicamentos más que se integran en el reporte.

Por entidad, la mayor cantidad de reportes recibidos de desabasto se concentran en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Chihuahua.

Toda esta información fue enviada a los titulares del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular desde finales de mayo de este año. En los 2 primeros casos, la razón detrás del no surtimiento está en el cambio de los modelos de compra y en los procesos de negociación de las autoridades para evitar, por un lado, el abuso en el poder de negociación, la corrupción y el conflicto de interés de farmacéuticas y, por otro, para disminuir precios y mejorar la calidad y eficacia terapéutica de los tratamientos para personas derechohabientes y usuarias de los sistemas de salud.

Estos datos son resultado de las denuncias que se han enviado a través de la plataforma No Al Huachicol de Medicinas desde el 7 de mayo pasado, cuando se lanzó.

Hasta el 26 de septiembre se ha integrado una comunidad de 18,825 personas en el país, quienes han compartido alrededor de 2,300 historias de falta de medicamentos.

De ese total, 912 reportes (40%) cuentan con información detallada y corroborada por entidad, unidad médica, institución, medicamento y padecimiento. Estos 912 casos integran la base de datos que la organización hace pública en su 2o. informe, presentado este 14 de octubre.

Cómo denunciar el desabasto

Una de las principales barreras para atacar la corrupción e ineficiencia en el abasto de medicamentos es que no existen los medios para que los afectados o el mismo personal de las instituciones pueda denunciar.

Los pacientes temen quedarse sin su medicamento si levantan la voz, al personal le da miedo quedarse sin su empleo o tener represalias al tratar de avanzar en su carrera profesional. Además, en los casos de robo de fármacos y otros de corrupción están involucradas redes del crimen organizado, lo que podría poner en peligro a los denunciantes.

"Si las personas se quejan en las instituciones, no las escuchan y hasta pretenden hacerlas víctimas de represalias. No se han generado ni los procesos ni la confianza para que se presenten denuncias por desabasto de medicamentos y mucho menos de corrupción", señala Luis Adrián Quiroz, presidente de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA del Instituto Mexicano del Seguro Social, una de las organizaciones que integran la iniciativa.

Es por eso que No Al Huachicol de Medicinas ofrece a usuarios y personal médico recibir las denuncias, y hacerlo de forma anónima, con toda la protección para quien las interponga.

"A través de la plataforma ciudadana de No al Huachicol –que presentamos en mayo varias organizaciones y donde la gente puede denunciar la falta de surtimiento de sus recetas en las instituciones– hemos logrado documentar el desabasto, ahora queremos avanzar en ayudar a las autoridades en documentar las denuncias de corrupción que son causa de este problema", afirma Luis Fernández, director de la organización Nosotrxs.

Los ciudadanos pueden poner su denuncia a través de la plataforma web de No al Huachicol de Medicinas. Aunque se sugieren algunas medidas para garantizar el anonimato.

"Recomendamos, por ejemplo, no hacerla cuando estén dentro de las instituciones y aunque se usará cifrado de datos para recibir la información, es mejor si utilizan Tor, ahí en la plataforma estarán los datos para bajar ese navegador", explica Abel Valdez, director de Innovación en Nosotrxs, otra de las organizaciones que integra la iniciativa.

Para recibir la información se dispondrá también de un celular con VPN, a través de este medio se hará la comunicación con quienes hagan la 1a. denuncia en la plataforma. Una vez con el caso documentado, se integrará un expediente.

De forma periódica, dice Valdez, vamos a presentar los casos a la Secretaría de la Función Pública, pero sin dar el nombre del denunciante. "Vamos a aportar la mayor información con los mayores indicios. El expediente se va a entregar a las autoridades y el compromiso de la SFP, con quien ya hemos tenido reuniones, es que se van a investigar y solucionar".

Los recortes al sector salud incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 del gobierno federal afectarán la atención y prevención en temas como cáncer de mama, advirtieron las diputadas priistas Mariana Fernández y Sofía García.

"Se habla del mes rosa, de la lucha contra el cáncer de mama, pero lo que sucede realmente en el presupuesto son 322 millones menos en 2020 para la atención del cáncer de mama de las mujeres mexicanas. A nivel nacional hay 7,000 muertes por cáncer de mama y Jalisco es el 2o. lugar a nivel nacional en la enfermedad", comentó la diputada García Mosqueda.

Por su parte la coordinadora de la fracción priista, Mariana Fernández, reiteró que el Seguro Popular tendría baja de 1,372 millones de pesos, lo que se traducirá en una disminución considerable de medicamentos para los beneficiarios del programa.

Gregorio Anguiano cuenta que su padre, de 65 años de edad, comenzó a manifestar síntomas de dengue hace más de una semana.

Por ese motivo acudieron a la Unidad de Medicina Familiar 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guadalajara. Acentúa que llegaron a las 17:00 horas y atendieron a su padre hasta la madrugada.

Después de la espera, los trabajadores del IMSS le afirmaron que el señor tenía "agotamiento físico". Sin embargo, como siguió con síntomas, Gregorio lo llevó con una doctora particular. "Le mandó a hacer estudios y resulta que sí tenía dengue. Cómo es posible que en el IMSS le dijeran que solamente padecía agotamiento... y lo mismo le sucedió a otras personas de la 3a. edad que fueron a revisarse".

Gregorio relata que, cuando acudió al hospital, muchas personas estaban en el suelo esperando a que las atendieran, porque las sillas no alcanzaban. "Las clínicas están rebasadas. El servicio estuvo muy mal, no es culpa de los doctores, porque son muy pocos para tanta gente, es por la gente de más arriba. Es una epidemia".

Consuelo Durán padeció la misma situación. La semana pasada acudió a la Unidad de Medicina Familiar 53, localizada en Zapopan. Tras una espera de más de siete horas, la mandaron a su casa porque "posiblemente tenía gripa". Por ese motivo, prefirió pagar para que un doctor particular la revisara. Aunque tiene seguro, tuvo que gastar en exámenes cada 2 días para revisar sus plaquetas.

Las unidades médicas de la Secretaría de Salud en Jalisco y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están saturadas por posibles casos de dengue. Según publicó este medio, 87 de cada 100 pacientes han solicitado atención ante esas 2 instancias.

También las unidades de la Cruz Verde reportaron un aumento en atenciones, comparado con el año anterior. En 6 clínicas de Guadalajara documentaron 123 consultas de casos probables de dengue.

De enero a septiembre, la cifra aumentó a 2,238 pacientes, de los cuales 749 acudieron a la unidad "Mario Rivas Souza".

Los Servicios de Salud del municipio de Zapopan informaron que en 2018 acudieron 145 ciudadanos a recibir atención por el padecimiento y, entre enero y septiembre de 2019, la cifra subió a 962.

Tonalá reportó que el año pasado no recibieron pacientes en sus 3 unidades médicas, pero entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019 sumaron 484 enfermos por posible dengue. Por su parte, Tlaquepaque detalló que en 2018 tuvieron 105 pacientes por probable dengue en las 4 unidades de Cruz Verde. Hasta principios de octubre recibieron a 468 personas.

En lo que va de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 638 quejas por desabasto de medicamentos u omitir de proporcionarlos.

Mónica de la Paz se contagió de influenza este año. Y el colmo: se infectó en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mientras esperaba la cita de su mamá, quien asistía por un tratamiento.

En la sala de espera, la gente tosía y estornudaba sin cubrirse. "Nadie les decía nada".

Al ver el escenario, ella misma se condicionó: "Ahí viene mi laringitis", ya que es propensa a esa enfermedad. Y 3 días después, los síntomas comenzaron.

Llegó con fiebre ante su médico familiar y éste le dio la sorpresa: tenía influenza.

"Fue horrible. Tenía muchísimo trabajo y tuve que hacerlo así desde casa, sintiéndome mal 3 semanas".

Reclamó que, incluso en las clínicas, no había personal que les dijera algo a los pacientes o que les acercara algo para cubrirse.

Esta semana, la comunidad indígena de tepehuanos y wixárikas de San Lorenzo de Azqueltán, localizada en el municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco, fue agredida por un grupo de caciques e invasores de tierras de este pueblo indígena.

Privaron de la libertad y golpearon hasta herir de gravedad a Ricardo de la Cruz, presidente electo del Consejo de Vigilancia del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales. Ricardo de la Cruz fue abandonado en la carretera y al avisar de su ubicación fue llevado al Centro de Salud, donde se negaron a atenderlo hasta que presentaran los papeles del Seguro Popular, a pesar de tener una herida en el pulmón hecha con un arma punzo cortante.

Proponer que el cuidado a la salud sea gratuito y universal se escucha muy lindo, el pero es que, como bien lo dijo en Diputados la priista tamaulipeca Mariana Rodríguez Mier y Terán, en Morena ni Mario Delgado, su coordinador, pudo explicar cómo es que van a financiar su Instituto de Salud para el Bienestar. Puesto que, sin dinero, será imposible la implementación y se quedará en buenas intenciones.

Así pues decidieron en la 4T, aprovechando su mayoría en el congreso, acabar con el Seguro Popular, programa exitoso, aunque como todo en la vida perfectible, pero que brindaba cobertura al pueblo bueno sin seguridad social, por un instituto que no es sustentable financieramente.

Además, tendrá implicaciones severas en las finanzas públicas de los estados (ojo Conago, Pancho Domínguez) y municipios (Conamm), pues les quitará parte de las participaciones que les corresponden para financiarlo, lo cual representa una política centralista -lo que ya se está haciendo costumbre en esta administración. Al no existir certeza en el pago de la nómina de médicos y enfermeras, generará grandes afectaciones en la calidad del servicio. Esto no es todo, también dieron luz verde para gastarse sin saber en qué los 40 mmdp del fondo de enfermedades catastróficas. Peor aún se pone el panorama, pues en lo que el Insabi entra en funciones y se firman los convenios requeridos con los estados, miles de familias mexicanas se quedarán sin cobertura de salud ni manera de enfrentar las enfermedades.

Padres y familiares de niños con cáncer cercaron los accesos al Senado de la República para exigir que no se apruebe la creación del Instituto de Salud para el Bienestar sin una consulta ciudadana, además de la garantía de que no perderán su póliza del actual Seguro Popular ni los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos para atender enfermedades costosas.

Desde las 9 de la mañana, los manifestantes llegaron al Senado, solicitaron que legisladores, en especial el titular de la comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, saliera a hablar con ellos. Ante la falta de respuesta, aseguraron los accesos con lazos para evitar que los senadores, personal y representantes de los medios de comunicación entraran al recinto.

"Queremos que se nos consulte, que se baje el dictamen para discutirlo y que nos garanticen la atención de salud y acceso de medicamentos para nuestros hijos, ya nos engañaron muchas veces, exigimos respuesta y no nos quitaremos hasta que nos firmen un escrito que diga que no se aprobará el dictamen", dijo Israel Rivas Bastidas, padre de Dana.

En el acceso 6, Mauricio Farah, secretario general de Servicio Administrativos del Senado, trató de conciliar con los padres de familia.

"Entendemos su postura, pero dejen trabajar a los senadores, desde aquí no pueden solucionar nada, pero tratemos de llegar a un acuerdo".

En respuesta el señor Luis solicitó la presencia de la directora de la mesa directiva, Mónica Fernández, y la firma de un oficio en donde se comprometan a no aprobar la creación del Insabi.

"Que venga la presidenta y de viva voz nos diga que m se aprobará el dictamen y no sólo hoy, que se baje del pleno y dialoguen con nosotros, no pedimos nada más que interlocución, que nos escuchen y no nos den atole con el dedo", resaltó.

Los senadores Germán Martínez y Eruviel Ávila fueron algunos de los legisladores que no pudieron ingresar al edificio ubicado en Paseo de la Reforma, al respecto, el ex titular del IMSS comentó; "créame que a mi me duelen sus hijos, pero cómo le ayudo desde acá afuera".

A su vez, el senador priísta aseguró que desde el Revolucionario Institucional no se apoyarán modificaciones a la ley que perjudiquen a los mexicanos.

"Ayúdenos a ayudar, en el PRI buscamos unidad y no permitiremos decisiones que afecten a los mexicanos", expresó.

Ante un intento por abrir la puerta seis del Senado, los familiares de los menores atendidos en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" advirtieron que de liberar los accesos, tomarían el pleno. "No nos van a quitar, si abren nos meteremos todos y tomaremos el pleno", afirmó Israel Rivas.

Complicado cuan doloroso tema del abandono en el que quedan las personas con ciertos tipos de discapacidad una vez que los padres faltan.

Dividimos el tema en 2 casos, 1o., aquel cuya posición económica de la familia permite que se disponga de recursos económicos para contratar "monitores" profesionales que se hagan cargo de atender las necesidades diarias de la persona, condición que aminora notoriamente el pesar del deudo y es factible superar los retos propios de su discapacidad. La holgura económica no quita la responsabilidad de vigilar constantemente el trato que recibe la persona con discapacidad.

Los casos en los que las condiciones económicas en las que se queda la persona con discapacidad son francamente de quiebra, provoca un fenómeno cuyo signo es la mayor y más triste de las injusticias; solo Dios sabe el porqué de estos dolorosos sucesos. Los casos en desgracia son poco conocidos porque viven en el anonimato y están convertidos ahora mismo en una de las mayores deudas del gobierno y en menor medida pero deuda al fin de la propia sociedad.

Las acusatorias preguntas se vienen en cascada, ¿Dónde están las residencias que permitan la asistencia profesional y afectiva de las personas con discapacidad que han perdido a sus padres, que han sido olvidados por sus hermanos, por sus parientes? ¿Dónde están los fondos de pensiones para satisfacer las necesidades más apremiantes, comida, vestido y medicamentos? ¿Dónde los espacios, los centros de atención para todo tipo de rehabilitación que ellos necesitan? ¿Dónde los fondos para pagar salarios a los especialistas en rehabilitación?

Se trata de un asunto de la mayor injusticia, de una increíble crueldad al analizar el desprecio gubernamental y social que se les dispensa a este colectivo, por cierto, colectivo formado por personas antes que nada, por ciudadanos con todos sus derechos. Pocas esperanzas existen ahora mismo de que el tema sea atendido, aceptemos que convivimos con sectores de la sociedad corrompidos y amnésicos que hacen que estas personas pertenezcan a la franja de los mártires cuya narrativa de vida es consignar la barbarie humana en pleno siglo XXI, un caso mas que confirma el derrumbe de los valores humanos básicos.

No queda duda que vivimos con la vecindad de rincones de soledad, abandono, pobreza, que hacen mas turbio y denso el anhelo de solidaridad y de inclusión, predomina el desinterés, el desdén, incluso el menosprecio. Los padres de familia con hijos con discapacidad y en condiciones de pobreza deben buscar almas caritativas que las hay a fin de que vean por sus hijos cuando estos falten.

El Senado de la República avaló en lo general la desaparición del Seguro Popular para dar paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Sobre el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, se avaló que se puedan tomar 40,000 millones de pesos, para ser transferibles al Insabi, sin tener controles de transparencia y de rendición de cuentas, acusó la oposición.

La población nacional vive, de manera mayoritaria, en una permanente condición de inseguridad social. En un reciente diálogo que tuvimos con Santiago Levy, Norma Samaniego y Enrique Provencio, coincidíamos en un tema central: la urgencia de poner al centro del debate nacional cómo construir un nuevo sistema de seguridad social que, además de garantizar el derecho a la salud de la población, pueda recobrar el sentido de ser un instrumento de redistribución del ingreso.

En las estimaciones de Levy, para que México pueda transitar a un modelo de seguridad social de cobertura universal, sin estar vinculado a la situación laboral de las personas, se requeriría una inversión adicional de aproximadamente 1.5 puntos porcentuales adicionales del PIB, cifra que requiere de una reforma fiscal y hacendaria, para lo cual también se necesita -y en eso he insistido reiteradamente-, un nuevo pacto político-social para redefinir prioridades de política pública.

En la mesa de diálogo coincidimos también en que, mientras la reforma fiscal y hacendaria puede llevarse a cabo, hay medidas administrativas que, sin costos adicionales sustantivos -y que pueden resolverse mediante reasignaciones presupuestales-, podrían darse pasos decisivos para la construcción de un solo sistema nacional de seguridad social, que garantice la misma calidad, estándares y coberturas médicas, pero también un solo sistema de pensiones, que permita construir un modelo de igualdad y que no incremente las distorsiones y duplicidades, como está ocurriendo ahora.

Habría que avanzar incluso más: un sistema de seguridad social universal e integral también debería convertirse en el rector del cuidado y protección de la niñez, a partir de un potente sistema de guarderías, que permitiría también cerrar brechas y niveles de desigualdad que no han podido superarse entre mujeres y hombres; facilitaría la incorporación de más mujeres a espacios de trabajo digno; pero sobre todo, permitiría cumplir, en una de sus aristas, con el mandato constitucional de garantizar en todo momento el principio del interés superior de la niñez.

Una de las reflexiones que hiciera Norma Samaniego, y que debe ser tomada en consideración en todo lo que implica, es que de manera histórica, los servicios de salud en México han sido entendidos como "prestaciones"; pero esto va en contrasentido de lo que implicó la reforma de la década de los 80, relativo a elevar a derecho constitucional el derecho a la salud; y si éste se lee, por ejemplo a la luz de la Convención de los Derechos de la Niñez, pero también de la CEDAW, adquiere entonces una dimensión mayor.

Una de las aristas no discutidas en este diálogo, es que la reforma al sistema nacional de seguridad social implica también una reforma al pacto fiscal. Porque si lo que se pretende es construir un sistema auténticamente redistributivo de la riqueza, va a requerir de una nueva lógica de relación fiscal de los estados y los municipios con la Federación, sobre todo en lo que hace al gasto federalizado en salud, asistencia social, y algunos rubros de infraestructura social.

Los efectos económicos, pero sobre todo, sociales (cohesión social, visión compartida de país e incluso identidad nacional), serían de inmediato palpables y de gran magnitud: podríamos avanzar hacia la reducción sustantiva de los gastos de bolsillo y los gastos catastróficos en salud; se incrementaría la productividad laboral, habría impactos relevantes en el rendimiento y trayectoria escolar de las niñas y niños y se podría avanzar hacia un país con mayores capacidades de enfrentar los severos retos de salud pública que hoy tenemos y que se cifran en las dramáticas estadísticas de mortalidad evitable y en exceso evitable.

Un sistema de esta naturaleza implicaría sin embargo, un giro radical en la perspectiva y lógica de las políticas públicas que son centrales en la administración del presidente López Obrador, pues implicaría revisar a profundidad el modelo de transferencias directas de ingresos, pues detrás de éste, además, se encuentra el supuesto de que el mercado distribuye de manera eficiente, bienes y servicios, y que éstos están presentes siempre, con calidad y oportunidad, en todo el territorio nacional.

En síntesis, lo que está en el centro de esta discusión es cómo hacemos para construir un Estado de Bienestar, que reduzca el déficit de estatalidad en que hoy nos encontramos, y mediante el cual pueda darse cumplimiento pleno y progresivo al mandato constitucional en materia de derechos humanos. Es un debate impostergable, y como nación, debemos ser capaces de construirlo.

11 organizaciones que trabajan con pacientes que viven con VIH en Jalisco, denunciaron que desde hace un mes y medio hay desabasto del medicamento antirretroviral "Truvada" en la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los activistas explicaron que el problema radica en que el esquema de medicamentos antirretrovirales cambió a principios de año en el país, sin embargo, el IMSS no ha tenido una estrategia de atención para las personas con VIH ni de entrega de estas nuevas medicinas.

Es decir, que hay un nuevo medicamento llamado "Biktarby", que no se ha entregado a los pacientes, además del "Truvada" que está en desabasto.

"Como organizaciones tenemos conocimiento desde hace 9 días de 126 personas que nos han reportado la falta de medicamentos, hay 66 quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos", comentó Adriana Rodríguez de la organización Mesón de la Misericordia.

Las personas afectadas son tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como del interior del estado.

Al vivir con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se deben de tomar al menos 3 pastillas para contener el virus, sin embargo, a falta de uno de estos medicamentos, no hay una reacción correcta de los antirretrovirales, lo cual compromete la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad, denunciaron los colectivos.

Además, los tratamientos por la vía privada rondan "hasta los 30,000 pesos mensuales dependiendo las necesidades, entonces es irreal pensar que es una opción la compra o búsqueda privada de los medicamentos", comentó Gerardo Vizcaíno del colectivo Checcos.

Ser derechohabiente del IMSS ha sido, para infinidad de mexicanos, una bendición; para otros tantos, en cambio, ha sido -y es- un adelanto del Purgatorio. Muchos le deben, en gran medida, la salud... y aun la vida. Otros, por el contrario, no sólo no han recuperado la salud sino, incluso, han perdido la vida -"contra su voluntad", como rezaba el epitafio que un humorista pidió para su lápida- por incapacidad del personal o insuficiencia de las instalaciones para atender a las demandas.

En mayo pasado, al renunciar a la dirección general del Instituto, Germán Martínez hizo un aterrador diagnóstico del mismo; señaló que "mientras se discute la remodelación -'cosmética', la llamó- del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral; otros, sin contrato; algunas vacantes aumentan; el rezago en infraestructura es brutal; los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse, sin horizontes de legalidad y eficiencia; las compras de equipamiento, paradas; las reclamaciones y litigios aumentan, y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario, y en algunos lugares pende de un hilo".

6 meses después, en noviembre, un informe interno del organismo, difundido por "El Universal" (XII-25-19), refiere que "si se recorre el territorio nacional, los problemas asociados al equipo médico son comunes (...), si bien varían en escala de severidad, pero con problemas como mala calidad en la prestación de servicios de salud, ocasionada por falta de disponibilidad de equipos médicos involucrados en el diagnóstico y tratamiento del paciente, a causa de no contar con insumos, funcionar inapropiadamente o estar fuera de circulación por descompostura o sobreuso".

Los mismos médicos del Instituto tienen ocasionalmente la sinceridad de justificar sus insuficiencias, al confesar a sus pacientes que, además de la obvia saturación de sus servicios -la demanda rebasa abrumadoramente los recursos disponibles para atenderla-, hay equipo médico e instrumental quirúrgico estropeado u obsoleto, lo que obliga a postergar tratamientos e incluso cirugías, indefinidamente.

Es probable que sean meros infundios muchas de las historias negras que circulan con respecto a robos descarados de insumos y aun equipos, por parte de médicos y empleados. Empero, mientras sus más de 75 millones de derechohabientes no perciban que el IMSS funciona como debiera, cabe pensar que cuanto se diga, proclame y cacaree sobre la supuesta guerra a muerte contra la corrupción en México, no pasa de ser palabrería hueca.

Demagogia químicamente pura.

"¿Y ahora?", le preguntó preocupada Marta a su hija, tras visitar el Hospital General de Zapopan, también conocido como "Hospitalito", donde ya no las atendieron de forma gratuita para su seguimiento ginecológico.

Así como ellas, a cientos de derechohabientes del Seguro Popular (SP) en Jalisco les cerraron la puerta días antes de lo planeado, pues de acuerdo con el gobierno federal, sería a partir del 1 de enero cuando se terminaría esta protección en salud para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Sin embargo, desde ayer, los módulos estaban cerrados y los hospitales que tenían convenio con el SP ya no atendían pacientes de forma gratuita.

"Los médicos siguen, las enfermeras también, pero ya todos nuestros servicios van a tener costo", explicó una de las empleadas a quienes ayer se sorprendían de no recibir la atención médica habitual.

En el módulo del SP en el "Hospitalito" ya no había computadoras ni pertenencias de los empleados; sólo un letrero explicando que ya no operarán.

El SP se creó en 2003 para brindar protección financiera y de salud a quienes no eran derechohabientes de algún otro instituto; la cobertura -adquirida con una cuota de afiliación según las posibilidades de los usuarios- comprendía la mayoría de las intervenciones. También medicamentos.

Además, contaba con un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para pacientes con enfermedades de alto costo, como cáncer, VIH, cuidados intensivos neonatales, entre otros.

Hasta octubre pasado, en Jalisco estaban afiliadas 2'932,041 personas.

Grupo REFORMA publicó que, con el decreto que elimina al SP y da paso al Insabi, a partir de 2020, la prestación de los servicios de salud, medicamentos y otros insumos para las personas sin seguridad social serán organizadas por la Secretaría de Salud federal.

Los gobiernos estatales deben coordinarse con la federación para suministrarlos.

En entrevista, el gobernador Enrique Alfaro descartó la suspensión de los servicios de salud a la población tras la desaparición del SP, pero aún no tenía claro cómo operará el nuevo modelo ni los recursos.

Ayer por la tarde, tras las quejas por la falta de atención en el SP, el gobierno federal informó en un comunicado que, a partir del 1 de enero, cualquier paciente que viva en México, que no esté afiliado al IMSS o al ISSSTE y cuente con CURP, podrá recibir atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones.

Para registrarse en el Insabi es necesario acreditar los 3 requisitos en cualquier hospital público federal.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que entró en operación ayer es la prueba de fuego del gobierno de López Obrador. Hay muchos temas y muchos problemas en el país, entre ellos sin duda la seguridad y el crecimiento económico, pero ninguno compromete más al gobierno que el de salud y particularmente la creación de este nuevo sistema.

En salud no hay margen para el error. 1o. porque lo que se juega es la vida de las personas; 2o. porque secretarios de Salud de 4 administraciones distintas, partidos y grupos distintos, advirtieron que era un error desaparecer el Seguro Popular y dar seguridad social universal solo en el papel. El arranque fue caótico, falta información tanto a los usuarios como a quien supone deberá prestar el servicio. Pero no es solo un problema de información, sino que no existe la infraestructura para otorgar el servicio, lo que en la práctica se convierte en un engaño, pues el Estado otorga un derecho que es incapaz de hacer efectivo.

Estirar la liga hasta el punto máximo y luego acomodar la realidad ha sido el modus operandi del gobierno de López Obrador. Hacerlo con la salud de los mexicanos parece no solo arriesgado en términos políticos sino, paradójicamente, en el bienestar de quienes el Instituto de Salud para el Bienestar pretende atender.

Se supone que desde que se anunció la buena intención de hacer efectivo el acceso de todos los mexicanos a los servicios médicos -consultas, medicamentos, terapias, hospitalización, cirugías...- hasta ayer, 1er. día del año, hubo tiempo suficiente para que la Secretaría de Salud lo dispusiera todo para tal efecto. Es previsible que se realicen campañas de información orientadas a que el sector más desvalido de la población, el que no forma parte del universo de derechohabientes del IMSS o del ISSSTE ni estuvo inscrito en el ahora extinto -por innecesario, supuestamente- Seguro Popular, se entere de que cualquier documento de identidad (credencial de elector, CURP, acta de nacimiento...) será suficiente para solicitar atención médica cuando la requiera.

(Lo de menos es que la entidad encargada de hacer efectivo tal portento -y que pondrá a México, ipso facto, al nivel de los países del Primer Mundo en ese rubro- arrastre una grosera redundancia: la de llamarse "Instituto de la Salud para el Bienestar", como si la salud para el malestar no fuera un disparate...)

Lo que está por verse es que, en efecto, haya, donde hasta un par de días no los había, los médicos, consultorios, laboratorios y farmacias o dispensarios en que se reciba, atienda, ausculte y diagnostique, se prescriba el tratamiento y se suministre a los pacientes la medicación adecuada. Lo que está por verse es que en las instalaciones a las que acudan los millones de mexicanos en situación de pobreza, ocasional o habitualmente enfermos, en demanda de atención, no haya la saturación, la falta de calidad y calidez hacia los pacientes ni el desabasto de medicinas que son, vía de regla, características de las clínicas y hospitales del Sector Salud... en los cuales, por lo demás, los servicios supuestamente están pagados de antemano mediante las cuotas obligatorias de trabajadores y patrones, más las aportaciones gubernamentales al asignar parte de los impuestos de todos los mexicanos para esos efectos.

La canija experiencia invita a desconfiar. El prodigio se antoja demasiado bello para ser cierto...

El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco ignora detalles sobre la aplicación gratuita de servicios de salud y medicamentos a personas sin seguridad social, como parte de las medidas del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a operar este año en sustitución del Seguro Popular.

Este medio consultó a trabajadores de 5 clínicas del IMSS sobre la atención que han brindado a los miembros de ese sector. Admitieron que no han sido notificados y que desconocen los alcances del plan.

Una empleada de la clínica 52 dijo que pueden recibir a una persona sin seguridad social en el área de urgencias, pero que se le cobraría por la consulta hasta 700 pesos, lo cual es contrario al objetivo del Insabi.

La mayoría mencionó no saber sobre el arranque de la dependencia federal y sus implicaciones para la institución.

Según el decreto que se publicó en noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la administración y dirección del Instituto dependerá de su titular y de una Junta de Gobierno que integrará al director del IMSS.

Se estima que en Jalisco hay cerca de 3 millones de personas sin acceso a la seguridad social. En todo el país son 69 millones.

El Insabi reemplazó desde ayer al Seguro Popular y uno de sus fines es que las personas sin seguridad social ya no tengan que afiliarse ni pagar cuotas para recibir atención médica y medicamentos. Sólo necesitan llevar su credencial de elector, CURP, o acta de nacimiento a los centros de salud, hospitales o clínicas del IMSS o ISSSTE.

El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, dijo que con este programa habrá atención para todos los padecimientos, incluso para aquellos que generan grandes gastos, como el VIH o el cáncer. Ferrer Aguilar afirmó que gradualmente la nueva dependencia "recuperará" clínicas y hospitales que están en el abandono. Sin embargo, el comunicado oficial no ofrece más detalles sobre las instituciones en las que los ciudadanos podrían solicitar el servicio gratuito.

Prometió también que se dará base a trabajadores, aumentarán el personal sanitario y aprovecharán la experiencia de quienes laboraban bajo el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

El alcalde zapopano, Pablo Lemus Navarro, había adelantado en los últimos días de diciembre que no sería posible continuar prestando el servicio tras la desaparición del Seguro Popular.

Este medio consultó algunas de las unidades de la Cruz Verde de Zapopan y corroboró que, en efecto, el servicio dejó de ofrecerse desde ayer.

A pesar de ello, el gobierno zapopano afirmó que los precios de los servicios serían accesibles.

De la misma manera, en una visita a la unidad "Dr. Jesús Delgadillo Araujo", de la Cruz Verde Guadalajara, se encontró que el módulo de atención del Seguro Popular estaba cerrado.

La extinción del Seguro Popular y el arranque del Insabi generó incertidumbre entre las personas que ayer acudieron al Hospital General de Zapopan, también conocido como "Hospitalito".

Una de ellas fue Luis Alberto Castillo, quien esperaba a que dieran de alta a su hija y se enteró del cambio.

"Nos dijeron que no había Seguro Popular y que iban a comenzar a cobrar. Las (mujeres) que se aliviaron ayer, hasta antes de las 12 de la noche, no les van a cobrar. Mi hija se alivió a las 9 de la noche y se supone que no nos van a cobrar. No sabíamos nada del cambio, apenas cuando llegamos nos enteramos", comentó.

Fernanda acudió al área de urgencias del "Hospitalito" a llevar a un familiar en estado grave. Ella dijo que tendrá que pagar una cuota de recuperación.

"Aún no sabemos cuánto nos van a cobrar. Nos dijeron que con la trabajadora social se puede hacer algo para que no sea tanto".

¿Quién no conoce, por experiencia propia o por referencias, una o varias historias negras relacionadas con los hospitales públicos en México...? ¿Historias de errores inconcebibles...? ¿De negligencias ominosas...? ¿De muertes que quizá pudieron evitarse...?

¿Cómo dar crédito a la versión de que de la noche a la mañana se prestaría atención médica en las clínicas del Seguro Social, de la Cruz Verde o de los Hospitales Civiles, a todos los solicitantes, fueran o no derechohabientes en el 1er. caso, tuvieran o no recursos económicos para cubrir las "cuotas de recuperación" en los otros...? ¿Cómo esperar que de un día para otro hubiera la oferta suficiente de servicios médicos -desde simples consultas hasta cirugías- para satisfacer una demanda que ordinariamente ya es excesiva, y que, por lo mismo, dificulta o impide la calidad y calidez deseables en beneficio de los pacientes...?

Las primeras experiencias del año, en las mencionadas clínicas del Sector Salud, confirmaron los temores de que no podría ser verdad tanta belleza. En contrapartida, disiparon las ilusiones de que, como por arte de magia, todo lo que hasta el día último del año pasado era problemático, cuando no decididamente calamitoso, a partir del 1er. día del 2020 resultara propicio y bonancible. Tanto los enfermos o las parturientas que requirieron atención médica, como los reporteros que quisieron constatar si se había cumplido el ofrecimiento de atender a cuanto solicitante lo requiriera, sin más trámite que presentar su credencial de elector, el CURP o el acta de nacimiento, comprobaron que poco o nada se había hecho para que ese compromiso del gobierno federal se hiciera realidad.

No se llegó al punto de la saturación de los servicios, quizá porque hasta la necesidad de atención médica se da una tregua con motivo de las fiestas decembrinas. En todo caso, en las áreas de ingreso de las clínicas se desconocía quién, dónde y cómo atendería a los solicitantes; cómo se daría, en la práctica, la anunciada transición del Seguro Popular, para el que había acreditaciones, al flamante "Instituto de Salud para el Bienestar" para el que los requisitos supuestamente se redujeron al mínimo... pero cuyos protocolos de admisión y atención quizá se implementaron con la misma torpeza y premura con que se le bautizó.

En lo que la varita mágica del gran prestidigitador ("de cuyo nombre...") opera el portento, aplica la frase con que comenzaba la serie radiofónica de "El Monje Loco":

-¡Nadie sabe; nadie supo...!

Los datos no mienten: 69 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. A ninguno de los sistemas, ni al IMSS ni al ISSSTE. 1 de cada 5 mexicanos, de acuerdo a Coneval, tiene carencias de acceso a atención sanitaria. Dicho indicador alcanza el 45% en algunas entidades federativas del sur de nuestro país. El Seguro Popular, implementado desde el sexenio de Vicente Fox, redujo a la mitad el número de mexicanos que no pueden acceder a servicios de salud. No obstante, lo hizo de forma precaria, sin ampliar la base de seguridad social y con notables escándalos de corrupción. El Seguro Popular quedó enterrado el martes pasado y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inaugura la era del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

La apuesta del Gobierno de México parece sensata. Corrijo, la aspiración de universalizar el acceso a la salud pública en México es una obligación de cualquier proyecto político que se asuma como progresista.

Los últimos 3 gobiernos han apostado por 3 escenarios: 1) excluir a millones de mexicanos que no pueden tener la atención sanitaria mínima, particularmente en estados pobres; 2) proponer soluciones precarias, burocratizadas e insuficientes como el Seguro Popular; 3) empujar a que los mexicanos busquemos seguros privados, costosísimos, para evitar caer en bancarrota por una enfermedad. Un modelo así lo que provoca es la renuncia del estado mexicano a su obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos de salud.

El INSABI tiene algunas diferencias con el Seguro Popular. Diferencias que aún son aspiraciones más que concreciones. Por ejemplo, elimina cualquier afiliación para recibir atención médica. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano, que no cuente con IMSS o ISSSTE, puede atenderse en los hospitales públicos que estén afiliados al INSABI. El único requisito es mostrar una identificación oficial y la Clave Única de Registro de Población (CURP). También, está la promesa del Gobierno de México de la gratuidad -es decir, que se pague enteramente con recursos públicos- en la atención médica y en el acceso a los medicamentos. El presupuesto del sector salud para 2020 es de 271,000 millones de pesos.

Asimismo, otra promesa que hizo López Obrador es la inclusión de un catálogo más amplio de enfermedades -menos restrictivo que el seguro popular. No sabemos si eso será verdad o no hasta la publicación de las reglas de operación, pero la promesa está sobre la mesa. Y la forma de operar será mixta, entre estados y federación, pero con la posibilidad de que los primeros cedan su competencia y los recursos sean ejecutados exclusivamente desde el gobierno federal. Son cambios que pueden facilitar la universalización del acceso a la salud pública, pero el anhelo no puede opacar las dificultades y barreras que debe superar la política de salud.

De entrada, la implementación en sus primeros días, como suele ser una constante de la 4a. Transformación, ha sido accidentada. Hubo nula comunicación, y menos claridad, entre las instancias federales y locales. Muchos ciudadanos se encontraron con la desaparición del Seguro Popular y la falta de convenios entre los hospitales locales y el INSABI. ¿Qué provocó esto? Pues que muchos ciudadanos tuvieran que pagar por la atención médica en centros de salud estatales o municipales. Otra vez las prisas y el voluntarismo sustituyen a la planeación eficaz. Con la salud no debe jugar ningún gobierno. Seguramente veremos un 2020 en donde la implementación será el dolor de cabeza del gobierno de López Obrador.

En el mismo sentido, existen incógnitas que son importantes para saber si la universalización de la atención sanitaria puede ser sostenible en el tiempo. Actualmente, México gasta cerca del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en salud pública. Uno de los más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y, de acuerdo a estimaciones de este organismo, México debería gastar alrededor del 6% del PIB sólo para acoger en el sistema público a los más de 20 millones de mexicanos que tienen carencias de atención sanitaria. Es decir, México debería destinar, en términos conservadores, unos 500,000 millones de pesos más para universalizar este derecho. ¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Abrimos la puerta a una reforma fiscal?

Más allá del diagnóstico (en costo) y la implementación, es fundamental debatir la integración del sistema de seguridad social en México. Una de las deficiencias del Seguro Popular era la institucionalización de la desigualdad en México. Mexicanos de 1a., de 2a. y de 3a. Una cosa era ser cotizante del ISSSTE, otra del IMSS y, en la cola, tener que acudir al Seguro Popular.

López Obrador no debería alimentar expectativas irreales. La seguridad social en México no será la de Suecia en 2024. Tampoco la de Dinamarca, Canadá, ni siquiera la de Uruguay o Argentina. No obstante, aunque sea inalcanzable en poco tiempo, ése sí debe ser el objetivo de modelo de seguridad social. La meta. La universalización de la atención médica, sanitaria y de la seguridad social es fundamental para pasar de un país de derechos simulados a un país de derechos auténticos. De un país en donde los derechos se compran (salud, educación, transporte o vivienda) a un país en donde el Estado garantiza. Es un camino largo y seguramente la implementación será la clave para saber si el cambio es de fondo u otro parche más como en el pasado.

Esperamos que la falta de planeación del gobierno federal no nos lleve entre los pies. Como parte del decreto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, los Hospitales Civiles dejaron de cobrar sus cuotas de recuperación para brindar la atención médica gratuita, un objetivo de la nueva dependencia federal.

Estamos más que de acuerdo con la universalidad de los servicios de salud sin costo para todos los mexicanos, sin importar si son derechohabientes o no. Sin embargo, implementarlo sin reglas de operación ni presupuesto planeado es descabellado.

Los Civiles dejarán de recibir alrededor de 100 millones de pesos anuales por concepto de cuotas de recuperación, según estimó su director Jaime Andrade Villanueva. La única garantía que tienen de recuperar ese dinero es la promesa del gobierno federal.

El riesgo es que la medida del Insabi, en vez de ampliar los servicios de salud, acabe con los que ya tenemos y que sí funcionan, pues sabemos que los Civiles operan al límite de su capacidad como para renunciar a 100 millones de pesos.

Si en algo nos fue mal el año pasado en Jalisco, además de la imparable escalada de violencia e inseguridad, fue en materia de salud. El 2019 pasará a la historia como el de la mayor epidemia de dengue en la entidad, con más de 12,000 casos y decenas de defunciones, que saturaron los espacios de atención de nuestros sistemas de salud municipal (cruces verdes), estatal (hospitales civiles y clínicas estatales), y federal (IMSS e ISSSTE).

La coordinación entre los operadores de estos sistemas de salud para prevenir y atender la pandemia no estuvo a la altura de la exigencia, con las consecuencias de los padecimientos de miles a causa del dengue, sin contar el costo institucional y familiar que implicaron los tratamientos médicos.

Por eso es altamente preocupante todo lo que se vio en el arranque el pasado 1o. de enero del llamado Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) creado en sustitución del Seguro Popular.

Las improvisaciones, la desinformación y el caos con el que inició operaciones el Insabi dejaron claro que el equipo de Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular de este nuevo sistema de salud, no hizo la tarea de socialización con los usuarios del Seguro Popular, ni de coordinación con las instituciones de salud de los distintos niveles de gobierno obligados a atender a quienes antes estaban inscritos en el Seguro Popular, que era la institución que pagaba esos servicios médicos a las distintas dependencias. Porque hay que recordar que el Seguro Popular nunca tuvo infraestructura hospitalaria, era justamente eso, una bolsa de recursos para cubrir los gastos de los pacientes de hospitales públicos, e incluso privados, que no eran derechohabientes de ninguna institución pública de salud.

Si bien el decreto que creó esta nueva institución se publicó en el Diario Oficial de la Federación apenas en noviembre pasado, había tiempo al menos para circular información a directivos y personal de las distintas instituciones de salud que tenían relación con el Seguro Popular, que siguen sin tener idea de cómo deben actuar y cuál será la relación institucional con el nuevo Insabi.

Aunque sin duda el Seguro Popular estuvo lejos de lograr el acceso universal a los servicios de salud que se fijó como objetivo, y no estuvo exento de graves casos de corrupción, a juicio de todos los ex secretarios de salud que manejaron este programa, su desaparición fue un error, y más bien tuvieron que hacerse los ajustes para desterrar sus vicios y mejorar su operación.

Por lo visto esta 1a. semana del 2020, en el Insabi deberán trabajar cuesta arriba para hacer efectiva una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, de asegurar la atención médica a 69 millones de mexicanos que no tienen seguridad social, cuando es a todas luces insuficiente la infraestructura y el personal médico actual hasta para atender a sus propios derechohabientes.

Un niño de 3 años murió hace unos días en Veracruz por falta de medicamentos para el control de la hemofilia. Desde noviembre, el Seguro Popular y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendieron la entrega domiciliaria de tratamientos para prevenir hemorragias, debido a que concluyeron los contratos de 2019, afirmó Minerva Cruz Ramírez, presidenta de la Federación Mexicana de Hemofilia.

Aunque desde finales de noviembre la Secretaría de Salud (Ssa) y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda informaron sobre las compras de los tratamientos: factores 8 y 9 de última generación -que se proporcionarán a todas las personas afectadas por este mal-, así como el innovador Emicizumab para un grupo específico de pacientes, a la fecha no se han firmado los contratos de adquisición con los laboratorios seleccionados como proveedores.

Por eso, a la suspensión de la entrega de medicamentos en los domicilios de los pacientes, se sumó desde los últimos días de diciembre el desabasto en hospitales.

Cruz Ramírez explicó que a causa de la ausencia de factores de coagulación (8 y 9 son los más frecuentes), las personas con la enfermedad presentan sangrados internos. Se previenen con los medicamentos, los cuales se administran en dosis acordes al peso y talla de los pacientes. Lo recomendable es que los tengan disponibles en sus casas y cuando no es así, se presentan casos como el niño veracruzano que, por falta de la profilaxis, presentó una hemorragia intracraneal. Cuando llegó al hospital ya era demasiado tarde.

La presidenta de la federación señaló que fue una muy buena noticia que el gobierno federal hubiera realizado una compra consolidada de las terapias y la garantía de la cobertura universal para todas las personas que viven con hemofilia.

El problema es que la transición no ha sido buena. En un principio, los pacientes aceptaron, sin protestar, que se les dejara de entregar las terapias en sus domicilios, mientras se concretaban los nuevos contratos con los laboratorios y las distribuidoras, pero "ya estamos en una situación crítica" que amenaza la salud y la vida de los enfermos del IMSS y de los niños que eran afiliados del Seguro Popular.

Quizá la población en general no alcance a verlo aún y, sobre todo, el impacto a los enfermos no ha adquirido dimensiones mayores, pero la creación Instituto de Salud para el Bienestar es una completa improvisación.

Lo decimos porque los Hospitales Civiles de Guadalajara tuvieron que retomar el cobro de cuotas de recuperación en padecimientos de alta especialidad que eliminaron hace unos días; esto, tras una rectificación del Insabi, vía comunicado, acerca de que siempre sí habrá cobros en atenciones de 3er. nivel.

Sin embargo, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador corrigió a su propio instituto y pidió que se elimine cualquier cuota porque la atención médica debe ser universal y gratuita.

Mientras, en los hospitales y clínicas estatales, y en los servicios médicos municipales, hay incertidumbre y confusión sobre el dinero que recibirán, cómo deben operar y qué deben o no cobrar.

¿Y saben cuál es el problema de fondo? Que el Insabi decretó la atención médica gratuita desde el 1o. de enero, pero sólo en papel y sin reglas de operación ni dinero garantizado. Es decir, una absoluta improvisación. Ojalá que esto no se salga de control.

Los insumos que el Hospital Civil tiene como "colchón" para atender de manera gratuita a los pacientes de sus 2 unidades, incluso a aquellos que estaban afiliados al extinto Seguro Popular, son suficientes sólo para mes y medio.

Esa estimación fue hecha por el director del Organismo Público Descentralizado (OPD), Jaime Andrade Villanueva, quien explicó que debido a que no se conocen las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no se han definido los techos presupuestales para las instituciones de atención especializada, como el Civil.

"Tenemos todavía medicamentos, algunos suministros, insumos, pero esto no puede ser de manera permanente. Ahorita estamos trabajando normal. Espero que a la brevedad lleguen los insumos y exista la claridad de cómo va a ser el reembolso para los hospitales como el nuestro, que ofrecen servicios de especialidad y alta especialidad", dijo.

Según el decreto de la entrada en vigor del Insabi, las reglas de operación deberán ser emitidas por el ejecutivo federal en un plazo máximo de 180 días después de que comenzó a operar.

Andrade agregó que hace falta saber lo que sucederá con los recursos para Gastos Catastróficos (para enfermedades graves, como el cáncer) y para el Seguro Médico Siglo XXI.

Subrayó que también es necesario que se dé a conocer el catálogo de patologías que cubrirá la dependencia.

El miércoles pasado, el Hospital Civil indicó que cobrará por la atención que brinda a través de más de 60 especialidades, entre ellas cardiología, neurocirugía y trasplantes.

"En un 1er. momento se había comentado que todas las atenciones serían gratuitas. (Pero) el martes se emitió un comunicado desde Secretaría de Salud federal (en el que se informó) que los servicios de altas especialidades sí tendrían una cuota de recuperación, evidentemente a través de los tabuladores que existen", acentuó Andrade.

Aunque Emiliano, de 11 años, era beneficiario del extinto Seguro Popular, desde hace 2 meses no le han surtido su medicamento "Factor VIII" en el Hospital General de Occidente.

Esta medicina es necesaria para que su sangre logre coagular, pues padece de hemofilia.

Con la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual sustituyó al Seguro Popular, se garantizaron medicinas gratuitas para los que eran afiliados y los que no contaban con seguridad social. Sin embargo, para Paulina y su hijo no fue así.

"Mi hijo tiene que utilizar 8 frascos a la semana y uno aproximadamente cuesta entre 2,500 y 3,000 pesos", dijo Paulina.

Contó que el menor ha tenido complicaciones por no tomar el medicamento desde hace 2 meses. Las dificultades han ido desde tener sangrados en los tobillos por el simple hecho de caminar, hasta cambiar su estilo de vida.

"Se ha limitado de hacer sus actividades, no lo dejamos jugar futbol por miedo a que se pueda complicar", agregó.

Según el Registro Mexicano de Coagulopatías (RMC), hay 694 personas en Jalisco con deficiencias de la coagulación: 96% corresponde a hemofilias.

El coordinador del RMC, Carlos Gaitán, denunció que así como a Emiliano no le dieron sus medicinas en el Hospital General de Occidente, también tiene conocimiento del caso de Gabriel, de 16 años, quien padece de hemofilia severa. "No le están poniendo medicamento porque el hospital no los tiene", denunció.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prevé que a lo largo del sexenio, que termina en 2024, se logre la gratuidad de los servicios en esa materia.

"A lo largo de este sexenio que concluye en 2024 se va a lograr que no se tenga la necesidad de cobrar cuotas de recuperación. La fecha específica la anunciaremos conforme articulemos el plan normativo y de reestructuración financiera del Sistema Nacional de Salud", dijo el funcionario.

Enfatizó que la aspiración del actual gobierno es reformular el esquema de financiamiento del Sistema Nacional de Salud para la población no asegurada, a fin de que los institutos de alta especialidad tengan solvencia financiera y no cobren cuotas de recuperación.

"No ocurrirá en 2020, pero es parte del Plan de Transformación del Financiamiento de la Salud. Sería impensable que de un día para otro podamos solventar las grandes carencias de cobertura y de capacidad que heredamos del Sistema Nacional de Salud", comentó.

Aseguró que los hospitales de alta especialidad cubrirán las 66 enfermedades que contemplaba el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y aquellos que tenían una póliza del Seguro Popular mantendrán la vigencia en los servicios.

Una vez más el presidente López Obrador tomó una decisión por razones políticas sin preocuparse por las consecuencias. Con el argumento de que el Seguro Popular no era ni seguro ni popular, se apresuró a reemplazarlo por un Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que entró en funciones el 1o. de enero en medio de una enorme confusión sobre su financiamiento y reglas.

El Seguro Popular, creado en 2003, no era perfecto, por supuesto. Operó siempre con recursos insuficientes. Sin embargo, fue uno de los programas sociales mejor evaluados y dio servicios de salud a más de 50 millones de mexicanos que no tenían otra opción. Julio Frenk, exsecretario de Salud y actual presidente de la Universidad de Miami, señaló en 2018 que "120 estudios sugieren que el Seguro Popular ha disminuido drásticamente el número de mexicanos que enfrentan gastos catastróficos y [reducido] la mortalidad infantil".

López Obrador, sin embargo, siempre ha despreciado las voces de los especialistas: "El llamado Seguro Popular -dijo en diciembre de 2018- es evidente que no ha funcionado, que no es seguro ni es popular, y va a ser sustituido por un sistema de salud que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos, pero esta sustitución se va a ir dando poco a poco". También ha afirmado: "México va a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca y en Canadá".

Hoy ya no tenemos Seguro Popular, pero el Insabi está empezando a operar en medio de la incertidumbre. Los políticos aplaudidores no ven ningún problema. "La modalidad de desaparición del Seguro Popular es muy benéfico para la gente", declaró ayer, con extraña sintaxis, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, "porque el recurso que antes estaba limitado para ciertas cosas ahora va a estar abierto para la contratación de médicos de mejor manera, para el abastecimiento de los medicamentos de mejor manera". No todos los pacientes, sin embargo, están de acuerdo.

El Insabi promete dar servicios médicos gratuitos a toda la población que simplemente se identifique como mexicana, sin cobrar los reducidos o nulos pagos de los asegurados del Seguro Popular. Todos los mexicanos podrán recibir tratamientos de 1o. y 2o. nivel en los centros de salud en que operaba el Seguro Popular. El nuevo sistema, sin embargo, descarta cubrir los servicios de 3er. nivel o alta especialidad. Por eso ha habido tantas quejas de padres de niños con cáncer y de pacientes con sida.

El sistema de salud no está recibiendo más dinero por lo que los problemas del Seguro Popular, lejos de resolverse, seguirán empeorando con el Insabi. El dinero no lo es todo, pero se necesitan recursos para proporcionar servicios. México tiene un gasto público y privado en salud de 1,138 dólares anuales por persona, Canadá 4,974 y Dinamarca 5,299 (OCDE). En México, sin embargo, los recursos públicos no solo no están subiendo, sino que están bajando. El presupuesto de la Secretaría de Salud en 2019 fue de 128,700 millones de pesos, pero en 2020 bajó a 128,600 millones. En 2013 el gobierno dedicaba al sector salud 2.8% del PIB, pero en 2019 solo 2.4%. No es esta la forma de construir un sistema de salud como el de Dinamarca o el de Canadá.

El deterioro del sistema de salud en México es una constante en los últimos sexenios. Las capacidades institucionales en ese rubro han sido llevadas a un punto crítico por el aumento de la población que demanda salubridad al Estado y por la rapacidad de una clase política que ha medrado con tan sensible necesidad.

El sexenio de Peña Nieto, para no ir más lejos, fue el de las inauguraciones de hospitales fantasma: la prensa se cansó de reportar que era falaz el inicio de operaciones de más de 300 inmuebles sin equipamiento médico o personal. Centenas de, literalmente, elefantes blancos. Centenas de fraudes. Y en esos fraudes están involucradas las autoridades de los estados. Fueron tan frívolos que llegaron a usar helicópteros ambulancia para esquiar en agua. Las carencias de un lado, los abusos del otro.

Pero había otro tipo de fraudes, esos que se hicieron medrando con los recursos del Seguro Popular, una buena idea pervertida por los gobernadores y no pocos empresarios que se han enriquecido a costa de la salud de los más pobres.

El sistema de salud en México está enfermo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto modificarlo de cuajo, y para ello, entre otras cosas, ha decretado la desaparición del Seguro Popular.

La semana que concluyó algunos descubrieron que, contra lo que dice el mandatario, la salud en los hospitales públicos se cobra a los pacientes. Vaya novedad. En México la gente sobrevive en un país lleno de zonas de exclusión, en el que las posibilidades de librar el día a día son determinadas completamente por la capacidad económica de cada familia. Lo mismo en acceso a justicia, seguridad, trabajo o servicios como la salud.

López Obrador debe ser el presidente en la historia de México que más clínicas rurales conoce. Durante giras ex profeso atestiguó de primera mano el desastre en que los prianistas dejaron a la salud. Él se ha comprometido a un cambio radical. Pero no lo va a poder hacer solo.

Una de las cosas que los críticos acérrimos del presidente no comprenden es que a él le toca hablar bien de su gobierno. Es un hombre de poder y está convencido de que moverá al elefante burocrático, por eso defiende cada día hasta con tozudez sus políticas.

Claro que cobran por casi todo en los servicios médicos públicos. Si la gente no pusiera de su bolsa el colapso sería total.

Atender las necesidades en materia de salud de los mexicanos sí implicará una transformación que tendría que comenzar con un cambio de la actitud de los 2 bandos enfrascados en la polarización.

El gobierno, está probado, no puede solo. Reconstruir el sistema de salud debería ser una prioridad para todos, y un campo donde no hubiera división, pues cuesta vidas. Ojalá el gobierno se deje ayudar, ojalá la oposición no quiera también de esto medrar.

"La atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos; se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud". Andrés Manuel López Obrador

No hay nada gratis en la vida, solo distintas formas de pagarlo. Esta verdad se aplica a los servicios públicos, que implican costos importantes. El cobro puede ser eficiente o no, generar incentivos adecuados o perversos, ser sostenible o no, saldarlo el usuario o el contribuyente, pero es inevitable.

El presidente ha prometido que la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos en México. El 1er. paso es la creación del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar. El "mal llamado" Seguro Popular cobraba una cuota mínima a los afiliados que podían pagarla.

"Todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados" dice un anuncio del Insabi. "Ya no se requiere afiliación. La atención incluye medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en su caso, todo de manera gratuita".

El anuncio señala, sin embargo, una gran excepción. Los servicios "gratuitos" solo los tendrán quienes están "sin seguridad social". Los afiliados al IMSS o al ISSSTE, y las empresas o instituciones que los emplean, tendrán que seguir pagando cuotas. Sin estas, o sin recursos frescos, las 2 instituciones quebrarían en muy poco tiempo.

El Seguro Popular buscó aplicar el mismo esquema a quienes no tienen IMSS o ISSSTE. Padeció siempre de una gran escasez de recursos, porque muchos afiliados estaban exentos del pago, pero cumplió con el propósito de proporcionar servicios de salud a quienes no tenían seguridad social.

Algunos especialistas serios ofrecieron críticas al sistema. Santiago Levy argumentó, en su ya clásico Good Intentions, Bad Outcomes de 2008, que al ofrecer servicios médicos a personas sin seguridad social se debilitaba la creación de empleos formales. Levy sugería usar recursos tributarios, de la aplicación de IVA a alimentos y medicinas, para financiar la seguridad social de todos, con o sin empleo formal.

El pecado original del Insabi es no entender que los servicios y medicamentos deben financiarse de alguna manera. La institución ha eliminado los cobros por aseguramiento y ampliado el número de beneficiarios, sin identificar fuentes adicionales de ingresos. Por eso está recortando servicios.

Dinamarca, que el presidente usa de ejemplo, financia 84% de sus gastos médicos con impuestos y el resto con seguros privados. El sistema es bueno, pero lejos de ser gratuito es muy caro: 10.4% del Producto Interno Bruto. Si México tiene un PIB de 24 billones de pesos corrientes (INEGI), un sistema como el de Dinamarca costaría alrededor de 2.5 billones de pesos anuales. ¿Qué tan cerca estamos? La Secretaría de Salud tendrá en 2020 un presupuesto programable de 128,600 millones de pesos, 20 veces menor.

A todos nos gustaría tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero no lo lograremos si persistimos en la mentira de que será gratuito. Evitar que los gastos médicos catastróficos recaigan sobre la familia en el momento de la enfermedad es un buen objetivo de política pública, que ya tenía el Seguro Popular, pero para conseguirlo tendremos que cubrir el gasto con impuestos, seguros o una combinación de ambos. En la vida, después de todo, no hay nada gratis. Mucho menos la salud.

El Insabi está mal diseñado. Ni siquiera un experto en salud pública podría sacarlo adelante bien. Pero no ayuda en nada que el titular, Juan Antonio Ferrer, no tenga ninguna experiencia en salud pública. A pesar de eso, cobra un sueldo de 97,000 pesos mensuales netos, alrededor de 130,000 pesos brutos.

Paco Calderón
(14 de enero de 2020).

El Hospital Civil de Guadalajara señaló que ante las dudas que generó la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), como la falta de claridad en las reglas de operación para acceder a los recursos federales, en 2 semanas comenzará el desabasto de algunos insumos básicos para atender a los pacientes.

Un ejemplo que dio el director del organismo, Jaime Andrade, es que en una cirugía podrían contar con gasas y guantes, pero no con suturas.

En un comunicado, el Hospital Civil advirtió que se encuentra en una "encrucijada" y pidió al gobierno federal "una directriz clara y urgente sobre cómo continuar la prestación de servicios de salud cubiertos por el Insabi, en tanto se firman los acuerdos de colaboración entre las dependencias estatales y la Federación y se publican los lineamientos, reglas de operación, y demás normatividad aplicable", señaló en el desplegado.

Hoy, gobernadores se reunirán con el presidente para dialogar sobre seguridad y la operación del Insabi.

La Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó que fueron 40 los menores de la Guardería #1 quienes presentaron un cuadro de intoxicación por haber ingerido, dentro de la estancia, un alimento en mal estado.

La delegación dijo que se le dio una "atención prioritaria" a estos 40 menores, de los cuales 36 ya fueron dados de alta "bajo indicaciones de observación y con medicamento"; los 4 restantes se encuentran estables, en proceso de revaloración, refirió.

La institución indicó que de los pacientes, 31 fueron atendidos en una Unidad de Medicina Familiar y 9 en un hospital de 2o. nivel.

Por último, la delegación estatal indicó que las autoridades del Seguro Social mantienen comunicación y seguimiento con las madres y los padres, y que en caso de detectar alguna irregularidad, "garantiza que se determinarán las sanciones correspondientes".

Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial cuál fue el alimento que consumieron los menores que se encontraba en mal estado.

Que quede claro: una cosa es que haya dudas sobre la viabilidad del INSABI (Instituto de la Salud para el Bienestar), y otra muy diferente que se le desee el fracaso...

Tanto los analistas que han cuestionado la posibilidad de que la capacidad instalada en las instalaciones del Sector Salud, así como los recursos financieros que se destinen al programa, sean suficientes para hacer efectivo el buen deseo del Presidente López Obrador (extender a toda la población la cobertura en materia de salud y que esos servicios sean totalmente gratuitos incluso para los más de 60 millones de mexicanos que -según cifras del Coneval: o sea, oficiales; no infundios de los imaginarios "adversarios" de nadie- viven en situación de pobreza o de pobreza extrema), como los gobernadores que han externado formalmente su intención de mantener a sus estados (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Tamaulipas y Jalisco) al margen del mismo, quisieran que la sola palabra del presidente bastara para realizar tamaño portento... Pero lo dudan.

Más allá de que en el corto plazo -los 180 días (medio año) prometidos- se afinen, difundan y apliquen las reglas de operación del flamante organismo y se confeccionen e implementen las leyes secundarias que lo hagan efectivo, hay datos preocupantes. Datos duros. Como estos: en México, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hay 1.7 médicos (menos de los 3.2 recomendables) por cada mil habitantes; el presupuesto gubernamental para la salud ronda el 5%: es notoriamente inferior al 9% promedio de los países de la misma OCDE; hay diferencias adicionales, derivadas del rezago de muchas zonas y comunidades del país, y de la desproporcionada -aunque explicable, por razones obvias- concentración de especialistas en las grandes ciudades; el acceso de la población rural a la salud es similar a la de los países asiáticos o africanos más pobres...

Ciertamente hubiera sido pertinente depurar el Seguro Popular, así como enfrentar los rezagos y erradicar vicios y eventuales corruptelas arraigados en el IMSS y el ISSSTE. Se optó por acabar de un plumazo con el primero, para sustituirlo por un modelo ideal, en teoría, pero que para dar los resultados apetecidos -servicios médicos "como de primer mundo" para toda la población- necesariamente tiene que pasar del proyecto a la planificación, adecuación y ampliación de la estructura existente, promoción y aplicación de recursos presupuestales… sin lo cual todo se queda en el terreno de las buenas intenciones.

Ante la desaparición del Seguro Popular, y el vencimiento de los convenios con los servicios médicos municipales de Guadalajara y Zapopan, 24 atenciones médicas que eran subsidiadas por el gobierno federal en el municipio tapatío hoy deben ser cobradas.

Entre estos servicios está una cirugía de vesícula, misma que es la más costosa y por la cual los pacientes ahora se ven obligados a pagar 6,500 pesos.

También está el cobro de una intervención de 3,800 pesos por el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de perforación gástrica.

"Es desafortunada la desaparición del Seguro Popular. Era un sistema que había madurado a través de los años", lamentó el director de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, Miguel Ángel Andrade Ramos.

También agregó que están a la espera de la publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual sustituyó al Seguro Popular, "para ver si habrá cabida para las urgencias para otorgar el servicio gratuito. Finalmente, esa es una responsabilidad de los municipios y no está contemplada, hasta ahorita, en lo que se ha publicado", comentó el funcionario.

Por otra parte, en el municipio de Zapopan el convenio del Seguro Popular estaba vinculado con el Hospital General de esa localidad, en donde se daban 74 intervenciones médicas de manera gratuita.

Sin embargo, tras el vencimiento de este acuerdo, el "Hospitalito", como también se le conoce a ese núcleo médico, comenzó a cobrar servicios de ginecobstetricia, cirugías y pediatría.

Por ejemplo, un parto normal allí costará 4,300 pesos y una cesárea, 5,400 pesos.

Tanto en Guadalajara como en Zapopan se están realizando estudios socioeconómicos a los pacientes para apoyar con los gastos, en caso de que no puedan pagar la totalidad del cobro.

Severa Hernández dice que un día sin medicamentos, es un día en el que el cáncer se apunta una victoria en la lucha a contrarreloj por salvar la vida de su hijo, un niño de 11 años de nombre David Eduardo.

Severa es de Monterrey, Nuevo León. Allí, en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el año pasado le informaron que su hijo padecía una enfermedad de nombre raro, la Leucemia Linfocítica Aguda; un tipo de cáncer de crecimiento rápido que ataca principalmente a niños.

La noticia le cayó como una bomba que hizo añicos su vida. Pero aún así, se recompuso como pudo. Le trató de explicar a su hijo qué era la enfermedad que avanzaba en su organismo y le hizo la firme promesa de que haría todo cuanto fuera posible para ganarle la partida a la enfermedad.

Severa cuenta en entrevista que sabe del reto titánico que implica cumplir esa promesa. Pero, con lo que no contaba, es que tendría que pasar por un calvario -otro más- para lograr las armas con las que hacer la lucha: los medicamentos.

Desde mayo del pasado 2019, la regiomontana explica que empezaron los problemas para conseguir los fármacos y las quimioterapias para salvar a David Eduardo. Al principio empezaron a escasear algunos medicamentos, que ella misma compraba de su bolsillo. Unos, como la Vincristina, cuesta 900 pesos la dosis para 2 semanas. Y otros, como el Cardioxane, que se emplea para proteger el corazón del paciente durante el tratamiento médico agresivo, se dispara a más de 7,000 pesos.

Demasiado dinero, lamenta Severa, que explica que, con su trabajo de auxiliar de limpieza, más algún plus vendiendo comida, apenas junta mil pesos a la semana para hacer frente a semejante gasto.

"Yo vendo empanadas, tamales, boteo en la calle, y hago lo que sea por obtener los medicamentos de mi hijo", enfatiza la mujer.

"Pero aun así no alcanza -agrega a colación-. Si no fuera porque hay organizaciones que nos apoyan, y amigos que nos apoyan, no sé de dónde sacaría el dinero. Gracias a ellos he podido solventar la última quimio de mi hijo".

Por eso, cuando otras madres que están en su misma situación decidieron hacer en noviembre pasado una marcha y un plantón enfrente del Palacio de Gobierno de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, para protestar por la falta de medicamentos para los niños con cáncer, no lo dudó y se sumó a la protesta.

Y fue en ese momento cuando una puerta se les abrió: al ver la manifestación por televisión, los abogados Andrea Rocha Ramírez y Marco Antonio Vargas contactaron al grupo de mamás y les ofrecieron, de manera gratuita interponer un amparo colectivo ante la justicia federal para que un juez tomara cartas en el asunto.

Los abogados ya tenían experiencia en este asunto. En mayo pasado, un juez de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México les otorgó una suspensión de plano en beneficio de 5 personas con VIH provenientes de Tamaulipas y Querétaro, tras la demanda que interpusieron contra la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República, luego del desabasto de medicamentos antirretrovirales registrado en abril en varias entidades del país.

Muchas de las madres no sabían qué era un amparo y para qué servía, pero funcionó. El juez ordenó a la dirección de la Clínica 25 del IMSS de Monterrey que, de manera inmediata, surtiera el medicamento para que los niños fueran atendidos a tiempo.

Como resultado, la abogada Andrea Rocha señala en entrevista que otras madres que tienen hijos con cáncer, y que viven en otros estados como Coahuila, Tamaulipas, el Estado de México, y la Ciudad de México, también acudieron con ellos para promover más amparos colectivos.

En total, la abogada dice que a la fecha llevan ya 7 que representan a 60 quejosos por falta de medicinas. Y de esos amparos, que van contra el IMSS, la Secretaría de Salud, y la Presidencia de la República, el último lo interpusieron ayer miércoles ante el Poder Judicial de la Federación, en la sede ubicada al sur de la capital junto a Periférico, en representación de 5 menores de edad.

"Ahora, cada vez que veo a una mamá que le dicen que no hay medicamento para su hijo, le digo que puede hacer como nosotras y poner un amparo, porque es su derecho. Pero muchas tienen miedo a que el IMSS, o el hospital, tome represalias en contra de ellas o de sus hijos", expone Severa.

"Pero el miedo hay que tenerlo a la enfermedad -añade rotunda y sentencia-. Porque cada día que pasa sin que nos den los medicamentos, es un día que el cáncer se come lentamente a nuestros hijos".

María Cristina Tinajero, madre de Víctor Efrén, de 18 años, es una de las madres que se sacudió el temor. Tras la última recaída a finales del año pasado de su hijo, también paciente de Leucemia, y de tener que buscarse la vida durante meses para encontrar y poder comprar una larga lista de medicamentos, decidió unirse al grupo de madres de la planta 9 de oncología infantil de la clínica 25 del IMSS de Monterrey.

"A mi hijo lo diagnosticaron en mayo del año pasado. Inició el tratamiento en junio, pero para octubre comenzó a faltarle los medicamentos. Por eso, ya desesperada, busco ampararme ante la justicia. Para que nos escuchen y nos den la ayuda que necesitan nuestros hijos", señala María Cristina.

Aun así, no todo está siendo tan fácil.

A pesar del mandato de los jueces, la abogada Andrea Rocha denuncia que en el Hospital 25 del IMSS de Monterrey no están brindando todos los medicamentos a las mamás que ya recibieron el amparo favorable.

De ahí que mamás como Severa Hernández tengan que seguir acudiendo a los grupos de Whatsapp de las madres que están en su misma situación para averiguar en qué estados de la república sí disponen de los fármacos que necesita su hijo, y pedir a alguien que se los mande, con el riesgo que ello implica: que le vendan medicinas caducadas, o que, simplemente, nunca llegue a sus manos y pierda el dinero invertido y un tiempo valioso que su hijo no puede permitirse.

"Es una gran impotencia cuando llegas al hospital y te dicen: no te puedo dar el medicamento porque no hay. ¿De dónde quieres que lo saque? Por eso, mi hijo ya me dice: ¿para qué me traes aquí, si ya sabes que no me dan el medicamento?".

"Necesitamos ayuda -subraya la madre de David Eduardo-. Necesitamos que el presidente López Obrador se ponga en los zapatos de nuestros niños, que nos ayude. La próxima semana tengo que volver con mi hijo a la planta 9 de la Clínica del IMSS de Monterrey. Lo invito a él y a su equipo a que vengan y chequen las condiciones en que están nuestros hijos, y para que vean cómo nos dicen una y otra vez que no hay medicamentos para salvarlos".

Por su parte, el IMSS en Nuevo León aseguró que la falta de medicamentos para las quimioterapias de los niños y niñas en la Clínica 25 no es por falta de recursos, sino por problemas de producción y de proveedores.

"La falta de medicamentos oncológicos utilizados para el tratamiento en menores no es un problema de falta de recursos en el IMSS. La UMAE Nº 25 cuenta con presupuesto suficiente y actualmente aplica más de 25,000 dosis de medicamentos al mes", informó la institución en un comunicado que publicó el 25 de octubre pasado, tras la protesta de las madres de niños con cáncer en Monterrey.

Antes, a finales de agosto, el presidente López Obrador dijo que el tema de la falta de medicamentos para niños y niñas con cáncer lo atendería la Secretaría de Salud federal, y planteó la posibilidad de que, en caso de desabasto, los propios médicos y enfermeras podrían tomar la decisión de comprar los medicamentos.

"Vamos a suponer que en un hospital, una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?", declaró el mandatario en una de sus habituales conferencias mañaneras, el pasado 31 de agosto.

El Gobierno de Jalisco tiene 15 días para firmar el convenio de coordinación con el Insabi bajo la figura de no adhesión (es decir, que no cede los servicios de salud a la federación como ya lo hicieron 13 entidades).

El gran problema es que hasta ayer Bárbara Casillas, coordinadora estratégica de Desarrollo Social, no tenía claras las reglas, y las dudas que le expresó al titular del Insabi, Juan Ferrer, éste no se las supo responder.

El punto es que la federación garantizará a Jalisco los recursos del año pasado para brindar la atención de 1er. y 2o. nivel. Sin embargo, no hay claridad sobre el dinero adicional para el 3er. nivel. El Insabi ya no depositará dinero y quiere entregar esos insumos "en especie".

Los 2 hospitales más afectados podrían ser el Instituto Jalisciense de Cancerología y el Hospital Civil cuya rama de atención se ubica en alta especialidad.

Tras la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Jalisco necesita 850 millones de pesos (MDP), adicionales a los 3,386 millones que año con año recibía por el extinto Seguro Popular, para garantizar la atención médica gratuita en los hospitales y núcleos médicos de 3er. nivel que funcionan en la entidad.

Anna Bárbara Casillas, titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, comentó que, de entrada, Jalisco arrancó este año con un déficit por 350 millones de pesos de esa bolsa en cuanto al fondo de gastos catastróficos y las cuotas de recuperación. Esto después de que se emprendió la nueva estrategia federal de salud.

"Nos dicen, a nivel federal, que sí nos van a dar (los 350 millones para cubrir el déficit) pero en especie. Esto implica que se nos genere un vacío para pagar servicios especializados como, por ejemplo, las limpiezas de quirófanos", comentó la funcionaria.

Pero eso no es suficiente. Al abrir el servicio a toda la población, sea o no derechohabiente, como lo ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de servicios de salud, requiere al menos 500 millones más. Allí están los 850 millones de pesos adicionales que requiere Jalisco para atención de 3er. nivel.

La funcionaria recordó que también hay personas de otros estados que acuden a los nosocomios de Jalisco. Y eso con una demanda "más o menos estable", pero que "puede incrementarse en los Hospitales Civiles, en Servicios de Salud Jalisco o en el Instituto de Cancerología si los estados vecinos no logran atender a sus pacientes".

En 2019, el Instituto Jalisciense de Cancerología ejerció un presupuesto estatal de 76 millones de pesos, pero el apoyo federal que obtuvo ascendió a 170 millones; es decir, más del doble de lo que le otorgó Jalisco.

El Seguro Popular incluía la posibilidad de que hospitales privados dieran tratamientos que el sector salud no podía, dado que la demanda de los mismos podía rebasar la capacidad de las instalaciones gubernamentales. Por ejemplo, en cáncer de mama.

En Jalisco, gente involucrada en la atención de ese mal calculaba que durante el sexenio anterior llegó a 3,000 el número de mujeres en lista de espera para ser tratadas por esa enfermedad. Por ende, claro que era una buena opción que nosocomios privados solicitaran su incorporación al Seguro Popular para atender mujeres con cáncer de seno.

Sin embargo, el Seguro Popular no funcionaba en Jalisco como hoy tantos defensores de ese sistema sostienen.

El siguiente testimonio es de 1a. mano. Omito detalles específicos para no exponer a mis fuentes.

Uno de los hospitales privados que estaba dado de alta en Jalisco para recibir mujeres con cáncer de mama, de repente vio que la Secretaría de Salud de esa entidad dejó de remitirle pacientes. De la decena de enfermas que incorporaban al mes, de pronto el número pasó, sin mediar explicación o clausura alguna, a cero.

Los directivos de esa clínica buscaron una cita con Antonio Cruces Mada, en ese tiempo secretario de Salud de Jalisco. Luego de semanas de intentarlo, por fin pudieron estar frente a frente con el funcionario.

A Cruces Mada, médico de profesión, se le hizo el extrañamiento de que se cancelara la remisión de pacientes. El funcionario informó que ya no enviarían más mujeres a tratarse a esa clínica, argumentando que el sector salud se quedaría con esos tratamientos. Se le hizo ver que las instalaciones oficiales estaban rebasadas, pues la lista de espera, como ya se dijo líneas arriba, era de 3,000 mujeres. Cruces Mada desestimó la gravedad de tal situación.

-Una vez que le detectas cáncer a una mujer, puede esperar 5 años sin que le pase nada. Yo soy doctor y a esto me dedico- repuso Cruces Mada.

-¿5 años? Siempre y cuando no sea tu mamá- alcanzó a contestar, sin salir de su indignación, el interlocutor del funcionario.

Esos directivos elevaron su reclamo a las oficinas centrales del Seguro Popular en la capital del país, mas no obtuvieron respuesta. Alguien protegía a Cruces Mada, consentido del entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Puedo atestiguar que por entonces los señalamientos a Cruces Mada eran un rumor a gritos en los pasillos del sector salud federal.

Para los lectores que no lo sepan, cabe recordar que antes de ser secretario de Salud, Cruces Mada fue desde 2013, ni más ni menos, el encargado del Seguro Popular en Jalisco. Y que hay denuncias sobre el actuar de este egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara desde el tiempo en que Aristóteles Sandoval lo hizo director de servicios médicos de la capital jalisciense en los tiempos en que el hoy exgobernador fue alcalde tapatío (2009-2012).

Sólo para terminar de mencionar a Cruces Mada, hoy bajo proceso por un presunto desvío de 605 millones de pesos, cabe decir que la Auditoría Superior de la Federación indicó que en 2017 Jalisco no había aclarado el buen destino de 3,700 millones de pesos del Seguro Popular: el 96.7% de ese monto eran recursos de la gestión de Antonio Cruces Mada.

Sobre los 605 millones de pesos que desde hace casi un año le reclama el gobierno de Enrique Alfaro, se presumen anomalías en supuestas compras -sin entrega- de equipo de videovigilancia; nombramientos dobles en la nómina y deudas. Y lo mismo un contrato para el almacenamiento, transportación y distribución de vacunas incumplido por alrededor de 400 millones de pesos; y el hallazgo de medicamentos caducos en los almacenes.

Padres de niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" cerraron los accesos a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comprometa mediante un escrito a que no habrá desabasto de medicamentos a nivel nacional, de lo contrario no retirarán su bloqueo.

"Estamos bajo una tomadura de pelo constante, cuántos bloqueos tenemos que hacer para que el gobierno entienda que no se juega con la vida los niños, exigimos un compromiso firmado por el presidente; si no, no nos quitaremos", dijo Israel Rivas.

Aunque autoridades del Hospital Infantil les informaron que hoy les llegaron 400 frascos del fármaco vincristina, los papás se negaron a retirarse del AICM, porque afirman que el desabasto no ocurre sólo en esta institución médica, sino que ya se reportó en Acapulco, Oaxaca y Veracruz.

"Nos enseñaron una foto de unas cajas, que ya llegó el medicamento, casualmente cuando decidimos tomar el Aeropuerto, me parece sospechoso; 2, si es así, a Fedérico Gómez le avientan el medicamento para que nos callemos pero esto trasciende, nos hemos reunido con papás de Oaxaca, Acapulco y Veracruz, la crisis es a nivel nacional", comentó el papá de Dana.

Omar Hernández exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que les dé una respuesta inmediata, que ellos no están buscando culpables sino solución a sus demandas, advirtió que si no los atiende personal de la Secretaría de Gobernación no se irán del aeropuerto.

"Ya fuimos a la Secretaría de Salud, con diputados, senadores y la promesa siempre es la misma, ya no queremos eso, sino un compromiso serio, que no digan en las mañanera que es el director del hospital el que no pide el medicamento, o se echen la bolita, no pueden jugar con la vida de los niños", apuntó.

Padres de niños enfermos de cáncer exigieron al gobierno federal que atienda la escasez de medicamentos oncológicos como la Vincristina, del cual no hay existencia desde el pasado 5 de enero. Los manifestantes cerraron los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hecho que desencadenó una serie de enfrentamientos con el personal de seguridad. Luego amenazaron que llevarían su protesta a las pistas de la terminal aérea. Al respecto, el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, aseguró que el medicamento ya está en el nosocomio. "No hay necesidad de que tomen esa actitud. Sí ha ocurrido en otras ocasiones (los retrasos de medicamento), pero lo tienen que ver en el hospital".

Le salió mal la jugada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el Insabi, en vez de ayudar a "los más pobres", los va a dejar "más amolados".

Con la desaparición del Seguro Popular pagar un parto en El Hospitalito de Zapopan se convirtió en un gasto "catastrófico".

Esta era antes una intervención gratuita, pero ahora los pacientes hasta tienen que vender sus posesiones -como una vaca; es en serio- para solventar el gasto de un parto.

La desaparición del Seguro Popular cobra factura. No ha transcurrido ni un mes desde que fue sustituido por el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi) y los ciudadanos que eran beneficiados por el anterior servicio de salud hoy resienten su ausencia. Tanto, que algunos incluso han tenido que vender sus pertenencias para poder costear las intervenciones médicas que antes eran gratuitas.

Uno de esos casos es el de Ana Delia Cervantes, quien vive en el poblado de La Cañada, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Y desde allí, su familia entera se transportó al Hospital General de Zapopan, conocido también como "El Hospitalito", para que su nuera diera a luz.

El parto les costó 5,400 pesos. Ana Delia compartió que, para obtener esa suma, la familia entera tuvo que vender una de sus 8 vacas. "Si uno tiene un animal, lo vende y de ahí saca el recurso, pero si no lo tienes...", dijo.

De un año a otro, el escenario les cambió por completo. En 2019, cuando fue la hija de Ana Delia quien sdio a luz en el mismo nosocomio, no tuvieron que erogar ni un centavo.

Pero no es el único caso. Jacqueline Rodríguez también se encontró con que debe cubrir la cuota de recuperación de 5,400 pesos para el parto de su hija. Dijo que tendrá que empeñar "lo poco de valor" que tiene.

Salvador García Uvence, director general del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, informó que las atenciones que se daban como parte del Seguro Popular en el Hospital General de Zapopan han disminuido después de que desapareció el programa federal.

Informó que, normalmente, 57 de las 60 camas con las que cuenta el nosocomio estaban ocupadas por pacientes. Pero desde que inició el año, el promedio se mantiene en 51 o menos. "Como los procedimientos (que antes eran gratuitos) ya tienen un costo, la gente busca otras opciones".

También explicó que las consultas externas, las atenciones del área de Ginecología y las urgencias no han mostrado una disminución, pero las que sí han reflejado un "ligero" decremento son intervenciones como las operaciones de hernia, que son las que se programan.

Desde el 1 de enero, con la desaparición del Seguro Popular, en los Servicios Médicos Municipales de Zapopan se dejó de prestar gratuitamente la atención de 74 intervenciones; entre éstas, partos que cuestan desde 4,000 y hasta 5,400 pesos.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ayer le presentó su propuesta de salud al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario dijo que dicha propuesta buscará "una coordinación y no un sometimiento" al sistema de salud planteado por el gobierno federal.

"Sí está la voluntad para coordinarse con el gobierno, para hacer mejor el trabajo en materia de salud y en todos los temas. Sometimiento, entrega de nuestro sistema y quebrantar el pacto federal, eso no va a pasar; cuando menos no con el aval de Jalisco", aseguró.

Añadió que no busca desentenderse del problema de la salud y entregárselo a la federación, como se ha planteado, sino de trabajar coordinadamente.

"Qué fácil sería para un gobernador decirle al presidente de México: te entrego nuestro sistema y tú te haces responsable. ¿Dónde van a estar los enfermos que no van a tener atención médica? ¿Van a estar aquí en Jalisco? ¿Y los doctores que no van a tener estabilidad en su puesto de trabajo, aquí en Jalisco? ¿Y los hospitales que van a estar sin equipamiento y medicamento, dónde van a estar?".

El mandatario estatal recalcó que no hay conflicto con el presidente, y que si se trata de hacer un esfuerzo para garantizar la gratuidad del sistema de salud, contará con Jalisco. "Pero para hipotecar el futuro del estado, para desmantelar el sistema de salud y para vulnerar el pacto federal, jamás va a contar conmigo".

Concluyó que defenderán el sistema de salud, a los Hospitales Civiles y que no dejará de cubrir la obligación que se tiene para garantizar la salud de todos los jaliscienses.

Los recursos federales en salud que llegaban al estado por la cobertura de gastos catastróficos seguirán sin definirse hasta que haya un acuerdo sobre el esquema de colaboración entre ambos niveles de gobierno, expuso Consuelo Robles Sierra, titular del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.

La funcionaria reiteró que por el momento esos gastos se cubren con fondos estatales, para cumplir con la instrucción del gobernador de dar atención a todos los pacientes sin importar su afiliación.

Pero "presupuestalmente estamos teniendo problemas", reconoció. "No tenemos seguridad en cómo va a venir específicamente el rubro de gastos catastróficos y creo que eso es algo grave".

Aunque el gobernador Enrique Alfaro ha reiterado que Jalisco no se adherirá al modelo de salud propuesto por la federación y, en cambio, hará uno mejor, para Noé Alfaro, profesor investigador de la UdeG, lograr esa meta será difícil debido a la inversión que una estrategia de esa magnitud requiere.

"Sí hay modelos y opciones para manejarse independientes, pero a los estados no les conviene manejarse sólo con sus recursos; es muy caro. Puede funcionar, pero necesita recursos económicos que no creo que se tengan".

Añadió que si se decide no trabajar conjuntamente, existen las alternativas, pero dada la dificultad de emprenderlas, eventualmente ambas partes habrán de ceder. "Va a aceptar porque ni a la federación le conviene tener un estado que no se adhiera, ni al estado le conviene no tener la integración a nivel nacional".

Por otro lado, concluyó que el gobierno federal erró al no haber socializado entre la población el nuevo sistema de salud. En su opinión, las nuevas disposiciones debieron anunciarse mucho antes del 1 de enero, a fin de evitar el caos e incertidumbre que se resienten actualmente.

A veces se nos olvida que cuando hablamos de cifras estamos hablando de personas, de historias de vida, y en el caso de Instituto de Salud para el Bienestar (el Insabi de López Obrador) hablamos de vidas que rayan en la tragedia.

A diferencia de las cifras alegres y hasta de chiste que se hacen cuando se habla de las propuestas para deshacerse del avión presidencial, incluido el tema botana de la semana de la rifa a razón de cachitos de 500 pesos, la forma en que se está planeando el aterrizaje del Insabi a nivel nacional se antoja durísima.

Y hablamos, según las cifras dadas a conocer por el propio director del Instituto, que las personas en nuestro país que no tienen acceso a los servicios de salud social (IMSS o ISSSTE) son 63 millones de personas, que serían los beneficiarios del nuevo Instituto.

Son un mundo de personas: 63 millones de historias de vida (esos sí son los pobres de los pobres) que ya desde este momento no la pasan bien si requieren servicios de salud.

Quienes hayan tenido la oportunidad de visitar los Hospitales Civiles de Guadalajara, y platicar con los pacientes o los familiares de aquellos que están siendo atendidos (o estaban) gracias al extinto Seguro Popular, habrán reconocido en su actitud la resignada aceptación de su condición de pobres, que recurren a un servicio que quizás sea el último en la línea de los servicios de salud, y que por buena que sea la voluntad de médicos y enfermeras que están ahí en el piso tratando a enfermos y accidentados, tienen cantidad de carencias al grado de que en ocasiones se solicita a los familiares que paguen el costo de insumos (por ejemplo un catéter) y ante la carencia de recursos ven cómo pasa el tiempo sin que su paciente avance, y en ocasiones les cueste la vida.

Es cierto que venimos de la infame corrupción y derroche de los gobiernos peñistas y anteriores y el Seguro Popular sirvió para que se despacharan cantidad de funcionarios, pero esta revancha de buscar desaparecer todo lo que huela a Seguro Popular, y proponer un esquema totalmente nuevo, está dejando en el limbo a esas millones de personas que no tienen de otra que buscar los servicios públicos gratuitos.

Promete el presidente que para diciembre ya estará operando el Insabi, pero además de que serán 11 meses larguísimos en que habrá que explicar las carencias a los enfermos y a sus familiares, todo parece indicar que los parámetros de medición que se ha fijado el gobierno están en la CDMX, en la capital, donde sí hay instalaciones y donde sí estarán muy atentos.

Los estados que no se encuentran en la lista de favoritos del presidente, como Jalisco por ejemplo, vivirán tiempos muy complicados, y quienes los vivirán en carne propia son esos millones de pobres, esas historias, que en su resignada aceptación de la condición de pobreza no reclaman, no protestan, no cierran carreteras o avenidas, y por lo tanto son voces que no se escuchan.

Papás de niños con cáncer que se atienden en el hospital Infantil "Federico Gómez", en el Hospital Regional de Alta especialidad de Ixtapaluca y el 20 de Noviembre del ISSSTE tratarán de ingresar a Palacio Nacional para exigir al presidente que se comprometa por escrito a que no habrá más desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional.

Luego de que el titular del Insabi, Juan Ferrer aseguró que el medicamento ya estaba en el Federico Gómez y no era necesario bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Israel Rivas, comentó que no sólo exigen abasto en esta unidad médica, sino en todo el país, puesto que se reportan faltantes al menos en 9 estados.

"Hay desabasto en Oaxaca, Acapulco, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Baja California Sur, Puebla, Nuevo León y Chiapas, que no vengan a decirnos que ya se solucionó".

Reyna Citlali Solis Arellano, contó que su hijo murió hace 8 meses por complicaciones de la leucemia linfoblástica que padecía, su hijo era atendido en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, recordar sus luchas para que no le dejaran de aplicar tratamientos la motivó a sumarse a estos padres de familia y exigir fármacos.

"Es necesario que los atiendan, hay muchos papás con la esperanza de que sus hijos se cubren, yo viví carencias en el ISSSTE, metí escritos y es desgastante, por eso estoy aquí, para ayudarles a levantar la voz".

Adriana Osorio, es mamá de una niña diagnosticada con leucemia linfoblastica aguda, ella denunció que en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca no hay Vincristina y no les han dicho cuando llegara.

"Estamos aquí porque hay desabasto de Vincristina, nos dijeron que se pondrían en contacto con la directora del hospital pero no nos han llevado medicamentos. No es solo un hospital con desabasto es a nivel nacional y no es justo, queremos que el presidente cumpla lo que prometió en su campaña".

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que autorizó un monto de 60 millones de pesos para la compra de Vincristina, medicamento para el tratamiento de cáncer -y del cual, aseguró hay escasez en el mundo- y será la Secretaría de Marina (Semar) la que ayudará a ir por estos insumos a cualquier país a donde éste se encuentre.

El titular del ejecutivo federal señaló que será el canciller Marcelo Ebrard quien se pondrá en contacto con gobiernos del mundo que tengan este medicamento para poder comprarlo y no tener desabasto.

El nacimiento de su nieta trajo alegría, pero también preocupación a la vida de Jacqueline Rodríguez, una habitante de la zona metropolitana de Guadalajara.

Por la extinción del Seguro Popular, la mujer tendrá que pagar 6,900 pesos por el parto de su hija y la aplicación de una vacuna en el Hospital General de Zapopan, conocido como el "Hospitalito".

Sin embargo, para conseguir el dinero, Jacqueline tuvo que pedir prestado a sus familiares y a su jefe.

El gasto por el parto, que apenas el año pasado era gratuito, representa más de un mes de su sueldo. En una cremería ella gana 1,500 pesos a la semana.

"Este gasto me da en la torre. Mi sueldo no es tan alto para poder solventarlo y más ahorita que se vienen otros más fuertes porque tendré que pagar los gastos de la bebé, el transporte a mi trabajo, más la deuda que ya tengo", comentó la afectada.

La mujer se dijo decepcionada de que el Seguro Popular haya desaparecido por decisión del gobierno federal.

"Es injusto que lo hayan quitado, pasó a perjudicarme a mí y a muchísimas personas", dijo.

El Seguro Popular dejó de funcionar desde el 1 de enero y en esa misma fecha comenzó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual ofrece atenciones gratuitas de 1er. y 2o. nivel para la población.

Esta nueva dependencia aún no ha establecido convenios con los servicios médicos municipales (como el "Hospitalito") que también ofrecen servicios de 1er. y 2o. nivel. Es por eso que los pacientes deben de pagar cuotas de recuperación.

En medio de serios cuestionamientos al gobierno federal por la mala aplicación del modelo Insabi, algunos ven en el nuevo coronavirus una luz salvadora para que luzca la Secretaría de Salud federal.

Y es que a pesar de que la OMS desestimó este virus por su baja letalidad y limitada propagación fuera de China, parece que en nuestro país la consigna es agrandarlo para enaltecer a un sistema en jaque.

El virus no representa un elevado riesgo para la población en general, o mejor dicho, no más riesgo que un desarticulado sistema de salud llamado Insabi.

Desde que dejó de operar el Seguro Popular, a partir del 1 de enero, quienes contaban con ese beneficio y podían practicarse cirugías gratuitas (como las cesáreas, por ejemplo) ahora deben pagar la intervención en núcleos como el Hospital General de Zapopan, también conocido como el "Hospitalito".

Y ante esa realidad, el director de los Servicios de Salud municipales, Salvador García Uvence, informó que no sólo hay descuentos en las atenciones generales, sino en operaciones que subsidiaba el gobierno federal y que ahora se están cobrando.

Estos apoyos, precisó, pueden ir desde 7% menos hasta la condonación total.

"No somos un organismo de lucro. En todos los casos se hace una revisión socioeconómica y, con base en eso, se ve la cantidad de descuento que se va a aplicar. Valoramos si (los pacientes) cuentan con ingresos fijos, vivienda propia o de renta y revisamos que el pago no les genere un gasto catastrófico; que por pagarnos se queden sin dar de comer al bebé o vestirlo", comentó.

Entre los días 1 y 21 de enero, el área de Trabajo Social hizo descuentos a 229 personas que acudieron al "Hospitalito" por una intervención que antes era cubierta por el Seguro Popular.

Si el nosocomio hubiera cobrado la cuota de recuperación normal de cirugías, partos y cesáreas, éste hubiera tenido un 1'294,908 pesos de ingreso. Con los descuentos, los servicios médicos recibieron 642,942. La mitad.

El jueves, este medio documentó el caso de Ana Delia, quien dijo que tendría que vender una de sus vacas para pagar el parto de su nuera. Al respecto, se informó que se le hizo un descuento de 60% sobre la cuenta total.

García Uvence remarcó que se espera que en la estrategia del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que suple al Seguro Popular, se considere a los servicios municipales "como una alternativa de solución a la problemática de atención médica de 2o. nivel".

Si creían que la crisis de medicamentos ya había tocado fondo o había alcanzado el clímax, tristemente les tengo que informar que el desabasto en el IMSS ya comenzó. El IMSS aguantó 20 días de enero, pero en la semana, en todos sus hospitales, comenzaron a tener desabasto en claves como aspirinas y medicamentos sencillos, así como en medicinas para curar el cáncer y enfermedades degenerativas. Además, escasean también el material de curación y están cancelando cirugías. ¿A quién responsabilizará en esta ocasión el sr. Presidente? ¿A Zoé Robledo?

El problema del desbasto en todo el sistema de salud público es porque Raquel Buenrostro, en Hacienda, su chamba anterior, no pensó en el tramo de enero a marzo. Léase, no liberó la orden al sector para que compraran; algunos dirían, de párvulos, ¡se le olvidó! Pero las implicaciones han sido de vida o muerte. El jueves pasado, por fin hicieron la orden de compra, pero como ya leyó, ya es tarde, porque no hay abasto y se tendrá que comprar poco y caro.

¿Qué pasó?

El punto medular para el deterioro del Sistema Nacional de Salud que estamos observando -Seguro Popular más total desorden en el sistema nacional de abasto- es producto de la desinformación. El presidente ha señalado que 3 empresas distribuidoras vendían el 60% de los medicamentos al gobierno. El término correcto es que DISTRIBUÍAN el 60%, que fabrican más de 150 empresas farmacéuticas en México y otros países. Así como que muchos gobernadores en tiempos pasados, de TODOS los colores, abusaron, fueron corruptos, con el manejo de los recursos asignados por el Seguro Popular. Sin embargo, esa sangría se hubiese detenido en su mayor parte comprando los medicamentos de manera consolidada.

México gasta en las instituciones públicas de salud 2.9% del PIB, que se suma a otro tanto de los privados; así pues, hablamos más-menos de un 6%. Muy lejos de los países nórdicos, que gastan alrededor del 9%, y de EU, con el 15%. Así pues, ojo, es IMPOSIBLE cubrir de manera gratuita los servicios de salud pública en una economía que destina sólo el 6 del PIB. Ojo, las palabras cuentan y de seguir diciendo que en el Insabi todo será gratis, los derechohabientes del ISSSTE dejarán de pagar sus cuotas. Es IMPOSIBLE dar atención gratuita a toda a la población en todos los niveles y todos los padecimientos sin una reforma fiscal. Además, súmele que el cambio de Seguro Popular al Insabi ha provocado un retraso en los pagos que afectan a la industria mexicana que ha ofrecido precios a la nueva administración, condicionados al pago oportuno. Es decir, unas 100 empresas están en riesgo de quebrar.

Otro punto fundamental para el programa del Insabi va a ser el aspecto laboral en todas sus aristas. Todas ellas requieren recursos, ampliación de las plantillas, jornadas más largas, incrementos de salario a los médicos rurales, basificación.

Ojo, cuando se quiere comenzar una guerra, diría Sun Tzu, se debe contar con una estrategia y aquí en la 4T no la hemos visto. De hecho, y sin precedente alguno, escogieron como enemigos a los doctores. Sin embargo, su actuar habla por él mismo y en su hospital, el Infantil de México, a Jaime Nieto sus compañeros le gritaron a unísono "NO estás solo".

Cuando alguien pierde, alguien más gana y las multinacionales se deben estar frotando las manos.

Así pues, en su obsesión por abaratar lo ya barato, en su concurso consolidado han logrado que el 60% de los productos se quede sin oferta económica y el 40% se ha asignado con algunos ahorros. "El pero" es que se está incurriendo en mayores costos por un servicio de logística de paquetería -Redpack, Estafeta y CPI- con una peor concentración y manejo de mercado que antes y sin que sea transparente cuánto realmente termina pagando el gobierno, sobre todo por entregas emergentes.

Jorge Daniel Ocampo relata que desde el año pasado no hay personal para operar la máquina con la que le realizan estudios médicos a su abuela, quien padece demencia senil.

"Cuando asistimos al hospital resulta que no está el especialista encargado del aparato o éste se encuentra descompuesto... y le tienen que agendar los estudios para 2 meses después".

Esto ocurre en la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guadalajara.

Pese a que el IMSS reconoce que le faltan médicos, también refiere por Transparencia que no se cubrieron todas las plazas autorizadas para el ejercicio 2019. El último corte confirma que están vacantes 3,758 espacios con categoría de "médico familiar y médico no familiar", adscritos a las unidades médicas.

Se autorizaron 60,276 plazas, pero solamente se ocuparon 56,518.

A nivel nacional, el Instituto registra 59.4 millones de derechohabientes adscritos a las unidades de medicina familiar. Esta cifra engloba todas las áreas de responsabilidad, desde Urgencias hasta Especialidades.

En Jalisco avalaron 4,673 espacios, pero faltó que se ocuparan 79. Los 4,594 profesionistas trabajan en 124 unidades médicas adscritas en el estado, que suma 4.9 millones de derechohabientes.

El director general, Zoé Robledo, informó en octubre pasado que el IMSS operaba con un déficit de 94,516 médicos. La meta para la actual administración es aumentar la cobertura para dar un mejor servicio.

Hace un mes, Alfonsina Gutiérrez acudió al centro de salud San Sebastián El Grande, localizado en el municipio de Tlaquepaque, el cual es competencia del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco. Dice que solamente dieron pocas fichas y no alcanzó a ser recibida, por lo que se trasladó a un consultorio privado adjunto a una farmacia. Pese a que tiene seguridad social, considera que en el IMSS la atención es muy tardada.

Otros usuarios se quejaron porque solamente dan consulta a 5 personas diariamente.

Vía Transparencia, el OPD Servicios de Salud Jalisco reporta que este espacio solamente cuenta con un médico general, una situación que se replica en otros municipios del eEstado.

De los 311 centros de salud para la atención de 1er. nivel distribuidos en las 13 Regiones de Jalisco, 100 apenas tienen un doctor asignado para dar atención; es decir, una tercera parte presenta la característica.

La Región I de Colotlán es la que tiene más espacios así. De los 24 centros de salud en esta zona, 16 operan con un médico general, cuyas plazas son pagadas con recursos federales. Estos núcleos médicos están ubicados en localidades como Nueva Colonia, Popotita y San Sebastián de Teponahuastlán, en Mezquitic; así como en Mesa del Tirador y Tuxpan de Bolaños, en Bolaños.

La Región de Tamazula también registra más de la mitad de lugares con un único médico adscrito. De 15 centros de salud, 8 presentan esta característica. Algunos están en La Loma, Manzanilla de la Paz, Jilotlán de los Dolores y Vista Hermosa.

En la Región Centro, conformada por Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, hay 25 espacios con esta particularidad, pero en total suman 131 centros de salud.

Los 106 centros restantes dan atención con más de 2 doctores, según información actualizada al 15 de enero pasado. La única región hospitalaria sin esta característica es Guadalajara, donde sus 24 espacios tienen más de 2 médicos para recibir a los pacientes.

Debido a la falta de personal, algunos espacios con un sólo médico tienen saturación en consultas. Por ejemplo, en el centro de salud de la Venta del Astillero, en Zapopan, contestan que dan citas para una semana después de la solicitud porque la agenda está llena.

Servicios de Salud Jalisco informa que 2,907 médicos conforman la plantilla estatal, incluidos los que laboran en hospitales generales, regionales y comunitarios. De esas plazas, 233 son de origen estatal, 135 mixtas y 2,539 federales. El organismo acentúa que tenía 78 lugares vacantes para médicos especialistas.

Jalisco está por debajo del promedio nacional respecto al número de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes, según un diagnóstico realizado por la Secretaría de Salud federal.

El análisis arroja que en 2018, el promedio nacional era de 1.27 médicos del ámbito referido por cada mil habitantes. Sin embargo, en la entidad se registró una media de 1.18. En 2005, cuando el promedio del país era de 0.65 doctores por cada mil habitantes, el estado estaba por arriba, con 0.75 doctores.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda 3.4 médicos por cada mil habitantes.

La Ciudad de México fue la mejor ubicada, con 2.05 galenos por cada mil habitantes. Mientras que Baja California tiene el peor lugar, con una media de 0.85.

La Secretaría de Salud reporta que en 2018 tenía 86,807 médicos generales y especialistas.

Por otro lado, una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revela que en médicos especialistas, el promedio nacional era de 0.71 por cada mil habitantes, pero más de la mitad de las entidades del país se encontraba por debajo. Por ejemplo, la Ciudad de México concentraba casi 5 veces la cantidad de especialistas en relación con Chiapas.

El estudio "Derecho a la Salud 2018" refiere que en el caso particular de los médicos especialistas, su concentración en el sector privado es de poco más de 44%, una cifra similar a la suma de la Secretaría de Salud y del IMSS, que es de 45.6%.

"Este fenómeno podría contribuir para explicar la saturación de ambas instituciones para brindar consultas de especialidad y, como resultado de esto, elevar el tiempo de espera para que los pacientes sean atendidos en el 2o. nivel".

Durante 2019, el IMSS autorizó 4,673 plazas para Jalisco, pero solamente se ocuparon 4,594, por lo que 79 lugares quedaron vacantes.

Los centros de salud que se quedaron sin las plazas para Urgencias fueron regionales: Hospital General de Medicina Familiar 15 en Tamazula, Hospital General de Medicina Familiar 28 en Casimiro Castillo, Hospital General 21 de Tepatitlán, Hospital General 20 en Autlán de Navarro, Hospital General 26 de Tala, Hospital General 42 de Puerto Vallarta, Hospital General 6 de Ocotlán, Hospital General 9 de Ciudad Guzmán, Hospital General 7 de Lagos de Moreno, Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización 22 de Atotonilco el Alto, Unidad de Medicina Familiar de Arandas y Unidad de Medicina Familiar en Cocula.

En el caso del déficit de médicos familiares, 3 hospitales de Guadalajara se quedaron sin ese número de espacios: Unidad de Medicina Familiar 1, Unidad de Medicina Familiar 34 y Unidad de Medicina Familiar 91. Otras sedes afectadas se ubican en Ocotlán, Atotonilco El Alto, Lagos de Moreno, Ameca, La Barca y Encarnación de Díaz.

En Jalisco hay 4'905,168 derechohabientes del Seguro Social, de los cuales, 4'424,742 están adscritos a los consultorios médicos.

Rebeca cuenta que, a principios de enero de este año, comenzó a sentir un fuerte dolor en el abdomen. Tras varias citas en las clínicas 52 y 14 del IMSS, en Guadalajara, le diagnosticaron que debían operarla de urgencia de la vesícula. Sin embargo, está por cumplirse un mes y todavía no sabe cuándo ni en dónde le realizarán la cirugía. La mujer apenas tiene 26 años. "Realmente me preocupa porque estoy viendo a personas mayores, acostadas en las sillas porque no hay espacio. Y eso te parte el alma. Un señor duró un día y medio esperando cama. Nuestros hospitales, y clínicas, están rebasados".

Dice que otro problema es que los dolores le dificultan su trabajo, ya que es cajera de una tienda departamental y todo el día tiene que estar parada. Y debido a que la van a operar no le quieren dar incapacidad. Por ese motivo le urge que la canalicen.

"El malestar no me deja hacer cosas, pero tampoco puedo faltar al trabajo. El medicamento me calma, pero no al 100%. Voy a estar a la espera de saber la fecha, ya vi a cuatro especialistas, pero todavía ninguno me dice quién me va a atender".

Mario Velázquez, egresado de la Universidad de Guadalajara, aplicó el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas en septiembre de 2019, con el objetivo de ingresar a la especialidad de Cirugía General. A nivel nacional se ofertaron 889 plazas para ese rubro.

Aunque se preparó durante un año para el ejercicio, considera que los exámenes no eran de buena calidad.

"Las pruebas están mal hechas, mal redactadas, con faltas de ortografía... Y se repetían las respuestas. Hay un grupo de médicos que habla de demandar porque llegas con preparación y te saca de onda que sea así". Remarca que, por ejemplo, uno de los incisos que más lo desconcertaron era una pregunta sobre el nivel de radiación que emite una consola de videojuegos.

Otra complicación es el registro en línea, ya que se satura muy rápido. Cuenta que el proceso inicia a las 10 de la mañana, pero él alcanzó a inscribirse hasta las 17:00 horas.

"La sede del examen me tocó hasta Puebla, mi 4a. opción, así que tuve que pagar 3,000 pesos por la prueba y luego trasladarme para allá. Pagué hospedaje, comidas... es frustrante".

Pese a la experiencia, el joven volverá a aplicar el examen para el siguiente año, ya que su objetivo es hacer la especialidad y la subespecialidad en el IMSS. "Quiero aplicar allí porque los años en que estás haciendo la residencia te los toman de antigüedad. Mi especialidad dura 8o años y sales contratado como médico suplente".

Remarca que ya recibió ofertas de trabajo de instituciones privadas, pero prefiere esperar. "Ojalá que mejoren la transparencia para saber quiénes diseñan el examen. Además, falta que abran más plazas porque no se está cubriendo la demanda de médicos que necesitamos en México".

Un usuario del Hospital Regional 45 del IMSS de Guadalajara, quien prefirió omitir su nombre, asegura que en el sitio solamente hay una reumatóloga, la cual no se da abasto con todos los derechohabientes.

Además, señala que hacen falta ortopedistas. También que los equipos son viejos y fallan con frecuencia. Esto, dice, genera que muchos usuarios tarden meses en ser atendidos.

Otro asegurado que padece la falta de especialistas es Oliver Aguirre. El hombre cuenta que su padre murió porque no alcanzó a recibir la atención médica adecuada.

Recuerda que tras varias molestias y la cancelación de citas en el IMSS de San Luis Potosí, decidió llevar a su papá a un hospital de Querétaro, donde le detectaron cáncer en el hígado.

En junio de 2019 decidieron seguir su tratamiento en la Clínica 49 del Seguro Social en ese estado. "Pero solamente le daban Omeprazol... por 5 días no nos recibió ningún oncólogo. Después le dieron un pase directo a la Clínica 2. Estuvo varios días en Urgencias, pero pasaron semanas para que lo viera un especialista".

Explica que en la revisión le dijeron que el cáncer era terminal, por lo que no recibió ninguna atención, además de que hubo una mala canalización. "Están muy saturados".

La semana pasada el presidente López Obrador se refirió en 2 ocasiones a esta columna. Lamentablemente no la leyó, y se dejó llevar por lo que alguien le dijo. Las inexactitudes que cometió el mandatario terminaron en el linchamiento de 2 padres de familia y, como de costumbre en este sexenio, con el apoyo de un conjunto de plumas serviles y abyectas, en el del periodista que les dio voz.

El lunes 20 publiqué en este espacio un texto titulado El gobierno de AMLO la abandonó. Referí el caso de una niña de 3 años, enferma de leucemia, que sufrió la negligencia de las autoridades de salud en un hospital del ISSSTE ubicado en Morelos, y a la que más tarde le fue aplicado, en el 20 de Noviembre, un medicamento que, según su padre, el profesor Walter Rupprecht, procedía de un lote de mala calidad. El resultado fue que la niña, Ana Lucía, se volvió alérgica a los medicamentos existentes en el hospital y requirió de uno de importación, cuyo precio excedía la capacidad adquisitiva de sus padres.

Los maestros Walter Rupprecht y Rosalba Contreras -el primero, de padre suizo, y por tanto poseedor de una doble nacionalidad-, se vieron obligados, con el apoyo de familiares, a buscar en Zurich, mediante la contratación de un seguro básico, el medicamento que aquí no recibieron y que puede garantizar la supervivencia de la niña.

En su "mañanera", el presidente dijo que el columnista lo había acusado de que "una niña o un niño" no recibiera tratamiento. Falso. La columna no lo acusó a él, sino a su gobierno, a partir de una declaración del maestro Rupprecht: "Este gobierno abandonó a mi hija". El presidente dijo también que los padres "de la niña o el niño" eran "unos extranjeros". Falso. Ambos son 100% mexicanos y por eso están afiliados al ISSSTE. Dijo también el presidente que a falta de medicamentos los "extranjeros" se habían llevado a la "niña o el niño", "creo que a Suiza", para que recibiera allá el tratamiento. Otra inexactitud: los padres no se habían llevado a la pequeña: seguían esperando una respuesta del gobierno mexicano.

Un día después, en la "mañanera" fue leída una carta de la jefa de Hematología Pediátrica del 20 de Noviembre. Decía que lo señalado en la columna era falso. Que la niña había recibido el tratamiento adecuado y se hallaba en etapa de remisión.

Los padres de Ana Lucía fueron linchados en las redes, con los argumentos más mezquinos posibles. El columnista ("poco profesional y ético", dijo el presidente), fue acusado de inventar la información. El testimonio del maestro Rupprecht había quedado grabado, sin embargo.

Transmitir en su noticiario esa grabación le valió a Ciro Gómez Leyva ser linchado 2 días enteros (https://twitter.com/cirogomezl/status/1220713363598139392?s=12). Ahí está sin embargo el testimonio del padre de Ana Lucía: "El gobierno, las autoridades de salud, abandonaron a mi hija. Así de sencillo. Debido a un medicamento de mala calidad que le fue administrado en el Hospital 20 de Noviembre el 25 de junio del año pasado, para ser exacto: L Asparaginasa. Ella sufrió un choque anafiláctico muy severo. Debido a eso, ella se volvió alérgica a ese medicamento, que es base en un esquema de quimioterapia. Solo hay un medicamento que realmente puede ayudar a la niña contra la leucemia, el Erwinase. La importación de una caja con 5 dosis cuesta 190,000 pesos, 38,000 cada una. Ana necesitaba 19 dosis".

En la carta que fue enviada a la "mañanera", la jefa de Hematología reconoció que los padres de Ana Lucía habían comprado de su propio peculio el medicamento. Pues bien, el dinero se les agotó, se quedaron sin nada, y aunque la niña se halla en efecto en estado de remisión, necesita recibir el Erwinase durante un año y 8 meses. Por eso los padres se van a buscar una respuesta en el extranjero.

Para "irle cerrando el paso a la calumnia", el presidente dijo en la "mañanera" que él ni estaba enterado de este asunto. Sobre el trabajo del columnista, afirmó: "esas cosas pues no".

Pero resulta que esas cosas pues sí. El director del 20 de Noviembre también fue grabado, y esta es su declaración textual: "Le dimos (a la niña) las primeras líneas de tratamiento para su problema, pasamos a las 2as. líneas de tratamiento y ante la no respuesta de la leucemia que tiene ella, lo que tocaba era un medicamento que no existe en el país, no existe en México y no tenemos todavía procesos regulatorios adecuados para poderlo comprar, importar o hacer cosas".

La madre de la pequeña Ana Lucía, la maestra Contreras, se extraña de la declaración del presidente: "Qué extraño que diga que ni estaba enterado. Qué extraño que haya leído la columna y no haya leído las notas que salieron en todos los medios cuando bloqueamos Félix Cuevas y fuimos a la Cámara de Diputados a exponer las necesidades de nuestros niños enfermos de cáncer. Nos recibieron diputados de todos los partidos, pero de Morena nadie nos recibió, y nadie se nos acercó. Y me consta que el director del 20 de Noviembre elevó nuestras peticiones a la siguiente instancia, el director del ISSSTE a nivel nacional, así que sabían quiénes éramos nosotros y qué estábamos solicitando".

"¿Cómo que no estaba enterado, señor presidente", concluye la maestra Contreras. "Nuestros casos llevan meses en los medios".

El periodismo ha tenido desde siempre el cometido de darle voz a quienes no la tienen. Esta columna le dio voz a un caso, a un dolor. La irritación y la sordera ante un dolor concreto no son un buen síntoma de sensibilidad en un gobierno que se presume social como ninguno.

A pesar de lo propalado por sus plumas esclavas, no mentí, señor presidente.

Un documento oficial demuestra que la Secretaría de Hacienda generó el desabasto de medicinas por implementar una nueva estrategia de compras. Prueba también que Hacienda sabe que seguirá habiendo desabasto hasta marzo, al grado que ya instruyó a las instituciones de salud pública que se rasquen con sus propias uñas.

El documento, enviado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda a la dirección de administración del IMSS, exhibe que en su 2o. año de aplicación, el método de juntar las compras de medicamento (con el argumento de que así se ahorra dinero y se acaba la corrupción) sigue generando un caos que termina afectando la operación cotidiana de los hospitales públicos del país.

El oficio prueba que al más alto nivel del gobierno saben perfectamente que los problemas de desabasto de medicinas se han originado en la mala instrumentación de su decisión de compra. Y que eso de decir que es un asunto sólo del Hospital Infantil Federico Gómez, o que es culpa de un complot de farmacéuticas, o que es por algún directivo hospitalario corrupto, son mentiras. Deja en claro lo que los responsables de otras instituciones del sector han venido señalando desde el año pasado: el método de compra no se ha hecho correctamente y son los usuarios de clínicas y hospitales públicos los que pagan los platos rotos.

El documento se refiere concretamente a la compra "consolidada" de medicamentos y material hospitalario efectuada en noviembre del año pasado, que ha dejado un vacío de abasto para este 1er. trimestre de 2020.

Ante la solicitud del IMSS de ayuda para enfrentar el problema, enviada por escrito el pasado 22 de enero, la oficial mayor de Hacienda, Thalía Concepción Lagunas Aragón, informa al administrador del Seguro Social que las entregas de lo comprado en noviembre de 2019 comenzarán en marzo de este año, por lo cual la cobertura de las necesidades durante este 1er. trimestre es responsabilidad de las instituciones de salud.

La funcionaria de Hacienda afirma en su escrito que las instituciones tienen las opciones de ampliar con los proveedores los contratos vigentes durante 2019 o bien pedirles que les hagan entregas anticipadas de las compras que entran en vigor a partir de marzo.

Si esas 2 vías han sido "agotadas", agrega el oficio, entonces las instituciones tienen que arreglárselas por su cuenta. Eso sí: les advierte que están obligadas por ley a garantizar la atención a la población.

El documento oficial, que se puede consultar íntegro en carlosloret.com, advierte además a la administración del IMSS que si va a realizar compras por su cuenta, se tiene que ajustar a los precios autorizados por la Oficialía Mayor, por lo que le adjunta la lista de costos de medicamentos y materiales establecidos en las bases de la convocatoria de la compra consolidada para 2020. El administrador del IMSS, José Antonio Olivarez Godínez, le pide a la oficial mayor Lagunas autorización para realizar compras para los primeros 4 meses de este año y la funcionaria de Hacienda le contesta: que lo resuelva el IMSS.

En resumen, Hacienda hace la compra consolidada para el año, decide qué adquirir y a qué precio, y las instituciones del sector Salud (IMSS, ISSSTE, institutos de especialidades y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud) se tienen que ajustar a ello. Pero si lo comprado por Hacienda no es suficiente para garantizar la operación, entonces ya no es problema de Hacienda, sino de cada una de las instituciones de salud. Y cuidado si no consiguen los mismos precios que consigue Hacienda en su negociación nacional, porque habrá consecuencias legales.

Combatir la corrupción en los contratos es una intención aplaudible, pero es responsabilidad del gobierno federal instrumentar con eficiencia los cambios de método y al final es el responsable de garantizar el abasto. Con más razón cuando ya entra en su segundo año de aplicación.

La respuesta desde Palacio Nacional a las protestas de los usuarios del sistema de salud es acusar de corruptos a directores de hospitales, sin pruebas, y anunciar investigaciones de la Secretaría de la Función Pública. También alentar campañas de ataques en redes sociales contra los médicos señalados. Un documento desmonta el engaño.

Manuel tiene seis años y padece leucemia. Sin embargo, su madre, Andrea Villalvazo, asegura que su tratamiento está frenado por la falta de medicamentos.

"Ahorita nos dieron un pase para irnos a nuestras casas porque no hay quimioterapias... esta semana no se la han puesto, pero desde septiembre están faltando los tratamientos", afirma Andrea.

El menor es atendido en el Hospital General de Occidente (Zoquipan). No es el único que padece esta situación.

Los doctores de Julián, de 2 años de edad, le advirtieron a su madre Érika que el menor no podrá recibir su 5a. quimio en febrero próximo. No hay fármacos.

Érika comparte que Julián "necesita completar 6 quimioterapias para ser candidato a una operación para extirpar un tumor cancerígeno en su hígado. No es justo que ellos pasen por algo así... lo único que pedimos es que les den sus tratamientos. Son puros niños los afectados. Pueden morir".

Mientras un grupo de madres denuncia el desabasto de medicamentos contra el cáncer, como Metotrexato, Vincristina, Ciclofosfamida y otros para tratar la hemofilia, preparan una manifestación para exigir al gobierno una mejor atención. Calculan que son 60 niños y adolescentes los afectados tan sólo en este nosocomio, además de otros 34 adultos.

Los Hospitales Civiles también registran la falta de medicamentos. A nivel nacional, esto sucede en unidades de Nuevo León y el Hospital Infantil de México, en la capital del país.

Ayer, el gobierno federal confirmó que 120,000 piezas de fármacos (la mayoría oncológicos) llegaron al aeropuerto de la CDMX. La intención es distribuirlos a los 32 estados.

Desde hace una semana, en el Nuevo Hospital Civil "Juan I. Menchaca" hay desabasto de medicamentos para cubrir las quimioterapias de los niños que reciben su tratamiento contra el cáncer.

Ciclofosfamida, Ifosfamida, Vincristina y otros, son los principales fármacos anticáncer que hacen falta, de acuerdo con Jaime Andrade Villanueva, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara.

"Los esquemas para el tratamiento de cáncer son protocolos donde hay que tener todos los medicamentos para poderlos aplicar como se establece".

Además, resaltó que la federación ya hizo las compras, pero falta repartirlas. Por ello y para que los menores de edad dejen de recibir tratamientos intermitentes, la Asociación Civil Nariz Roja enviará Vincristina, mientras que el Instituto de Cancerología de Jalisco repartirá Ciclofosfamida. Sin embargo, ya se hizo del conocimiento de la federación este desabasto y la solicitud para que envíen el resto de los faltantes.

"Las provisiones se están agotando y, de hecho, muchos de los esquemas ya no se completan. Es necesario que ya envíen los medicamentos".

Respecto a quienes no reciben los tratamientos completos, "son los pacientes de cáncer infantil, que es un buen número. Son muchos, pero es variable porque algunos sí tienen tratamiento o el esquema... mientras a otros les falta un fármaco".

Subrayó que se están cubriendo los esquemas conforme se consiguen y se gestionan con otros hospitales los medicamentos que se necesitan.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se tienen suficientes medicamentos, pero una empresa (PISA), "quiso chantajearnos no surtiendo y pensó que con eso nos iba a poner a temblar y que no íbamos a resistir las presiones".

El sábado pasado, el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, aseguró que este martes la federación enviaría entre 20 y 30 unidades de Vincristina para los alrededor de 120 niños en los Hospitales Civiles y casi 40 en el Hospital General de Occidente.

Por las afectaciones en los tratamientos de sus hijos y por la falta de la aplicación de las quimioterapias, un grupo de madres afectadas que atienden a sus hijos en el Hospital General de Occidente se organiza para realizar una manifestación para exigir la aplicación de los medicamentos.

"Convocaremos a los adultos y los padres que se han visto afectados por la falta de quimioterapias para hacer una manifestación", advirtió una de las madres afectadas.

Hasta el momento no hay un lugar ni una fecha definida.

Ante la falta de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer, la asociación Nariz Roja dará 60 cajas de Vincristina a 30 menores que se encuentran en tratamiento en los Hospitales Civiles. Según el fundador de esta organización civil, Alejandro Barbosa, con el 3er. día de la colecta que se implementó por el desabasto en el país para esta población, se logró recaudar 150,000 pesos, al menos, con los que se compró el tratamiento para los menores. "Estamos apoyando a los Hospitales Civiles, hicimos una colecta este fin de semana en línea y juntamos esa cantidad en 3 días... los medicamentos llegan en 10 días, por lo que ya avisamos al área correspondiente en el Hospital Civil".

Sin embargo, puntualizó que esta ayuda es un "paliativo", pues el fármaco que donarán "no es suficiente para cubrir la necesidad que hay... ojalá que esto poquito sume a disminuir el problema".

El medicamento que la asociación compró cuesta 2,570 pesos por ampolleta, pero cada paciente necesita 2 aplicaciones por semana.

La campaña estará abierta hasta el 8 de febrero y se pretende alcanzar la meta de los 300,000 pesos donados.

Manuel y Andrea dejaron atrás su vida en Puerto Vallarta desde hace un año. Llegaron a Guadalajara para luchar contra un enemigo en común: las células cancerígenas que viajan todos los días por la sangre de Manuel, su hijo de 6 años.

El problema es que, desde septiembre pasado, las quimioterapias para Manuel han llegado con retrasos, lo que puede comprometer su tratamiento y hacer que su cáncer se vuelva más agresivo, explicó su madre.

El Hospital General de Occidente (Zoquipan), ha sido un 3er. hogar para el pequeño, después de su casa en Vallarta y el albergue en el que vive en Zapopan.

Con 30 pesos al día, en el albergue pueden dormir, tiene área común, baños y cocina.

Aunque ellos dejaron todo en Vallarta, en Guadalajara esperan que las autoridades no les suelten las manos.

"Estamos solos, necesitamos ayuda del gobierno para que nos den las medicinas, queremos que nos digan qué va a pasar", cuestiona Andrea, quien tiene a otro hijo en Vallarta. "No nos hemos podido regresar porque al principio del tratamiento hay seis meses de quimioterapias intensivas. Mi otro hijo está allá. Es muy difícil. Quiero lo mejor para ellos".

Los planes de Andrea son establecerse en Guadalajara por la enfermedad que padece Manuel; sin embargo, al no contar con redes familiares en la ciudad, lo ve difícil. Y no puede conseguir un trabajo por los cuidados que debe tener con su hijo. "Manuel quiere regresar con su hermano... quiere regresar a la escuela".

Para Andrea, los "dimes y diretes" entre los gobiernos estatal y federal salen sobrando. Ella quiere regresar con su hijo sano a Vallarta. "Ahorita nos dieron un pase para irnos a nuestras casas porque no hay quimios".

Las filas en las cajas del Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde" son cada vez más largas desde el 1 de enero, cuando el Seguro Popular desapareció.

Los pacientes tienen que pagar lo que antes les cubría el Seguro Popular, como citas, estudios y cirugías. Como la cita de Angélica, a quien la consulta le costó 85 pesos que antes destinaba para comer, pues la cubría el Seguro Popular. O como las consultas y el trasplante de riñón de la bebé de Alma, quien 7 de sus 10 meses de vida los ha pasado en el hospital. En total, paga entre 85 y 115 pesos en consultas; además, la operación le costará 57,000 pesos, por lo que ahora está pidiendo ayuda en los medios de comunicación y en la calle.

"Nos dijeron que iba a continuar (el Seguro Popular), pero con otro nombre, pero muchas cosas ya no las cubre, como la operación de mi bebé, que sí la cubría el Seguro Popular".

Ésa y otras cirugías se financiaban con el Fondo de Gastos Catastróficos.

Por su parte, el titular de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade Villanueva, resaltó que, de acuerdo con una circular de la Secretaría de Salud de la federación, los primeros 2 niveles no se cobrarán. Para el 3o., que son las especialidades, incluyendo las consultas para estas patologías, se permiten las cuotas de recuperación.

"El gobernador (Enrique Alfaro) ha expresado que hará una propuesta para que el estado, con la infraestructura y el equipamiento que tiene, pueda seguir brindando los servicios de salud gratuitos".

Además, Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud en Jalisco, junto con Anna Bárbara Casillas, coordinadora estratégica de Desarrollo Social del estado, coincidieron en que aún no hay reglas claras para cobrar las atenciones; tampoco hay claridad sobre el nuevo plan federal.

El secretario señaló que estarán pendientes de "cómo camina el Fondo de Gastos Catastróficos. El presidente de la república dijo que será hasta fines de este año cuando tendremos la cobertura total, incluyendo el 3er. nivel".

La semana pasada, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que ya estaba listo el proyecto del modelo de coordinación en materia de salud con el gobierno federal, ante las inconformidades con la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular. "Ya quedó lista nuestra propuesta de modelo de coordinación con el Insabi, que se va directo a las manos del presidente de México. Para no entorpecer el proceso, todavía no publicaré su contenido".

La Secretaría de Salud informó que, como parte de las acciones para asegurar la atención a los niños con cáncer, la directora del Hospital General de México, Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero, se reunió con un grupo de padres de familia de menores de edad con cáncer.

La funcionaria aseguró a los familiares que el hospital cuenta con abasto suficiente de medicamentos y materiales necesarios para brindar tratamiento y atención de calidad a las niñas y niños.

Esta reunión se da luego de que padres de hijos enfermos llevaran a cabo bloqueos y movilizaciones en las cercanías del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y frente al Palacio Nacional, mientras se realizaba una conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en protesta por el desabasto de medicamentos y por la atención deficiente a los menores con este padecimiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada la presentación del informe semanal "El Pulso de la Salud", que será todos los martes y que originalmente se denominaría "Quién es quién en la salud”. Hoy sería el 2o. ejercicio.

Prometió que así se garantizará la atención médica a toda la población no asegurada. Expuso que el informe "es para la atención médica de calidad, para los derechohabientes (del IMSS y del ISSSTE) y para quien no tiene seguridad social".

La Contraloría de Jalisco identificó irregularidades en las auditorías que realizó a las áreas de Adquisiciones y Almacén del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco. La contralora, Teresa Brito Serrano, informó que en breve presentarán los resultados completos de 14 revisiones que hicieron. Adelantó que iniciaron tres procedimientos de responsabilidad administrativa y dejó abierta la posibilidad de que se presenten denuncias.

"Se puede hablar de las observaciones que no fueron solventadas. Los procedimientos continúan, la investigación continúa. Se registraron hallazgos, particularmente en el manejo de Almacenes y en las Regiones Sanitarias... estos hallazgos nos hablan de un severo descontrol en algunas áreas. Tenemos ya encaminados los 3 procedimientos de responsabilidad administrativa".

Acentuó que su revisión es independiente de la reingeniería en el OPD y la remoción de la titular Consuelo Robles y otros funcionarios. Insistió en que esos movimientos no son resultado directo de sus investigaciones, aunque admitió que sí están vinculados.

La contralora apuntó que se requiere de un mayor liderazgo y coordinación entre los titulares del OPD y de la Secretaría de Salud en el estado. Comentó que acompañarán los procesos de la entrega-recepción con la salida de los 14 funcionarios que fueron removidos, entre los que está el encargado del órgano interno de control del organismo.

"Nuestra auditoría tiene que relacionar la titularidad tanto en el OPD de Salud como en la secretaría. Ellos están conscientes de eso, hay una vinculación. A todos nos interesa que en ambos frentes exista responsabilidad y una cabal coordinación".

En el caso de las faltas administrativas no graves son sancionadas por la Contraloría y la penalización máxima es la inhabilitación hasta por un año. En caso de determinarse como falta grave, corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa revisar los casos y la pena mayor es de hasta 20 años de inhabilitación. Ambos procesos son independientes de las denuncias penales.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pretende que los servicios médicos de los hospitales públicos sean gratuitos, pero hasta el momento se han recibido 3,000 denuncias telefónicas por presuntos actos de cobros, así como quejas por negligencias médicas.

Así lo confirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la federación, quien recordó que las secretarías de Salud y de la Función Pública han puesto a disposición de la población los números 80076-78527 y 80011-28700 para denunciar anomalías.

"En estos números hemos tenido distintos tipos de llamadas, hasta el momento tres millares acumuladas (este mes). Es importante que la gente sepa que estos dos números son sólo para denuncias de negligencias, cobros de servicios o intentos".

El funcionario recordó que los números no son para canalizar a los pacientes a consulta, "se les da información, pero si usáramos el número para toda inquietud, se saturaría".

Mientras el gobierno federal afirmó que la gratuidad se debe aplicar en los niveles 1 y 2, sería hasta diciembre próximo cuando se ampliaría a las áreas de especialidad. Sin embargo, expertos señalaron que es imposible, ya que se requieren 350,000 millones de pesos adicionales en cada año, por lo menos.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró a padres de niños con cáncer que la federación trabaja porque no exista desabasto de medicamentos, además de que vigilará que las autoridades del sector salud atiendan sus demandas.

"Quiero que sepan que el gobierno federal tiene interés en ustedes... y su propósito es que no exista de ninguna manera escasez de medicamentos, que estén surtidos en tiempo y forma. Se los digo de corazón, por convicción: estaré muy pendiente de que ustedes tengan una respuesta por parte de las instancias de salud".

Al recibir a 33 papás y mamás de niños con cáncer que se atienden en hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Baja California y Oaxaca, afirmó que las puertas de la secretaría están abiertas para ellos y que, si desean mesas de diálogo con otras instancias, las gestionará.

Consideró que las peticiones de los manifestantes son "legítimas", por lo que expresó su solidaridad y empatía. Agregó que Gobernación sostiene encuentros con instituciones de salud y para esta semana se prevé otra reunión.

Por su parte, los padres afectados entregaron un pliego petitorio de 8 puntos y exigieron saber a qué compañías se comprarán los medicamentos oncológicos y cuánto tiempo tardará en llegar a los hospitales.

Israel Rivas, papá de una menor de edad que se atiende en el "Federico Gómez" por leucemia linfoblástica, reiteró que no hay intereses políticos de por medio en su movimiento.

"Detrás de mí sí hay algo: dolor y sufrimiento de mi hija. Ojalá los que nos critican no fueran insensibles más allá de sus ideas políticas o religiosas".

Manuel García, papá de un menor atendido en el Hospital General de Tijuana, denunció que desde septiembre pasado inició el desabasto de medicinas como vincristina. Mientras que Sergio Valencia Camarena, de Oaxaca, expresó que en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña los fármacos llegan a cuentagotas, lo que los obliga a comprar los medicamentos a sobreprecios y en el mercado negro. "En Oaxaca, ustedes saben que es un estado pobre, pero hay conocidos, lo pueden constatar, que ya vendieron hasta el último de sus chivitos para comprar vincristina. Antes estaba en 78 pesos y, ahora, en 2,950... nos orillan a comprar en el mercado informal ante el desabasto".

Hoy se cumple el plazo para que lleguen los medicamentos contra el cáncer que hacen falta, confirmó el secretario de Salud en el estado, Fernando Petersen Aranguren. Desde septiembre pasado, algunos nosocomios presentan desabasto, como el Instituto de Cancerología, los Hospitales Civiles y el Hospital General de Occidente, por lo que el gobierno federal tuvo que comprar las medicinas fuera del país.

Es "absolutamente imposible" otorgar los servicios médicos y medicamentos gratuitos a toda la población el 1 de diciembre de este año, consideró José Narro Robles, exsecretario de Salud.

Hacerlo tendría un costo de 350,000 millones de pesos anuales y ni siquiera con esa cantidad se podría garantizar el aseguramiento con todos los servicios de 1o., 2o. y 3er. niveles para toda la población.

"Gratuidad completa el 1 de diciembre para todos los niveles, para todos, para todos los padecimientos y necesidades, es absolutamente imposible. No hay dinero que pueda alcanzar, no hay países que tengan esto".

El gobierno federal se había comprometido a que, antes de que termine el año, los servicios en 1o., 2o. y 3er. niveles serían gratis a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para todos los mexicanos. "Se requerirá, para llegar a algo de esa naturaleza, con las condiciones que tenemos en este momento, con la falta de cobertura y con los problemas de salud que afectan al país, cerca de 1.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cerca de 350,000 millones de pesos".

Criticó que mediante el Insabi se está fomentando la informalidad laboral más de lo que se hizo con el Seguro Popular, puesto que patrones y empresas podrían buscar ahorrarse el pago de cuotas al IMSS y argumentar a los trabajadores que no les darán seguridad social porque ahora existe este esquema.

En el sistema de salud, tanto en médicos generales como en especialistas, hay una gran desigualdad geográfica. El ejemplo es el caso de los odontólogos o los psicólogos, subrayó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Indicó que si bien hay logros destacados en el sistema de salud mexicano, aún "existen insuficiencias", pues tanto en médicos generales como en especialistas hay desigualdad geográfica.

Afirmó que una de las áreas más desprotegidas en el sector es la de odontología, pues entre otras cosas, no hay personal suficiente: se tiene un odontólogo por cada 10,000 habitantes. Algo similar ocurre en el caso de los psicólogos. "México tiene una enorme limitación en personal de salud, hay mucha desigualdad. Se requiere un cuerpo profesionalizado de trabajadores y trabajadoras, por eso existe el proyecto de crear el Servicio Nacional de Salud Pública".

El funcionario de la Secretaría de Salud acentuó que en concordancia con lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), deberían ser 44 elementos de personal de salud por cada 10,000 habitantes, pero en México sólo se cuenta con 27 por cada 10,000.

Una de las áreas con más requerimientos es odontología, ya que en México se dispone de un odontólogo por cada 10,000 habitantes y sólo 12 médicos generales y especialistas en la misma tasa. "Es importantísimo porque los padecimientos bucales se relacionan con complicaciones de otras enfermedades, como diabetes y riesgo de neumonía".

Añadió que la carencia de servicios odontológicos afecta en su desarrollo, incluso económico, a quienes padecen enfermedades bucales.

"En oportunidades sociales, inserción al trabajo y calidad de vida hay muchas consecuencias".

Por ello, mencionó que el plan de salud tiene 4 vertientes: garantizar el personal de salud, además de rehabilitación de la infraestructura física, insumos y equipos y regularización laboral del personal.

Manuel Esaú, de 6 años, y Camila, de 5, tienen leucemia. Ayer les tocaba quimioterapia, pero desde hace unos días no la reciben.

Ellos asistieron temprano con sus mamás al Hospital General de Occidente, también conocido como Zoquipan, para obtener los medicamentos. Sin embargo, el nosocomio los recibió alrededor de las 22:00 horas.

El sábado pasado, el titular de la Secretaría de Salud estatal, Fernando Petersen, informó que sólo llegarían entre 20 y 30 dosis.

Por esa situación, las madres de menores afectados convocaron a una marcha que arrancará hoy a las 8:00 desde el Parque Morelos hacia Palacio de Gobierno.

"Si pasan mucho tiempo sin sus quimioterapias, (los niños) pueden recaer y el cáncer será más agresivo. Están en peligro sus vidas", dijo María Magdalena, madre de Camila.

Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja A.C., señaló que ellos ya repartieron medicinas en el Hospital Civil, pero son insuficientes para los 120 infantes que están ahí y otros 40 del Zoquipan.

El lunes les informé que el desabasto ya había llegado también a los hospitales del IMSS; bueno, pues hoy les puedo contar el via crucis de otro padre, Carlos Iván Meza, de un niño al que, desde octubre en Morelia, Michoacán, no le surten las recetas del medicamento somatropina que necesita. De hecho, y para que no digan en el gobierno de la 4T que no tenían ni idea, Carlos Iván no sólo presentó su queja ante la CNDH, de Rosario Piedra -con folio 2019/117498, el 26 de noviembre de 2019, donde, cosa rarísima (sarcasmo), no le han contestado ni pío, y de emitir recomendación alguna, ni hablar-, sino también ante el delegado del IMSS en Michoacán y ante Zoé Robledo, director general del Instituto.

Pero, además, interpuso el pasado 24 de enero una denuncia en contra del presidente AMLO ante la SFP, de Irma Eréndira Sandoval, por el desabasto de medicamentos. Con el folio 3882/2020, en la narración explica que el motivo de la denuncia es la falta de entrega de medicamento por parte del IMSS, desde octubre. Esto, a pesar de que el señor Presidente dice que no hay desabasto de medicinas, al igual que el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Finalizó diciendo: "Alguien miente, porque no me han entregado el medicamento, a pesar de que presenté quejas en la CNDH, al director del IMSS y a la Presidencia de la República".

Parece que los niños con cáncer apenas empezaron a ser una prioridad para el Gobierno de Jalisco. Y es que el secretario de Salud, Fernando Petersen, reveló que el desabasto para tratar esta enfermedad y la hemofilia se presenta desde antes de septiembre del año pasado.

Fue hasta que madres de niños enfermos marcharon en Guadalajara y en la Ciudad de México que el gobernador se dio cuenta del problema y ordenó la compra de las medicinas con una inversión de 4.5 millones de pesos.

Sin embargo, la garantía del medicamento durará sólo 2 meses porque, argumentó el gobernador, corresponde a la federación enviarlo. Nos preguntamos qué pasará después; ante el desorden que trae la federación en materia de salud y abasto de medicinas, todo indica que el problema va para largo.

Aunque ya llegaron a Jalisco algunas dosis para enfermos de cáncer atendidos en el Hospital General de Occidente (HGO), el desabasto de medicamentos que se recrudeció a inicios de año también ha impactado a niños que padecen hemofilia. Ayer, pacientes de ambas enfermedades salieron a protestar porque tienen hasta 4 meses sin su tratamiento.

Los niños y sus padres se plantaron en Palacio de Gobierno para exigir una respuesta de las autoridades estatales. Y el Gobierno del Estado respondió: se hará un gasto extraordinario para garantizarles acceso al tratamiento completo... pero sólo durante los próximos 2 meses.

El gobernador, quien los recibió, les dijo que se destinará una partida de entre 4 y 4.5 millones de pesos a fin de mantener el abasto de febrero y marzo en medicinas para la hemofilia y el cáncer. Eso mientras llega la compra consolidada del gobierno federal.

El titular del ejecutivo estatal afirmó que "cueste lo que cueste, y aunque no sea un asunto de nosotros (insistió en que la demora es responsabilidad de la federación), voy a meterle recursos para comprar, de inmediato, todo lo que se necesite".

Ese paliativo no está contemplado en la distribución de gastos para 2020, pero saldrá de la Secretaría de Salud estatal. Así que, de entrada, los padres de los pacientes que ayer se manifestaron le entregaron un listado de afectados al secretario de Salud, Fernando Petersen.

Y como todavía no hay un acuerdo en torno a la adhesión de Jalisco al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se dejó en claro que no se puede garantizar la continuidad de este apoyo después de marzo.

El secretario precisó que son alrededor de 600 los pacientes con hemofilia en los centros de salud que hay en la entidad (tanto federales como estatales); 48 de ellos son niños y todos ellos están en el Hospital General de Occidente.

Hasta el miércoles por la noche, con un lote de la federación que llegó de última hora, el porcentaje de abasto se encuentra entre 80 y 85%. No obstante, los tratamientos se reanudarán hasta el lunes.

Yanet Torres vino a Guadalajara desde la región Altos Sur; del municipio de Jesús María. Está desesperada, pues su hijo de 9 años, enfermo de leucemia, sufre ante el desabasto de medicinas contra el cáncer que registra desde septiembre el Hospital General de Occidente. "Un par de meses los estuvieron cubriendo de vez en cuando, pero desde noviembre no nos cubren nada", lamentó. Ayer, decenas de padres de niños que padecen cáncer y hemofilia tomaron el centro tapatío para captar la atención de las autoridades y exigirles que se normalice la entrega de medicamentos, pues la vida de sus pequeños está de por medio.

Angeline tiene 4 años, y 3 de ellos ha luchado contra un tumor que se encuentra detrás de su ojo izquierdo. La diagnosticaron en junio de 2017, cuando vino a Guadalajara con su mamá desde Zacoalco de Torres al Hospital General de Occidente.

La niña ha recibido quimioterapias desde que era bebé. Según la prescripción de los médicos su tratamiento concluiría en febrero, pero esa fecha se ha postergado debido a que desde noviembre pasado le notificaron que había desabasto de medicamentos.

El retraso, cuenta su mamá, es grave porque al transcurrir más tiempo sin acceso a un tratamiento, el cáncer ha evolucionado. Es muy probable que Angeline tenga que volver a comenzar.

Lo peor es que la falta del tratamiento ha hecho que su ojo le duela y se le inflame cada vez más. El tumor está creciendo de nuevo.

"Además del gasto en traslado tendríamos que gastar en quimioterapias, que cuestan como 5,000 pesos cada una. Y le faltan 18", dijo su mamá, Patricia, quien dice estar desesperada porque requiere desembolsar 90,000 pesos que no tiene para auxiliar a su pequeña.

Angeline es sólo una de las pacientes que ayer se plantaron en Palacio de Gobierno para atraer la mirada de las autoridades locales a fin de que les ayuden a acceder a su tratamiento.

No sólo los enfermos de cáncer sufren por desabasto. También los pacientes con hemofilia (una enfermedad que provoca hemorragias) están exasperados por la situación.

Dorlan, de 3 años, es uno de ellos. Él no recibe sus inyecciones desde hace un mes. "Le tengo que prohibir todo. No puede jugar ni nada, tiene que estar quieto porque una caída es un sangrado. De por sí, puede tener sangrados espontáneos", compartió su mamá, Ahtziri Juárez.

Junto con Dorlan, otros 47 niños con esa enfermedad se atienden en el Hospital General de Occidente.

Julián y Mauricio, hermanos de 8 y 13 años, respectivamente, padecen hemofilia B; es decir, su sangre no coagula adecuadamente. Y para ellos, los últimos 4 meses han sido muy pesados porque no han recibido tratamiento.

"Cuando voy a cita al Hospital General de Occidente no me cumplen. El más chico necesita 8 medicamentos y el más grande, 12. Pero a veces me dan 5; otras veces 4 o hay días que vuelvo a casa con las manos vacías", lamenta Angélica Martínez, su mamá.

Su padecimiento es delicado, pues incluso puede ocasionarles hemorragias espontáneas. Por eso el acceso a sus medicinas es indispensable.

De hecho, la situación actual de desabasto ya ha repercutido en su salud, pues un día, Julián se dio un golpe en la cabeza y eso le ocasionó una hemorragia. Fue a urgencias pero "me mandaron a mi casa: '¿Sabes qué? No hay medicamento. Vente mañana'. Fuimos al día siguiente y nada", compartió.

En otra ocasión recibió un golpe que le produjo fisuras en el cráneo, y eso a su vez le ocasionó ataques de epilepsia.

Un obstáculo adicional para Julián y Mauricio está en el precio del tratamiento. Cada aplicación cuesta, en el sector privado, alrededor de 38,000 pesos. Y como entre los 2 requieren de 5 sesiones, sus padres tendrían que desembolsar 190,000 pesos por semana; 760,000 pesos al mes.

La crisis por medicinas no es nueva. El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, afirmó que el desabasto de fármacos para atender a pacientes enfermos de cáncer no inició en septiembre. "Tiene mucho tiempo", reconoció ayer.

La muerte del Seguro Popular y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el pasado 1 de enero dieron pie a un movimiento de batas blancas: médicos y trabajadores del sector que no tienen base y algunos ni seguridad social, y quienes exigen que sus derechos laborales sean previstos en la transformación del sistema de salud que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2004, en el sexenio de Vicente Fox, con la creación del Seguro Popular comenzó la precarización laboral de ese sector. Ahora con el cambio de modelo, este movimiento médico -con la consigna ¡Justicia e Igualdad Laboral, Bases para Todos!-, demanda que el Insabi corrija los daños laborales que les ocasionó el sistema anterior.

El pasado 29 de enero el doctor Gabriel Pérez, de la unidad de niños quemados del Hospital Pediátrico Tacubaya, subcontratado desde hace 5 años y, por lo tanto, sin todas las prestaciones de ley, se unió a la protesta de decenas de trabajadores de la Secretaría de Salud federal y secretarías estatales afuera de Palacio Nacional, con el lema: "¡Bases para todos ya!".

"Los médicos no estamos siendo tomados en cuenta en la reforma al sistema de salud. Esa reestructura estará incompleta si no incluye a quienes recetamos, a quienes vemos a los pacientes. Si no incluye a los trabajadores, estará destinada al fracaso", sentencia Pérez en entrevista.

Ese día él y otros médicos, enfermeras y trabajadores sociales entregaron un pliego petitorio a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Salud para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades y un censo nacional para la basificación del 100% del personal de las instituciones de salud, que incluya a trabajadores regularizados, formalizados, que cumplen suplencias e interinatos prolongados y no sólo a los contratados por honorarios.

"No nos vamos a detener hasta conseguir nuestros derechos laborales. La lucha es por la salud de la población, porque no merece médicos desgastados, cansados, que tienen dos trabajos, sin dormir. Los hospitales hoy en día son comercios ambulantes... los compañeros y compañeras tienen que vender pinturas, comida, ropa, de todo", cuenta el pediatra.

López Obrador prometió que antes de que termine su administración se basificará a 87,000 trabajadores que ahora cobran por honorarios; sin embargo no incluye a unos 200,000 subcontratados, regularizados o formalizados, dice el licenciado en enfermería y médico cirujano Fabián Infante, uno de los organizadores de la manifestación.

"La Secretaría de Salud modificó las condiciones generales de trabajo en 2007 y agregó estos membretes: formalizados y regularizados, pero eso no está previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces se está violentando. Todo esto es culpa del Seguro Popular y es momento de corregir, porque en apariencia tenemos algunos beneficios laborales, pero no tenemos acceso al 100% de las prestaciones de ley ni acceso a las condiciones generales de trabajo", añade Infante, quien fue regularizado en 2007.

David Velasco, médico legista de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien trabaja en la unidad departamental de medicina legal y en reclusorios, dice a Proceso que se unió al movimiento con algunos de sus compañeros porque aproximadamente unos 300 médicos legistas, de un total de 536 a escala nacional, están contratados bajo un esquema de estabilidad laboral que si bien les da servicios de salud básicos, les impide el acceso a la atención de alta especialización o quirúrgica.

"Tampoco contamos con ahorro para el retiro, ahorro para la vivienda, no generamos antigüedad y todas las demás prestaciones. No tenemos seguro de riesgo, siendo que atendemos a personas detenidas que muchas veces tienen heridas sangrantes y estamos expuestos", señala Velasco.

Personal médico y trabajadores sociales por honorarios del 1er. nivel de atención de la Ciudad de México, que pertenecían al Seguro Popular, acudieron a la protesta porque no se les ha pagado desde el 1 de enero, cuando se creó el Insabi, y como todavía no se establecen las reglas de operación, no saben si serán absorbidos por este nuevo instituto. El último contrato que firmaron se venció el 29 de diciembre de 2019.

"Nos deben la 1a. y 2a. quincena de enero y nos han comentado que tentativamente nos van a hacer un pago a finales de febrero... pero nosotros seguimos trabajando.

"La otra cuestión que nos tiene en la incertidumbre es el contrato temporal que se venía firmando cuando existía el Seguro Popular y que se renovaba cada mes o cada 3 meses. Ahora no hemos firmado ningún contrato. Con el fin del Seguro Popular no sabemos a quién pertenecemos", dice a la reportera un trabajador social de la jurisdicción sanitaria de la alcaldía Iztacalco, bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El pasado 13 de enero el doctor Vladimir Román -quien lleva varios años trabajando en una farmacia en la Ciudad de México ante la falta de oportunidades en el país para los médicos generales- escuchó que en la conferencia mañanera de López Obrador se hizo un importante anuncio: la creación de la Universidad de la Salud en la capital para formar a médicos que luego atiendan en las comunidades más alejadas.

Ese día, acompañado de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y quien encabeza el programa, López Obrador dijo que el país tiene un problema estructural de fondo: "Nos faltan médicos".

"Es uno de los saldos negativos del modelo neoliberal, el apostar a la privatización de la educación, el imponer los exámenes de admisión como pretexto, usarlos como excusa para rechazar a los jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión porque no tenían presupuesto las universidades públicas", explicó.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, repitió sin titubear que faltan médicos generales y enfermeras: "Esta universidad surge por una necesidad, que es la formación de profesionales de la salud".

Por ello, afirmaron, además de la Universidad de la Salud en la capital, el gobierno puso en marcha 11 escuelas de medicina como parte del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez: en Tlalpan, en la Ciudad de México; Ocosingo y Venustiano Carranza, Chiapas; Juan R. Escudero, Guerrero; Chilchota, Michoacán; San Juan Bautista Valle Nacional, Santa María Jalapa del Marqués y San Pedro Pochutla, Oaxaca; Zinacatepec, Puebla, Ezequiel Montes, Querétaro y Ticul, Yucatán.

"Y tenemos que abrir más", remató López Obrador.

La noticia no cayó bien en el Movimiento Médico Nacional, del que forma parte Vladimir Román y que surgió en los últimos meses del año pasado por la falta de plazas y condiciones laborales en el sector salud y por la poca transparencia del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), única vía en México que tienen los doctores para realizar una especialidad.

"Dice que no hay médicos generales en México. ¡Sobramos médicos generales!", señala Román, quien forma parte de un fenómeno creciente de médicos que no tienen cabida en las instituciones públicas y se ven orillados a malbaratar su trabajo en consultas de 50 pesos en los más de 16,000 consultorios anexos a las farmacias del país.

"No tiene por qué producir más médicos, lo único que tiene que hacer es dar a los médicos salarios dignos y seguridad, y entonces se van a ir a la sierra, pero por 15,000 pesos mensuales nadie se va a ir a que lo maten de un machetazo", añade.

Las cifras confirman que el problema del sistema de salud mexicano no es la falta de estudiantes de medicina o egresados. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud, en 2018 había 56,326 estudiantes de medicina en el país, y según datos del Colegio Médico de México, cada año se gradúan unos 20,000 pero sólo 3% de ellos llega a trabajar en un hospital público.

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que en México cada año hay 13.5 egresados de la carrera de medicina por cada mil habitantes, lo que coloca al país entre las 16 naciones con mayor cantidad de ellos, por arriba de Alemania, donde anualmente son 12.0, y Suiza, 11.2.

En contraste, según datos de la OCDE, apenas hay 2.4 médicos en activo por cada mil habitantes en México, mientras que en Alemania son 4.3 y en Suiza 4.1. El más elevado en el ranking, que sólo toma en cuenta a países miembro de la Organización, es Austria, que tiene 5.2 por cada mil habitantes.

Además, en 2018 el Sistema Nacional de Información en Salud registró a 17,413 médicos dedicados a labores ajenas a la medicina.

En México hay unas 187 escuelas donde se imparte la carrera de medicina, 82 de ellas son públicas, y en la Ciudad de México es en donde más hay: 18, 9 de las cuales son públicas, según datos de 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad.

"Mientras más carreras de medicina, más médicos, y más difícil será que ingresen al mercado laboral", apunta el doctor Román.

El Movimiento Médico Nacional aglutina a diferentes organizaciones, como el "YoSoy08", de médicos suplentes que después de una década siguen sin base en el IMSS; la Asamblea Nacional de Médicos Residentes y Transparencia ENARM.

Este último fue el origen del actual movimiento, luego de que el 29 de septiembre de 2019 un grupo de 200 doctores que concursaron para una de las 27 especialidades a través del ENARM, detectó que la prueba de este año contenía graves errores.

Para ellos era impensable que un examen de tal importancia y que tiene un costo de 3,000 pesos por persona tuviera errores ortográficos -como "embaraso" o "náucea"- o de contenido.

Ante ello, los médicos generales del movimiento piden que se reforme el proceso de selección de aspirantes y que se amplíe el número de plazas, pues cada año hay más de los primeros y el de las segundas se mantiene, pese a que desde hace 43 años el ingreso a una especialidad médica tiene como requisito principal haber sido seleccionado en el ENARM. Este año presentaron el examen alrededor de 49,000 personas y sólo se otorgaron 8,500 plazas, lo que representa un rechazo de alrededor de 80%.

La Universidad de la Salud y las otras universidades del programa Bienestar Benito Juárez buscan dar solución al déficit de médicos en las zonas rurales del país, una de las principales preocupaciones del presidente, quien incluso ofrece un aumento salarial a los especialistas que trabajen en aquellas comunidades.

Pero para las doctoras consultadas el problema es más profundo y para que médicos generales y especialistas vayan a las zonas más apartadas tiene que destinarse más presupuesto, dotar a los centros de salud de las comunidades de los materiales y medicamentos necesarios y mejorar la seguridad de esos municipios, porque quienes han decidido brindar sus servicios en esos lugares muchas veces tienen que irse de ellos por las condiciones de riesgo que enfrentan.

"En mi caso no me dieron ni siquiera un baumanómetro o un estetoscopio, no había ni soluciones. En mi servicio social me exigieron atender emergencias sin equipo. Me llegaron pacientes con hipoglucemia grave y les tuve que dar galletas María para salvarles la vida; no me dieron materiales, no me dieron nada. Si tú estás en una zona rural y no le salvas la vida al paciente porque no tienes el material, los pobladores se enojan contigo y toman represalias", narra la doctora Alma Díaz, de Mexicali, sobre su experiencia en el centro de Salud González Ortega de esa ciudad en 2018.

La doctora Genoveva Oseguera, egresada de la UNAM, cuenta que su sueño era dar consultas en las comunidades rurales y regresarles al menos "un poco de lo que la educación pública me dio". Pero en 2016 se fue al servicio social a atender ella sola el centro de salud de la comunidad de Gerocoa, en Álamos, Sonora, y a los 6 meses tuvo que irse de ahí, por su seguridad.

Una noche estaba a punto de dormir en su cuarto en el centro de salud de la comunidad, donde no había ni un policía, cuando fue hostigada por un grupo de narcos de la zona que entró al lugar y comenzó a hacer destrozos.

"La gente me decía: '¡No se vaya doctora! Ya no viva en el centro de salud, véngase a mi casa y yo la cuido, todos los días voy por usted y la traigo a mi casa para que no le pase nada, pero no se vaya, porque nos quedamos sin doctor'", cuenta.

A un año de su inauguración, el Hospital Geriátrico de Jalisco todavía opera sin el personal necesario para su máximo aprovechamiento.

El 4 de febrero de 2019, este medio de comunicación publicó que contaba con apenas 41 trabajadores.

Sin embargo, el director general del nosocomio, Michel Bureau Chávez, destacó que actualmente se requieren 350 contrataciones entre médicos, administrativos e intendentes.

El médico explicó que el año pasado se trasladaron al inmueble servicios que estaban en condiciones de hacinamiento en el vecino Hospital General de Occidente, también conocido como Zoquipan.

Indicó que el edificio tiene un aprovechamiento "por arriba del 50%", con 40 camas que no se usan.

"Se ha estado operando de acuerdo a la capacidad de personal que tenemos en el Hospital General de Occidente", dijo.

Hace un año, Servicios de Salud Jalisco señaló que hacían falta mil millones de pesos para subsanar el déficit que atraviesa la unidad. Este año se asignaron apenas 200 millones para el Geriátrico y el Zoquipan.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que en caso de haber incurrido en alguna falta u omisión, será sancionado el personal del Hospital General de Los Reyes, en el que una mujer dio a luz en los pasillos. El hecho fue evidenciado a través de redes sociales mediante un video en el que se aprecia a la mujer en el piso, con las labores de parto.

En la grabación se ve cómo son personas que se encontraban en la sala de espera del hospital las que ayudan a la paciente y no el personal del hospital. A decir de la denuncia pública, la señora ya tenía varias horas sin ser atendida, por lo que tuvo que dar a luz a su bebé encima de una cobija tirada en el piso. Cuestionado al respecto el mandatario michoacano se dijo enojado y advirtió que se van a sancionar las faltas o las omisiones en ese hospital.

"Y quien haya cometido una falla será sancionado; no tengan ninguna duda, porque el reto es que los servicios mejoren y no lo vamos a permitir", reiteró Aureoles Conejo. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que la señora Elvia Ascencio y su bebé están en buen estado "tras un parto espontáneo en el Hospital General Los Reyes".

La SSM afirmó que tras ser revisada la paciente, el personal del hospital determinó que la dilatación correspondía a una fase inicial y que en dos horas la volverían a valorar. Eso, argumentó el Sector Salud, ya que la mujer apenas presentaba 2 centímetros de dilatación.

La dependencia estatal justificó que en este inter de tiempo "sobrevino de manera inesperada el parto que fue asistido enseguida por médicos y enfermeras, llevando a cabo todos los procedimientos y cuidados necesarios". Y agregó; "reiteramos nuestro compromiso de velar por el bienestar de la población, como el caso de esta paciente y su bebé a quienes seguiremos dando atención".

En 5 meses, casi el 10% de los derechohabientes del IMSS han dejado de recibir las medicinas de sus recetas, aunque sea incompletas. Es un desplome no visto en muchos años.

Son datos oficiales a los que tuve acceso, que no ha hecho públicos el gobierno federal, y que reflejan la dimensión de la crisis de abasto de medicamentos que el presidente López Obrador ha dicho que está superada. Sus propios datos lo desmienten.

El desplome en la atención a las necesidades de salud de la población fue paulatino. En septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidas total o parcialmente fue 98.8%. Para octubre ya había caído a 96.7% y para noviembre estaba en 95.3%. Luego vinieron caídas más pronunciadas: en diciembre se registró 92.5% y en la 2a. quincena de enero de este 2020 se vino abajo aún más, y cerró, según datos preliminares, en 89.8% de las recetas. Un desplome de 9 puntos porcentuales en tan solo 4 meses.

La estadística no es muy estricta: se considera una receta surtida aquella en la que por lo menos 1 de cada 4 medicamentos es entregado en el momento en que el derechohabiente lo pide. Así se ha medido en los últimos sexenios, por lo que este dato es comparable históricamente.

Consultando los datos de años anteriores, el promedio anual de atención de recetas fue superior a este nivel. Los peores años fueron 2009, 2011 y 2014, en los que el promedio anual rondó 96%. Es un nivel sustancialmente mayor que el registrado en enero. Desde mayo de 2017 hasta agosto de 2019 el índice mensual de atención de recetas estuvo siempre por arriba del 99%.

Así que por lo menos no se habían visto estos niveles de desabasto de medicamentos desde hace una década, quizá mucho más.

Estos datos se desprenden del Índice Nacional de Atención de Recetas, que construye semanalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata de una base de datos, a la que tuve acceso, elaborada por distintas áreas y delegaciones del IMSS. En la elaboración de la base de datos, me explican fuentes involucradas en el proceso, intervienen aproximadamente 50 funcionarios públicos. De ahí se desprende la presentación que llega al director del IMSS, Zoé Robledo, y a la que tienen acceso una veintena de mandos directivos del Seguro Social.

Según me reportan las mismas fuentes, a partir de que los índices internos empezaron a revelar la crisis en el sector salud por el desabasto de medicinas, se pusieron mucho más duros los controles sobre el manejo de esta información.

De acuerdo con el Índice, los 5 peores almacenes de las delegaciones estatales en términos de atención a recetas son: Sonora (83%), Michoacán (81%), Chihuahua (80%), Coahuila (79%) y Querétaro (78%). Los mejores son: Ciudad de México Norte (99.8%), Aguascalientes (99.7%), Estado de México Poniente (98%), Guerrero (97%) y Sinaloa (96%).

En términos de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), las peores son: Hospital General La Raza (88%), Especialidades Veracruz Norte (87%), Pediatría del Siglo XXI (86%), Especialidades Puebla (86%) y Especialidades Nuevo León (73%). Siendo los mejores: La Raza Obstetricia, Especialidades Guanajuato, Traumatología y Ortopedia tanto de Lomas Verdes como de Nuevo León con casi 100%.

El único problema de este gobierno que lo tiene contra la pared, que NO concede plazos y que es fatal que acumule días, es el desabasto de medicinas.

En la fotografía tomada por la periodista Olga Valeria Hernández, del portal de noticias Lado B de Puebla, aparece un grupo de padres de niños con cáncer sosteniendo varias cartulinas, sus consignas: "Señor Presidente ayúdenos nos podemos morir por falta de quimios", "Sr. Presidente basta de mentir no hay medicamento, nuestros hijos lo necesitan", "Los niños necesitan quimioterapias sr. gobernador", "Auxilio: Presidente Andrés Manuel López Obrador, los niños con cáncer necesitamos: vincristina, citarabina y ciclofosfamida", "no hay quimios" "la vida de nuestros hijos no espera"; en la foto aparecen 12 personas, protestan a las afueras del Hospital del Niño Poblano. La crónica, escrita por el periodista Cristian Escobar, cita la voz desesperada de un padre, una escena que cada día se repite más, que hemos leído en los últimos meses y que no coincide con lo que se pregona desde Palacio Nacional todas las mañanas: El padre de familia "J" señaló: "A mi hijo le debían suministrar citarabina, vincristina y ciclofosfamida, combinada con otros medicamentos"; sin embargo, dijo "J", al llevar a consulta a su hijo el martes 28 de enero, los médicos le comentaron que dichos medicamentos ya estaban agotados en el hospital, y que le suministrarían otros parecidos con el fin de evitar cualquier recaída. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué NO hay medicamentos? Es falso que se haya atendido la emergencia.

Se acumulan reclamos exactamente iguales en Yucatán, Veracruz, Guerrero y más. El presidente no cambia su discurso, el desabasto es resultado de la corrupción de gobiernos anteriores y la semana pasada el gobierno federal ha decidido permitir la importación de medicamentos, cuenten o no con registro sanitario en México, para evitar el desabasto en el sistema de Salud, ¿servirá esta salida? La crisis del desabasto debe seguir en la agenda nacional, "la vida de nuestros hijos no espera", repiten los padres y es algo que debería tener enmarcado el presidente en su oficina de Palacio Nacional.

De 9 estados que no firmaron el acuerdo de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 5 no cuentan con IMSS Bienestar, por lo que el Estado no podrá garantizar atención médica y medicamentos gratuitos para su población.

Al presentar el "Pulso de la salud", el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León no firmaron el acuerdo de adhesión al Insabi, y tampoco existen hospitales del esquema IMSS Bienestar.

"En 5 estados no habrá participación del gobierno federal porque no existe una institución federal y los gobiernos estatales decidieron no adherirse", explicó el subsecretario en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México.

Mientras que Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, son entidades que tampoco firmaron el acuerdo de adhesión, pero cuentan con infraestructura para población no asegurada del Seguro Social.

"No se pueden hacer convenios a modo o a medias. La semana pasada, nueve estados permanecían en la columna de no adheridos, que no se comprometían con el esquema de gratuidad, pero ahora explicamos que de estos, 4 cuentan con la magnífica institución que es IMSS Bienestar", resaltó.

El subsecretario destacó que el gobierno federal busca hacer realidad el 4o. artículo constitucional y que todos los mexicanos tengan acceso a la atención médica de calidad, para lograrlo se creó al Insabi.

"Al día de hoy, 23 gobiernos se comprometieron y adhirieron, 9 estados no lo hicieron y en 5 que no cuentan con IMSS Bienestar no habrá participación del gobierno federal, ellos deberán proveer los servicios y medicamentos a sus habitantes", puntualizó.

Sobre la gratuidad en el 3er. nivel de atención, el cual se pretende establecer a partir del 1 de diciembre próximo, López-Gatell celebró que los 23 institutos nacionales de salud y hospitales federales de alta especialidad se han sumado a la iniciativa, para hacerlo realidad, el Insabi deberá aportar lo que se obtenía por cuotas de recuperación.

"Nos faltaba uno de los 23 institutos de salud, ya lo tenemos, todos se han comprometido con el esquema de gratuidad, que las personas no paguen cuando reciban servicios, para que en diciembre ya sea gratuito y un compromiso del gobierno es que el Insabi cubra las cuotas de recuperación".

El gobierno pretende fortalecer el tejido de atención sanitaria del IMSS por todo el país, en los 19 estados en los que está presente, y así aprovechar su estructura para implementar más eficientemente el Insabi.

Ahora mismo, el IMSS dispone de 80 hospitales en zonas rurales, explicó López-Gatell, centros que se van "a mantener en conservación durante todo el sexenio" y se va a potenciar el abastecimiento de equipos de salud, medicinas, protocolos y la llegada de nuevo personal.

Otro de los retos del Insabi es la integración al sistema público de nuevo personal médico, para lo que el funcionario de la Secretaría de Salud anunció un plan escalonado de incorporación de unos 87,000 profesionales que cuentan hoy "con contratos inestables".

De momento, en 2020 el gobierno pretende incluir ya en su plantilla a 17,274 de estos trabajadores, dando prioridad a los que llevan más tiempo en esa situación, que para algunos se ha alargado una década.

López-Gatell aseguró también que el Insabi ya ha conseguido garantizar la gratuidad de los servicios en los 23 institutos nacionales de salud que proveen atención médica, que tienen un presupuesto anual de 32.674 millones de pesos (unos 1.732 millones de dólares) que va a cubrir el ejecutivo de forma íntegra.

Luego de que el viernes pasado se venciera el plazo para adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el ejecutivo estatal informó que se llegó a un acuerdo en el tema: Jalisco firmará un convenio de Coordinación y Colaboración Integral pero sin perder la autonomía en centros de salud y manteniendo los recursos que se le otorgan cada año.

Según se indicó, el acuerdo permitirá caminar en el acuerdo de gratuidad de los servicios de salud en los 3 niveles y la universalidad, pero sin que la federación se haga cargo de la infraestructura, equipo y personal médico jaliscienses.

En cambio, se integró que todos los organismos que prestan servicios de salud reciban recursos, como el Hospital Civil y el de Cancerología, y no solo el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco.

"La realidad del Sistema de Salud Jalisco no es la misma que la de Oaxaca, la de Tabasco o la de Chihuahua. Estamos planteando una solución que le sirve a nuestro estado".

Aunque se mantendrá la compra consolidada a cargo del gobierno federal para obtener el mejor precio, el convenio tendrá una cláusula en la que resalta que, de haber retrasos, Jalisco podrá adquirir los medicamentos que necesite por su parte.

También integraron temas como la basificación del personal del sector salud y acceso a los recursos del proceso de acreditación de los centros de salud.

Además, se agregó el poder celebrar acuerdos con organismos o instituciones médicas públicas y/o privadas del Sistema Nacional de Salud -como el IMSS- para aprovechar las instalaciones médicas y garantizar un modelo universal de salud.

Este acuerdo tendrá una vigencia que concluirá al término de la administración estatal y se someterá a revisiones anuales, a través de mesas de trabajo, para garantizar la mejora de los servicios, procesos y operación de los programas de salud.

Ante el incumplimiento a los acuerdos pactados con la Secretaría de Gobernación (Segob), padres y familiares de niños con cáncer informaron que estudiarán la posibilidad de solicitar visas humanitarias e incluso, tomar las garitas en cruces fronterizos en caso de que continúe o se agudice el desabasto de medicamentos en diversos hospitales del país.

En entrevista previa a la 2a. reunión privada que sostendrán con la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, el señor Israel Rivas, padre de una niña de 5 años con leucemia linfoblástica aguda, explicó que "si no han hecho la compra consolidada, estamos con esa posibilidad" (de solicitar las visas humanitarias).

"Si nos dicen que esto va a tardar 3 o 4 meses iremos a tocar las puertas de todas las embajadas, de Estados Unidos, de Canadá para pedir visas humanitarias. Yo soy de Chiapas y me puedo saltar a Guatemala. Vamos a movilizarnos... los padres de la frontera han decidido tomar las garitas, en Tijuana, el próximo domingo", añadió.

A pregunta expresa, detalló que los estados de Jalisco y Yucatán enfrentan actualmente una crisis de desabasto de medicamentos, a los que se suman Veracruz, Guerrero y Baja California.

Incluso, anotó, "Jalisco tiene una situación muy grave con Vincristina, no hay. Creo que es el estado que en estos momentos está padeciendo lo peor".

En su turno, Omar Enrique Hernández destacó que los hospitales 20 de Noviembre, en la Ciudad de México, y el de Ixtapaluca, en el Estado de México, también enfrentan serios problemas de desabasto de medicinas.

"Tan sólo en el estado de Guerrero hacen falta 6 medicamentos vitales. Estamos hablando que son 9 medicamentos para este tratamiento (de cáncer)", añadió, al recordar que los menores de edad no pueden esperar mucho tiempo para que se les suministre el tratamiento que necesitan.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los 5 estados que rechazaron adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) seguirán comprando caro las medicinas y no les alcanzará para ofrecer una buena atención médica a sus gobernados, en caso de no combatir la corrupción o fomentar el ahorro.

En seguida aclaró que las 5 entidades federativas no dejarán de recibir recursos de la federación, los cuales por ley les corresponde y siempre irán en aumento.

"Entonces si ellos procuran que haya honestidad, alcanza, porque no van a tener menos, inclusive van a tener más. Entonces nada más que aquí vamos a estar informando de dónde faltan medicamentos y dónde está mal el servicio, por qué y todo. Pero decirles que no les va a faltar los recursos. Son decisiones que tomaron los gobernadores y no podemos nosotros hacer nada por la fuerza", destacó el presidente López Obrador.

Entre la retórica triunfalista del Gobierno de Jalisco y la falta de reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, nos quedamos igual.

Por un lado, el gobernador presume un acuerdo de no adhesión pero sí de colaboración (es decir, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario) con el Insabi.

Sin embargo, hasta ahora no se ha transparentado ese acuerdo para saber cuántos médicos serán basificados y cuánto dinero extra (de ser así) recibirá Jalisco.

Ah, pero eso sí, Jalisco defiende su soberanía ante la federación, y les vamos a garantizar atención médica gratuita, nomás no les decimos cómo, ni de a cuánto.

Lo que hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al estirar la liga hasta el final para la coordinación con el Insabi fue comprarse un poco de certidumbre para el futuro. Sí, comprarse, o bueno comprar para el estado, o comprarnos futuro, da igual la conjugación; es una metáfora, pero funciona porque el bien más anhelado -por escaso- con la nueva estrategia federal en salud es el de la certidumbre. El sistema arrancó sin claridad sobre los mecanismos financieros, sin detalles sobre la coordinación con los sistemas estatales, sin respeto por lo adelantado o lo perdido en los estados.

Y yo no sé ustedes, pero yo no veo las cosas muy cambiadas. El escenario que puso los pelos de punta a una decena de gobernadores sigue siendo el mismo: el Insabi sigue sin existir, los fondos para dar gratuidad siguen sin garantizarse y la centralización sigue sin mostrar sus reglas de operación.

Pero al menos se compró un poco de futuro, nos dice Alfaro en un videomensaje oficial. El gobernador asegura que se negociaron favorablemente las plazas del personal de salud y que se flexibilizó el esquema de compras de medicamentos para que el gobierno estatal pueda intervenir en caso de que el gobierno federal no se dé abasto o se pierda el camión repartidor esa semana. El mandatario dice que eso ya quedó arreglado y que los detalles, la letra chiquita y el contenido completo de la negociación podrá conocerse después, ya luego... Mientras tanto, habrá que confiar en su palabra y agradecer, como él, a los negociadores.

Suena bien, pero ¿está bien? El mensaje del gobernador es un recado político: intenta blindar las decisiones tomadas por su administración y explicar las razones por las cuales conviene al estado sumarse a la coordinación y al nuevo esquema. Es valiente, hay que decirlo; prácticamente no hay políticos que salgan a explicar por qué cambiaron de opinión y qué ganaron. Sin embargo, la valentía no es suficiente. Los principales problemas con el Insabi no sólo están en los 2 únicos puntos que destacó Alfaro en su video (plazas y compra de medicinas), sino en la viabilidad del napoleónico proyecto: la gratuidad universal.

El gobierno federal ha destinado horas y días a sumar a los gobiernos estatales al sistema, pero no ha puesto un solo minuto a construir la viabilidad financiera que supla al Seguro Popular. Vale la pena recordar que el Seguro Popular era un mecanismo financiero, antes que un sistema de salud (y no, no lograba cobertura universal) y el Insabi es un mecanismo de coordinación centralizada, antes que un sistema de salud. Los sistemas de salud para atender a la población no derechohabiente los tienen principalmente, sí, adivinaron, los estados, y Jalisco el que más.

Por eso la desconfianza y las propuestas alternas. Para no perder lo avanzado, para no navegar en la incertidumbre ofrecida por la utopía. Y por eso había que comprar futuro. Algo. Un microfuturo, mientras se disipa la bruma.

El presidente López Obrador se refirió a mi columna de ayer, en su conferencia mañanera. Irónicamente dijo: "Ahora Loret de Mola está preocupado por el desabasto de las medicinas. Muchas gracias a todos, eso es la democracia, de que todos ayudemos". De nada.

El presidente se enojó al leer en estas Historias de Reportero que su gobierno está escondiendo las verdaderas estadísticas sobre el desabasto de medicamentos. Denuncié que dentro del propio Instituto Mexicano del Seguro Social habían detectado un histórico desplome en la atención a las recetas de los derechohabientes: en 5 meses cayeron de casi 99% a aproximadamente 89%, algo que no se había visto en muchos años. Se trata del Índice Nacional de Atención a Recetas, que elabora el propio Seguro Social, al que tuve acceso pero que no ha hecho público.

Sin embargo, en el "Pulso de la Salud" que realiza todos los martes en la conferencia mañanera, el gobierno federal reportó que se estaban surtiendo 98% de las recetas.

¿Había entonces una contradicción entre los datos de la mañanera y los datos internos del IMSS que revelé en esta columna? ¿Por qué el gobierno federal decía que se surtían 98% de las recetas y lo revelado aquí señalaba que era 9% menos? En realidad, no.

Ese 98% que presumieron en la conferencia mañanera es solamente de las farmacias del IMSS-Bienestar, lo que antes era IMSS-Prospera, que equivale a aproximadamente 10% del IMSS.

La caída hasta 89% que le revelé tiene que ver con todo el IMSS, no solo un pedacito.

Cuestionado en la mañanera por mi colega reportera Rocío Jardinez, el director general del IMSS, Zoé Robledo, tuvo que aceptarlo: "El dato que se acaba de presentar (el 98%) es del IMSS-Bienestar, de las farmacias y el surtimiento del IMSS-Bienestar, no es del régimen ordinario".

Y eso que, según la estadística del IMSS, una receta "surtida" es aquella en la que la farmacia entregó al menos 1 de 4 medicamentos solicitados. Seguramente por eso desde hace muchos sexenios hay una brecha enorme entre las cifras triunfalistas que históricamente han reportado los gobiernos federales y las denuncias que los derechohabientes hacen en medios de comunicación sobre falta de medicinas.

Lo de ahora profundiza esa mala práctica: maquillar las cifras, esconder la realidad. Ha pasado en seguridad, ha pasado en crecimiento económico, ahora pasa con la atención en los servicios de salud.

Zoé Robledo, me da mucha pena molestarte, pero el desabasto de la hormona del crecimiento en tus hospitales en todo el país, al menos desde noviembre del año pasado, es una realidad. Ya sé que están castigando a PiSA, pero, ojo, Pfizer también la tiene.

Luego entonces, ¿por qué no hacen lo propio? Antes de ser candidato para el 24, hoy eres director general del IMSS.

Un reporte interno del Instituto Mexicano del Seguro Social exhibe el tamaño de la crisis vivida por el desabasto de medicamentos y las quejas de los derechohabientes por el mal servicio. Sistemáticamente, el presidente López Obrador ha tratado de minimizar el problema.

Tengo en mis manos copia de otra presentación oficial que se hizo al director del IMSS, Zoé Robledo. Tuve acceso a ella gracias a fuentes de 1er. nivel dentro del IMSS. Funcionarios que están alarmados porque el gobierno está minimizando la crisis y eso cuesta vidas, pero que temen dar sus nombres por temor a represalias.

En dicha presentación, llamada "“Informe de Quejas y Gestiones por Negativa de Medicamentos", realizada por la Unidad de Atención al Derechohabiente, 2 gráficas desnudan la versión oficial de que no hay tal crisis en el sector salud. Las gráficas muestran mes a mes, desde enero de 2018 y hasta diciembre de 2019, 2 indicadores: quejas de servicio y gestiones (quejas por no atención médica).

Ambos indicadores se disparan dramáticamente en el 2o. semestre del año.

Durante todo 2018, las quejas de servicio de los derechohabientes por no recibir las medicinas oscilaron entre 35 y 67 al mes. Sigue ese rango en los primeros meses de 2019, y a partir del 2o. semestre se recrudece la situación: 159 quejas en julio, 174 en agosto, 197 en septiembre, llega a 220 en noviembre, escala a 294 en noviembre y alcanza la brutal cifra de más de 420 en diciembre (el cierre es sólo al día 22 de diciembre). En síntesis, en medio año las quejas por falta de medicinas crecieron más de 1000%, pues al arranque de 2019 tuvieron mínimos debajo de 40 mensuales.

No sólo es del desabasto de medicinas. También se disparó la falta de atención médica. La gráfica es casi idéntica: un buen mes fue julio de 2018 con sólo 62; un mal mes fue mayo con 271; pero a partir de agosto la desatención vuela: 343 en agosto, 547 en septiembre, 837 en octubre, 1154 en noviembre y 1309 en diciembre hasta el día 22.

Y para contrarrestar el discurso presidencial de que esto sólo sucede en hospitales de alta especialidad, que es un problema sólo del 3er. nivel de la salud pública (enfermedades de alto riesgo), el mismo documento interno del IMSS, que no se ha hecho público, exhibe que los problemas se han disparado en el 1o. y 2o. nivel (atención ambulatoria, y hospitales generales y de urgencias, respectivamente). Hay gráficas en el mismo sentido que pueden también consultarse en www.carlosloret.com.

Me revelan doctores que en el Instituto Nacional de Rehabilitación las cirugías de Ortopedia han caído aproximadamente 70%. No hay dinero, tienen que decir los médicos a sus pacientes, a los que les quedan 2 opciones: ir a la salud privada y, por ejemplo, para una operación de cadera, comprar una placa y unos clavos por más de 150,000 pesos... o aguantarse. Ya sin contar que el papel bond y el tóner de las impresoras lo compran los doctores con dinero de su bolsa.

Aunque persisten muchas dudas, ya que el convenio no se ha hecho público y se desconocen los detalles de cómo sería lo que pudieramos llamar el Insabi estilo Jalisco, una buena noticia es que, al menos por el momento, el "no" a esta apuesta de salud del autollamado gobierno de la 4a. transformación no haya abierto un nuevo choque con el gobierno alfarista de la autollamada refundación.

Lo que sin duda ayudó a que este diferendo no tensara nuevamente la relación, fue el hecho de que Jalisco no quedó como la única entidad que no firmó su ingreso al Insabi como quedó cuando gobiernos priistas y panistas, aceptaron por separado su adhesión.

El hecho de que el presidente haya planteado a los gobernadores panistas, con los que se reunió el martes pasado, que era todo o nada con el Insabi, y que a diferencia del acuerdo que el gobierno estatal asegura haber logrado con el gobierno federal, las administraciones blaquiazules estaban limitadas a buscar convenios de adhesión en lo particular, provocó la revocación de la aceptación inicial que habían manifestado los gobiernos azules.

Así, la apuesta quedó echada.

Por un lado, la intención autoritaria del gobierno de AMLO de centralizar los recursos, las políticas y la atención de la salud "para evitar corruptelas" sobre todo en la compra de medicinas.

Por el otro, la aceptación del gobierno estatal de que sea el gobierno federal el que adquiera los medicamentos, siempre y cuando que, en caso de retrasos, Jalisco pueda hacer las compras que se necesiten, así como la operación de los hospitales, de su personal y de los presupuestos asignados anualmente y que no tengan que ver con el nuevo Insabi.

Lo deseable es que ambas partes realmente cumplan a cabalidad con el convenio, en beneficio de los enfermos que han sufrido como nunca por el caótico e improvisado relevo Seguro Popular-Insabi.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, advirtió que los servicios de salud de ese estado no atenderán a pacientes que no sean de dicha entidad.

"Un gran costo que tiene el servicio de salud es la atención de casi 25% (de pacientes) que son foráneos, de estados que no son Aguascalientes, a la chingada".

Agregó que ante la negativa del gobierno federal de aceptar las propuestas de los gobernadores panistas para sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), inició en Aguascalientes un análisis de los hospitales que deberán terminar a finales de febrero.

Martín Orozco señaló que sería un retroceso entregar su sistema a la federación porque su esquema de salud ostenta los mejores índices de calidad, en servicio, equipamiento y hospitales.

Ayer, los mandatarios estatales panistas advirtieron que no entregarán los sistemas de salud al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tienen mayores niveles de calidad y servicio a la población del que se pretende otorgar con el Insabi.

Mientras que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, sostuvo que ese estado no dará su esquema y resaltó que se tiene "la palabra del presidente" de que la federación entregará los recursos a los que no se adhieran al Insabi para otorgar la atención.

Detalló que López Obrador pidió a los gobernadores sentarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar los recursos. Explicó que el mismo monto que recibieron durante 2019 se les entregará en este año.

Dijo que el gobierno federal entregaría 8,000 millones de pesos y de los recursos estatales se destinarán 5,000 millones de pesos para completar los 13,000 millones necesarios para la operación del sistema de salud de Guanajuato.

Desde hace más de un año, la señora Esther González, quien vive en el municipio de Tonalá, se quedó sin trabajo y se afilió al Seguro Popular para recibir las atenciones que requiere porque padece diabetes.

Los servicios de salud los recibe en los Hospitales Civiles de Guadalajara, pero tiene dudas de si en éstos la seguirán atendiendo de manera gratuita. La última ocasión que acudió fue el pasado 6 de enero.

"Sí me atendieron y todavía sin costo, pero como a las 13:00 horas comenzaron a desmantelar el módulo del Seguro Popular que está en el Nuevo Hospital Civil y donde te reciben en los consultorios. Estaban diciendo que, a partir de las 15:00 horas, comenzarían a cobrar la consulta y los medicamentos, los estudios y todo. Eso me dio para abajo porque no tengo IMSS".

Subraya que los estudios que debe realizarse cuestan 1,200 pesos, y si se queda sin apoyos tendría que acudir a un particular, "pero son muy caros para mí".

Ante la incertidumbre generada por la entrada en operación del Insabi, las autoridades estatales han asegurado que las atenciones médicas se continuarán prestando de manera gratuita en los centros del OPD del estado. La señora acentúa que cerca de su casa hay una unidad estatal, pero no hacen los estudios que requiere. "Nos derivan al Hospital Civil. Aquí me pueden dar consulta, pero el medicamento casi nunca lo tienen. Compro mi medicina aparte".

No descarta atenderse en los consultorios adyacentes a las farmacias privadas porque acudir a los Hospitales Civiles también le representa un costo de alrededor de 80 pesos en transporte, pues debe tomar 8 unidades de transporte. "Tengo que tomar el Tren Ligero, el Macrobús y 2 camiones (de ida y vuelta). Va a salir más caro el caldo que las albóndigas. La consulta la van a cobrar en 190 pesos, entonces serían alrededor de 300 pesos los que gastaré... y tengo que desayunar allá porque tardan en atender".

Una situación similar se presenta con una de sus sobrinas, quien padece cáncer. Este caso le preocupa más porque los estudios de ella cuestan 8,000 pesos.

La información que han recibido es que sí les darán atención, pero con costo. "Estamos viendo la manera de pasarla al Seguro Social, pero como en el Hospital Civil le dieron todo el seguimiento... son muy buenos, nada más sí triplicaron casi los costos".

Señala que hay mucha desinformación porque el propio personal de los hospitales está confundido.

Un indigente murió frente al área de emergencias del Hospital General de Tijuana, luego de 4 días de permanecer en el lugar solicitando atención médica.

De acuerdo con testigos, el hombre de aproximadamente 34 años de edad permaneció 4 días acostado en la banqueta pese a las bajas temperaturas que se registran y solo fue atendido por un médico en la vía pública quien únicamente le revisó los signos vitales y no lo quiso meter al hospital.

Agregaron que las personas le llevaban alimentos y agua pero debido a su condición, el hombre ya no comía ni bebía, por lo que falleció finalmente afuera del área de emergencias tras negársele la atención médica.

En la Secretaría de Gobernación se llevó a cabo este viernes la Primera Reunión Intersecretarial para Garantizar el Abasto de Medicamentos para el Sector Salud, entre las personas servidoras públicas de todas las dependencias involucradas y empresarias del ramo, quienes en un diálogo abierto manifestaron su disposición para trabajar en equipo con el Gobierno de México, y en beneficio de la población.

La mesa interinstitucional estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada por el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, y el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En la reunión se planteó el compromiso conjunto para dar respuesta inmediata y concreta en el abasto de medicamentos. Los empresarios farmacéuticos manifestaron su disposición para trabajar por México.

Con la participación de la industria farmacéutica en la mesa interinstitucional se confirmó su responsabilidad social y deja claro que la nueva forma de gobernar es uniendo experiencias y esfuerzos de todos los sectores para responder a las necesidades de la población.

Para superar los retos del sector, como el suministro oportuno de medicamentos para cumplir cabalmente el derecho humano a la salud, se acordaron cuatro mesas técnicas permanentes de trabajo, a fin de establecer la nueva política de salud del Estado mexicano.

De ellas, además de surgir soluciones a corto plazo que se reflejen en el bienestar de la población, deberá emerger una política nacional que contemple la participación del gobierno y la industria farmacéutica, para prevenir problemas de abasto de medicamentos.

Asistieron los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda; así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Thalía Lagunas Aragón y el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.

Asimismo, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández; el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán; el coordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del Instituto de Salud para el Bienestar, Alejandro Calderón Alipi y el subjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Roberto Ortega Lomelín.

El viernes 7 de febrero se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación la Primera Reunión Intersecretarial para Garantizar el Abasto de Medicamentos para el Sector Salud. Lo curioso es que buscaba resolver un problema que supuestamente no existe: el desabasto de medicamentos.

Presidió la junta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero no asistió el titular de Salud, Jorge Alcocer. Dijeron que estaba enfermo, aunque ese mismo día se dio a conocer una foto en la que firmaba un convenio de colaboración con el embajador de Ecuador. El subsecretario Hugo López-Gatell representó a Salud. Participaron también los directores del IMSS y del ISSSTE, la nueva oficial mayor de Hacienda, el titular de la Cofepris y representantes de Economía y el Insabi, así como ejecutivos de la industria farmacéutica.

Hubo "una nueva actitud, positiva, de los representantes del gobierno", me dice un asistente. Según un comunicado, se crearon 4 mesas de trabajo para establecer "una política nacional que contemple la participación del gobierno y la industria farmacéutica para prevenir problemas de abasto de medicamentos".

La reunión es un reconocimiento del desabasto. El presidente López Obrador ha declarado que "ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos", pero el problema es "un boicot por parte de los que manejaban este gran negocio". Su solución ha sido ordenar la importación de medicamentos sin cumplir los requisitos legales o sanitarios.

La crisis no solo existe, sino que es autoinducida. Los procedimientos de adquisición revelan ineptitud o incluso mala fe. El modelo anterior de compras consolidadas se aplicó con éxito en 7 ocasiones bajo la coordinación del IMSS. Hoy es responsabilidad de la Oficialía Mayor de Hacienda, que hizo una compra extraordinaria en junio de 2019 y una compra consolidada en diciembre de 2019.

Las licitaciones se han realizado con retrasos y problemas. La junta de aclaraciones de la compra extraordinaria se aplazó 3 veces y cuando finalmente se llevó a cabo, el 14 de junio, se dio a los licitantes solo de las 10 de la noche a las 8 de la mañana para formular repreguntas. La compra consolidada se convocó el 3 de diciembre de 2019, demasiado tarde para 2020, y los resultados apenas se dieron a conocer el 24 de diciembre.

La Oficialía Mayor de Hacienda aplicó criterios muy distintos a los del IMSS y generó confusión. No hubo un procedimiento estandarizado de solicitudes de cotizaciones, lo que generó miles de preguntas sobre las bases. No se consideraron los costos de distribución. Se introdujeron mecanismos no contemplados en la ley, como los llamados "procesos competitivos", peticiones de cotizaciones directas a algunos proveedores a los que se mostraban las propuestas de sus rivales (una falta de ética) y se les pedía que las mejoraran. Se modificó el catálogo de insumos sin publicar la versión final.

El gobierno dice que hay ahorros, pero no hay forma de verificarlo. Lo que sí sabemos es que el presupuesto es menor y que se están comprando menos medicamentos. Eliminar de la licitación el costo de distribución no es un ahorro, porque al final se tendrá que pagar.

Si había que cambiar el sistema, se debió haber hecho gradualmente y con especialistas que conocieran el funcionamiento de la industria. Hoy por lo menos ya hay diálogo. La Reunión Intersecretarial tratará de resolver el problema de desabasto que no existe. Para muchos pacientes, sin embargo, puede ser demasiado tarde.

El presidente López Obrador prometió que los servicios de salud de México serían como los de los países nórdicos. Sin embargo, ante el desabasto de medicinas, su gobierno está siguiendo el ejemplo de los países africanos más pobres: ya abrió la importación de medicamentos de China e India, que no tienen estándares altos de verificación, es decir, no está comprobado que esas medicinas curan lo que dicen que curan.

El gobierno federal está peleado con las empresas farmacéuticas privadas. Las acusa de ser corruptas, elevar los precios de los medicamentos y hasta de generar la crisis de desabasto de medicinas en el país como método de chantaje y presión. Para amagar a las farmacéuticas y tratar de mejorar el abasto, el gobierno publicó recientemente una autorización que permite la importación de medicamentos que están precalificados, es decir, que todavía no se ha comprobado al 100% que funcionan para lo que dicen que funcionan. Genéricos pirata, si se me permite el término.

Algunos de esos medicamentos vienen de China, otros de la India, país que es conocido mundialmente por tener un doble estándar: circula dentro de su territorio medicinas de primera, pero si le piden maquilar medicinas de segunda o tercera, las hace.

El gobierno argumentará que esta apertura a la importación implica comprar medicinas avaladas por la Organización Mundial de la Salud, pero ese es un truco: la OMS no avala la efectividad de las medicinas, sino que evalúa a las autoridades sanitarias de los países para cerciorarse de que tengan el equipo y los conocimientos que les permitan evaluar la efectividad de las medicinas. O sea, una cosa es que tengas todo para fabricar una buena medicina y otra que en realidad la hagas.

¿Por qué hace esto la OMS? Porque le interesa que las naciones más pobres del mundo tengan acceso a medicamentos. Porque en países en situaciones extremas de hambre, pobreza, guerra, es mejor tener medicinas que medio curan a no tener medicinas.

Todavía hoy México tiene altas certificaciones internacionales en materia de aprobación de medicinas, es decir, que los organismos de mayor prestigio en el mundo avalan que cuando las autoridades mexicanas determinan que una medicina sirve para tal cosa, en efecto sirve para eso. Al bajar sus estándares, México se acerca al África subsahariana y se desalinea de naciones como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Argentina.

Me parece de aplauso que el presidente AMLO haya llegado al poder con la misión de erradicar la corrupción y en ese sentido, limpiar las compras de gobierno. Pero el mal diseño de política pública para lograr esos objetivos ha desatado el desabasto y ha orillado al gobierno a terminar comprando medicinas... a las mismas empresas privadas que tachaba de corruptas y había vetado.

Una juez de Distrito ordenó al gobierno federal a no dejar de administrar medicamentos a niños con cáncer en el Hospital Infantil "Federico Gómez".

La juez 12o. de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión de plano a 65 familias que pidieron amparo contra el desabasto de medicamentos para niños con cáncer en ese hospital.

La medida concedida, argumentó la juez, busca salvaguardar la vida y salud de los menores.

"Se señalan las 11 horas 30 minutos del 9 de marzo de 2020, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se concede la suspensión de plano. Gírese de inmediato el oficio a las autoridades indicadas para el conocimiento de la suspensión decretado para su cumplimiento... Se habilitan días y hora inhábiles, para la práctica de toda notificación", indica el acuerdo publicado este martes en los estrados judiciales.

Anteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciará una investigación contra los directores de hospitales donde hay desabasto, entre ellos, el del Hospital Infantil "Federico Gómez".

Esto, debido a las múltiples demandas de padres de familia que se han manifestado en diversas zonas de la Ciudad de México, tales como el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" y Palacio Nacional.

La Secretaría de Salud, a través del subsecretario Hugo López-Gatell, señaló que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es el encargado de entregar medicamentos a hospitales infantiles y que incluso hay fotografías que respaldan esta actividad.

La organización Nariz Roja A.C. entregó esta mañana la 2a. parte de medicamento para niños enfermos con cáncer en el Hospital Civil.

Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, explicó que se entregaron 94 dosis de citarabina con un costo de alrededor de 146,000 pesos que se compraron en el extranjero.

"Con esto cerramos el paquete de medio millón de pesos que se logró recaudar para este fin, ya se entregó el medicamento pasado y esta fue la última entrega. Vamos a iniciar otra colecta para volver a comprar más medicamento", sostuvo.

De acuerdo con Alejandro Barbosa, dependiendo de la estatura y la edad del niño es la aplicación de las dosis que le administrarán.

Lamentó que las malas decisiones de la autoridad hayan provocado el desabasto de medicina y que ahora se tengan que comprar más caras.

"La medicina en el hospital no ha llegado, llegó a Zoquipan, pero al Civil no ha llegado el transporte y no ha llegado la medicina", dijo.

Agregó que no se trata de buscar culpables sino seguir sumando para que los enfermos de cáncer tengan el medicamento lo más pronto posible.

"Es más bien buscar soluciones, se pueden hacer muchas conjeturas y juicios, pero desafortunadamente no vamos a llegar a nada y nosotros nos decidimos en buscar el cómo sí, que llegue la medicina en lo que se resuelve el asunto", concluyó.

Se espera que el próximo lunes arribe el transporte de medicina por parte del gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador atendió mi columna de ayer en su conferencia mañanera. Negó que, para tratar de contener el desabasto, su gobierno esté comprando medicinas pirata y presumió que éstas "traen la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", pues aparecen en su lista de productos médicos precalificados.

Sin embargo, el documento oficial de la OMS que habla de este listado de medicinas dice claramente: "La inclusión en esta lista no implica ninguna aprobación de la OMS de los productos o sitios de manufactura en cuestión (la cual es prerrogativa única de las autoridades nacionales)". Está al inicio de ese documento central, en el párrafo 5o., a la inmediata vista de todos.

Poco más adelante, el 1er. inciso de la sección "Descargo de responsabilidad (disclaimer) de la lista de productos medicinales precalificados de la OMS" señala: "La inclusión en esta lista no constituye un respaldo o garantía de funcionamiento, por parte de la OMS hacia ningún producto para un propósito particular, incluyendo lo que tiene que ver con su seguridad y/o eficacia".

El documento se llama "Información General. Lista de productos medicinales precalificados de la OMS" y puede consultarse en https://extranet.who.int/prequal/content/general-information-who-list-prequalified-medicinal-products.

Más claro imposible: la OMS no avala que esas medicinas sirvan para lo que dicen que sirven. Me parece grave que el presidente de México desinforme en un tema tan delicado.

México estaba acostumbrado a otro estándar en la calidad de las medicinas que llegan a los mexicanos, pero el gobierno ha decidido rebajar ese estándar ante una emergencia de desabasto creada por la propia administración federal en su tropezado arranque.

Nos prometieron que tendríamos salud de país nórdico. Nos compran medicinas de país africano.

El director de Nariz Roja A.C., Alejandro Barbosa, afirmó que en el Hospital Civil faltan 8 medicamentos contra el cáncer: Imatinib, Vincristina, Vinblastina, Ifosfamida, Dacarbacina, Daunorrubicina, Bleomicina y Amifostina.

El activista destacó que los niños del piso 7 de la unidad "Dr. Juan I. Menchaca" reciben quimioterapias gracias a las medicinas donadas.

Agregó que también saben de pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que buscan Purinetol.

El martes pasado, Nariz Roja A.C. completó la entrega de 94 dosis de Citarabina. Se consiguieron en el extranjero y su costo rondó los 146,000 pesos. Con ellas fueron beneficiados 30 menores.

Barbosa destacó que ya se acabó la Vincristina que llevaron como parte del 1er. apoyo.

"El medicamento sólo llegó al Zoquipan. Nosotros estamos apoyando al Civil porque no ha llegado el famoso medicamento del gobierno federal", dijo.

Resaltó que ya se buscan más donativos. El objetivo es obtener otros 500,000 pesos para comprar más medicinas. Uno de los donantes es el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez.

"Todos podemos colaborar para que a los niños no les falte medicamento. Ojalá pasemos la meta para apoyar a niños también de otros estados porque es un problema a nivel nacional y todos lo necesitan".

Niños con cáncer en México ven peligrar su vida con la escasez de medicinas en algunas regiones que, sumadas a una falta de política clara en salud, ha agudizado su situación y llevado a los familiares a ampararse para poder tener tratamientos completos para sus hijos.

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, Omar Hernández, padre de un pequeño con ese mal y quien desde 2018 ha protestado por la falta de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México, externó su preocupación por la falta de certeza sobre el abasto de medicinas.

"Ya llevamos mucho tiempo con esto. El último mes nos resurtieron de Vincristina, un medicamento útil para la quimioterapia, pero no sabemos si cuando se llegue a terminar tendremos otro viacrucis para poder conseguirlo", dijo el hombre, quien denunció que desde septiembre de 2018 hay escasez, cuando el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), era presidente electo de México.

No contar con los medicamentos resulta un caso de vida o muerte, explicó la doctora Yadira Melchor, especialista en oncología pediátrica. "En los casos de cáncer, es muy importante tratar de llevar los protocolos asignados, porque al tener una pausa disminuimos la posibilidad de supervivencia".

La especialista detalló que cuando el cáncer infantil se detecta de manera oportuna y se da el tratamiento completo, la supervivencia de los pequeños suele ser de 80%, pero si el tratamiento se interrumpe, por lo menos un día, la supervivencia se reduce a la mitad.

Aunque el desabastecimiento no es un tema nuevo, se ha vuelto más constante en los últimos meses, debido en gran parte a la política del Gobierno federal de recortar el presupuesto a salud y de la desaparición del Seguro Popular, reemplazado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Omar es padre de Álex, quien fue diagnosticado con cáncer en 2016 y para quien se requería un tratamiento por 3 años. Sin embargo, 2 años después del diagnóstico comenzaron a faltar medicamentos, por lo que Omar comenzó una lucha para conseguirlos.

Admitió que, aunque cuando empezó con sus protestas era otro gobierno (el de Enrique Peña Nieto) y otros papás los que estaban en la lucha, el cambio en la Presidencia no ha hecho que se visualice la gravedad de la escasez.

Asegura que ha recibido amenazas de muerte por su activismo. Pero ya no teme a nada: "¿Qué más miedo podemos tener que cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer?".

Con molestia y desesperación, padres de infantes con cáncer externaron hartazgo por la falta de medicamentos, pues sienten que las respuestas que han recibido del gobierno "son una burla" y aseguran que, en caso de no tener abasto de fármacos, hoy bloquearán la garita fronteriza en Tijuana.

Israel Rivas, padre de uno de los niños con cáncer, acusó que "es muy perverso lo que están haciendo con nosotros. En la Secretaría de Gobernación están estirando el hilo lo más que pueden, pues lejos de haber respuesta al problema de desabasto de medicamentos las cosas van de mal en peor en los hospitales; ahora rotan los medicamentos".

El señor Rivas aseguró que en lugar de abastecer los hospitales como prometió el subsecretario Ricardo Peralta la semana pasada, "al parecer están rotando los medicamentos de un estado a otro, pero sin dar una solución certera al problema, pues las medicinas sólo duran unos días y luego ya no hay".

"Estamos peor con esto que descubrimos, porque de repente le quitan a Puebla para dárselo a Michoacán, por ejemplo o surten en ciertas regiones y desabastecen en otras, eso es lo que está pasando. Están incumpliendo, no sé qué vamos a hacer”, reprochó.

Comentó que luego de que el martes pasado el subsecretario les prometió que a más tardar este lunes estaría solucionado el problema de desabasto en todos los hospitales, "es hora de que no hay medicinas y las cosas siguen empeorando".

"Lo que yo he sabido entre el viernes y parte del sábado es que la situación se está poniendo más difícil en hospitales como Siglo XXI, el Hospital de Ixtapaluca, El 20 de Noviembre; a Tijuana no ha llegado nada, Oaxaca se está acabando, en Mérida llegó poco".

Respecto a los medicamentos que más problema de abasto tienen, indicó que esto varia de hospital en hospital y de ciudad en ciudad, por ejemplo Guadalajara tiene un problema muy grande de desabasto de Vincristina, y a nivel nacional, Ciclofosfamida; el Siglo XXI reporta escasez de Ifosfamida; en Oaxaca hay falta de Ciatarabina, Ciclofosfamida, Metotrexato.

En Mérida falta Ifosfamida, Vincristina y Ciclofosfamida; en Tijuana hay desabasto de Ciclofosfamida, Vincristina, Ifosfamida y Metotrexato. Los 2 medicamentos que están costando mucho trabajo a nivel nacional son la Vincristina y la Ciclofosfamida, apuntó.

"Si no llega el medicamento (hoy lunes), nos vamos a reunir el martes en el Monumento a la Revolución, antes de la reunión en la Secretaría de Gobernación y vamos a decidir qué acciones tomar", advirtió.

Israel Rivas dijo que Ricardo Peralta "es un experto negociador, ha negociado hasta con terroristas, por eso nos lo pusieron, nos está dando atole con el dedo".

En este espacio he dado cuenta de que hay desabasto en los hospitales del IMSS de la hormona de crecimiento para los niños, desde noviembre del año pasado hasta la fecha.

El tratamiento con Somatotropina cuesta en farmacias más de 450 pesos por día, y debe aplicarse diariamente hasta por varios años.

Entonces, ¿será que, a nivel estatal, aunque quieran no tienen dinero en el IMSS para comprarla directamente? O la peor: en el IMSS nacional No les interesa el problema, porque es más grande: es Hormona del crecimiento + Oncológicos + Medicamentos regulares + Prótesis de cadera + devices, etc.

Para muestra, 2 botones: el reclamo directo de Xavier Tello por la falta de medicamento, en Coahuila, o el de Eugenia García, de Querétaro, madre de Mathías Fernández de Jáuregui García, a quienes el viernes les dieron la receta del mes y NO la surtieron por no haber existencia del medicamento. De hecho, su esposo pudo hablar con el nuevo director administrativo, quien le dijo que nuevamente le volviera a enviar el expediente y en resumen le indicó lo siguiente:

1. No hay medicamento ni dinero para comprarlo.
2. Este medicamento se tiene que adquirir en una compra consolidada con el gobierno federal y se hace para todo un año y tendrá que pasar el caso del niño por un consejo técnico, para ver si lo aprueban.
3. Quizás lo puedan adquirir con una compra emergente, pero eso tiene que ver si se logra y que el lunes a ver si ya hay una respuesta.

Ojo, el problema NO es de Pancho Domínguez por no adherirse al Insabi, sino es del IMSS.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que tras la firma de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se iniciará con cada uno de los estados la firma de convenios de transferencia específicos de infraestructura que las entidades tengan, como centros de salud, hospitales, así como la nómina de estos centros médicos.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el funcionario federal señalo que dentro de esta trasferencia se cuentan con hospitales de 2o. y de 3er. nivel.

"El Insabi, obviamente no tienen infraestructura, hoy simplemente nació por un acto de ley que fue la reforma a la Ley General de Salud en el artículo 79 bis, desaparecio el régimen de protección social en salud que era un mecanismo de pago del servicio de salud y nació un sistema de salud para el bienestar".

"Se han adherido ya hace un par de semanas los gobiernos estatales al Insabi, y ahora se procederá a la firma de convenios específicos con cada uno de los estados para que se transfiera la infraestructura de salud, los centros de salud, los hospitales, de 2o., quizá algunos de 3er. nivel; la nómina es decir la administración de los servicios humanos; el equipamiento que está en las instalaciones y eso nos va a permitir tener un modelo único nacional de salud para el bienestar que está basado en este modelo de atención primaria de la salud y que tengamos coordinación entre las distintas instituciones para atender a la población no asegurada".

López-Gatell indicó que el IMSS Bienestar "seguirá siendo IMSS Bienestar pero va a complementar las capacidades del sistema para atender a la población no asegurada".

El Gobierno de Jalisco y la federación alcanzaron un acuerdo de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), manteniendo una coordinación para garantizar los principios de gratuidad y universalidad de los servicios médicos para la población, "conservando la soberanía del sistema de salud en la entidad'.

"Pudimos llegar a un acuerdo para firmar el convenio de no adhesión al Insabi, pero al mismo tiempo, logramos los acuerdos suficientes para establecer un mecanismo de coordinación integral con el gobierno federal para garantizar que nuestros servicios de salud van a ser gratuitos y de acceso universal", confirmó el gobernador de Jalisco.

La ruta a seguir será de "arduo" trabajo para cumplir los propósitos del convenio. Quedó de manifiesto que Jalisco tiene "dignidad y defenderá los principios federalistas. Jalisco no va a entregar su sistema de salud; al contrario, lo que vamos a hacer es mejorarlo, fortalecerlo y, por supuesto, coordinarnos con la federación porque las tareas relacionadas con la salud de los jaliscienses son una competencia de todos los niveles de gobierno. Defendimos lo que creímos con valentía y determinación, pero al mismo tiempo tuvimos la capacidad de construir acuerdos con el Gobierno de la República... eso hay que celebrarlo".

Los pobladores de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, desconocen si se ofrecen servicios en el Hospital Materno Infantil. Aunque la proyección era beneficiar a las embarazadas, se dan pocas atenciones. "Está un ginecólogo pero ya se fue... también se ponen algunas vacunas", comenta un trabajador.

El Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud para Jalisco estima que se requieren 40 millones de pesos para terminar la 2a. etapa del hospital, que incluiría quirófanos y equipamiento. Sin embargo, la edificación para las nuevas áreas está abandonada, con paredes llenas de humedad y el jardín descuidado.

La nueva etapa del nosocomio forma parte de las 85 unidades médicas reportadas con obras suspendidas o "fuera de operación" en la entidad. Vía Transparencia y mediante el folio 00814820, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud en Jalisco confirma que tiene trabajos detenidos en 21 unidades de 1er. nivel debido a la falta de asignación presupuestal. Otros 57 centros de salud de 1er. contacto están "fuera de operación", aunque no detalla los motivos.

Por ejemplo, en este rubro aparece la unidad de San Esteban, en Zapopan. Al respecto, los habitantes afirman que no la abren al público. "Está abandonada, no le dan mantenimiento", señala Martín López.

En la base de datos compartida por el organismo se indica que la fecha del último movimiento de estos centros fue la 1a. quincena de enero de 2020.

El área de Comunicación de la Secretaría de Salud explica que el estatus "fuera de operación" podría deberse a las próximas "remodelaciones o ampliaciones".

En el hospital de San Martín de las Flores está la Unidad de Investigación Entomológica, pero estaba cerrada ayer al mediodía. El lugar fue inaugurado en 2014 para desarrollar investigaciones que contribuyeran a mejorar los insecticidas usados en el combate del dengue y de otras enfermedades transmitidas por vectores.

Y el Plan de Infraestructura Física para Jalisco (actualizado en noviembre de 2019 por la federación) añade que otros 7 espacios tienen obras suspendidas.

De esa cantidad, 2 son centros de salud de 1er. nivel y 4 hospitales comunitarios localizados en Tlaquepaque, Arandas, Tizapán El Alto y Encarnación de Díaz. Las 3 primeras son obras nuevas y la última es una acción de sustitución. Otra obra parada es una ampliación en el Centro Jalisciense de Transfusión Sanguínea de Zapopan, que contempla 2'875,000 pesos para la ampliación de la recepción y control del ingreso, sala de espera para pacientes donadores, sanitarios de mujeres y hombres, cuarto de aseo, consultorios, trabajo social, área de sangrado con control de enfermería, sala de juntas y cuarto frío.

De los 311 centros de salud para la atención en el 1er. nivel, distribuidos en las 13 regiones de Jalisco, 100 apenas tienen un médico asignado para dar atención, informó el OPD Servicios de Salud en Jalisco por la vía de Transparencia.

La Región I de Colotlán es la que tiene más rezago. De los 24 centros de salud en esta zona, 16 operan con un médico general, cuyas plazas son pagadas con recursos federales. Estos núcleos están ubicados en localidades como Nueva Colonia, Popotita y San Sebastián de Teponahuastlán, en Mezquitic; así como en Mesa del Tirador y Tuxpan de Bolaños, en Bolaños. Mientras que la Región de Tamazula también registra más de la mitad de lugares con un médico adscrito. De 15 centros de salud, 8 presentan esta característica. Algunos están en La Loma, Manzanilla de la Paz, Jilotlán de los Dolores y Vista Hermosa.

En la Región Centro, conformada por Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, hay 25 espacios con esta particularidad, que suman 131 centros de salud.

Los 106 centros restantes dan atención con más de 2 doctores, según información actualizada al 15 de enero pasado.

La única región hospitalaria sin esta característica es Guadalajara, donde sus 24 espacios tienen más de 2 médicos para recibir a los pacientes.

Debido a la falta de personal, algunas unidades con un sólo médico tienen saturación en las consultas.

Aunque el centro de salud de Atotonilquillo es de los espacios que sí operan, Ramón Padilla, habitante de la comunidad, afirma que la atención tiene muchas inconsistencias.

"A veces lo abren una o 2 veces por semana. Las personas me avisan y le marco al doctor y sólo dice que está incapacitado o que lo transfirieron a otro pueblo".

Indica que esto ocurre pese a que, a los habitantes, se les prometió que tendrían a un médico de base y titulado.

"Hemos tenido que ir a la Secretaría de Salud de Jalisco para exigir que no se nos desatienda a la población por ser tan indispensable la presencia médica. Estamos en una zona contaminada y no hay otro lugar de atención popular. Hay personas que han muerto por piquete de alacrán y otros casos que hoy en día son difíciles de evitar solamente con 2 condiciones: doctores y medicamentos".

Asevera que se dieron cuenta que en el centro de salud tenían 3 años consecutivos sin aplicar algunas vacunas importantes para la población, como la del virus del papiloma humano. Explica que cuando no cuentan con servicios de salud, los pobladores deben acudir a otros municipios, lo que significa un gasto extra.

"Existen personas que llevan un tratamiento de seguimiento continuo y se les da cita un determinado día y, al acudir, simplemente no hay doctor que los atienda. Y es molesto porque todos pagamos por la salud".

De acuerdo con la base de datos compartida por el OPD Servicios de Salud en Jalisco, en esa unidad médica está asignada una plaza de "médico en adiestramiento" y 2 para "enfermeras en contacto con paciente".

El área de Transparencia de Tlaquepaque comparte que desde 2018 cuenta con 2 unidades médicas cerradas: San José Artesano y Emiliano Zapata.

Explica que se debe a que "no cumplían con la normatividad vigente para otorgar atención médica de 1er. nivel, y no había recursos suficientes para su remodelación y equipamiento".

El Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud en Jalisco informa por Transparencia que, hasta el pasado 11 de febrero, tenía el registro de obras detenidas en 21 centros de salud de 1er. nivel por falta de asignación presupuestal. El Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud del Gobierno federal coincide con 10 de esas obras en Jalisco, documentadas como "en suspensión". Además, reporta otras 7 con esta característica.

De las 17 acciones documentadas por la federación, el presupuesto estimado para terminar 15 de esas obras es de 92.1 millones de pesos.

Los espacios son el Hospital de la Comunidad en Arandas, el Hospital de la Comunidad en Encarnación de Díaz, el Hospital de la Comunidad en San Martín de las Flores y el Centro Jalisciense de Transfusión Sanguínea. Además de los centros de salud en Acatlán de Juárez, Ayotitlán, Chacala, Telcruz, Jesús María, Lagos de Moreno, Las Tapias, La Huizachera, Villa Hidalgo, Ixtacán y Arenales Tapatíos.

En los casos del Hospital de la Comunidad de Tizapán El Alto y el centro de salud de Cuzalapa, en Cuautitlán de García Barragán, no tienen el dato del monto económico de la obra.

Los centros comunitarios son los que requieren mayores recursos. La obra en el Hospital de la Comunidad de Arandas, que requiere 25 millones de pesos, contempla un área de hospitalización (18 camas), quirófano, sala de expulsión, área de diagnóstico, urgencias y servicio de apoyo. El de Encarnación de Díaz proyecta una inversión de 20 millones de pesos.

El Hospital Comunitario de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, tiene más de 2 años con la 2a. etapa estancada. Aunque se precisa que la 1a. área está concluida al 100%, en el siguiente frente se contempla un laboratorio y más equipamiento, para lo que se requiere de 40 millones de pesos. Sin embargo, sólo están contemplados 18 millones que no se han otorgado.

Para el Centro Jalisciense de Transfusión Sanguínea de Zapopan estiman 2'875,000 pesos para la ampliación de la recepción y control de ingreso, para la sala de espera para pacientes donadores, sanitarios de mujeres y hombres, cuarto de aseo, consultorios, trabajo social, área de sangrado con control de enfermería, sala de juntas y cuarto frío.

Por otro lado, el centro de salud que más requiere recursos es el de servicios ampliados de Villa Hidalgo, por 6 millones de pesos. Y la unidad de 1er. nivel que necesita menos inversión es el centro salud de La Huizachera, en El Salto, por 350,000 pesos.

Padres de los niños con cáncer advirtieron que no aceptarán a otro interlocutor para resolver el problema de desabasto en hospitales del país, luego de que la Segob pretende trasladar el asunto a la Secretaría de Salud.

Tras 90 minutos de diálogo, la comisión de padres de niños con cáncer, que demanda los medicamentos para el tratamiento de los menores, se levantó de la 4a. mesa de negociación con autoridades de las secretarías de Salud y de Gobernación, ante la falta de respuesta a sus demandas para que se ponga fin al desabasto.

"Otra vez nos vamos sin ningún acuerdo cumplido, con la tristeza de decirle a estos padres de familia que no sabemos cuándo les va a llegar el medicamento. Ese es el punto más crítico de esto, que los niños sigan esperando su quimioterapia. Eso no es posible", dijo Omar Enrique Hernández, padre de un menor con ese mal.

Demandó a las autoridades de Salud, y concretamente al subsecretario Hugo López-Gatell, que deje de mentir. "Que salga a decir que sí hay desabasto, porque esto crea una pelea entre padres y ciudadanos".

Agregó que cuando la ciudadanía ve las manifestaciones de los padres de familia "el gobierno sale a decir que no hay desabasto como tal".

El titular de la Unidad de Gobierno, Fausto Razo, dijo que la dependencia ha tendido un puente entre la Secretaría de Salud y los padres de niños con cáncer. "Las definiciones, desde luego, son temas técnicos que no corresponden a la Segob. Hemos estado impulsando las mesas de diálogo necesarias en las que se ha dado la atención que ha sido necesaria y oportuna".

Ayer, 31 adultos y 7 menores de edad ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para plantear a las autoridades la falta de medicamentos como Ifosfamida, Asparaginasa, Epirubicina y Tacrolimus entre otros.

Es buenísima la intención del presidente López Obrador de intentar frenar la corrupción en la compra de medicinas. Tratándose de contratos en la era Peña Nieto, lo raro es que no hubiera mordidas de por medio.

Tampoco se puede cuestionar el método de compras consolidadas. Eso significa hacer una megacompra de medicinas y lograr mejores precios de las farmacéuticas que en muchos productos suelen tener márgenes de utilidad muy amplios. Además se evita realizar compras estatales en las que el precio de venta era más alto, y también se abría espacio para la corrupción de no pocos gobernadores.

El problema, como prácticamente todo en el gobierno federal actual, es que parten de un buen diagnóstico, con las mejores intenciones, pero su implementación carece de técnica y profesionalismo, y terminan estrellándose con la realidad. Al final, a los mexicanos nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Ejemplos sobran. El de las medicinas es uno:

Por muchos años, los procesos de compra de medicamentos iniciaban en febrero del año previo al que se necesitaban. Es decir, con 11 meses de anticipación. Esta vez, se inició a mediados de año. Y hay cosas a las que no se les puede meter el acelerador: por ejemplo, la industria farmacéutica mexicana importa casi todos los precursores químicos y aquí "arman" las medicinas. El barco que trae esos precursores no puede navegar más rápido.

Antes, el fallo de la licitación de compra de medicinas del año siguiente se daba a finales de octubre, máximo principios de noviembre del año previo. Esta vez se dio el 24 de diciembre, ya en vacaciones. No hay modo humano de que en una semana esté listo el abasto para todo el país.

Encima, como consideran que la distribución de medicinas es coyotaje, decidieron hacer licitaciones para comprar medicamentos, pero no para distribuirlos en todo el país. Eso retrasa aún más el abasto.

Con todos estos tropiezos y retrasos, es previsible que la crisis de desabasto de medicinas continúe, se profundice y si todo sale bien, comience a resolverse hasta el próximo mes.

Una niña que padecía leucemia murió en el Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca".

Según el director de la asociación Nariz Roja, Alejandro Barbosa, su fallecimiento se debió a la falta de medicamentos contra el cáncer.

Sin embargo, el titular de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade, lo negó y afirmó que su deceso ocurrió por diversas complicaciones como anemia, fiebre y pérdida de peso.

El 13 de febrero, este medio publicó que, de acuerdo con Nariz Roja, en la unidad referida carecían de ocho medicinas para combatir la enfermedad: Imatinib, Vincristina, Vinblastina, Ifosfamida, Dacarbacina, Daunorrubicina, Bleomicina y Amifostina.

Ayer, Andrade confirmó que no tienen Arabinósido de Citosina. Aseguró que, gracias a los donativos de Nariz Roja, a la afectada se le proporcionó otro. Precisó que ninguno es parte de las quimioterapias.

Barbosa destacó que en el Hospital Civil no han recibido el apoyo que prometió, para este mes y el siguiente, el gobernador de Jalisco. La Secretaría de Salud estatal acentuó que no hay desabasto de medicinas para los niños con cáncer.

Al no alcanzar un acuerdo de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) no podrá brindar atención gratuita a mujeres con esta enfermedad.

A través de un comunicado, la fundación señaló que, con la desaparición del Seguro Popular, el convenio mediante el cual se otorga presupuesto a Fucam finalizó el 1 de enero de 2020, a pesar de ello, la fundación continuó con la atención a sus pacientes, pero al día de hoy, agotaron todos los recursos.

"En nuestra misión de procurar la salud de nuestros pacientes que se encuentran en distintas fases de tratamiento oncológico, Fucam agotó todos sus recursos en un esfuerzo por financiar estos tratamientos, con la esperanza de concretar un convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a fin de continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país, pero no se concretó una alianza con el gobierno", destacó el documento.

Cómo consecuencia, a partir de este día, la fundación se ve imposibilitada de brindar atención gratuita, además informó que las pacientes que requieren de tratamientos serán remitidas a unidades médicas del sector público.

"La Fundación se ve obligada a frenar la gratuidad ya que se carecen de insumos y medicamentos para este tipo de atención. Nuestras pacientes con clasificación de Seguro Popular recibirán un resumen de su expediente clínico para que sigan su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General de México y Hospital Juárez de México", detalló el documento.

Fucam enfatizó en que seguirá atendiendo a mujeres, pero ahora lo hará bajo un sistema de cuotas, según el nivel socioeconómico de las pacientes.

Ante esta noticia, alrededor de 20 mujeres con cáncer de mama que reciben tratamiento en la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) bloquearon la calzada de Tlalpan al sur de la Ciudad de México, donde exigen al gobierno federal que les garantice su atención y medicamentos, además de que mantenga los convenios de colaboración con la organización.

"Queremos vivir", "AMLO no abandones a las mujeres con cáncer", "Acuerdo sí, abandono no", se leía en las pancartas que cargaban las mujeres, quienes fueron informadas que a partir de este jueves Fucam no podrá otorgar los servicios gratuitos.

José Ramón Morales vive en Guanajuato y desde el pasado 15 de enero la Unidad Médica 003 del IMSS Salamanca no le brinda el tratamiento de VIH que necesita para atender su padecimiento.

En diciembre, el personal médico de la institución le dijo que le darían un nuevo tratamiento pero que aun no habían llegado los fármacos al estado. "Me pidieron que me acabara lo que tenía de Efavirenz y Trubada, que es lo que tomaba antes, me lo acabé el 15 de enero y no me han dado el nuevo fármaco".

Guanajuato es una de las entidades donde las asociaciones de la sociedad civil han registrado diferentes denuncias por desabasto de medicamentos para pacientes como VIH.

Entre el 5 diciembre de 2019 y el 17 de febrero de 2020, las organizaciones han recibido 229 denuncias de personas que viven con VIH por desabasto de antirretrovirales en el IMSS, en 26 entidades del país.

Aunque en 6 de estas solo se tiene registro de una denuncia, hay otras en las que se reporta una mayor cantidad, como CDMX (59), Jalisco (45), Estado de México (32), Querétaro (10), Baja California (10) y Veracruz (7).

Entre estos 229 casos de desabasto -que representan solo el registro de las denuncias recibidas por las organizaciones Consejo Ciudadano para VIH e ITS, Inspira Cambio y México VIHe Libre y Ofender la Sociedad- hay personas que llevan hasta un mes sin recibir su medicamento, como es el caso de José Ramón a quien no le han dado una explicación de qué pasa con el abasto de medicamentos ni una fecha de llegada.

"Solo me dicen que hable el jueves, que hable el viernes, y que no hay todavía y así me traen", dijo.

El nuevo esquema que le prometieron a José Ramón en diciembre es al que se ha migrado a partir de ese mese en el tratamiento del VIH en el IMSS, con Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida (Biktarvy).

Al anunciar el cambio en el tratamiento, el IMSS aseguró que este era más innovador, tenía baja posibilidad de generar resistencia genética del virus y menores efectos secundarios.

Los reportes de desabasto que tienen las organizaciones mencionadas parecen coincidir con la migración a ese nuevo esquema, pero hay personas a quienes ni siquiera les han actualizado el tratamiento y están con desabasto.

A un paciente que pidió omitir su nombre, le dijeron en el Hospital General de Zona Número 1, en Tepic, Nayarit, que no había medicamento porque el proveedor les había quedado mal.

"Me tenían que haber surtido la receta el 6 de febrero. Llevo 14 días sin medicamento. En diciembre pasado también me pasó, pero entonces sólo me quedé 2 días sin medicina porque me moví, llamé a un número 01 800 del IMSS, puse la queja y ese mismo día me llamaron para decirme que ya estaba, ahora ni así".

Este paciente aún está con el esquema antiguo de Efavirenz y Truvada. "Le pregunté a mi médico a principios de enero si me iban a actualizar el esquema y me dijo que aún estaban en pláticas para actualizarlo en el hospital".

A quien se lo actualizaron ya es a Iván Sánchez de Veracruz, paciente del Hospital Regional de Orizaba del IMSS. "Me lo cambiaron en diciembre y me ha sentado muy bien. Con los medicamentos anteriores me daba insomnio, con el nuevo no, y es una sola dosis al día. El problema es que ha habido desabasto, yo a principios de enero estuve casi 10 días sin medicamento y tuve que volver al esquema anterior porque tenía una reserva".

Iván interpuso una queja en CNDH y varias en la cuenta de twitter del IMSS, también visitó asociaciones y al final le dieron ya su medicamento.

Animal Político solicitó una entrevista al IMSS para conocer el alcance del desabasto, las causas de este y cuando se regularizará la situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para este viernes a las 10 de la mañana organizaciones de la sociedad civil han convocado a una manifestación frente a las oficinas del IMSS sobre la avenida Reforma en la Ciudad de México, para exigir la regularización del abasto de antirretrovirales y que el cambio al nuevo esquema de tratamiento se haga bajo los protocolos adecuados. Se trata de la 2a. protesta en menos de un año, luego que en el mes de mayo pacientes y organizaciones protestaran por esta misma causa en las oficinas centrales de la institución.

Todo parece indicar que hoy será destituido el doctor Miguel Ángel Celis, como director general de Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez.

Fue hace 2 semanas cuando la secretaria de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval, realizó una visita sorpresa a dicho Instituto, a partir de la cual condenaron al doctor Celis ante la opinión pública como culpable antes siquiera de tener un juicio. Y fue solo por lo dicho de algunas a quienes entrevistaron en los pasillos y sin demostrar y probar que fuera cierto. ¿Pues qué no en México vivimos en un país bajo la presunción de inocencia? Lo grave no son las visitas, sino el resultado de ellas.

El problema que se está viviendo en el sector salud es crónico, no es nuevo; sin embargo, se ha agudizado y generalizado en los institutos, hospitales generales, el IMSS, el ISSSTE, etc., porque NO se compraron a tiempo las medicinas, y por la austeridad republicana.

Y ahora buscan NO quién la hizo sino quién se las pague. Ojo, Raquel Buenrostro fue quien no compró a tiempo las medicinas desde Hacienda, y la incapacidad del secretario de Salud, Alcocer, ha sido probada y comprobada TODOS los días.

En Neurología siempre ha habido un grupo contrario liderado por el petista Rodolfo Ondarza, a quienes por 20 años han llevado la dirección: Julio Sotelo (10 años) y Teresita del Niño Jesús (10 años), y ahora Miguel Ángel Celis (3 años).

En 1a. instancia el doctor Celis dijo que no se unía al Insabi porque no le alcanzaba el dinero, a menos que el gobierno federal lo subsidiaria. Cobraban de acuerdo con el nivel socioeconómico del paciente.

Además de la injusticia que pretenden hacer con el doctor Celis, déjenme contarles que será una tragedia la que causarán, pues sin dinero se olvidarán de las investigaciones que ahí se hacían, chequen:

El INNN

1. Es pionero en el mundo en el diagnóstico y tratamiento de la cisticercosis cerebral, enfermedad que es causa frecuente de epilepsia y trastornos neurológicos. En castellano, el doctor Celis descubrió el tratamiento que actualmente se usa en todo el mundo para dicha enfermedad.
2. Tiene la clínica más grande de México y Centroamérica en esclerosis múltiple.
3. En parkinson son también pioneros en investigación básica en el mundo en conjunto con el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
4. Son parte del consorcio internacional más grande del mundo en la investigación de las demencias y el deterioro cognitivo.
5. Además, ha realizado contribuciones relevantes en la etiología de la esclerosis múltiple y en el tratamiento del cáncer cerebral.

De acuerdo con mis fuentes del sector, léase con los doctores, me dicen: "no nos vamos a dejar". Y ojo, el problema de fondo sigue sin resolverse, es decir la compra de las medicinas. Además, con el presupuesto actual NO hay manera de ofrecer la gratuidad en todas las enfermedades a todos los pacientes.

Señor presidente AMLO, si hacen auditorías y hay corrupción levanten las denuncias pertinentes y que paguen los culpables, pero NO busquemos paganos por errores de terceros. Recapaciten por favor.

Al mediodía de este viernes, un grupo de pacientes bloqueó la avenida Paseo de la Reforma, frente a las instalaciones del IMSS, para exigir el abasto de medicamentos para más de 750 personas con VIH.

En las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre esa avenida los pacientes aventaron pintura roja a las paredes y realizaron algunos destrozos, rompieron cristales y macetas que se encuentran en la entrada.

"Somos más de 750 pacientes los que necesitamos medicamentos, hasta ahora no surten recetas médicas completas, queremos que salga el director", expresó un inconforme.

Advirtieron que en caso de no tener respuesta con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social continuarán con el bloqueo sobre Paseo de la Reforma.

La organización Nosotrxs dará a conocer esta semana el reporte Cero desabasto, en el que la falta de fármacos la encabeza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), casi con 50%, seguido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 35% y el resto entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Lo anterior a través de la plataforma https://cerodesabasto.org/ con las quejas de pacientes y familiares que han tenido desde mayo de 2019 hasta enero de 2020.

"Estamos mapeando el desabasto en la plataforma, la gente reporta los casos y vamos colocándolos en un mapa, lo dividimos en: patología, institución o subsistema y medicamento", expresó Andrés Castañeda coordinador de la causa de salud y bienestar de Nosotrxs.

En un informe previo, titulado No al Huachicol de Medicinas que realizó el organismo con otras ONG entre ellas: Fundar, Juntos Contra el Cáncer, Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS) y Red de Acceso; con un período de mayo a septiembre de 2019, el ISSSTE reportó el mayor número de quejas, después el IMSS y en ese entonces, el Seguro Popular.

Resaltó que van 1,410 personas de mayo de 2019 a enero de este año que han registrado falta de medicamento, de estas 433 corresponden a enero.

Castañeda también explicó que por ubicación el mapa va a tener los estados con más desabastos que es donde hay más personas como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, después le siguen Tamaulipas, Veracruz, Querétaro y Michoacán.

Respecto al tema de corrupción, expresó que tienen información de pacientes o familiares que van a comprar a la farmacia y el medicamento dice uso exclusivo para el sistema de salud, añadió que tienen alrededor de 16 casos desde mayo hasta diciembre.

Abundó que tienen 149 reportes de casos oncológicos, el 1er. lugar es cáncer de mama, cáncer no especificado, leucemia mieloide crónica, cáncer de próstata y linfoma de hodgkin. Indicó que el medicamento a nivel global es hipertensión, VIH, diabetes y cáncer.

"Queremos promover que la gente se meta a -la plataforma- para reportar y nos ayude a visibilizar el problema de fondo. Nosotros pasamos el reporte a las instituciones y estaremos reportando constantemente para que de manera colectiva podamos exigir nuestros derechos" declaró Andrés Castañeda.

El propio presidente lanzó la embestida. El 28 de enero advirtió: "Hay un director de un instituto que es el único que no quiere aceptar la propuesta de gratuidad. Yo le llamo a que recapacite". Se refería al doctor Miguel Ángel Celis, director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, continuó: "Se logró aprobar la propuesta de gratuidad en todos los institutos, excepto en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, porque tiene contratos con una empresa privada para proveer de insumos y material quirúrgico por 650 millones de pesos, y actualmente está vigente hasta noviembre de 2020".

El mismo 28 de enero el instituto se vio obligado a aceptar la gratuidad, pese a sus carencias presupuestarias. Celis declaró que no había firmado el convenio porque había estado "en una comisión". Ante las acusaciones de López-Gatell, invitó a que se revisara el contrato: "Que la investigación se haga; nosotros somos una institución transparente y estamos obligados como servidores públicos a rendir cuentas".

Aceptar la gratuidad, sin embargo, ya no era suficiente. El régimen quería venganza. El 6 de febrero llegó de improviso a Neurología una partida encabezada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán, con actuarios y un equipo de grabación de video. Encontraron lo que hoy es regla en los hospitales públicos: carencia de medicamentos e insumos. Sandoval hizo un llamado a la gente para denunciar actos de corrupción en Neurología y Pediatría, los 2 institutos que resistieron las nuevas políticas del gobierno. Finalmente, Celis fue destituido este 21 de febrero por la junta de gobierno, presidida por el secretario Alcocer, con la presencia de Thalía Lagunas, oficial mayor de Hacienda.

Celis es uno de los neurólogos más reconocidos de México. Cuenta con una larga carrera en el sector público. Fue investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es pionero en detección y tratamiento de cisticercosis cerebral y tiene la mayor clínica de esclerosis múltiple en México y Centroamérica.

El doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, expresó su "reconocimiento y solidaridad" hacia quien ha sido profesor de posgrado en la institución durante décadas y es un "neurocirujano de talla mundial". José Narro, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, aseguró que "el gobierno federal comete una injusticia al tiempo que atropella la dignidad de los profesionales de la salud e incuba un problema grave".

Las carencias de los institutos de salud, siempre presentes, se han venido agravando. Los recortes de presupuesto, aunados a la prohibición de cobrar cuotas de recuperación, los han dejado en condiciones de extrema precariedad. En 2019 los directores tuvieron que acudir a la Cámara de Diputados para que se les restituyeran fondos congelados por Hacienda. En septiembre, Alejandro Mohar renunció a la titularidad de la Comisión de Institutos Nacionales de Salud.

El presidente, como siempre, justifica sus acciones por un supuesto combate a la corrupción, pero exhibe un desprecio a las entidades autónomas y a la investigación científica, razón de ser de los institutos. Ahorcarlos financieramente es la estrategia para acabar con ellos o tomar control. Poco importa si para ello es necesario linchar a una eminencia. El fin justifica los medios.

"¿Quién sabe eminencia para qué?", cuestionó AMLO al doctor Celis. Supongo que la "brillante" trayectoria académica del mandatario le permite juzgarlo. ¿O será que utiliza la fuerza del poder simplemente para aplastar a un médico incómodo?

Luego de que la Secretaría de Salud sumó otro despido de un médico de alta especialidad, al prescindir de los servicios del doctor Miguel Ángel Celis López, director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, quien tenía 25 años de servicios en institutos nacionales de alta especialidad, doctores del sector público llamaron a un paro de labores para el 10 de marzo.

De acuerdo con personal de ese centro de salud federal de alta especialidad, el despido del doctor Celis López respondió a una supuesta "represalia", por haberse negado a signar un acuerdo que lo obligaba a brindar atención gratuita, sin resolver el problema de falta de medicamentos y otros insumos.

"Su destitución es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero problema: la incapacidad del gobierno federal para organizar un sistema de salud eficaz, que sólo necesitaba recursos para contratar al personal despedido y comprar insumos", denunció el doctor Martín Granados, jefe del servicio de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional De Cancerología de México.

El médico señaló que "lo instalado, aunque insuficiente, funcionaba razonablemente bien, gracias a todos los trabajadores de la salud".

Anotó que los desabastos surgieron por "falta de planeación e incapacidad para hacer licitaciones en el tiempo preciso", así como por "la falta de pago del gobierno a los hospitales por la atención otorgada a pacientes del extinto Seguro Popular".

"Ante la incapacidad y mezquindad del gobierno federal, éste quiere hacernos parecer como los causantes de los problemas de salud, e incluso los causantes de un desastre que se avecina", manifestó.

El doctor Martín Granados puntualizó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "cuenta con el mayor presupuesto de la historia", y preguntó que "¿si ya no existe corrupción, dónde está el presupuesto?".

Por otra parte, el doctor del Instituto de Cancerología acusó a las autoridades federales de Salud de "querer someternos a una política de miedo, aprovechando nuestra distracción por atender nuestro trabajo".

Al respecto, llamó a la comunidad médica del país que labora en el sector salud a "manifestarse en forma pacífica, pero enérgica, contra las arbitrariedades no sólo a médicos, también ante los niños y mujeres con cáncer y sida".

"¿Te sumas a un día sin médicos para el día 10 de marzo? La enfermedad no espera y los recursos no sobran en otros hospitales. Los médicos no hemos recibido los recursos necesarios, ni somos los enemigos del pueblo, sino sus aliados".

Enfatizó que "las acciones del gobierno no hacen otra cosa que polarizar a nuestra sociedad, buscando dividirla y hacerse de clientes y rentas que los perpetúen en su mezquina búsqueda del poder".

Luego de las evidencias exhibidas públicamente por diversos medios de comunicación masiva en las que, con cifras oficiales, se ha dejado claro lo que está sucediendo en el sector Salud -del país y nuestra entidad- los ejecutivos (así dicen que se les debe decir) no tienen más argumentos que buscar culpables fuera de su ámbito de gestión, a quiénes echarles la culpa de su incapacidad para cumplir con su juramento de cuidar la salud e intereses de la población. Ah, pero eso sí, los negocios farmacéuticos e inmobiliarios de los parientes y amigos van viento en popa.

En pleno siglo XXI creerle a un político, o mejor dicho, a un vividor de la política, es pasarse de ingenuo o, como dicen los jóvenes, de "pen...santes".

Son muchos los diretes al respecto: que si uno era el ganón desde los tiempos en los que "la izquierda" alcanzó el gobierno de la capital de la república, pero que luego también en Jalisco se convirtió en uno de los principales proveedores, pero no conforme con ello se transformó en competidor político (la búsqueda del poder ha existido por los siglos de los siglos), pero las leyes creadas para evitar la corrupción ya no lo dejaron seguir despachándose con la cuchara grande, pero lejos de ser sancionado, en la Secretaría de la Función Pública sólo le diagnosticaron un leve "coscorrón" y un estate quieto un rato -en público- aunque por debajo del agua siga haciendo olas.

Que si los últimos titulares de la Salud en la entidad tienen parientes en el sector farmacéutico -y el ejecutivo también- y no están dispuestos a dejar ir tan importante negocio en donde, para acabarla, se han cometido errores garrafales por inexperiencia, que han costado vidas de muchos jaliscienses, ya sea por desatención, desabasto medicinal o falta de prevención (los que en campaña afirmaban que sí sabían, resultó que nada de nada) y de nueva cuenta el número de muertos por dengue, influenza, enfermedades renales, entre otras; fumigante caduco, han puesto a la entidad en un deshonroso 1er. lugar, además de la obesidad infantil que ya se acaparaba, no como una percepción de la sociedad o de los medios, sino porque las cifras oficiales así lo dictaminan.

Total, que las instituciones del llamado Sector Salud nacional y estatal se encuentran desorganizadas y mal proporcionadas -a unos no les proporcionan parte del negocio- mientras que a unos les "quitan las concesiones de compra" de fármacos, a otros les compran sin licitar (en ocasiones son los mismos, pero con diferente nombre). En tanto, los delincuentes hurtan los fármacos de alto costo en las clínicas del IMSS [e ISSSTE].

Porque la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) es una organización privada que recibía dinero público para su financiamiento, algo que no se considera lo más eficiente ni transparente, el gobierno federal decidió no seguir entregándole recursos, confirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Sin embargo, continuará el apoyo a los casos en tratamiento.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que los nuevos casos que se presenten de mujeres con cáncer de mama serán atendidos en hospitales públicos gratuitos, como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología, los cuales tienen la capacidad de recibir a las nuevas pacientes.

"El nuevo sistema de salud no incluye la contratación de entidades privadas. No es nada específico contra esta institución. Queremos destacar que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que es el que actualmente maneja el financiamiento, y ésta institución privada... se dará continuidad al tratamiento de las mujeres en tratamiento en Fucam".

Abundó que no se suspende ningún tratamiento. "Nos parece absolutamente legítima, respetable y atendible la preocupación de las mujeres que viven con cáncer o están en distintas fases de tratamiento".

Cerca de 100 integrantes de la Fundación de Cáncer de Mamá (Fucam) se manifestaron ayer afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que no retire los recursos para atención a mujeres con cáncer.

Luego de que la Secretaría de Salud informó que Fucam contará con presupuesto para atender a las pacientes que iniciaron su tratamiento en 2019, pero las que fueron diagnosticadas en 2020 serán atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología y los Hospitales Juárez y General de México, las mujeres piden que se mantenga el acuerdo entre Fucam y el Insabi.

Papás de niños con cáncer y trasplantados, mujeres con cáncer de mama y pacientes con VIH, acudieron a las oficinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México para solicitar a la comunidad internacional que se declare en el país una "emergencia sanitaria por falta de medicamentos especializados para tratar enfermedades crónicas".

Con un oficio dirigido a Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la OMS, y al representante del organismo internacional en México, Cristian Roberto Morales Fuhrimann, los manifestantes pidieron apoyo de las 7 naciones consideradas potencias mundiales y al Vaticano para que no exista desabasto de fármacos en México. "Pedimos que se solicite la ayuda de la comunidad internacional para conseguir este tipo de medicamentos y que éstos puedan llegar a los hospitales y a los niños para que reciban sus tratamientos. Hay riesgo de recaída y muerte, tal como lo señala la literatura médica internacional", leyó Israel Rivas, papá de un paciente.

Israel Rivas comentó que en México existe desabasto de medicamentos especializados desde hace casi 2 años y, a la fecha, no han tenido una respuesta favorable por parte del gobierno federal. "Ante su incapacidad para resolver esta crisis de salud provocada por no haber realizado en tiempo y forma los trámites para el encargo de la fabricación de dichos medicamentos, pedimos la ayuda internacional y que se declare la existencia de una emergencia sanitaria en México por la falta de medicamentos especializados para tratar enfermedades crónicas... que fluya más rápido la ayuda humanitaria internacional a nuestro país".

La Secretaría de Salud federal, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó que están en proceso de entrega 13,738 piezas de medicamentos oncológicos destinados a personas sin seguridad social, de las cuales 6,869 llegarán a su destino este miércoles y las otras 6,869 antes de la 1a. quincena de marzo próximo.

Entre las piezas entregadas y las que están en proceso de distribución se encuentran claves como Carboplatino, Ciclofosfamida, Cisplantino, Daunorubicina, Fluorouracilo, Gemcitabina, Ifosfamida, Metotrexato, Vincristina, Epirubicina Metotrexato, Dacarbazina, Vinblastina y Etopósido.

La Secretaría refiere que, en lo que va del año, se han entregado 32,730 piezas de los 13 principales medicamentos oncológicos solicitados por las entidades federativas.

Es falso que hay desabasto; el presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez. Esto no significa, afortunadamente, que no esté tomando medidas para resolver el inexistente problema.

El gobierno ha anunciado que "este miércoles 26 de febrero se completará la entrega de casi 40,000 medicamentos oncológicos... Al momento se han distribuido 32,730 piezas y este miércoles 26 de febrero concluirá el abasto de otros 6,869 fármacos. 6,869 piezas adicionales serán entregadas antes de la 1a. quincena de marzo".

"Para asegurar el abasto de medicamentos oncológicos, se han llevado a cabo adquisiciones consolidadas internacionales en Francia, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Brasil y España, que incluyen pruebas de verificación, a través de las cuales la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) garantiza la calidad y efectividad de los medicamentos".

Es bueno saber que el gobierno está actuando. La falta de medicamentos ha afectado desde hace mucho a los hospitales públicos, pero se ha agravado de manera muy importante en los últimos meses. Este lunes una pareja de la 3a. edad acudió a su clínica del IMSS donde se les dijo que 7 de los medicamentos que toman habitualmente no están disponibles.

El subsecretario Hugo López-Gatell, quien se ha convertido en el policía del sector salud de este gobierno, afirmó en la mañanera de ayer que las importaciones del gobierno son consecuencia del "incumplimiento de empresas privadas". Él mismo señaló días antes: "Los intermediarios perturban las relaciones sociales entre proveedores privados y entre el sector público". Añadió para explicar el desabasto que nunca existió: "No hubo recortes. No es falta de presupuesto, ni indisposición del gobierno de que tengan los insumos". Ayer, sin embargo, hubo una nueva protesta a las puertas de Palacio Nacional por grupos que se quejan del desabasto de medicamentos para el cáncer.

No es difícil entender lo que ha sucedido. El presidente López Obrador tenía una objeción ideológica a la forma en que se compraban y distribuían los medicamentos. "Aquí había un monopolio -afirmó ayer-. Estamos hablando de un negocio de miles de millones de pesos y hemos enfrentado resistencias, pero va el plan".

El plan ha implicado detener la producción en México del Metotrexato, que se usa para el cáncer infantil, porque la empresa que lo producía, Pisa, es dueña de Dimesa, una de las 3 grandes distribuidoras con las que el presidente ha rechazado trabajar. Seguía con la importación de medicamentos, incluyendo el Metotrexato.

Independientemente de las motivaciones, es muy claro que el gobierno ha actuado con impericia. No entendió nunca el papel de las distribuidoras ni los procesos de compras. Descartó un sistema que quizá tenía problemas, pero funcionaba, por otro que hasta la fecha no opera.

Para los pacientes que sufren el desabasto es positivo que el gobierno esté importando para resolver el problema. Será un golpe para la industria nacional y para quienes trabajan para ella, pero por lo menos habrá medicinas. ¿Por cuánto tiempo? Nada más de Metotrexato, el sector público consume alrededor de 16,000 piezas al mes. Si se suman los demás medicamentos en la lista de importaciones del gobierno, son de 40 o 45,000 piezas mensuales. Las 46,000 que se están importando hasta marzo no durarán mucho. Y como los precios son bastante similares en todo el mundo, tampoco hay que esperar un gran ahorro.

Dice el senador Martí Batres: "Por favor que alguien le explique a @SergioSarmiento que esos Institutos de Salud no son privados, que son públicos y que dependen de la Secretaría de Salud, que a su vez depende de la Presidencia de la República". Pero el artículo 10 de la Ley de Institutos Nacionales de Salud dice: "Los Institutos Nacionales de Salud gozarán de autonomía técnica, operativa y administrativa".

México sabe qué hacer frente a una amenaza como la que supone la inminente llegada del COVID-19 porque el brote de influenza por el virus A(H1N1) de 2009 dejó enseñanzas importantes que el personal de salud del Estado tiene bien aprendidas. El problema es que las decisiones políticas del último año han debilitado la capacidad de respuesta de ese aparato, en términos de financiamiento y de disponibilidad de instrumentos.

Los protocolos de acción resultantes de la aplicación al pie de la letra del manual de la Organización Mundial de la Salud durante la emergencia de hace 11 años están en pie y listos para ejecutarse, y hay en existencia de medicamentos para tratar los casos de contagio.

Pero la infraestructura médica no está en su nivel óptimo debido a los recortes presupuestales y la instauración precipitada del nuevo sistema con el Instituto se Salud para el Bienestar (Insabi), lo que hace prever un escenario en el que pese a que se sabe cómo responder no se podrán concretar las acciones necesarias. Los tiempos de espera para la atención de pacientes son más largos hoy que hace un año y medio, y si bien se cuenta con personal suficiente de médicos y enfermeros, tienen menos presupuesto disponible. Los pilares de la atención en salud pública son cobertura, calidad y financiamiento. Al debilitarse este último, se ven afectados los 2 primeros.

El coronavirus del brote actual tiene un índice de letalidad menor que el coronavirus del SARS surgido en 2003 pero mayor que el del virus A(H1N1). Es decir, del número de personas infectadas, son más los casos que desembocan en la muerte, y su capacidad de diseminación es igual de elevada que la de la influenza que afectó a México.

El personal especializado en respuesta a una emergencia epidemiológica existe y está capacitado. Una buena parte estaba ya en el sistema de salud en 2009. Pero, por ejemplo, la capacidad instalada de unidades de terapia intensiva que se requerirán para los casos graves podría resultar insuficiente, así como la disponibilidad de instrumental para proporcionar a esos enfermos asistencia respiratoria permanente. Y el presupuesto necesario para atender ese flanco tampoco está garantizado.

El otro aspecto central para enfrentar una amenaza como la del COVID-19 es la decisión política. En Estados Unidos ayer mismo vimos cómo fue corregida la actitud inicial del presidente Trump de minimizar el riesgo y aparentar que con su sólo liderazgo personal y con ayuda del clima nada pasaría. Ante la opinión de los expertos sobre la seriedad del riesgo, Trump elevó a rango del vicepresidente Mike Pence la coordinación general de la estructura responsable de asegurar una respuesta adecuada, oportuna y suficiente. No es que la infraestructura de salud estadounidense cambie con ese nombramiento, pero la manera en que fluyen los recursos y se toman decisiones de carácter nacional sin duda agiliza la aplicación de las medidas concretas.

En 2009 hubo la decisión política de aplicar los protocolos para responder al peor escenario posible. La coordinación federal con los sistemas estatales y del entonces Distrito Federal y la voluntad de tomar medidas drásticas como suspender clases en todo el país y cancelar eventos masivos ayudó a evitar una propagación mayor del virus. Pero también produjo una afectación económica del tamaño de un punto del PIB nacional.

Hoy, el gobierno de López Obrador tiene que decidir cómo enfrentará el arribo del COVID-19 desde el sistema de salud y desde el más alto nivel político, que es la Presidencia de la República. No está claro aún cuál será el camino a seguir pero tendrá que haber una definición pronto. El virus ya llegó a Estados Unidos. No hay duda de que llegará a México.

No se trata de arrastrar al pánico a la población sino de ofrecerle un plan de acción y de información que le dé confianza y le permita saber qué hacer desde la casa, la escuela y el trabajo y cómo proceder en caso de presentar los síntomas de la infección y a dónde acudir para recibir atención médica.

En este brote epidemiológico no hay cabida para acusar a un virus de ser de derecha, conservador o golpista y no hay margen para buscar culpables si las cosas no se hacen como se debe. El gobierno tiene que coordinar la respuesta médica y social adecuada con el aparato de salud del Estado y brindarle al esfuerzo el liderazgo político que requiere.

10 hospitales estatales de Chiapas tuvieron en diciembre de 2019 trabajos de rehabilitación de sus redes de gases medicinales. Ningún contrato se licitó: todos se otorgaron por asignación directa el 11 de diciembre de 2019, todos concluyeron el 31, último día del año.

Cada uno costó más de 6.8 millones de pesos. Es una cantidad enorme. Un monto así habría sido más que suficiente para instalar una nueva red en un centro médico del tamaño de La Raza, pero los hospitales chiapanecos son todos pequeños y de alcance regional.

Los trabajos se realizaron en 3 semanas y durante la temporada navideña. Es un tiempo improbablemente corto para una obra de esta magnitud. Proyectos de inversión similar en hospitales pueden tomar meses o años. Además, no queda claro dónde encontraron los contratistas los ejércitos de trabajadores para laborar tan intensamente en Chiapas en el periodo navideño. Todos los constructores conocen las dificultades de mantener suficientes trabajadores en esa época.

Los 10 proyectos fueron otorgados a 10 contratistas distintos. Habría sido muy sospechoso, supongo, asignarlos a uno solo. Pero en un campo especializado, en el que muchos se conocen, los 10 son desconocidos o inexistentes. Una búsqueda solo permitió encontrar a uno, DIR Construcciones y Servicios. Los demás no parecen tener ni domicilios, ni teléfonos, ni páginas de internet, ni trayectoria en redes de gases medicinales: Valeria Construcciones, Mantenimiento y Servicios; Grupo Constructor Experto Fadam de Chiapas; Constructora Alpes del Sureste; Constructora Gervisur; Inmuebles y Obras Civiles Adosur, y Constructora Soyalo. Además, inusitadamente se otorgaron contratos a tres personas físicas: Alexandra Malagón Trujillo, Fátima de los Ángeles Gutiérrez Ovando y Fernando Leyva Rodríguez.

Todos los contratos fueron asignados por cantidades diferentes, aunque muy parecidas, que van desde 6,808,543.45 hasta 6,895,362.59 pesos. El total asciende a 68,861,737.00, sorprendentemente una cifra cerrada, sin centavos, a pesar de que los contratos son independientes y todos tienen centavos. La posibilidad de que esto ocurra naturalmente es de 1%. La otra opción es que alguien haya acordado primero un monto total y después acomodado cotizaciones para dar esa cifra exacta.

Los contratos fueron asignados por la Dirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud en Chiapas y aprobados por Luis Alberto Gómez Rodríguez, quien no aparece en la página de internet de ese instituto. Todas las operaciones están registradas en el sistema Compranet del gobierno federal. Si no las borran después de que se publique este artículo, cualquiera podrá entrar y verlas. No saltan a la vista para un usuario casual, pero sí para los profesionales que consultan el sistema.

Las redes de gases medicinales son equipos y tuberías de distribución de oxígeno y otros gases. No los instala cualquier empresa. Es totalmente atípico que 10 hospitales de Chiapas hayan rehabilitado sus redes al mismo tiempo, en un tiempo tan corto, con presupuestos altísimos y con asignaciones directas.

No tengo forma de visitar los 10 hospitales chiapanecos y saber si las redes se instalaron, aunque parece imposible en el tiempo de los contratos. Sí es claro, empero, que los montos están disparados y las asignaciones son irregulares. Quizá el presidente López Obrador, tan tercamente comprometido con el combate a la corrupción, quiera ordenar una revisión.

Los gobernadores y las gobernadoras piensan (es un decir) que si dan datos exactos sobre una crisis quedarán exhibidos: creen que reportar más casos se traducirá en más cuestionamientos. Así que maquillan, ocultan o retrasan cifras cuya confiabilidad, además, siempre hay que tomar con reservas.

Así que si hoy surge un Covid-19 en Sinaloa, o en Coahuila o en donde ustedes digan, pongámonos a pensar si los estados que no pueden ni procesar debidamente los asesinatos y menos gestionar el castigo para los autores de los mismos, podrán reportarnos casos que registren los respectivos institutos de salud, que padecen años de precariedad.

De ahí que decir que estamos preparados para este coronavirus, cuando en esta administración ni la prevención del dengue fue gestionada correctamente, ya no digamos la compra de medicinas, es una exageración medio insultante.

Y lo mismo se puede advertir del proyecto del Instituto de Salud para el Bienestar. El gobierno (es un decir) de AMLO pasa por alto que no somos un país homogéneo en salubridad.

Los sistemas de salud en cada estado tienen distintas características (por ejemplo, Jalisco tiene 2 organismos públicos descentralizados, Nuevo León 1 y un Hospital Universitario, la CDMX tiene otro y además la oferta de los institutos nacionales, etc.).

Hay entidades que en sus servicios de 3er. nivel atienden pacientes a nivel regional más que estatal, pues la demanda de atención no reconoce fronteras políticas, y de ahí que sea entendible, mas no justificable, que el gobernador de Aguascalientes haya dicho que con el nuevo modelo mandarán al rancho del Peje a los pacientes de otros estados.

Tampoco somos una nación que tenga homogeneidad en demanda del servicio de salud por padecimientos.

Por tanto, la aspiración de cobertura universal de servicios gratuitos enfrentará graves retos, pues no contempló incapacidades presupuestales; ha evidenciado deficiente gestión de compra y dispensa de medicamentos, falta de infraestructura y cobertura, ni, por si fuera poco, deficiente coordinación interinstitucional (IMSS, ISSSTE, etc.).

Coronavirus o no, estamos muy lejos de estar preparados para responder a las demandas comunes de la población. Ojalá el Covid-19 pase de largo y no sea una prueba más de esa calamidad en que hemos convertido, en términos generales, a nuestros institutos de salud.

Líneas arriba solo mencioné 1 de los 2 motivos por los cuales en las primeras horas de la crisis del H1N1 el gobierno de Calderón no tuvo la mejor respuesta. La 2a. causa de ese tropiezo inicial fue que, según me contaron entonces funcionarios de aquella administración, el doctor Mauricio Hernández no pudo darle la importancia debida al surgimiento de los casos. Con él trabajaba, por cierto, un médico que ahora tiene muchos reflectores: Hugo López-Gatell. En Los Pinos se pudo corregir la situación cuando, entre otras cosas, trajeron de Francia, donde se encontraba en un congreso, al doctor Pablo Kuri, que ayudó a poner orden en casa y ocupó 9 años la subsecretaría de Salud. Hoy Kuri no está más en la SS. Un desperdicio más.

Pero, López-Gatell nos insiste que estamos preparados para enfrentar al Covid-19.

Una protesta de batas blancas se gesta contra el gobierno del presidente López Obrador pues médicos y enfermeras consideran que los están poniendo en peligro de muerte ante el coronavirus.

Tuve acceso a un chat de directivos y jefes de servicio del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, considerado el más importante de México. Denuncian con fotografías cómo la administración federal está improvisando frente a la amenaza:

Para suplir el desabasto de cubrebocas del tipo N95, que impiden el paso del 95% de las partículas, compraron caretas para albañiles, de las que suelen emplearse para cortar varilla y podar árboles, afirman los doctores.

Como no licitaron suficientes guantes quirúrgicos, adquirieron de última hora guantes de uso rudo para intendentes de limpieza.

Como necesitan trajes de aislamiento, compraron lentes tipo goggle y cubrerropa de los que usan pintores.

Y ahora quieren que eso sea lo que usen los médicos para atender a los pacientes con coronavirus.

Lo que dicen los doctores es que todo lo que compraron a prisa se parece físicamente a lo que se debe usar, pero no es el equipo especializado ni tiene la certificación para atender con él a pacientes infectados por un virus contra el que no hay medicina ni vacuna.

Además, se quejan de que la orden que están recibiendo de sus superiores es reutilizar todo ese equipo y compartirlo con sus colegas, cuando deberían ser piezas desechables y unipersonales.

No es sólo eso. De acuerdo con sus testimonios, la zona designada por las autoridades para internar a los pacientes con coronavirus es el viejo edificio de enseñanza y epidemiología que hoy se usa como bodega. Está abandonado, sucio, no tiene el aislamiento necesario ni siquiera la señalización, no cuenta con baños, tampoco con suficientes tomas de oxígeno ni con cuartos de presión negativa que limpian constantemente el aire que circula. Por si fuera poco, queda físicamente muy cerca de donde están los pacientes nefrológicos, que podrían correr riesgo de muerte en caso de ser infectados con el Covid-19.

Lo único bueno es que el sitio donde van a internar a los pacientes con coronavirus tiene un acceso directo a la calle.

La preocupación de quienes serán los primeros respondientes ante la crisis, la 1a. línea de fuego frente al coronavirus, es que el Covid-19 ha matado a muchos de los trabajadores de servicios de salud que lidian con los pacientes contagiados. Quizá el caso más emblemático es el del icónico doctor chino Li Wenliang, quien descubrió este coronavirus en Wuhan, fue censurado por el gobierno de su país y murió por la infección a pesar de ser un hombre de mediana edad en excelente estado de salud.

La indignación tiene que ver también con que el coronavirus apareció hace casi 2 meses, era obvio que llegaría a México, y en vez de haber tomado precauciones desde entonces, apenas ahorita están tratando de reaccionar.

México siempre ha tenido servicios de salud deficientes. Pero ante una emergencia como el coronavirus, lo menos son guantes y cubrebocas de los buenos.

La esperanza que tienen los doctores del centro médico más importante del país, es que haga más calor y el coronavirus no llegue fuerte. De otra forma, advierten, les puede costar la vida.

Ojalá esta denuncia sirva para que el presidente López Obrador rectifique esta política de tropiezos en salud y ordene, de entrada, la protección irrestricta del personal médico que está en mayor riesgo.

No nos acabamos de reponer de la peor epidemia de dengue en la historia de Jalisco ocurrida el año pasado, cuando ya nos amenaza la llegada del coronavirus al país.

1o. fue en la Ciudad de México y en Culiacán el viernes pasado y el fin de semana se sumó otro caso en Torreón, lo que nos hace, obligadamente, estar en alerta en Jalisco.

Más aun porque, como decíamos, en 2019 no nos fue nada bien por haber pasado a la historia como la entidad con el mayor número de casos de dengue y decenas de defunciones, que saturaron los espacios de atención de nuestros sistemas de salud municipal (cruces verdes), estatal (hospitales civiles y clínicas estatales), y federal (IMSS e Issste).

Cuando pensábamos que la crisis había quedado atrás, la semana pasada las autoridades sanitarias locales reconocieron que los casos de este padecimiento registraron al menos un aumento del 20% en el arranque del 2020.

Desde luego los datos son preocupantes, pero al menos parece ser que el gobierno estatal aprendió de la costosa lección del año pasado, y está decidido a corregir las omisiones y tardanzas en las que incurrieron en su llegada al gobierno y que degeneró en la propagación como nunca de registros de dengue en Jalisco al superar los 12,000 casos.

Sin duda es una buena noticia que la semana pasada hayan anunciado su plan estratégico para enfrentar el dengue, en el que incluyen toda una serie de medidas preventivas y fumigaciones que viene mucho más oportuno que el 2019 que se reaccionó demasiado tarde con las consecuencias en la salud y en la economía de miles de familias por los tratamientos médicos como todos ya sabemos.

Con el dengue sin resolver, y los casos de influenza al alza, la llegada del covid 19 a México debe obligar a las autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno a coordinarse y conjuntar esfuerzos para que el desastre que fue el dengue el año pasado no se repita con este nuevo virus.

Se debe hacer un esfuerzo extraordinario para que, ahora sí, los operadores de los sistemas de salud federal, estatal y municipal, estén a la altura de la exigencia para prevenir y atender una eventual pandemia.

La llegada del coronavirus a México será entonces una prueba de fuego para la aún nebulosa operación del llamado Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) creado en sustitución del Seguro Popular que inició en medio de improvisaciones, desinformación y caos en el país, y los términos del accidentado convenio de no adhesión a ese nuevo sistema de salud que decidió el gobierno de Jalisco.

En la forma de enfrentar la llegada de este flagelo sanitario a Jalisco y los resultados, será lo que nos determine si es funcional o no, más allá de la retórica de los gobiernos transformadores y refundacionales.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) le enmiendan la plana al subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, y señalan: los síntomas del coronavirus no son "los de un catarro" y no existe evidencia de que el clima lo haga más o menos letal.

Más aún, lo exhortan a aplicar medidas de prevención -como lo hicieron China y Singapur- y no sólo de "mitigación".

El 28 de febrero, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario López-Gatell señaló que el virus "no se puede contener", pero "no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo".

"No es una enfermedad grave. En su mayoría estamos hablando de más de 90% de casos leves [...] cuyos "síntomas son los de un catarro", sostuvo.

Y añadió que "el clima aquí es un elemento importante. No quiere decir que irremediablemente cuando venga el calor súbitamente se va a acabar la transmisión; podría continuar durante el verano. Sin embargo, la posibilidad y la eficiencia con que se transmite va a ser considerablemente menor".

En conferencia de prensa en Ginebra, ese mismo viernes 28, Michael Ryan, encargado de Emergencias de la OMS, corrigió al subsecretario mexicano: ante la expansión del coronavirus, las medidas de contención han sido efectivas en otros países, como China o Singapur.

A pregunta expresa, Ryan remarcó que contener un brote tiene por objetivo "romper la cadena de transmisión y que el virus no viaje de una persona a otra".

Explicó que contener es aislar casos, evitar que se propague, rastrear contactos. Eso es lo que hizo China y lo que ha hecho Singapur, por ejemplo, probando que es una medida eficaz porque han logrado bajar el número de casos de manera considerable.

Utilizar medidas para mitigar la enfermedad "es cuando aceptas que ya no puedes parar la transmisión entre personas", comenta.

En ese caso, se utilizan, por ejemplo, medicamentos para tratar de reducir el impacto de la enfermedad que ya se encuentra en la población.

Sin embargo, para el nuevo coronavirus no hay vacuna y no hay un medicamento específico para tratarlo.

Ambas estrategias son necesarias para lidiar con una epidemia, pero en el caso del coronavirus "aceptar que mitigar es la única opción es reconocer que no lo puedes detener", remarca Ryan.

Respecto al clima y al fin de la temporada de influenza, María van Kerkhove responsable técnica del programa de emergencias de la OMS, sostiene que se tiene que estar listo para enfrentar lo que este nuevo virus hizo en China, puesto que se puede transmitir de la misma manera en otra parte.

"El coronavirus puede hacer lo que hizo en China en cualquier otro país y hay que estar listos para ello", remarca la experta, integrante de la misión de la OMS a la nación asiática.

Descarta que en México el brote pueda ser más ligero debido al calor o porque termine la temporada de influenza.

Indica en entrevista: "Solamente estamos a 7 semanas desde que surgió el virus y todavía estamos aprendiendo de él. No tenemos ninguna evidencia de que pueda actuar diferente en distintas configuraciones climáticas. Se tiene que ver cómo progresa y tenemos que estar vigilantes".

Las recomendaciones para todos los países son las mismas, abunda la experta: identificar los casos, aislarlos, rastrear contactos, seguir a esos contactos durante 14 días y terminar la cadena de transmisión.

En cuanto a los síntomas, Ryan subraya que no se trata de una gripe ni de un catarro, no se presenta con secreción nasal o dolor de garganta, el covid-19 (nombre de la enfermedad) se inicia en 90% de los casos con fiebre, 70% de los casos con tos seca, dificultad para respirar y, en los casos más graves, con una neumonía.

La tasa de mortandad es de 2% y las personas que corren mayores riesgos son los adultos mayores y quienes padecen diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Hasta la noche de este 2 de marzo, las autoridades Salud han confirmado 5 casos de Covid-19 en México: 2 en la Ciudad de México, y 3 más en Culiacán, Torreón y Tuxtla Gutiérrez.

Sobre este texto, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, declaró la noche del 1 de marzo de 2020 que la OMS no tiene atribuciones para "leerle plana a nadie", además de que, al igual que todos los países, han seguido los protocolos de investigación para detectar a los casos, ponerlos en aislamiento y estudiar a los contactos, más otras medidas generales de promoción de la salud.

Nadie, con 2 gramos de cordura, metería el freno al gasto en Salud como hizo el gobierno en enero de este año, que cayó en 57.7% respecto al mismo mes del año pasado.

Tenemos la peor amenaza a la salud pública en una década, llamada coronavirus, y el gobierno contrajo el gasto a más de la mitad en ese rubro en enero, de acuerdo con el Informe Mensual de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda.

Además, dice el reporte de Hacienda, la Secretaría de Salud arrancó el año con el mayor subejercicio de todas las dependencias del gobierno federal.

La ineptitud es de miedo.

Salud tenía para gastar en enero 5,839 millones de pesos, pero sólo ejerció 2,465 millones, con lo que tuvo un subejercicio de 3,374 millones de pesos (nota de Zenyazen Flores, El Financiero de ayer lunes).

El presidente ordenó la destrucción del Seguro Popular, sus asesores acataron, y en su lugar creó el Insabi que implica atención gratuita para todo mundo...

Y la Secretaría de Salud bajó su gasto en 57.7% real con respecto a enero anterior.

¿Entonces, cómo van a atender a más personas si en los hechos se bajan el presupuesto a más de la mitad?

Salud, que debe financiar la atención gratuita para todos a través del Insabi, es la dependencia del gobierno que lidera el mayor subejercicio de toda la administración pública federal.

Es una barbaridad, producto de la incompetencia y la soberbia. Sin ninguna lógica administrativa ni sentido humanitario.

Nos demuestran que no tienen idea de lo que están haciendo.

Faltan medicinas, médicos, enfermeras, equipo para hospitales.

No hay recursos para institutos de especialidades, donde se les pide a los familiares de los pacientes una lista de materiales que comprar (gasas, vendas, batas, jabón) para ser candidatos al quirófano.

Tenemos una pandemia al acecho, cancelaron el Seguro Popular, y el gobierno gasta 57% menos en salud. Y la secretaría del ramo es la campeona de los subejercicios.

El subsecretario Hugo López-Gatell, que desplazó al secretario de Salud en el ánimo del presidente, se ha contradicho en reiteradas ocasiones sobre el desabasto de medicinas y equipo básico para operar en el sector.

Para el presidente, que está en otra nube, lo que ocurre es el saldo de la lucha contra "los conservadores".

Ayer mismo, al día siguiente de ser abucheado en su tierra -él, el gobernador de Tabasco y el alcalde da Macuspana– por incumplimiento en la entrega de apoyos vía programas sociales, el presidente dijo en su conferencia matutina:

"Estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando. Y también tenemos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores, corruptos, que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados".

Los "conservadores" que lo boicotean y desgastan sólo existen en su imaginación.

Doblados o débiles están los partidos de oposición. Aterrados están muchos empresarios por la amenaza de la guadaña del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera que hace sólo lo que le indica López Obrador, según reveló él mismo.

Desprestigiar es la divisa de las dictaduras, y aunque no vivimos en una, sí sentimos los efectos de un régimen autoritario e incompetente donde se hace la voluntad de un solo hombre, que desconoce las tareas de la administración pública.

Lo mismo se desprestigia al sobresaliente exdirector de un instituto de alta especialidad, que a los padres de niños enfermos de cáncer: les atribuyen "otra agenda" (palabras de López-Gatell), como si tuvieran una preocupación diferente a la de salvar la vida de sus hijos.

El ejercicio autoritario del poder y la regresión al gobierno de un solo hombre empequeñece a las personas preparadas que rodean al presidente y los vuelve serviles con tal de no contradecirlo.

Los errores son de otros porque el jefe es infalible.

¿En qué locura estamos metidos?

Como describió gráficamente Paco Calderón el domingo en Reforma, el presidente le echa la culpa de sus errores al neoliberalismo, a la mafia del poder, a la prensa, a Felipe Calderón, a las farmacéuticas, a las eminencias, a las feministas que según él son manipuladas, a Lucas Alamán...

Si era para repartir culpas, mejor se hubiera quedado en la oposición.

Atención, atención. Se está gestando una crisis mayúscula. El 30% del 30% de las medicinas que se necesitan, y que se pusieron a licitación en noviembre, no se adquirieron porque el concurso quedó desierto, y el 70% restante del total de los medicamentos más necesitados y especializados, simple y llanamente, no se licitaron. Esto significa que no hay suficientes medicinas para abastecer las necesidades de este país, y está abriendo un riesgo donde, literalmente, lo que está en juego es la vida de muchos.

Esto es resultado de la consolidación de las compras de gobierno, idea de Raquel Buenrostro, que inició en el gobierno como oficial mayor de Hacienda. En octubre de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador le instruyó a no comprar nada, porque iban a revisar todo. Como sucede cada fin de sexenio, la administración saliente dejó de firmar contratos y licitaciones antes de la elección presidencial. Cuando les llegó el lineamiento del gobierno entrante, de que no se les ocurriera comprar nada, ya todo estaba detenido.

Lo racional del gobierno era limpiar la corrupción. Lo irracional del proceso fue no planear ni contar con alternativas reales. Una figura que ha contribuido de manera determinante a la crisis del abasto es el doctor José Alonso Novelo, sin experiencia en la administración pública y dedicado a la cría de cerdos, a quien conocía el presidente por haber sido pediatra de familiares, y lo nombró director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.

Novelo cerró la puerta a toda la industria químico farmacéutica y, bajo la bandera de luchar contra la corrupción, frenó el desarrollo de nuevos productos, la autorización de los estudios clínicos para nuevos medicamentos y canceló los comités de expertos que evaluaban las nuevas moléculas. Clausuró las líneas de producción de varios laboratorios en la Ciudad de México y Guadalajara, y frenó la renovación de registros para medicamentos nacionales.

A Buenrostro la asesoró el actual subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y llevó a López Obrador un diagnóstico equivocado, donde redujo todo a señalar que las empresas distribuidoras eran un monopolio que elevaba los costos y generaba corrupción. La acusación, reiterada hasta el cansancio en las comparecencias públicas matutinas del presidente, ha sido contra 3 empresas, Pisa-Dimesa, Maypo y Fármacos Especializados, que de acuerdo con esa versión, manejaban el 60% de las compras y estaban vinculadas con políticos cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto. Hasta el momento no han identificado a ninguno de esos políticos, pero con respecto al monopolio, la aseveración es falsa. Además de esas 3 empresas, existen más de 20 distribuidores de alto nivel.

Lo que se consumó con la política instrumentada por Buenrostro fue alterar la cadena de suministro al romper el modelo de compra-distribución, que detonó el desabasto de medicinas desde hace casi un año. Todo el esquema fue desmantelado por las acciones del gobierno, que cuando empezó a darse cuenta de lo que había provocado, el presidente le pidió al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que el Ejército entrara al rescate. Los militares dijeron que no tenían la capacidad para atender ese tipo de necesidad, además de no tener los vehículos refrigeradores que se requerían para las medicinas. Nuevos distribuidores buscados por el gobierno tampoco pudieron cumplir con el trabajo.

El desabasto de medicinas y la suspensión de los tratamientos ya han sido asociados a la muerte de varios menores y las afectaciones irreversibles en otros niños, jóvenes y adultos. Hay casos de niños cuya muerte está directamente asociada en tiempo a la suspensión de tratamientos, así como también el deterioro en la salud de varios pacientes de sida. La falta de tratamientos está colocando a médicos en la disyuntiva de empezar a rechazar enfermos de sida porque no tienen medicamentos para completar sus tratamientos, y todo apunta a que van a empeorar las cosas.

La licitación de noviembre fue únicamente para el 30% de los medicamentos necesitados -la tercera parte de este porcentaje quedó sin abastecerse porque el concurso se declaró desierto-, y el 70% restante se iba a resolver en mesas de negociaciones especializadas. Sin embargo, por problemas de organización, mesas de enfermedades tan sensibles como la de oncología, retrovirales e hiperintensivos, nunca se llevaron a cabo. Esto provocó que el 70% de esos medicamentos que tenían que haberse licitado entre enero y febrero, no se concursaran.

Ante esta emergencia, la nueva oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunes, emitió un decreto el 28 de enero para autorizar a la Secretaría de Salud a importar medicamentos sin registro, y extendió los contratos vigentes de 2018 de las mismas empresas contra las que despotrica regularmente el presidente. Esto trajo distorsiones adicionales al mercado. Por un lado se repitió lo que sucedió previamente cuando Buenrostro y López-Gatell adquirieron un nuevo producto para el sida, que de acuerdo con datos de la industria costó 3 veces más de lo que se venía pagando por el.

Por el otro, al cancelar las compras, se cancelaron los pedidos, por lo que la producción de medicamentos para México se suspendió. Una externalidad de esto es que un alto número de empresas en la industria químico-farmacéutica están en quiebra y están vendiendo sus inventarios a muy bajo costo, que repercutirá en el futuro. Al tomarse el precio más bajo como referencia, el gobierno no podrá adquirir el mismo medicamento a ese precio, que fue de remate.

En la actualidad, el gobierno está comprando en el mercado internacional las medicinas que necesita a cualquier precio que encuentre. La decisión presidencial resultó más cara y políticamente es una bomba. Ya hay muertos asociados con la política de consolidación de compras y daños irreversibles por la escasez de tratamientos. La incompetencia nos está costando mucho.

Esta semana las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa presentaron una investigación titulada: "Facturas falsas: la epidemia en el sector Salud". El reporte incluía el periodo de tiempo 2014-2019, donde pudieron detectar el uso de 22,933 facturas falsas y un desvío total de cerca de 4,200 millones de pesos, en 30 de los 32 estados, en instituciones como el IMSS, el ISSSTE, incluso en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y por supuesto la Secretaría de Salud. Así fue como detectaron este modelo para desviar recursos: proveedores con domicilios fiscales inventados, con ningún empleado, y que facturaban 10 millones de pesos por NADA.

Y hay un cuadro de honor a la corrupción: el Estado de México fue la entidad en la que se encontraron más desvíos: entre 2014 y 2018, se desvió un total de 1,804 millones de pesos y el IMSS fue la institución federal que más pagó a empresas fantasma, 320 millones de pesos.

Y hay un dato mucho más aterrador, esta investigación sólo documenta la revisión de facturas y compras irregulares de 90 instituciones de salud, de un universo total a nivel nacional de poco más de 20,000.

Una de las conclusiones de la investigación es devastadora, "las prácticas de corrupción están en todos los niveles, en casi todos los estados y en prácticamente todas las instituciones de salud del Estado", ¿para qué sirven 4,200 millones de pesos en el sector Salud? ¿Qué se pudo haber hecho? La generación de 85,000 camas de hospitales, el tratamiento durante 6 meses de más de 40,000 mujeres con cáncer de mama. Por eso duele tanto la corrupción en la era peñista.

Ambas organizaciones, Justicia Justa e Impunidad Cero han presentado las denuncias penales correspondientes para que se inicie una investigación en la Fiscalía General de la República y se abran expedientes en la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta el momento todos, absolutamente todos los del sector Salud en el sexenio pasado duermen tranquilos, la impunidad predomina porque hay encubrimiento, hay corrupción, y por supuesto una complicidad que va de manera transversal por toda la cadena de consumo.

Ya no están en el poder, ya no debería haber esa complicidad, este trabajo ya está sobre la mesa de Gertz Manero y Nieto Castillo, ¿qué más necesitan? ¿Cuándo un golpe real a aquellos que les quitaron tratamientos a millones de mexicanos? No tenemos una cifra de los muertos por esta corrupción, pero claro que existieron, la corrupción también mata, ésta que se expone en esta investigación lo hace en su totalidad, esta es parte de la justicia que necesita este país.

En medio de un mundo de contradicciones, de dimes y diretes en los que los únicos perjudicados en materia de salud pública resultan ser los enfermos de cáncer, insuficiencia renal, diabetes, problemas cardiacos y otros casos graves, los "juncionarios" de los gobiernos federal y estatal se aferran a declarar, un día sí y otro también, que aquí no pasa nada, que todo está bien, que sus respectivas "revoluciones", con el apodo que ellos quieran llamarle (que 4a. transformación; que refundación) van a sacar adelante a nuestro país y estado... mientras tanto, los periodistas, los medios masivos de comunicación y los conservadores, deben de guardar silencio, para no perturbar la paz social.

La realidad es que son los improvisados, en los más diversos campos disciplinares de la función pública, los que mantienen y fortalecen las diferentes crisis por las que transitamos todos los mexicanos (pero más los que menos tienen), pues quienes hoy dicen gobernarnos confunden -para su beneficio- lo que es la austeridad: "Una política de austeridad es la política económica basada en la reducción del gasto público. La reducción del gasto público o de los presupuestos también son conocidos como recortes".

Si bien es cierto que no hay presupuesto que alcance para atender a una población tan dispersa como la que hay en nuestro país (más de 120 millones de personas), la realidad es que es la ineficiencia de los nuevos y viejos "juncionarios" la que provoca la mayoría de los males.

Mientras tanto, la comunidad médica del país se encuentra dolida y profundamente preocupada, precisamente porque en nombre de la famosa austeridad, los centros de salud, en sus diversas denominaciones (SS, IMSS, ISSSTE), carecen hasta de lo más indispensable en materia de medicamentos, equipo y recursos humanos en el ámbito hospitalario para poder atender la demanda existente, lo que en otras palabras implica la muerte de seres humanos de todas las edades, cuyas cifras son desconocidas hasta por las mismas autoridades, y cuando alguien se atreve a señalar alguna información al respecto, para pronto salen a declarar que "ellos tienen otros datos".

Mientras el número de jubilados está en incremento en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), también aumentan las quejas de usuarios ante la falta de medicamentos y por el retraso en las citas o cirugías.

Inés denuncia: "Hace 3 días fuimos a la farmacia de la Pila Seca en Tlaquepaque, pero faltaban muchos medicamentos. Y la farmacia de Federalismo está igual. El problema es que ahora nos están dejando sin otros servicios para los pensionados, como la terapia física... Estamos peor que nunca".

Alfonso Gamiño, profesor jubilado, afirma que desde la pasada administración han detectado retrasos en las cirugías. El integrante del Colectivo Pro Defensa de Patrimonio del Ipejal señala que en 2018 contabilizaron un rezago de 3,500 intervenciones; sin embargo, persiste el problema. "Los enfermos tienen meses esperando en cirugías oncológicas o de urgencia, en tomografías y otras áreas".

El Instituto confirma que hay 520 cirugías programadas, pero acentúa que la cifra es solamente de enero de 2020. Evade información sobre el acumulado.

Otro usuario de nombre Raúl Torres (de 89 años) critica que, desde hace un mes, no encuentra el fármaco que requiere para su enfermedad del corazón. Y padece Parkinson. Por eso lamenta el calvario que enfrenta para atenderse porque su hijo lo mueve en silla de ruedas y se le complica acudir con frecuencia para comprobar si ya llegó la medicina.

La Dirección de Comunicación Social de Pensiones tampoco respondió a una solicitud de entrevista para detallar en qué va la nueva licitación de medicinas por 868.7 millones de pesos para el periodo 2020-2021, a pesar de las observaciones internas que se le hicieron al dictamen.

Destaca que el Ipejal reporta el incremento del número de pensionados y jubilados. En febrero pasado se registraron 37,467, cuando en 2017 estaban documentados 31,764.

Araceli López agrega que tampoco hay insumos para cirugías mayores.

Aunque el Ipejal informa que en los últimos años aumentaron los presupuestos para los servicios médicos de los pensionados, esto no derivó en un mayor número de atenciones en los hospitales.

Mediante Transparencia, en el folio 00661420, la institución comparte que en 2017 destinó 526 millones de pesos para servicios médicos. Durante 2018 la cifra fue de 644.9 millones y para 2019, el monto fue por 831.4 millones de pesos. En comparación, en 2017 atendieron a 7,023 pensionados, mientras el año pasado sólo a 6,316. Más presupuesto y menos atenciones.

Alfonso Gamiño afirma que desde la pasada administración estatal han detectado retrasos en las cirugías que los pensionados requieren.

Indica que en 2018 contabilizaron un rezago de 3,500 y, a la fecha, un atraso de 2,500 operaciones.

"Son de personas que tienen meses esperando. Hablamos de cirugías oncológicas o de urgencia, pero al no dar las autorizaciones, las enfermedades van avanzando. Lo mismo con estudios de tomografías... hay muchos casos rezagados".

Gamiño indica que otra petición que no ha sido atendida es que todas las unidades médicas familiares cuenten con máquinas para realizar rayos X.

"Pero en Pila Seca de Tlaquepaque tenemos más de un año que no se ha arreglado, según nos comenta el personal... que no lo quieren arreglar. Y tenemos 2 hospitales especiales que no brindan la atención como hospital regular: uno es el Psiquiátrico, y otro el Santa Lucía. Que solamente ofrecen cuestiones de la vista, pero no ofrecen la atención integral".

Vía Transparencia, el Ipejal detalla que hay 520 cirugías programadas por realizar, aunque solamente precisa que la cifra es del mes de enero de 2020. Aunque se solicitó el histórico de operaciones quirúrgicas pendientes o canceladas, la Unidad de Transparencia contesta que la información es inexistente. Ocultan la información.

El requerimiento más solicitado es la colonoscopia (44), seguido de la esofagogastroduodenoscopia (32) y el bloqueo facetario (27).

Según el Ipejal, en 2017 contabilizó 9 hospitales subrogados en la zona metropolitana de Guadalajara para brindar atención médica de 2o. y 3er. niveles, así como de alta especialidad. Un año después fueron los mismos centros de salud. Por Transparencia reportan que en 2019 aumentaron a 12 espacios.

Para el interior del estado tienen un convenio de atención con el Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque no precisan número de consultas.

Alfonso Gamiño considera que las políticas de salud han empeorado con la nueva administración. Dice que anteriormente se espaciaban las consultas médicas de 1 a 2 meses y los doctores recetaban medicamentos en lo que les daban la nueva cita. Pero ahora, asegura, las consultas se alargaron hasta 4 meses y las medicinas no cubren ese periodo.

"Entonces, como no alcanzan las medicinas, nos obligan a ir cada mes para reactivar las recetas. El problema es que muchos compañeros tienen problemas de movilidad, llegan en andaderas, obligan a los compañeros a que vayan cada vez, y lo peor es que muchas veces no hay medicamentos".

Indica que la mayoría de los usuarios padecen enfermedades crónicas degenerativas, como diabetes, hipertensión y artritis. "La función del fármaco no es la de curar, sino de aminorar los síntomas, pero con esta política de dar los medicamentos cada mes, se quedan sin ese tratamiento, lo que ha provocado que las enfermedades sigan avanzando. Nos dicen que entonces nosotros compremos los medicamentos, porque muchos no tienen o ganan lo suficiente con su pensión".

También recalca que los hospitales están saturados.

Añade que el colectivo tenía mesas de trabajo con los directivos del Instituto, pero ya no forman parte porque no han cumplido en los temas de salud.

"Ante la poca seriedad y a la falta de acuerdos, nos levantamos de esa mesa. De verdad pensamos que iba a mejorar, pero las cosas están todavía peor".

Vía Transparencia se pidieron datos sobre el tiempo de espera para consulta y cirugías, pero el comité declaró la información como inexistente.

Otro ejemplo del desabasto que padecen usuarios es el caso de Julia Sierra y su esposo, que tendrán que comprar el medicamento somazina, el cual no encontraron en la farmacia Unimef Federalismo del Ipejal. "Es la medicina que más nos importa porque es para problemas cerebrales, también la compramos el mes pasado...".

La mujer explica que necesitan 60 pastillas al mes, y que cada caja con 10 pastillas cuesta 1,200 pesos, por lo que desembolsaron 7,200 en febrero pasado y volverán a gastar lo mismo en marzo, ya que no la surtieron y se debe tomar todos los días.

Raúl Torres explica que ya es el 3er. mes que le pasa lo mismo, por lo que tienen que buscar el medicamento en farmacias privadas.

"Nos sentimos como ciudadanos de 3er. nivel, trabajamos y dimos lo mejor de nosotros en nuestra juventud. Y ahora nos olvidan porque estamos grandes. Incluso, yo fui medallista estatal, gané carreras de 400 metros".

En el Ipejal se detectaron anomalías en los borradores para la licitación de medicamentos 2020-2021, con un techo presupuestal de 868.7 millones de pesos; es decir, 434 millones por año. La 1a. observación fue que no se especifica si la licitación es local o nacional. Tampoco encontraron análisis del costo-beneficio que sustente la opción de lanzar la licitación multianual, ya que el monto solicitado por la Dirección de Servicios Médicos es de 353 millones (anual).

En ese sentido, requirieron consultarle a la Dirección de Finanzas cuál era el monto disponible para 2020, porque el presupuesto sería cargado a inicios de año.

Otro de los puntos es que hace distinción en los tiempos de entrega de medicamentos de urgencia "alta" y "normal". Esto puede generar una carga administrativa y provocar incertidumbre en el control, por lo que se sugirió dejar el periodo de entrega en 10 días.

También se advierte que se estaban usando precios históricos de licitaciones anteriores únicamente en 265 claves, por lo que faltaría completar con datos de más medicamentos adquiridos recientemente. Sobre las cotizaciones, se resalta que algunas diferían mucho, por lo que afectaban el precio final. Por ejemplo, un medicamento que cuesta 0.59 centavos tenía cotizaciones de hasta 38.25 pesos, lo que alteraba el costo total.

La estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció la muerte de un 5o. paciente que recibió tratamiento con un medicamento contaminado en uno de sus hospitales del sureste del país.

La muerte de este paciente, uno de los 4 que estaba en la unidad de cuidados intensivos, fue anunciada horas después de que la empresa hiciera pública la muerte de un paciente afectado por la administración de producto contaminado.

Pemex ha dado parte de esta muerte como lo hizo con las otras 4, a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco para "deslindar responsabilidades", apuntó la empresa.

Estos pacientes perdieron la vida después de recibir un tratamiento con el medicamento heparina sódica de un lote contaminado con fecha de caducidad de enero de 2021.

La petrolera mexicana indicó que este medicamento ha sido usado para tratar a 54 pacientes, de los cuales 21 no presentan daños en su salud, 6 más fueron dados de alta y siguen tratamiento ambulatorio.

Otros 27 se encuentran hospitalizados, 23 de ellos están en condición estable y cuatro permanecen en terapia intensiva y reciben reemplazo renal continuo. Un enfermo recibe soporte vital alto, explicó Pemex.

La petrolera garantizó al 100% la atención de hemodiálisis que se otorga a los beneficiarios de su sistema de salud formada por sus trabajadores, jubilados y sus familias.

La heparina sódica es uno de los medicamentos considerados antitrombóticos y posee un anticoagulante.

De acuerdo con informes de prensa, la empresa estatal compró un lote de este medicamento a un proveedor privado y no al laboratorio (Pisa), el cual se desmarcó de su elaboración y posible manipulación del producto que supuestamente fue suministrado.

Familiares de los fallecidos denunciaron públicamente que en el hospital de Pemex a sus pacientes les habían dado este medicamento sin confirmar la procedencia del mismo.

A raíz de este caso, algunos pacientes buscaron alternativas y acudieron a otros hospitales para su tratamiento.

El subsecretario Hugo López-Gatell afirmó ayer que el gobierno federal ha importado directamente 91 millones de pesos de medicamentos para el cáncer. Preguntas: ¿Tienen registro sanitario como los que se exigen a los productos de empresas mexicanas? ¿Cuánto se ahorró... o cuánto más caros salieron?

La llegada del Covid-19, mejor conocido como Coronavirus, es inevitable, ya está en México y gracias a la experiencia de otros países sabemos qué sigue, qué toca y cuáles son los riesgos.

Si la enfermedad supera nuestra capacidad instalada y satura [¿más?] los servicios médicos, el número de muertes será mayor e incluso algunos enfermos de otras afecciones no podrán ser atendidos durante el periodo de crisis.

Familiares dieron a conocer este lunes la muerte de otro paciente que estuvo en contacto con el lote de Heparina Sódica contaminada en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco.

Se trata de Javier Acosta Gil, jubilado con 21 años de servicio, y cuya familia asegura que lo que le pasó fue producto de una irresponsabilidad de parte de la Dirección General del nosocomio.

Su esposa Araceli García Alejo, confirmó el deceso, y denunció que el cuerpo se lo entregaron 14 horas después porque se negó a que en el acta de defunción apareciera que fue por "causas naturales" y no por el fármaco contaminado con Klebsiella spp.

"No hemos recibido apoyo por parte de nadie. Vamos a demandar porque no se vale que hayan matado a nuestros familiares. Pedimos la necropsia y no querían que se hiciera, porque me decían que para qué vamos a hacer tanto si ya sabíamos que tenía insuficiencia renal, ellos no quieren asumir sus responsabilidades", expresó.

Su muerte, según familiares, es la número 12. La disparidad en las cifras, acusan derechohabientes, es que hubo afectados que no pidieron autopsia y se conformaron con el acta de defunción en el hospital.

Con esta serían 5 las familias que han pedido a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar la autopsia para determinar la causa de muerte, porque se niegan a aceptar la explicación de los médicos.

Sin embargo, la FGE ha dejado claro que toda la información será remitida a la Fiscalía General de la República (FGR).

El viernes pasado, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acudió el inmueble junto al subdirector de Servicios de Salud, Rodolfo Lehmann Mendoza, a fin de escuchar los avances que se registran en el caso.

De la misma forma, dialogó con el personal médico y administrativo, quienes le externaron las necesidades que se registran en el hospital, según informó Pemex en un comunicado.

Sin embargo, el que esto se haya dado sin informar a los familiares generó molestia entre los derechohabientes, que continúan denunciando que las condiciones no han mejorado y se sigue careciendo de medicinas e insumos básicos.

Pero el que esto se haya dado sin informar a los derechohabientes, ocasionó molestia entre ellos, porque continúan denunciando que las condiciones no han mejorado y se sigue careciendo de medicinas e insumos básicos.

En cuanto a los fallecimientos, Pemex ha admitido los de María Soledad González, Patricia Jiménez, Feliciano Sánchez, Marina Sánchez, Baldemar García y Bienvenido Sánchez.

Sin embargo, se ha podido constatar también los de Ángel Pérez y Salvador Díaz, aunque este último contrajo la bacteria Klebsiella spp dentro del hospital y sin haber recibido directamente la Heparina contaminada, pero sí tuvo contacto con el equipo donde se usó el fármaco.

Pero las familias aseguran que no se han reconocido los de Rosendo Córdova, Nelly Guzmán, Magnolia Carrillo y ahora Javier Acosta Gil, víctimas también de la crisis de salud que atraviesa el nosocomio.

Pese a que desde el viernes pasado una familiar de Francisco, médico del Hospital Civil de Guadalajara, presentaba síntomas correspondientes a los del COVID-19, en la línea telefónica habilitada en el estado para atender el coronavirus le dijeron que tenía que esperar hasta 72 horas para ver si era necesario hacerle la prueba, aun cuando refirieron que ella había tenido contacto directo con personas que habían viajado recientemente.

"Ella se hizo pruebas para influenza y dengue y salieron negativas. Como tiene el antecedente que atendió pacientes que habían viajado de China, Japón, Chicago, entonces tenía los factores de riesgo más elevados. Intentamos hacer la prueba y en el teléfono que nos dan las instituciones gubernamentales les expusimos el caso y esta preocupación, y nos dijeron que tranquilos, que en 48 a 72 horas nos llamarían, o que si no, nosotros llamáramos de nueva cuenta 'para valorar si requiere la prueba o no'", explicó.

Ante esta situación no quedaron conformes y la familia se movilizó para poder llevarla a un laboratorio particular donde pudieran hacerle la prueba que determinara o descartara el virus. Pagaron 5,000 pesos por ella, y los exámenes estarán listos el jueves, explicó.

"En el laboratorio había más personas esperando para hacerse la prueba. Nosotros queríamos hacerle el diagnóstico para que, si es una paciente portadora, pudiéramos tenerla aislada, por eso hicimos un esfuerzo económico para hacerle la prueba, pero ¿que va a pasar con la familias que no podrán hacer el gasto,y que no tendrá la misma posibilidad de hacerse la prueba en un lugar privado?".

El médico opinó que la realización de las pruebas "no son para darle gusto a la población", sino que son necesarias para evitar que el virus continúe expandiéndose, por lo cual, las autoridades deben de seguir los protocolos que se han seguido internacionalmente para dar prioridad a los casos con altas sospechas y mayores riesgo.

Mientras esperan los resultados (o las 72 horas transcurridas desde que llamaron a la línea estatal), la familia del doctor Francisco aisló a su integrante en su habitación y le pidieron a otros integrantes con características de riesgo, que no acudieran a visitarla, con la finalidad de que, en caso de que resulte positiva al COVID-19, no resulten infectadas más personas.

En Jalisco todavía no se ha establecido un espacio definitivo para atender a los pacientes que den positivo al COVID-19, en caso de que el número llegue a crecer, reconoció el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Federico Andrade.

"Se está trabajando en un plan de reconversión hospitalaria en el que, conforme se vayan dando más casos, se tendrán que ir haciendo o formulando diferentes escenarios".

Uno de esos escenarios es disminuir y "espaciar" las consultas externas y de seguimiento para disminuir la presencia de pacientes con enfermedades como diabetes o hipertensión. Otra opción es que cirugías selectivas o procedimientos no urgentes disminuyan "con el ánimo de tener una mayor capacidad de respuesta, de camas".

Y en una situación atípica, "se dedicaría un hospital completo solamente para tratar a ese tipo de enfermos. Este esquema avanzará conforme se vaya comportando el número de casos nuevos".

A nivel nacional e internacional, distintos países han designado hospitales enteros para la atención de pacientes de coronavirus.

Por ejemplo, pese a que no ha reportado casos aún, Baja California designó 2 nosocomios donde se podrá atender a pacientes con este virus. Chihuahua, Michoacán y Tabasco ya cuentan con un sitio equipado.

En el Estado de México, que sí registra casos, se destinaron 4 hospitales. En Puebla son 3; Nuevo León afirmó que cuenta con 7 hospitales preparados y Yucatán reportó 2.

A nivel internacional, España designó 13 hospitales exclusivos. República Dominicana tiene un hospital militar sólo para atender a pacientes de Coronavirus, y en Paraguay se asignaron 2 bases como espacios para un eventual aislamiento de contagiados.

Los avisos de un nuevo virus empezaron en diciembre. Tomó desprevenido al gobierno chino. Los de Italia, Francia y España tuvieron más tiempo para alistarse, y el continente americano tuvo aún más margen. En México, 3 meses después, ya con 118 contagios y con la 1a. muerte por COVID-19, el IMSS ordenó apenas antier hacer un inventario en sus clínicas y hospitales para averiguar qué equipo tienen de terapia intensiva como el que requieren los casos graves de la nueva enfermedad.

El titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales del Seguro Social, Carlos Enrique García Romero, giró un oficio con fecha del miércoles 18 de marzo, en el que ordena hacer un inventario del equipo propio o subrogado que se requiere para la emergencia por el coronavirus.

Está dirigido a los titulares de los órganos desconcentrados de operación administrativa desconcentrada estatales y regionales, los directores de unidades médicas y de alta especialidad, y a los jefes de servicios administrativos y directores administrativos.

De manera textual, expone las razones para realizar el inventario: "Con el propósito de conocer las capacidades y equipo con el que se cuenta en hospitales para la atención oportuna de derechohabientes que pudieran presentarse con indicios de COVID-19". El IMSS, pues, en medio de la pandemia que tiene al mundo en alerta desde diciembre, desconoce qué equipo médico tiene para enfrentarla... y se puso a averiguarlo apenas antier.

Lo que intenta saber García Romero es si hay, y en su caso cuántos y en qué estado, por ejemplo, ventiladores mecánicos, que son esenciales para mantener con vida a los pacientes graves porque el virus ataca directamente a los pulmones y disminuye rápidamente su capacidad de respirar por sí mismos.

Y pregunta por "monitores de terapia intensiva, consolas para ECMO, videobroncoscopios con procesador de imágenes y fuente de luz, máquinas de hemodiálisis, ultrasonógrafos, monitores de signos vitles de hospitalización, desfribiladores, bombas de infusión, electrocardiógrafos, esterilizadores de alta y baja temperatura".

"Lavadoras y secadoras de inhaloterapia, autoclaves, equipo de Rayos X portátiles, cmas bariátricas, unidades centrales de monitoreo en unidad de cuidados intensivos, kit de laringoscopios, videlaringoscopios, nebulizadores de malla vibrante, selladoras para empaquetamiento de material y ventiladores de traslado".

En resumen, el equipo esencial para atender a los contagiados que presenten un cuadro grave.

El oficio concluye que, una vez realizado ese inventario en sus hospitales y clínicas por todo el país, se podrá realizar un diagnóstico "para tomar las medidas necesarias dentro de las posibilidades y disponibilidades que se puedan considerar".

No da risa. Da terror. Es de una irresponsabilidad monumental que cuando el virus ya había contagiado a poco más de 200,000 personas en 160 países, en México apenas estén averiguando qué equipo tienen.

El presidente López Obrador, tras presumir sus amuletos anti-pandemias, declaró con mucha seguridad que existe un plan perfectmente definidio desde hace 3 meses para enfrentar la llegada del coronavirus al país.

O no hay tal plan o es uno tan mal diseñado que el instituto de salud más grande del país no sabe con qué enfrentará la pandemia y apenas hace unas horas se le ocurrió determinar qué tiene y qué no.

Un hombre de 41 años que aparentemente se contagió al asistir, el pasado 3 de marzo, a un concierto de rock en el Palacio de los Deportes. Su fallecimiento tuvo lugar en el INER (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias), cuyos trabajadores realizaron, apenas el lunes, una manifestación de protesta por falta de insumos y de protocolos de atención para los casos que seguramente se presentarán en abundancia una vez que se generalice la epidemia. Familiares del fallecido señararon que el cadáver les fue entregado "en un ataúd sellado, supuestamente", y lamentaron que no se tomaran las medidas pertinentes para dar celeridad a la recomendable incineración: indicios, todos ellos, de que, en efecto, no está claro el manejo que debe darse a esos casos que, fatalmente, tarde o temprano se presentarán.

Personal de enfermería del Hospital General Regional Número 1 "Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" del Instituto Mexicano del Seguro Social realizan una protesta frente al nocosomio para demandar que "se cubran todos los insumos, pues nos dan un cubrebocas para todo el turno, en el mejor de los casos, y carecemos de gel antibacterial y guantes".

Enfermeros del turno nocturno señalaron que des desde esta mañana "determinamos salir a las calles, porque no hay una autoridad que se esté haciendo responsable, y tampoco hemos recibido las indicaciones ni el protocolo de cómo se va a tratar a los pacientes con Covid-19".

A las personas que están llegando con cuadros de enfermedad respiratoria aguda, indicaron, "los están canalizando a un consultorio que no cuenta con lo básico, y nosotros como personal de enfermería también tenemos familia, y para hacer nuestro trabajo necesitamos contar con los insumos básicos".

En el mejor de los casos, el gasto público per cápita de México en prevención de la salud es una quinta parte del que ejercen los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) calcula que, en la OCDE, la inversión por persona en prevención y control de enfermedades promedia 1,840 pesos.

En México, el gasto per cápita de los derechohabientes del ISSSTE, el más alto en el sistema de salud, alcanza 390 pesos, 21% de lo que se destina en la OCDE.

De acuerdo con el estudio, en la Secretaría de Salud ese monto baja a 113 pesos y en el IMSS a 98 pesos, 6% y 5%, respectivamente, de lo que invierten los socios del organismo internacional.

Estos gastos no alcanzan a cubrir los costos unitarios de prevención del Catálogo Único de Servicios de Salud (Causes) del Insabi, el paquete más básico de enfermedades que cubre el sistema público mexicano.

El CIEP indica que, en prevención de la salud, México gastará este año 18,000 millones de pesos, 0.07% del PIB.

El gasto público por persona en prevención de la salud en México es, en el mejor de los casos, una quinta parte de lo que se gasta en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y su monto tampoco alcanza para cubrir el costo unitario de prevención del paquete más básico del sistema de salud mexicano.

Así, para el grupo poblacional entre los 5 y 9 años, el costo por persona en prevención del Causes es de 406 pesos, el más económico entre los distintos grupos de edad, según el CIEP. Dicho monto es, por tanto, 4.1% mayor al gasto por habitante que se ejerce en el ISSSTE, brecha que se eleva en los demás grupos poblacionales.

De acuerdo con el análisis del CIEP, el gasto en prevención en salud incluye no sólo el gasto en vigilancia epidemiológica, sino también otros conceptos como programas de vacunación, protección contra riesgos sanitarios, control de sobrepeso, obesidad y diabetes, y prevención de algunas enfermedades graves como las de transmisión sexual.

El estudio del CIEP estableció que el gasto total agregado en prevención de la salud en México será de 18,150 millones de pesos este año, lo que equivale a 0.07% del Producto Interno Bruto.

El organismo calculó que para que el sistema de salud pueda proveer acciones de prevención a toda la población, el presupuesto actual tendría que multiplicarse por 8.6, y llegar a un nivel cuando menos de 0.6% del PIB, es decir 155,571 millones de pesos.

Pese al rezago en el gasto en prevención de salud, tanto agregado como por persona, el estudio señala que éste se ha venido incrementando desde 2015, a una tasa de 7.9% en términos reales promedio anual. Esto significa que este último año, el gasto para la prevención de la salud del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud fue de 12,393 millones de pesos.

Cabe recordar que el CIEP mostró en un análisis que, al interior de los 18,150 millones de pesos del presupuesto público para prevención de la salud, se encuentran 533 millones que se destinarán para la vigilancia epidemiológica este año, el más bajo desde 2009.

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) remarcó que hacer la mayor cantidad de pruebas para detectar casos de COVID-19 es la medida más efectiva contra la pandemia, México se queda atrás en la aplicación si se le compara con otros países que han ralentizado la expansión de la enfermedad.

Un ejemplo es Corea del Sur, donde bajó la curva de contagios y la incidencia, pues con 51 millones de habitantes ese país realiza alrededor de 15,000 pruebas diarias.

Otro es Alemania, nación que tiene capacidad para practicar hasta 160,000 exámenes por semana.

En cambio, en México, según el Comunicado Técnico Diario del gobierno federal, apenas suman 2,766 del 27 de febrero (cuando se detectó el 1er. caso) al 22 de marzo: un promedio de 111 al día en un país con una población de 129 millones.

La cifra es reducida a pesar de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, enmendó el número y dijo que de enero a la fecha se han llevado a cabo 9,100 pruebas, pero no las incluyó en el total de casos descartados, confirmados o en proceso.

Sin esos exámenes, "los casos no podrían aislarse y la cadena de infección no se rompe", indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

En Jalisco se han confirmado 45 casos, 4 asintomáticos. Sin embargo, la línea habilitada para reportar síntomas de coronavirus ha recibido más de 5,000 llamadas.

En el país suman 316 casos confirmados, 793 sospechosos y 1,667 negativos.

Oficialmente no se ha declarado que México está en la fase 2 de la epidemia del Covid-19, pero de acuerdo con los especialistas, ya entramos en ella desde al menos la semana pasada, cuando se empezaron a prohibir los eventos masivos y la recomendación para huir de las aglomeraciones. Esto quiere decir que hay una epidemia generalizada por lo cual, la gran discusión entre los científicos es si el gobierno tiene un subregistro de los casos o no. Las autoridades dicen que no, y ojalá y estén en lo correcto, pues de otra manera, combinado con la lentitud con la que han reaccionado en aplicar medidas de contención y forzar al distanciamiento social, lo que se viene bordaría lo inimaginable. Varios científicos lo han venido alertando.

El 16 de marzo pasado, el doctor Moisés Santillán, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, publicó el artículo "El Coronavirus: debemos actuar ya", donde afirma: "El secretario de Salud anunció en días pasados que (según el número de casos confirmados) estamos en la transición a la fase 2. Sin embargo, podemos ver que si tomamos en cuenta el número de casos reales estimados, debería de estarse implementando la fase 3."

"Si esperamos a que el número de casos confirmados llegue a mil, entre 9 y 16 días a partir de hoy (el lunes pasado), el número de casos reales será de al menos 9,500, pero puede llegar a ser 40,000. Estos números son suficientes para saturar nuestros hospitales. Italia y España, que tienen 3 veces más camas de hospital per cápita que nosotros, se han visto rebasados con números similares".

En contraste, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio las suyas: podrían llegar a haber 10,528 pacientes graves que necesitarían cuidados intensivos hasta la fase 3, que como señalan otros científicos, prácticamente estamos. El total de camas de terapia intensiva es de 4,291, y menos de la mitad tiene ventiladores, indispensables en los casos graves. López-Gatell no aclaró si ese número es el total, o incluye a pacientes por la epidemia de sarampión y otro tipo de enfermos graves. Por ello, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está siendo reconvertido para atender sólo casos de coronavirus.

"Estamos en la inmejorable posición de aprender de la experiencia de China y Europa, y actuar en consecuencia", sugirió Santillán hace una semana. "Debemos aislarnos en nuestras casas por varias semanas, a partir de ahora. De no hacerlo, el país puede sufrir consecuencias sociales y económicas muy graves. Países como Singapur y Hong Kong implementaron una cuarentena temprana, y el número de casos no rebasa los 300 en ninguno de ellos. Debemos actuar ya".

No se ha hecho. Las instrucciones a los gobiernos de Morena desde Palacio Nacional fue que no cancelaran nada. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha estado luchando intramuros contra el presidente y sus colaboradores, para actuar en consecuencia. El propio presidente rompe diariamente los protocolos de distanciamiento social, mientras políticos y medios incondicionales a él están difundiendo en las redes sociales diciendo a la gente que no hay que exagerar y adjudicando que es la prensa la que está exagerando la pandemia. Es la marca de la casa: inhibir al mensajero para ocultar la realidad. Ojala y tuvieran razón, pero la realidad dice todo lo contrario.

En Italia y España están empezando a tomar decisiones pragmáticas y terribles: atender sólo a aquellos pacientes con probabilidades de vivir. En Estados Unidos comenzaron a discutir esa posibilidad ante el desbordamiento de sus sistemas de salud. La experiencia italiana es pertinente para México, porque su gradual y tardía respuesta de contención y pruebas masivas, en contraposición con Corea del Sur, cuya estrategia redujo la tasa de letalidad. El actuar con gradualidad en Italia, hasta este domingo, provocó que el número de casos desbordara los hospitales, o como en España, donde hasta la semana pasada había 8,000 casos de personas muriéndose porque no pudieron ser atendidos, pese a que en los hospitales están quitando camas y respiradores a los más viejos, cuando llega un paciente más joven.

Santillán, que desarrolló un modelo matemático que se actualiza en tiempo real, para mostrar el comportamiento de la epidemia en México, apuntó que los países afectados han aplicado protocolos que han funcionado con otras enfermedades igualmente contagiosas, pero sin éxito, aparentemente porque las personas infectadas son contagiosas aun antes de presentar síntomas. Hasta hace 10 días, con los números utilizados por el investigador, había en México 53 casos, aunque en realidad, de acuerdo con los estudios realizados en Wuhan, ése era el número de portadores 10 días antes.

Otros modelos matemáticos desarrollados por investigadores de la UNAM, muestran que la epidemia generalizada se dio antes de que sucediera en Italia y España, y de manera más acelerada frente a Estados Unidos. "Si tomamos en cuenta que el tiempo de duplicación varía entre 2 y 3.5 días, el número real de portadores es de al menos 390, pero puede ser tan grande como 1,750", escribió Santillán.

Por el número de casos reportados, México se sitúa en la fase de alerta dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Pero si el subregistro que advierten los investigadores es correcto, estamos en la fase 2 donde se recomiendan medidas sanitarias y evitar aglomeraciones -que ya se hizo-, camino a la fase 3, donde se pide a la gente que se pongan en cuarentena en casa y el número de casos asciende a miles.

En medio de esta aparente calma hay quienes están viviendo un momento sumamente complicado: los trabajadores de la salud.

Hay mucho ruido y desinformación sobre el estado real de nuestras instituciones de salud. Se convirtió, tristemente, en un asunto ideológico y de confrontación política por lo que hoy es muy difícil saber cuál es la verdad sobre el nivel de abasto de medicamentos, insumos, equipo médico y reactivos en el sector salud. No podemos creerles a los detractores del gobierno, pero tristemente tampoco a los voceros de las instituciones. A los que sí podemos creer, porque están en la brega cotidiana es a los doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros del IMSS que se manifestaron ayer porque no tienen los insumos suficientes, o a los médicos de los institutos nacionales que no se sienten respaldados para lo que tienen que enfrentar.

Si los ciudadanos comunes hacemos caso, nos encerramos, bajamos en lo posible el contacto, nuestro riesgo es ciertamente menor. Sin embargo, para los trabajadores de la salud es todo lo contrario. Ellos están en las trincheras de una guerra que apenas comienza y no tienen armas suficientes para defenderse a sí mismos y para dar la batalla, en parte porque el sistema de abasto del gobierno no está siendo eficiente pero también porque en la histeria colectiva hay compras de pánico de insumos como tapabocas que cubren a quien no lo necesita y medicinas que tristemente caducarán en un cajón en lugar se salvar una vida.

Trabajadores de la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron ayer en la entrada de la unidad para exigir insumos que les permitan protegerse en medio de la emergencia por el COVID-19.

"El piso 9 no está en condiciones. Desde noviembre no tenemos jabón ni contamos con recursos. El gel antibacterial lo está comprando mi personal, al igual que los cubrebocas", afirmó Guillermina Naranjo, jefa de piso en el área referida.

Al respecto, la delegación del IMSS en Jalisco aseguró que "para las áreas de riesgo" sí hay material suficiente.

Con la misma preocupación se movilizó personal de la clínica 110, donde se dio la 1a. muerte [en Jalisco] a causa de la enfermedad. Ya se han llevado a cabo protestas similares en Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Coahuila y Guanajuato.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dictó para el gobierno estatal, y los 125 municipios, medidas cautelares para que los trabajadores de la salud laboren bajo condiciones seguras que incluyan suficientes insumos, equipos y garantías.

Estuvo sentado un par de horas esperando ser atendido en el área de urgencias de la clínica 110 del IMSS; un paciente que llegó al lugar con "sintomatología sospechosa" empezó a tener dificultad respiratoria hasta que se desmayó, fue entonces que varios doctores se acercaron, lo colocaron en una camilla, lo canalizaron, le tomaron muestras de sangre. Nadie pudo hablar con él excepto la persona responsable de recibir a los pacientes que acuden al servicio de urgencias, en un 1er. filtro conocido como "triage", que no es más que un método para clasificar pacientes para decidir el nivel de prioridad en la atención.

3 horas después del desmayo el paciente murió, ocurrió el pasado viernes. Se supo que entre los documentos que portaba estaba una prueba positiva al COVID-19 practicada en un hospital privado. Durante esa complicada jornada, uno de los mandos superiores del hospital afirmó con discreción lo que nadie quería escuchar: "Tenemos el 1er. deceso por esto".

Los resultados de la muestra de sangre estarían listos 3 días después, es decir ayer lunes.

El caso revela una vez más la deficiencia de los servicios de salud administrados por instancias federales que hasta la aparición de la pandemia destacaban por la escasez de insumos y saturación en todos los sentidos. Después del COVID-19, en esos hospitales se están construyendo los escenarios más crueles e indignos, no solo para los posibles portadores del virus, sino para todo el personal médico y las decenas de pasantes que deben enfrentar sin equipo ni condiciones lo que está por venir.

¿Cuántas personas estuvieron en contacto con el paciente desde que llegó al edificio? ¿Por qué no fue detectado en triage como un caso sospechoso por los síntomas respiratorios que presentaba? La clínica tiene 9 pisos, cada uno con 100 pacientes, los becarios sirven en por lo menos 3 pisos con batas que no son desechables, convirtiéndose en un vector que contamina. El servicio de agua es intermitente, en algunos pisos hay fugas, se hacen charcos, vienen las caídas, "algo normal", dicen. A veces no hay jabón, otras papel o gel anti-bacterial, no existe un lugar en donde todo se encuentre funcionando bien, en sincronía.

Además, los residentes que pasan alrededor de 130 horas a la semana en la clínica descansan en colchones que parecen rescatados del basurero, los futuros médicos dicen que el personal tiene miedo, nadie confía en el filtro de triage, fundamental para determinar la atención del derechohabiente. Este fin de semana se incrementaron los casos de pacientes con problemas respiratorios con diagnósticos ambiguos: "neumonía por virus sin identificar" o "neumonía viral". Así se enfrenta al COVID-19 en ese lugar y, ¿en cuántos más?

Dentro de las actividades del día a día del doctor Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), está certificar hospitales, y nadie entiende el porqué no le ha quitado la certificación al Hospital de Pemex, en Villahermosa, donde, por usar un medicamento falsificado y adulterado, al menos murieron 9 personas. Y ya que hablo de Tabasco, cómo ven que el director de los servicios médicos de Pemex, Rodolfo Lehmann, ¡quiere la chamba de Santos Preciado! Qué tal, este ortopedista de Villahermosa, que anda soñando, pues si no pudo con un hospital menos podrá con lo otro.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social se recrudece el desabasto de medicamentos y no hay ni cubre bocas y ayer, en el Hospital General de El Marqués, hasta faltó el agua para el frecuente lavado de manos que tanto recomiendan para contener la epidemia del Covid-19.

Por igual, registra insuficiencia de materiales de curación.

En las farmacias siguen informando que algunos de los medicamentos prescritos por los médicos familiares y de especialidades, llegarán en 2 semanas.

Cuando preguntan por teléfono si ya los tienen, porque no pueden salir de casa por otras de las recomendaciones, hasta se molestan los empleados que toman la llamada y la respuesta es un rotundo no.

Se tienen casos concretos de que han transcurrido los tiempos anunciados, y no surten las recetas a pesar de la urgencia de los medicamentos controlados y no controlados en tratamiento de enfermedades graves.

Y, por si no fuera suficiente, en las farmacias salen con que el derechohabiente tienen que regresar con el médico para que le extienda una nueva receta.

Según se observó, en el Hospital de El Marqués, piden a las personas que tienen que llevar cubre bocas para entrar a determinadas áreas.

Al solicitarlo, las enfermeras responden que ni para el personal está disponible el cubrebocas.

Pero en las farmacias comerciales están agotados.Sólo a la entrada y salida de dicho nosocomio, ofrece un poco de gel antibacterial.

En los elevadores, sólo permiten el acceso a 4 personas.

En las salas de espera, recomiendan no estar cerca de la otra persona.

Los elementos de seguridad, vigilan que se cumplan dichas medidas.

Pero no hay suficientes medicinas como, Pregabalina, Quetiapina, Venlafaxina, entre otras, ni materiales para curación que tienen que comprar los derechohabientes.

Pero cuando no se dispone de suficientes recursos, el enfermo sigue su cura con lo que tiene a su alcance.

3 días después seguí con algunos síntomas y fue cuando decidí ir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) a hacerme la prueba. Al llegar ahí sientes que te estás contagiando de algo, todo mundo tose, no hay distancia entre unos y otros, no hay orden... no parecía un lugar cuidado y organizado, mucho menos preparado para la ya confirmada pandemia.

Un policía me dio un tapabocas, me hizo escribir mi nombre en una lista con la misma pluma que usaban todas las personas que arribaban al lugar, me puse gel antibacterial y esperé mi turno.

Cuando me llamaron me recibió un doctor que me preguntó generalidades acerca de mis síntomas y sobre todo quería saber si había viajado a alguno de los países de riesgo (regresé de España el 4 de marzo); fue ahí cuando me comentó que cumplía con los factores de riesgo y era considerado Prioridad III.

Después me hizo saber que, dado que estaban las salas saturadas (2 salas) por otros sospechosos, me tenían que mandar al Instituto Nacional de Nutrición. Pasé a 2 ventanillas y me dieron mi pase de salida. Volví a firmar con la misma pluma mi salida. Al salir, antes de irme hacia Nutrición, había un reportero y su camarógrafo entrevistando a alguien donde alcancé a escuchar: "no, no estamos preparados", hice caso omiso y me fui a hacer la prueba.

Llegué a Nutrición y después de anunciarme me dijeron que esperara. Me pasaron a una sala pequeña y aislada para hacerme otras preguntas en lo que me pasaban a tomarme la prueba. Estuve esperando alrededor de 2 horas. Me realizaron la prueba y me dijeron que esperara afuera de la sala a que llegara el doctor, que tuviéramos paciencia porque solo había un médico y estaba muy ocupado.

Después de más o menos una hora llegó la doctora, me hizo más preguntas para llenar un expediente en la computadora, me preguntaron con quién vivía, mi número de teléfono para darme los resultados y otras preguntas para conformar el expediente. Me dijeron que me avisaban entre 4 y 5 horas. Salí de estar con la doctora y me dijeron que fuera a pagar.

Para pagar pasé por la sala de espera donde hay pacientes vulnerables y visitantes de Nutrición sin ninguna guía ni cuidado especial, me dieron un papel para ir a pagar en caja, pagué los 188 pesos y regresé a dar el pase de salida.

Luego traté de entrar por la puerta que estaba junto a la ventanilla donde me darían mi pase de salida, pero se me negó el acceso, tenía que dar nuevamente toda la vuelta y volver a pasar por la zona de pacientes vulnerables en espera y visitantes. Me dieron mi pase de salida, pasé con una policía para entregarlo (ella sin tapabocas, gel antibacterial, ni nada), me hizo firmar con una pluma que todo visitante usa y me fui.

Pero antes de salir del hospital en recepción pregunté si me iban a marcar o qué hacer, a lo que la señorita de recepción me contestó: ¿No le dieron una extensión para llamar? Nosotros no sabemos nada. Me fui.

Al pasar las 5 horas que me habían dicho nadie me marcó, hablé a Nutrición y nadie me supo dar la extensión para pedir resultados, alguien me comentó que quizás si nadie me marcaba era porque estaba sano; no me quedé conforme con esa respuesta, necesitaba saber si estaba sano, si podía contagiar, ¡quería saber el resultado!

Así se fue la noche, nadie marcó, fue hasta el siguiente día que yo volví a marcar y después de 3 intentos donde nadie sabía darme respuesta y donde me dijeron que ellos marcarían, tomé la decisión de inventar que tenía una llamada perdida del Instituto y que probablemente era para darme los resultados, fue entonces que convencí a la persona que estaba del otro lado de la línea y me pasó a la extensión correcta.

No recuerdo bien si contestaron como Infectología o Epidemiología, el caso es que les comenté que me habían marcado, me preguntaron mi nombre, lo di, y se alcanzaba a oír el paso de las hojas hasta que me dijeron: "sí, aquí tengo su resultado y es positivo". Volví a preguntar para estar seguro y me lo reconfirmaron. Me preguntaron si me sentía mal; conteste que no, que sentía síntomas, pero no graves, me dijeron que me quedara en casa aislado, colgaron.

¿Qué hubiera pasado si no hablo y no busco la forma de encontrar mis resultados? ¿Seguiría contagiando? ¿No están interesados en saber si ya contagié a otros?

Al saber el resultado tomé 4 acciones que se me hicieron las correctas: ver qué hacer con mi familia, avisar a la escuela de mis hijas, porque esa semana habían estado en contacto conmigo y habían asistido a clases, avisar al gimnasio y hablarle a mi doctor.

Fui "trending topic" en los chats de la escuela y no necesariamente lo digo como algo bueno, pues las personas a veces estamos acostumbrados a señalar y a buscar culpables; se cerró la escuela una semana antes de lo que dijo la SEP, se cerró el gimnasio al que asistía... y todo por haber avisado. No me arrepiento.

Fue hasta el 20 de marzo que se comunicaron conmigo, después de 7 días de haberme confirmado positivo de COVID-19.

Vale la pena aclarar que no tenía ni tengo queja con las enfermeras, personal de los hospitales, ni con los doctores, todos me atendieron de buena forma y amables; me parece que el problema es estructural: falta de organización, de preparación y de cantidad de personal. No se habían tomado las medidas para, de forma ordenada, atender esta emergencia. Espero que esto haya cambiado.

Cada día sigo las "mañaneras" y el reporte de las 7:00 p.m. y cuando escucho "estamos preparados", "le estamos dando seguimiento a todos los casos", "hacemos una investigación de contagios en cada caso", lo único que pienso es: será con los otros casos, porque conmigo no.

La Asociación Nacional de Médicos Residentes encuestó a 413 miembros en el país para evaluar las condiciones en que se encuentran frente a la pandemia.

Llama la atención que en el 43% de los casos, el personal sanitario dijo no contar con protocolos para atender a los pacientes de COVID-19. También el 83% reportó falta de mascarillas y equipo como guantes y lentes especiales.

Según las estadísticas, los médicos y personal hospitalario tienen una tasa más alta de contagio que la población en general, por lo que deben estar bien protegidos.

El sector salud en México arrastra un déficit de camas hospitalarias y de equipo básico para enfrentar las eventuales fases más agudas de la pandemia de coronavirus. Evaluaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificaron que en el país hay 1.5 camas de hospital por cada mil habitantes, lo que representa un grave déficit pues la recomendación del organismo internacional es de 4.7 unidades por cada mil personas.

El deficiente número de camas hospitalarias a nivel nacional es igual al escenario que se presenta en países como Siria o Laos. Naciones como Argelia, Botsuana o Jamaica tienen mayor disposición de camas.

Otros faltantes son en rubros como el número de profesionales de la salud. Se recomienda que por cada mil habitantes haya 3.4 médicos y en México hay 2.4. En lo referente al personal de enfermería, la recomendación es de 9 y actualmente el promedio nacional es de 2.8 por cada mil personas.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gattel, reportó, en las ruedas de prensa donde informa sobre el panorama de COVID-19, que la capacidad instalada en todo el sector federal es de 4,291 camas de terapia intensiva y 2,053 ventiladores funcionando.

Según las proyecciones de la Secretaría de Salud Federal (SSA) en todo el país 250,656 personas contraerán el coronavirus, de los que 140,367 requerirán tratamiento ambulatorio (en sus casas), 24,564 serían hospitalizados, pero se mantendrán estables, y 10,528 podrían tener cuadros graves y necesitar cuidados intensivos.

Sobre insumos de protección para el personal de salud en 1er. y 2o. nivel, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) informó que cuentan con 4'361,252 piezas de guantes de exploración; 4'758,105 cubrebocas; 32,887 litros de alcohol gel, y 5,779 litros de jabón líquido.

La Asociación Nacional de Médicos Residentes (ANMR) que realizó una encuesta entre profesionales de la salud que atienden directamente los casos probables. 43% dijeron que en las áreas donde trabajan no tienen protocolos de atención, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 58% reconoció no haber recibido capacitación al respecto.

Sobre el material necesario para protegerse, el personal sanitario subrayó la falta de mascarillas, 83% dijo que carecen de esos artículos elementales.

El 1er. legislador que dio positivo en San Lázaro, Jorge Alcibíades García, dijo que "no hay pruebas, ni protocolos a seguir, le valemos un pepino al gobierno federal".

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibíades García Lara, 1er. legislador en México con coronavirus, narró su experiencia desde el pasado lunes 23 de marzo cuando llegó de su natal Baja California y que solamente le diagnosticaron influenza en lugar de Covid- 19 en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE.

En un video que subió a su página de Facebook el pasado lunes, el legislador de MC, describió que llegó a la Ciudad de México con temperatura y un dolor de cabeza muy intenso, y el martes muy temprano se trasladó al Hospital López Mateos donde le diagnosticaron influenza. Y fue hasta este miércoles donde se confirmó que en realidad era Covid-19.

En el video de aproximadamente 2 minutos, Jorge Alcibíades relató que estaba muy apanicado, molesto, preocupado, frustrado, enojado e impotente porque no hay respuesta del gobierno federal para esta contingencia y no ha sido congruente con el compromiso que debe tener con los mexicanos.

Relató que estuvo 3 horas en el hospital, y de manera paralela, llegaron otros 3 casos sospechosos de coronavirus, pero el nosocomio no tiene una sola prueba para diagnosticar y tampoco tiene los protocolos para el tratamiento de pacientes que podrían estar infectados, además de que no hay las mascarillas suficientes para el personal del hospital.

En su video el legislador aseguró que hay muchísimos más casos con Covid-19 en México que los que el gobierno ha dado a conocer, pues cuestionó cómo es posible determinar un número determinado de infectados, sino se hacen las pruebas suficientes para decir las cifras reales.

"Es un tema verdaderamente serio amigos y amigas, y yo solo les quiero decir algo: que hay muchísimos más casos de Covid-19, porque cómo podemos decir que hay 90 o 100 casos cuando no tenemos pruebas suficientes, o de hecho no hay pruebas para decir cuántos casos de Covid-19 hay", afirmó.

En su mensaje, el legislador aseguró, visiblemente molesto, que al gobierno federal "le vale un pepino lo que les pase a los mexicanos" y les pidió que se cuiden, que se aíslen y tomen las medidas necesarias.

"El caso lo viví yo ayer en 3 horas en el Hospital López Mateos aquí en la Ciudad de México y les quiero decir que es muy preocupante lo que está pasando, por favor les pido que se cuiden, les pido que se aíslen en la medida de sus posibilidades, hay que tomar medidas como sociedad civil ya que al gobierno federal le vale un pepino lo que les pase a los mexicanos", explicó.

Fue hasta este miércoles por la noche, cuando en un comunicado la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, confirmó que Jorge Alcibíades García Lara fue el 1er. diputado federal que dio positivo y pidió a los trabajadores de la Cámara de Diputados que tomen las medidas necesarias sí estuvieron cerca del legislador.

Los llamados al distanciamiento social no son inocuos. No impiden que avance el virus, pero ayuda a ralentizar su avance. Si no se frena, como ha sugerido López-Gatell, el sistema de salud será incapaz de atender a los pacientes. Escuchemos bien para superar los errores cometidos. La visión del presidente impidió que se compraran los insumos y medicinas a tiempo. No hay suficientes cubre bocas para la 1a. línea del combate al Covid-19, que es el personal médico atendiendo a los contagiados, ni tampoco anteojos de protección, o suficientes máscaras para ampliar su defensa contra el virus.

No se tienen suficientes camas de terapia intensiva, ni respiradores. Los inventarios en algunos estados son tan insuficientes que una 1a. ola de contagios, podrían no resistir. Mientras varios gobiernos en el mundo salieron a comprar lo que necesitaban, aquí estábamos metidos en la lógica de que la alarma mundial era parte de un manejo "mafioso" de la enfermedad. Y no hicimos nada.

Eso ya no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es lo que todos nosotros, como una sociedad que trabaje colectivamente, puede hacer para apoyar al gobierno en un momento como este, y participemos en frenar la cadena de contagio. El éxito que han tenido en el manejo de la pandemia países como Corea del Sur y Japón, hay que reiterarlo, obedeció por un lado a la forma como actuaron sus gobiernos para ir a cazar el virus antes de que les llegara y, sobre todo, por la disciplina de sus sociedades, que no requirieron medidas draconianas de distanciamiento social, para que se guardaran.

Italia y España, democracias como esas 2 asiáticas, son el caso contrario. Sus sociedades no apoyaron a los gobiernos con la contención del virus ni los gobiernos actuaron a tiempo, y ahora viven las consecuencias de su desorden. La lucha contra el virus en esos países ha sido muy dolorosa y no tiene para cuándo acabar.

En cómo termine el tema de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 en Jalisco, se consolidará el buen paso que llevaba el gobierno estatal que encabeza Enrique Alfaro en el manejo de la contingencia, o se podría perder mucho de lo ganado, incluso un nuevo choque con el gobierno de la autollamada 4a. transformación que lidera Andrés Manuel López Obrador.

Con el anuncio hecho el lunes pasado de la aplicación masiva de pruebas para detectar en la población de manera más oportuna a los portadores del virus, y con su aislamiento, disminuir la propagación del contagio en Jalisco, entre otras medidas, Alfaro se mantuvo un paso adelante en el país en la ejecución de acciones para enfrentar esta emergencia sanitaria.

Ese liderazgo inicial resaltó aún más ante la resistencia del presidente a reconocer la gravedad de la pandemia y la tardanza en la aplicación de medidas de aislamiento y distanciamiento social a nivel nacional y la aplicación de pruebas, rezagos que Alfaro se encargó de subrayar en sus constantes salidas a medios y en sus redes. Eso le dio notoriedad y el reconocimiento de la población que se reflejó en distintas mediciones.

Para prolongar ese buen momento y capitalizarlo políticamente, además de aprovecharlo para volver a aparecer en los espacios noticiosos nacionales, él y su equipo debían seguir atentos a la evolución de la epidemia, y sobre todo al seguimiento de las medidas anunciadas, por ejemplo, en la entrega de los apoyos a quienes más lo necesiten, así como en la aplicación exitosa de las pruebas para mitigar el contagio en la entidad.

En ese sentido, esta buena racha se vio interrumpida al no cumplir con el arranque de la aplicación masiva de al menos 20,000 pruebas a un ritmo de 600 diarias a partir del jueves pasado. Versiones iniciales señalaron que eso pasó porque las pruebas estaban atoradas en las aduanas, aunque finalmente el gobernador aclaró que las órdenes de compra que ya habían sido aprobadas "de repente fueron canceladas" por el el laboratorio alemán que era el proveedor. "Misteriosamente, los que nos habían dicho que las tenían, ya no las tienen", tuvo que reconocer Alfaro a medios nacionales desde la noche del jueves pasado, luego de que ese mismo día por la mañana y prácticamente toda la semana estuvo en esos foros hablando del Plan Jalisco contra el coronavirus, cuyo eje era justamente la aplicación masiva de esas pruebas.

Por eso más allá de la denuncia por incumplimiento contra el proveedor, el gobierno estatal deberá, 1o., conseguir pronto esas pruebas en otro lado, y luego demostrar que la aplicación de esos antígenos anticuerpos sí son capaces de detectar el COVID-19, cosa que puso en duda la semana pasada el propio Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

En el hospital regional de zona 71 de Boca del Río-Veracruz, no hay insumos de prevención elemental suficientes y los que llegan son para médicos o enfermeras en nómina. Los que están haciendo internado no reciben ni cubrebocas ni guantes, y no digas un uniforme extra, aparte del que ellos mismos compraron. No se están haciendo pruebas de coronavirus, pero casualmente se dispararon las muertes por influenza y neumonía.

Una nota informativa daba cuenta de las manifestaciones que, a las puertas de los hospitales en que laboran, realizaban trabajadores del Sector Salud (del IMSS en Uruapan, Mich., concretamente), en protesta porque, a contrapelo del discurso oficial -en "la mañanera" de ayer, sin ir más lejos- no se les ha dotado del equipo necesario para hacer frente a la actual contingencia, sin que su propia salud y su vida se vean amenazadas.

La forma como la ideología impidió acciones preventivas más temprano en México lo da una historia que, vista ahora desde la distancia, es una de las grandes esperanzas del mundo para enfrentar el coronavirus y reducir el número de fallecimientos. Es la de los Laboratorios Abbott, una empresa centenaria fundada en Chicago, cuyo jefe de científicos es Richard Roberts, premio Nobel de Medicina en 1993, que desarrolló una prueba para detectar el COVID-19 en 5 minutos, y que se ha convertido en la quimera del coronavirus. 2 días después de iniciar con éxito las pruebas críticas de su dispositivo, sus representantes tocaron las puertas de la Casa Blanca y de la Secretaría de la Salud de México para ofrecerla.

En Washington, las credenciales del laboratorio y de Roberts abrieron las puertas. Les presentaron un documento de 14 páginas para explicarles su dispositivo de rápida detección molecular del COVID-19, desarrollado a partir del estudio de los pacientes en Wuhan, la ciudad china donde estalló la pandemia a finales de diciembre pasado. En Estados Unidos fueron evaluados y aprobados. La Administración de Alimentación y Medicamentos, responsable de la salud pública en ese país, aprobó su descubrimiento y le permitió, desde esta semana, comercializarlo.

En México, el mismo documento de 14 páginas se entregó en la Secretaría de Salud. Al día siguiente, se le dijo a su emisario que no estaban interesados. No hicieron una sola pregunta, una sola observación, una sola crítica. Ni siquiera preguntaron lo menos importante, cuánto costaría, porque incluso el laboratorio estaba dispuesto a prácticamente regalarle las pruebas al gobierno mexicano. La indiferencia fue total. Ningún gobierno estatal podía siquiera hacer el intento de adquirirla, como lo hizo cuando menos una entidad, porque la Secretaría de Salud les prohibió adquirir pruebas.

El argumento es que no estaban autorizadas por Cofepris, pero había más de fondo. Un alto funcionario de la Secretaría de Salud se lo confió a un funcionario en uno de los hospitales públicos, cuando se sugirió que el gobierno podría hacer las pruebas que se necesitaran para hacer una detección temprana del virus. No iban a autorizar su fabricación porque contravenía la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no quería pruebas en la población, porque no creía que la pandemia fuera real. Su actitud pública, negando la realidad que planteaba la Organización Mundial de la Salud y la cifra de contagios y muertes que producía el virus en Asia y Europa, eran una demostración que no necesitaba orden para que dentro de un gobierno éticamente deficitario, por no atreverse a decir lo que piensan en realidad al presidente, se acatara su deseo.

Por las mismas razones, aparentemente, no se adquirieron insumos. Un ejemplo fueron las mascarillas de aislamiento N95. Mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero designado para la pandemia, reiteraba que no eran necesarios los cubre bocas, cuando menos 8 gobiernos estaban haciendo pedidos de mascarillas N95 a los fabricantes en Estados Unidos, que producían 500,000 al día cada uno y no se daban abasto. Lo mismo hicieron con respiradores y con medicinas que estaban dando resultado en los países donde se aplicaban. En México, el gobierno estaba en una cosmogonía diferente, metafísica, no científica.

López Obrador pidió la semana a los líderes del G-20 en una cumbre virtual, que se debía garantizar el acceso a los equipos médicos, y urgió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para evitar la escasez y el acaparamiento de insumos. El presidente llegó muy tarde a ese puerto. Las N95 se agotaron cuando en México prevalecía el discurso de que no servían las mascarillas simples, pese a la evidencia que el uso de ellas en Corea del Sur, Japón, Singapur y Hong Kong, ayudaron a achatar la curva de crecimiento del contagio. Todavía hoy en día, no hay medidas de apoyo a la población con mascarillas simples y gel gratuito en los sistemas de transporte colectivo, que utilizan miles de personas que tienen que salir a las calles para comer ese día.

El gobierno apenas autorizó el viernes pasado la compra de insumos y equipos médicos de manera expedita, en donde pudiera encontrarlos porque en México no los hay. El presidente anunció que se habían adquirido 5,000 ventiladores de China, reconociendo indirectamente que las estimaciones de sus expertos en Salud, que afirmaban que México estaba preparado para la pandemia, eran incorrectas. Días antes de que se emitiera la orden, en una acción ilegal -porque no había ley o decreto de por medio- y desesperada, autoridades federales recorrieron la calle de Motolinia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se venden al menudeo equipos médicos, para decomisar ventiladores.

La tardía reacción en equiparse y prepararse para el COVID-19 está directamente asociada con la negación de López Obrador a la realidad de la pandemia y a su resistencia a prepararse. El caso de las pruebas desarrolladas por los Laboratorios Abbott es una muestra de esa actitud displicente y negligente. Rechazar la propuesta sin siquiera buscar profundizar en ella, habla enormemente de las manos en las que descansa la salud de la nación. No había interés en nada de ello, ni querían contrariar al presidente.

Desde la semana pasada, los Laboratorios Abbott están produciendo 50,000 pruebas al día, y enviando decenas de miles a quienes las solicitan, bajo la autorización del gobierno estadounidense de emergencia, que redujo el trámite burocrático por 12 meses. La semana pasada, el presidente Trump hizo un reconocimiento a la empresa y dijo que la llegada de ese dispositivo molecular era "todo un nuevo juego" en la lucha contra el coronavirus. En México la ignoraron. La oportunidad, una vez más, se perdió.

Volvamos a tema de las pruebas, que insistimos, son claves para saber si en México vamos por el buen o el mal camino en el combate al COVID-19.

Pese a que uno de los criterios del CSG para lanzar la emergencia sanitaria fue que México había entrado en una fase de "ascenso rápido" con los 1,094 casos positivos y los 28 decesos que teníamos hasta el lunes, esta curva de ascenso es menor a la que presentaron las primeras 3 semanas luego de la 1a. detección de un caso de coronavirus en países como Italia, Estados Unidos o España.

Quienes dudan de tanta belleza, acusan que se maquillan cifras y se reportan casos de neumonía atípica cuando en verdad se trata de casos de COVID-19 para no generar pánico entre la población. Otros más moderados, lo atribuyen a la falta de aplicación de pruebas para saber dónde estamos parados realmente y de qué tamaño es ya la epidemia en México.

Por eso se extrañó que las medidas de aislamiento social que son indispensables para disminuir los contagios, la lista de actividades esenciales que no pararán y el plan para adecuar los espacios hospitalarios para la atención de los casos graves de coronavirus, no fueran acompañadas por la estrategia de aplicación de pruebas masivas como parte también de la emergencia sanitaria.

En Jalisco hubo ya un intento fallido de aplicar 20,000 pruebas rápidas, que habrá que ver si se retoma ahora que el gobierno estatal manifestó que acatará los lineamientos de la emergencia sanitaria nacional, sobre todo ahora que hace 5 días la FDA avaló una nueva prueba molecular diseñada en Chicago para detectar a los infectados de coronavirus y adelantar su aislamiento.

Ayer recibí un mensaje de un trabajador de la salud que se ha decidido a hablar. Amigo cercano de la familia, no pudo más. Tal vez fue una mezcla de miedo, preocupación, angustia. Después de varios años de trabajar ahí me escribe lo siguiente: "Verás, yo trabajo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en el Hospital de Especialidades. Tengo más de XX años de antigüedad. Los médicos que ahí trabajan lo hacen con muchas carencias, y se han acostumbrado a que 'así son las cosas'. Operan con instrumental incompleto o con piezas en mal estado porque, si no lo hacen así, no operarían a nadie. Reportar por escrito que algún equipo está mal es tomado como una afrenta y si lo hacen del conocimiento público o lo divulgan, les rescinden el contrato y los despiden. A estas cosas a las que uno se acostumbra, es a trabajar en instalaciones poco decorosas o en mal estado de higiene. Para ilustrar algo, te envío fotos de lo que es el vestidor donde los cirujanos se cambian para entrar a quirófano. Espero no resulte molesto. Me disculpo de verdad, pero si no contribuyo a dar a conocer esta situación, estaré siendo parte del problema y permitiendo algo con lo que no estoy de acuerdo. Hay lockers en mal estado, hay médicos que tienen que meter al quirófano sus cosas en una bolsa para que no se las roben, pues no tienen dónde guardarlas. Mando fotografías del lavamanos del baño de médicos sin jabón y sin papel. También en el área es común encontrar colillas de cigarros y latas de cerveza los lunes por la mañana. De cierta forma se normaliza la precariedad. Se romantiza el 'ponerte la camiseta' y sacar el trabajo a como dé lugar. PERO TODO TIENE UN LÍMITE. Ahora esto toma otra dimensión por la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Las personas que ahí trabajamos amamos lo que hacemos, pero odiamos las condiciones en las que nos hacen trabajar".

Es una carta dirigida en realidad al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y, es cierto, todos nos hemos acostumbrado a la precariedad de la atención y, al consultar varias fuentes -que también decidieron permanecer anónimas-, los que trabajan en el IMSS se han acostumbrado a lo peor, a condiciones y lugares de trabajo descuidados e indignos.

En esta época donde los hospitales están en boca de todos, en la agenda nacional, el personal de la salud se ha decidido a hablar. En redes sociales circulan videos y testimonios de enfermeras y médicos exigiendo protocolos e insumos de trabajo. Estamos en días clave para aplanar la curva de contagios de Covid-19 y evitar un desbordamiento del sistema de salud. Ojalá venga una real transformación, ojalá llegue el presupuesto, ojalá en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI se les den a todos los trabajadores condiciones DIGNAS de trabajo. Ojalá que en México esta enfermedad sea un parteaguas en nuestro sistema de salud. Ojalá el IMSS se transforme.

Ya hay alarmas encendidas. Son los hospitales públicos de Ciudad de México, Ciudad Victoria, Monclova, Uruapan, etc., donde enfermeros, enfermeras, médicos y paramédicos han realizado manifestaciones de protesta por insuficiencia de suministros y camas, y de los implementos indispensables para atender a los enfermos sin que los profesionales de la salud se expongan al contagio, y donde médicos y enfermeras están pagando el precio de su profesionalismo... pero también el de las negligencias de quienes, lejos de reforzar, al aplicar recortes presupuestales con machete y no con bisturí, debilitaron el sistema sanitario del país.

Tales manifestaciones, por lo demás, se han realizado a contrapelo de las declaraciones del titular del IMSS, Zoe Robledo, el pasado 25 de marzo, en el sentido de que "está garantizado el abasto de insumos para personal médico y de enfermería que atienden directamente a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19"... y, adicionalmente, de las amenazas de sancionar a quienes hagan públicas esas carencias.

El 22 de marzo las autoridades de salud de Coahuila detectaron un caso de coronavirus en un hospital del IMSS en Monclova. Para el 26 de marzo, las autoridades de salud coahuilense habían detectado 2 casos positivos de coronavirus más. Se trataba de un médico y una radióloga de esa institución, que habían tratado a un paciente ingresado el 15 de marzo.

Es decir, desde mediados de marzo, esa clínica de Monclova tenía un paciente con síntomas de lo que luego se confirmaría como Covid-19.

Ese paciente estuvo 7 días en "aislamiento" en urgencias antes de que le hicieran la prueba correspondiente. Las comillas las pongo porque en urgencias estuvo, según denuncias, sin el debido aislamiento.

De acuerdo con trabajadores del hospital de Monclova, desde el día siguiente de que ingresó (16 de marzo) se había pedido al área de epidemiología del propio nosocomio que a ese paciente se le hicieran los correspondientes análisis; sin embargo, la prueba la terminó realizando el aparato de salud del Estado de Coahuila.

Para el sábado 28 de marzo se anunciaron 7 casos más de Covid-19. El día siguiente 11 más. En resumen, hasta ese fin de semana en Monclova se reportaron 21 infectados. Todos ligados al caso del hospital ya referido.

Pero para el día 27 había muerto el paciente cero, y el 31 se reportó el deceso de un médico urgenciólogo que le había tratado. Una radióloga de ese nosocomio también se infectó, según reportes de quienes han seguido el caso, de manera directa al tratar al paciente.

Este apretado resumen lo que muestra es la falla estructural de ese hospital del IMSS en Monclova a la hora de tratar a una persona infectada con Covid-19 cuando el país ya sabía, desde meses atrás, de la inminencia de una emergencia sanitaria.

Porque incluso antes de que falleciera el paciente, trabajadores de esa instalación hospitalaria habían denunciado (jueves 26 de marzo) que no tenían el equipamiento necesario para manejar a los infectados del coronavirus.

Esta realidad contrasta con las promesas de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con el compromiso de las autoridades de salud del país, en este caso lideradas por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Lo ocurrido en Monclova muestra que a pesar de las declaraciones de las autoridades de salud de México, los trabajadores sanitarios estaban insuficientemente equipados y preparados para lidiar con la infección.

El 23 de marzo, cuando al paciente de Monclova, que resultaría siendo el origen de la infección de casi una veintena de trabajadores del IMSS, finalmente era trasladao a piso, a un aislamiento más apropiado, Zoé Robledo, director (es un decir) de ese organismo clave de la salud de México, se había comprometido con que a les médiques, les enfermeres y les trabajaderes sanitarios del país les dotarían del equipo necesario.

En un mensaje publicado en Twitter en esa fecha, Robledo, que no ha dado la cara luego de la crisis de Monclova, aseguraba que “desde antes” de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera la declaratoria de epidemia para el Covid-19 “ya estábamos trabajando” para que la gente del IMSS estuviera equipada para lidiar con ese virus.

Pero llegó el terrible caso de Monclova y desnudó la realidad.

Robledo le falló a los suyos y al país. Y en eso se lleva de corbata el discurso de López-Gatell, ese de que desde enero México había prendido las alertas y había hecho la tarea para prepararse para la llegada de la pandemia a México.

Monclova, un solo caso como universo de la falta de equipamiento, óptimos procesos de reacción, descoordinación, abandono de personal y finalmente, contagios y muerte de personal médico por Covid-19.

Al cierre de esta columna se reportaba de un nuevo brote en Piedras Negras, también en Coahuila, con gente del IMSS también infectada.

Robledo ya le falló una vez a los trabajadores más importantes de la crisis que es inminente.

Por el bien de todes, primero les médiques, les enfermeres, les camilleres. Por el bien de todes, ojalá Robledo y López-Gatell entiendan que hay que pasar de las palabras bonitas a los hechos, que de discursos ya estuvo bien, que la 1a. línea de defensa frente al Covid-19 no puede volver a sufrir bajas de la manera en que se vio, tristemente, en Monclova. Por desgracia no tenemos ningún elemento para saber que esos funcionarios aprendieron la lección que, desde la cómoda Ciudad de México, no sufrieron en carne propia.

La polémica entre Hugo López-Gatell y el gobernador de Jalisco sobre las pruebas rápidas de COVID-19 tiene sus asegunes.

Por un lado, el subsecretario de Salud federal dice una verdad a medias cuando asegura que ninguna prueba rápida posee aval de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos.

La realidad es que hay una lista de más de 20 tipos de pruebas con una Autorización de Uso de Emergencia, según la página oficial de la FDA. Significa que no tienen las certificación completa (pues la aprobación definitiva toma hasta un año), y se pueden usar, aunque el organismo advierte que pueden dar falsos positivos o negativos.

Por eso cuando el gobernador de Jalisco asegura que sí existen pruebas con aval de la FDA también dice una verdad a medias, pues no aclara que en realidad es un aval provisional.

El gobernador de Jalisco acusó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de impedir que entren las pruebas para detectar el coronavirus o Covid-19 a México.

"El gobierno está impidiendo que traigamos pruebas", dijo esta mañana del lunes.

El gobernador de Jalisco responsabilizó al subsecretario de Salud directamente de ser quien impide la transacción.

"El subsecretario López-Gatell es el que impide que las pruebas entren a México, porque no quiere que se mida y no quiere saber la dimensión del problema. Que nos digan qué pruebas y que las dejen entrar al país", señaló el mandatario estatal.

El mes pasado, anunció la compra por 20'690,000 pesos de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, las cuales supuestamente se realizarían a toda la población. Sin embargo, posteriormente dijo que el proveedor incumplió con el contrato y que no había recibido las pruebas.

El subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell, aceptó que el sistema de información del sector salud en el país es limitado y primitivo por lo que no son visibles el total de personas contagiadas por el Covid-19.

En entrevista con el corresponsal de The Economist, Richard Ensor, publicada en Medium ("Una charla con el zar del coronavirus en México"), el subsecretario de Salud aseguró que el gobierno siempre ha estado en contra de ocultar la información, sin embargo, reconoce que no cuenta con los datos necesarios para ser totalmente transparente.

Al cuestionamiento sobre los esfuerzos que hace el gobierno para tratar de dar un estimado de la cifra de personas contagiadas, López-Gatell dijo que se empezó a trabajar en el modelo centinela el 23 de marzo, por lo que el paquete de estimaciones aún no está listo.

Estas líneas son para ti, médica pasante o residente, para los jóvenes doctores, para las enfermeras, los enfermeros y, por supuesto, también para los camilleros y personal administrativo y de limpieza de los hospitales.

Nadie de ustedes, cuando hace unos pocos años logró ingresar a la Facultad de Medicina o de Enfermería, o cuando quiso trabajar en el sector salud, pidió una prueba como la salvajada que están a punto de enfrentar en los pasillos de urgencias y terapias intensivas de nuestro sistema sanitario.

Y lo que se avecina, que conste, no es una maldición divina. El virus es de condición humana. O cosa de la naturaleza, si gustan. Hasta ahí, no hay queja con el destino.

El problema es que la naturaleza puede tener sus caprichosos designios, pero nosotros no tenemos excusa (ni perdón de Dios). El virus es letal, pero en México nuestras defensas institucionales son raquíticas. Como sociedad, nos comportamos, me cae, como esos loquitos que no creen en las vacunas: nunca reforzamos nuestro sistema inmunológico, sanitariamente hablando.

Por lo anterior, me temo que algún día no muy lejano, si los malos escenarios se materializan, varias generaciones tendremos que explicar con qué cara demandamos de ustedes la entereza y profesionalismo para enfrentar en la 1a. línea de batalla a un virus que ha arrasado con algunos de los mejores sistemas de sanidad del mundo, como el español.

La historia nos juzgará como esos mexicanos que, por un lado, durante sexenios permitimos que ladrones de todos los colores políticos saquearan los sistemas de salud, y al mismo tiempo respiramos aliviados al saber que, a pesar de todas nuestras omisiones, ustedes médicas y enfermeras, doctores y camilleros estarán en las clínicas listos para atendernos en la calamidad.

Nadie está obligado a lo imposible. Que la Patria, con mayúsculas, reconozca a todas aquellas de ustedes que en la precariedad entregarán lo mejor de su saber intentando salvar vidas. Pero que nadie juzgue con severidad a quienes, entre ustedes, duden sobre cómo llevar a cabo esa misión en hospitales que son más bien barracas donde enfermos de todas edades se pudren por infecciones que México debió superar el siglo pasado.

El sistema de salud mexicano era ya una desgracia antes de este sexenio. Pero quiero pensar que hoy hay todavía un poco de tiempo. Tómenle la palabra a Hugo López-Gatell, porque no miente ni habla a la ligera cuando dice que ustedes serán, con o sin equipo (eso lo digo yo), la 1a. línea de defensa. Por ello, si el subsecretario les dice como les dijo esta semana que bienvenidas sus protestas, que expresen sus carencias y sus demandas, yo les digo: hagan sonar las alarmas ahora que todavía pueden. No se confíen. Ni menos confíen en nosotros, que no supimos defender en décadas el presupuesto para la educación, la ciencia y la salud.

Se las pusimos muy difícil, carajo.

Héctor murió a los 63 años, agonizando en su cama con todos los síntomas del covid-19: problemas respiratorios y falla de los principales órganos. Pero su caso ni siquiera aparece en las estadísticas.

En las primeras horas del 1 de abril perdió la batalla con intensos dolores que le impedían ponerse de pie, con fiebre y apenas logrando respirar. Murió luego de esperar 7 horas una ambulancia que era la única que podía llevarlo a un hospital con un protocolo especial. Pero el transporte nunca llegó. Ni siquiera cuando ya había muerto y tenían que recoger su cuerpo.

Su historia la narran familiares que accedieron a contar los pormenores de su fallecimiento. En plena contingencia por el covid-19, su caso simboliza el de una parte de la sociedad: aquellos sin seguridad social y sin redes de protección, equivalente al 57.3% de la población.

Hasta su muerte, Héctor vivió en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tenía lo que ahora parece una sentencia de muerte, 'factores de riesgo', que en este caso tomaron la forma de una terca hipertensión y problemas en el corazón y de tiroides. Trabajaba en una agencia de seguros y, disciplinado como era, siguió laborando incluso en plena contingencia.

Lo que ocurrió fue tan rápido que en su familia aún tratan de entender lo sucedido. 5 días antes de su muerte, el esposo de una clienta fue personalmente a informarle que su pareja había resultado positiva de covid-19 y como 6 días antes había tenido contacto con él, prefirió notificárselo para que tomara las medidas necesarias.

Don Héctor se aisló y de inmediato comenzaron los síntomas. Optimista, los asumió como una simple gripa por el cambio de temperatura, por las lluvias, por el clima. Pero el martes 31 de marzo su estado se tornó crítico.

Alrededor de las 17:00 horas, cuando Héctor se veía ya muy mal, sus familiares siguieron el protocolo que han escuchado en las noticias y que a diario repiten las autoridades: pedir ayuda en la línea covid que, a su vez, los remitió al 911. Los síntomas eran evidentes: era un candidato de coronavirus y por su estado debía ser hospitalizado.

La operadora del 911 fue clara: "no lo pueden mover, no lo toquen, no se acerquen, no intenten hacer nada por su propia cuenta porque se pueden contagiar y porque sería negligencia. Una ambulancia especializada debe ir por él para hospitalizarlo". Pero eso nunca pasó.

Las horas transcurrían. La familia realizó al menos 10 llamadas intentando presionar que llegaran por Héctor que de un momento a otro comenzó con fiebre, dolores y falta de aliento que le impedían moverse.

Luis y Adriana, sus sobrinos y quienes contaron su historia, narraron que tras 2 horas de espera y al verlo sin reaccionar sus tíos salieron a la calle a buscar ayuda. Una unidad de seguridad ciudadana de la Ciudad de México pasó por ahí y le pidieron auxilio. Con un reporte solicitaron una ambulancia que llegó en 30 minutos, les ayudó a darle oxígeno pero se declararon incompetentes para hacer más.

"Nada más lo ayudan con oxígeno para que se pueda reincorporar otra vez y se van, no dan un parte médico formal porque no tenían la autorización ni el carácter para decir si tenía coronavirus o no, pero sí comentan que todos los síntomas son de covid-19. Nos dicen que no tienen ni el equipo ni la capacitación para atender esos casos. Y otra vez lo mismo, esperar la ambulancia especializada, seguir el protocolo", dijo Adriana.

Seguir el protocolo: Adriana luce harta de esa frase. Como lo expresó en sus redes sociales el día de la muerte de su tío: el protocolo, al menos conforme a lo que establece este caso, no sirvió.

Como Héctor no tenía seguridad social, comenzaron a llamar a los hospitales del IMSS para garantizar que lo recibirían. Ninguno contestó.

Hicieron lo mismo con las clínicas privadas y tampoco tuvieron éxito. Así que comenzaron a hacer un recorrido personalmente. 9 lugares en donde les fueron sinceros y poco esperanzadores: "en ese estado ya no lo atendemos, nosotros solo hacemos pruebas pero no damos atención, sí lo recibimos pero ustedes deben traerlo o pedir una ambulancia especializada al 911". Otra vez, seguir el protocolo.

"Seguíamos monitoreando la ambulancia. En un inicio sí nos contestaban 'ahí va, espérense, ahí va', y nos decían 'ni lo muevan, no lo muevan porque en el estado en el que está los va a contagiar, es negligencia, nosotros llegamos'. Después ya ni contestaban, ya nada, entonces pues nunca llegó, ni antes, ni en la 1a. llamada, ni durante y obviamente ni cuando ya era tarde", dice Luis.

Era claro, el reto ahora era conseguir una ambulancia particular que aceptara trasladarlo a un hospital privado.

Luis contó que llamaron a varias "ambulancias privadas famosas" en donde la respuesta tampoco les garantizaba salvar a su tío.

"Nos decían 'sí podemos hacer el viaje o el traslado pero sería programado', y eso nos lo ofrecían hasta el otro día".

El médico de cabecera de Adriana la contactó con un colega que tenía este servicio pero al llamarle también le habló con sinceridad: "mira, yo sí tengo ambulancia equipada, lamentablemente no me he dado abasto para transportar enfermos de covid-19 porque estoy en friega y ahorita estoy en el proceso de desinfección; te puedo atender si me hablas a las 6:00 horas para que a las 8 de la mañana vaya por tu tío".

Parecía que por el estado de don Héctor esperar a que amaneciera no era opción. Pero aceptaron ambas, solo para tener un plan B.

Alrededor de las 23:30 horas, tras 6 horas de agonía, uno de los familiares trajo al fin una buena noticia: un amigo de protección civil podía contactar una ambulancia con equipo especial que llegaría al menos en media hora.

"Llega la ambulancia que nuestro familiar hizo el favor de contactar, empiezan a hacer el protocolo, se empiezan a preparar para subir a ver a mi tío, a cubrirse todo, su protocolo de seguridad y de higiene, se tardaron como 15, 20 minutos en lo que hacen eso y en ese proceso la evolución de mi tío cambia drásticamente hasta que bueno, cuando suben ya no había nada que hacer en ese momento", explicó Luis.

Héctor dejó de respirar por completo poco después de la media noche y fue hasta 4 horas después que las autoridades llegaron a dar fe de lo sucedido... pero sin ambulancia.

Luis piensa que "como falleció por covid-19 nadie se avienta la responsabilidad de ir a ver qué es lo que está pasando. No tienen ni la higiene, ni cubrebocas, ni guantes, no tienen absolutamente nada, pues por eso no se quieren acercar".

Desde antes de que Héctor falleciera, personal de una funeraria ya estaba en la puerta ofreciendo sus servicios a la familia. Y cuando las autoridades llegaron, los trabajadores de la funeraria a quien nadie llamó, ya estaban listos con uniforme especializado para mover el cuerpo con el virus mortal.

La tragedia no terminó ahí. Pues tanto las autoridades como la funeraria recomendaron poner como causa de muerte neumonía. Pues si insistían en que era coronavirus tardarían días en entregarles el cuerpo, y eso, si es que acudían al llamado de ir por él, lo que no hicieron en las 11 horas que ya habían transcurrido.

"Te ponen en una disyuntiva de qué hacer, te presionan con una decisión y evidentemente tienes varios problemas, tienes un fallecido en tu casa que empieza en descomposición y que aparte propaga un virus", cuenta Luis un tanto arrepentido pero sabiendo que en ese momento parecía que no tenían más opción.

Ahora saben que no hay nada por hacer, pero quieren que su historia se sepa, pues no dejan de pensar en que el caso de su tío puede ser el de muchos otros. Quizá porque en su estado, a su edad y con esas enfermedades prefieren dar estos casos por perdidos. Quizá porque dan prioridad a aquellos que tienen más posibilidades de sobrevivir. O quizá solo ellos tuvieron mala suerte.

El acta de defunción de Héctor registra como causas de muerte insuficiencia cardiaca y problemas en el corazón. Eso a Adriana no deja de taladrarle la cabeza. Eso y la negligencia ante la vida de una persona, no solo la de su tío, la de quien sea.

"Lo más macabro o perturbador es que le pusieran que fue por neumonía porque ahí es cuando empiezas a hilar hacia atrás y a hacer conclusiones: ¡Pues entonces no iban a ir por él nunca!; y que pareciera que hay un acuerdo entre ellos porque los de la funeraria así llegaron, sin que nadie les llamara. De hecho preguntamos 'oye, ¿el cuerpo todavía infecta?', y respondieron 'ah no te preocupes, nosotros vamos preparados y les entregamos sus cenizas... desinfectadas'."

A dueto, el presidente López Obrador y su director del IMSS, Zoé Robledo, se me lanzaron ayer en la mañanera. Como es habitual, mintieron.

A principios de marzo di voz en esta columna a médicos del hospital Siglo XXI. Denunciaban que les habían comprado guantes de trapear y equipo de pintor para enfrentar el coronavirus. Publiqué las fotografías en las que aparecía el director de dicho hospital, el doctor Carlos Cuevas, sirviendo de modelo para exhibir esas prendas. Ese día me habló el doctor Cuevas para aclararme que no eran cosas para cocineros ni pintores, que era equipo profesional, muestrario de un proveedor. Ayer en la mañanera, el director Zoé Robledo cambió la versión oficial: dijo que las fotografías correspondían a un taller sobre "qué cosas no debían comprar jamás" para el coronavirus (hasta como chiste es malo el tal taller). Si van a mentir, que se pongan de acuerdo.

"Nos mandan a la guerra sin fusil", "no tenemos equipo de protección", "no hay capacitación", "no se cumplen protocolos", "hacemos lo que podemos", es el clamor desde el anonimato en la 1a. línea de batalla contra el COVID-19 de médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscritos a unidades médicas donde se han registrado contagios.

Personal del IMSS, que pidió el anonimato, narra la situación que enfrentan día a día ante los brotes del virus en las unidades médicas donde laboran. Hasta el momento, por lo menos 89 trabajadores del instituto en 5 estados están contagiados.

Tlalnepantla

"A los estudiantes nos negaron la prueba". Alicia (nombre ficticio) resultó positiva a la prueba de COVID-19. Asegura que se contagió en el área de urgencias del Hospital General Regional 72 del IMSS, donde realiza su internado de Medicina.

La joven es uno de los 10 estudiantes confirmados con coronavirus, pero afirma que 36 de los 72 internos tienen síntomas, pero se les negó la prueba y se les pidió aislarse.

"Desde que empezó la pandemia los compañeros que estamos en urgencias pedimos que nos quitaran del área de riesgo, pero no nos hicieron caso. El 15 de marzo se atendió a un paciente con COVID-19; la doctora que lo revisó no usó ni mascarilla N95 y días después se incapacitó por coronavirus, pero ya había tenido contacto con internos", afirma.

Alicia rechaza la versión oficial de que el contagio de trabajadores no ocurrió en las instalaciones. "Hasta el jueves 26 de marzo nos sacaron del área de urgencias, pero el 22 ya había compañeros con síntomas; se les negó la prueba y los mandaron a aislarse 14 días".

La estudiante dio positivo el 31 de marzo, aunque no presentó síntomas; al vivir con otra interna contagiada, se practicó la prueba en un hospital privado. "Fui a una clínica privada, que me costó 3,400 pesos, y di positivo", relata.

La misma situación le pasó a Irlanda, residente de 1er. año en el Hospital Regional del Seguro Social. Ella está en el área de triage y de urgencias, y acusa que no les dan equipo de protección para atender a pacientes con coronavirus. "No nos dan ni mascarillas N95 para atender a los pacientes y el cubrebocas quirúrgico nos dicen que debe durar una semana", asegura.

Cuernavaca

"Aquí sólo nos dan una bata". En el Hospital Regional 1, en Morelos, profesionales de la salud comentan que no tienen cubrebocas quirúrgicos suficientes. "A veces no nos dan cubrebocas y los tenemos que comprar. No se cuenta con overoles impermeables, como lo sugiere la OMS, y cuando la delegación vino a supervisar comunicaron que el IMSS sólo dará equipo institucional, que es una bata quirúrgica no impermeable", denuncian.

De manera ocasional compran mascarillas, overoles, filtros, así como cajas de acrílico para intubar, y sus gastos ascienden a entre 5,000 y 8,000 pesos. "El equipo de bioprotección es deficiente y la prueba es el alto contagio en hospitales del IMSS", dicen.

Cabo San Lucas

"Hoy me toca estar en peligro a mí". El pasado 1 de abril, Alejandro, enfermero del Hospital del IMSS de Cabo San Lucas, publicó una carta en Facebook en la que reconoce el miedo de ir a trabajar y la falta de equipo de protección, pero reafirma su vocación de ayudar a los enfermos.

"Familia amada. Les escribo para que estén tranquilos. Yo elegí mi camino y mi profesión por vocación. Hoy me toca estar en peligro a mí y a mis compañeros, en riesgo, tentando al destino al exponernos a lo que hoy es considerada una pandemia", escribió.

Personal de salud de la clínica ha reprochado la falta de equipo de protección para atender a pacientes con COVID-19, pero temen hacerlo públicamente. "Nos dan miedo las represalias; además, hemos visto quejas en otros hospitales y no les dan una solución, dicen que ya hay equipo de protección, pero acá no ha llegado o al menos no nos han informado", dice un camillero.

Monclova

"Miedo a estar contagiado". Enrique trabaja como enfermero en el área de urgencias de la clínica 7 del IMSS en Monclova, Coahuila. Luego de atender a un paciente con COVID-19, por el cual se propagó el virus en el hospital, ha perdido el sueño y teme estar contagiado.

"Nos mandan a la guerra sin fusil, hay mucha desinformación, la capacitación es deficiente y no hablemos del equipo, tenemos que pelear para que nos den cubrebocas y guantes como mínimo. Acá algunos compañeros hemos seguido tutoriales para hacernos caretas de acrílico", lamenta.

CDMX

"Aquí no cuidan de nosotros". En el Hospital General de Zona 32, en Villa Coapa, Arturo da inhaloterapia a pacientes con dificultad respiratoria. Denuncia que el IMSS no cuida a su personal.

"No nos dan cubrebocas, mascarillas N95, no hay batas impermeables, nos dan guantes a cuentagotas y lo peor es que nos avisan que estamos frente a pacientes COVID-19 cuando terminamos de dar la atención, y eso es irresponsable. Pareciera que al instituto no le importamos", acusa.

Al denunciar que 19 de 26 médicos residentes de Medicina Interna y 7 estudiantes internos del Hospital General Regional (HGR) 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están contagiados con COVID-19, los profesionales de la salud exigieron una disculpa pública del director general, Zoé Robledo Aburto, así como equipo de protección personal e insumos suficientes para atender a la derechohabiencia.

"Negar la presencia de brotes en los hospitales no conducirá a gestionarlos, además de otorgar los insumos suficientes para el diagnóstico, valoración y tratamiento de los pacientes no solo con COVID-19 sino para el resto que se encuentra en una situación de extrema importancia dada la falta de insumos generales que por años ha aquejado este hospital y que ahora más que nunca se hace evidente", indica la carta dirigida al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

En el documento que también se dirige a Hugo López-Gatell Ramírez, se denuncian omisiones y falta de equipo de protección personal así como capacitación, lo que derivó en el contagio del personal de salud.

Los médicos relatan que el pasado 24 de marzo ingresó al servicio de Medicina Interna una paciente con cuadro respiratorio, incluso cuando la instrucción era que ningún derechohabiente con este tipo de afección sería ingresado a piso.

"Ante esta precaria situación tomamos las medidas necesarias comprando por nuestros propios medios material para nuestra protección como cubrebocas quirúrgicos y N95, así como goggles, mascarillas, jabón, alcohol-gel y toallitas húmedas con cloro porque no había suficientes en el hospital y las autoridades nos indicaron que era parte de nuestro compromiso como médicos conseguir recursos por nuestros propios medios".

Los médicos residentes, en calidad de pacientes con COVID-19 exigieron que esta situación no se reproduzca en otros hospitales; "que se aprenda rápidamente de los errores para evitar que los trabajadores de la salud, sin importar nuestra categoría al interior de las diferentes instituciones, enfermemos. Queremos trabajar, queremos servir y queremos vivir para enseñar a las siguientes generaciones".

Médicos de distintos hospitales han denunciado que casos sospechosos de Covid-19 son registrados como "neumonía atípica".

Eso podría incidir en un subregistro oficial de los contagios y muertes de coronavirus.

De acuerdo con testimonios de médicos, la falta de protocolos de atención y la escasez de pruebas provocan registros indebidos, además de riesgos de contagio de personal hospitalario.

"Llevan a pacientes que tienen síntomas parecidos a los de Covid-19 y que también pueden ser de otras enfermedades respiratorias. Pero ante de confirmar si es coronavirus mediante una prueba son registrados con 'neumonía atípica'".

"Y si fallecen, el registro de la causa de su muerte será ésa, la 'neumonía atípica' cuando pudo ser distinto", comentó un médico de un hospital del IMSS habilitado para la atención del nuevo virus.

Médicos residentes e internos del Hospital General Regional Número 72, contagiados con Covid-19, reclamaron el registro irregular en los diagnósticos.

En una carta dirigida al titular del IMSS, Zoé Robledo, reprocharon que varios casos ingresaron a urgencias la última semana de marzo considerados inicialmente como casos sospechosos para Covid-19, pero los médicos residentes y de base realizaron maniobras sin equipo de protección, y eso desató que varios galenos dieran positivo.

Reprocharon que estos casos parecidos fueron registrados como "neumonías atípicas" o "neumonía adquirida en la comunidad" y no como casos de Covid-19.

"A pesar de que solicitábamos que se les tomara muestra para confirmar los casos sospechosos, no se tomó en cuenta, puesto que el Jefe de Servicio de Medicina Interna consideraba que como médicos residentes en formación, no éramos capaces de realizar y distinguir entre otros diagnósticos diferenciales", indicó la carta.

En México el período epidémico de Covid-19 inició el 28 de febrero pasado.

En los registros oficiales sobre infecciones respiratorias se documenta un crecimiento del 30% respecto a 2019.

Entre el día 17 y 21 de marzo, la SSA reportó 641,382 casos de infecciones respiratorias agudas, es decir 147,912 casos más que en el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 493,470 casos, según el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Aunque el inicio de la epidemia de Covid-19 en México coincidió con la temporada de influenza, llama la atención el significativo incremento de infecciones respiratorias.

El contagio por covid-19 por cumplir con su labor que corresponde como parte del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no está siendo considerado como riesgo de trabajo, situación que merma en un 40% el salario de los galenos infectados.

Así lo denuncia Y. una de los 89 médicos del IMSS que se encuentran incapacitados por haber resultado positivos a la prueba del coronavirus, que en su caso fue adquirido en el Hospital General de Zona número 32.

Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana enfrentan un brote de coronavirus que desde el miércoles pasado dejó acéfalo al Hospital General Regional 20, en el que todo el cuerpo directivo tuvo que ser "incapacitado" y el jefe de medicina interna dio positivo a COVID-19.

De acuerdo con las versiones de los médicos, del HGR #20 al menos otros 14 trabajadores dieron positivo a COVID-19, mientras que de los 8 residentes de cirugía, 5 están aislados por síntomas de la enfermedad y uno más ya fue confirmado como positivo.

"Hoy que salí del hospital sentí que iba saliendo de una guerra", dijo un médico del HGR #20, en un mensaje de voz que fue enviado a Latinus. "Todo mundo está incapacitado, estamos solamente como 5 médicos por turno en el hospital", agregó.

Mientras que del otro hospital regional de Tijuana, el número 1, personal médico consultado por Latinus confirmó que son más de 10 médicos de base y residentes que han dado positivo.

Según los testimonios, a pesar de la contingencia sanitaria, el HGR #1 no quitó las consultas programadas y cirugías, por lo que siguió recibiendo a pacientes de de otras enfermedades que convivieron con sospechosos de Covid.

"Hay (en Tijuana) 2 hospitales del IMSS, 2 regionales grandes, mejor dicho. Los 2 están llenos. Desde el lunes no hay tubos libres, ya no hay ventiladores y pobrecito si caes en insuficiencia respiratoria", dijo el médico del regional #20. "Del viernes, que había como 15 o 17 casos en el hospital, para el lunes ya estaba lleno el 3er. piso, que era el área designada para pacientes del COVID".

Afirmó que el hospital "está lleno por todas partes de pacientes COVID. Todos con neumonía atípica porque no se están haciendo las pruebas... hay un contagiadero... pacientes que llevaban tiempo hospitalizados por otra razón, que no habían salido, también (dieron positivo a) COVID, entonces lo agarraron del hospital o de sus visitas...".

La Secretaría de Salud de Baja California admitió anoche que hay contagios en personal de ambos hospitales y que se está evaluando epidemiológicamente la extensión del problema. El titular, Alonso Pérez Rico, dijo que trabajarán en conjunto con el IMSS. El instituto no ha proporcionado información de los casos.

Debido a la falta de medicamentos y material de protección para atender a los pacientes contagiados por coronavirus en el Hospital Regional Primero de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), falleció una persona y otros 2 dependientes resultaron positivos, entre ellos un doctor, quien se encuentra en terapia intensiva, informó personal médico.

Los encargados del hospital, dieron a conocer que actualmente alberga a 28 pacientes con COVID-19, de los cuales 16 están en el 4o. piso, 8 en terapia intensiva, y 4 en el área de urgencias de adultos mayores; de acuerdo con personal del nosocomio, el número de pacientes ha aumentado gradualmente en esta semana, debido a que no se han implementado las medidas de protección adecuadas, lo que originó que el lugar sea un foco de infección.

Por tal motivo, el personal médico asegura que se están contagiando del virus, pues no han dejado en ningún momento de ejercer su labor. Como lo hizo el enfermero Miguel Ángel, quien no se apartó de su trabajo, sino hasta que la muerte se lo impidió, pues murió luego de contraer el COVID-19.

Esto ha originado que parte de los trabajadores se organizaran para dialogar con los encargados del hospital, pero debido a que no les han hecho caso, amagaron con parar labores este lunes.

Aseguran que bloquearán la avenida Politécnico, sobre la cual se encuentra el nosocomio, para exigir a las autoridades administrativas la entrega de insumos, como cubrebocas y que garanticen la entrega medicinas, para evitar que el estado de salud de los pacientes de coronavirus que se encuentren en terapia intensiva empeoren o que incluso lleguen a fallecer.

A pesar de este panorama las autoridades del ISSSTE ya perfilan al nosocomio como sede para la hospitalización de personas que den positivo de coronavirus, pues iniciaron el traslado de otros pacientes a diferentes hospitales.

Pero no sólo el personal se ha visto afectado por la falta de medicamentos y material de protección, también los derechohabientes, pues de los casos que se han tratado en el hospital, ya han muerto 3 personas, aunque según enfermeros consultados, solamente se les está dando una "oxigenoterpaia", ya que no tienen cloroquina, azitromicina, zinc retrovirales, cubrebocas N95 , caretas, cubos para intubación, trajes impermeables, guantes de nitrilo, entre otras cosas que son esenciales para atender a las personas graves con problemas respiratorios.

Uno de los pacientes que se encuentra en terapia intensiva por COVID-19, es un doctor del mismo hospital que se infectó al atender a los pacientes con esa enfermedad. Para mantenerlo con vida, su familia ha comprado los medicamentos, que por ley deberían de ser proporcionados por el ISSSTE.

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, afirmó hoy que médicos del IMSS en la entidad "están cayendo como moscas" ante la falta de equipo protector contra el coronavirus.

"Después de los reportes de la mesa de seguridad, he sentido que el talón de Aquiles nuestro iba a ser el Seguro Social", expresó Bonilla en una transmisión en vivo desde Tijuana sobre acciones de su gobierno.

El gobernador dijo que la delegación del IMSS, que depende del gobierno federal, no se preocupó por dotar de equipo a su personal, a diferencia de hospitales que dependen de autoridades locales.

"Ahora estamos viendo que (los médicos) están cayendo como moscas porque no se les dio la protección", aseguró Bonilla.

A propósito del hospital del IMSS en Tijuana, dijo de un video difundido por una "personalidad muy conocida" que muchos señalamientos son ciertos, aunque no todos precisos.

"El fondo (de lo expresado en el video) es cierto, sí ha habido un descuido de parte del Seguro Social, cuando menos aquí en Baja California, y el Seguro Social no se ha puesto las pilas", admitió.

"Es una dependencia federal, tiene su propia delegación, no se reportan al estado, sin embargo nosotros hemos estado constantemente en comunicación con la gente del Seguro Social diciéndoles que se aplicaran".

Bonilla dijo sobre la gestión del IMSS que no se puede "tapar el Sol con un dedo" y llamó al director nacional (Zoe Robledo) a dar una conferencia de prensa y "admitir que está mal".

En la entidad hay 414 casos confirmados y 33 muertes por coronavirus en la entidad, 21 de ellas en Tijuana.

El fin de semana el actor Eugenio Derbez compartió un video en que denunciaba la falta de medios en un hospital del IMSS en Tijuana.

El intérprete decía que un amigo suyo médico le informaba de que los habían "dejado solos" ante la pandemia y exhortaba a la gente a donar equipos de protección.

Sin embargo, la delegación del IMSS acusó a Derbez de difundir noticias falsas sobre COVID-19.

"A mí lo que me preocupa, más que nunca, es que los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el IMSS, y ahora vemos que están cayendo como moscas porque no se les dio la protección. De nada servía que se las diéramos en el Hospital General si no se la daban en el Seguro Social, ahora tenemos una necesidad tremenda", comentó Bonilla.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron este lunes que la epidemia por COVID-19 se ha extendido en todo el país pero no se han registrado los casos debidamente, ya que se presentan como infección respiratoria aguda (IRA).

En un comunicado, integrantes de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la institución aseguraron que en las últimas semanas se ha reportado un "continuo incremento" en casos de IRA.

"Esta tendencia no corresponde a ningún patrón estacional y en el contexto de la pandemia de SARS-COV-2 debe asumirse que representa la extensión de la infección en la población", concluye el análisis realizado por los especialistas.

Explicaron que en la mayoría de los casos probablemente se trata de casos de mediana a moderada gravedad, que impactarían en el 80% de la población afectada.

Según el análisis, en la última semana se ha presentado un incremento de más de 150,000 casos de IRAs en el país.

Señalaron que este incremento corresponde a la descripción de la curva epidémica de la vigilancia del COVID-19 "tal como lo reconocieron el jueves pasado las propias autoridades de la Secretaría de Salud".

De acuerdo con el análisis de la CIC de la UNAM, el notorio aumento de los casos registrados constituye una evidencia indirecta del nivel auténtico de la extensión del SARS-CoV-2 en México.

Hasta este lunes en México, el número oficial de casos de COVID-19 era de 4,661, con un total de 296 fallecidos.

Sin embargo, ciudadanos en redes sociales han puesto en duda esta cifra, argumentando que muchos de los casos se han registrado como neumonías atípicas "enmascarando" de alguna manera los casos reales de COVID-19.

Además, la semana pasada, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aceptó que el número total de casos podía ser al menos 8 veces mayor según el llamado Modelo Centinela, que estima posibles casos y es usado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Personal que labora en el Hospital General de Zona Venados del IMSS, en Ciudad de México, bloqueó la avenida Municipio Libre para exigir insumos médicos para atender a pacientes con COVID-19.

En México estamos preocupados por el aumento de contagios de COVID-19, pero también nos preocupa el evidente impacto a la economía. Sin embargo, quizá más grave que esos 2 fenómenos es el hecho de que las autoridades no han conseguido transmitir confianza. Hay división y con ésta, temor e incertidumbre.

Hagamos un recuento: en varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, han pedido tranquilidad y han llamado a tener confianza en las autoridades. Este lunes 13 de abril, aunque es casi un secretario inexistente, el titular de Salud, Jorge Alcocer, fue una más de las voces que desde el gobierno federal pidió confianza a los mexicanos, confianza en que la autoridad trabaja y se prepara para atender la pandemia.

Aunque el presidente y los personajes de más alta jerarquía en la cartera de Salud llaman a que exista y se incrementen el aliento y el ánimo, la realidad los contradice, no totalmente, pero sí con algunos ejemplos que ahogan la semilla de la esperanza, de la tranquilidad. Aquí es donde aparece, inopinadamente, la figura de Eugenio Derbez.

Aunque lo suyo es la actuación y la comicidad, Derbez ha construido un personaje con evidente liderazgo y aceptación en las redes sociales. Millones de mexicanos atienden todo lo que dice y postea en sus redes; sólo en su cuenta de Twitter, @EugenioDerbez suma a 10.5 millones de seguidores. Y de vez en cuando, el actor decide opinar sobre política, problemas sociales o en este caso, sobre la escasez de insumos para galenos y enfermeras del IMSS en Tijuana, Baja California. En un breve video, lanzó un llamado para hacer donativos y comprar para el personal médico las mascarillas, guantes, batas, medicamentos y demás equipo necesario para atender los contagios.

Y le contestaron. Casi todos para aplaudir y sumarse a la iniciativa, pero también le respondió el IMSS de la ciudad [baja]californiana. A su vez, publicaron que la afirmación del histrión es falsa porque sí hay insumos médicos, y reclamaron que no se difundan fakenews. A su vez, Derbez respondió que no se trata de ninguna noticia falsa y reafirmó que todo lo dicho en su video es totalmente cierto, pero no volverá a abordar el tema.

La pregunta brota como los hongos en la tierra húmeda: ¿A quién le creerán los millones de tuiteros, al cómico o al IMSS?

Y aquí aparece Jaime Bonilla.

El gobernador de la entidad, que está en 4o. lugar nacional con mayor tasa de contagios por cada 100,000 habitantes (el 1o. es Baja California Sur), ofreció un mensaje, también en sus redes sociales, en el que aseguró que si bien el actor mexicano no cuenta con la información precisa, "sí es cierto que faltan insumos". Y remachó: "En el IMSS no se han puesto las pilas". Agregó cosas como "hay que decir las cosas por su nombre", y "no tapemos el Sol con un dedo".

Así, definitivamente, no se promueve la confianza.

No es la 1a. denuncia de personal médico del IMSS. Han protestado en clínicas de Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Morelos o Hidalgo, entre otros.

Parafraseando a Bonilla, que "se pongan las pilas". Lo del coronavirus es una epidemia. Es urgente.

De todas las noticias vergonzantes que hemos visto en los últimos días, desde los vacacionistas tapatíos recluidos en un fraccionamiento de Nayarit hasta la primera dama en esgrimas verbales con twitteros, las peores han sido sin duda los ataques a médicos y enfermeras por parte de ciudadanos y los brotes de infección en hospitales públicos por falta de insumos que ha causado ya muerte de personal de salud en Monclova y decenas de infectados en otras unidades del IMSS.

Lo 1o. es producto de un curioso fenómeno de nuestra época que es la ignorancia sobreinformada. Si hace apenas algunos años alguien nos hubiera dicho que las sociedades padeceríamos la enfermedad de la estupidez por exceso de información lo habríamos tildado de loco. Los ataques y la discriminación por vestir bata blanca son una actitud que, como toda discriminación, parte de la ignorancia, pero a diferencia de la ignorancia de los siglos XIX y XX, la del XXI es ignorancia provocada por noticias falsas o simple y llanamente por incapacidad de procesamiento de información de los agresores.

La falta de insumos de protección para médicos y enfermeras en el sector público es criminal. Para nadie es un secreto que hay problemas financieros en el sector salud, pero tampoco que los cambios en la forma de adquirir insumos y medicamentos generaron el desabasto que hoy estamos viendo en todo el país. Ya habrá tiempo y momento de cobrarle al gobierno, si es que es así, las malas decisiones en las compras. Lo que urge ahora es resolver el problema en los hospitales. Se requiere que el IMSS, el ISSSTE y los hospitales públicos reconozcan el tamaño del problema para que la sociedad pueda organizarse y apoyar no al gobierno de X o Y partido, no a la 4T o al presidente, sino a nuestros combatientes en esta batalla.

Defendamos, respetemos, honremos, apoyemos a las batas blancas.

Tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo, vender su carro para mantenerse en los próximos meses y evitar arriesgarse ante la crisis generada por el COVID-19. Es enfermera, padece asma y su esposo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). No tenía muchas opciones.

El casillero de otra enfermera fue destruido junto con otros cientos que estaban en una zona de la planta baja del hospital, les dieron el ultimátum de sacar sus cosas el martes. Además, le informaron que ya no tendría un lugar en el estacionamiento porque éste fue ocupado desde el pasado miércoles por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes tienen la instrucción de crear un hospital móvil especializado. Ella piensa que es muy complicado trabajar como "burro de carga" entre los pisos de la clínica, con los objetos personales y además, exponerse a un robo tras dejar el carro en las calles de la colonia Oblatos de Guadalajara.

En la clínica 110 del IMSS la incertidumbre es parte de la jornada del personal médico y auxiliares, entre la ruda implementación de un protocolo de atención a pacientes con coronavirus y "la toma" de las instalaciones por parte de la policía nacional. Imágenes de la destrucción de los casilleros circularon por redes sociales, atribuían el hecho a la propia GN que trabaja también en la reconversión a sala de choque del 6o. y 7o. piso.

Por momentos, parece tierra de todos y de nadie. Las últimas semanas han sido complejas, además de las agresiones en la calle, varios trabajadores presentaron sintomatología de infección respiratoria; un residente, por ejemplo, tuvo neumonía atípica "de origen a determinar". ¿COVID-19? Quién sabe, porque no cuentan con las pruebas suficientes y hasta hace unos días alguien externo tenía que ir a realizarlas.

Dicho por ellos mismos, con una carga de lamento e ironía a la vez, el criterio operacional para los trabajadores de la salud es: si los ven "muy, muy, muy sospechosos", los mandan 15 días a casa. Como ocurrió con el médico de base, enfermera e interno que atendieron al 1er. paciente que falleció en Jalisco en ese hospital debido a la pandemia el pasado 20 de marzo.

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, el retiro hace unos días de los internos de algunas universidades provocó más caos en la operación hospitalaria. Uno de ellos relata: "somos los más inexpertos, pero a la vez llevamos gran parte de la chin[ga]..., hacemos curaciones, bajamos a los pacientes a rayos x, tomamos muestras de orina o sangre, ponemos sondas, tenemos una relación muy cercana con el paciente, nos dicen 'los pendienteros' porque sacamos los pendientes que nos dejan los residentes, que a su vez reportan al médico de base".

Los residentes junto con las y los enfermeros se quedaron ahora con gran parte de las responsabilidades. Si esto es solo la historia de quienes hacen posible la estructura laboral hospitalaria, la que debería tener toda la certeza y apoyo para realizar su trabajo en estos tiempos, imagínese la atención a pacientes.

Sí, lo peor está por venir.

Guardias de seguridad del Hospital San José del IMSS, en el centro de Puebla, golpearon y retuvieron a un camarógrafo de #ImagenPuebla, cuando grababa a personal médico denunciando falta de insumos y cambios de diagnóstico de #COVID19 a #NeumoníaAtípica.

Los médicos residentes del Hospital 72 del IMSS en Tlalnepantla ni siquiera lo llaman por su nombre. Mejor de plano se dirigen al subsecretario López-Gatell, al secretario Alcocer y al presidente López Obrador. Los doctores del hospital del IMSS de Monclova se sintieron ofendidos por su desdén. Y hasta el gobernador de Baja California, que es de su mismo partido, vapuleó el papel que ha jugado en medio de la emergencia el Instituto que dirige.

Zoé Robledo, director general del IMSS, está en crisis. Antes de que llegara el coronavirus, ya tenía al IMSS en la cuerda floja: sus propias estadísticas revelaban que se había agudizado el desabasto de medicinas y las quejas por falta de atención en sus hospitales.

Con la pandemia, estalló la sucesión de errores en el pilar de la salud pública mexicana:

A fines de febrero, en el hospital emblema, el Siglo XXI en la Ciudad de México, estaban comprando guantes de intendencia y trajes de pintor para enfrentar el coronavirus. El director del centro médico, Carlos Cuevas, servía de modelo. Los doctores me mandaron las fotos, indignados. Aquí las publicamos. Cuevas dijo que era equipo médico profesional que cumplía todas las normas, pero lo contradijo Zoé Robledo: aseguró que eran fotos de un taller sobre lo que no debe comprarse.

El 18 de marzo, cuando ya existían casi 100 casos confirmados de COVID-19 en buena parte del país, el IMSS decidió (apenas) mandar un oficio a todos sus hospitales para preguntar cuántas camas y ventiladores tenían. En esta columna presentamos el documento. Se supone que se habían preparado con 3 meses de antelación. Exhibidos.

El 22 de marzo iniciaba la tragedia en el hospital del IMSS en Monclova: el 1er. aviso de lo que una semana después se convertiría en un dramático brote de COVID-19 dentro del hospital, afectando a decenas de médicas y médicos. La reacción inicial del IMSS fue decir que el brote no había surgido en el hospital, sino en un consultorio privado afuera. Con eso, buscaron contrarrestar las denuncias de que, avanzada la pandemia, los doctores seguían sin recibir el equipo mínimo de protección para tratar a los pacientes. Doctoras y doctores del propio hospital de Monclova lo desmintieron, y el gobierno quedó ridiculizado, otra vez exhibido como mentiroso: tuvo que ofrecer una disculpa pública el 31 de marzo.

El 7 de abril, médicos del Hospital 72 en Tlalnepantla, Estado de México, dentro de la zona metropolitana de la capital del país, denunciaron que tenían un brote dentro. Una treintena de doctores, residentes y personal de salud infectados. Una revelación de la periodista Arelí Quintero en el portal LatinUS. La reacción de Zoé Robledo fue la misma: minimizar el hecho y decir que eran contagios externos. En una carta en la que ni siquiera le llaman por su nombre, los profesionales de la salud demostraron cómo tienen que comprar con su propio dinero los tapabocas y guantes, cómo no existen protocolos para recibir a los pacientes con coronavirus, y exigieron también una disculpa pública.

Casi de inmediato, se denunciaron brotes en hospitales del IMSS en Los Cabos, Cuernavaca y Tijuana. Con el paso de los días, la situación en Tijuana se agudizó, los médicos -desprovistos de ayuda-, desesperados. El famoso actor Eugenio Derbez difundió un video para alertar sobre lo que ahí sucedía. El IMSS respondió virulentamente en un video en el que aparece su delegada en Baja California, Desirée Sagarnaga, diciendo que todo lo denunciado por Derbez es falso. Sorpresa: el propio gobernador de Baja California, que es también de Morena, el mismo partido que Zoé Robledo y el gobierno federal, respaldó a Derbez y acusó al IMSS de ser el "talón de Aquiles" en la lucha contra la pandemia. Otra vez el IMSS y su director, ridiculizados.

En fin. Al cabo que en lo que la pandemia lo ahoga, Zoé Robledo sueña con ser gobernador de Chiapas y sueña con la Presidencia.

Médicos y enfermeros del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, bloquearon la avenida Félix Cuevas, a la altura de la calle Coyoacán [en la Ciudad de México], para exigir más insumos, ante el incremento de contagios por COVID-19.

El bloqueo inició alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando más de una decena de trabajadores se instalaron en la arteria vial en la colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez, para exigir la dotación insumos médicos.

Los informes afirmaron que en la actual contingencia sanitaria se han visto en la necesidad de comprar ellos sus propias mascarillas para evitar contagiarse de coronavirus.

Por ello demandaron a las autoridades federales insumos y más seguridad para los trabajadores.

Los manifestantes indicaron que mantendrán el cierre de calles hasta que sean atendidas sus demandas y se les proporcione equipo sanitario, pues temen contagiarse del virus SARS-CoV-2.

Por instrucciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, directivos de la red hospitalaria a cargo del Gobierno de la Ciudad de México solicitan a todos los empleados, incluyendo médicos y enfermeras, "su consentimiento para donar parte de su salario neto, el cual se aplicará vía descuento de nómina, con la finalidad de contribuir en atención a la contingencia sanitaria por el covid-19".

La disposición se emitió este 14 de abril, a través de la circular SAF/DGAP/0016/2020.

El personal médico que hizo llegar esta información a Proceso señala que en los hospitales ellos continúan laborando y atendiendo a los pacientes de covid-19, poniéndose en riesgo, pues siguen sin contar con el equipo médico y de protección adecuado para atender en esta contingencia.

Incluso, en muchos casos, ellos han venido adquiriendo los equipos de protección con que laboran con sus propios salarios.

Los entrevistados, quienes solicitaron no revelar su nombre, consideran una "burla" esta pretensión de la jefa de gobierno, pues señalan que los directivos saben que, de su salario, médicos y enfermeras están adquiriendo el poco equipo con que cuentan y, a pesar de ello, el gobierno pretende que los trabajadores de la salud donen una parte de su salario.

Estos son algunos hospitales de la Secretaria de Salud (Sedesa) en donde fue distribuido dicha información al personal médico: en los infantiles de Xochimilco, Coyoacán, Moctezuma, Legaria, Inguarán, Iztapalapa, Tacubaya, Iztacalco y Azcapotzalco; así como los nosocomios generales de Xoco, Enrique Cabrera, Rubén Leñero, Villa y Balbuena.

Además del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez y el Materno infantil Dr. Nicolás M. Cedillo.

El documento señala que puso a disposición la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), para que todo servidor público que lo desee pueda dar su consentimiento para donar parte de su salario neto.

Para realizar la donación deberán ingresar a este enlace y contar con "llave cdmx" para hacer el trámite, la cual podrán obtener en esta página.

Los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México podrán elegir la cantidad a donar y el número de quincenas en que se aplicará a donación.

La circular va dirigido a directores generales, directores ejecutivos, directores de área, subdirectores, jefe de unidad departamentales, líderes coordinadores y enlaces u homólogos en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la administración pública de la Ciudad de México.

Dicha circular está firmada por Sergio López Monteceino, Director General de Administración de Personal de la Ciudad de México, señala que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la enfermedad por virus covid-19 es oficialmente una pandemia. A partir de esta fecha su propagación ha tenido un crecimiento acelerado en la Ciudad de México.

En este contexto, es momento de que los sectores público, privado y social, unifiquen esfuerzos y recursos para su combate.

Derivado de lo anterior, esta Dirección con fundamento en el artículo 110 fracciones I, XXVII del reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México y por instrucciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

"Lo vemos como una burla, en Michoacán el gobernador indicó un aumento del 60% al personal de salud qué están atendiendo directamente a los pacientes".

"¡Otra mentira más de este gobierno farsante traicionero y embustero, plagado de engaños y mentiras! No satisfecho con la ardua labor de los médicos de la secretaria ni con el gran esfuerzo que realizamos, lejos de congratularse apoyándonos y brindándonos todas las garantías necesarias para laborar sin riesgo y lejos de dar un estímulo económico, tiene la desfachatez de pedirnos dinero", señalan frustrados.

"No dice el presidente -Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios de la secretaria que dinero sí hay, pues que lo saquen y lo inviertan en todo lo necesario como son equipos e insumos, ventiladores y otras cosas más... contradicen sus principios de No Mentir, No Engañar y No Robar, pues en donde está el dinero que tanto pregona el presidente para esta pandemia", dicen en un documento entregado a Proceso.

"Sin embargo en el IMSS ya se autorizó un sobresueldo del 20% ¿Acaso pretenden que los médicos, enfermeras y paramédicos de la secretaria donen el 20 % de su salario? Eso es no tener vergüenza ni dignidad además de una falta de respeto hacia los trabajadores de la salud de la secretaría de la Ciudad de México", indican.

"¡Es el colmo! Hasta los empleados del OXXO tienen caretas faciales y la Secretaría de Salud solo nos da cubrebocas sencillos!"

"Uno tiene que comprar o hacer su propio material de protección como cubrebocas y caretas faciales para poder trabajar... ¡Y éstos pidiéndonos dinero para hacer frente a la pandemia. SOLO EN MEXICO SEÑORES!", termina de documento firmado por el personal médico.

Aunque instituciones educativas ordenaron que sus estudiantes de medicina sean retirados de los hospitales, organizaciones y colectivos informaron que algunos médicos en formación siguen atendiendo a pacientes con coronavirus en áreas críticas y sin protección.

Una encuesta aplicada a 1,450 estudiantes, médicos internos, pasantes y residentes reveló que el 91% de los jóvenes que siguen atendiendo a pacientes con COVID-19 no cuentan con mascarillas N95, goggles, lentes protectores o caretas, batas desechables, cubrebocas, material de limpieza y desinfección, es decir, insumos básicos para su trabajo.

Asimismo, el 78% de los médicos internos de pregrado que respondieron la encuesta siguen acudiendo a campos clínicos y 2 de cada 3 están asignados a áreas críticas para la atención de pacientes con coronavirus, además de que más de la mitad (57%) han tenido contacto directo con personas contagiadas.

Asimismo, el 39% de los médicos pasantes y residentes encuestados aseguraron haber brindado atención médica a pacientes contagiados con coronavirus.

La encuesta "Médicos en formación expuestos al COVID-19" fue aplicada por la organización Nosotrxs en colaboración con la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la Asociación de Residentes del Hospital General de México, la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado y la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social.

Las organizaciones informaron que sólo recibió capacitación el 67% de los médicos en formación que laboran en campos clínicos donde se atiende el coronavirus. Además, el 96% de los encuestados consideraron que las clínicas y hospitales donde trabajan, así como ellos mismos, no están preparados para hacer frente a la pandemia.

La encuesta con la que se obtuvo esta información fue lanzada a través de Facebook del 7 al 13 de abril y constaba de 19 preguntas. El ejercicio se realizó luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ordenaron que sus estudiantes se retiraran de los campos clínicos donde se atiende el coronavirus.

"Reconocemos los esfuerzos que han hecho las instituciones de salud y universidades para velar por la salud de sus estudiantes, pasantes, internos y residentes; no obstante, la información aquí presentada expone una larga serie de acciones pendientes", señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Y concluyeron diciendo "queremos brindarle voz a las y los miles de jóvenes mexicanos que están siendo vulnerados en el ejercicio pleno de su derecho a la salud y quienes únicamente exigen los insumos médicos y de protección necesarios para realizar sus labores".

El 16 de enero de este año, cuando ya se sabía en todo el mundo la amenaza que implicaba el coronavirus, el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la dirección de Zoé Robledo, decidió armar un show: contrató a los "niños gritones" de la Lotería Nacional y usó una tómbola para designar quiénes serían los delegados del IMSS en los estados del país.

No importaba tanto la experiencia en la coordinación de servicios médicos. No importaban tanto las credenciales científicas. No importaba tanto el currículum. Pero, sobre todo, no importaba absolutamente nada que conocieran las particularidades de la región a la que serían asignados. Lo único que importaba era tener buena suerte: 35 funcionarios públicos del Seguro Social presentaron un examen, escribieron un ensayo, fueron entrevistados y vieron sus nombres entrar a la tómbola. ¿A dónde iban a parar? Eso lo definía la suerte, no la ciencia ni la planeación estratégica.

Las crónicas de ese singular acto reportaron los resultados. El nuevo delegado de Chihuahua viajaría desde Tabasco. Piense usted la diferencia entre las enfermedades tropicales de la población tabasqueña con lo que enfrentan los estados del norte. La delegada de Jalisco era de Chiapas. También un cambio dramático de realidad médica. Diría el presidente López Obrador: nomás patearon el avispero.

Este desbarajuste sucedía en un doble momento crítico para el Seguro Social: 1o., porque en enero los propios datos oficiales del IMSS revelaban que existía en el país una aguda crisis de desabasto de medicamentos y un repunte de las quejas por falta de atención médica. Y 2o., porque el coronavirus ya era una amenaza para toda la humanidad. Y era claro: llegaría a México, donde los generales encargados de dar la batalla en cada lugar no conocían el terreno.

Haga el cálculo: si el 16 de enero los nombraron por tómbola, ¿les gusta un mes para hacer la mudanza, encontrar casa en el nuevo estado? Ya es mediados de febrero. ¿Otro mes para conocer cómo funciona el IMSS en esa entidad, qué hospitales, qué instalaciones, quiénes son los directores, cómo opera la administración? Ya es mediados de marzo, fase 2, contagios comunitarios, no hay cubrebocas ni guantes, no hay protocolos para recibir a los pacientes con coronavirus, surgen brotes dentro de los hospitales aquí, allá y acullá. Se habían resquebrajado los circuitos de abasto, atención, información y cobro, en buena medida, por la tómbola de delegados.

Quizá a eso se debe que, como lo diagnosticó el gobernador de Baja California, que es del mismo partido que el presidente y el director del Seguro: el IMSS es el talón de Aquiles en el combate a la pandemia. La institución que debería ser el pilar... resulta que es el punto débil. Y lo dicen desde adentro.

Epílogo. Murió de coronavirus el delegado del IMSS-Bienestar en Coahuila. Se investiga si se contagió en un hospital de San Buenaventura, municipio pegado a Monclova, durante una visita que realizó. Descanse en paz.

De los 5,847 casos confirmados de Covid-19 hasta ayer en todo el país, 535 contagios, es decir, el 9%, son de personal de salud sólo del IMSS.

El Instituto, que atiende a casi la mitad de la población del país, enfrenta la contingencia con unos 24,000 trabajadores menos: 4,000 aislados temporalmente por ser casos sospechosos y 20,000 -entre ellos 9,000 médicos y enfermeras- que, por ser adultos mayores o padecer alguna enfermedad crónica, fueron retirados de sus labores.

Proporcionalmente, entre los médicos del IMSS habría 175 veces más contagios que entre la población de todo México.

Considerando que el Instituto tiene en total un equipo de unos 77,000 médicos, los 533 contagios equivalen a 7 por cada mil personas.

A nivel nacional, con una población de 130 millones, los 5,847 casos reportados ayer oficialmente equivalen a 0.04 por cada mil mexicanos.

Y, pese al alto riesgo que corren los trabajadores de la salud y en pleno ascenso a la fase epidémica, delegaciones y hospitales del IMSS todavía buscan proveedores, de manera desesperada y cada uno por su cuenta, de todos los insumos necesarios para proteger a su personal.

Entre lunes y martes, varias delegaciones convocaron a adjudicaciones directas para comprar cientos de miles de máscaras N95, cubrebocas, batas quirúrgicas, gorros, gafas protectoras y demás equipos que desde marzo han intentado adquirir, en casi todos los casos sin éxito.

Médicos y enfermeras del instituto han acusado en cada protesta en diferentes estados que los contagios de personal se deben a la falta de equipos de protección y de capacitación.

Malaquías López, especialista en salud pública de la UNAM, explicó que el personal de salud tiene más riesgo de contagiarse porque, al atender a pacientes confirmados, la exposición al virus es muy intensa.

"Alguien que nada más tenga un respirador N95 y no tenga ni guantes ni nada que le proteja la cara, pues seguramente va a tener mucho mayor riesgo de contagio", dijo.

"Intubar implica estar respirando cerca de la boca del paciente, que está exhalando al aire cantidades importantes del virus", explicó.

"Y estar haciendo esto todo el tiempo nos hace respirar ese aire que está plagado de partículas virales".

En España e Italia la proporción de personal sanitario contagiado ronda el 15% de los casos confirmados.

Si bien la contingencia sanitaria no ha llegado todavía a su fase crítica, cuando se espera una saturación de los centros de salud, estamos viendo ya falta de capacidad para dar una atención adecuada a los enfermos. En el Hospital Regional de Ecatepec, "los pacientes con problemas respiratorios, incluido un adulto mayor, deben esperar horas para ser atendidos". Las condiciones de higiene son, por lo demás, muy deficientes.

Dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que el gobierno ha adquirido insumos que ya están siendo distribuidos. Como otros miembros del actual gobierno, cualquier problema se lo atribuye a una conspiración. Este 14 de abril declaró: "Si alguien está obstaculizando, quien está interfiriendo con el bien público y protección de la salud, denúncielo, denúncielo... Hacemos un llamado a la ciudadanía, a las y los profesionales de la salud: si en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a identificar quién obstaculizó. Los equipos fueron entregados".

Dudo que alguien esté perversamente interviniendo para obstaculizar la distribución de estos productos. Sí me queda claro, sin embargo, que el gobierno tomó la decisión desde el año pasado de ya no contratar los servicios de las empresas especializadas en la distribución de medicamentos y productos sanitarios. Las licitaciones de compras consolidadas se hicieron sin considerar la distribución, como si ésta no fuera necesaria. Es muy probable que los problemas que hoy estamos viendo sean consecuencia de esa decisión.

El problema es que quienes están en el frente de batalla -médicos, enfermeros, afanadores y personal de limpieza- pagarán muy cara la falta de estos insumos de protección. El propio gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, afirmó hace unos días que los médicos "están cayendo como moscas porque no se les dio protección". No parece una declaración política, sino más bien una exigencia necesaria de que demos mayor protección a quienes están haciendo todo lo posible por defender a los demás de la infección.

El cargamento de insumos que envió la Federación para el personal médico y enfermeras que atienden pacientes contagiados por COVID-19 no sirve para ese fin, coincidió el secretario de Salud [de Jalisco], Fernando Petersen Aranguren.

"Como el resto de los estados del país nos dimos cuenta de que ellos son de mala calidad. ¿Los devolveremos? La respuesta es por supuesto que no, pero tampoco vamos a dejar que estos equipos sean los que porten nuestros médicos y nuestras enfermeras que están a cargo de los pacientes".

Para este personal, la Secretaría de Salud Jalisco adquirió caretas, goggles de protección, mascarillas que cumplen con las normas internacionales y un traje de protección personal impermeable para evitar el contacto de gotas con el cuerpo, así como doble guante. El doble guante es necesario para que se puedan desvestir, pues es el momento en el que las personas del área de salud se pueden contaminar más fácilmente.

En cambio, el equipo que envió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es una mascarilla que sólo cumple la norma de su país de origen, pues tiene espacios que permiten fugas al inhalar; además no cuentan con goggles, las batas que entregaron no son impermeables y no protegen los pies, además de que los guantes son muy delgados.

Por ello, el equipo que llegó de la federación será entregado a personal de Salud que no tenga contacto con pacientes infectados por COVID-19, sino que atiendan en otras áreas.

El problema es que solo en lo que llevamos de abril, la tasa de mortandad pasó de 2.4 a 8.3%. Ello confirma que hay un gran subregistro de casos.

Sobre la base del factor de expansión del "modelo centinela" empleado por la Secretaría de Salud, el número real de casos en México sería superior a 600,000 casos.

La búsqueda insistente de ventiladores por parte del gobierno federal e instituciones de seguridad social tiene una explicación. Se sabe que la demanda de atención de cuidados intensivos ante el panorama de estos números va a superar la capacidad instalada.

En Jalisco, enfermeros y residentes denuncian que ahora su trabajo representa más riesgo, pero no se les compensa ante la emergencia sanitaria. Por ejemplo, un residente de pediatría en el Hospital General de Occidente, conocido como Zoquipan, destinado para los pacientes con el virus, señala que no hay protocolos adecuados en la recepción y derivación de enfermos, principalmente en las tardes y noches. "Si el paciente llega grave lo tenemos que recibir como residentes porque no hay adscritos de medicina en la noche... y es el turno más largo, donde más nos hacemos responsables de lo que suceda. Eso pasa en todas las especialidades. Somos la mano de obra barata del hospital, nos exponemos el triple y compramos nuestro propio equipo", sostiene el joven, quien pidió el anonimato para evitar represalias.

Una residente que también solicitó omitir su nombre concuerda en la falta de insumos. Dice que del hospital les dieron cubrebocas, pero los aditamentos -como gafas de protección, caretas o guantes- los compraron ellos, quienes gastaron mil pesos cada uno.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes publicó el pasado 16 de abril los resultados de la "2a. Encuesta Nacional de Médicos en Formación Expuestos al COVID-19", que documenta carencias principalmente en materiales y capacitación para el personal en formación.

Sobre cuántos trabajadores tienen el material necesario para ejercer su labor, 93% respondió que no lo tiene y 7% dijo que sí. Resaltaron que no hay áreas de aislados para pacientes infectocontagiosos, oxígeno portátil para traslado de pacientes, termómetros y bolsas de residuos infectocontagiosos.

Sobre cuántos encuestados han recibido capacitación para hacer frente a la contingencia, 89% comentó que no y 11% contestó que sí.

Por último, 54% consideró que ellos y su hospital o clínica estaban preparados ante la pandemia y 46% respondió que no estaban listos.

Un enfermero que trabaja en el área de COVID-19 del Hospital General de Occidente considera que hace falta una mejor administración en el manejo de la pandemia, ya los jefes dan órdenes distintas sobre un mismo tema y el personal se confunde.

Por ejemplo, subraya que unos les piden que usen mascarillas desechables y otros los cubrebocas N95, los cuales sí ofrecen protección contra partículas. "Hay material suficiente, pero no está siendo bien administrado".

Además de lidiar con burocracia, enfatiza, en las 3 semanas que llevan en el área han recibido otros aditamentos. Y cuidan mucho el contacto con los confinados. "El traje se utiliza para el contacto directo. Una vez que entras a ver al paciente lo haces con más cuidado".

Familiares de pacientes sospechosos de COVID-19 han hostigado y amenazado a trabajadores de la salud porque no pueden pasar a las áreas restringidas, comenta un residente del Hospital General de Occidente, conocido como Zoquipan. "A un compañero lo amenazaron con matarlo a la salida, a nosotros en piso también nos han amenazado", menciona un médico, quien prefiere no dar su nombre por seguridad.

Aunque ya han recibido agresiones con anterioridad, éstas se acentuaron desde el inicio de la pandemia.

El joven menciona que el protocolo establece que los pacientes con dificultad respiratoria deben enviarse a un área especial. En el turno de la mañana las derivaciones se realizan de forma correcta, pero en la tarde y en la noche, que es cuando más llegan usuarios, no cumplen con el criterio.

Eso propicia que se contaminen otras áreas, como urgencias, en donde se deben mantener a los pacientes aislados hasta que reciban el resultado de su prueba.

Para disminuir la exposición al virus, pide mejorar el cumplimiento de los protocolos y que se contrate más personal en áreas críticas.

Explica que el área destinada para el virus, ubicada en el 4o. piso, tiene médicos generales contratados para la derivación, aunque a veces no hay personal en todos los turnos.

De manera improvisada y sin las precauciones requeridas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) transformó en "hospital covid-19" el Hospital General de subzona 06 en Tecate, Baja California, lo que generó la protesta de enfermeros y empleados de intendencia, quienes carecen de capacitación, equipo y supervisión sobre su uso.

Denunciaron que ayer, sin el cuidado higiénico y de aislamiento, un área de ginecología y obstetricia se acondicionó para atender a pacientes sospechosos de coronavirus, poniendo en peligro a las pacientes madres o que están haciendo trabajo del parto.

"Se adapta un área en ginecología que no reúne los requisitos de aislamiento", dice un enfermero.

Otra lo secunda: "Es un decir que se acondiciona un área porque pusieron unos plásticos como de bolsa de supermercado con unos types (diurex) que están papaloteando, y el virus sabemos que es respiratorio, y es un paso por donde nosotros tenemos que ir a trabajar".

Uno más suelta: "Ayer que pasaron a pacientes al área de ginecología y obstetricia, simplemente los pusieron ahí, y en esa zona ni siquiera le pusieron el plástico. ¿Cuál protección?".

Otra de las enfermeras describe que, más peligroso aún, recibió a una persona vulnerable ante el covid-19 y tuvo que trasladarla por el pasillo que lleva a enfermos o sospechosos del coronavirus.

"Yo acabo de pasar a una paciente en trabajo de parto por ese pasillo. No es justo. Y ahí son 2 vidas, la de la madre y la del bebé que están exponiéndose", relata.

Trabajadores de intendencia y enfermeros detallan que, sin aviso, la noche del domingo "hubo movimientos con pacientes que no sabemos si están contagiados o no", pero el hospital fue reconvertido a "covid".

El reclamo de los empleados es que no cuentan con cubrebocas -sólo las donadas por grupos religiosos de la localidad-, no hay overoles y tampoco les han dicho cómo usar lo que tienen.

"Una de las situaciones es que los compañeros enfermeros y de intendencia están hasta 12 horas dentro del área donde están atendiendo a los pacientes. El sindicato está adentro con los directivos de este hospital, a los cuales vamos a responsabilizar por cualquiera de nosotros que enferme".

"Ya tenemos varios compañeros que están enfermos y, sin embargo, todavía se siguen lavando las manos los directivos y ahorita están en junta con los del sindicato. Está bien, que se arreglen, pero la manifestación es con nosotros", comenta otro.

Detalla que han tenido 3 enfermos -uno de ellos un médico que ya fue dado de alta-, además de una clínica laboratorista que ha dado positivo a covid-19, más 9 que están en calidad de sospechosos.

Y ello porque -añade- antes de realizar los movimientos del domingo en el nosocomio, los trabajadores quedaron expuestos, pues cuando les llegaba un paciente lo tenían que enviar a Tijuana, pero debido a la gran demanda "nos estamos quedando con los pacientes".

En cuanto a los médicos, subraya, el internista que atiende otro tipo de afecciones es el mismo que termina revisando a los pacientes sospechosos o confirmados por covid-19.

En febrero, a Patricia le aplicarían una inyección para tratar la osteoporosis, que padece tras las quimioterapias recibidas en su tratamiento contra el cáncer de mama. Sin embargo, denuncia que el Instituto Jalisciense de Cancerología no tenía el fármaco, cuyo costo en lugares privados supera los 13,000 pesos.

No es el único caso. El área de Almacén y Farmacia confirma que hasta el 1 de abril de 2020, el abasto de medicinas era de 50%; y en junio de 2019, de 70%.

Jaime Andrade, director del Hospital Civil, contesta que no hay desabasto, aunque acepta que es difícil conseguir algunos medicamentos [¿Entonces? ¿Qué entiende por desabasto este fulano? - pregunta el webmaster]. Acentúa que la asociación Nariz Roja proporciona los fármacos que no están disponibles en el país.

Patricia Ayala, quien se trata por cáncer de mama y tiroides en el Instituto Jalisciense de Cancerología, afirma que la situación del abasto empeoró con el cambio de Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"Con el Insabi no hay reglas, no se sabe qué medicamentos cubre, tanto en el Instituto de Cancerología como en el Hospital Civil... me atiendo en los 2. En el Civil separan las consultas, pero no saben cuáles se cubren. Ahora es muy estresante, no hay medicamento ni dinero que alcance".

Explica que cuando no hay medicinas buscan ayuda a través de las organizaciones civiles. Insiste que tampoco encuentra otros 2 medicamentos en el Hospital Civil Viejo, por lo que es una situación complicada. Asegura que ya envío escritos a otras instituciones gubernamentales y le responden que pida ayuda a las asociaciones civiles.

Indica que otros usuarios, quienes necesitan tomar los fármacos diariamente por sus problemas de salud, tampoco han surtido sus recetas de forma completa.

"Ahorita todo mundo está enfocado en el coronavirus... parece que los pacientes oncológicos ya se les olvidaron a las autoridades. Pero el cáncer no descansa, la gente está con la necesidad de continuar con sus tratamientos, pero sin recursos cómo los paga uno. Ojalá que nos ayuden en el gobierno, que no se les olvide que los hospitales de oncología necesitan de su apoyo".

Orlando Lim, quien padece linfoma, destaca que siempre han tenido problemas para conseguir los fármacos para su tratamiento, principalmente porque la enfermedad no entraba en el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Sin embargo, concuerda con que la situación empeoró en los últimos meses. Enfatiza que el pasado 31 de marzo perdió su quimioterapia en el Hospital Civil de Guadalajara porque no tenían las medicinas que se necesitaban.

"Del Civil me ayudarían, pero los medicamentos nunca llegaron... no se los llevaron. Los doctores intentaron, pero no pudieron hacer nada. Con el cambio al Insabi menos han podido conseguir medicamentos, parece que lo desaparecieron".

Ante la falta de abastecimiento, algunas medicinas las adquiere por fuera, pero en este año los costos "los subieron demasiado".

Detalla que, por ejemplo, el fármaco Doxorrubicina lo encontraba en 580 pesos y ahora cuesta 4,000 pesos.

"Y la Bleomicina subió de 600 a 2,800 pesos... la Vincristina pasó de 280 pesos a 3,000 pesos... y así. Ya postergué bastantes veces las citas de mis quimioterapias por la falta de medicamentos. Tengo cuatro hijos y la asociación Cómplices me ha ayudado, pero a veces ni ellos han podido conseguir".

Agrega que la llegada del coronavirus empeoró la situación, ya que todos los esfuerzos se van hacia ese rubro. "Es muy triste porque yo estoy esperando a que los medicamentos lleguen, me preocupa volver a recaer. Y peor con la gente que no recibe ningún tipo de apoyo y se está muriendo porque no hay medicamentos".

José Carlos Izaguirre, presidente de la fundación Cómplices A.C. de Jalisco, sostiene que aumentaron hasta 3 veces los costos de medicamentos oncológicos. Actualmente identifican 22 fármacos que no se consiguen en ninguno de los hospitales de la entidad. "Ni siquiera en los hospitales privados. Nadie da una explicación y los pocos medicamentos que hay están 3 veces más caros".

Sobre el apoyo gubernamental en la compra de medicamentos para personas con cáncer, dice que no sabe si los productos llegaron, ya que muchos jaliscienses les siguen solicitando ayuda.

La Licitación Pública Nacional IJC-SDA-CA-LPN-003/2020 para la adquisición de medicamentos para el Instituto Jalisciense de Cancerología contemplaba la compra de 268 claves de medicinas. Sin embargo, solamente se adjudicaron 141 claves a 8 empresas.

De las 127 claves que no se adjudicaron: 98 quedaron desiertas porque no se recibieron ofertas, 26 porque los aspirantes excedieron en 10% el precio promedio del mercado y 3 porque no cumplieron con los requisitos de las bases.

Debido a la falta de claves adjudicadas, el Instituto lanzó la Licitación Pública Nacional IJC-SDA-CA-LPN-010/2020 en una 2a. convocatoria.

Pacientes con cáncer y hemofilia salieron a protestar por el desabasto de medicamentos, el cual se agudizó a principios del año. Algunos manifestaron que tenían hasta 4 meses sin recibir tratamiento.

Al respecto, el Gobierno del Estado prometió que los apoyaría con su tratamiento en los meses de febrero y marzo, lo que significa una erogación de entre 4 y 4.5 millones de pesos. La Secretaría de Salud en Jalisco informó que la afectación se debía por retrasos por parte de la federación.

Miembros de organizaciones civiles reportaron que faltaban hasta 7 medicamentos oncológicos en el Hospital Civil "Juan I. Menchaca". Incluso, algunos pacientes recibieron tratamientos donados por organizaciones como Nariz Roja, quien recaudó medio millón de pesos para comprar medicinas.

Mientras que adentro de Palacio Nacional se declaraba la fase 3 de la pandemia por covid-19, afuera del Hospital General Tacuba del ISSSTE, decenas de médicos y enfermeros protestaron por falta de equipo de protección y protocolos para atender a los pacientes confirmados y sospechosos y denunciaron que dos médicos y una enfermera ya murieron contagiados del virus.

Alrededor de las 8 de la mañana comenzó la manifestación en las calles Lago Ontario y Golfo San Lorenzo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica el hospital dirigido por Juan Manuel García Hernández.

Ahí, personal médico denunció que en el inmueble no existen protocolos de cuidado ni un área de aislamiento para los pacientes confirmados con covid-19, sino que éstos son ingresados y atendidos en los mismos espacios que personas con otras enfermedades. Además de que siguen recibiendo a embarazadas y a personas con otras patologías.

También demandaron a las autoridades que hicieran pruebas al personal que ha estado en contacto con pacientes de covid-19, además de que les den material de protección, al menos 2 para cada turno, y que les tomen como riesgo de trabajo si contraen el virus.

Las carencias son tales en el hospital Tacuba, dijeron, que ni siquiera se tiene el material de limpieza para cumplir con las medidas de higiene necesarias para desinfectar las diversas áreas.

"Dr. García. Escúchame ¡Sin insumos me estás matando!", "El personal de salud está en la guerra y sin armas", "Ni un compañero menos, exigimos justicia","Destitución de las autoridades incompetentes e irresponsables", "ISSSTE: ¿Cómo proteges a tus derecho-habientes si no hay productos de limpieza? No hay: cloro, escobas, franelas, desinfectante, sanitas, jabón", fueron sus consignas.

Una mujer describió el panorama: "los goggles los tenemos que comprar nosotros, no nos dan el material necesario, no tenemos guantes suficientes. Los pacientes sospechosos los juntan con los positivos".

Acusó que todos, pacientes y personal médico, ingresan y salen por una misma puerta sin ningún cuidado para no contaminar esa área común. Mostró las caretas que les han entregado, que dijo, no cumplen con las medidas necesarias para protegerlos, por lo que ellos mismos han tenido que comprar las N95.

Peor aún, siguió: "Los pacientes están en el abandono. Hay un paciente de otorrino que ni siquiera el médico tratante lo ha ido a ver. Hay pacientes con apoyo ventilatorio que ni siquiera tienen bombas. Los pacientes están batallando allá adentro y las autoridades no los ven".

Aclaró que no se niegan a trabajar, pues están para ayudar a los demás, pero enfatizó: "No se vale que la autoridad ni siquiera nos da la cara".

Denunció que los trajes que les han dado son tallas extragrandes y que las botas se rompen al poco tiempo de uso, además de que en los vestidores hay sólo agua fría con la que se deben bañar, pese a que ellos terminan su trabajo sudados y calientes, lo que les podría afectar a su salud.

Los manifestantes contaron que el pasado domingo, Olga Blandina Hernández Muñoz, enfermera con 30 años de experiencia en el hospital Tacuba, quien trabajaba en el área de sanitización de material, fue contagiada por el virus en ese inmueble y falleció el domingo 19.

Agregaron que en días pasados, 2 médicos murieron a causa del contagio en ese hospital. Uno era del área de Pediatría y el otro fue identificado como Daniel Leglisse, del área de Urgencias. Varias enfermeras llevaban carteles con la foto de sus compañeros fallecidos.

Los manifestantes comentaron que, de las 3 víctimas, 2 no estaban en contacto directo con pacientes con covid-19, pero se contagiaron porque las autoridades no les dieron el material de protección necesario para protegerse.

Incluso, mencionaron que afuera del hospital Tacuba han sido víctimas de agresiones, pues no hay la vigilancia suficiente.

El viernes pasado publiqué a las 13:59 pm, en Twitter, que en la clínica 46 del IMSS, en Villahermosa, Tabasco, un paciente con Covid-19 (confirmado) se quería salir del hospital. Que había amenazado al personal con un tubo, por lo que tuvo que entrar la Guardia Nacional. Las fotos son claras, ¿o no?

Sin embargo y a pesar de la contundencia de las imágenes, la cuenta oficial del IMSS de Tabasco publicó a las 18:26 pm, que yo había difundido información falsa, pero no sólo eso, se atrevieron a publicar: "El #IMSSTabasco informa que el día de ayer en el HGZ 46, un paciente con resultado negativo a #COVID!), y con total mejoría de salud, decidió irse a su domicilio solo y bajo sus propios medios. Personal hospitalario conversó con él y en compañía de su familia se procedió a su alta".

Quiúboles, ahora los pacientes se salen por su gusto, en bata, sin zapatos ni ropa, y con tubo en mano. Jajajajajajaja. ¡Sean serios!

Acto seguido, comenzó la cacería de brujas entre el personal para averiguar quién me había filtrado la información. Una bajeza, por llamarlo de alguna manera, pues la obligación del IMSS, de su director general, Zoé Robledo, es proteger a su personal, no estarlos persiguiendo por decir la verdad.

Pues, aunque les cueste trabajo creerme (sarcasmo) en esa misma clínica hay un brote de Covid-19 entre los doctores, y la institución No quiere aceptarlo. De hecho, el 13 de abril mandaron una carta abierta al presidente López Obrador, a López-Gatell, a Zoé Robledo, a Arturo Olivares secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS y a la CNDH, entre otros, para denunciar que NO tienen el material necesario para atender la pandemia.

Hasta ayer, por parte de la autoridad sólo habían recibido promesas.

Déjenme contarles que hay 2 clínicas en Villahermosa con situaciones críticas. El Hospital General 46 del IMSS, cuyo director es Gabriel López Pereyra, y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 43, también del IMSS, cuyo encargado es el doctor Bocanegra, ya que la directora salió positiva a Covid-19 y se encuentra en confinamiento domiciliario.

El paciente con coronavirus que se salió, amenazando a doctores y enfermeras, pertenece al HG 46. Sus familiares presionaron para que se manejara como 'alta voluntaria', y para estos momentos se desconoce su ubicación, estado de salud y personas que ha contagiado.

Ahora bien, también es cierto que el IMSS Tabasco resguardó a los doctores que tuvieran hipertensión, obesidad o cualquier problema que pudiera ser un riesgo ante posible contagio del virus, por lo que solamente queda el 40% de los médicos trabajando. ¡Así como lo están leyendo!

Los doctores en servicio, hasta ayer no habían recibido equipo de protección personal (EPP), por lo que han tenido que comprar las mascarillas n95 que requieren o han buscado donaciones para las caretas de protección. Además, súmele que debido al riesgo que supone la falta de EPP, personal médico y asistentes se han negado a recibir o atender pacientes con posible contagio de Covid-19, incrementando el trabajo para la ya mermada plantilla laboral.

Por la falta del EPP es que iniciaron los contagios entre el personal médico y de apoyo, teniendo en la UMF 43, 11 trabajadores con Covid-19, lo que supone un brote serio y un riesgo para los pacientes que, pese a la contingencia, siguen asistiendo, incluyendo adultos mayores y embarazadas.

Si bien se han tomado algunas medidas como la desinfección, éstas han llegado muy tarde, argumentando falta de presupuesto. En otros casos, también en la UMF 43, no existe filtro para los pacientes, por lo que se mezclan en la sala de espera pacientes con sospecha de Covid-19, con pacientes que acuden a consulta general.

El martes, me dicen, falleció el doctor Sergio Félix, médico familiar de la UMF 43. Hasta las 21:28 de ayer martes no había información oficial, ¿será que lo quieren esconder?

¿Zoé, qué tienes que decir?

Preguntas para su conferencia de las 7 pm:

¿Cuántas camas en terapia intensiva con respirador conectado quedan por estado? O al menos en la CDMX, Edomex, Sinaloa y Tijuana.

¿Cuántos profesionales de la salud están infectados y cuántos han muerto?

Puesto que cuando llevábamos 5,000 y cacho de infectados, Gatell dijo que eran más de 500, siendo la tasa del 9.6%.

No es por ser contagiosa, pero de acuerdo con el periódico Vanguardia, en Coahuila al 16 de abril había 100 profesionales de la salud contagiados; representan el 46% de los casos del estado. En el IMSS Edomex, por dar otro ejemplo, al lunes había: 42 enfermeras, 3 laboratoristas, 60 médicos y otros 16, en total son 121 de los 877 contagiados; el 13.8%. Pues, en el INER donde el personal SÍ está protegido, sólo ha habido un infectado.

Ah, y la enfermera que llevaron a la conferencia del lunes dijo, claramente, que hasta el 8 de abril que llegaron los aviones de China hubo material para protegerse.

Zoé, no estaría de más que te leyeras el libro El arte de la guerra, en donde habla de liderazgo.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, reconoció errores en la estrategia inicial para atender contagios por COVID-19 en el Hospital General del IMSS número 7, en Monclova, Coahuila, donde, hasta el momento, se reporta la muerte de 5 médicos que contrajeron este virus.

Directivos del IMSS les han indicado a los internistas que traten el COVID-19 como si fuera... ¡meningitis, tuberculosis o neumonía!, en un acto de irresponsabilidad médica, ya que los protocolos médicos son muy distintos, explican. También les piden ignorar las certificaciones internacionales de sus equipos médicos básicos.

Y por la renuncia de médicos jefes de piso, se está dejando de atender a pacientes con coronavirus.

El incumplimiento de protocolos médicos. La irresponsabilidad e insensibilidad de algunos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La evidente falta de presupuesto por los brutales recortes ordenados por López Obrador al Sector Salud, así como la desaparición del Seguro Popular y la falta de eficacia del Insabi, se ha reflejado en un mayor número de pérdida de vidas de ciudadanos y en el trato inhumano hacia médicos y doctoras, enfermeros y enfermeras y al personal en general del IMSS a la hora de enfrentar el coronavirus (COVID-19).

Esta columna obtuvo comunicados y testimonios que reflejan las condiciones inhumanas y criminales con las cuales se están trabajando en varios hospitales del país ante el coronavirus. La situación es generalizada. El IMSS está colapsando, y ni el presidente ni el director, Zoé Robledo, han intentado siquiera evitar esta situación.

Ejemplos:

Hospital General Regional No. 1 del IMSS "Carlos McGregor Sánchez Navarro" Delegación Sur. CdMx. La denuncia es dirigida a varios funcionarios del instituto, encabezados por la titular de la División de Programas Educativos con Sede Centro Médico Nacional Siglo XXI, doctora Ana Luisa Munive Aragón. Guardamos la identidad de los doctores denunciantes porque temen represalias. La situación es de terror.

Extractos:

"Los residentes hemos hecho referencia –con evidencia científica– a las autoridades educativas y administrativas del hospital, que el equipo de protección personal que se ha otorgado es incompleto, insuficiente e inadecuado, que incluso no cuentan con la certificación de la CDC, NIOSH y los organismos pertinentes. Mascarillas NIOSH-TC-844616 a las que se les retiró la certificación. Ante esto, las autoridades argumentan hacer caso omiso a las certificaciones de la CDC y NIOSH, y que mientras sí esté autorizado por nivel central del IMSS, debemos hacer uso del mismo en atención a los pacientes COVID-19. Incluso se tuvo una junta con la doctora Stephanie Anaid Galván Hernández, epidemióloga del hospital, quien reconoció que el material no es el adecuado, pero es lo que hay".

¿Cuál ha sido la respuesta de los directivos del IMSS?

"La doctora Tzeithel Athenea Castillo Altamirano de manera reiterada, nos ha dicho que como residentes estamos obligados a la atención de pacientes de COVID-19… haciendo hincapié en que no debe existir diferencia alguna con respecto a medidas de infecto-contagiosidad, ya que previamente hemos tratado pacientes con meningitis, tuberculosis o neumonía...".

Continúa parte de la carta:

"El Dr. Arturo Hernández Paniagua y el Dr. José Omar Chacón Romero, director y subdirector médicos del HGR1 respectivamente, han manifestado a los médicos adscritos de Medicina Interna que los residentes estamos en la obligación de atender a los pacientes con infección por COVID-19, aceptando el equipo de protección personal disponible, sin tomar en cuenta su calidad, seguridad y certificación".

"En diversas ocasiones, principalmente en las guardias, se nos ha expuesto a personal médico adscrito y becario, por incumplimiento de protocolos de pacientes sospechosos por COVID-19, ya que por medio de gestión de camas han ingresado pacientes clasificados como casos sospechosos a la sala general, sin siquiera medidas de aislamiento estándar, exponiendo tanto a personal médico, de enfermería, servicios básicos y familiares presentes".

"Ante el contexto anterior, se ha intentado dialogar con los subdirectores médicos en turno para una mejor coordinación de ingresos a hospitalización, quienes de manera arrogante y prepotente han contestado -específicamente el Dr. Enrique Pérez Juárez-: 'Ya verán cómo les va en 2 semanas', en referencia a que el crecimiento exponencial de casos nos sobrepasará en algún momento".

"La doctora Rosa Betsabé Serrano Ostoa solicitó su renuncia a la Jefatura de Medicina Interna derivada del desacuerdo con autoridades por el incumplimiento de protocolos en cuanto al manejo y traslado de los pacientes con infección COVID-19 del área de Urgencias al área de hospitalización de Medicina Interna...".

"Se notificó la renuncia de la doctora Diana Ruiz Dangú, quien se vio orillada a esta decisión por la falta de apoyo de autoridades y directivos. Ella era el único médico asignado para la atención en fin de semana en 5º y 6º pisos con alrededor de 98 pacientes a su cargo, sin lograr que autoridades contrataran o reasignaran más personal médico durante los fines de semana".

Hasta aquí, la carta en poder de esta columna sobre el caos en el HGR 1.

Y más quejas sobre el HGR 1 o "Gabriel Mancera". Nos dicen vía telefónica que "está colapsando y tanto médicos como enfermeras se niegan a trabajar sin equipo adecuado. El hospital está en crisis". En tanto, las protestas públicas se multiplican a diario por la misma razón.

Vamos ahora a Zacatecas. Otra carta de médicos enviada al director del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Zacatecas, doctor Erik Eduardo Puch Ceballos, advierte: "El kit que nos proporcionan no cubre totalmente la cara, los goggles tienen perforaciones. La demostración que nos dio el Dr. Borrego de colocación y retiro del equipo de protección, no es acorde con las recomendaciones internacionales... el doctor Borrego contestó que, efectivamente, no es el kit ideal para la protección del personal, pero que es lo que el instituto proporciona...".

Es la pesadilla dentro de la pesadilla.

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Hasta hace unos días, se habían contabilizado 1,934 trabajadores del Sector Salud infectados por coronavirus a nivel nacional, de acuerdo al director general de Epidemiología, José Luis Alomía. La cifra ya llegaría hoy a más de 2,000.

"Durante día y medio no recibieron a mi abuelo (Heriberto de 84 años de edad) con posible coronavirus, en ningún hospital...", denunció la ciudadana Lizbeth Aguirre durante el noticiero de Azucena Uresti en MilenioTV el viernes pasado. En la línea telefónica, tras ser cuestionada por la periodista sobre este caso, la Secretaria de Salud capitalina, Oliva López, respondió: "Está creciendo el número de personas que requieren hospitalización. Por eso, el mensaje es quédense en casa y salven vidas (¿?)". Don Heriberto falleció el sábado pasado. Sin comentarios.

"El personal médico del Hospital General Regional No 72 en Tlalnepantla, Edomex, erogó en 3 semanas 35,123 pesos de sus propios bolsillos para hacerse de guantes, batas, mascarillas, cubre bocas, goggles y gel antibacterial para poder atender a personas con COVID-19". (Fuente: SinEmbargoMX).

"Francisco Brito Barrera, doctor neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social asignado al Hospital General Regional (HGR) número 17 en la región 509 de Cancún, falleció tras presentar síntomas de la enfermedad COVID-19". (Fuente: Milenio diario).

Son las tragedias diarias, de carne y hueso, en los días de la peste.

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López Obrador ordenó un recorte en el gasto del Sector Salud para 2020 por... ¡3,174 millones de pesos!, un 58% menos ejercido en comparación al 2019.

"Si no se tiene el medicamento, la enfermera o el médico o cualquier ciudadano, deben comprar el medicamento...", dijo AMLO desde agosto del año pasado.

Del sexenio de los corruptos, pasamos al sexenio de los miserables.

En el Foro Virtual de El Financiero realizado ayer, específicamente sobre salud, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa de Investigación de la Salud, puso el dedo en la llaga y no vendió falsos optimismos sobre medicamentos que curen o eviten el Covid-19: "Hay muchas noticias y poca información. Nada sobresaliente. Lo único que nos va a permitir remontar la situación es una vacuna, que no se ve en el corto plazo. La pandemia no se va a ir".

El doctor Alejandro Macías, quien fuera el comisionado contra la epidemia AH1N1 en la década pasada, también habló claro: "El virus llegó para quedarse. La única solución es la vacuna, y su hallazgo, pruebas y distribución van a tomar unos 3 años".

Para el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, es preocupante que en México se diga que tenemos pocos casos, cuando lo que hay son pocas pruebas.

"Tuvimos 3 meses para prepararnos y no lo hicimos. No se puso a funcionar el Consejo General de Salud y cada entidad federativa dictó sus propias normas, cerraron escuelas por su cuenta: no hubo rectoría del Estado".

Doloroso fue confirmar, en voz de los 3 panelistas que coordinó nuestro compañero Leonardo Kourchenko, que los enfermos están sufriendo de más porque tenemos un gobierno cicatero para gastos en salud.

"La respuesta de México en cuanto a preparación hospitalaria ha sido correcta, la falla ha sido de los administradores y economistas que no entregaron los suministros ni hicieron las adquisiciones... Ya es tarde para hacer compras y atender esta fase de la pandemia. Vamos a tener fases sucesivas (baja y sube la intensidad y el número de enfermos) y nuestra capacidad de atención médica es la más baja de la OCDE. Llegamos tarde y con recursos insuficientes. Apenas ahora se están contratando especialistas que se debieron haber contratado hace 2 meses", expuso el doctor Ponce de León.

Para el doctor Macías, "la pandemia nos dio 2 o 3 meses de gracia para hacer las cosas mejor, proteger al personal médico, y no se hizo... La capacidad hospitalaria es razonablemente buena, pero es precaria la situación en camas de terapia intensiva, ya que sólo contamos con 5,000 en todo el país, que es una cantidad ínfima. Y faltan quienes sepan manejar los ventiladores... Se hizo un uso muy pobre del excelente capital humano que tenemos en el sector Salud, porque no se le dotó de los recursos necesarios".

Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud, también coincidió en el diagnóstico: "Tuvimos tiempo para hacer compras adelantadas, preparar las terapias intensivas y adquirir respiradores, que han sido donaciones... La disminución del presupuesto al sector Salud el año pasado, fue un error... El INER atiende a 100 pacientes (terapia intensiva), pero no reciben el material necesario. Urgen recursos. Estamos entrando a la etapa más cruda de la pandemia. Hay que usar todas las camas y comprar los insumos para seguridad del personal médico".

También tocó el tema económico: "En paralelo a la medida de 'quédate en casa', hay que apoyar con un proyecto de ingreso alternativo a las personas. Salvar empleos es salvar vidas. En el país hay 11 millones de personas que ganan menos de 260 pesos al día. Hay que apoyarlos ahora que no pueden salir de su casa. En la Ciudad de México hay 17,000 salones de belleza: necesitan recursos".

Un dato adicional, agrego, a propósito de que no se ha gastado en salud lo que se necesita (los respiradores llegaron por beneficencia): ayer el presidente pidió fondos del sector privado y de la sociedad para adquirir más equipos de protección para médicos, enfermeras y trabajadores de la salud en esta emergencia. En paralelo a ello se anunciaba que Pemex, a lo que el gobierno sí le ha metido miles de millones de dólares, perdió, sólo en el 1er. trimestre de este año, 562,000 millones de pesos.

De acuerdo con el Centro de Información Geográfica sobre Codiv-19 de la UNAM, el cálculo real de los casos de Covid-19 confirmados en México oscilaría entre 176,000 y 265,000 y no los 22,088 contagios que reportó el gobierno federal en su conferencia del sábado 2 de mayo.

Los especialistas de la máxima casa de estudios obtuvieron esta cifra tras realizar la multiplicación del número de casos confirmados por los 8 que representa el Método Centinela, usado por el gobierno mexicano para vigilar el crecimiento de la epidemia.

Usando un factor de sub reporte de 8 sobre los casos confirmados de contagios dados a conocer oficialmente, el Centro estimó un mínimo de 176,672 casos estimados de contagio, pero al utilizar un factor de sub reporte de 12, estableció como "casos inferidos máximos" 265,000 casos.

El 8 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, admitió que debido al "Modelo Centinela" de vigilancia epidemiológica, que toma una muestra en 475 de las 26,000 unidades médicas, por cada caso confirmado habría 8 más.

Por su parte, el médico infectólogo Alejandro Macías Hernández consideró que en México existen al menos un millón de personas infectadas con Covid-19.

Durante la videoconferencia "Covid, las fases de una pandemia", organizada por el Colegio Nacional, Macías Hernández, quien fue Comisionado Nacional para la Prevención de la Influenza en 2009, insistió en que las cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias federales no son las reales.

"A mí me parece que es evidente que hay muchos más que los que está dando el cálculo del Estado", dijo.

En el marco del ciclo "Las fases de una pandemia", el especialista explicó con base en cifras oficiales de la Secretaría de Salud "al 30 de abril en México se reconocen 19,220 casos con alrededor del 10% de muertos, el gobierno federal ha estimado que esos casos habría que multiplicarlos por 8".

"Mi estimación es que habría que multiplicarlos por lo menos por 50. Aquí y ahora en México (el Covid-19) debe haber infectado a por lo menos un millón de personas", dijo.

El especialista cuestionó la cantidad de pruebas diagnósticas realizadas en el país "México ha hecho menos pruebas que Pakistán, menos que la India, y menos que cualquier país en desarrollo. Yo creo que ahí hay un pecado original en la manera de frenar esta pandemia. Se ha dicho que está bien (hacer menos pruebas) porque México tiene otro esquema, pero yo sí creo que la prueba de laboratorio es fundamental para que logremos controlar mejor esta epidemia, para que logremos volver a cierta normalidad y para que aprovechemos la gran infraestructura que tiene México en diagnóstico, que depende del INDRE y de los laboratorios estatales. Pero no sólo quedarnos el sistema Centinela", aseguró.

De acuerdo con las cifra de la Secretaría de Salud federal presentadas el sábado 2 de mayo, el país alcanzó los 22,088 contagios (1,349 más que el día anterior) y 2,061 muertes por Covid-19 (89 más), lo que representa un incremento de 6.5% en relación con los 20,739 notificados el viernes 1 de Mayo.

La Ciudad de México es la entidad con el mayor cifra de contagios acumulados con 6,013, de los cuales 1,805 son pacientes activos al haber presentado síntomas durante los últimos 14 días. Le siguen el Estado de México con 3,615, Baja California (1.582), Tabasco (1.076) y Sinaloa (1,076).

México se encuentra actualmente en la Fase 3 de la pandemia que es cuando los casos de contagios se cuentan por miles.

Según modelos matemáticos presentados por las autoridades sanitarias, México alcanzaría el 6 de mayo el pico máximo de la pandemia para después empezar a declinar, siempre y cuando se cumplan las medidas de mitigación vigentes.

Se acuerdan del brote de Covid-19 del que les platiqué se dio en el IMSS de Tabasco, y hasta el doctor Sergio Félix, médico familiar de la UMF 43 falleció. Bueno pues déjenme hacerles un reconocimiento a los doctores de la UMF 47, quienes donaron, sí, pagaron con su sueldo, una fumigadora para poder desinfectar su clínica. Pero, esto no es todo, además en la clínica 46 donde hubo el brote, hace unos días les informaron a todos los médicos que atenderán a pacientes Covid, sin importar si tienen o no los conocimientos o la experiencia para intubar. Lo peor es que los obligaron bajo amenaza y hostigamiento de correrlos si no le entran. Ojalá algún día el IMSS y las autoridades logren estar a la altura de su personal.

La contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, en México particularmente, ha permitido que, desde el principio de la misma, trascendieran las carencias y limitaciones del Sector Salud -y del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo- para proporcionar a su propio personal médico las herramientas, implementos, equipo, instrumental y recursos necesarios para atender a los derechohabientes. En ese sentido ha habido tanto declaraciones de médicos, paramédicos, enfermeras, enfermeros, camilleros y trabajadores, como manifestaciones en la vía pública, y aun retos como el que el personal de una clínica lanzó al director del organismo: "Véngase a trabajar nada más un día con nosotros, con el equipo que tenemos...".

Trabajadores de Infectología del Centro Médico La Raza "Dr.Daniel Méndez Hernández", en la Ciudad de México, bloquearon avenidas en protesta por la falta de insumos para hacer frente al coronavirus. Enfermeros y camilleros exigieron material suficiente y adecuado para protegerse mientras atienden a los pacientes. En Cuernavaca, Morelos, personal de enfermería del Hospital Regional 1 del IMSS bloqueó la principal vía de comunicación de municipios del centro con el oriente del estado para exigir equipo de protección.

El 29 de abril, a las 2 de la mañana, Jéssica Hernández publicó en Twitter un testimonio del angustiante peregrinar que ella y su familia padecieron a la hora de tratar de ingresar a su tío.

"@SSaludCdMx @Claudiashein desde las 16:00 de ayer estamos buscando hospital para que reciban a familiar con COVID, donde dice @Locatel_mx que hay lugar llegas y no, y donde sí hay no lo reciben por falta de médico para revisión, en INER sólo le dieron oxígeno para que aguante", publicó Jéssica en su cuenta de esa red. "Esto es negligencia, no puedes tener horas paseando a un enfermo que además es riesgoso para los demás por infección".

La crónica de ese padecer fue reporteada por Jorge Ricardo, de Reforma, y publicada el viernes pasado, cuando dio cuenta de que la odisea de los Hernández se dilataría toda la noche del día de la denuncia, y que el enfermo fallecería 15 días después.

Ese caso evidencia lo que el gobierno capitalino tiene que mejorar -mucho- en su esfuerzo por orientar a los que necesiten ir a un hospital para tratarse de este coronavirus. Y no es el único caso, Pablo Ferri ha consignado en El País (https://elpais.com/sociedad/2020-04-24/ciudad-de-mexico-se-asoma-a-los-limites-por-la-avalancha-de-casos-en-urgencias.html) otros testimonios, y está el de Jesús Sesma, quien denunció en Twitter que tenía a una persona enferma de Covid-19 deambulando por hospitales que lo rechazaban a pesar de que en la app o en Locatel les decía que había disponibilidad. En este caso el recorrido por nosocomios duró 7 horas.

Volviendo al calvario de la familia Hernández. Creo que si recurrimos a Google Maps entenderemos mejor la aberración de hacer desperdiciar a un enfermo un tiempo que pudiera ser crucial para su oportuno tratamiento.

Porque si descontamos los largos tiempos de espera que los Hernández tuvieron que hacer en cada parada, ver desagregada, en kilómetros o en tiempo, la desaforada ruta por atención médica, nos habla de una locura si lo que se pretende es una pronta atención.

Aquí el desglose de lo que hicieron Jéssica y su familia:
-Del Hospital Belisario Domínguez, Iztapalapa, fueron al hospital habilitado en el Centro Banamex, Miguel Hidalgo: 38.1 kms, 44 min.
-Del Centro Banamex, Miguel Hidalgo al Hospital Enrique Cabrera, Álvaro Obregón: 14.4 km, 23 min.
-Del Hospital Enrique Cabrera al Hospital INER, Tlalpan: 18.3 km, 28 min.
-Del Hospital INER, Tlalpan, al Hospital Pediátrico La Villa, Gustavo A. Madero: 29.7 km, 47 min.
-Del Hospital Pediátrico La Villa, al Hospital Ticomán, Gustavo A. Madero: 2.1 km, 7 min.
-Del Hospital Ticomán, Gustavo A. Madero de regreso al Hospital Enrique Cabrera, Álvaro Obregón: 23 km, 43 min.

En suma: 126 kilómetros o 3 horas 12 minutos de peregrinar buscando atención médica para terminar en un hospital, el 3o., que habían visitado.

Dicho de otra forma, es como sentirse mal en el centro de la Ciudad de México y acabar en un hospital de Atlacomulco, a 126 kilómetros de la capital, pero muchas horas después. Irracional por donde se le vea. Igual si de inmediato te dijeran que fueras a la cuna de Peña Nieto para atenderte, pues hasta en menos de 2 horas llegarías en cualquier vehículo normal.

Las apps, los sitios de internet, la orientación vía Locatel, etc., constituyen herramientas cruciales para dirigir adecuadamente al ciudadano en un momento de emergencia, sea por desastre natural o pandemia.

La condición es que esos métodos sean intuitivos y efectivos, como cualquier máquina expendedora de refrescos. Porque tampoco es que el internet sea, en plena pandemia, algo nuevo para la gran mayoría de los capitalinos. Y el Locatel ni se diga.

Pero si hay denuncias de que no funcionan, no es culpa de la gente, sino de quienes diseñaron y operan esas herramientas, que deben ser eficaces en el 100% de los casos si hay de por medio vidas humanas.

La ineficiencia del IMSS en los tiempos del Covid-19 se debe a que los titulares de áreas médicas: Borja, Peña Viveros, Lira y Arizmendi, hoy son jefes de escritorio.

La terrible historia que a continuación leerán comenzó cuando me la mandó quien hoy, para esta nota en particular, sería mi Fuente 1, y por la que empecé a investigar el tema.

Resulta que el día 16 de abril se convocó al personal médico 'administrativo' del IMSS para que acudieran de manera urgente a una capacitación al día siguiente, pues eran requeridos para asistir a 'supervisar' hospitales Covid. Sin entender por qué y sin atender a ninguna lógica, ya que ese tema le atañe al personal de atención médica del área del doctor Peña Viveros, NO al de administración, pero sabiendo que la indicación venía de parte del doctor Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS, todo el mundo obedeció la instrucción. La capacitación, sobra decirlo, fue escasa, de un par de horas, y el material que se les dio fue muy limitado.

El horror de esta 'ocurrencia' fue el fallecimiento del doctor Roberto Ruiz (descanse en paz), ginecólogo de quien todo el mundo me dice: no sólo era una eminencia, sino un ser humano espectacular y quien estaba a punto de jubilarse; nunca debieron exponerlo ya que pertenecía a la población vulnerable. Fue tan buen ginecólogo, que bajo su coordinación la muerte materna disminuyó como nunca.

Fuente 2: "Lo de la capacitación es común, se han hecho varias así y no es por la capacitación. Más bien no deberían ya ir a hacer supervisiones físicas, sino virtuales, pero nos siguen mandado a sitios donde hay brotes de Covid y les vale. Borja lleva directamente en sus manos esta muerte".

El doctor Borja, el genio de esta ocurrencia, es como les dije el director de Prestaciones Médicas y usted, estimado lector, lo ubica perfecto -no, no me levante la ceja-, déjenme recordarles que es el mismo que en plena conferencia de prensa NO supo los síntomas de Covid-19 y volteó al lado y preguntó: "¿Qué más?". Ahora bien, su justificación por la visita de tantos médicos de nivel central fue "que era para que las delegaciones se sintieran arropadas por el nivel central".

Fuente 3: "Zoé necesita escucharnos a los médicos de verdad, no a los que le mienten y sólo buscan su interés personal o lo meten en problemas. Personas de su equipo cercano, ya entendieron que parte de la problemática del IMSS está en la ineficiencia, falta de empatía y comunicación de los titulares médicos normativos con los que están en el frente de batalla en todo el país".

Y así mientras seguía investigando llegué con la Fuente 4, quien me dijo: "Hay una gran parte del grupo médico por todo este desmadre que no quiere cooperar, y con razón, pero eso empeora todo, de una unidad en promedio sólo la cuarta parte le entra a la pandemia".

Lo que a continuación leerán es aún más fuerte...

Fuente 4 y 5: "La CDMX está rebasada, y muchos no quieren ayudar por toda esta ineficacia del grupo que lidera a los médicos. Pues no a todos nos alcanza para comprar nuestros propios equipos de protección. El 'pero' es que ahora Zoé nos obligará a TODOS a entrar a la zona Covid. Lo amarró con el sindicato porque Borja y sus equipos no tienen ascendencia ni mando en el grupo médico". ¿Cómo?, pregunté. "Aquí está el documento, llévatelo y estúdialo", me dijeron.

Así pues, el 13 de mayo de 2020, la dirección de Prestaciones Médicas del doctor Borja, les escribió a los directores de unidades médicas de los 3 niveles de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social y palabras más palabras menos...

-Es "a todas luces" coercitivo y con los "considerandos" se justifican.

-Es un reconocimiento -de facto- de que están cortos de personal especializado.

-Contratarán a más médicos generales. "Los médicos generales sí están trabajando y saben que se contratan para Covid. Pero son médicos de apoyo que no toman decisiones, sólo ayudan. Aun así, no sé la cifra, pero muchos han renunciado porque les pagan bien poco": Fuente 6.

El inciso XII da los lineamientos para "equipos de respuesta para la atención de pacientes con Covid-19".

–Esto pasó el 13 de mayo, en la peor parte de la pandemia,

En virtud de lo anterior se dispone lo siguiente:

1.- Se ordena a todos los directores de las unidades médicas de los 3 niveles de atención a que instruyan a todos aquellos trabajadores del Instituto que sean susceptibles a ser integrantes de los denominados 'Equipos de respuesta para la atención de pacientes con Covid'... con el objeto de que se incorporen de manera inmediata a dichos equipos... con independencia de su categoría, deberán guardar estricta subordinación respecto a los líderes de los equipos referidos.

Zoé Robledo, ¿por qué no se prepararon? ¿Por qué están mandando a la muerte a los profesionales médicos?, como lo denunció el doctor Armando Rosales del HGZ 1 en Zacatecas: "Al instituto nuestra vida les vale madres. Compre lo que necesitamos... cada vida que se está perdiendo irá a la Corte de la Haya por Lesa Humanidad".

Senador Germán Martínez, tú viste venir este desastre, ¿qué pasó en el IMSS? Si bien no era todo perfecto, estaba mejor que hoy. ¿Qué hicieron en la 4T para darle en la torre en año y medio?

Justicia Igualdad Laboral
(19 de mayo de 2020).

No hay señales de que pueda desarrollarse pronto un medicamento que cure la enfermedad. Algunas vacunas muestran avances, pero es difícil que puedan distribuirse a nivel mundial en menos de 2 a 3 años. La inmunidad grupal, que ocurre cuando un porcentaje alto de la población genera anticuerpos, también está lejana.

Los países que más éxito han tenido con las políticas de confinamiento hoy se enfrentan a un problema paradójico. Sus poblaciones carecen de defensas naturales para el nuevo coronavirus. La reapertura abrirá, así, las puertas a nuevas oleadas de contagios.

Las pruebas son uno de los principales instrumentos para conocer y contener la enfermedad. Permiten identificar contagios, muchas veces son asintomáticos, y aislar a los portadores en vez de a toda la sociedad.

El gobierno de México, sin embargo, no solo no ha hecho las pruebas suficientes, sino que las rechaza. Xavier Tello, consultor en temas de salud, escribe: "Desde un inicio México adoptó la postura (o política) de realizar el menor número de pruebas posible... El subsecretario Hugo López-Gatell ha sido un enemigo férreo de estas, pese a evidencias y recomendaciones internacionales... La Secretaría de Salud ha negado permisos y registro sanitario a pruebas de PCR realizadas por grandes hospitales y cadenas de laboratorios de análisis clínicos, generando cuellos de botella, incrementos en tiempos de espera de resultados e incertidumbre".

El doctor López-Gatell ha rechazado también las mascarillas, que afirma no protegen de los contagios. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, sin embargo, ha cambiado su posición y hoy recomienda el uso de mascarillas de tela en lugares públicos o en situaciones en que es difícil mantener la distancia.

El confinamiento forzoso no ha resultado particularmente eficaz para detener la pandemia, como lo demuestran Italia, España o Nueva York; pero aplicarlo durante 2 o 3 años es condenar a la pobreza o al hambre a millones de familias. Debemos planear, así, una reapertura inteligente, con medidas de sana distancia, pruebas y mascarillas. El gobierno debe también hacer inversiones en el sistema de salud. El Covid-19 no se cura, pero un buen tratamiento y los respiradores pueden reducir la mortalidad.

Lo único que no podemos hacer es cerrar la economía durante varios años. El costo social sería inimaginable.

En México, como en el mundo, la lucha contra el coronavirus ha dejado un alto saldo de víctimas entre el personal médico. La falta de equipo ha sido señalada como causa común en el alto costo de muertes de aquellos que quieren impedir la muerte de otros, pero también mentiras de pacientes sobre su exposición al contagio -por lo que algunos países obligan a revisiones de pasaportes-. En México, que ocupa el lugar 13 de las naciones con más bajas entre personal médico, alrededor de 11,000 profesionales han estado infectados por el virus, y al menos 149 han fallecido. Si bien muy lamentables los decesos en ese grupo, la muerte en la línea de batalla es alcanzable a comprender -no justificar- para muchos.

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, el IMSS ha negado la atención a pacientes que van a consulta, tratamiento o a realizarse estudios de laboratorio que, según el personal del ingreso a las clínicas, no son urgentes, acusaron derechohabientes.

Marte vio interrumpida la atención médica que recibía por la insuficiencia renal. Ya estaba la orden para que le practicaran diálisis, pero hacían falta unos estudios.

Cuando fue a la Clínica 89 del Seguro Social, ubicada en Circunvalación Agustín Yáñez, para las pruebas laboratoriales, no lo dejaron entrar.

El argumento que le dieron, contó Juana, su esposa, fue que sólo estaban recibiendo casos de urgencia o con síntomas de Covid-19.

Regresó a su casa, pero su condición médica, ya deteriorada, se agravó. El lunes volvió al hospital y esta vez lo recibieron en urgencias porque tenía sangrados. Ayer murió.

Juana sabe que él estaba mal de salud, pero quizá, si el tratamiento hubiera seguido, todavía tendría a su esposo con ella.

"Si lo hubieran atendido, a lo mejor no hubiera pasado esto. No le daban las citas (para la diálisis) por la contingencia, no le hicieron nada, ya estaba hinchado, no lo mandaron a otro lado, solo nos dijeron que no", reprochó.

Pero no es el único, derechohabientes del IMSS denunciaron que, con la emergencia sanitaria, les han cancelado tratamientos o citas porque, según el personal, no son urgentes, y dan prioridad a personas con Covid-19 o síntomas de esta enfermedad.

Unos reportaron la suspensión de hemodiálisis, otros de una consulta con el médico general y algunos más de que no les dieron una cita.

Eso pese a que el Seguro Social tiene clínicas de referencia para el tratamiento del coronavirus como son el Centro Médico o la Clínica 110.

Además, aseguraron que hay desabasto de medicamentos, sobre todo para pacientes oncológicos, a quienes también se les ha negado la atención o se les deriva a clínicas particulares, pero en el teléfono que se les proporciona para dar seguimiento, no responden.

MURAL pidió información al IMSS sobre esta situación y aunque hubo atención para rastrear algunos casos en particular, hasta el cierre de la edición no había respuesta.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció en un comunicado que México enfrenta el desabasto de medicamentos para cáncer, por lo que importará fármacos desde Argentina.

Será la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) quien garantice que los medicamentos cumplan con los requerimientos de calidad necesarios, los cuales llegarán este lunes al país.

"El flujo y abasto de medicamentos oncológicos es un problema mundial y nuestro país se ha visto afectado ante la escasez que presenta el mercado nacional e internacional", señaló el IMSS.

El instituto aseguró que este cargamento proveniente de Buenos Aires le permitirá "abastecer sus almacenes y sus unidades médicas en los próximos días".

Apenas este sábado, el Colegio Mexicano de Oncología Médica (CMOM) denunció ante el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, que el desabasto de medicamentos para tratar diferentes tipos de cáncer se acentuó con la pandemia de Covid-19 en hospitales públicos y privados del país.

"Las claves de medicamentos que se encuentran en desabasto son la base para el tratamiento sistémico de Ia mayoría de las neoplasias (cáncer de mama, ovario, colon, estómago, pulmón, páncreas, vejiga, linfomas, tumores germinales, leucemias y síndromes mielodisplásicos por mencionar los más afectados)", dijo el CMOM.

Niños con cáncer enfrentaron otra vez desabasto.

El pasado 7 de mayo, Latinus informó que familiares de niños con cáncer internados o que reciben tratamiento en diversos hospitales del país denunciaron que continuaba el desabasto del fármaco ciclofosfamida, utilizado para las quimioterapias de los menores.

Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional de Mamás y Papás de Niños con Cáncer, alertó en entrevista que además "a algunos niños se les están alterando los protocolos (de quimioterapia) que a corto plazo no se pueden ver las reacciones, pero a largo plazo los niños pueden recaer".

En algunos centros se les está poniendo Ifosfamida, aseguró, un medicamento más viejo que puede traer un fallo y un daño cardíaco.

Señaló que, en lo que va de la actual administración federal, se ha tenido que denunciar por lo menos 10 veces el desabasto de algún medicamento de quimioterapia.

Al grito de "¡No me quiero contagiar!", trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) denuncian esta tarde que la dirección del Instituto les está solicitando reutilizar los cubrebocas N95 en la atención a pacientes con COVID-19.

Al manifestarse sobre Calzada de Tlalpan, frente al instituto, demandaron la presencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para dar atención a la problemática del personal.

Denuncian que, desde hace 3 semanas, se les dio la instrucción de que, al término de su turno, marcaran sus cubrebocas N95 con sus nombres y los guardaran en una caja.

El objetivo era sanitizarlos y volver a entregárselos para que los utilizaran en su siguiente jornada laboral, explicó el enfermero Alejandro Cabrera Hernández.

Además, reclamaron que se les están entregando batas quirúrgicas de algodón y no desechables, y se les está pidiendo que vuelvan a utilizarlas en sus siguientes jornadas.

La protesta de médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el corazón del combate a la pandemia de COVID-19, por falta de insumos básicos, es para alarmarse.

Si el hospital matriz para atender casos del nuevo coronavirus no tiene equipo y material necesario para el personal, ¿qué podemos esperar del resto de hospitales en el país?

Adriana Cervantes afirma que hace un año tuvo una experiencia desagradable y agresiva cuando dio a luz a su 3er. bebé. Eligió aliviarse en el Hospital General de Occidente (HGO), conocido como Zoquipan, porque en ese sitio tuvo a sus primeros dos hijos. Sin embargo, el día que comenzó con los dolores de parto no tenía camas disponibles, por lo que la enviaron al Nuevo Hospital Civil.

"Llegué a las 3 de la tarde. Traía principios de preeclampsia, visión borrosa y dolores. Pedía que me pasaran, pero ingresé hasta las 9 de la noche".

Explica que uno de los médicos que la atendió le dijo que la prepararían para realizarle la cesárea, pero ella le comentó que estaba programada para parto natural.

"Entonces me reclamó y me subrayó que mejor me hubiera aliviado en el Zoquipan. Se puso agresivo. Me dijo que tenía miedo de aliviarme normal".

Ella insistió en que la revisaran y vieran que sí había dilatado lo necesario para dar a luz de esa forma. Tras ver que la mujer tenía razón, la pasaron a labor de parto.

"En el momento que salió el bebé, el doctor estaba molesto. Se portaron muy agresivos. Me alivié a las 5 de la mañana. Subí a piso, pero pasaron las horas y no me daban a mi bebé".

Cuenta que se empezó a preocupar porque por más que preguntaba a las enfermeras no le daban motivos.

Su esposo subió a verla a las 3 de la tarde y le contó que no le habían avisado que la mujer estaba en trabajo de parto.

"Mi marido fue corriendo a los cuneros a buscar a nuestro hijo y por suerte estaba bien. No le dijeron por qué no lo subieron. Fue horrible, muy diferente al Zoquipan".

Acción y omisión

Maltrato. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) describe que la violencia obstétrica se genera en los servicios de salud públicos o privados. Consiste en cualquier acción y omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Puede expresarse en la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva, en tratos crueles o inhumanos, en abuso de medicalización, de forma que se disminuye la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.

Desigualdad. El Grupo indica que, en el país, la muerte materna es un problema de discriminación, pues afecta especialmente a mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades, que no cuentan con seguridad social. Uno de los objetivos en el país era disminuir un 75% los fallecimientos. "Si bien hubo una reducción de 45%, resulta insuficiente cuando observamos que todas estas muertes se deben a causas prevenibles".

Prevención. Acentúa que la muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica, por lo que se requieren cambios estructurales en el sistema de salud.

Hilda Argüello, secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, remarca que las muertes maternas evidencian la ausencia de unidades de cuidados intensivos y de equipamiento. También faltan especialistas que laboren en esas áreas especializadas.

Explica que el indicador de muerte sin atención en instituciones de salud puede deberse a que no hay capacidad de las clínicas para atenderlas, ya sea porque los hospitales están llenos o porque no cuentan con los insumos suficientes, o porque algunas embarazadas mueren en los trayectos hacia las unidades.

"Algo que siempre se aplica para el estudio de la mortalidad materna es aprender las cosas que sucedieron, para no repetirlo y prevenir. Si las mujeres no llegaron a recibir atención médica porque no tomaron la decisión a tiempo, si fallecieron en el camino, si no quisieron ir a una unidad médica porque llegaron y les dijeron que no había lugar".

"El acceso a los servicios de salud cuando se presenta una emergencia obstétrica es fundamental. Lo que vemos es que las principales causas siguen siendo la hipertensión durante el embarazo o la preeclampsia, así como las hemorragias. En otros países es muy raro que una mujer se muera por desangrarse durante o después del parto".

Acentúa que desde 1987 se reconoció que una de las estrategias es que las unidades de 1er. nivel tengan suficientes insumos, como soluciones intravenosas para poder estabilizar a las mujeres antes de trasladarlas a hospitales más equipados. "O muchas veces no les brindan ambulancias y la búsqueda de una institución se convierte en una responsabilidad individual. Hemos documentado que muchas veces es hasta la 3a. unidad médica, o más, que las atienden. Y esta historia es el pan de cada día con el COVID-19, desafortunadamente".

Durante las últimas semanas se ha cuestionado la certeza que ofrecen las cifras oficiales mexicanas sobre contagiados y fallecidos por la pandemia de Covid-19.

Uno de los análisis más sólidos a ese respecto, a mi parecer, es el trabajo de Mario Romero Zavala y Laurianne Despeghel, que apareció publicado ayer en el Taller de Datos de Nexos.

A través de algoritmos que exploraron en las bases de datos del Registro Civil de la Ciudad de México para el año actual y el anterior, y con datos del Inegi para el periodo 2016-2018, encontraron que hay un incremento sustancial en la emisión de actas de defunción en la Ciudad de México.

En el mes de abril, ese incremento fue 37% por arriba del promedio de los 4 años anteriores, lo que representa 2,429 actas más. Y para el mes de mayo, sobre la base de los datos registrados hasta el día 20, el incremento es de 120% con relación al promedio de los 4 años anteriores, lo que equivale a 7,395 más.

Pudiera ser que ese diferencial correspondiera a los fallecidos por Covid-19, reconocidos oficialmente o no, pero también a los que murieron por otros padecimientos, y que ante la saturación de los hospitales no recibieron la atención debida.

En realidad, para estimar el impacto global de la pandemia, no importa que el fallecimiento haya sido por una o por otra causa. El factor diferenciador este año es la pandemia.

En este momento, ya hay poco más de 9,800 fallecidos por arriba de los promedios de los años previos.

Si este patrón se repitiera en el resto de la República, es probable que la cantidad de fallecidos adicionales fuera algo así como ocho veces la cifra de los que se han identificado oficialmente como muertos por Covid-19.

Así que, los fallecidos adicionales en este año en abril y mayo, estarían en el orden de 60,000 en toda la república.

El sábado pasado, el presidente López Obrador calificó como bueno el desempeño de las autoridades mexicanas en virtud de tener sólo 57 fallecidos por millón habitantes, lo que implica una cifra más baja incluso que Alemania, país al que se ha ponderado por su buen manejo de la enfermedad.

Como tantas veces se ha comentado, la gran diferencia radica en que Alemania ha hecho casi 43,000 pruebas por millón de habitantes frente a las 1,702 de México, es decir, 25 veces más en términos relativos.

Si la cifra de fallecidos estimada que referimos antes fuera sólo por Covid-19, entonces estaríamos sólo por debajo de Bélgica, España e Italia en mortalidad relativa.

Probablemente nos enteraremos a ciencia cierta del impacto global que tuvo la pandemia hasta que hayan pasado muchos meses y se puedan analizar las tendencias de la morbilidad y la mortalidad con datos que no sean los reportes que ofrece la Secretaría de Salud por las tardes.

Los indicios parecen indicar que hay la intención de crear la imagen de que el problema es más leve en México en virtud de la forma en que se ha manejado la pandemia, aunque haya datos que cuestionen esa afirmación.

Según los manifestantes del lunes, 130 de los 2,400 trabajadores del INER ya han sido contagiados, 6 estaban intubados y 2 habían fallecido. Su protesta obedece a que el equipo de protección que se les suministra es insuficiente e inadecuado, y a que las autoridades, desde hace 3 semanas, les piden marcarlo al término de cada jornada de trabajo, "para esterilizarlo y así poder reutilizarlo", "por lo que diariamente -consideran- estamos arriesgando la vida".

A la manifestación se sumaron trabajadores de otras instituciones de salud; un enfermero del Centro Médico Siglo XXI, del IMSS, y trabajadores del ISSSTE que también participaron en la protesta, dijeron apoyar a sus compañeros porque ellos, en los suyos, tenían "las mismas carencias"; afirmaron que "las autoridades sanitarias nos están entregando equipo de mala calidad... y así es en todo el país".

Sus pancartas daban cuenta de sus quejas: "No al reciclaje de mascarillas"; "No al reúso de insumos"; "No es lo mismo EPP (equipo de protección personal) suficiente, que EPP adecuado"; "Quiero seguir salvando vidas, protegiendo la mía"; "Fiel a mi profesión, necesito de protección"...

Los manifestantes lamentaban que, al menos en este asunto, al no recoger sus inquietudes ni sumarse a sus reclamos, sus sindicatos no los representan, y repartieron volantes en que convocaban a "una gran movilización nacional de protesta"... para el próximo 1o. de julio.

Más allá de su elocuencia, algunas pancartas llegan al fondo de una de las facetas más dramáticas de la presente contingencia. Esta, por ejemplo: "No quiero un monumento; necesito equipo de protección"...

Después de todo, los trabajadores de la salud que fallecen quizá sean héroes... pero también son víctimas.

Papás de niños con cáncer comenzaron una huelga de hambre frente a la sede de la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir abasto de medicamentos oncológicos. Afirmaron que no se retirarán mientras el secretario, Jorge Alcocer Varela, no los reciba y les dé una solución.

Luego de clausurar simbólicamente la entrada principal de la SSa, los padres de familia acusaron que el desabasto de fármacos que son necesarios para las quimioterapias de sus hijos ha sido constante en los últimos 2 años, por lo que necesitan una respuesta efectiva.

"Nos siguen faltando los mismos medicamentos, ciclofosfamida, vincristina, daunorobicina, y ante la indolencia del gobierno federal para abastecer lo más pronto las quimioterapias, nueve papás decidimos comenzar una huelga de hambre indefinida frente a la secretaría como medida de resistencia civil pacífica para presionar a las diferentes instituciones y que lleguen los medicamentos", comentaron.

Los padres de menores que son atendidos en hospitales como el Infantil de México, el 20 de Noviembre del ISSSTE, el Centro Médico Nacional La Raza, sus familiares responsabilizaron al gobierno federal por cualquier daño a su salud como consecuencia de la huelga de hambre que ayer iniciaron.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, como la forma más efectiva de prevenir los contagios de COVID-19, romper las cadenas de transmisión del virus mediante pruebas de detección y posterior aislamiento del paciente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, refirió ayer que, ante el tamaño de la crisis sanitaria, emplear pruebas masivas en la población sería desperdiciar tiempo y recursos.

"No nos interesa porque es inútil, costoso e inviable aplicar una entrevista (o prueba) a todas las personas de un país", dijo durante una reunión virtual con senadores, donde añadió que "ningún país sabe exactamente cuántos casos tiene de COVID-19".

A lo largo de la pandemia, el organismo internacional ha insistido en que los países no deben dejar de "probar y aislar" para salvar vidas.

A pesar de todos los que siguen creyendo que el coronavirus es un invento, una manipulación política, económica y social, la crisis sanitaria también existe. Golpea al débil sector sanitario mexicano. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirme una y otra vez que estamos preparados y equipados, la realidad es que varios estados del país (Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco, Guerrero) observan con impotencia que su capacidad de atención hospitalaria está a tope o rebasada.

Las manifestaciones de médicos, enfermeras, personal administrativo y sanitario en clínicas y hospitales públicos son tan regulares como las cifras de contagio. Aparentemente, los actores políticos que ostentan el poder en los organismos sindicales en el IMSS y el ISSSTE se aglutinan en un movimiento de protesta que se hará público en unos días.

¡¿Cuándo le vas a dejar de mentir al presidente?!, estalló con voz firme la jefa de Gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum, contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en una reunión privada hace cosa de un mes, según me confiaron 2 personas que estaban presentes y me corroboró una 3a. fuente con acceso al contenido del encuentro.

La presión había subido demasiado entre ambos porque la información en poder de la doctora Sheinbaum mostraba que la situación del coronavirus en la zona metropolitana de la capital del país es muchísimo más grave de lo que informaba noche a noche el doctor López-Gatell.

A partir de este desencuentro que atestiguaron varios de sus colaboradores, se concretó la idea de que un comité científico -y no la palabra del subsecretario- determine el número de muertes en la capital del país.

Es muy probable que, por ser de gobiernos del mismo partido, tanto Sheinbaum como López-Gatell nieguen el encontronazo. Eso hacen siempre los políticos del mismo bando cuando se pelean, y ha sucedido en todos los sexenios. En el gobierno del presidente López Obrador hay también confrontaciones, y la que relato se ha dado por el manejo del COVID-19.

De hecho, cada vez más personas de los equipos del subsecretario de Salud y de la jefa de Gobierno relatan las diferencias entre ambos. En la Ciudad de México siguen surgiendo los testimonios de renombrados doctores que hablan de una situación de guerra en los hospitales, intensivistas que declaran que se les está muriendo demasiada gente, hospitales que reportan que ya no tienen ventiladores, imágenes de cadáveres apilados y embolsados, letreros de "pase por el cuerpo de su familiar antes de las 6 pm o no respondemos", fotografías de pacientes con coronavirus que esperan en una silla que se desocupe una cama, el dato oficial de que las funerarias están trabajando a tope de su capacidad y hay que esperar hasta 36 horas para cremar un cuerpo, gestores de actas de defunción que dicen que están teniendo el triple de casos que normalmente... y mientras, López-Gatell y López Obrador hablan de una curva aplanándose, domándose, bajo control, listos para la reapertura.

Estas enormes diferencias entre las cifras de muertos real y oficial, se han ido documentando contundentemente por la prensa nacional e internacional. Las cifras del subsecretario López-Gatell son cada vez más cuestionadas dentro y fuera del gobierno. Ya está claro que en la vida real hay muchas más muertes de las que reporta en su conferencia de prensa diaria Palacio Nacional. Cada vez son más especialistas -desde médicos hasta matemáticos- que, usando los datos del propio subsecretario, exhiben que lo que dicen López-Gatell y López Obrador sencillamente no es verdad, y que el número de muertos es el triple y el número de contagiados es 25 veces mayor.

Los modelos del gobierno mexicano fallaron. Anunciaron con una seguridad de interpretador de horóscopos que el pico sería entre el 6 y el 8 de mayo en el Valle de México y en unas semanas en Guadalajara y Monterrey; establecieron como rango de muertes entre 6,000 y 8,000 para todo el país, prepararon la reapertura con esos datos y el presidente cantó victoria al menos 3 veces antes de tener la presa en la jaula. Todo falló.

Lo que hoy sabemos a ciencia cierta es que lo que sabíamos resultó no ser tan cierto; que el modelo mexicano, basado en un sistema de vigilancia epidemiológica llamado "centinela" y en medidas de aislamiento social no coercitivas no dieron el resultado esperado; que, si bien no hemos tenido un problema de saturación hospitalaria, lo cierto es que 8 de cada 10 fallecidos nunca llegaron a terapia intensiva (El País, 4 de junio). Así las cosas, pareciera que el gobierno federal y los estatales se enfrentan a una disyuntiva: o dejan que el agua corra, inunde, destruya y sola regrese a su cauce, con la cantidad de víctimas fatales que se presenten, o toman medidas mucho más drásticas, entre ellas decretar un estado de emergencia o excepción que limite las libertades de los ciudadanos por la pandemia, como lo hicieron muchos otros países.

Conociendo al presidente y el temor que comparte con todos los gobernantes de pasar a la historia como represores, pero sobre todo ante la incapacidad del gobierno de tomar medidas de mitigación al impacto económico de la pandemia (por falta de voluntad, en parte, pero sobre todo porque no tiene mucho margen de maniobra), lo más seguro es que la política será administrar el caos y pasarnos a los ciudadanos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. La receta mexicana contra el virus no podía ser más surrealista y al mismo tiempo elocuente: no robar, no mentir y no traicionar, y que el dios al que usted le rece lo ayude.

Una hora antes de que comenzara la comparecencia de López-Gatell ante la Jucopo de la Cámara de Diputados, en El Financiero estaba el foro Tomando el Pulso a México. ¿Qué nos dicen las encuestas?, magistralmente moderado por mi compañero y amigo Javier Risco.

En dicho foro, Lorena Becerra, directora de Encuestas de Grupo Reforma, dijo que la mayoría de los ciudadanos ha reprobado la forma en que el presidente ha enfrentado el Covid-19 que, si bien tuvo un ligero repunte entre abril y mayo, fue porque la gente quería creer que el presidente podía manejar esto, pero la realidad lo está alcanzando por las cifras de muertes y contagios. Además, comentó que el presidente se ha empeñado en divorciarse de la realidad durante la pandemia. "Hoy estamos viendo un segmento donde él dice que no mentir y no robar te ayuda a no contagiarte del virus". También recordó cuando saco sus detentes (amuletos) como signos de protección y aseguró que sus dichos son "irresponsables".

Por su parte Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero, dijo que la percepción mayoritaria, 80%, es que todavía NO vamos de salida, contra un 18% que cree que sí. "Esto muestra una desconexión con el discurso oficial", es decir, la percepción es que el Covid-19 no está domado. Lo más fuerte vino cuando afirmó que el presidente está del lado minoritario de la gente pues les importa más la economía que el bienestar, y que prefieren que pare sus obras faraónicas y mejor apoye a las pymes.

Jorge Buendia, de Buendía&Laredo, explicó que pareciera que la realidad no ha hecho que AMLO modifique su forma de proceder, pues está convencido de que su punto de vista será apoyado por la población.

La comparecencia duró 4 eternas horas y López-Gatell una vez más defendió su actuar a pesar de que todos sus pronósticos han fallado.

Arturo Escobar, cómo coordinador de los verdes, se llevó sin duda la reunión, pero por el cinismo mostrado. Me explico, primero le dijo "el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, independientemente de las dudas que genera, de fallas en las predicciones, inclusive en los ejercicios matemáticos, lo que se ha hecho en esta pandemia al generar información, es inédito en este país, y yo se lo reconozco". Pero ahí no paró, después comentó: "A mí, el que estén algunos exsecretarios de Salud -por más que les tenga respeto- hablando "a toro pasado", creo que es absolutamente injusto... hablar de lo que pasó, o lo que se pudo haber hecho, desde una silla, desde la comodidad de haber sido el ex, creo que ni es justo, ni es lo políticamente correcto.

Varios de los ex secretarios que han alzado la voz como Narro, Chertorivski, Frenk o Córdova trabajaron con Fox, Calderón y EPN, y ojo, su partido el Verde, fue socios de ellos, pero como hoy lo son de AMLO, es a quien defienden.

Reginaldo Sandoval, del PT, dijo, qué hay quién quiere que el gobierno fracase vs el Covid-19, pero qué para él ¡van bien! Y qué lo que está mal es porque les dejaron un sistema de salud deshecho (neoliberales del PriAn) seguro no sé acordó qué López-Gatell, formó parte de ambos. Obvio, Mario Delgado no se quedó atrás y -redoble de tambores- "el virus de la farsa y la mentira ha infectado a otros partidos que quieren que regrese la corrupción y que el sistema de salud está mal por culpa del pasado, NO de ellos". Seguro se le olvidó que, como dijo Éctor Jaime del PAN, quienes le bajaron el presupuesto al sistema de Salud en el 2019 y 2020 fueron Morena y aliados.

Después le tocó el turno a René Juárez, quien desde mi punto de vista fue el mejor. Comenzó respondiéndole a Morena y a sus aliados: "Nosotros no le apostamos al fracaso del gobierno, sino al éxito de México. Subsecretario, ¿por qué cambian de parecer sobre el modelo centinela y el uso del tapabocas? nos dice que se aplanó la pandemia, pero ¡luego que no! ¿El gobierno hizo todo para proteger al personal de salud?". Pero esto no fue todo, -acomódese bien para seguir leyendo, el tono de la siguiente pregunta fue, por decir lo menos, seco, directo y ¡al hocico, ah no perdón!-, "Dígame, ¿usted le autorizó al presidente López Obrador, irse de gira?", ¡quihúboles! Y de ahí, se aventó con su resto "Presidente, le propongo con respeto convóquennos a todos para salir adelante. Es ahora o nunca, se está muriendo la gente".

En su siguiente intervención, López-Gatell, aseguró que tienen una súper relación con la Conago -carcajadas, sí ajá. "No hay discordia alguna, nos llevamos muy bien y le agradeció a Mendoza Davis, a los gobernadores del PRI, en especial a Del Mazo, pero del Goan (gobernadores del PAN) no dijo nada. Es obvio que no se llevan bien, los 8 gobernadores de -exclusiva, eh-, La Alianza Federalista que son: de Tamaulipas, Cabeza de Vaca; Coahuila, Riquelme; Colima, Peralta; Durango, Rosas Aispuru; Michoacán; Aureoles; N.L., El Bronco; Guanajuato, Sinhue, y Jalisco, Alfaro, le dijeron al día siguiente NO seguiremos su semáforo.

Como si entráramos a una realidad paralela, López-Gatell dijo que esas primeras planas que publicaron que ayer (miércoles 3) había sido el día de mayor mortalidad con más de 1000 fallecidos, ¡solo quieren confundir! Sin palabras. Dijo que la curva terminará hasta Octubre y que habría hasta 35,000 muertos.

Seguir sería irrelevante, pues la realidad los está poniendo en su lugar. Ante el cuestionamiento de René Juaréz contestó: "Que sí hicieron TODO para proteger al personal de salud". Aún así la tasa de contagios y letalidad es tan alta, que algo hicieron MUY MAL. "Que el presidente, es una actividad esencial", entonces no debe sorprendernos que continúe con sus actividades. Además, explicó que si salía de la zona más afectada en contagios, que es la CDMX, ¿por qué no debería irse al sureste?, si allá hay menos transmisión del coronavirus.

El 6 de junio habrá elecciones en 16 estados (la mitad del país) siendo las intermedias más importantes de la historia. Además, elegiremos o reelegiremos al congreso. ¿nos quedamos así o cambiamos? El poder está en Nuestro Voto.

En los últimos días han crecido las dudas fundadas respecto a que sean precisas las cifras oficiales de los contagiados, y sobre todo de los fallecidos, por Covid-19 en México.

En el Taller de Datos de Nexos, los autores del estudio "¿Qué nos dicen las actas de defunción de la CDMX?", publicado el pasado 25 de mayo, actualizaron las cifras al cierre del mes.

Mario Romero Zavala y Laurianne Despeghel nuevamente encontraron que existe una fuerte discrepancia entre los fallecimientos promedio de los últimos años y los que se han presentado en 2020. Además, detectaron que se puso un CAPTCHA para impedir que se hiciera uso de algoritmos para analizar las actas de defunción en el Registro Civil de CDMX y se obligó a que la consulta se realizara manualmente. Obviamente, se buscó impedir el análisis.

En el mes de mayo, esta discrepancia fue de 11,646 actas. Si se consideran los acumulados de marzo a mayo son de 14,516.

La cifra oficial de fallecidos por Covid-19 en la Ciudad de México es de 3,729 personas. Así que una de las hipótesis es que podría haber más de 10,000 casos de fallecidos por la pandemia en la CDMX que no se han reportado en la estadística oficial. Aunque, también podrían ser fallecidos por otras causas que no fueron atendidos como ocurría en años previos, por la saturación hospitalaria derivada de la pandemia.

Otra de las evidencias respecto a problemas con las estadísticas la ofreció el propio presidente de la república. El jueves pasado expuso en su conferencia mañanera un gráfico en el cual se presentaban los casos de fallecidos en la Ciudad de México en el periodo del 1 de abril al 3 de junio en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM). El número de los casos expuestos sumó 8,526 personas, mientras que las cifras oficiales de la ZMVM indican 4,322 para ese periodo.

Otra discrepancia se ha dado con los estados. Por ejemplo, ayer, el gobierno de Yucatán decidió mover su "semáforo" a color naranja, en virtud de que sus datos no coincidían con los del gobierno federal, que lo mantenía en rojo. Otros estados, como Baja California, Puebla o Jalisco, también han expresado en diversos momentos discrepancias con los datos de la Secretaría de Salud federal.

Las diferencias también se expresan en proyecciones distintas.

Ayer, se cumplió un mes de la fecha en la que -según lo dicho por el doctor López-Gatell- debimos haber llegado al techo de los contagios.

30 días después éste no se ve.

Algunos de los modelos acreditados que se utilizan a nivel internacional dan otras fechas. El muy conocido, de Youyang Gu, establece la 3a. semana de julio como la fecha estimada para ese punto máximo. En contraste, el modelo del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) no define un punto máximo aún y proyecta casi 52,000 fallecidos para el 4 de agosto. Es decir, habría cerca de 38,000 fallecidos más en los próximos 57 días.

Las estimaciones de contagiados y fallecidos no son un mero ejercicio estadístico.

El cambio en los colores de los semáforos regionales depende de la dinámica de la pandemia, por lo que un mayor retraso en la reducción de casos, y por tanto, una mayor demanda hospitalaria, puede prolongar más el confinamiento.

Dudo mucho que exista en el ánimo del presidente López Obrador, la disposición a alargar mucho más tiempo el encierro.

Creo que habrá una fuerte presión política desde el gobierno para abrir la economía, al margen de cómo vayan los contagios.

Lo que el presidente ha dicho es que si se salen de parámetro los datos... pues volvemos a cerrar.

Y, como se ven las cosas, creo que será el escenario más probable.

Abriremos, y tras el repunte de los casos, volveremos a cerrar, y entonces... llegará la 2a. ola.

Como siempre he dicho: espero en verdad estar equivocado.

En el hospital General Tláhuac y el de Especialidades Belisario Domínguez, en Iztapalapa, el personal médico está enojado por la presencia de los doctores cubanos que recibió el gobierno del presidente López Obrador. Se quejan de que les pagan más que a los mexicanos, trabajan poco, no tienen la capacitación adecuada y gozan de privilegios de alimentación muy superiores a los de los locales.

Estas son algunas de las denuncias que me hicieron llegar doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, así como personal administrativo, quienes por temor a represalias de sus jefes me pidieron guardar su anonimato:

1o. Llegan los médicos cubanos sin la preparación adecuada para ayudar en esta emergencia sanitaria, desconocen procedimientos básicos de enfermería, e incluso se niegan a cooperar en la realización de notas para los expedientes médico-legales.

2o. Se les compensa con un salario mayor al que los trabajadores locales tienen, además de que se les brinda vivienda.

3o. Se les ofrecen comidas extras que nadie más recibe y además tienen libre acceso a colaciones, dejando en muchas ocasiones al personal mexicano sin comida para la noche, cuando ellos cenan hasta 2 veces por persona.

4o. Oficialmente deben cumplir un horario de 24 horas de trabajo por 48 de descanso, pero en realidad no están activos las 24 horas de su función, no cumplen con el horario mínimo en áreas de cuidado y desperdician el equipo de protección, que de por sí está limitado para la atención a pacientes con coronavirus, pues se salen a las 2 horas de trabajar, en vez de quedarse entre 6 y 8 horas como todos los demás.

La presencia de los médicos cubanos ha sido altamente polémica en México. Según se ha difundido, aproximadamente mil doctores llegaron desde hace un par de meses. Desde que se anunció este programa de cooperación, el gobierno fue criticado por sectores que consideran que esto evidencia indeseables vasos comunicantes entre México y regímenes autoritarios. La molestia se profundiza ahora por las quejas del personal médico mexicano, que está enfrentando al virus en las condiciones más adversas posibles. Este fin de semana, El Universal publicó en su primera plana que en los hospitales Balbuena y Xoco existen denuncias similares ante la presencia de los médicos de Cuba. En esta columna se suman los casos de Tláhuac y Belisario Domínguez.

Trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se manifestaron para exigir equipo de protección adecuado para atender pacientes con diagnóstico de coronavirus. Denunciaron que las mascarillas que les estaban entregando no eran de uso médico, sino industrial, adecuadas para filtrar vapores de solventes y pinturas, pero que no eran aptas para estar en áreas COVID-19. Refirieron que los uniformes que les han entregado son para uso de pacientes, pues no los protegen de posibles contagios, no sólo de coronavirus, sino de otros virus y bacterias

Ayer se dio a conocer que la Secretaría de Salud no firmó el acuerdo para comprometerse a abastecer de medicamentos necesarios para la atención de niños con cáncer y hoy, como si no hubiera pasado nada, Andrés Manuel López Obrador se dedica a promocionar la entrevista que le hizo su intimo amigo y productor, Epigmenio Ibarra.

De acuerdo con un comunicado de los padres de niños con cáncer, aunque la SSa se negó a firmar el acuerdo, les permitió ver la disponibilidad de los medicamentos que hay.

Ahí, los padres constataron e informaron que de los 25 tipos de medicamentos necesarios solo hay 13.

Todo esto parece no importarle al mandatario que prometió luchar por el pueblo.

Las mascarillas sí sirven. Un estudio científico ha demostrado que su uso es "determinante" en las tendencias de la pandemia de Covid-19. "Esta medida de protección reduce significativamente el número de infecciones", según los investigadores.

El estudio lo realizó un grupo de científicos de la Universidad de Texas en Austin, encabezado por Renyi Zhang, con la colaboración de Mario Molina, el mexicano ganador del Premio Nobel de Química. El trabajo se publicó el 11 de junio en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

Según la investigación, el uso de mascarillas reduce de manera significativa los contagios, "en más de 78,000 en Italia de abril 6 al 9 de mayo y más de 66,000 en la ciudad de Nueva York del 17 de abril al 9 de mayo. Otras medidas de mitigación, como el distanciamiento social aplicado en Estados Unidos, son insuficientes por sí mismas para proteger al público. Concluimos que la portación de mascarillas es el medio más efectivo para prevenir la transmisión interhumana. Esta práctica poco costosa, en conjunción con una cuarentena simultánea de distanciamiento social y el rastreo de casos, representa la mejor oportunidad de detener la pandemia de Covid-19".

En México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cabeza del esfuerzo gubernamental contra la pandemia, ha sido escéptico ante las mascarillas, que los mexicanos llamamos cubrebocas. El lunes 27 de abril el funcionario reconocía que "una persona que tiene la infección debe usar el cubrebocas para evitar contagiar a otros", pero añadía: "Aún no hay evidencia científica sobre si las personas que no tienen la infección deben usar los cubrebocas como una forma de protegerse contra el coronavirus... De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, 4 de 6 estudios no encontraron que el uso de cubrebocas reduzca el contagio de infecciones respiratorias agudas".

Las autoridades sanitarias internacionales eran también reacias en un principio a recomendar el uso de mascarillas para la población en general, aunque desde el principio de la pandemia se advirtió que los países en que es habitual su empleo tenían tasas inferiores de contagios. Tanto el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos como la Organización Mundial de la Salud han cambiado ya su posición y recomiendan el uso general de mascarillas. El subsecretario López-Gatell lo hizo también en mayo pasado, pero solo como "medida auxiliar".

El estudio de Renyi Zhang y sus colaboradores va más allá y plantea que las mascarillas son el método más eficaz para evitar contagios. Quizá más importante es que plantea la necesidad de que los gobiernos tomen medidas basadas en la ciencia. La recomendación es relevante en un país en que la directora general de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, descalifica la "ciencia neoliberal" y aplaude la "evidencia científica" del decálogo del presidente para "salir de la pandemia", el subsecretario López-Gatell afirma que la "fuerza moral" defiende al mandatario de contagios y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirma estar protegida del coronavirus por nanopartículas de cítricos.

Hoy más que nunca es importante defender el pensamiento científico... que nos recomienda generalizar el uso de mascarillas.

En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, Erika Cervantes y su esposo recibieron la noticia de que su hijo Julián Franco, quien tiene 2 años y 8 meses, no será intervenido para retirarle un tumor del hígado (detectado en octubre pasado). El trasplante tampoco se realizará.

Erika reconoce que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), antes Seguro Popular, no cubre ninguno de los 2 procedimientos porque los servicios para este tipo de pacientes son cada vez más limitados.

"Se iniciaron los protocolos para el trasplante de hígado por si se abría una puerta en el Hospital Infantil de México, pero los doctores respondieron que era un 'Hospital COVID-19', que no se estaban haciendo trasplantes... sólo los más urgentes", que son decretados por la autoridad.

Debido a que no pueden esperar a que sea intervenido en un hospital público y el costo en un particular es muy elevado, buscan que primero se le haga la cirugía para el retiro del tumor.

Para lograrlo, están solicitando donaciones y reciben apoyo de una fundación.

Desde marzo pasado, a nivel nacional se suspendió el programa de trasplantes y tejidos. En el caso de Jalisco, hay 5,533 pacientes en lista de espera.

El secretario ejecutivo del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, Francisco Javier Monteón Ramos, declara que están a la espera de que se reanude el programa.

"La gente no sólo está falleciendo por COVID-19, también están muriendo jaliscienses en la lista de espera de un órgano", agrega el funcionario.

En el país, 21% de los casos de COVID-19 corresponde a personal médico. Hasta el corte de ayer sumaban 32,388 profesionales de la salud que dieron positivo al virus, así como 463 defunciones, informó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

Del total de casos en el personal médico, 5,276 son los activos, lo que significa que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden contagiar a alguien más en caso de no seguir las medidas de aislamiento. El 41% son enfermeras o enfermeros, 30% médicos, otros profesionales engloban 26%, laboratoristas 2% y dentistas 1%. Añadió que 29,603 o 91% recibieron atención ambulatoria, 1,295 requirieron hospitalización, pero se mantuvieron estables, 1,326 presentaron gravedad y 164 fueron intubados.

De las 463 defunciones, 150 ocurrieron en personal de salud que labora en la Ciudad de México y hasta la fecha hay 26 muertes sospechosas a COVID-19.

El presidente de la república ha renunciado a ser autoridad. Le da pavor ejercer el mando. A él le gusta la bravata, el navajazo, la pelea callejera y lo que sea desmontar, destruir algún tipo de institución que más o menos funcionara en el país. Fuera de eso, es incapaz de mandar a las tropas por una banda de criminales, de poner orden donde prevalece la anarquía, de organizar la atención en la emergencia y de asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. Solamente quiere cobrar, no sabe que también hay que pagar.

La decisión de dejar salir a los ciudadanos en medio de los picos más altos de la pandemia es solamente un anuncio más de que el presidente no tomará ninguna responsabilidad en lo decidido. En lugar de eso, transfiere la solución y la carga a los propios ciudadanos afectados. Que cada quien decida su suerte, el Estado no tiene que intervenir, el virus se paseará libremente por el país y, si ataca, la responsabilidad será del fallecido, una persona que seguramente no se cuidó, que no estuvo en el lugar correcto, que tomó una mala decisión sobre a dónde ir, un sujeto que no se enteró que todavía había peligro. Por qué la gente sale a las calles cuando el gobierno les dice que puede salir, pero que todavía no. Es clarísima la posición del gobierno. Para el ciudadano mexicano no hay Estado que auxilie ni que acompañe, sólo hay el que lo entierra.

La crisis de la pandemia ha mostrado al presidente en repetidas ocasiones desmarcándose de su trabajo. Lo hizo con los gobernadores, diciendo, en resumidas cuentas, que cada uno se las arregle como pueda. Esta manera de actuar tiene 2 efectos: 1, que él cuente con algún tipo de pretexto o justificación -que él mismo se otorgó- para no rendir cuentas, y 2, trasladar la responsabilidad a otros. De manera sistemática, la actitud del presidente respecto a la crisis del Covid-19 ha sido la de no cumplir con las sugerencias científicas. Sus palabras siempre fueron de desaliento para los que se disponían a cumplir con indicaciones. Muy al contrario, el presidente invitaba a salir de casa, a comer fuera, a darse abrazos, a certificar que "no pasa nada". Eso lo hemos visto también en otros ámbitos de la vida nacional. El presidente transfiere sus responsabilidades. Lo hizo con los empresarios y el SAT. En lugar de mandar a los investigadores, reprendió públicamente a los empresarios y pidió ayuda a los líderes empresariales para cobrar impuestos.

La inacción es uno de los puntales de este gobierno. Y le han encontrado varias ventajas, les permite hacer de la labor de merolico un oficio gubernamental. Hablar y hablar sin hacer es algo que sin duda distingue a la 4T. También les permite justificar la indecisión, pues siempre habrá algún culpable: los conservadores, la oposición, los medios, el crimen organizado, los empresarios, el virus.

El decálogo presidencial es una más de las muestras de ese abandono de las responsabilidades presidenciales transferidas a los ciudadanos. Se les pide que no consuman de más, que busquen orientación y tratamiento para sus vicios, que coman sanamente, que críen pollos y animales de patio y que consigan un alivio espiritual. Esto, que también suena a advertencia de cómo se van a poner las cosas en el corto plazo, refleja también la insana distancia que el presidente guarda con sus gobernados, la manera en cómo los deja solos con sus problemas, porque el presidente está para dar abrazos, contar chistes y dar clases de historia, no está para atender problemas. Así que, ciudadano, ya lo sabes: te vas a morir y será tu responsabilidad.

La metáfora de la dislocación del actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador no podría estar mejor representada que en los escenarios que monta su equipo de comunicación en las capitales que recorre esta semana. Mientras él urge salir a las calles y perder el miedo al covid-19, a su espalda está impreso sobre las mamparas "#quédateencasa". Como a él no lo ven, pero sí lo escuchan, personas de todo nivel educativo creen que la pandemia ya pasó o, como dice, está domada. Nada más falso. El presidente anima a la gente para salir porque necesita que la economía se reactive, ya que si no sucede en el plazo más corto posible, sus grandes planes transformadores se descarrilarán. ¿18 años en busca del poder, para que un miserable bicho le arruine el proyecto? De ninguna manera.

A López Obrador no le importa la vida de los mexicanos, sino dinero para financiar sus proyectos. La forma insensible como se refiere a quienes han muerto por la pandemia, con comparaciones con otras naciones y afirmaciones que hay países peor que México, permite que le aflore lo que realmente le importa. Obligar al zar del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell a que saque de la chistera el color naranja para pintar el semáforo epidemiológico de un día para otro en la mitad del país, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a que se trague sus palabras sobre la seguridad de los capitalinos, y empiece la reapertura de la capital, es patético e irresponsable.

¿Cuándo las cifras de muertos se incrementen, asumirán el costo por sus acciones? Algo inventarán, pero sus futuras trampas -como lo han hecho en situaciones anteriores-, no pasarán impunes. El miedo a López Obrador es superior al que se muera la gente por no plantársele. No hay evidencia alguna de que lo peor de la pandemia haya pasado, como asegura el presidente, ni garantía de que la covid-19 va de salida del país. La gráfica con la que López Obrador sustenta la recuperación mexicana es una farsa. No porque no exista esa gráfica, sino por el uso mañoso de la información.

López Obrador ha establecido como guía para la reapertura el mismo método que López-Gatell utiliza para colorear los semáforos epidemiológicos, regido por el número de camas de terapia intensiva. En efecto, pese al incremento sustantivo de camas de atención crítica -las "zonas cero"-, no se han desbordado, no sólo por la disponibilidad, sino porque tampoco se han saturado con pacientes. El problema, que no dice la gráfica del presidente, es lo que está detrás de los decesos.

Según la base de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el 81.9% de los decesos por covid-19 se han dado fuera de las "zonas cero", y el 13% de ese total, ha sido fuera de los hospitales. Si la capacidad de camas para atención crítica no se ha saturado, es porque ni siquiera han llegado a ser internadas 8 de cada 10 personas muertas por el virus. Un total de 13,820 personas, hasta el domingo, no habían tenido acceso a un ventilador mecánico. Y de ese total, 11,411, tampoco fueron atendidas en las unidades de terapia intensiva.

No son únicamente personas asintomáticas, sino también de quienes pidieron ayuda a la línea de emergencia y les dijeron que esperaran a tener los síntomas. López-Gatell llegó a pedir a quienes se sintieran enfermos que no acudieran a los hospitales para no saturarlos, salvo en casos de emergencia. ¿Cuántos de quienes le hicieron caso murieron como consecuencia de sus palabras? No lo sabremos.

Lo que sí sabemos, por los datos de Salud, es que la tendencia de ocupación hospitalaria está subiendo en 22 estados, y que los contagios crecieron en 76 ciudades -incluidas las 35 con mayor densidad de población-, coincidente con los pronósticos del Instituto para la Métrica de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington, que estima la saturación hospitalaria en México entre mediados de junio y mediados de julio.

La posición del presidente, secundado por López-Gatell, es que la gente se haga responsable de sus actos. En términos políticos, es la claudicación del gobierno a las políticas públicas, y se transfiere la responsabilidad a la gente, como si se viviera en la anarquía. Pero esta irresponsabilidad tiene una motivación económica. Desde la campaña, en este espacio se mencionó que López Obrador tenía 3 temores: un terremoto, Donald Trump y enfermarse. A Trump le ha concede todo para que no se moleste. Su salud ha sido cuidada notablemente, reforzando su sistema inmunológico, y aunque no ha enfrentado un terremoto, le cayó una calamidad similar, por cuanto, a impacto económico, la covid-19.

El virus lo noqueó en un principio, al que desestimó y acusó de ser pura propaganda. Se resistió a tomar medidas hasta que la realidad de la pandemia alcanzó a México. Entonces, sin planeación ni orden, paró la economía. La debacle comenzó. Tuvo en López-Gatell un vocero a modo con credibilidad en un principio -decreciente, reveló una encuesta de El Financiero-, para que acomodara la ciencia a sus ideas, igualmente sin planeación ni orden, lo que profundizó la crisis económica. No adoptó las medidas que siguió todo el mundo y, ante el mayor hundimiento económico, decidió, una vez más sin planeación ni orden, reabrir la economía.

La vida de los mexicanos no es importante para él. Lo importante es sacar adelante su proyecto personal. Si esto significará más muertes en las próximas semanas y una aceleración del contagio, ya le echará la culpa a la sociedad que no se cuidó. Pero la responsabilidad, de materializarse ese escenario, no es de la gente. Será de él y de sus testaferros. De eso, no hay duda.

Padres de niños con cáncer se manifestaron en las afueras del Centro Médico de Occidente del IMSS. Exigen se resuelva el problema de desabasto de medicamentos oncológicos para tratamientos pediátricos.

Las primeras estimaciones oficiales sobre el número de fallecidos por COVID-19 en México han quedado rebasadas (van el doble de muertos de Gatell, en el mejor de los casos), pero el tema no tiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una crisis, ni remotamente.

No es así, incluso, tras la publicación de un nuevo reporte que confirma, con una simple, pero original metodología, que la mortandad por la pandemia no sólo es mayor a lo que las autoridades reconocen, sino que los decesos ocurren por montones fuera de los hospitales.

El equipo de periodistas de Quinto Elemento ha documentado cómo, en la ciudad de México, se han registrado cientos de llamadas al 911 para reportar a personas fallecidas, con síntomas o presunción de COVID-19, en la vía pública.

Pero eso tampoco, otra vez, ha puesto a las autoridades surgidas de Morena en un predicamento mediático, ni en una tormenta de opinión pública. ¿Por qué? Porque AMLO sigue teniendo la capacidad para cambiar la conversación pública a su gusto: esta vez al plantear barbaridades como desaparecer el Conapred. Y todos caemos.

Así concluye una semana más, y mientras estamos a punto de llegar oficialmente a las 20,000 personas fallecidas por el coronavirus, y cuando no hay fin a la vista de la meseta de la pandemia en el Valle de México, con ascensos claros en otras regiones, todos hablamos no del desastre de las previsiones oficiales sino de la puntada/amenaza de López Obrador, quien dijo que sería bueno acabar con organismos como el Conapred.

Su ideal es que todo el personal médico tenga googles, cubrebocas, trajes quirúrgicos y caretas para combatir al COVID-19. Se trata de la iniciativa ciudadana "Ahora yo te cuido", creada por una médica y 7 miembros más.

El objetivo es recaudar fondos a través del sitio https://www.ahoratecuidoyo.org/donadores y poder comprar equipos de protección para personal de la salud que labora en instituciones públicas de Jalisco. A la fecha han recaudado 1'168,000 pesos y han entregado un total de 9,220 equipos de protección de un solo uso y 461 equipos de protección reutilizables.

Los hospitales que han sido beneficiados es el Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", el Centro Médico de Occidente, el Hospital General de Occidente (Zoquipan), el hospital regional del ISSSTE "Valentín Gómez Farías" y la Región Sanitaria en Colotlán.

Itzel Aguilar, responsable del proyecto explica que "todas las instituciones de salud se han visto rebasadas, buscamos dotar a personal que enfrenta el coronavirus y también dotar a personal de limpieza, porque aunque no estén en área COVID, no tenemos certeza que todos los pacientes de otras áreas estén sanos".

La iniciativa espera que la ciudadanía participe, pues en los últimos días las personas han dejado de donar. "Resulta muy curioso, ahora es el momento que más se necesita ayuda para combatir el COVID-19, pero ahora las personas han relajado las medidas y también las donaciones" relata Aguilar.

El equipo de "Ahora yo te cuido" espera recaudar 3 millones de pesos, para continuar con la entrega de insumos médicos, pues deben comprar material que es escaso y que por ello su precio es muy volátil.

Aguilar recuerda que la iniciativa también recibe donaciones en especie. "Si las personas desean que su material sea llevado a algún hospital en especial, el equipo de 'Ahora yo te cuido' lo gestionará. Si la gente nos quiere ayudar, nosotros ponemos el camino".

La iniciativa ciudadana planea hacer la próxima entrega de equipos de protección al área de cirugías del Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde" y a la clínica 46 del IMSS.

El 13 de junio, mientras México sobrepasaba las 17,000 muertes relacionadas con la pandemia y la curva de contagio del nuevo coronavirus no mostraba señal alguna de empezar a declinar, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó un video con lo que denominó un "decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad". El video, grabado en uno de los hermosos pasillos en el interior del Palacio Nacional, mostró una de las versiones más insustanciales de López Obrador. No hubo menciones de políticas públicas serias o nuevas medidas sanitarias para contener la pandemia, mucho menos algún anuncio de asistencia económica urgente. En vez de eso, López Obrador ofreció una letanía de banalidades.

En el video, el presidente sugirió que los mexicanos deben buscar tener "buen estado de ánimo" y mantenerse "optimistas". Deben "darle la espalda al egoísmo" y alejarse "del consumismo". Deben "defender el derecho a gozar del cielo, el sol, del aire puro". López Obrador también recomendó comer frijoles y maíz ("es una planta bendita") y le dijo a los ciudadanos que consideraran criar pollos en sus patios, una práctica que lamenta se haya perdido por "una malentendida modernidad". Para finalizar, dice, las personas deben buscar un ideal, "una utopía".

"Solo siendo buenos podemos ser felices", predica, haciendo pausas en cada palabra.

Este no ha sido su 1er. "decálogo". En febrero reaccionó a la creciente indignación contra la violencia de género con una lista similar que incluyó declaraciones como "se tiene que respetar a las mujeres" o "castigo a los responsables de violencias contra mujeres". Sin embargo, el sermón del sábado no debe desestimarse como otro simple y desatinado intento de reemplazar políticas públicas con demagogia. Detrás del consejo "respetuoso" de López Obrador al pueblo mexicano, hay una verdad más oscura: ha decidido dejar a los mexicanos a su propia suerte.

"Esto no debería ser una sorpresa. En los últimos meses, López Obrador abandonó por completo su responsabilidad en la lucha contra el COVID-19. De manera irresponsable le restó importancia a los riesgos de la pandemia, al igual que otros con actitudes populistas similares. También ignoró las normas más básicas de distanciamiento social e higiene. De un modo verdaderamente "trumpista", sigue negándose a utilizar un cubreboca, incluso cuando otros alrededor de él sí lo hacen (el zar del coronavirus en México, Hugo López-Gatell, también se ha negado de forma inexplicable a apoyar el uso de cubrebocas como una medida obligatoria). López Obrador desestimó el plazo de cuarentena establecido por sus propios expertos de salud para iniciar un conjunto de innecesarias apariciones públicas. Quizás bajo la impresión mesiánica de que puede terminar una pandemia por decreto, López Obrador ha anunciado repetidas veces el fin de la amenaza, aun cuando el número de casos en México sigue subiendo.

El domingo 14 de junio, en otro video, volvió a insistir en que el país había superado la pandemia. "Considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso", dijo, aun cuando los datos sugieren lo contrario. López Obrador parecía inmune a los peligros que enfrenta el país. Las personas, dijo, deben recobrar la libertad y seguir con sus vidas: "Como ya sabemos cómo cuidarnos (...) ahora vamos a poder salir a la calle y vamos a realizar nuestras actividades como siempre. Pero ya es un asunto de nosotros(...) Ya que no sean las autoridades las que nos den las recomendaciones".

La decisión de López Obrador de animar a los mexicanos a pasar la página cuando el virus sigue azotando el país es inmoral. Él sabe que el país está volando a ciegas. Las autoridades epidemiológicas han decidido aplicar muy pocas pruebas de diagnóstico. Los esfuerzos para el rastreo de contactos son apenas perceptibles. México incluso pareciera estar escondiendo crónicamente la cifra real de los muertos. Hace unas 2 semanas, cuando el país empezó a reactivarse, los propios expertos en salud del gobierno de López Obrador presentaron un sistema de alertas por colores para monitorear el avance. El 1er. día, solo un estado del país no estaba en rojo. Las cosas no están mucho mejor hoy.

López Obrador no tiene excusas para su impaciencia. Si estuviera realmente interesado en la recuperación económica, hubiera hecho más para ayudar a los negocios a soportar la tormenta. No lo hizo, y ahora millones de mexicanos están desempleados. Tampoco tiene ninguna urgencia política. Todavía falta un año para las próximas elecciones federales de México. Eso deja 2 posibilidades: o realmente cree que el país ha controlado la pandemia o de verdad cree en los poderes curativos del optimismo y los pollos de patio.

Desinformado o simplemente delirante, el presidente de México ha renunciado a la lucha contra el COVID-19.

¿Cuál es la situación actual de la pandemia?

En los últimos 7 días, Brasil se mantuvo como el país con el mayor número de fallecidos, al acumular un promedio de 1,142 al día. En Estados Unidos la cifra fue de 654; en India, de 582 y México se ubicó en 4o. lugar mundial con un promedio diario de 543.

En nuestro país, el número de casos activos no ha bajado. Creció a un ritmo de 2.9% diario para alcanzar 23,567 al 20 de junio. De persistir ese ritmo, terminaríamos el mes con 31,''' casos activos reconocidos oficialmente.

En México, a pesar de que en algunas entidades se ha ampliado el número de pruebas, seguimos como el país con el nivel más bajo entre el grupo de los 20 de mayor contagio en el mundo, con apenas 0.36% de la población estudiada. Somos el 2o. país con mayores resultados positivos de la prueba en este grupo con 35% positivos, sólo detrás de Brasil, y muy arriba de EU con 8.3%, o incluso 16% de Perú. Obviamente, este hecho deriva de que los exámenes se aplican casi únicamente a quienes tienen síntomas.

Todavía no está cerca el 'pico'. Como le comentamos en diversas ocasiones, los modelos de pronósticos usados oficialmente no han dado los resultados anticipados simplemente porque la información de contagios o fallecidos es deficiente. El mejor modelo, con información incorrecta, falla. El célebre modelo del científico chino Youyang Yu estima por ahora ese 'pico' hacia los últimos días de julio, pero con el máximo número de muertes por día en la 1a. semana de agosto y con un acumulado de fallecidos, que hacia octubre podría llegar a más de 100,000 reconocidos oficialmente en el escenario más pesimista.

Vivimos y vemos diariamente cómo cambia la información ante la pandemia por el Covid, pues estrategia, López-Gatell jamás tuvo. Los datos se van dosificando y cambiando para darle una explicación política, y con ello manejar el apoyo de la gente a sus erráticas decisiones.

Con escuchar "las mañaneras", sobre todo la de ayer, queda claro que para el presidente Andrés Manuel López Obrador la pandemia provocada por el coronavirus es cosa del pasado. O, por lo menos, es lo que quisiera: ya regresó a atacar a 'adversarios', a cuestionar a órganos autónomos, a lanzar una nueva campaña para que los mexicanos se "transformen" y coman sanamente, y a sus giras, ahora por el norte del país.

Pero todo esto sucede cuando llegamos, oficialmente, a más de 180,000 contagios, más de 22,000 muertos y con las respectivas curvas al alza. Además, los datos apuntan a que somos de los países con más casos positivos por pruebas realizadas. En cuanto a muertes, el domingo tuvimos nuestro 2o. día más alto como país -con 1,044 defunciones- y también fuimos, de todo el mundo, la nación con mayor número de fallecidos en un solo día.

Así que, si bien el presidente López Obrador siempre ha hecho fuertes apuestas, de las que generalmente sale avante, en esta ocasión ha hecho, quizá, la más arriesgada políticamente hablando: confiar en que por sí misma la pandemia se controle.

Además, es una jugada cara pues está apostando con la vida de otras personas. De salirle mal, podría traerle consecuencias político-electorales, pero también legales. Y es que cómo entender que con todo el país en zona de riesgo máximo él decidió reiniciar la apertura y visitar el sureste de México.

Esta semana se dio a conocer una nota que tiene más relevancia de la que parece: la empresa VW, por sus protocolos para regresar a la actividad, aplicó pruebas a 5,100 empleados para detectar Covid-19 y el resultado fue que alrededor de 100 de ellos dieron positivo.

Como prácticamente la totalidad eran asintomáticos, simplemente fueron puestos en cuarentena en sus domicilios y se hizo un seguimiento de su condición y de sus contactos.

Es decir, en esa muestra de una ciudad como Puebla, en donde viven la mayoría de las personas que fueron examinadas, la tasa de contagio fue de 2%.

Tengo testimonios de otras empresas manufactureras que han hecho lo mismo y la tasa de contagio no ha resultado muy diferente.

El criterio para la aplicación del examen no fue que hubiera síntomas de Covid-19, sino que el grupo al que se aplicaron los exámenes se construyó sobre la base de las personas que gradualmente van regresando a la actividad.

Si este porcentaje se pudiera extrapolar a todo el país, estaríamos hablando de que 2.56 millones de personas podrían estar contagiadas en este momento.

Supongamos que la extrapolación no ocurre de manera generalizada, sino sólo a la mitad de la población, la que habita las principales concentraciones urbanas, estaríamos hablando al menos de 1.25 millones de contagiados, de los cuales seguramente, como en la muestra referida, la gran mayoría son asintomáticos.

La aplicación de pruebas, en esta etapa de la pandemia, tiene 2 objetivos básicos.

El 1o. es contar con la mayor información posible a propósito de la enfermedad.

En México se ha privilegiado ante todo la ocupación hospitalaria como variable clave. En otros países se ha dado más peso a la evolución de los contagios para tomar decisiones.

Existe la percepción en el mundo de que en nuestro país el nivel de contagios e incluso de muertes es mucho más elevado que el admitido oficialmente.

El reportaje que aparece en la edición de The Economist de esta semana titulado 'Latin America opens up before it's ready', alude precisamente a casos como el de México. Subtitula el texto: 'Mexico's failure to contain covid-19 shows why the region is now the centre of pandemic'. El crecimiento de los contagios reportados como el que se dio a conocer ayer parece confirmar lo referido por The Economist.

The Washington Post presentó esta semana como una de sus notas más relevantes de la primera plana del periódico, el caso de la Central de Abasto y sus contagios.

La falta de pruebas y el hecho de que las decisiones que se toman no les den la relevancia necesaria a los contagios, pueden conducir a cometer errores fatales.

El 2o. objetivo es que la aplicación de pruebas, en etapa de desconfinamiento, permita la identificación de los contagios y desencadene las acciones para impedir su propagación al aislar a los contagiados y monitorear a sus contactos.

De este modo se puede conseguir que continúe la reapertura de la economía sin que haya una amenza de aceleración de los contagios.

De no realizarse esta tarea, es casi seguro que la reapertura vaya a conducir a más casos, dentro de los cuales habrá muchos asintomáticos o con síntomas leves, pero otros que sí requerirán atención hospitalaria y eventualmente cuidados intensivos.

Se ha generalizado la noción de que hay que aprender a vivir con el virus, en el sentido de que no se va a ir, ni tendremos una vacuna por muchos meses, y mientras tanto la economía no puede seguir cerrada.

Hay 2 maneras de abordar el tema.

La 1a. es lanzarse -como se dice coloquialmente- como 'El Borras', a la espera de que la suerte o la virgen nos ayuden a impedir una nueva oleada.

La 2a. es a través de un retorno gradual, con muchos apoyos del Estado, con el distanciamiento físico necesario, con las medidas de protección y con pruebas masivas para identificar contagios y controlarlos antes de que se propaguen.

¿Cuál de las estrategias estamos siguiendo en México?

Mejor no me diga.

El pasado 26 de mayo una mujer lanzó una petición de auxilio en un chat grupal. "El papá de un muy buen amigo está en etapa terminal de cáncer ya con mucho dolor y el Seguro Social le manda cita hasta el 1o.de julio... El señor ya está en agonía de dolor".

En espera de la cita, en el IMSS "le han negado el medicamento que debe tomar para calmar el dolor". Solo con la receta que le darían el 1o.de julio podía recibir las medicinas, pero vivir con el agudo dolor durante más de un mes era imposible.

Los amigos del chat empezaron a pedir apoyo para obtener las medicinas, Temgesic y Brospina, pero estas son controladas y no pueden venderse sin receta. La escritora Mónica Soto Icaza lanzó un llamado a través de sus redes sociales y consiguió que un cirujano del estado de Veracruz mandara por paquetería "parches de ese medicamento con una semana de duración" acompañados de la receta. El 19 de junio, sin embargo, todavía en espera de la cita del IMSS, el paciente "descansó y se acabó el sufrimiento".

Las dificultades para conseguir citas en las instituciones de salud pública de nuestro país no son nuevas, pero se han agravado considerablemente. La periodista Ivabelle Arroyo narró en redes sociales el 22 de junio: "Mi padre, con insuficiencia cardiaca reciente, no es recibido en el @ISSSTE_mx porque ahorita eso no. Ya llevamos 2 meses con tratamiento por fuera y necesita hospitalización. Cada día está peor. Hoy estuvo desde las 11 hasta las 6 en Cuernavaca pidiendo atención de un cardiólogo". Y añadió: "No es que lo manden a otro centro o incluso a otra ciudad. Simplemente ahorita no y hasta ahí llegan. Ni estudios ni nada... ¡Se quiere contagiar de covid para que lo atiendan!".

Sin embargo, tener Covid no es garantía de atención. Muchos pacientes que llegan a los hospitales con síntomas son devueltos a sus casas para mantener ahí el aislamiento. Ni siquiera se les hacen pruebas. El gobierno piensa que entre menos pruebas se hagan menos grave será la pandemia.

Las autoridades afirman que, con excepción de algunos centros de especialidad, los hospitales no están saturados. Pero esta supuesta suficiencia se ha alcanzado dejando de hospitalizar a muchos que lo requieren.

La saturación se refleja también en otros servicios. No hay sangre, por ejemplo, para las intervenciones quirúrgicas. Este siempre ha sido un problema, por lo menos desde que se prohibió la compra hace años, pero en los tiempos del coronavirus se han agotado las pocas aportaciones que había. Los donadores se han esfumado por el encierro y por el temor de acudir a instituciones de salud.

La precaria situación no es solo culpa de este gobierno. Llevamos años de recortes de presupuesto, pero el actual régimen ha eliminado el Seguro Popular, sin tener listo un sistema para reemplazarlo, y los copagos de pacientes en los institutos de salud, sin aportar recursos para compensarlos.

El presidente López Obrador, es cierto, tiene otros datos. "México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza, con la participación voluntaria, consciente de los ciudadanos -señaló el 9 de junio-. Esto no se logró en otras partes del mundo".

No parece, sin embargo, que hayamos aplanado ninguna curva; y si hay lugar en los hospitales, es porque se niegan los servicios a quienes los necesitan, o se les dan citas para después de su muerte.

En México aumentaron los contagios de dengue en el 1er. semestre del año. En el comparativo del 1 de enero al 15 de junio de 2019 y 2020, los casos positivos pasaron de 2,882 a 4,045. Y viene lo peor por la llegada de las lluvias y la proliferación del mosco transmisor.

Sin embargo, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) informa por Transparencia que tiene menos presupuesto para la compra de insecticidas. El año pasado ejerció 213.9 millones de pesos (MDP) en este químico para distribuirlo a las 32 entidades federativas, pero este año sólo ejercerá 192.3 MDP.

Los contagios tendrán un repunte entre agosto y octubre, y la actual incidencia adelanta escenarios complicados para Jalisco, Veracruz, Nayarit, Tabasco, Quintana Roo, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Morelos. El problema es que el Cenaprece también confirma que hasta el último día de mayo pasado no había ejercido un solo peso para distribuir insecticidas a los estados, por lo que las medidas preventivas dependen totalmente de los gobiernos locales. La federación desatiende este problema sanitario, que el año pasado dejó un saldo de 41,505 enfermos y 191 fallecidos en el país (Jalisco fue líder nacional con 11,727 contagios y 49 muertes).

Además, el año pasado, la Secretaría de Salud federal cerró diciembre con más de 268,000 casos probables de dengue (adicionales a los 41,505 confirmados), que estaban en análisis de los laboratorios. Sin embargo, inició 2020 y jamás actualizó los contagios comprobados. Así quedaron en el limbo los registros de miles de personas que acudieron a un hospital ante la sospecha de la enfermedad.

Lo anterior se demuestra porque en la 1a. semana de enero de 2020, la secretaría no reportó contagios, cuando debía continuar con el reporte o la confirmación de casos heredados del año anterior.

La Secretaría de Salud federal confirma 4,045 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 24 (mañana actualiza la información por cada entidad federativa). Esto representa un incremento de 40% comparado con los contagios documentados en la misma semana del año anterior.

De los 4,045 contagios en todo el país, 2,503 son por "dengue no grave", 1,183 por "dengue con signos de alarma" y 359 por "dengue grave".

La alerta es que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, aceptó que es posible que una persona pueda tener dengue y, al mismo tiempo, enfermarse del COVID-19, lo que representa un reto para el diagnóstico.

Al respecto, hasta el pasado 9 de junio se tenía conocimiento de solamente una persona en el Estado de Nayarit que presentó ambos padecimientos.

Refirió que, a nivel poblacional, puede representar un reto porque la fiebre es un síntoma cardinal de ambas enfermedades, al igual que el dolor de cabeza y del cuerpo.

Lo que puede ayudar en la valoración es que los síntomas específicos del nuevo coronavirus, como dolor de garganta o escurrimiento nasal, son menos frecuentes en el dengue.

Por su parte, en los casos del dengue, el dolor de los ojos es muy característico.

"Esto se puede volver un reto a nivel población. Ya nos pasó en la pandemia de la influenza durante 2009, donde tuvimos, particularmente en Jalisco, un enorme brote de dengue... el más grande que habíamos tenido". Por eso las medidas preventivas entre la población son fundamentales para evitar que se disparen las estadísticas en los dos padecimientos.

La Secretaría de Salud federal reporta que en la semana epidemiológica 24, con datos al 15 de junio de 2020, las entidades con más casos confirmados de dengue son Veracruz (846), Jalisco (701), Tabasco (382), Michoacán (318), Guerrero (257), Nayarit (243), San Luis Potosí (227), Quintana Roo (227), Yucatán (130) y Chiapas (665).

Aunque desde hace 2 semanas Jalisco se mantiene en ese sitio, los contagios registran un alza anual, ya que hay 429 personas más con dengue que en el mismo periodo de 2019.

También se registran 4,050 casos probables en la entidad.

Por tasa de incidencia, Jalisco reporta 8.38 casos por cada 100,000 habitantes, que lo ubica en el 5o. lugar. Esto significa un aumento comparado con las 2 semanas anteriores, cuando estaba en el 8o. lugar por incidencia.

Los municipios con una mayor incidencia son Zapotitlán de Vadillo, San Gabriel, Acatlán de Juárez y Jocotepec.

A nivel nacional, el grupo de edad más afectado son los jóvenes de entre 10 y 14 años, que son los que tienen más casos graves y no graves.

El año pasado, Jalisco reportó 11,727 personas afectadas por el dengue y 49 muertes a causa de esta enfermedad. Por eso se ubicó como líder nacional en la estadística.

Este medio publicó que en la entidad prevalecía el serotipo 2 del virus, que es más agresivo. "Nos estamos enfrentando a una nueva forma del virus, que durante los 10 años anteriores no habíamos tenido en el estado. La inmunidad que tenemos como población no nos protege del serotipo 2", explicó el año pasado Mario Márquez Amezcua, director general de Prevención y Promotor a la Salud en Jalisco.

Detalló que el serotipo 2 surgió en Sudamérica, luego se desplazó a Centroamérica y, en 2019, se asentó en México. "Anteriormente decíamos que el serotipo 3 era el más agresivo de los 4 existentes, y lo sigue siendo, pero actualmente el serotipo 2, además de darnos brotes epidémicos, nos está dando casos clínicos de evolución muy rápida y de atención médica inmediata".

De acuerdo con los datos actuales, en Jalisco hay 193 serotipos circulantes, de los cuales 13 son del tipo 1 y 180 son del tipo 2.

Luego de que familiares y niños con cáncer exigieran medicamentos oncológicos, el sub secretario de Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell minimizó el caso al asegurar que es una visión de unos cuantos.

Incluso apuntó que es una situación manejada por medios de comunicación que no quieren entender el panorama mundial sobre la baja producción de estos fármacos.

"Vemos un patrón donde algunos medios de comunicación quisieran no enterarse y utilizan experiencias puntuales para decir que hay un problema generalizado de desabasto", apuntó el funcionario federal.

La Asociación Nariz Roja difundió una serie de videos donde pacientes con cáncer y sus familiares piden medicamento para continuar con sus tratamientos.

El problema de desabasto ha estado presente desde el año pasado, al punto que organizaciones de la sociedad civil han tenido que comprar los fármacos para garantizar la salud de los niños.

Ante esto, López-Gatell señaló que hay estados, sin mencionar el nombre de éstos, donde el problema es local debido a los procedimientos que son lentos.

"Lamentamos que en algunos casos efectivamente el proceso ha sido lento y a veces en el nivel local, lo hemos dicho una y otra vez, existen malas prácticas que vienen de la cultura institucional de otros tiempos y se retardan las entregas de los medicamentos".

Pidió que quien conozca una situación así, la denuncie.

Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, calificó como absurda la respuesta de López Gatell, pues es bien sabido que la única manera de adquirir los fármacos es la compra en el extranjero.

"Los contratamos para hacer las cosas bien, deje de ampararse en el pasado, que por cierto en 10 años nunca estuvimos así de mal, nunca, ¿qué parte de No Hay Medicina no ha entendido? y con todo gusto se lo vuelvo a explicar", respondió Barbosa al subsecretario a través de redes sociales.

El director de Nariz Roja aseguró que los laboratorios de Indonesia y China no son los únicos que existen incluso el gobierno federal ha comprado fármacos en Argentina, pero lo que se adquirió es mínimo e insuficiente para las necesidades del país.

"Esto tiene desde enero del año pasado, el Covid no es culpable de esto, ustedes son los que dejaron de hacer las compras en tiempo y forma".

Retó a López-Gatell a publicar las compras de 2020 y decir dónde se distribuyeron ya que, según él, esto es problema de distribución.

"Quiero ver nos aclare el panorama que nos diga cuánto se ha comprado y por qué tienen cerrado Pisa quitándole la oportunidad a miles de personas de luchar contra el cáncer".

Durante la semana que termina, las autoridades de salud reportaron el mayor número de contagios de coronavirus desde que se lleva el conteo (números que, como sabemos, no están actualizados al día, sino con semanas de retraso). Con sismo y atentado, nos dicen, pasó desapercibida una gran contradicción entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López-Gatell: mientras el 1o. afirma que el pueblo mexicano ha dado un ejemplo al mundo de comportamiento ante el virus, López Gatell confirmó que las medidas no fueron obedecidas. Molesto por el recordatorio que se hizo en medios de comunicación porque en abril él previó un fin de la epidemia en la CDMX el 25 de junio, el funcionario afirmó que ese pronóstico sólo ocurriría si la gente respetaba el confinamiento. Es decir, el pueblo bueno y sabio no obedeció las medidas sanitarias y los 26,000 muertos y contando son su culpa, no de las autoridades de Salud que, dice la versión oficial, todo lo han hecho bien.

Durante la última semana, México ya ocupa el 2o. lugar mundial en el número de fallecidos promedio por día debido al Covid-19.

Brasil ocupa el puesto número 1 con un promedio de 1,006 muertos por día y México le sigue con 769.

A pesar del repunte de contagios en Estados Unidos, ya están en 3er. lugar pues su promedio fue de 594 muertos por día.

Esa coyuntura hace muy delicado lo que sucederá a partir de hoy en la Ciudad de México pues veremos un incremento muy importante de la movilidad.

De hecho, si usted ha tenido la ocasión de circular en algún vehículo en la capital en los últimos días, habrá notado que ya hay más autos circulando y es evidente también el incremento de las personas que se ven en zonas aledañas a las terminales de los camiones.

El gobierno de la Ciudad de México tomó la decisión de cambiar el semáforo epidemiológico de rojo a naranja debido a la reducción en los índices de ocupación hospitalaria.

De acuerdo con los datos del gobierno federal, el porcentaje de camas con respirador que están ocupadas es de 54%, mientras que de camas totales es de 64%.

No sabemos con exactitud en qué medida se vaya a incrementar a partir de hoy el contacto entre personas sin las medidas de seguridad correspondientes, como el uso del cubrebocas y la distancia física, pero es de presumirse que sí crecerá.

Y eso de manera inevitable conducirá a más contagios.

Muchos de ellos seguramente serán asintomáticos. Pero tal vez un 20% de los contagiados sí desarrollará síntomas y tal vez un 10% vayan a requerir hospitalización, como ocurrió antes del confinamiento.

El virus no va a desaparecer por magia. Va a permanecer hasta que no haya una vacuna que permita una inmunidad generalizada.

Si en México hubiera un estricto cumplimiento de los protocolos, tal vez el impacto de la apertura pudiera ser menor. Pero en una sociedad poco proclive a seguir las reglas, como es la nuestra, probablemente veamos una aceleración de los contagios y lamentablemente de las hospitalizaciones y fallecimientos.

Por la pandemia, esta vez no habrá un "AMLOFest" o una celebración masiva por los 2 años del "triunfo histórico democrático del pueblo de México". Pero quienes sí decidieron romper el confinamiento y la sana distancia son los trabajadores de hospitales públicos en Hidalgo, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero y Ciudad de México. Y es que hoy está previsto que salgan a las calles médicos, enfermeras y personal administrativo para recordarle al presidente López Obrador los maltratos en las instituciones públicas, los comentarios displicentes de los técnicos de la Secretaria de Salud y el poco caso que les han hecho para garantizarles protección y que puedan seguir en la 1a. línea de batalla.

El episodio saturó las redes sociales este 1o. de julio. La esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, publicó un tweet de celebración por el triunfo electoral de su marido: "Los ciudadanos -que somos los verdaderos guardianes de la democracia- logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas". Una persona llamada José David Guerra Muñoz le preguntó por la misma red: "¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta". La respuesta, sin embargo, no fue amable: "No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos".

Si bien Gutiérrez Müller ofreció después una disculpa, que muchos consideraron arrogante, la respuesta ejemplifica la falta de solidaridad del régimen con los niños con cáncer. El gobierno niega que haya desabasto de medicamentos oncológicos. El mismo 1o. de julio la Secretaría de Salud emitió un comunicado que decía: "se encuentra garantizado el abasto", "no se prevé ninguna escasez". Añadía: "De mayo a junio de este año, el Insabi distribuyó un total de 58,170 piezas de medicamentos oncológicos y para el mes de julio se tiene previsto entregar 137,000 piezas más".

Pero hay otros datos. La doctora Karen Rosales M. señalaba en Twitter: "Estimada Beatriz, yo sí soy médico, y ¿qué crees? Por más que lo intento, no puedo conseguir medicinas para los niños con cáncer". Xavier Tello afirmó: "Yo sí soy médico y por eso sé que el desabasto de medicinas es brutal y está golpeando a los que más necesitan. Hay que ayudar a los niños con cáncer".

Omar Hernández, padre de un pequeño con cáncer, me dijo ayer que el gobierno ha traído medicamentos en 3 vuelos desde Argentina, pero "no están en los anaqueles de los hospitales". El Hospital Infantil Federico Gómez, donde empezó el movimiento, ya "está 100% abastecido", pero no es el caso de muchos otros. "Mi hijo no pertenece a ningún movimiento -apuntó-. Tiene 11 años. Mi hijo no es la corrupción".

La escasez, tristemente, es política e innecesaria. Empezó cuando la Cofepris clausuró la planta de la empresa mexicana PISA que producía estos medicamentos. La razón es que el presidente López Obrador había acusado de corrupción a una filial, DIMESA, dedicada a la distribución, sin presentar pruebas.

El gobierno ha tratado de importar los medicamentos, pero no es fácil conseguir cantidades tan importantes en tan corto tiempo. En el 1er. trimestre de 2018 se adjudicaron fallos para la compra de los oncológicos hoy importados de Argentina por un monto de 230,191 piezas y 58 millones de pesos. En el mismo periodo de este 2020, solo se dieron fallos para 2,524 piezas con valor de 1.4 millones de pesos. Ni siquiera se está ahorrando dinero. El precio promedio por pieza en 2018 fue de 252.15 pesos; en 2020 es de 572.90, sin considerar el costo de los aviones.

En 2018 PISA proveyó 28.8% de los oncológicos que ahora se están importando de Argentina, pero en total hubo otros 12 proveedores. No había un monopolio, como ha afirmado López Obrador. En el 1er. trimestre de 2020 Sandoz proveyó 50.1%, INTAS Pharmaceuticals 0.9; el otro 48.9% fue de proveedores no especificados (INEFAM).

Es verdad que Beatriz Gutiérrez Müller no es médica y no tiene por qué atender a los niños con cáncer, pero la escasez provocada por el gobierno es una realidad. Se inició con la clausura de la planta de PISA; las autoridades no entendieron que comprar los millones de piezas que PISA producía era imposible. El resultado es que han dejado a muchos niños sin medicamentos.

Después de que este miércoles la Secretaría de Salud difundiera un comunicado donde aseguraba que había suficiente suministro de medicamentos oncológicos, la asociación "Nariz Roja" desmintió que los hospitales estén abastecidos con los fármacos para el tratamiento de niños con cáncer.

El director de esta asociación, Alejandro Barbosa, calificó como algo aberrante que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, justificara que no hay abasto de medicamentos en México porque en el mundo no hay materia prima para fabricarlos, sin embargo, la farmacéutica PiSA tenía estos elementos, pero fue cerrada por el gobierno federal.

"No había razones (para cerrar PiSA) y menos razones había para solicitar la destrucción de la materia prima que estaba resguardada diciendo Gatell que en el mundo hay escacés de materia prima. Eso es aberrante".

El gobierno federal cerró plantas de la fabrica de PiSA, debido a que incumplió en estándares de calidad en uno de sus productos, de acuerdo a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, Barbosa señaló que la materia prima estaba intacta por lo que es injustificado el cierre y el freno de toda la producción de medicamentos oncológicos.

Debido al desabasto de medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer, "Nariz Roja" tiene una campaña de donativos que ha recaudado en menos de 3 días más de un millón de pesos.

A este movimiento se sumó el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez, quien se solidarizó con los infantes y familiares que atraviesan por esta difícil situación.

Hablando de enfermedades, pesa sobre Jalisco una amenaza tremenda: el dengue. Lo vivimos el año pasado. Jalisco terminó en 1er. lugar con más de 11,700 casos y casi 50 fallecimientos. En ambos casos, los incrementos en comparación con 2018 fueron impresionantes: 442 y 820%. Fallas en la prevención, no reconocidas (jamás, alguien más tiene la culpa), arrojaron tales resultados y la cuestión es que ahora, en plena evolución de la COVID-19, los números hasta esta semana epidemiológica una vez más ubican a Jalisco en 1er. lugar a nivel nacional con importantes aumentos ya, en comparación con las mismas semanas del año pasado.

Tras la denuncia de la Asociación Civil Nariz Roja sobre el desabasto de medicamentos para atender a menores de edad con cáncer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) exigió a las autoridades de Salud que se garanticen los fármacos para los pacientes que lo padecen.

En medio de los reclamos de familiares de niños que padecen esa enfermedad y de pacientes que denuncian la falta de los fármacos para sus tratamientos, la Comisión solicitó que se realice una investigación para identificar cuáles son los medicamentos faltantes y demandó que se trabaje en el abastecimiento en las instituciones sanitarias que integran la Secretaría de Salud, los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ayer, mediante una manifestación en La Minerva y conscientes de la sana distancia, familiares y pacientes reclamaron los tratamientos para combatir su enfermedad, pues denunciaron los altos costos para conseguir las dosis por su cuenta.

A través de un pronunciamiento, la defensoría señaló que tiene el conocimiento de que se trata de una situación problemática que persiste a nivel nacional y que se presenta en los hospitales de los ámbitos federal y local.

La Comisión advirtió que a pesar de la emergencia sanitaria que atraviesa el estado, por la pandemia de COVID-19, no se debe olvidar que existen pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas que requieren atención en la misma medida e intensidad.

El organismo estatal reiteró que es indispensable tomar acciones inmediatas para que por ningún motivo se suspendan los tratamientos contra el cáncer, ya que son fundamentales para que los pacientes puedan mejorar su calidad de vida.

En agosto de 2019, la CEDHJ había emitido un posicionamiento en el que exigió el abastecimiento de medicamentos para personas con la enfermedad.

El desabasto de medicamentos contra el cáncer es un problema recurrente también para enfermos en otras entidades.

En la Ciudad de México, los padres de infantes enfermos han batallado durante meses para que sus hijos puedan acceder a tratamientos contra el cáncer, sin que se haya alcanzado una solución.

A inicios de enero, previo a la pandemia por coronavirus, los jefes de familia tuvieron una serie de reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob) para encontrar solución al problema del desabasto.

Al no alcanzar acuerdo, los papás de los niños con cáncer rompieron la mesa de trabajo que sostenían con funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), IMSS y la propia Segob.

Una de las razones que expusieron las autoridades federales el 11 de junio, es que a raíz de la pandemia de COVID-19, "se redujo el intercambio aéreo entre países y se frenaron en parte las cadenas de producción de estos medicamentos, factores que han implicado un retraso en el suministro de medicamentos adquiridos".

México superó el sábado a Francia en número de decesos, 30,366 frente a 29,896, y se acerca rápidamente a Italia, que tiene 34,854 muertos por el COVID-19, donde sus números van notoriamente a la baja, mientras que aquí van significativamente al alza. En número de contagios, México está en 8o. lugar con 252,165 casos acumulados, enfilándose a alcanzar al Reino Unido que lo supera por 34,249, pero cuya transmisión de infección está a casi la mitad de la velocidad en este país.

Los números en México no son los que son -perdón por la redundancia-, sino aproximadamente 2 terceras partes de la realidad que, de estarse registrando, nos colocaría probablemente muy cerca de Rusia o en el 3er. sitio de muertes y contagios en el mundo, detrás de Estados Unidos y Brasil, a quienes triplica, sin embargo, en la tasa de letalidad.

No se trata de una competencia ni mucho menos, ni jugar a la carrera de caballos para ver qué país avanza más rápido en su dramática corrida, pero ayuda a problematizar la insistente negación del gobierno y sus inútiles esfuerzos por rechazar que su estrategia contra la pandemia está fracasando. Se entiende, pero no se justifica. Corregir la estrategia sería reconocer que se equivocaron, y si nos atenemos a la conducta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, él nunca falla y menos aún se equivoca en sus decisiones.

Apenas el sábado, por citar el último ejemplo, Hugo López-Gatell minimizó el informe del Registro Nacional de Población que dice que por cada muerte reportada por la Secretaría de Salud, había un promedio de 2.3 que no habían sido registradas, de acuerdo con las actas de defunción hasta el 19 de junio. López-Gatell dijo que era muy difícil contabilizar los casos de personas que murieron en su casa o en la calle, rumbo al hospital, pero es una mentira. Según el Conacyt, que trabaja cerca de él, 10.55% de los decesos fueron de personas que no llegaron al hospital.

El subsecretario sigue hablando de números, no de personas. Pero aún en sus dichos se encuentran las fallas estratégicas. ¿Cuántas veces se han documentado los mensajes cruzados y los absurdos de la fe como antídoto para el virus? El resultado ominoso, como se ve en comunidades y calles, es que son palabras a las que cientos de miles han hecho caso. ¿Cuántas veces se ha hablado del subregistro? Tantas veces como López-Gatell lo negó hasta que la evidencia lo calló. ¿Cuántas veces han presumido que no hay saturación de hospitales como prueba de éxito? Bueno, si hubo subregistro, si miles murieron sin ser hospitalizadas, si nunca se hicieron pruebas para detectar el comportamiento de COVID-19 y al mismo tiempo se incrementó sustantivamente la capacidad de camas, la variable de capacidad hospitalaria es un sofisma.

A la demagogia irresponsable del presidente de hablar del carácter del mexicano como un muro que impide avanzar al coronavirus, se sumó la insensatez del científico, preocupado por no enfrentar el carácter violento y autoritario de López Obrador, en lugar de velar por la vida de los mexicanos. La estrategia de López-Gatell está colapsada, y tendría que ser llamado a cuentas para determinar su responsabilidad por los decesos y contagios derivados de su estrategia sanitaria, como está sucediendo en otros países.

La semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un ajuste radical en su gabinete, que incluyó la remoción del primer ministro Édourad Phillipe, a quien, inmediatamente después, al igual que otro despedido, el ministro de Salud, Oliver Véran y su antecesora Agnès Byzyn, empezó a ser investigado por la justicia para determinar su grado de responsabilidad durante el brote de la pandemia. 90 denuncias se presentaron contra Phillipe, de las cuales se han analizado 53 y 9 de ellas fueron admitidas para la investigación, bajo el único cargo, "no luchar contra un desastre".

Aquí, López-Gatell, se podría argumentar, luchó por el desastre con mensajes tales como no usar cubre bocas porque no servía para nada, o decir que la fuerza moral de López Obrador impedía que fuera contagiado. En Italia, donde no hubo estas estrafalarias declaraciones, la fiscalía de Bérgamo, la región más afectada, tomó la declaración del primer ministro, Guiseppe Conte, dentro de una investigación sobre el retraso del confinamiento de 2 municipios de Lombardía. Aquí, ¿recuerdan cuando el presidente pedía abrazarse y no dejar de salir cuando el contagio ya había comenzado?

El subsecretario avaló todo, en una falta de ética institucional que tuvieron, en cambio, 2 ministros de Salud en Brasil por discrepar con el presidente Jair Bolsonaro, que como López Obrador, minimizó la crisis. A uno, que lo enfrentó frontalmente, lo cesó; el 2o. le renunció por "incompatibilidad" con el ejecutivo. Pero López-Gatell, nos lo prueba cotidianamente, carece de esa dignidad. 1o. queda bien con el presidente, no lo incomoda ni contraviene, y después, lo que sea.

No está solo. Las mayorías de Morena en las cámaras están igual y frenarán cualquier intento de investigación. La forma como lo han tratado en sus comparecencias y permitido su insolencia e irrespeto por un poder del Estado, refleja el enanismo legislativo y la impunidad con la que se siente el subsecretario. Del poder judicial tampoco hay que esperar nada mientras siga su presidente apologista del proyecto de López Obrador -a cuyo equipo le debe el puesto-, que frenaría eventuales demandas, si se siguiera el ejemplo de Francia. Es decir, institucionalmente no hay mucho que hacer, porque los espacios de los contrapesos fueron colonizados por López Obrador.

Investigar a López-Gatell es un objetivo que debe seguir impulsándose, aunque el Estado no esté funcionando. Hay que pujar por la responsabilidad institucional de instituciones que quieren convertirse en bananeras.

Además de la pandemia de COVID-19, seguimos teniendo un severo problema de dengue, en todas sus formas. Y de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, a la semana 25 de este año había un 37.5% de más casos respecto de los reportados el mismo periodo de 2019; así como 22.35% más casos de dengue con signos de alarma y 27.5% más casos de dengue grave; asimismo, los casos de sarampión siguen reportándose, llegando a 1,853 contagios confirmados en la semana señalada.

Por otro lado, llama poderosamente la atención que se han reducido significativamente las detecciones de casos de diabetes, hipertensión o intoxicación aguda por alcohol; y aunque no se tiene evidencia completa, esto se debe, no a una mejoría en las condiciones de alimentación de las personas o la erradicación de las adicciones, sino porque es muy probable que la gente no esté acudiendo a los servicios médicos por temor a contagiarse con el nuevo coronavirus.

Impecable carta del Dr. Javier González Maciel, reconocido cardiólogo del Hospital General de México, dirigida a López Obrador.

Hoy en día existen en México 2 eminencias para hablar del Covid-19: hablo de los doctores e infectólogos Francisco Moreno y Alejandro Macías. Y déjenme decirles, aunque no están para saberlo, que a López-Gatell ya le dicen López Choricell, ¿por qué será? Sin chiste alguno, el subsecretario debería, por ética y por mostrar algo de principios y valores básicos, renunciar y rendir cuentas por los 268,008 infectados y 32,014 muertos. Su soberbia es criminal.

Por cierto, ¿vieron el tuit que subió Martí Batres?, que decía "Estas son las gotas de nanopartículas de cítricos de las que habló hace unos días la secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero. Son una creación de científicos mexicanos". Tuit por el que el doctor Macías contestó: "Señores políticos, favor (de) dedicarse a su trabajo y no a promover productos milagro. Dañan a la población a la que se supone que deben servir". Y ante muchas preguntas de los usuarios de Twitter sobre las nanopartículas para prevenir el Covid, siempre ha contestado: ¡Nanopatrañas! Cómo dirían en mi casa, ¡duro y en el hocico! Ah, y también ha asegurado que el dióxido de cloro no sirve para el tratamiento del Covid-19, pero tampoco sirve para el tratamiento de absolutamente ninguna enfermedad o condición.

De hecho, Macías junto con otros 200 firmantes como el doctor Pepe Narro, Malaquías López Cervantes, Fernando Gabilondo Navarro, Marco Antonio Martínez Ríos, José Luis Ramírez Arias. Vale la pena destacar que entre estos firmantes hay 3 exsecretarios de salud, premios nacionales de ciencias y presidentes de sociedades médicas relevantes; el viernes pasado publicaron un comunicado alertándonos sobre que la pandemia no ha cedido y su intensidad es preocupante y riesgosa. Por lo que nos sugerían NO dejar de usar cubrebocas y cumplir con las medidas preventivas, como evitar salir de casa innecesariamente, ¡OJO!, evitar estar en lugares cerrados y mal ventilados, así como seguir con las medidas de higiene: lavado de manos y uso de gel antibacterial.

La política debe doblegarse ante la evidencia científica.

Y no es por llevarle la contraria a López-Gatell, pero como lo ha explicado el doctor Macías, CON EVIDENCIA CIENTÍFICA, hoy conocemos más cosas y mejor sobre el coronavirus como es su forma de transmisión. Al principio insistían en la higiene de manos, y hay que continuar con ella y evitar tocarnos la cara, pero ya se dieron cuenta que el contagio por este medio es de menor peso.

Aquí está el tema: gracias a estudios básicos, epidemiológicos, de brotes y modelos matemáticos ahora saben que el mayor problema son los espacios cerrados, gente que dura mucho tiempo respirando el mismo aire inclusive estando a 10 metros de una persona infectada.

Entonces, ¿dónde debe estar el énfasis? 1.- Que las autoridades de salud deben utilizar cubrebocas. 2.- Ventilar los espacios cerrados, pues ahí está el meollo del asunto, así pues, deberán ventilarse bancos, oficinas, escuelas, etc., y se deberán diseñar equipos que limpien el aire. El coronavirus difícilmente se pega en el exterior. Además, resalta que las autoridades deben dar el ejemplo utilizando los tapabocas, y que no hay problema alguno en reconocer que hoy la evidencia científica muestra algo que al principio no sabíamos, luego entonces TODOS debemos usar cubrebocas, sin excepción.

Señores, señoras, NO se quiten el tapabocas. ¿No les gusta usarlo? No salgan de su casa. Al menos en la CDMX su uso es obligatorio. Sin embargo, ¿no han visto la pandemia por la que estamos atravesando? Despierten y lean, demuestren su empatía y educación y USEN TAPABOCAS, sin excepción.

Déjenme compartirles otro tuit del doctor Macías, el cual dice: "No es lo mismo tener camas y ventiladores disponibles para el manejo de una epidemia, que tener el personal para usarlas. En este momento hay una grave carencia de personal de salud calificado para auxilio ventilatorio, en muchas ciudades de México".

Si bien el Gobierno de Jalisco asegura que se cumplió con la reconversión hospitalaria y hay el número suficiente de camas, de nada servirá esa multimillonaria inversión si no se cuenta con los médicos que sepan manejar un ventilador y colocarlo en el paciente. Habrá que poner en eso lupa, analizar alternativas y proponer soluciones antes de que nos haga crisis y suceda lo que pasa en el Hospital Leaño COVID, que tiene ya los equipamientos pero no ha podido completar su plantilla de personal médico para operar, porque no hay quién responda a la convocatoria.

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció la presentación de una denuncia contra Hugo López-Gatell ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su presunta negligencia y mal manejo de la pandemia de COVID-19 en México.

Fue la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, detalló en videoconferencia que la denuncia contra López-Gatell ante la CIDH está lista para interponerse.

"En el grupo parlamentario prácticamente estamos preparados para hacerlo ya y lo estamos haciendo contra todos y todas que resulten responsables, por supuesto, empezando por el encargado de esta pandemia que dio muestras de una soberbia y una arrogancia sin límites. Y lo haremos como lo he señalado, en principio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, pero también en otras instancias a las que acudiremos como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos y cualquier otra que nos abra las puertas para denunciar esta tragedia que día con día sigue sucediendo en nuestro país", dijo Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN.

México llegó, al corte de este 12 de julio, 35,006 muertes por COVID-19, con 299,750 casos confirmados, según informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Ayer sábado, la Secretaría de Salud había confirmado 295,268 contagios, 34,730 muertos y más de 30,000 casos activos por coronavirus en México.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó las 34 colonias, barrios y pueblos que concentran el 20% del total de casos positivos de coronavirus en la ciudad y que recibirán atención prioritaria a partir del próximo miércoles, con el objetivo de disminuir contagios.

México superó a Italia en el número de fallecidos, pues la nación europea tiene 34,954 muertes a causa del virus, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En América Latina, México ocupa el 2o. lugar por mayor número de defunciones, detrás de Brasil, y le siguen Perú, Chile y Colombia.

López-Gatell señaló que aunque la pandemia sigue en ascenso, se ha logrado reducir su velocidad en el país. "Está más lenta la epidemia que en otros países", aseguró.

El epidemiólogo nacional, Hugo López-Gatell, encendió focos rojos con el cambio de discurso en los últimos días sobre la pandemia.

De una visión optimista, pero ya insostenible, acerca del descenso de casos a nivel nacional y un escenario bajo control, pasó a repartir culpas a las entidades por proporcionar información deficiente para definir el semáforo nacional de la pandemia.

No sólo eso, también alertó de un rebrote en algunas entidades como Quintana Roo, Yucatán y Tabasco. Parece que a estas alturas ni él mismo es capaz de hacer cuentas alegres ante las más de 35,000 defunciones por el virus en el país.

La pandemia puede "empeorar" si los gobiernos de países afectados no se toman en serio la lucha contra el coronavirus, destacó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que "demasiados países están yendo en la dirección equivocada".

"El virus sigue siendo nuestro enemigo público número 1, pero las acciones de muchos gobiernos y ciudadanos no reflejan esto", criticó, y denunció que "los mensajes confusos de algunos líderes están minando una herramienta vital para cualquier respuesta sanitaria, como es la confianza".

La soberbia, esa mala consejera que nubla la mente y envenena el alma cuando se requiere ecuanimidad, es la causante de la muerte de miles de seres humanos en México por el Covid.

Hugo López-Gatell se equivocó en el diagnóstico y en el método para enfrentar la pandemia, y en lugar de su renuncia exhibe soberbia y recurre a la mentira para justificar lo injustificable.

35,000 muertos, según él, y alrededor de 50,000 de acuerdo con la extrapolación de datos del Registro Nacional de Población.

Estamos a la espera de un milagro para que el número de contagios, y de muertes, comience a descender de manera sostenida, porque estrategia no hay.

Nunca la hubo, y ahí están los resultados.

De acuerdo con el portal de Naciones Unidas (Noticias ONU), México es el 5o. país con más muertes por coronavirus. Eso no lo inventó un periódico ni un columnista.

Los datos no mienten.

¿No es correcto comparar defunciones en países altamente poblados, como México, con otros de menor población?

De acuerdo con ourworldindata, si se toman a los 20 países con mayor población en el mundo, México ocupa -actualmente- el 3er. lugar en muertes al día por millón de habitantes.

Entre el 3 y el 10 de junio, cada 2 minutos murió un mexicano de coronavirus, y 14 personas se contagiaron (Reforma, 12 de julio).

Hasta la semana pasada, 23% de los contagiados corresponde a personal médico, quizá la tasa más alta del mundo.

Los ahorros y el desprecio por la ciencia han matado personas que deberían estar vivas.

El doctor López-Gatell tuvo 3 meses para preparar una estrategia y no se hizo.

Cierto, ha habido una irresponsabilidad general en el aumento de contagios, pero la principal recae en el gobierno.

El jueves de la semana antepasada el subsecretario López-Gatell dijo con aplomo: "El viernes 13 de marzo identificamos que se habían triplicado los casos de días anteriores... y en ese momento, con tan sólo 12 casos, 12 casos, ya habíamos identificado con anterioridad que era muy importante cerrar las actividades, hacer una medida masiva que llamamos Jornada Nacional de Sana Distancia, antes de que comenzara a subir rápidamente la curva epidémica".

Falso, no lo hicieron. La Jornada de Sana Distancia inició el 23 de marzo. Por eso la propagación del virus y las muertes.

Al día siguiente de ese cierre inexistente (13 de marzo) se celebró en la CDMX el festival Vive Latino, con más de 100,000 personas.

A mediados de marzo -cuando según López-Gatell ya habían cerrado las actividades-, el gobierno federal imprimió un volante que difundió masivamente, en abierto desdén por la gravedad de la pandemia.

Decía: "No hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades escolares y sociales... Recuerda: la enfermedad causada por el coronavirus Covid-19 NO ES GRAVE".

¿No es grave? 35,000 muertes según López-Gatell.

Y no hay para cuándo porque no existe estrategia de contención.

Los países asiáticos lograron bajar drásticamente los contagios porque tuvieron confianza en la ciencia.

Aquí quedamos en manos del trébol de la buena suerte y de un médico que se equivocó por completo y debió haber corregido o renunciar. Se obstinó en la estrategia de mitigación y no de contención.

Qué bueno que al fin haya más respiradores y camas, pero ninguna de esas medidas frena el coronavirus.

Se desechó la contención y por cada infectado hay 1.79 pruebas. Nada, si de prevenir, confinar y dar seguimiento a casos se trata, de acuerdo con lo que explica la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.

Esa es la realidad. Perdimos la guerra contra el Covid por soberbia de un funcionario.

Se equivocó, y seguirá muriendo gente por la falta de estrategia. Y no hay ningún dato serio que nos diga que la pandemia va para abajo.

Estamos, pues, a la buena de Dios.

Mientras las ciudades y grandes zonas urbanas del país han dado saltos gigantescos en pocos meses hacia el uso de tecnologías digitales en múltiples campos de la vida cotidiana, educación, servicios, banca, información y empleo en casa. La exclusión digital (telefonía celular y acceso a internet básicos) han acentuado la vulnerabilidad de comunidades rurales, no sólo por falta de cobertura en clínicas y personal especializado, también y principalmente por falta de información adecuada/adaptada: qué hacer donde no hay agua corriente y teléfono para reportar tu caso?, ante la ausencia de clínicas y hospitales cercanas, ¿dónde hay clínicas que atiendan a personas que vienen de zonas rurales?, ¿la medicina tradicional puede ayudar y hasta qué momento?, ¿si alguien muere en la comunidad, cómo saber si fue Covid-19? ¿Qué medidas tomar para aislar el posible contagio? Los niños rurales e indígenas no solo no tienen acceso a internet, inimaginable una computadora en donde ni siquiera hay agua potable.

La eficacia del "Quédate en casa" en zonas rurales fue lenta y gradual; las comunidades rurales se cerraron poco a poco y la llegada del Covid-19 también fue tardía. Muchas personas regresaron de las grandes ciudades (CDMX, Monterrey, Guadalajara) o de los destinos de migración en los EEUU a sus comunidades de origen. En marzo, al principio del confinamiento, no hubo reacciones de rechazo pero en la medida que el número de casos subió en el país y la información se expandió, las reacciones de autoprotección fueron múltiples y peligroso querer entrar a una comunidad si no eras vecino, o aun si lo eras y regresabas.

Al 13 de julio, más del 90% de municipios en el país han tenido al menos una afectación, poco o nada se sabe de las comunidades indígenas; como de costumbre, la exclusión inicia por la no visibilidad en estadísticas ni información en lenguas locales. Los centros de contagio más importantes están en las grandes ciudades, pero los brotes y focos rurales no dejan de sorprender porque no hay una lógica de tamaño de población, tiempos o ubicación, es más errática e imprevisible. El pequeño municipio Chol de Tumbalá en Chiapas reportaba 6 casos en marzo mientras otros de Oaxaca, hasta hoy tienen cero afectaciones.

A los y las mexicanas la pandemia no sólo nos restregó en la cara las deficiencias de nuestro sistema de salud, que entre otras razones, es consecuencia de décadas de saqueo y malos manejos administrativos de quienes tuvieron la encomienda de garantizar nuestra seguridad social. También nos ha obligado a quienes todavía tenemos la capacidad de mirar más allá de nuestros privilegios, a voltear hacia esos sitios donde existe una profunda desigualdad. Nos ha hecho entender que durante mucho tiempo hemos permitido e incluso solapado esas condiciones de desigualdad.

Hace unos días el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, dio a conocer el estudio "Mortalidad por COVID-19 en México. Notas preliminares para un perfil sociodemográfico", realizado por el doctor Héctor Hernández Bringas, el cual revela que la escolaridad del 71% de las personas que han muerto por esta enfermedad era apenas de primaria.

"Hay muchas camas vacías, pero muchos féretros llenos y muchas familias enlutadas... Como la mía".
Alejandro Hope

Después de una vida de trabajo, las cosas se empezaron a complicar para Ángel de Paz. Este hombre de 66 años, residente de Tonalá, Chiapas, padecía de diabetes y hace 2 años empezó hemodiálisis. En enero perdió su empleo en un despacho de abogados por la crisis económica y por sus problemas de salud. Logró mantener su servicio médico gracias a que su esposa, maestra, tenía ISSSTE, pero las cosas se complicaron la semana pasada cuando exhibió síntomas graves de Covid-19.

La pesadilla empezó desde su traslado el jueves a un hospital de Tuxtla. A falta de una ambulancia pública, la familia tuvo que pagar 7,000 pesos por un servicio privado y después lidió con la burocracia para el ingreso al hospital. Corrió con suerte y finalmente fue admitido.

A los familiares no se les permitió el acceso. Se entiende, pero además se les pidió que aportaran "algodón, agua y medicamentos". Además, se le negó la hemodiálisis, por temor a que el equipo se infectara de Covid.

Este domingo se solicitó a los familiares que consiguieran Midazolam y Vecuronio, un sedante y un relajante muscular que facilita la intubación. No les dieron más detalles, pero sí les dijeron que si no conseguían los medicamentos el hospital no podría hacer nada por su paciente. En las farmacias les dijeron que debían especificar si querían solución inyectable o pastillas, pero ante la falta de contacto con el médico no había forma de saberlo. Además, el Midazolam, con un costo de 1,800 pesos, estaba agotado en las farmacias.

Ángel había pedido no ser intubado al ingresar al hospital, pero en la receta para el Midazolam se señalaba que estaba intubado, mientras que en la de Vecuronio no se decía nada. Los familiares no tuvieron posibilidad de comprobar si lo estaba porque Ángel falleció este 13 de julio por la mañana.

Apenas en marzo el gobierno federal difundió un cartel que decía: "No es una situación de emergencia. No hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades, labores, escolares... Recuerda: la enfermedad causada por el coronavirus Covid-19 no es grave". El presidente ya no sostiene esta idea, pero afirma que el esfuerzo de México ha sido un ejemplo para el mundo. Este pasado fin de semana declaró: "Estamos cuidando que no se nos saturen los hospitales desde el principio; estamos muy atentos a esta necesidad de que todo aquel que necesite una cama pueda ser atendido. Afortunadamente no hemos tenido problemas de saturación de hospitales".

Quizá no hay saturación, pero cada vez es más difícil ingresar a un hospital. Alejandro Hope, columnista de El Universal, narró ayer la historia de su cuñado, quien falleció por un ataque de asma en una ambulancia ya que ningún hospital lo admitió a tiempo. "Esto me lleva a sospechar que los hospitales tienen capacidad porque están poniendo filtros para rechazar a pacientes, aun si son pacientes críticos que llegan a urgencias... Eso puede estar sucediendo porque el gobierno ha convertido a la disponibilidad de camas hospitalarias en la única métrica de éxito en la atención a la pandemia".

México acumula más de 35,000 muertos por la pandemia. El presidente, sin embargo, se molesta porque los periódicos reportan que tenemos más muertes que Italia o que Francia. "Son verdades a medias y verdades a medias son a veces mentiras completas", comentó. Todo va muy bien en la 4a. Transformación, aunque algunos pierdan la vida de forma innecesaria por un sistema de salud con camas vacías pero colapsado.

Afortunadamente, no todos los pacientes mueren por falta de una cama o de medicamentos. La senadora Nestora Salgado fue trasladada en un avión militar de Acapulco a la Ciudad de México para ser ingresada a un hospital de la Marina. Este 12 de julio ya fue dada de alta.

A 6 meses de su puesta en marcha, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha probado ser un fracaso operativo y administrativo, como lo anticiparon los expertos del sector, quienes criticaron la premura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por desaparecer el Seguro Popular.

"A partir de hoy, el Insabi sustituye a Seguro Popular y ofrecerá de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos sin seguridad social", afirmó el 1 de enero pasado su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, un antropólogo a quien prácticamente no se le ha visto desde entonces porque no hay nada bueno que comunicar desde su institución.

Fue el presidente López Obrador quien el 15 de mayo de 2020, en pleno embate del coronavirus, dijo que su gobierno "ya había empezado el proceso de mejorar la atención médica y los servicios de salud en general", refiriéndose a los 40,000 millones de pesos que en noviembre de 2019 ordenó que se pasaran del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Fondo de Salud para el Bienestar para fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratar médicos y abastecer de medicamentos al nuevo organismo.

Según el presidente, parte del dinero se usó para "concluir 20 hospitales que estaban a punto de terminarse o se habían quedado sin personal (sic)". Sin embargo, no está claro en qué se gastaron los recursos o si se ejercieron. El escándalo es que a la fecha el Insabi no cuenta con reglas de operación, por lo que no puede ejercer el gasto.

Las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar son muy importantes, ya que el Insabi funge como fideicomitente y, sin ellas, no se puede ejercer el gasto. La Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, teóricamente a cargo del doctor Jorge Alcocer, fue la responsable del proceso de transferencia de los 40,000 millones de pesos con los que supuestamente opera el Insabi. No obstante, han sido las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera, y de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, las encargadas de hacer la transferencia de empleados del Seguro Popular al Insabi, así como los recursos financieros y materiales.

La ley otorga 180 días para emitir las reglas de operación una vez que el organismo entró en funcionamiento. La estructura del Insabi fue aprobada el 29 de noviembre de 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2020, por lo que la fecha límite para tener la reglamentación que le permita operar venció el 30 de junio. Es increíble que, en plena emergencia de salud, el instituto que se supone es el encargado de darle cobertura a 69 millones de mexicanos no tenga las reglas para operar, lo cual además infringe la ley.

El 4 de junio, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN denunciaron al Insabi y a su titular, Juan Antonio Ferrer Aguilar, por la falta de acciones concretas para hacer frente a la contingencia sanitaria y carecer de las reglas de operación necesarias que den atención a pacientes con enfermedades graves.

Asimismo, exigieron cuentas claras de todos los recursos erogados por el instituto, ya que no existe claridad en su ejercicio por carecer de reglamentación.

"Para el gobierno federal la prioridad no son los más vulnerables, el Insabi no garantiza la atención de quienes más lo necesitan, mucho menos es prioridad dar certidumbre a las niñas y niños", dijo la senadora Martha Cecilia Márquez, acompañada de las senadoras Alejandra Reynoso, el coordinador Mauricio Kuri y el senador Damián Zepeda.

Los gobiernos estatales fueron presionados para que firmaran el convenio con el Insabi, lo cual fue rechazado por algunos gobernadores, quienes argumentaron la falta de reglas de operación, lo cual impedía conocer a fondo el funcionamiento administrativo. Pese a todo, se echó a andar y es momento en que no se sabe con claridad el destino de los recursos que se han ejercido sin reglamentación.

El desastre del Insabi habría pasado factura a la red de hospitales del gobierno federal y de los estados, y es uno de los culpables del severo desabasto de medicamentos, sobre todo en los de alta especialidad.

El Fondo de Gastos Catastróficos incluía la atención de 66 enfermedades especializadas, pero desapareció para darle paso al Fondo de Salud para el Bienestar. Esto fue lo que derivó en la huelga de hambre que llevaron a cabo por 56 horas los padres de niñas y niños con cáncer, debido a la falta de quimioterapias para sus hijos. El asunto terminó de explotar en las redes sociales, con una respuesta incendiaria de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de Twitter.

Así que, además de que no se sabe el destino de los 40,000 millones de pesos que se le otorgaron al Insabi, tampoco el de los otros 26,000 que completaban el Fondo de Gastos Catastróficos.

Un auténtico desastre lo que pasa en el Insabi, y que debería tener a su titular, Juan Ferrer -de por sí está desaparecido-, fuera de la administración pública y quizá dedicándose a su pasión: la arqueología.

En Jalisco, las hospitalizaciones por COVID-19 siguen en aumento. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, desde junio se registraron 3 de cada 4 internados por el virus en la entidad.

Ante esa realidad, médicos que se encuentran en el 1er. frente de atención pidieron a los jaliscienses seguir las recomendaciones para que los hospitales no se saturen.

Eduardo Rodríguez, jefe de Infectología del Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", recordó que si bien en ese nosocomio y en el "Dr. Juan I. Menchaca" cuentan con espacio y personal, hay desgaste físico y emocional por la cantidad de horas y trabajo que hay en cada turno. Además de que ahora también tratan a pacientes con dengue.

"Y en pocos meses también será la influenza, por lo que habrá un momento en el que se encuentren las 3 enfermedades y no habrá red hospitalaria que pueda con ellas".

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la situación es peor. Por lo menos en la Clínica 110.

Laura, una médica auxiliar, dijo que tienen menos personal, pues de aproximadamente 90 en cada jornada, sólo hay 20.

"Muchos están incapacitados porque enfermaron, otros tomaron vacaciones y algunos simplemente no quisieron entrarle, argumentando que no es de su área".

Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, parecía tener toda la preparación para ser el gran estratega nacional contra la pandemia. Epidemiólogo, doctorado de la Universidad Johns Hopkins, López-Gatell tenía además una larga trayectoria en cargos técnicos relacionados con la salud pública.

Quizá el 1er. error del presidente, sin embargo, fue no entender los errores del doctor. Este no solo tomó posiciones contrarias a la ciencia, como afirmar que el presidente estaba protegido de la infección por una fuerza moral o no cuestionar las declaraciones del mandatario cuando decía que unos amuletos religiosos podían proteger a la gente de la enfermedad, sino que también rechazó las medidas que han resultado más eficaces en el mundo para combatir el Covid: las pruebas y las mascarillas. Al presidente le habría convenido tener un epidemiólogo realmente independiente, que resistiera las presiones del propio mandatario, como el doctor Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, quien ha resistido todas las descalificaciones de Donald Trump.

Nadie tiene una varita mágica para definir las políticas públicas en una pandemia con un nuevo microorganismo como el Covid-19. Suecia optó por no imponer un confinamiento obligatorio, pero su epidemiólogo Anders Tegnell declaró a principios de junio: "Si nos encontráramos otra vez con la misma enfermedad, sabiendo exactamente lo que sabemos hoy, pienso que terminaríamos haciendo algo a la mitad de lo que hicieron Suecia y el resto del mundo". En contraste, Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien impuso un confinamiento obligatorio, afirmó ayer: "Tomamos la medida más radical, la más dura, que era el confinamiento", pero "el confinamiento es notablemente revelador de las desigualdades"; en otras palabras, el costo social fue demasiado elevado.

Los países que más éxito han tenido en la lucha contra el coronavirus son los que han adoptado el uso de mascarillas y realizado pruebas sistemáticas para identificar casos y aislar contagios en lugar de confinar a toda la sociedad. Macron comentaba ayer que desea "permitir a toda persona sin receta médica, aunque no tenga síntomas, si tiene una duda, un temor, el poder hacerse la prueba"; también declaró que quiere hacer "obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados".

Estas 2 medidas son precisamente las que ha rechazado López-Gatell. Pruebas y mascarillas: no se requiere mucha ciencia para entenderlo. Quizá el problema es que nuestro epidemiólogo en jefe es más político que científico.

Si las pruebas no ayudan, si son un desperdicio de recursos como dice López-Gatell, ¿por qué se las hacen a los altos funcionarios? Estas pruebas han permitido a estos políticos aislarse y protegerse ellos, así como a la gente cercana, pero los ciudadanos comunes y corrientes al parecer no nos merecemos ese trato.

La pandemia terminará solamente cuando se presente una de tres condiciones: que haya una vacuna o cuando el virus ya no esté circulando o cuando la mayor parte de la población haya desarrollado inmunidad natural.

Ninguna de ellas se ve al alcance.

Los países que han logrado frenar de manera drástica el contagio, comenzando por China, lo hicieron a partir de drásticas medidas de distanciamiento físico, así como el uso generalizado y obligatorio de los cubrebocas.

Además, en este proceso, usaron la aplicación de pruebas como un mecanismo para la detección de los brotes. Lo cual fue seguido por la trazabilidad de los contactos, lo que ha permitido evitar nuevamente un contagio generalizado.

Los casos de éxito hasta este momento se han debido a periodos estrictos de aislamiento físico, que han logrado romper las cadenas de contagio.

Los casos más críticos, con un crecimiento persistente del número de contagiados, han derivado de esquemas muy laxos de distanciamiento físico o de aperturas prematuras a la circulación de la población sin medidas sanitarias adecuadas, lo que ha conducido a una nueva ola de contagios.

Más allá de los temas vinculados a la gestión política -que son relevantes sin duda- las sociedades extensas, complejas y con una alta prevalencia de economía informal, tienden a no guardar el distanciamiento físico de modo estricto.

Eso conduce a que el periodo de confinamiento que una parte de la sociedad sí guarda, eventualmente no ofrezca los resultados esperados, porque al término de éste, vuelve a darse un nivel de contagio considerablemente elevado.

Es, lamentablemente, el caso de México.

Las estimaciones nos dicen que el confinamiento que duró entre los últimos días de marzo hasta el mes de junio, habrá llevado a una caída del orden de 17 o 18% del PIB en el 2o. trimestre del año.

Y, al término de este periodo, el nivel de contagio no va todavía a la baja de manera general, sino que incluso en algunas regiones del país va claramente hacia arriba.

Algo parecido sucede en Estados Unidos, en Brasil, en India, en Rusia, por citar solamente a un grupo de países.

Nos podemos enfrentar a un cruel dilema.

O bien asumimos una prolongada crisis sanitaria, con muchas decenas de miles de muertos todavía por llegar, o bien asumimos un nuevo periodo de confinamiento estricto que esta vez sí resulte eficiente para "aplanar la curva".

Qusiéramos que de modo mágico, por estampitas o por oraciones, la pandemia cediera. La realidad, sin embargo, amarga y cruel en ocasiones, no lo permite.

Trabajadores estatales del sector Salud recibieron con protestas y reclamos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a su llegada a Chiapas, donde este viernes anunciará una iniciativa de acción comunitaria ante el COVID-19.

A su arribo al aeropuerto Ángel Albino Corzo, los profesionales de la salud expusieron quejas e increparon al López-Gatell por la estrategia institucional emprendida en el combate a la pandemia en Chiapas.

"La gente se está muriendo, visite los hospitales", "espero que no sea cómplice de las muertes que están habiendo y venga a ocultarlas", "no son 4 los que mueren del diario, son bastantes más", fueron algunas expresiones que recibió.

María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria general de la sección 50 del SNTS, abordó al subsecretario a la salida del aeropuerto y le entregó un documento que expone "las injustas condiciones" en la que laboran los profesionales de la salud en la entidad.

Decenas de trabajadores, que portaban 41 cruces que representan la cantidad de médicos, enfermeras y paramédicos fallecidos durante la pandemia, se colocaron a la orilla de la carretera, al paso de la comitiva de López-Gatell.

Expusieron pancartas alusivas y lanzaron consignas para reclamarle que a más de 4 meses de emergencia sanitaria, los trabajadores de la salud de Chiapas siguen careciendo de insumos y equipos adecuados de protección para atender a los enfermos.

Urge, 1o. despolitizar la pandemia; 2o. dejar de pensar en salvar el pellejo; me explico: un mal manejo de la pandemia, por cuestiones político-electorales, más tarde o más temprano saldrá a la luz y si se hizo o se hace, será considerado como criminal porque son vidas humanas las que están en juego, nadie podrá escapar de su responsabilidad, ni de decisiones mal tomadas o de omisiones, o de intentos recurrentes de culpar a otros; hay margen para rectificar; y, 3o. que los datos sean reales, por más lamentables que sean, son necesarios tomar decisiones puntuales y precisas para que no se saturen los hospitales y para resolver la crisis en el personal de salud que está trabajando bajo protesta por la escasez de elementos y por las condiciones en que enfrentan la contingencia.

La industria farmacéutica mexicana cuestionó este domingo la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de comprar medicamentos al extranjero con el argumento de evitar la corrupción.

"Las dificultades de abasto observadas en algunos grupos de bienes terapéuticos que demandan los mexicanos, a través de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), se deben a la falta de planeación y transparencia", afirmó un comunicado firmado por las asociaciones de la industria.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) respondieron a los señalamientos del gobierno.

La Secretaría de Salud (SSa) anunció esta semana que prepara la compra consolidada de medicamentos para el 2021 con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La dependencia informó de un presupuesto de 60,000 millones de pesos (unos 2,660 millones de dólares) para la compra de medicinas para el próximo año.

Ante las denuncias del desabasto de medicamentos en instituciones públicas que ha afrontado su administración, en particular para cáncer y VIH, el presidente López Obrador responsabilizó a la corrupción de las empresas.

"Se nos ha dificultado porque era mucha la corrupción en la compra-venta de medicamentos, pero algo escandaloso, de miles de millones de pesos y los que se beneficiaban con la venta de medicamentos están molestos, hay hasta campañas en medios hablando de la escasez", dijo en rueda de prensa.

Sin embargo, la industria farmacéutica respondió este domingo que los problemas están en los procesos de adquisición de las entidades públicas en este último año y medio.

Como prueba, citó que para el abasto de 2020 solo hubo licitaciones públicas para 30% de los requerimientos, mientras el 70% restante adjudicó de forma directa.

"Las compras discrecionales en el extranjero no resolverán el problema del abasto y sí pueden provocar un grave daño a la industria farmacéutica establecida en México y la pérdida de la soberanía sanitaria", argumentaron las asociaciones.

Con 250 plantas y 600,000 empleos directos e indirectos, la industria afirmó producir con alta calidad y precios competitivos.

No obstante, indicó que los medicamentos y dispositivos tienen una fecha de caducidad que impide su almacenamiento, por lo que el gobierno debe planear las compras.

"Para contar con ellos se precisan, con anticipación y meses de planeación, contratos que generen certeza de producción para preparar la disponibilidad que demanda la población mexicana", insistió la industria.

México es el 8o. productor de insumos médicos a nivel mundial y el 1o. en Latinoamérica, según la Canifarma, que reporta una inversión anual promedio de 38,000 millones de pesos (1,685 millones de dólares) en todas las especialidades del sector farmacéutico.

(V.periódico El Financiero en línea del 23 de julio de 2020).

Era el 12 de mayo cuando el subsecretario López-Gatell anunciaba que la Jornada Nacional de Sana Distancia terminaría el 30 de ese mes.

Días atrás, el 1 de mayo, el mismo funcionario había señalado que el 'pico' de la pandemia habría de llegar entre el 8 y el 10 de mayo, según sus modelos matemáticos.

Señaló que, a partir de ese momento, el número de nuevos casos diarios empezaría a descender.

El 8 de mayo se reportaron 1,900 nuevos casos, pero las cifras no comenzaron a descender, sino que se mantuvieron creciendo.

El modelo de semáforos que pretendió organizar la apertura de la economía a partir de junio, luego de 69 días de confinamiento general, partió de premisas incorrectas. El supuesto de que la pandemia ya estaría en fase descendente, de acuerdo con los modelos de la Secretaría de Salud, fue equivocado.

El resultado fue que, ante señales confusas, el distanciamiento social se redujo, hubo salidas desordenadas y un mayor crecimiento de los contagios.

Quizá, si esa jornada se hubiera extendido un mes más y hubiera sido más estricta, hoy estaríamos con una tendencia claramente a la baja.

En la 1a. semana de junio, cuando comenzó el sistema de 'semáforos', el promedio de nuevos casos diarios fue de 3,770. En los primeros 7 días de julio, el número había crecido a 5,980.

En los 7 días recientes andamos en una media de 6,380.

Martha es una adulta mayor con diabetes y problemas cardíacos, por lo que debe tomar medicina a diario. Es derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal). Sin embargo, desde hace casi 2 años adquiere por su cuenta los medicamentos que no le dan en el organismo.

A principios de marzo, Gustavo Adolfo Montes, director de Servicios Médicos del Ipejal, afirmó que "en 15 días" habría 95% de abasto en las farmacias. 4 meses después, y en medio de la pandemia, su promesa sigue sin cumplirse.

Abraham Quezada Ponce, director médico del Ipejal, reconoció que aún hay un déficit de hasta 25% en los 623 medicamentos básicos. El funcionario resaltó que eso es "suficiente para cumplir con las expectativas" de los derechohabientes, pero también justificó que la escasez se debe a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Los afectados afirmaron que el desabasto tiene por lo menos un año, y que no es sólo en fármacos contra cáncer y diabetes, sino para hipertensión arterial y colesterol.

Por ejemplo, Martha debe comprar un anticoagulante de 370 pesos. "Antes había carencias, pero no como ahora. No darnos medicamentos es estarnos matando", dijo.

Josefina es otra perjudicada. Cada 15 días debe conseguir medicinas para la presión arterial, colesterol y diabetes que cuestan entre 800 y mil pesos por caja. Y eso sin contar los gastos en estudios para glucosa, tiroides y el Papanicolaou.

Quezada Ponce se comprometió otra vez, pero en esta ocasión a que el abasto se regularizará antes de que termine 2020.

A inicios de este año se aseguró que las provisiones estaban a 85% y que había un problema con los distribuidores nacionales. En ese entonces los pensionados denunciaron que si bien les surtían recetas para 1 o 2 meses, también les espaciaban las consultas hasta por un cuatrimestre, por lo que los fármacos les eran insuficientes.

Hasta el pasado 15 de julio, las autoridades de Jalisco habían registrado 20,278 casos por coronavirus, de los cuales sólo 9,760 fueron reportados por la autoridad federal; es decir, más de la mitad no están contabilizados en la estadística oficial.

Lo anterior, debido a que la federación sólo toma en cuenta los casos confirmados por el laboratorio estatal y no la información de los establecimientos privados y de las pruebas rápidas aplicadas.

El pasado 22 de junio, la Secretaría de Salud en Jalisco alertaba que la brecha era cada vez más grande entre el registro reportado en la plataforma del gobierno federal y el número de personas identificadas con el virus a través de Radar Jalisco.

El pasado miércoles, la Secretaría de Salud en Jalisco reportó que la entidad descendió una posición a nivel nacional con mayor número de casos confirmados, considerando sus 20,278 registros. Pasó del 3er. al 4o. lugar. Se ubica por debajo de Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. En el comunicado se aclara que si se toman en cuenta sólo los casos confirmados por la autoridad federal, Jalisco se ubica en la 13a. posición.

"En esta plataforma, la Ciudad de México y el Estado de México también se sitúan en el 1o. y 2o. lugares, respectivamente, y Nuevo León (que también tiene su propio sistema como Jalisco) aparece en el 11er. sitio".

Desde junio pasado, Jalisco registra un alza en hospitalizaciones por COVID-19: 3 de cada 4 internados obedece a personas afectadas por este virus, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado.

Este medio reportó que los médicos que se encuentran en el 1er. frente de atención pidieron a los jaliscienses seguir todas las recomendaciones para que los hospitales no se saturen.

Eduardo Rodríguez, jefe de Infectología del Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", recordó que si bien en ese nosocomio y en el "Dr. Juan I. Menchaca" cuentan con espacio y personal, hay un desgaste físico y emocional por la cantidad de horas y trabajo que hay en cada turno. Además de que ahora también tratan a pacientes con dengue.

"Y en pocos meses también será la influenza, por lo que habrá un momento en el que se encuentren las 3 enfermedades y no habrá una red hospitalaria que pueda con éstas".

Si algo ha confirmado la pandemia en México es que hay talento de sobra, y en distintas trincheras, a la hora de generar conocimiento para la sociedad. Conocimiento que, incluso, hace más entendibles los escuetos informes oficiales sobre el impacto del coronavirus en nuestro país. Es el caso de lo que hace regularmente el investigador del CIDE, Sebastián Garrido.

En mayo 12, junto con Jorge Andrés Castañeda, Garrido nos enseñó los múltiples huecos de los datos que día a día, con malicia irresponsable, goteaban en las conferencias vespertinas de quienes cobran en la Secretaría de Salud. Ese texto está disponible en Nexos (https://datos.nexos.com.mx/?p=1351)

A partir de esa fecha, Garrido ha continuado el desglose y agrupamiento de los registros de las infecciones y los decesos por Covid-19. De ese esfuerzo tan generoso como titánico, es posible dimensionar la tragedia que azota a los mexicanos.

El domingo por la noche, por ejemplo, y a partir de los datos publicados por las autoridades de Salud, Garrido nos trazó el funesto panorama de la epidemia:

-En casi 2 meses, desde mayo 31, ha habido 42 días con más de 500 muertos diarios por Covid-19.

-Todos y cada uno de los días que van de mayo 17 a julio 21 registraron 400 muertos o más por el nuevo coronavirus. La cifra de los restantes días del presente mes se irá actualizando, pues, como ya se sabe, la Secretaría de Salud tarda cuando menos una semana en acumular las correspondientes cifras.

-Finalmente, desde mayo 8 y hasta el 22 de julio, la cifra de registros de decesos es siempre superior a 300. Es decir, casi 3 meses completos con esa cifra de fallecimientos diarios.

Si las cifras agrupadas por día por Sebastián Garrido no impresionan lo suficiente, a lo mejor revisando sus gráficas por semana dan más claridad de esta desgracia:

-Llevamos 9 semanas, sí, más de 2 meses, con más de 3,000 fallecimientos semanales por Covid-19. La cifra ha estado algunos días a punto de llegar a los 4,000 muertos, pero permítanme insistir en el dato de que desde el 18 de mayo no hay semana que no haya registrado más de 3,000 decesos por este mal. Sobra decir que el subsecretario de Salud había dicho que el pico de la pandemia sería el 8 de mayo.

Dicen que uno se acostumbra a todo, hasta al horror. Ahí están las cifras de las víctimas de la violencia para probar ese dicho.

Y en el caso de la pandemia, todo es cuestión de que un día haya un muerto por este nuevo coronavirus (mediados de marzo), luego 50 fallecidos (6 de abril), 11 días después llegas a 100 decesos, y al pasar una semana (25 de abril) doblarás esa cifra, y así hasta los más de 500 diarios.

Claro, insisto, estos compendios de registros los conocemos hoy gracias a Castañeda & Garrido, porque en su momento muchas de esas muertes se dieron a conocer por la autoridad de manera desordenada, sin explicar que los fallecimientos reportados en la conferencia vespertina no eran de ese día, sino de semanas anteriores y sólo de casos confirmados, etc. Porque los números reales son, está claro, más grandes.

Es por eso que el trabajo de Garrido es fundamental. Porque al condensar los datos oficiales, al organizarlos por semana y al contrastarlos él nos revela el verdadero significado de los reportes descontextualizados de la gente que cobra en Salud.

Y así, Garrido nos advierte que más allá de los fallecimientos, la otra tendencia alarmante es la de los contagios, que están, contra lo que señala el gobierno, en su peor momento. En palabras del investigador del CIDE, y siempre con base en datos oficiales, "a lo largo de la semana 30 se agregaron 46,292 nuevos casos a la base de datos. Nuevo récord para cualquier semana desde que se publica la misma".

Récord de contagios, pero el presidente de eso no quiere hablar. Y Gatell menos.

Parte del problema es que [López Obrador] vive en su propio mundo. En distintas ocasiones ha señalado que la pandemia ya ha sido domada y que México es un modelo internacional en este esfuerzo. El 9 de junio declaró: "México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza". Sin embargo, cientos de artículos en México y el extranjero critican la estrategia de López Obrador ante la pandemia, pero el presidente los ha atribuido a una simple conspiración de corruptos.

Coincido con López Obrador en que es inaceptable el uso de la fuerza pública para encerrar a la gente. Los confinamientos estrictos, como en Italia y España, tampoco han sido tan exitosos para contener la pandemia. Los instrumentos más eficaces han sido las mascarillas y las pruebas seguidas del aislamiento de las personas contagiadas.

En México, no obstante, tenemos a un encargado de políticas de salud, López-Gatell, que dice que la fuerza moral impide que el presidente se contagie. Bajo su influjo, el mandatario se niega a usar mascarilla. Acumulamos ya más de 395,000 contagios confirmados y más de 44,000 muertes, que serían más de aplicarse las pruebas necesarias. Esta tragedia no es producto de que se hayan atendido las recomendaciones de los científicos, sino de que el presidente se ha rodeado de científicos que solo le dicen lo que quiere. Gobernar, después de todo, no requiere mucha ciencia.

A 5 meses del 1er. caso confirmado, la propagación del virus no cede y México ya es uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19.

Así lo dejan ver datos del monitoreo realizado por la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex.

Según su seguimiento al 23 de julio, "México registra 2,870 casos por millón de habitantes, alejándose de la mediana global (actualmente de 2,451)".

El jueves pasado se impuso otro récord en el registro diario de casos confirmados de Covid-19, señal de que la epidemia aún es intensa.

En cuanto a defunciones, "EU, Brasil y México presentan el mayor número de fallecimientos por día".

De acuerdo con Citibanamex, "la falta de contundencia de las autoridades para implementar y hacer valer medidas que limiten la propagación del virus, así como la ausencia de un paquete económico más sustantivo de apoyo a las empresas y los hogares, profundizarán la caída de la actividad y prolongarán la recuperación".

El coordinador de Acción Nacional en el Senado, Mauricio Kuri González, acusó de maquillar las cifras de COVID-19 al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En entrevista en el Senado, se le refirió al senador Kuri González un estudio en el que se estima en 160,000 fallecimientos por COVID-19 en lo que va de la pandemia.

"Nosotros hemos pedido información y hemos visto que por lo menos hay 130,000 muertos debido al coronavirus, no los 44,000 que dicen".

Dijo que por ello "creo que están maquillando las cifras", lo cual debe tener consecuencias para López-Gatell.

El podcast The Daily del periódico The New York Times publicado este lunes se intitula "Los errores que Nueva York hizo". Michael Barbaro, el conductor de esa exitosa emisión, introdujo así el tema: "Una investigación del Times encuentra que, para una persona, sobrevivir al coronavirus en Nueva York tenía mucho que ver con el hospital al que acudía".

En la ciudad de Nueva York, se recuerda en el podcast, hay 47 hospitales. Los periodistas del Times encontraron "significativas diferencias entre el nivel de cuidado que se daba en los lujosos hospitales privados, ubicados mayormente en Manhattan, y los públicos, dispersos en las otras zonas" de la llamada urbe de hierro.

Las diferencias entre públicos y privados se da en equipamiento y en el número y la calidad del personal. En la sala de emergencias, se recuerda en el podcast, lo ideal es que haya 4 pacientes por cada enfermera. En la pandemia, con los hospitales puestos bajo muchísimo estrés, esa proporción no se cumplía. Pero mientras que en los nosocomios privados se tenían números de una enfermera por cada 6 o 7 pacientes, en los públicos se iba a una persona de enfermería "por cada 10 o 15 o incluso 20 pacientes", según narró a Barbaro el reportero Brian Rosenthal. Y en las salas de cuidados intensivos los números eran similares: durante pandemia, en los privados por cada enfermero había 3 o 4 pacientes, mientras que en los públicos eran 7, 8 o 9 enfermos por enfermera.

En México poco sabemos aún de los parámetros de mortalidad entre quienes son atendidos en instituciones privadas, frente a quienes acuden a hospitales públicos, que son por supuesto la mayoría.

Pero el reportaje del Times establece, con datos, que "parte de la diferencia en la mortalidad puede ser explicada" por condiciones de salud preexistentes de los pacientes, "pero lo que los expertos y los doctores con que hablamos dijeron es que la calidad de la atención era definitivamente un factor en esas diferencias".

Es decir, independientemente de comorbilidades, la atención médica cuenta, y mucho.

En nuestro país, el martes una vez más el principal vocero para la pandemia dedicó largos minutos a culpar a las enfermedades crónicas de lo que nos sucede.

"Hoy que tenemos la epidemia de Covid, y no sólo en México sino en el mundo entero, se ha podido documentar de manera muy consistente con métodos de análisis epidemiológico muy robustos que estas enfermedades, las cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, obesidad y otras que a continuación mencionaré están causando la mayor contribución de mortalidad por Covid", dijo Hugo López-Gatell ese día en la mañanera de Palacio Nacional.

Tiene, en parte, razón el funcionario Gatell: las comorbilidades no nos ayudan nada. Pero lo que no es correcto es que trate sólo de ver esa porción de la realidad, esa que se le escapa porque en efecto son problemáticas añejas. En cambio, ojalá revisara las lecciones de Nueva York, y nos dijera pronto cómo podemos incrementar las posibilidades de sobrevivir de aquellos que se atienden en los hospitales públicos. Porque si así les fue en la Gran Manzana, donde afloraron también las grandes inequidades, uno no quiere ni imaginar cómo nos estará yendo aquende Cuautitlán.

La reforma a la Ley de Adquisiciones avalada por la Cámara de Diputados habilita al gobierno federal para comprar medicamentos e insumos de salud fuera del país.

Esto margina a la industria farmacéutica nacional (en un momento de crisis económica), pero al mismo tiempo facilita la adquisición de medicinas para evitar el desabasto.

La razón detrás es la corrupción que, según el presidente, hay en el sector. La crítica es que el gobierno, incapaz de planear las compras de medicamento, recurre a esta iniciativa por incompetencia.

Aunque a nivel nacional, con base en los datos de la Secretaría de Salud federal, Jalisco sólo cuenta con 13,061 contagios, gracias a la estrategia Radar Jalisco, se reporta más del doble. Suman 29,630 casos, lo que lo posiciona en 4o. lugar nacional, por debajo de las entidades: Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León.

Las imágenes, registradas primeramente por una persona en su teléfono móvil y trasmitidas luego en MILENIO Televisión, son estremecedoras: los parientes de una señora mayor que desfallece llegan a la entrada de un hospital y piden ayuda al personal del nosocomio para llevarla al interior y que sea atendida. Ninguno de los enfermeros y empleados que alcanzas a vislumbrar detrás de la puerta responden a las desesperadas súplicas de una mujer que, aparentemente, es la hija de la doliente a quien, con la ayuda de un acompañante, intenta subir a una silla de ruedas. Les falta fuerza, sin embargo, y apenas logran mover el cuerpo. Momentos después, sin recibir todavía ayuda alguna, la anciana ha quedado inmóvil, tal vez muerta ya, mientras siguen resonando los desgarradores gritos de su familiar en el desolado escenario de la noche. Hasta ahí la respuesta al dolor ajeno. Hasta ahí las reacciones que pudiere cualquier ciudadano esperar del personal médico de un hospital público. Hasta ahí el compromiso y hasta ahí el cumplimiento del deber o, más bien, la desvergonzada y criminal disposición personal a incumplir. No hubo auxilio alguno. Nadie ayudó. Lo único que hubo fue una descarnada indiferencia.

Hay más, sin embargo. Los trabajadores del centro de salud llaman a la policía y el sujeto que tuvo a bien filmar la escena en su celular es detenido y subido brutalmente a una camioneta policial por 5 agentes. Este 2o. episodio es grabado a su vez por otros viandantes que, visto el salvajismo de los uniformados, tienen todavía la entereza de enfrentarlos. No hay cargos contra el apresado pero, tras 24 horas de ser aprehendido, el buen hombre sigue todavía en una celda. El suceso aconteció en Jalapa, un poblado de Tabasco. Resulta evidente que la policía municipal de esa localidad necesita un curso intensivo sobre derechos humanos. Pero ¿qué podemos decir de la gente del hospital? El tema no sería siquiera su descomunal insensibilidad al responder despreciativamente a los ruegos para dar auxilio a una persona moribunda. Lo verdaderamente escandaloso del asunto es que... ¡a eso se dedican precisamente, a atender a seres humanos con problemas de salud!

La realidad de la arbitrariedad, la injusticia y los flagrantes atropellos persiste este país, señoras y señores. Por eso mismo, porque en cualquier momento podemos sobrellevar la espeluznante experiencia de la brutalidad policial o padecer los más flagrantes abusos, por eso desconfiamos de la autoridad y por eso llevamos en los supuestos genes de la mexicanidad un consustancial déficit de ciudadanía.

El horror cotidiano de los asesinatos y los secuestros, al que parecemos tan acostumbrados, resulta de la violencia criminal. Estas otras infamias, ¿las tendríamos que sobrellevar también pero ahora por cortesía de los organismos públicos? Ah...

El manejo del tapabocas ha sido desafortunado por parte del funcionario. No sé si la desestimación de López-Gatell al uso de tapabocas se debió al principio a una legítima convicción de que no hacía diferencia en el contagio (posición inicial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y después al orgullo que le impedía reconocer el equívoco, o de plano al deseo de que el contagio continuase a una velocidad moderada y la población alcanzase la inmunización de rebaño. Quizá una mezcla de las razones anteriores. Pero lo cierto es que a la luz de la información hoy conocida en todo el mundo, López-Gatell mantiene aún una posición innecesariamente ambigua. Admite que es una medida útil, entre otras, pero prescindible si se mantiene la sana distancia y advierte de algunas desventajas: propicia en la población una falsa sensación de seguridad que le lleva a asumir riesgos, hay desconocimiento en la manera de usar un tapabocas y terminan convertidos en fuente de infección, no detienen completamente las partículas infecciosas.

Pero siempre queda la impresión de que son argumentos ex post, para no dar su brazo a torcer. Si está reconociendo que son de alguna ayuda, como lo demuestra la estadística en muchos países y considerando que hay vidas en juego, en lugar de desestimar el tapabocas tendría que enfatizarse su uso y hacer campañas para minimizar sus desventajas (uso correcto, tipo de materiales, etc.).

López-Gatell, como responsable de organizar los esfuerzos de los mexicanos en contra de la pandemia, debió haber sido más firme ante la desinformación del presidente y sus mensajes equívocos. López Obrador seguramente actuaba de buena fe cuando señalaba ya tan tardíamente como el 2 de marzo: "¡Eso de que no se puede abrazar; no! Hay que abrazarse, no pasa nada!". Obviamente el mandatario aún no estaba consciente de lo que se nos venía encima, pero un experto en epidemiología como López-Gatell para entonces lo tendría muy claro. En Estados Unidos su equivalente, el Dr. Fauci, reconvino a su presidente, Donald Trump, por lo errores de sus mensajes al público, desautorizando sus afirmaciones. López-Gatell no se atrevió. La salud de los mexicanos tendría que haber sido más importante que no hacer quedar mal a su jefe.

Trabajadores de la Subdelegación Sur del IMSS en Puebla denunciaron que el edificio se convirtió en un auténtico foco de contagio de Covid-19. A la fecha, suman 14 personas con el virus y un deceso, sin que hasta la fecha el responsable Marko Erick Montero Rodríguez haya tomado medidas al respecto y, por el contrario, mantendría amenazados a los empleados con despedirlos si son hallados como responsables de difundir información a los medios de comunicación sobre la situación que allí se vive.

Personal de la Subdelegación, quien denunció la situación bajo la gracia del anonimato, explicó que nunca acataron correctamente las medidas de prevención durante la emergencia sanitaria y, a partir del 1 de agosto pasado, se reactivo al personal para realizar acciones de supervisión en empresas, negocios y obras de construcción, lo mismo que la ejecución de auditorías.

De acuerdo con los inconformes, las 14 personas infectadas son notificadores, ejecutores, personal de intendencia y hasta jefes de departamento, como es el caso del jefe de Auditoría. La razón de ocultar la situación que atraviesa la subdelegación, se debe a que el grado de contagio obligaría a cerrar las oficinas, una medida a la que se opone rotundamente Montero Rodríguez.

Los contagios han ocurrido de la siguiente forma: 5 en el área de sótano, 2 en planta baja, 1 en 1er. piso, así como 5 en el 2o. piso, en donde también se reportó el 1er. deceso.

Al complejo problema se suma la suspensión, desde hace 2 semanas, de los trabajos de sanitización en el edificio, el uso de cubrebocas obligatorio al interior de las oficinas por parte de los trabajadores, ya que recibieron la instrucción que una vez adentro de sus lugares de trabajo "ya no pasa nada".

La inconformidad, manifestaron los empleados, es mayor debido a que el subdelegado mandó a acordonar su oficina con cintas de plástico amarillas para evitar el paso a cualquier persona mientras se encuentra laborando, pero en general tomó la decisión de acudir lo menos posible a la subdelegación.

Marco Erick Montero Rodríguez arribó a la subdelegación durante la gestión de Enrique Doger Guerrero como delegado del IMSS en Puebla.

El Covid-19 nos ha sorprendido una y otra vez y ha obligado al cambio de estrategias de las autoridades sanitarias. Sabemos que el confinamiento puede ayudar a prevenir la difusión de la enfermedad, pero solo si se hace muy temprano. La experiencia nos demuestra, por otra parte, que los países que más éxito han tenido contra la pandemia son los que han hecho pruebas y aislado a los contagiados, y no a la sociedad en su conjunto, y que además han logrado un mayor uso de mascarillas.

Algunos países, como Nueva Zelanda y Noruega, han tenido éxito con el confinamiento. Lo aplicaron muy temprano y son relativamente aislados. Hoy enfrentan, sin embargo, los problemas de abrir nuevamente la economía, porque es imposible cerrar durante varios años, y su población tiene bajos niveles de inmunidad. China aplicó con éxito un confinamiento muy rígido, y utilizó la fuerza pública para obligar a la gente a permanecer en sus casas, pero los rebrotes muestran los problemas de largo plazo de esta estrategia.

Otras naciones, como Italia, Francia y España, han aplicado confinamientos obligatorios con poco éxito inicial, aunque con el paso del tiempo sí han logrado contener la pandemia. Sin embargo, también están teniendo problemas de rebrotes.

Algunos de los países que más éxito han tenido en la lucha contra el Covid no han recurrido al confinamiento obligatorio, tan favorecido por quienes gustan de los gobiernos autoritarios. Se trata de Singapur, Corea del Sur y Taiwán, entre otros, que utilizaron una combinación de pruebas, con seguimiento para aislar a los contagiados, y mascarillas. Tener buenos sistemas de salud también ha funcionado, aunque no para reducir contagios, sino las muertes, como en el caso de Alemania.

México no ha sido en esta lucha el ejemplo para el mundo que proclama el presidente López Obrador, en una actitud triunfalista, ciega ante los hechos, muy similar a la de sus colegas Donald Trump de Estados Unidos y Jair Bolsonaro de Brasil. Es verdad que aplicó un confinamiento parcial, no obligatorio, que no violó las garantías individuales, pero restringió las pruebas y minimizó el uso de mascarillas. Hasta la fecha el presidente López Obrador afirma que no hay pruebas científicas de la eficacia de los cubrebocas y se niega a emplear estos en público.

México tiene, como dice AMLO, un número relativamente pequeño de casos ponderados por población: 3,439 por cada millón de habitantes hasta el 3 de agosto. Singapur, por ejemplo, registra 9,112, casi 3 veces más. El bajo número de México, sin embargo, es consecuencia de la política de limitar las pruebas. México ha aplicado 7,834 pruebas por cada millón de habitantes; Singapur, 225,652 por millón de población. El número de contagios de México es, por lo tanto, artificialmente bajo; hay muchos casos que no han sido detectados.

¿Cuál es la diferencia en muertos? México registra 372 muertes por cada millón de habitantes, mientras que Singapur tiene solo 5. También el número de fallecimientos en México, sin embargo, es artificialmente bajo por falta de pruebas. Muchísimas muertes por Covid se registran como neumonía atípica u otros males en nuestro país.

Entiendo y comparto la decisión del presidente López Obrador de no violar las garantías individuales para confinar a la gente contra su voluntad. Pero la aplicación de pruebas, el seguimiento y aislamiento de los contagiados, y el uso masivo de mascarillas son instrumentos que podrían haber evitado decenas de miles de muertes. Ya es momento de aceptarlo... y de hacer algo para remediarlo.

Se puede hacer un parangón entre la forma en que López-Gatell ha manejado la pandemia y el modo en que López Obrador ha conducido la República. En ambos casos se observa la misma conducta errática, el mismo uso de datos que no corresponden a la realidad, semejante actitud autoritaria. Hoy por hoy López-Gatell y López Obrador son vidas paralelas, espejos uno del otro.

La senadora por Sonora, Lilly Téllez, explicó en un video publicado en su cuenta de Twitter la respuesta que obtuvo al intentar entregar una carta al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En el video de menos de un minuto, la senadora declara que en el escrito pide al subsecretario que se les otorguen medicamentos y se reanuden los tratamientos a 15 mujeres de diferentes partes del país, quienes padecen cáncer.

Previamente en una conferencia virtual señaló que 6 de las pacientes son del Estado de México, 5 de la Ciudad de México, 2 de Veracruz, una de Oaxaca y una más de Hidalgo.

Sin embargo, manifestó que en la oficina de López-Gatell no quisieron recibir el oficio con el argumento de que "el cáncer es importante pero no es urgente, solo se reciben peticiones por casos de COVID, qué indignante", expresó la legisladora.

En conferencia, la senadora Téllez dijo que "la respuesta de este gobierno a las personas que han perdido su tratamiento para el cáncer es puerta cerrada, ni siquiera se recibe una carta de petición para reanudar sus tratamientos".

Desde el inicio de la pandemia en nuestro país, nos preguntamos: ¿Hasta dónde llegará? ¿Cuánta gente va a contagiarse? ¿Y cuánta gente puede morir?

5 meses después, con cifras oficiales (los 'otros datos' son aún más altos) la pandemia cubre todo el país, con más de 462,000 contagiados y 50,517 muertos, y aumentando diario. Desde la Revolución no se recuerda evento único que cobre tal cantidad de vidas.

De marzo a hoy, el gobierno ha tomado acciones:

Pidió 'Quédate en Casa', y 'Sana Distancia'.

Cerró oficinas de gobierno, juzgados, escuelas, entidades públicas, y más. Pidió a las empresas privadas cerrar para actividades no esenciales.

En junio, en plena tendencia alcista de contagios y muertes, pidió apertura parcial en algunas áreas, señalizando la situación por estado o ciudad con semáforos de alerta semanales, con criterios que crean desacuerdos con los estados.

-Conferencias de prensa diarias informando cifras de contagios y fallecimientos, no acciones para reducirlas.
-Para Julio, López- Gatell llama a "usar cubrebocas en lugares cerrados..." (11 de julio) y el presidente declara: "No lo necesito, no está científicamente comprobado...", "usaré tapabocas cuando ya no haya corrupción".
-Informes sobre capacidad hospitalaria, que es para tratar al ya contagiado, y nada para prevenir contagios.
-La calidad de las cifras está cuestionada: Los contagios que la SSa publica diario, no incluyen a personas atendidas en hospitales privados. Los números de fallecimientos reportados son menores a la cantidad de actas de defunción expedidas.

30 de abril: "El pico se tendrá el 11 de mayo, e iniciará el descenso..."
23 de mayo: "Ha sido muy eficaz el tratamiento que se la ha dado a esta pandemia..."
2 de junio: "Se ha logrado controlar en México la pandemia..."
9 de junio: "México está dando un ejemplo al mundo porque logramos aplanar esta curva..."
9 de julio: "La epidemia continúa desacelerándose...", el día que se tuvieron 6,995 casos nuevos.
12 de julio: "La pandemia va a la baja, está perdiendo intensidad..."
21 de julio: "La curva va lentamente a la baja: AMLO; son 3 semanas con señales de reducción..."

Entonces, ¿cómo revertir tendencias? Si se sigue actuando igual, el resultado no cambiará.

"Estamos mejor que otros países..." (23 de mayo). ¿Estamos mejor o peor que otros países? El debate es estéril, deberíamos de vernos a nosotros y cómo revertir las tendencias, pero podríamos aprender de quienes lo han hecho bien.

1.- El inicio de los contagios.
2.- Las acciones de emergencia para suprimirlos.
3.- El monitoreo permanente detectando los casos nuevos y suprimiéndolos.

Además, férreo control en las fronteras y aeropuertos, cualquier persona que entra tiene 24 horas para hacerse la prueba y después pasar 14 días confinado.

Resultado: Redujeron los contagios y fallecimientos y la economía ha sufrido muy poco, aunque siguen en alerta para contener los rebrotes.

EN MÉXICO, QUÉ SE PUEDE O SE DEBE HACER:

-Todo el gobierno debe usar tapabocas sin excepción.
–Hacer pruebas.
–Hacer el rastreo de los posibles contagios y en los aeropuertos SÍ dar el seguimiento debido.

El tema es que 5 meses después NO HAY UNA SOLA política pública que funcione para evitar los contagios.

De acuerdo con un escenario elaborado por el Instituto de Massachusetts, México podría tener el pico de la pandemia el 10 de agosto. Y de ahí, lo que tarde en bajar la curva; algunos expertos aseguran serían al menos 6 semanas.

Los *PACIENTES DE NUTRICIÓN* necesitamos tu ayuda para difundir el siguiente mensaje:

*SR. LÓPEZ OBRADOR*

¡MEXICANOS POR EL DERECHO A LA SALUD!

Las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) reconocieron, desde febrero pasado, que tenían problemas para abastecer las vacunas BGC y DPT, de acuerdo con los datos que constan en la documentación del Congreso de la Unión.

Ante el desabasto de insumos del sector salud observado en 2019, incluyendo los del esquema básico de vacunación, la senadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez, solicitó a la secretaría federal que informara sobre las causas.

En la respuesta de la dependencia que encabeza Jorge Alcocer Varela, entregada a la legisladora del blanquiazul en febrero anterior, se planteó que el abasto de vacunas para el año pasado se procuró a través del proceso de consolidación, incluyendo entonces a la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Marina (Semar).

Pero también se reconoció que en la compra de 2 vacunas, se declaró desierta la licitación, porque "el único proveedor (GLIMPSA) está inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP): BGC y DPT. Al respecto se informa que no existe proveedor nacional, por lo que se buscará uno internacional".

Otro documento oficial que explica el problema del desabasto de insumos médicos corresponde a las preguntas que en septiembre de 2019 le formularon los senadores al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en el marco de una comparecencia.

Entonces tampoco estaba solucionado el problema de desabasto de esas 2 vacunas.

El encargado de conducir la política de salud del país respondió que para la adquisición de BCG y DPT se estaba realizando la gestión directa con productores internacionales, dado que no existen de proveedores nacionales, por lo que no se incluyeron en la compra consolidada.

Por otra parte, un documento del sector salud de Guanajuato, el cual fue enviado al Senado de la República, muestra el desabasto que afronta en el caso de las vacunas que se compran y suministran a nivel federal.

La lista, en el caso de la entidad gobernada por Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, es encabezada por las vacunas BCG y la DPT, las cuales se terminaron en los almacenes de la entidad entre los meses de enero y agosto del año pasado.

Luego de más de 2,700 neurocirugías en 27 años y 9 meses de labor y tras denunciar carencias de equipo y omisión institucional que pone en riesgo al personal de salud en el IMSS ante la pandemia de covid-19, el especialista Armando Rosales fue despedido del Instituto Mexicano del Seguro Social acusado de omisiones y negligencia médica.

"Mientras el IMSS no dé el equipo adecuado todos estamos en riesgo, nos dieron un bozal que no protege, toda muerte que exista en el IMSS de médicos y derechohabientes es responsabilidad del maestro (director General) Zoé Robledo", señaló Rosales en un video el 25 de marzo, 7 días después de que se confirmó el 1er. caso de coronavirus en Zacatecas en un médico del IMSS que murió el 31 de ese mismo mes.

"Es una mentada de madre lo que nos hacen a nosotros los trabajadores. El kit que nos entregan en el Hospital General: 1 un cubrebocas que no es N-95, unos guantes de lo más corrientes, una bata y un gorro".

"Al instituto nuestra vida les vale madres [...], con mis recursos yo me compré mi overol y una mascarilla especial", volvió a denunciar el médico en otro video el 15 de mayo, en un momento previo a visitar a un paciente con tumor cerebral al área covid-19 del hospital General 1 del IMSS.

El 3 de agosto, el IMSS hizo efectiva la recisión laboral al médico neurocirujano Armando Rosales Torres, quien también es secretario general del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del IMSS, a quien acusa de haber dado atención deficiente a un paciente con glioblastoma multiforme (cáncer cerebral que provoca tumor irresecable).

Un tumor irresecable, explica el especialista, es aquel que, aun y cuando pueda ser extirpado, vuelve a salir e incluso incrementa su tamaño, razón por la cual en hospitales de Estados Unidos estos tumores no se operan, pues se les considera incurables y sólo mediante tratamientos de radio y quimioterapia se puede alargar el periodo de vida de los pacientes por algún tiempo.

De acuerdo con un impreciso comunicado del IMSS emitido el 5 de agosto, 48 horas después de su recisión, en el que no se precisan fechas en las que el médico valoró por 1a. vez al paciente afectado ni el procedimiento detallado que se llevó a cabo, se acusa a Rosales Torres de omisiones como "falta de valoración clínica integral al paciente, ausencia de notas médicas donde plasmara las actividades de valoración al paciente, por lo que no existió apego a la NOM 004-SSA3-2012 del expediente clínico y, pese a contar con elementos clínicos y auxiliares de diagnóstico, no se ofrecieron opciones terapéuticas apropiadas".

En su comunicado, el IMSS asegura que durante el proceso de investigación, en su comparecencia del 31 de julio, el trabajador rescindido se negó a responder las preguntas que se le formularon y presentó su declaración por escrito, sin que fuera suficiente para desvirtuar las faltas atribuidas.

Sin embargo, el propio IMSS le permitió a Rosales presentar su declaración por escrito, en una sesión que duró 20 minutos.

En entrevista, Rosales Torres negó las acusaciones en su contra por parte del IMSS, sobre todo en relación a que él no ofreció opciones terapéuticas al paciente y que la supuesta falta de atención oportuna de su parte hubiera puesto en peligro la vida del afectado.

En su declaración por escrito, emitida el 31 de julio ante los Servicios Jurídicos de la Delegación del IMSS, Rosales Torres detalla en 3 cuartillas cómo atendió al paciente durante 4 días, hasta que sus propios familiares decidieron darlo de alta de manera voluntaria el 12 de junio a las 18:43 horas, momentos antes de iniciar su tratamiento de radioterapia.

"El paciente Alfonso N de 67 años ingresó el 9 de junio a urgencias, se me pidió una valoración, le realicé una tomografía en la que se le detectó un tumor cerebral maligno, por lo que se le realizó una resonancia magnética de cráneo, por lo que requeriría una biopsia, darle quimioterapia y radioterapia para darle una sobre vida de 6 meses a 2 años y evitar una micrometástasis", señaló el neurocirujano.

El médico especifica que el 12 de junio, el 4o. día de estar internado, acudió con el paciente quien se encontraba estable y a quien le explicó los riesgos de someterse a la biopsia.

Después, el 15 de junio acudió a buscar al paciente para saber si había decidido someterse a la biopsia y el neurocirujano se percató entonces que el paciente solicitó su alta voluntaria 3 días antes.

"Si sus familiares decidieron el alta voluntaria argumentando que unos ingenieros le quitarían el tumor cerebral, es decisión del paciente", dijo el médico a Ágora Digital.

En su declaración, el médico señala que entre las irregularidades de recisión en su contra se encuentra que quien interpuso la queja por negligencia médica fue interpuesta por el hermano del paciente cuando el primero nunca tuvo comunicación con el neurocirujano en el tiempo que fue atendido por él.

"Lo que está haciendo el IMSS a través de la delegada Sandra Durán en este caso es una persecución debido a que estuve denunciando desde el inicio de la pandemia por la covid-19 las pésimas condiciones laborales en las que se desempeña el personal del IMSS poniendo en riesgo la vida sin que se nos dieran los insumos básicos para nuestra seguridad y la correcta atención de los pacientes", dijo.

Después de haber solicitado su egreso voluntario, Alfonso "N" ingresó de nueva cuenta a urgencias por el mismo padecimiento, entonces fue atendido por una neurocirujana distinta.

El paciente argumentó que Rosales lo diagnosticó de manera inadecuada aunque el 25 de junio se le realizó la biopsia que originalmente le ofreció el médico acusado de negligencia, y el 28 de junio el paciente fue dado de alta para que regresara a casa en situación estable.

No obstante, el quejoso y el IMSS argumentaron que la biopsia se retrasó 10 días a consecuencia de una mala atención de Rosales; sin embargo, el neurocirujano señala en su declaración que dicho retraso en la atención se debió a que los familiares del paciente pidieron su alta voluntaria el 12 de junio.

"Una grave irregularidad en mi procedimiento es que para acreditar falsamente una negligencia médica que nunca existió, el IMSS solicita la opinión técnica al médico general Germán Arias Rebatet, quien carece de toda noción neuroquirúrgica y asegura que debí aplicar una guía práctica del año 2000 ya obsoleta para procedimientos como el que nos ocupa", señaló.

Armando Rosales pidió en la audiencia del 31 de julio se incorporara la versión de Esaúl Lozano Prado, jefe de Servicio, quien en un documento fechado el 15 de julio precisa que en relación a la queja presentada por el hermano del paciente, la decreta improcedente por considerar que se le brindó al paciente la atención adecuada y fue su familia junto con él quienes al final decidieron firmar una alta voluntaria para buscar otra opción de tratamiento fuera del IMSS.

En el documento se detalla que el paciente ingresó a Urgencias por 1a. vez el 8 de junio a quien a través de estudios complementarios y resonancia magnética se le detectó un glioblastoma temporal del lado derecho, de inicio no agudo y del cual fue operado el 25 de junio sin complicaciones post quirúrgicas y siendo egresado del hospital en buenas condiciones el 28 de junio.

"No encontramos imputables omisiones y no hay falta al Reglamento de Prestaciones Médicas por parte del personal trabajador, por tal motivo la queja interpuesta no la consideramos procedente", señala el documento dirigido a Eduardo Erik Puch Ceballos director del Hospital General de Zona 1 en la capital.

Para el neurocirujano, que en sus inicios obtuvo el premio a la mejor tesis en el país por su trabajo experimental con ratas cuadripléjicas y a quien le restaban 2 meses para poder jubilarse, su siguiente paso será demandar al IMSS por despido injustificado.

La pandemia golpeó México 2 meses después de su inicio en China y luego de pasar como un huracán, sanitario y económico, por los países del sur de Europa. Mientras veíamos las imágenes de comunidades enteras confinadas, policías deteniendo a gente en la calle y la angustia de los sistemas de salud rebasados, en México, Hugo López-Gatell nos decía: estamos preparados.

Llevamos semanas preparándonos, respondía ante cualquier cuestionamiento. 6 meses después, la preparación no supuso evitar contagios, ni muertes. Esta semana superamos el umbral de las 50,000 muertes y, de continuar con la tendencia, en 3 semanas llegaríamos al escenario catastrófico que el gobierno federal situó en 60,000 fallecimientos. ¿Hay forma de matizar el fracaso?

El Gobierno de México defiende su estrategia aludiendo a un único indicador: no hubo saturación hospitalaria. No vimos las imágenes de desesperación que presenciamos en países como Ecuador o Italia. Es cierto, sin embargo, el sistema sanitario no colapsó porque la estrategia se diseñó para no detectar casos. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México hace menos pruebas PCR que Bangladesh, Brasil, Colombia o cualquier país europeo. ¿Cuántos contagios y cuántas muertes se podrían haber evitado con una política de pruebas masivas? ¿Por qué se optó por una política deliberada de no detección del virus? ¿No aprendimos de los casos de Italia y España en donde los casos asintomáticos provocaron la expansión del virus?

Decir que tener camas vacías en los hospitales es sinónimos de éxito, cuando somos el 3er. país del mundo con más fallecimientos -sólo detrás de Brasil y Estados Unidos- es cinismo. Es casi como decir: murieron en sus casas, qué alivio. Y es también la incapacidad de un gobierno para recalibrar la estrategia cuando los datos apuntan al fracaso. El modelo Centinela fue vendido por las autoridades sanitarias como el non plus ultra de las estrategias para contener el Coronavirus. El modelo es intocable para las autoridades federales, quien lo crítica es denostado como "politiquero". Es como si un entrenador de futbol plantea un parado táctico y al medio tiempo va perdiendo 4 a 0, y a pesar de ello, opta por salir al 2o. tiempo con la misma estrategia.

Diríamos, claro: ya tiró la toalla. O un empresario que durante 4 trimestres consecutivos tiene a su empresa en números rojos y decide seguir haciendo lo mismo. Es tiempo de corregir. Y es tiempo de autocrítica.

La realidad es que se han cometido graves errores en este proceso y nadie asume responsabilidades públicas por las pifias. Ya señalamos una: no hacer pruebas. Sin pruebas es imposible detectar los casos a tiempo y tampoco es posible rastrear la trazabilidad de los infectados. Una 2a., la banalización del virus en el discurso de Andrés Manuel López Obrador.

Vivimos en una sociedad incrédula, sospechosista, ávida de abrazar teorías de la conspiración, y a eso hay que sumarle un discurso presidencial que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Abracémonos, decía el presidente en marzo. Digámoslo con todas sus letras: al ver el huracán económico que se veía encima del país, el mandatario optó por salvar a su proyecto y no a la ciudadanía que estaría en riesgo frente al virus. 4 meses después, la pandemia se llevó más víctimas que el narcotráfico y la economía caerá, casi con entera seguridad, doble dígito en 2020.

Una 3a.: esa actitud de macho que se resiste a usar el cubrebocas o la mascarilla. Como bien escribió Carlos Bravo Regidor, la renuencia a utilizar tapabocas tiene una relación directa con la necesidad de un hombre de mostrar virilidad. Vea quien se resiste: Donald Trump y Jahir Bolsonaro.

Por el contrario, Angela Merkel fue de sus principales impulsoras. Esa actitud infantil frente al cubrebocas ha provocado que se relativice su uso o que se vea casi como una imposición. Un discurso anticientífico de la Presidencia de México que embona perfectamente con los ánimos conspiranoides de una parte de la población.

4o. error: no hubo una política económica orientada a proteger el empleo y permitir que, las personas que viven al día, se pudieran confinar en los momentos más críticos de la pandemia. La ausencia de ello nos lleva a un 5o. error, muy ligado al anterior, las medidas fueron voluntarias. Y es que no quedaba de otra, en un país con 60 millones de gente en pobreza, el confinamiento obligatorio era una quimera. Nunca se concibió una política económica y fiscal globales que dieran oxígeno a empresas y familias para evitar que se jugaran la vida yendo a buscar el pan. La voluntariedad hizo que incluso aquellos que se podían encerrar sin temer a las consecuencias económicas, no lo hicieran al nivel que estaban obligados para evitar la propagación del virus.

6o. error: no se hizo política. Hay algo que tiene que quedarle muy claro a López Obrador: México es un país federal. Las decisiones se deben tomar en conjunto. Y más cuando hablamos de competencias compartidas entre estados y la federación. La salud es atribución de ambos y las estrategias no se pueden construir desde un escritorio en la Ciudad de México. Qué diferente hubiera sido si López Obrador hubiera convocado en febrero, cuando sabíamos que tarde o temprano pegaría con fuerza la pandemia, a un gran acuerdo nacional entre gobernadores, autoridades sanitarias y el gobierno federal. En ningún país se quiso imponer la visión de un hombre para lidiar con la pandemia. No entiendo la resistencia del gobierno federal a hacer política como se debe: con visión de estado.

Último error: la extraña obsesión de López-Gatell con los pronósticos. El subsecretario pronosticó el pico de la epidemia decenas de veces. Sólo generó expectativa y, luego, decepción. Entiendo que los vaticinios sirven para apaciguar la ansiedad social, pero nunca se calculó el golpe en la credibilidad del subsecretario y de la estrategia.

El hartazgo social y las pifias provocaron que, hoy por hoy, ya nadie ponga atención a la definición de la estrategia federal para enfrentar el COVID. El semáforo y el conteo de cifras sólo provocan horror, no prevención. La credibilidad del gobierno se derrumbó. En los próximos días llegaremos al escenario que López-Gatell definió como devastador y altamente improbable. Lo peor es que la arrogancia ciega al presidente y a su grupo de colaboradores. Creen que admitir errores es síntoma de debilidad y un empuje a la oposición. Mientras tanto, la gente sigue muriendo. Y el Gobierno de México festejando que todavía hay camas libres en los hospitales. Una tragedia.

El doctor Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS -para que lo tengan bien ubicado, déjenme decirles que es el mismo que en plena conferencia de prensa NO supo los síntomas de Covid y volteó al lado y preguntó: ¿Qué más? También fue el mismo que el día 16 de abril convocó al personal médico 'administrativo' del IMSS para que acudieran de manera urgente a una capacitación al día siguiente, pues eran requeridos para asistir a 'supervisar' hospitales Covid y que el horror de dicha 'ocurrencia' fue el fallecimiento del Dr. Roberto Ruiz, descanse en paz. Ginecólogo de quien todo el mundo me dice: no sólo era una eminencia sino un ser humano espectacular y quien estaba a punto de jubilarse, por lo que nunca debieron exponerlo, ya que era población vulnerable. Fue tan buen ginecólogo que bajo su coordinación la muerte materna disminuyó como nunca. Ahora, y aunque el propio presidente López Obrador dijo que en las oficinas se regresará hasta octubre, Borja, quién está en contra del 'home office', pues dice que no tiene la 'certeza' de que la gente esté trabajando, y ahora pidió que al personal vulnerable que se había enviado a sus casas, habría que evaluarlo de manera personal. ¡Así, cómo lo está leyendo! Lo más preocupante de dicha 'ocurrencia' es que según radioquirófanos en Covid-19, la indicación es que los dictaminen, a los vulnerables, como 'aptos' para regresar, ya sin importar su factor de riesgo, pues si el semáforo está en naranja, ¿por qué seguirlos cuidando? Zoé Robledo, ojo, la gente en el IMSS está muy nerviosa, y con razón.

La mayor parte de los esfuerzos de los gobiernos se han dirigido a impedir un desplome de la demanda, y a controlar los contagios para recuperar la capacidad de la oferta. En México el gobierno ha fallado en ambas cosas. No hubo un plan de contención, para evitar que el golpe llegara a hogares y empresas, ni hay un plan de recuperación. Pero lo peor, me parece, ha sido el manejo de la pandemia.

México es uno de los países que aplica menos pruebas, de forma que la positividad, es decir, la proporción de resultados positivos, promedia casi 50%. Por eso el número de casos nuevos varía con tanta facilidad: si hacen 10,000 pruebas, hay 5,000 casos nuevos. Si hacen 20,000 pruebas, hay 10,000 casos. Esto lo que significa es que no tenemos idea de cuántos casos hay. En países civilizados, cualquier tasa de positividad superior a 10% prende alarmas.

Otro efecto de las pocas pruebas es que la letalidad parece elevadísima. Ésta se calcula dividiendo las defunciones entre los casos comprobados. Si estos últimos son pocos, la tasa es elevada. Pero el asunto es peor, porque las muertes registradas no se acercan a la realidad. Varias veces hemos citado el trabajo de Mario Romero Zavala y Laurianne Despeghel, publicado en Taller de Datos de Nexos desde hace un par de meses, en el que mostraron que las muertes en exceso en la Ciudad de México eran poco más de 3 veces superiores a las reportadas por Covid. Estas cifras se han actualizado con cierta regularidad, y ya han sido retomadas por publicaciones internacionales, como The Economist. Más aún, fue lo que obligó al gobierno a publicar las muertes en exceso para 20 entidades federativas, comprobando el factor mencionado.

Esto significa que la pandemia no ha provocado 53,000 muertes en nuestro país, sino 160,000. Y no son cifras, son tragedias personales y familiares. Y todo eso es resultado de la desidia e incuria del gobierno. Menospreciaron el problema, se concentraron en que no se notara (por eso pocas pruebas) y en evitar la saturación de hospitales (por eso no dejaban ir a ellos, te mandaban a tu casa con Paracetamol). Gracias a la manipulación de cifras (pocos casos porque pocas pruebas, pocas muertes porque no se registran, poca ocupación hospitalaria para que se mueran en su casa), los 2 López han podido engañar a los mexicanos durante ya 5 meses.

Sin embargo, el virus no se deja engañar tan fácil. Los contagios continúan, y la 'meseta' en que estamos representa 650 muertes oficiales al día, 2,000 en la realidad. Son 20 veces más muertes que las causadas por el flagelo de la última década, el crimen. Puesto que no hay ninguna medida en este momento para reducir el contagio, porque se sigue confundiendo a la población al respecto del cubrebocas, y no hay pruebas suficientes ni seguimiento de contactos, esta meseta puede continuar el resto del año, de forma que cerraríamos 2020 con medio millón de mexicanos muertos a causa del virus, algunos de ellos por otras causas, pero que no pudieron tener acceso a un hospital que hoy está dedicado al Covid.

Si no se toman en serio las recomendaciones internacionales: pruebas, seguimiento y cubrebocas, o aparece una vacuna milagrosa, medio millón de mexicanos habrá muerto en este año de forma prematura. Y varios millones habrán caído en pobreza por esa misma razón: un manejo deplorable, por parte de un par de cínicos criminales, de la amenaza global más seria en un siglo.

El gobierno mexicano lanzó el primer confinamiento derivado de la pandemia a partir del 23 de marzo pasado y hasta el 19 de abril.

Los primeros cálculos señalaban la posibilidad de que con una 'cuarentena' breve y leve (pues nunca implicó sanciones) se pudieran romper las cadenas de contagios y empezar a bajar el ritmo de crecimiento de la enfermedad.

Para el 16 de abril era claro que ese lapso era insuficiente y por lo tanto el confinamiento se extendió hasta el 30 de mayo.

El cierre de negocios por 2 meses, que hundió a la economía no sirvió de mucho porque para los últimos días de mayo la pandemia seguía en una clara fase de crecimiento.

Sin embargo, la presión política fue demasiada y el gobierno tomó la decisión de introducir un sistema de semáforos estatales que resultó controversial y polémico. Tampoco ha resultado.

Los confinamientos exitosos son aquellos que marcan un antes y un después. Entre los casos muy conocidos están España e Italia.

En España, el nivel más alto de los contagios se presentó el 25 de marzo con 9,630 casos y luego hubo una baja consistente al punto de que el 8 de junio solo hubo 167. Por cierto, hoy existe un rebrote.

En Italia, el máximo llegó el 21 de marzo con 6,557 y el 12 de junio tenían 163.

El costo económico fue ‘productivo’ porque permitió un control de los contagios.

En México, el problema es que nunca tuvimos un confinamiento pleno y no se rompió la cadena de contagios.

Si bien hay indicios de que el registro de casos diarios va a la baja, los escenarios de algunos de los modelos epidemiológicos indican que esa tendencia podría durar un par de meses y luego revertirse.

No se requieren matemáticas complejas para entenderlo. Los procesos de apertura generan un volumen creciente de contactos sociales. Y en una cultura en la que no hay una propensión al cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, se reestablecen las cadenas de contagios.

Si no hay mecanismos para su identificación oportuna y seguimiento de contactos, hay el riesgo de una reactivación de la epidemia.

Bien pudiera no ser así y la sociedad mexicana podría darnos la sorpresa de que es capaz de cumplir las normas. Pero, es la menor de las probabilidades.

Realistamente, es más probable la posibilidad de la reactivación y probablemente de nuevos confinamientos. Eso, evidentemente, tiene consecuencias en la economía.

Ya pasó una vez, que hicimos un cálculo muy optimista, que consideraba que la pandemia podría controlarse en apenas unos meses. No ocurrió.

Ahora, hay quien imagina que para septiembre u octubre las cosas ya van a estar muy cerca de la normalidad. Pero, lo más probable es que no sea así.

Espero que en el gobierno estén contemplando la posibilidad de que la pandemia se extienda por todo el año y varios meses de 2021.

Pero, lo hagan o no, si usted tiene una empresa de cualquier tamaño, más vale que vaya considerando este escenario.

El modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington (IHME), considera que el volumen de contagios diarios pueda bajar, como lo ha hecho desde hace algunos días, y que esta baja se extienda hasta mediados de septiembre, para luego volver a subir y llegar a un nuevo pico de la segunda oleada hacia mediados de noviembre, todavía con una interrogante de cómo y cuándo bajaría.

Si le parece difícil de creerlo, recuerde que, en marzo, pocos hubieran imaginado que al 10 de agosto habríamos de tener 53,000 fallecidos reconocidos oficialmente y 5,558 nuevos contagios en el día.

Así que, si no lo ha hecho, piense en su estrategia para una pandemia prolongada.

No le gusta nada al presidente Andrés Manuel López Obrador que los medios hablen de temas que le generan negativos y mala imagen. Con sólo rozarle la piel se enciende y ataca. Insulta y difama con total impunidad, queriendo inhibir y amedrentar mediante el hostigamiento sistemático que siempre acompaña la sevicia de los francotiradores a su servicio en las redes y los incondicionales. Que le señalen realidades lo descompone, como al arrancar esta semana, que se le echó encima a la prensa por difundir el número de contagios y muertes por la COVID-19.

¿Pero qué esperaba el presidente? ¿Un silencio cómplice para ocultar la verdad al país, como quería el ex presidente Enrique Peña Nieto cuando en los medios registraban el número de muertos por la violencia? A los líderes no le gusta verse en el espejo, pero cuando esa figura es egocéntrica y autoritaria, cuando alguien respira sin su autorización, lo que viene como consecuencia es el enfrentamiento, como cotidianamente ratifica su modus operandi López Obrador.

No le gusta que se publique que la cifra de muertos por la COVID-19 supera los 50,000 y sigue ascendiendo, y que el número de contagios va corriendo hacia el medio millón. Se percibe desesperado al tratar de silenciar a mañanerazos a los medios. Pero frente a los números, su afirmación de haber domado la pandemia y enfrentar la COVID-19 con motivos religiosos se vuelve ridícula, mientras que su dicho que se ha manejado la enfermedad con "responsabilidad y profesionalismo", cae por la frivolidad de sus palabras y los galimatías del zar del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que sigue buscando pretextos para ocultar que su estrategia es un desastre.

En esto, López Obrador también es diferente al ex presidente Felipe Calderón, quien no se dejó timar por el subsecretario en 2009 y lo relegó en el manejo de la pandemia del AH1N1, a diferencia del inquilino de Palacio Nacional que no vio que López-Gatell no estaba capacitado para manejar la pandemia -no basta ser epidemiólogo-, por su inexperiencia en situaciones de contención de emergencia. Un botón de muestra: mientras en China se confinaba a 11 millones de personas para frenar el contagio en febrero, López-Gatell afirmaba que no se necesitaban hospitales especializados. Lo único que hay después de un yerro, son consecuencias.

La soberbia del subsecretario vio su alter ego en el de López Obrador, y en algún momento de tendrán que responder por el daño que han causado a centenas de miles de mexicanos con sus declaraciones a la ligera, poco responsables, nada profesionales, y verdades a medias. Los números de la COVID-19 contradicen sus dichos, al quedar como un resultado que escapa de la retórica, donde habita el presidente.

Las cifras de contagios y muertes son minimizadas a partir del argumento que la estrategia ha sido exitosa porque no hay desbordamiento de camas en los hospitales, y tampoco se ha dejado de atender a nadie. Es cierto, pero la afirmación es engañosa. Durante gran parte de la pandemia, 8 de cada 10 de personas que fallecieron por la COVID-19, nunca pisaron un hospital (la cifra ha disminuido en las últimas semanas de 6-7 de cada 10). La gente enferma no va al hospital hasta que está en un estado muy crítico, por lo que del 20 al 40% de quienes sí llegaron al hospital, el 42% de ese porcentaje murió.

No le gusta al presidente que todos los días lo muestren los medios la realidad, porque no puede borrar la realidad. En los primeros 90 días de la pandemia se registraron 78,000 casos, pero el número se duplicó en los siguiente 20 días (159,793), y volvió a subir casi 100% en los siguientes 28 (317,635). En el caso de fallecimientos, durante los primeros 90 días de la pandemia se registraron 19,080, que se duplicaron [?] en 14 días (28,510), y casi se elevaron al doble en los siguientes 38 (52,298).

Estos números, hay que aclarar, son los registrados en las instituciones de salud, pues aquellos que se enferman o mueren fuera del sistema no son registrados en la estadística oficial. Tampoco se conoce con precisión el número de personas portadoras del virus porque la política del gobierno es no hacer pruebas. El argumento de López-Gatell es que no sirven para contener el virus, lo que es cierto, pero también es falso. Cierto porque no sirve para contener la enfermedad; falso porque no es esa la razón de las pruebas, sino para saber más cómo se comporta el virus y la velocidad y los patrones con los que avanza.

López Obrador explota cuando los medios publican los datos y quiere que atiendan otras narrativas -las suyas. Los payasos que coloca su equipo de prensa para que le hagan preguntas a modo en las mañaneras le permiten ensayar distractores para desviar la conversación. Muchas veces tiene éxito, pero sus victorias son pírricas por efímeras. Ha saturado con conferencias de prensa el día para disparar temas como escopeta, y diseñado mensajes en YouTube los fines de semana para mantener ocupado el espacio público con sus temas.

Pero lo que antaño fue una estrategia a prueba de todo, ahora tiene horadado el blindaje. No tiene prácticamente a nadie en el gabinete que le ayude a desviar el interés de la opinión pública en salud, y quien mejor proyección tenía, López-Gatell, ha perdido credibilidad y respeto por las contradicciones e intentos para responsabilizar a otros por los costos humanos de la pandemia. Al presidente no le gusta que lo confronten con hechos, por lo que se victimiza y ataca. Está en su lucha por recuperar la narrativa, aunque en el caso de la COVID-19 la tiene perdida.

En el IMSS ocurrieron 76% de los fallecimientos notificados esta semana en Jalisco.

Ante ello, el gobierno estatal indicó que, los últimos días, el instituto ha informado de manera tardía sus decesos confirmados de COVID-19, lo que ha propiciado que estas cifras tengan un incremento considerable en los últimos días.

Soy médico, desde mi infancia soñé con ser cirujano, estudié con ahínco en la UNAM y en el extranjero para ofrecer lo mejor a los enfermos de mi patria; de Francia traje el concepto de terapia intensiva y abrí la primera unidad de Cuidados Intensivos en el IMSS, como las que hay ahora en todos los hospitales; siguiendo las enseñanzas de mi padre, mi única pasión ha sido atender de la mejor manera a los pacientes y educar en salud a la población mexicana.

Soy médico, y me indigna todo lo que he visto desde el momento en que se inició esta administración; me indigna que el señor presidente eligió como secretario a un individuo carente de toda información y experiencia en salud pública, que comparado con gigantes de la medicina como Jesús Kumate y Guillermo Soberón, se ve pequeño, insignificante e inútil.

Me indigna la agresión a la clase médica de los funcionarios entrantes, que desde las primeras sesiones en las academias de medicina y de cirugía afirmaron que todo lo anterior era una basura y que transformarían todo de arriba abajo.

Me indigna que cortaran los presupuestos de salud sin orden ni concierto, dejando sin trabajo a miles de trabajadores de la salud, que agredan a los Institutos Nacionales de Salud y a sus directivos sin fundamento, aduciendo que hay corrupción.

Me indigna que destruyeron el Seguro Popular, que atendía a millones de mexicanos de manera eficiente, y que en su lugar crearon un Insabi que no tiene ni pies ni cabeza, sin normas, sin reglas de operación, sin resultados.

Me indigna que dejaron sin presupuesto a los organismos que atienden el VIH y otras enfermedades, a los centros de rehabilitación, a la FUCAM, que atendía en forma excelente a enfermas con cáncer de mama y a otros organismos que protegían la salud de los mexicanos.

Me indigna que, debido a la falta de conocimientos y a la desorganización administrativa, no se cubran adecuadamente los programas de vacunación y falten vacunas como BCG, SRP, DPT, VPH y kits de tamizaje neonatal.

Me indigna que los legisladores aprobaran una Ley de Adquisiciones sin licitación, que viola la Constitución, daña a la industria farmacéutica mexicana, a los distribuidores y a millones de empleados y se decida comprar en el extranjero; el resultado será una catástrofe, el gobierno no tiene ni idea del problema sanitario que va a crear y los costos que tendrá en enfermedad y vidas humanas.

Me indigna el inmenso desorden y los errores evidentes en la Secretaría, tanto, que una excelente subsecretaria de Integración y Desarrollo, Asa Cristina Laurel, y otros funcionarios decidieron renunciar al ver el desastre sanitario que se avecina.

Y con motivo de la aparición del covid-19, me indigna todo lo que ocurre: no se reconoció el tamaño del problema, no se prepararon los hospitales, no se hicieron pruebas de detección, se despreciaron las advertencias de la OMS, la OPS y organismos internacionales; el presidente convirtió la pandemia en un mal chiste que se previene con una estampita; me indigna que el subsecretario sea un triste pelele del presidente que miente sin vergüenza, me indigna que el presidente no use cubrebocas, aunque creo que lo hace por razones sicológicas inconfesables.

Pero, sobre todo, me indigna la enfermedad y muerte de millones de mexicanos, no sólo los que contraen el virus y mueren, sino muchos otros cuyos tratamientos y cirugías han sido diferidos; me indigna la enfermedad y muerte de cientos de colegas médicos, enfermeras, camilleros, ambulantes, laboratoristas, etc., que han luchado ya siete meses sin equipo adecuado, me indignan las agresiones aberrantes y detenciones arbitrarias a médicos y enfermeras.

Y por encima de todo, me indigna la actitud del presidente, su indiferencia ante el dolor de millones de mexicanos, su negativa a escuchar a quienes demandan atención y medicamentos, su falta total de empatía -nunca ha visitado un hospital- y su desprecio por la vida humana.

Soy médico y, pensando en los médicos de hoy y los de ayer, que forjaron a lo largo de decenios un Sistema de Salud coherente -hoy deshecho, confuso e ineficiente-, hago responsable al señor presidente y a los funcionarios de la Secretaría de Salud por la catástrofe sanitaria y social que no tiene parangón en la historia de México.

Si observamos la trayectoria de los promedios móviles de siete días de los nuevos contagios diarios que son reportados por la Secretaría de Salud, se percibe ya una ligera tendencia descendente.

La cifra actual de ese promedio es de 6,040 nuevos contagios por día. El pasado 2 de agosto llegamos al nivel más elevado que se tiene registrado hasta ahora, con 7,023 casos para ese promedio.

Hay que advertir que siempre existe la posibilidad de que el subregistro de casos esté quitando precisión a las cifras que se dan a conocer y de modo más específico, que la reducción del número relativo de pruebas aplicadas sea lo que lleve a la reducción del promedio de los casos nuevos por día.

En los últimos 7 días se aplicaron 85,820 pruebas, mientras que en la última semana de julio la cifra fue de 94,817.

Quienes piensan que las autoridades pretenden hacer creer que los casos van a la baja, opinan que hacen esto reduciendo el número de pruebas aplicadas, por lo que este factor sería la causa y no la consecuencia de la reducción del número de casos positivos.

El modelo del IHME de la Universidad de Washington, al que hemos aludido aquí en diversas ocasiones, así lo asume y considera que la tendencia a la baja en el número de casos diarios va a continuar probablemente hasta la 3a. semana de septiembre.

Pero, tras la mayor movilidad social que seguramente va a presentarse, con un movimiento de los semáforos hacia naranja y amarillo en la mayoría de los estados, tendremos un nuevo incremento de casos desde finales de septiembre y por el resto del año.

En el caso de un incremento de los contagios en México para los meses de octubre y noviembre, como ya le hemos comentado, surge además el riesgo de la llamada sindemia, es decir la coexistencia y sinergia de 2 epidemias, la estacional de influenza y la de Covid-19.

El pasado fin de semana el presidente López Obrador pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de las más de 50,000 personas a causa de la pandemia. En el patio central de Palacio Nacional se pudo observar cómo un miembro de las fuerzas armadas hacía el llamado al silencio en honor de los caídos.

Dicha ceremonia es consistente con la narrativa oficial, compartida por el subsecretario López-Gatell, que todas esas muertes eran inevitables o, pero aún, que han sido causadas por otras enfermedades o por las empresas de alimentos azucaradas y comida chatarra.

El virus y otros son los culpables de la catástrofe. El gobierno declara que ha seguido una estrategia impecable al evitar que los hospitales queden rebasados ante tantos fallecimientos.

Por eso, argumenta la narrativa oficial, el tratamiento de la pandemia ha sido un éxito en México, pues se han evitado escenas trágicas como en Europa en que los médicos tuvieron que decidir quién moría y quién se salvaba ante la falta de ventiladores.

En México, dice el presidente, hay camas disponibles y nadie se ha quedado sin tratamiento médico. Por eso se ha salvado a quien se podía haber salvado. México ha dado un ejemplo al mundo de cómo hacer las cosas, reafirma frecuentemente el presidente.

Me resulta indignante que quien dirige al país, y en este caso, quien dirige la política sanitaria, brinde un homenaje a las personas fallecidas por la pandemia.

El mismo presidente no ha hecho lo suficiente para evitar que haya más personas contagiadas.

Me resulta una afrenta a la inteligencia colectiva afirmar que el éxito de la lucha contra la pandemia sea que haya camas disponibles, cuando la misma gente le huye a los hospitales.

Cierto, muchas personas habrían de fallecer inevitablemente por el Covid-19, pero muchas otras han muerto por negligencia o incompetencia en el diseño y ejecución de la política pública.

Las primeras víctimas han sido los médicos, enfermeras y personal sanitario. Hace casi 2 meses que la Secretaría de Salud indicó que, al 16 de junio, el 2.6% de los fallecimientos eran personal médico (no tengo información más actualizada).

Es una proporción altísima comparado con cualquier otro país (Brasil 1.22%, Perú 0.86, Estados Unidos 0.54, China 0.5 y Reino Unido 0.4%). Para que esta tragedia ocurriera faltaron la capacitación especializada al personal para protegerse y los equipos e instrumentos de protección.

Ello es responsabilidad directa del sector salud en particular, y del gobierno federal.

Por otra parte, la instrucción que tenían los hospitales COVID era que sólo recibieran a los pacientes cuyo estado de salud ya fuera delicado. Si los síntomas eran relativamente leves, los regresaban a su casa con analgésicos.

Por ello en los primeros meses de la pandemia más del 60% de los pacientes de Covid que ingresaban al hospital fallecían en menos de 4 días y al 16 de junio fallecía el 42.5% de los ingresados. Las autoridades parecen haber relajado esa política y al día de hoy 2 tercios de los pacientes que ingresan al hospital fallecen en 8 días o menos de su ingreso, de acuerdo con la base de datos de la Dirección General de Epidemiología.

Solamente el 5.6% de los pacientes hospitalizados que mueren por Covid fallecen tras 20 días o más de haber ingresado.

Hoy, el 36.4% de los pacientes de Covid ingresados a un hospital han fallecido.

Tampoco se puede cargar la responsabilidad a la comida chatarra y a las empresas que la producen.

Mientras que en 2019 hubo 101,257 muertes por diabetes mellitus, al día de ayer lamentamos la muerte de 54,666 por Covid-19, y para el 1 de diciembre el Instituto de Métrica y Evaluación en Salud de la Universidad de Washington pronostica 180,000 fallecimientos (https://covid19.healthdata.org/mexico).

Para ese momento, la pandemia habrá sido (con datos oficiales) la 1a. causa de muerte en México en 2020. De hecho, ya en este momento (al 11 de agosto), el número de personas menores de 44 años que han muerto por Covid es mayor que por diabetes: 5,975 por el virus y 4,905 por diabetes, en todo 2019.

Nunca sabremos cuántas de las personas fallecidas por Covid-19 podrían seguir con nosotros si el gobierno hubiera implementado una lucha contra la pandemia más eficaz, y haber seguido puntualmente los lineamientos de la OMS.

Lo único que estamos ciertos es que el gobierno de México no ha hecho un buen trabajo, y que su incompetencia ha costado muchas vidas de mexicanos.

Señor presidente, indigna que pretenda aliviar el dolor de tantos mexicanos con un minuto de silencio. Ahórreselo.

León, Gto.- Hace 22 días, Maribel, de 13 años, escuchó por primera vez la palabra leucemia. Ese día, un médico le dijo a su mamá, "urge comenzar el tratamiento".

Desde ese 25 de julio, Maribel ocupa la cama 649 de la clínica 48 del 6o. piso del Seguro Social, pero solo le han dado ketorolaco para el dolor de cabeza y la bañan con agua fría para bajarle la fiebre, porque no hay medicinas para iniciar la lucha contra el cáncer.

Cada mañana, su mamá Angélica espera que la doctora Alatoma llegue con buenas noticias, pero siempre les repite lo mismo, "no llegaron las medicinas", "a lo mejor la próxima semana", "preguntamos al almacén y nada", "imposible saber cuándo", "hace mucho que no mandan".

La joven escucha y calla. Tiene dolores de cabeza intensos y día y noche la bañan con agua fría día para bajarle la fiebre.

La vida de Maribel depende de iniciar lo más pronto posible la batalla contra el cáncer. Oncólogos consultados por AM advierten que posponer tratamientos o interrumpirlos, provocan recaídas e incluso la muerte.

Maribel desconoce que hace un mes, una jovencita de 17 años llamada Paula, falleció después de una recaída provocada porque el IMSS suspendió sus quimioterapias por falta de medicamentos.

En otra sala, 6 mamás y una abuelita cuidaban a los niños. Entré y cuando entregaba Vincristina para Dayanna, se acercaron 2 de ellas. Angustiadas pidieron ayuda, "no hay medicinas para mi hijo", "apenas pude comprar la L", "¿quién puede ayudarnos?".

El viernes 14 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su mañanera, una vez más, del derecho a la salud de niños y niñas. Emocionado resaltó que gracias a sus decisiones, se cumple el artículo 4to. de la Constitución.

Por la noche cumplí mi trabajo temporal y acudí a entregar 2 dosis de Vincristina (medicamento para las quimios de niños con leucemia) al 6o. piso de la clínica 48 del Seguro Social.

Protegida con cubrebocas y careta, subí al piso 6. En la 1a. sala vi a Maribel de 13 años, débil, agotada de luchar contra la fiebre y los dolores de cabeza.

Es viernes 14 de agosto, 8.30 de la noche, Maribel de 13 años, recarga la cabeza en su brazo derecho. A veces le cansan las luces de la ciudad que se ven desde el ventanal del cuarto de hospital. Hace 22 días le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, el médico ordenó hospitalización e iniciar tratamiento urgente.

Apenas podía moverse Maribel cuando llegó la 3a. semana de julio al sexto piso destinado a niños y adolescentes enfermos de cáncer. Su piel amarilla, los ojos hundidos y sin fuerza. Desde entonces le asignaron la cama 649 y litros de suero a través de una sonda conectada en su brazo izquierdo.

A los 2 días, una doctora confirmó a su mamá la sospecha inicial: leucemia y la urgencia de "abordar" la enfermedad con quimioterapia.

Era 25 de julio cuando Angélica, de 44 años, recibió la noticia: "Tu hija tiene leucemia". La especialista le explicó la gravedad de la enfermedad y describió una a una las etapas del tratamiento de 120 semanas. "No debe interrumpirlo si quiere que Maribel viva".

Angélica y sus 5 hijas viven en un pueblo de Juventino Rosas. La mujer de 44 años, sostiene a su familia cortando brócoli en campos de Villagrán.

La jovencita y su mamá escucharon por 1a. vez la palabra leucemia. Angélica tuvo permiso del patrón para cuidar a su hija 15 días. La clínica era su casa.

Pero transcurrieron los 15 días más otros 7 días, entre las 4 paredes del cuarto y solo escuchando, "no llegaron las medicinas".

El Seguro Social no tiene 2 de los medicamentos para iniciar la 1a. etapa del tratamiento de Maribel. La niña sufre dolores de cabeza "muy fuertes" y fiebre constante. Le dan ketorolaco y pasa horas en agua fría para bajar la temperatura. El sábado 15, Maribel tuvo un día más difícil. El termómetro marcó 39 grados muchas veces. Un médico de guardia le autorizó antibiótico. También ordenó una transfusión, sin embargo, "se hizo noche y la sangre no llegó", dijo su tía María Félix.

La tía, también jornalera, ayuda a cuidar a Maribel. Unos días Angélica se va a trabajar y a cuidar a sus hijos y su hermana pide permiso al patrón y viene a cuidarla.

Madre y tía preguntan temerosas, todas las mañanas, "¿llegaron las medicinas?". La respuesta es la misma desde hace 22 días, "no, a ver si esta semana".

En el expediente clínico están anotados los 2 medicamentos urgentes para iniciar el tratamiento de Maribel: Idarrubicina y Dexrazoxane.

La Idarrubicina y el Dexrazoxane desaparecieron del inventario de medicamentos del Seguro Social desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió las compras a laboratorios que antes surtían a los hospitales federales.

Ahora, la mayoría de medicinas indispensables para tratamientos de cáncer solo se consiguen en hospitales privados y distribuidores que las importan a espaldas de Cofepris. Los precios son elevados y varían según su procedencia y proveedor. Por ejemplo la Idarrubicina aparece como agotada pero un proveedor de medicamentos importados dice que ronda en 7,500 pesos y el Dexrazoxane 5,500 pesos.

El sueldo de un mes de Angélica no alcanzaría para comprar uno de los medicamentos. Le pagan entre 800 y 1,200 pesos semanales según los cortes que realiza. 2 de sus 5 hijas, una de 20 y otra de 18 años, ya tienen hijos. Le sigue una joven de 15 años y las gemelas Maribel y Marisol.

Hace años su esposo abandonó a la familia, así que Angélica trabaja para dar de comer a sus hijas. Todos los días va de Santiago de Cuenda, comunidad de Juventino Rosas, a los cultivos de brócoli de Villagrán.

Maribel sonríe cuando le baja la temperatura. Tiene abundante cabello, siempre mojado por el baño constante. Escucha todo a su alrededor, muestra su hoja de ingreso al Seguro Social y su tarjeta de citas. Le gusta platicar, quiere estudiar y está apuntada para 3er. año de secundaria. "Soy zurda", dice mientras escribe con letra diminuta pero bien trazada, el nombre de la doctora Norma Erika Alatoma Medina. La conoce bien porque ella es quien le dice, "no hay medicinas", "no llegan", "a ver cuándo".

En el 6o. piso de la clínica 48 del IMSS, de León, la doctora Alatoma es la más conocida entre niños y mamás, "ella nos avisa que no hay medicinas", "la doctora Alatoma dice que no puede hacer nada", "se enoja Alatoma si insistimos".

Empleada como mensajera de un grupo de ayuda a mamás con hijos enfermos de cáncer, el viernes 14 de agosto, a las 8.30 de la noche, acudí a entregar uno de los medicamentos escasos para tratar la leucemia linfoblástica aguda.

Este año, los niños y adolescentes enfermos de cáncer, derechohabientes del Seguro Social en Guanajuato, no han recibido sus quimioterapias como las prescriben sus propios médicos.

El Seguro Social esconde la verdad. AM reiteradamente pregunta sobre los medicamentos para el cáncer y la respuesta es un correo para enviar "la petición de información" a la oficina central de Comunicación Social. Jamás tenemos respuesta.

Desde enero de este año, los papás nunca están seguros de que sus hijos reciban la quimioterapia. A las 8.30 de la mañana, de lunes a viernes, los papás esperan noticias a las puertas de la pequeña central de quimio, a esa hora saben si hay medicinas o no. Un enfermero anuncia: no llegó el Metotrexato, tampoco L-asaparaginasa ni Citarabina; y menos Bleomicina. A lo mejor mañana tenemos poquita Vincristina.

A otros papás les mienten para suspender las quimioterapias: "Óscar viene deshidratado, Miguel Ángel no da el peso, regresen la próxima semana", explicó una mamá cruzando los dedos para que su hijo, "ahora sí le den su quimio".

"Yo comparo que siempre pesa lo mismo y a veces le suspenden la quimio con el pretexto de que pesa menos... mentira porque sé que debe tener 45 kilos mínimo".

Lo mismo ocurre en el piso 6 del hospital. El viernes permanecí 15 minutos en una sala con 7 camas. Acudí a entregar 2 dosis de Vincristina enviadas por una mamá que dedica parte de su tiempo a buscar donativos para ayudar a pequeños con cáncer.

La generosa mujer sufrió la muerte de su hija tras suspender el IMSS las sesiones de quimioterapia, primero porque no había medicinas y luego por cumplir 17 años. Al pasar de los 16 perdió derecho a seguir su tratamiento en la clínica 48. La mandaron al consultorio de adultos, no hubo especialista y Paula murió.

El viernes, en 15 minutos, mientras cumplía la encomienda de entregar una pequeña hielera con las 2 dosis de Vincristina, 3 de las 6 mamás que cuidaban a sus hijos en esa sala, se acercaron. Sus niños sufren leucemia y desde la 1a. quimioterapia padecen la escasez de medicinas.

Las mamás expresaron temor a que "la doctora Alatoma, el doctor Andrade o el licenciado Durán, nos regañen y menos haya medicinas".

"Se enojan si decimos que no hay quimios aquí", dijo una de ellas mientras sostenía una botella de plástico cortada a la mitad, usada para que los niños "hagan pipí".

Sus hijos fueron diagnosticados con leucemia este año así que les ha tocado sufrir la escasez de medicamentos y falta de especialistas, "el hematólogo salió de vacaciones" y "la doctora Toala está incapacitada".

Las mamás se acercaron para pedirme el teléfono de la persona que puede ayudarles, "entre familiares y vendiendo cosas pude comprar 10 cajitas de Metotrexato", "mi hijo necesita la 'L' y cuesta mucho".

Enfermeras y médicos permitieron que las mamás hablaran. Escuchaban sin intervenir. Uno de ellos miró que escribía en una hoja nombres y teléfonos y preguntó, ¿quién eres?

Le respondí: "vine a traer Vincristina y anoto a las mamás que necesitan ayuda para comprar medicinas que no hay aquí. No le pareció extraño y me permitió".

En el piso 6 hay más salas, algunas con 6 o 7 camas. Una enfermera dijo que en ocasiones están todas llenas pero en promedio son unos 30 niños hospitalizados, la mayoría con Leucemia Linfoblástica Aguda.

En las últimas semanas, 2 decisiones del ejecutivo federal -una de ellas acompañada por la coalición gobernante en la Cámara de Diputados- nos llevarán a que se agudice el desabasto de medicamentos que ha estado presente lo largo del año y medio que lleva esta administración.

La 1a. es la decisión de modificar la Ley de Adquisiciones y anunciar la creación de un nuevo organismo responsable de la "compra y distribución de medicamentos e insumos médicos" (lo dejo entre comillas porque, como muchas de las cosas que hace este gobierno, no sabemos bien a bien qué será ni qué hará), colofón de un proceso que inició muy temprano en el sexenio.

La historia conocida inicia con uno más de los diagnósticos simples que son regla en esta administración -hay corrupción, se compra mucho a pocos, es un oligopolio de medicamentos-, lo que de entrada muestra una gran ignorancia del funcionamiento del mercado y de las diferencias entre farmacéuticas y distribuidores.

Las farmacéuticas en el país no son pocas: están las nacionales y las internacionales, las que desarrollan productos innovadores, las que cuentan con patentes y las que fabrican medicamentos genéricos. Entre todas suman 250 plantas en México que emplean a 600,000 mexicanos.

Los distribuidores, por el contrario, son pocos -así pasa en muchos países del mundo- pero es ése un oligopolio que se va generado desde la demanda, lo que debe ser atendido mediante reglas en los mecanismos de compra que eviten la colusión. También es cierto que si son pocos es porque la logística, el manejo de inventarios, la distribución en más de 5,000 puntos en el país y el manejo de cerca de una tercera parte de los productos que requieren red de frío son asuntos complejos que requieren de enormes inversiones.

El diagnóstico basado en prejuicios -hay corrupción- es simplista. Y, ojo, no estoy diciendo que no existiera: en varios estados de la república han sido documentados robos, e incluso hay gobernantes y funcionarios en la cárcel y/o bajo proceso. Es más: la impunidad y la corrupción han acompañado los procesos de compra gubernamental a lo largo de toda nuestra historia moderna, y es absolutamente loable querer terminar con ello. Pero el voluntarismo no resuelve la política pública.

Una vez más, en lugar de buscar entender qué sí funciona y dónde están los espacios de mejora y corrección, se decide cambiar todo. En los últimos años fueron construidas 2 herramientas muy importantes: la Comisión Negociadora de Precios, dependiente de la Secretaría de Salud y encargada de negociar los costos de los medicamentos de patente, y todo el sistema de compras consolidadas, construido desde el IMSS y que implicaba a más de 300 funcionarios especializados que cada febrero emprendían complejos estudios de mercado para determinar a cuánto ascendía la demanda y quiénes podían ofertar. Para 2018, este último mecanismo ya amparaba la adquisición de cerca del 70% de todos los medicamentos e insumos públicos, con ahorros acumulados por más de 25,000 millones de pesos. Con esto fue posible incrementar el número de piezas adquiridas con prácticamente los mismos recursos: fue esa maduración del sistema de compras públicas de medicamentos la que permitió que el IMSS adquiriera un 18% más de unidades en 2018 que en 2012, al pasar de 814 millones a 964 millones de piezas en dicho periodo.

Pues borrón y cuenta nueva: las compras consolidadas pasaron del IMSS a la Oficialía Mayor de Hacienda, que, sin experiencia, sin el personal especializado, sin las capacidades, hizo un desastre. Para 2020, sólo fue posible asignar el 30% de las más de 1,600 claves, por lo que el 70% hubo de ser adjudicado de manera directa.

En ese entorno generador de sobrecosto y desabasto, algunos casos han salido a la luz pública y han resultado dolorosos, como el de los medicamentos oncológicos para niños y niñas, y los de las vacunas DPT (Difteria, Tosferina, Tétano) SRP (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) y BCG (tuberculosis). Visto de otra forma, en 2018 se había logrado que el IMSS surtiera de manera efectiva 99.3% de los 18 millones de recetas mensuales.

Hoy sabemos por información del propio instituto que este número se coloca alrededor del 85%, lo que significa que 2.7 millones de recetas al mes no están siendo surtidas a los derechohabientes de la seguridad social.

El Covid-19 ha venido a tapar un poco esto pero la realidad es que todo ha fallado. Ya no bastará entonces con echar la culpa a los distribuidores y habrá que buscar nuevos culpables: las farmacéuticas y su avaricia. Nueva solución: abramos las fronteras, salgamos a comprar al mundo y sumémonos a las compras de entidades multilaterales. Para permitirlo, habrá que reformar la Ley de Adquisiciones, qué remedio.

Otra vez priva el desconocimiento de cómo funciona el mercado. Lo toral en estos procesos de adquisición es que los medicamentos resulten seguros, eficientes y de calidad. Para ello, la OMS certifica las agencias reguladoras de los países, que son las que verifican que los productos alcancen estándares determinados. Particularmente importante resulta el proceso de bioequivalencia, es decir que el ente regulador certifique que un medicamento genérico cumple con la formulación adecuada. Si existen naciones en el mundo que pueden vender medicamentos más baratos es sobre todo porque no tienen agencias reguladoras certificadas.

Al mismo tiempo, subyace una violación a los tratados comerciales: los que nuestro país ha signado obligan al respeto de las patentes obtenidas de fabricantes radicados en países que son nuestros socios comerciales. Faltar a esa obligación jurídica puede poner en riesgo los propios acuerdos.

Pero, además, si los funcionarios encargados no pudieron comprar bien en México, ¿quiénes viajarán por el mundo para negociar y llevar a efecto las compras? Supongamos que se logra adquirir todo fuera. Quizá en algunos productos habitualmente muy caros mejore el precio en caso de comprarlos a India o China, sin respetar patentes. Pero importar omeprazol y la mayoría de los genéricos -que representan el 80% de todas las compras públicas- no será buen negocio ya sólo por el costo de transporte.

Más aún, el gobierno dice querer hacer uso del fondo rotatorio para vacunas y del fondo estratégico para medicamentos e insumos y de las compras que realizan la OMS y OPS. Ahí evidencia otra vez falta de conocimiento: esos listados funcionan para países como Trinidad y Tobago, que tienen mercados tan pequeños que se suman a otros para comprar mejor. Pero está demostrado que México tiene un poder tremendo de compra por volumen: de ahí que los precios a los que compró el país en 2018 estuvieran por debajo de los alcanzados por las agencias internacionales.

Para completar el cuadro, el ejecutivo afirma que se creará un organismo público para realizar las compras y, entiendo, distribuir: la construcción de ello requeriría mucha inversión, mucha especialización o, en su defecto, nacionalizar las distribuidoras existentes y expropiar sus redes de frío, lo que se antoja preocupante en términos políticos, económicos y administrativos.

Insisto: el diagnóstico de origen estuvo mal y, por tanto, las supuestas soluciones y mejoras no son tales: buscan corregir a ciegas en lugar de reconocer las fallas en el diagnóstico primario y asumir responsabilidades, vuelven a un análisis aún más deficiente y no logran sino señalar nuevos culpables, lo que resulta estéril en términos de política pública y, peor, lesivo en términos sociales.

Auguro el resultado: en México viene el peor desabasto de medicinas en la historia. Por los culpables pagarán las ciudadanas y los ciudadanos.

La posición del presidente ha cambiado. El 24 de enero afirmaba "No hay desabasto". Anunció entonces una investigación para saber si la empresa Pisa, cuya planta de producción de medicamentos oncológicos pediátricos fue cerrada por Cofepris, se había coludido con directivos del Hospital Infantil Federico Gómez para crear una escasez artificial de estos productos. Posteriormente reconoció que sí había desabasto y comenzó a comprar medicamentos en el extranjero, más caros que en México, pero el desabasto no ha terminado.

Para el presidente el tema de fondo es que antes había corrupción, pero la situación ya se resolvió. "Había mucha corrupción también en el sector salud, se robaban hasta el dinero de las medicinas", dijo el 26 de enero en Monterrey. Lo curioso es que cuando había corrupción sí había medicamentos, mientras que hoy, que supuestamente ya no hay corrupción, no hay medicinas.

La verdadera razón del desabasto no es la corrupción, sino la incapacidad. "Descarrilaron el sistema de compras de medicamentos en el país", señala Xavier Tello, médico cirujano y analista de políticas públicas de salud. Antes el gobierno adquiría medicamentos con "2 o más licitaciones al año", en "compras consolidadas bien hechas por el IMSS", pero el nuevo gobierno cambió el sistema por decreto y dio la responsabilidad a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, la cual no tenía ni experiencia ni conocimientos sobre el tema. Por presión del gobierno se impusieron precios de referencia demasiado bajos, lo cual hizo que muchas de las "claves" quedaran desiertas. Los medicamentos simplemente se dejaron de adquirir.

El gobierno decidió también eliminar a las empresas de distribución, que tenían experiencia y capacidad para llevar medicamentos a todos los rincones del país. Ahora ha creado por decreto un monopolio gubernamental para la distribución. No sabemos si el nuevo monopolio será eficiente, pero sí que carecerá de la experiencia de décadas de las distribuidoras comerciales. La curva de aprendizaje la pagarán los enfermos.

"Desordenaron todo el sistema de compras y adquisiciones, no solo para los medicamentos de alta especialidad, como para los niños con cáncer, sino también para medicamentos muy básicos", señala el doctor Tello. La situación será todavía más complicada cuando llegue la vacuna para el Covid-19, en lo que será "el esfuerzo de inmunización más importante de la historia. Se necesita alguien que sepa hacerlo".

Mientras tanto, los pacientes se están quedando sin medicinas. Un doloroso artículo de Arcelia Becerra para el AM de León y Reforma narraba ayer el caso de Maribel, una chica de 13 años con leucemia linfoblástica aguda en la clínica 48 del IMSS en León. Durante 21 días ha estado en espera de unos medicamentos que nunca llegan y que su madre, cortadora de brócoli en el campo, no puede comprar con ingresos de entre 800 y 1,200 pesos semanales. La idarrubicina está agotada, pero el precio sería de 7,500 pesos, mientras que el dexrazoxane está en 5,500.

El IMSS ofrece estos medicamentos sin costo, lo cual significa una esperanza para Maribel, pero de nada sirven si no llegan al hospital. Eso es algo que los políticos no parecen entender.

Trump ha ordenado al gobierno de Estados Unidos comprar primero medicamentos hechos en su país, pero en México López Obrador quiere importarlos todos. La industria farmacéutica nacional simplemente pide que la Cofepris sea "garante sanitario de todos los medicamentos que se compren vía las Naciones Unidas", o sea, que se apliquen a las importaciones las mismas reglas que a la producción nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que una de las razones por las que no se ha podido detener la pandemia de coronavirus es debido a que los países no invirtieron lo necesario en hacer pruebas de COVID-19, en facilitar el aislamiento de los infectados, en rastrear sus contactos y en mantenerlos en cuarentena.

"Estamos gastando miles de millones de dólares en estímulos fiscales, poniendo grandes cantidades de dinero para mitigar el impacto de este virus, pero no hemos invertido colectivamente en el proceso de diagnosticar, rastrear contactos y ponerlos en cuarentena", dijo el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Sostuvo que cada dólar invertido en esas medidas hubiese evitado "mucho daño" económico.

"No hemos invertido lo suficiente en la arquitectura de salud pública, en la fuerza de trabajo de la sanidad. No hemos invertido lo necesario en esa parte de la ecuación", insistió el médico, uno de los grandes responsables en la OMS de la lucha contra la pandemia.

Como parte de esa reflexión, Ryan consideró que los test, las cuarentenas y el rastreo de contactos serán "una parte inmensamente importante de la próxima fase" de la lucha contra el coronavirus.

Recordó que los países que se centraron en esas medidas, particularmente en Asia, lograron contener de forma eficiente los contagios.

La magnitud de la pandemia en México está subestimada y una de las principales razones es el bajo número de pruebas que se realizan, sostuvo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Lo más probable es que la epidemia en México está subestimada, los test son limitados, con 3 por cada 100,000 personas por día, que se puede comparar con más de 150 por 100,000 personas en Estados Unidos", explicó el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

México es el 7o. país más afectado del mundo por la pandemia por número de casos -cerca de 543,000-, y registra más de 59,000 decesos.

Según el especialista, quien recibe de forma permanente la información actualizada de todos los países, el porcentaje de pruebas que dan positivo llega al 50% en ocasiones.

Ryan reveló también que los datos que maneja muestran una clara diferencia de mortalidad entre los residentes de los barrios acomodados y los pobres.

En estos últimos la gente tiene hasta 5 veces más probabilidades de morir de Covid-19 y la situación de los indígenas es similar.

El médico irlandés, quien es la mano derecha del director general de la OMS en la lucha mundial contra el coronavirus, dijo que México debe hacer esfuerzos para aumentar el acceso a las pruebas, ya que a la escala en que se realizan actualmente no se puede hacer una valoración realista de la situación.

A partir de los reportes que aparecen en los sitios oficiales de los gobiernos federal y estatal, se han elaborado las gráficas que más adelante se presentan, las cuales muestran el comportamiento de los casos acumulados, que, de acuerdo con la información federal son 17,587, y conforme a las cifras estatales ascienden a 43,491 (2.5 veces más).

Esa enorme diferencia obedece a que el Gobierno de Jalisco inició en abril la realización de pruebas diagnósticas, utilizando laboratorios privados y de la Universidad de Guadalajara, y los casos positivos detectados en estos laboratorios se cuantifican en la estadística del estado y no en la federal.

En las gráficas de barras que se muestran después, se registran los contagios que semana a semana se van dando. La diferencia es considerable, de acuerdo con los datos federales, en la semana más reciente hubo 1,653 nuevos casos en Jalisco; mientras que en los registros del Gobierno Estatal se contabilizaron 4,675 (casi 3 veces más).

En la gráfica con los datos del gobierno federal se puede notar qué, a pesar del leve incremento ocurrido en la semana más reciente, es un número que ha permanecido relativamente estable desde la 1a. semana de julio.

En la gráfica con los datos del gobierno estatal, no obstante que se observa un leve decremento en la última semana, la tendencia es ascendente.

En conclusión, tenemos 2 fuentes oficiales de información que arrojan datos muy distintos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al gobierno federal, al estatal o a ninguno?

Yo, personalmente, prefiero basarme en los datos estatales por una razón fundamental: el gobierno federal ha sido renuente a realizar pruebas, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); incluso está documentado que en las últimas semanas se ha reducido aún más el número de pruebas que se aplican en las instituciones sanitarias del gobierno federal, lo que evidentemente implica un importante subregistro de casos asintomáticos, así como de casos diagnosticados con neumonía atípica u otros padecimientos.

Lo que sí, es una realidad, asumiendo cualquiera de las versiones, es que el problema sigue presente, que la ola de contagios sigue siendo muy intensa y que no debemos relajar las medidas precautorias.

Desafortunadamente los mensajes y las acciones de gobernantes han sido desconcertantes. Especialmente el presidente de la república y su comisionado para atender la epidemia han distorsionado la información y han mandado señales totalmente opuestas a las recomendaciones de la OMS; lo que lejos de contribuir a que la población actúe responsablemente, provoca la sensación de que el problema no es tan grave y se relajan las medidas más elementales de previsión.

Vale reiterar qué, con base en las evidencias estadísticas observadas, la única forma de lograr disminuir la intensidad de la pandemia es que todos nos cuidemos y cuidemos a los demás, haciendo lo siguiente: sólo salir a realizar actividades esenciales y siempre con cubrebocas (que cubra nariz y boca), aseo permanente de manos y guardar una distancia mínima de 1.5 metros de otras personas.

En las últimas 3 semanas, la baja en la cifra de contagios de COVID-19 en el país ha ido de la mano de una reducción en el número de pruebas diagnósticas aplicadas en ese mismo lapso, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo sobre el tema esta semana: "Si hay síntomas, se hace la prueba. En medida que hay menos personas con síntomas, hay menos hospitalizados y menos muertes".

Sin embargo, el promedio de decesos reportados a diario no se ha reducido en agosto respecto de lo informado en julio, el mes con mayor número de muertes.

De acuerdo con los registros de la Universidad de Oxford, hasta el 21 de julio, México realizaba 0.10 pruebas por cada mil personas; para el 16 de agosto, la cifra se redujo a 0.07 pruebas diarias por cada mil habitantes.

El doctor Hugo López-Gatell afirmó 1o. que el pico de la pandemia tendría lugar en mayo, el 8 o 9. Después corrigió y dijo que ese pico era solo para la Ciudad de México, pero que para el país se daría en junio. El 4 de junio, cuando los fallecimientos empezaban a acumularse, ofreció sus famosos escenarios.

En el escenario mínimo, dijo, México sufriría 6,000 muertes. Otro era de 8,000 y uno más de 12,500, "que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, incluso un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60,000". Este domingo la Secretaría de Salud reportó un acumulado 60,480 muertes.

El doctor López-Gatell no asistió a su conferencia de prensa del sábado, quizá porque acaba de superarse el escenario muy catastrófico, pero sí estuvo el domingo en Palacio Nacional. "Hemos hecho todo lo que está en nuestra disposición y más por ponerlo en práctica al servicio de la población", señaló. Culpó del alto número de muertes a todo y a todos, menos a las políticas del gobierno. Mencionó el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, el sobrepeso y la diabetes; la corrupción, la desigualdad, la industria alimentaria, la industria farmacéutica y a las distribuidoras de medicamentos; cuestionó también a los medios de comunicación, ya que "me parece un poco desafortunado que la profundidad del análisis sea tan escasa".

López-Gatell no es el único responsable de la mortandad, por supuesto, pero es indudable que el gobierno menospreció la gravedad de la pandemia y que no ha adoptado políticas públicas adecuadas para reducir los contagios o las muertes. Tuvimos suerte de que el coronavirus llegara a México relativamente tarde, por lo que pudimos haber tomado mejores medidas de defensa; pero la única acción real fue la autocomplacencia. El propio presidente, que recomendaba al inicio de la pandemia a la gente que saliera y se diera besos y abrazos, declaró el 9 de junio: "México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza... Esto no se logró en otras partes del mundo".

En lo personal estoy de acuerdo con la decisión de no imponer un confinamiento obligatorio, pero muchas otras políticas públicas han sido insuficientes o incluso deficientes. Hasta hace muy poco, el gobierno desaconsejaba el uso de mascarillas y se ha resistido a aplicar pruebas. Para el gobierno lo importante ha sido mantener camas disponibles en los hospitales, pero esto se ha logrado en parte disuadiendo a los pacientes de tratarse en estas instituciones.

Lejos de ser un ejemplo para el mundo, México está siendo cuestionado. Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, señala que las pocas pruebas que realiza México sugieren que hay una subrepresentación de muertes y casos. El 23 de agosto se registraban en México 9,751 pruebas por cada millón de habitantes contra 121,653 en Alemania o 115,151 en Chile (Worldometer). Esto no es producto del azar, sino de una política pública que deliberadamente limita las pruebas.

Una de las consecuencias es que tenemos un subregistro de contagios y muertes. Las 60,000 muertes son quizá una tercera parte de las reales. No es siquiera un escenario muy catastrófico, sino una tragedia humana de enorme magnitud.

En solo un año, México pasó de ser considerado un país líder en materia de vacunación, a ser un mal ejemplo para el mundo.

¿A qué se debe esta caída de nuestro sistema de salud? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué está en riesgo?

La austeridad hunde a México en su peor crisis de vacunación.

En 2019, 1 de cada 4 bebés menores de un año de edad, dejó de ser vacunado contra sarampión.

Esto quiere decir que más de medio millón de niñas y niños se quedaron sin la dosis que los protegería de ser contagiados por el virus que rebrotó en nuestro país en 2020.

Si tomamos en cuenta que en 2018, solo se quedaron sin esta vacuna 66,000 niñas y niños mexicanos, quiere decir que en 2019 aumentó casi 8 veces el número de bebés sin protección contra sarampión. En un año, la cobertura bajó de 97 a 73%.

Esta vacuna no es la única que perdió cobertura. También lo hicieron las de tuberculosis que tuvo el mayor retroceso en 2 décadas, al caer 21%. Y la vacuna contra la rubéola cayó 25%.

La principal causa de esta caída histórica ha sido el desabasto de medicamentos -entre ellos vacunas- que ocurrió en 2019. Aunque también influyó la falta de campañas de vacunación en el país.

Según expertos, hubo organizaciones civiles que alertaron al gobierno sobre los recortes de presupuesto a los programas para niñas, niños y adolescentes. Pero el desabasto continuó.

Para poner en contexto, con una cobertura de apenas 73% de la población objetivo para combatir el sarampión, México fue el país con la peor inmunización de esa enfermedad en América Latina.

Existen 3 consecuencias graves para los menores de edad que no están siendo vacunados: el retorno de enfermedades que ya estaban erradicadas, que se vean afectadas y afectados para continuar con la escuela o sus actividades normales y los costos que generan estas enfermedades.

El presidente ya anunció que esta situación se resolverá con la Ley de Adquisiciones y será el Estado quien distribuya las vacunas para evitar corrupción.

¿En cuánto tiempo y cómo se revertirá esta crisis de vacunación? En salud no hay espacio.

El 17% del total de contagios por Covid-19 en México corresponde a personal de la salud, es decir que, en lo que va de la pandemia, 97,632 trabajadores del sector han tenido la enfermedad; en tanto 10,933 todavía están como sospechosos.

Del total un 42% son de enfermería, 27% médicos y 31% de otras actividades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en 3 meses, del 19 de mayo al 25 de agosto, se contagiaron 86,238 trabajadores de la salud.

En tanto, hasta la fecha, el personal de salud que ha fallecido a causa de Covid-19 suman 1,320 personas, es decir, 2% del total de muertes en el país por la misma causa. Y del 19 de mayo a la fecha fallecieron 1,171 empleados del sector.

De acuerdo con el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, este martes México reportó 568,621 personas acumuladas que se han contagiado de Covid-19, es decir 4,916 más que las reportadas el lunes. Mientras que la epidemia activa se reporta en 37,956 personas.

En cuanto a los fallecidos, nuestro país acumula 61,450 personas que han perdido la vida como consecuencia del virus SARS Cov2, es decir, 650 más que un día anterior.

Las muertes por la pandemia del COVID-19 también están mostrando la extrema desigualdad que existe en la sociedad mexicana. La desigualdad se manifiesta de la siguiente manera: los pobres tienen más posibilidades de morir por coronavirus que los ricos.

En días pasados tuve oportunidad de conocer la realidad de la atención a los enfermos por coronavirus en los hospitales del sistema público y el contraste con los hospitales privados.

Un enfermero de la clínica 110 del IMSS en Guadalajara, que atiende pacientes con coronavirus, estima que 6 de cada 10 pacientes por COVID-19 mueren en los hospitales del IMSS.

En contra, en los hospitales privados más caros de la Ciudad de México, por ejemplo el ABC, no muere ningún paciente, debido a las extremas atenciones que reciben y que, claro, tienen que pagar a un alto costo, según me explicó un familiar. Por ejemplo, para recibir un paciente en ese hospital, la familia tenía que hacer un depósito de 500,000 pesos. De otro modo no era recibido.

En diversas notas de prensa, se han presentado datos de la aseguradoras y estiman que el costo promedio de atención a un paciente no grave va de los 400,000 a los 500,000 pesos. Pero en los pacientes que ingresan a terapia intensiva llega a costar hasta 946,000 pesos (habiendo un caso cuyo tratamiento costó 16.4 millones de pesos). Si bien las aseguradoras pagan una parte del costo de la atención, los afiliados deben pagar entre 100,000 y 122,000 pesos por deducibles y coaseguros (Mural, 25 de agosto).

El contraste entre la mayor tasa de fallecidos en hospitales públicos como el IMSS o los sistema de salud estatales, no se debe a mala atención o falta de preparación del personal de salud. Se debe a la falta de personal y materiales.

Mientras en un hospital privado cada paciente tiene a su lado una enfermera y médico 24 horas, en los hospitales del sector público varios médicos y enfermeras tienen que atender a varios pacientes, lo que hace imposible una atención debidamente adecuada.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que la tasa de letalidad en la población asegurada que se ha contagiado de COVID-19 llegó a 7%, ante un mayor número de fallecimientos y la duración que ha tenido la pandemia.

"Esta enfermedad ha provocado que tengamos más fallecimientos hasta en la población asegurada. No se compara con la tasa de defunción entre la población que no está asegurada", explicó el vicepresidente del organismo, Édgar Karam.

La tasa de letalidad del COVID-19 en México es de 10.81%.

Uno de los nombres de los 62,594 fallecidos oficiales es el de Rodolfo Pardo, quien se fue a los 81 años dejando una de las tantísimas historias que ilustran el paso del COVID-19 por México.

Su nieta Flor cuenta que cuando enfermó el 14 de mayo, la familia dudó si llevarlo a un hospital público por miedo a la "saturación" y a la falta de equipo en los centros médicos, pero finalmente lo internaron.

Estuvo 18 días en un hospital de la capital mexicana, buena parte de ellos intubado y, como todos los enfermos, sin poder recibir visitas. Al principio les informaban los médicos por teléfono pero luego solo recibían por Whatsapp "reportes contradictorios" de su salud.

"Es muy desgastante a nivel emocional y la distancia no ayuda porque tu familiar está enfermo en un hospital pero tú no puedes hacer nada y lo poco que puedes hacer es desde casa", explica.

A su abuelo "lo dieron de alta muy temprano y le quitaron el apoyo de ventilación mecánica". Parecía una buena noticia pero lo mandaron a casa con un tanque de oxígeno y "un desgaste impresionante".

2 días después, el virus se llevó al amado abuelo que "nos vio crecer, nos compraba dulces y nos consentía", dice con la voz quebrada.

"Debemos estar preparados para una epidemia larga", ha dicho Hugo López-Gatell en infinidad de ocasiones.

No obstante, esta repetida afirmación ha chocado también con unos pronósticos iniciales que, a día de hoy, parecen optimistas e incluso ingenuos.

A finales de abril, López-Gatell estimó entre 6 y 8,000 muertos, y a mediados de junio consideró que, si se mantenía controlada la movilidad pública, no pasaría de 30,000.

"Era evidente que el número de muertos iba a ser mucho mayor si tan solo nos comparábamos con lo que estaba pasando en ese momento en Europa", dijo Alejandro Macías, responsable de gestionar la epidemia de influenza en 2009.

Con estos datos, México es el 3er. país del mundo por muertos en números absolutos, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

Aun con ello, "desde la semana 29 tenemos un descenso en el número de casos registrados", dijo López-Gatell este 25 de agosto, en sintonía con el mensaje presidencial de que la pandemia va "cediendo" y "a la baja", que muchos han puesto en entredicho.

El coronavirus ha cosechado un sinfín de polémicas en México. Parte de ellas alimentadas por el propio presidente y su comitiva, enfrascada en una guerra dialectal con sus "adversarios" y parte de la prensa desde que llegó al poder en diciembre de 2018.

Aunque la estrategia contra la pandemia está en manos de "técnicos", el omnipresente Andrés Manuel López Obrador ha sido blanco de críticas por expresiones poco afortunadas.

Desde afirmar que la crisis le viene "como anillo al dedo" para la transformación que propugna hasta, en el principio de la pandemia, repartir besos y abrazos de gira por el país, cuando medio mundo ya estaba confinado.

El mandatario fue "desafortunado" pero podría haber partido de la "buena intención" de no querer "alamar a la gente", dijo Macías.

El 31 de julio bromeó: "Me voy a poner un tapabocas saben cuándo, cuando no haya corrupción". Aunque posteriormente remarcó que, si sus especialistas le aconsejaban usarla, lo haría sin falta.

Para el doctor Macías, en línea con otras eminencias como el Premio Nobel Mario Molina, la adopción de la mascarilla fue "tardía" y llegó a "politizarse" su uso.

Muchos expertos también han expresado preocupación por decisiones gubernamentales que parecieran ir a contracorriente.

Especialmente por la falta de pruebas, siendo el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos test aplica con cerca de 1.3 millones de personas estudiadas, de un universo de 130 millones de habitantes.

"Es un hecho que somos el país de la OCDE que hace la menor cantidad de pruebas por habitante, nunca hemos dicho lo contrario, pero hemos explicado una y otra vez cómo funciona la vigilancia epidemiológica en México", se defendió este lunes López-Gatell.

El país ocupa hoy el 8o. lugar por casos confirmados, detrás de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú y Colombia.

Pero esta falta de pruebas ha abierto un mar de dudas: ¿Cuánta gente se ha contagiado en México?

Desde hace meses, surgieron notas periodísticas sobre el subregistro de casos y fallecidos, reconocidos parcialmente, pues según el zar mexicano en la lucha contra la pandemia es "imposible" contabilizarlos a todos.

Esta gestión ha chocado además con varios gobernadores estatales y con medios que, según el gobierno, han actuado de mala fe.

El ejemplo más reincidente ha sido la clasificación mundial de fallecidos, que ha copado titulares pero tiene distintas lecturas. Aunque México es el 3o. por cifras absolutas de muertos, la tasa por habitantes es menor.

"Quiero mucho al pueblo español pero estuvo mal manejado el problema de la pandemia. Desgraciadamente, tuvieron más fallecidos que en México y en lo económico, lo mismo", dijo este jueves el presidente, abriendo un enésimo frente, el de las comparaciones odiosas.

Hablando de comparaciones, si de algo se sienten orgullosas las autoridades sanitarias mexicanas es de haber evitado imágenes de hospitales totalmente colapsados e incluso muertos en las calles, como ha ocurrido en otros lugares.

"Nos sentimos muy satisfechos porque no hemos tenido ningún caso de que por sobreocupación hospitalaria tengamos que tener a alguien fuera del hospital", expresó López-Gatell en una entrevista en junio.

El funcionario lo atribuyó a la llamada "reconversión hospitalaria", con la que se adquirieron ventiladores y se incrementaron las camas de terapia intensiva de unas 3,500 a más de 13,000.

Gracias a ello, el país registra actualmente un 36% de ocupación de camas de hospitalización general y un 31% de camas para enfermos críticos.

Aunque las cifras promedio no deben confundir, pues en la capital se han vivido escenas de enfermos visitando varios hospitales hasta encontrar alguno que los atendiera. Sí hay camas libres, pero no en todos los nosocomios.

Una presión que se ha trasladado también a los crematorios y a los coloridos cementerios mexicanos, muchos de los cuales han tenido que preparar fosas comunes o adquirir nuevos terrenos para absorber el aumento de fallecidos.

Además de aplicar restricciones de aforo en los funerales mexicanos, conocidos por su carácter tan dramático como festivo.

En abril y mayo, México paralizó las actividades económicas no esenciales y estableció una cuarentena, aunque no obligatoria para no afectar a los millones de empleados informales, en una lucha diaria por la subsistencia.

La pandemia sigue alargándose dejando a su paso historias como la de Rodrigo y tantos otros que hoy descansan en los panteones de este país.

Aunque a nivel nacional la ocupación hospitalaria de pacientes con COVID-19 es baja, la gestión que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador también se mide con otros parámetros, indicaron especialistas médicos.

Belinda Cázares, presidenta del Colegio Médico de México resaltó que la baja puede deberse a que muchas veces la gente no asiste por miedo a morir. Terminan recuperándose en el mejor de los casos o falleciendo en casa. Hasta ayer sumaban 599,000 contagios y 64,000 decesos.

Además, Alejandro Macías, especialista en infectología, señaló que, aunque la estrategia de conversión fue exitosa "considerando las limitaciones de salud que había", no asegura que hayan tenido los pacientes un buen pronóstico.

Resaltaron que de manera temprana se debieron tomar otras decisiones como el fomento del uso del cubrebocas y la aplicación de más pruebas pues actualmente la tasa de positividad es 10 veces mayor a la recomendable.

"La imagen del presidente sin cubrebocas, que nos diga que no tengamos miedo y todo su lenguaje".

"La población tomó esa idea y no tomó las medidas que nos podrían ayudar a no contagiarnos", indicó Cázares.

Macías resaltó que, pese a la disponibilidad hospitalaria, no hay mitigación y control de los casos.

"Tendría que reforzarse la búsqueda intencionada de contactos, para poder encontrarlos y aislarlos", advirtió Jesús Felipe González Roldan, vicepresidente Sociedad Mexicana de Salud Pública.

Macías agregó que "hace falta coordinación para que el mensaje sea claro". Reconoció que la manera en que se han informado los datos ha sido transparente.

Luego de que una paciente fuera diagnosticada con colitis, pero en realidad fuera una apendicitis aguda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación al secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.

De acuerdo con el reporte, en mayo de 2019 la paciente acudió al Hospital General de Occidente, mejor conocido como Hospital Zoquipan, y fue atendida por pre internos de pregrado y médicos residentes sin la vigilancia de un especialista y sin realizar exámenes clínicos necesarios. Una semana después del diagnóstico de colitis, terminó por ser intervenida al identificarse que era una apendicitis aguda y que su órgano se encontraba perforado.

Ante esto, la defensoría enfatizó que, "el mal diagnóstico médico generó que la peticionaria tuviera que ser intervenida de manera tardía, lo que puso en riesgo su vida". Agregó que el caso violentó los derechos humanos de la paciente.

La defensoría también detalló que, al cuestionar al hospital sobre el caso, se pudo comprobar que modificó la hoja de atención de emergencias de aquel día para que no se vieran vacíos en los campos que se necesitan llenar al momento de recibir a los pacientes.

Por ello, hace un llamado al secretario de Salud y exige que se realice una reparación integral a la víctima, y que se asegure una medida de no repetición con cursos de capacitación a personal médico del nosocomio.

México registra la mayor cantidad a nivel mundial de muertes por COVID-19 entre los trabajadores de salud, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI).

El estudio señala que el país ha reportado 1,320 decesos confirmados por COVID-19 entre ese personal, por encima de los 1,077 de Estados Unidos, 649 del Reino Unido y 634 en Brasil.

El informe reactiva el debate sobre la cantidad extremadamente baja de pruebas de diagnóstico que se realizan en México, menos de una por cada 100 habitantes. Parece insuficiente sobre todo para personal médico que parece que se ha expuesto diariamente al virus durante varios meses.

Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social en Amnistía Internacional, consideró que el hecho de que más de 7,000 trabajadores de salud hayan muerto en el mundo representa una crisis de dimensiones alarmantes. Hizo un llamado para garantizar que cada trabajador de salud cuente con equipo de protección adecuado y capacitación en el control efectivo de infecciones.

El gobierno ha asegurado que los trabajadores de hospitales cuentan con todo el equipo de protección necesario, pero los empleados de esas instituciones se han manifestado por material insuficiente, inadecuado o por debajo de los estándares de calidad.

En abril, un hospital público en Monclova, Coahuila, se convirtió en el epicentro de un brote de coronavirus en el que enfermaron al menos 26 miembros del personal médico y un doctor perdió la vida.

El documento destaca que los empleados de limpieza de hospitales son particularmente vulnerables a una infección. Además, se han registrado casos de desechos médicos infecciosos que se acumulan en los hospitales o que son tirados de forma ilegal.

De acuerdo con las cifras difundidas la semana pasada, 97,632 enfermeros, doctores y otros empleados de hospitales en México se han contagiado de coronavirus desde que comenzó la pandemia (17% de todos los casos en el país). El 42% de las infecciones ha sido de enfermeros, los médicos conforman 27% y otros trabajadores, como técnicos, asistentes y personal de limpieza y mantenimiento, representan 31% de los reportes.

Padres de niños con cáncer protestaron y bloquearon hoy una vialidad en Ciudad de México debido al desabastecimiento de medicamentos oncológicos en el país.

Los inconformes se apostaron en carriles laterales y centrales de Circuito Interior, una de las vías principales de la capital, en espera de una resolución del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Este funcionario anunció una reunión con familiares de niños con cáncer para dar solución a las demandas.

"Ya pasaron más de 3 horas y no nos resuelven nada, aquí nos vamos a quedar hasta que nos den solución, si no hay respuesta vendremos mañana y los días que sea necesario", dijo María Vargas, madre de una niña de 15 años que vive con leucemia.

Cerca de las 11:00 de este jueves, los familiares de niños con cáncer que se atienden en el Centro Médico Nacional La Raza protestaron en la unidad médica para exigir continuidad con el abasto de medicamentos que requieren sus hijos.

"Pasamos meses sin cardioxane, y milagrosamente ayer, cuando avisamos que protestaríamos les aplican el medicamento a nuestros niños, hoy nos resuelven, pero pasado mañana falta otro medicamento, necesitamos soluciones permanentes", dijo la madre de familia.

En el bloqueo, madres y padres de familia lamentaron la falta de sensibilidad por parte del gobierno federal para dotar de los medicamentos necesarios para el tratamiento oncológico de sus hijos enfermos. "Nunca más".

Abigail Iturio perdió a su pequeño hijo debido al desabastecimiento de medicamentos y es por eso que este jueves protestó afuera del centro La Raza para exigir "que nunca más un niño vuelva a perder la vida" por falta de fármacos.

"Yo era mamá de un niño con cáncer. Mi hijo perdió la batalla contra el cáncer, la enfermedad tuvo recaída por la falta de medicamentos", aseguró.

Fernando, su pequeño, murió el pasado 24 de agosto debido a la leucemia que padecía, por lo que Abigail se unió al grupo de madres manifestantes, cuyos hijos son atendidos en este nosocomio y quienes han padecido la falta de medicamentos, lo que pone en riesgo su vida.

"No quiero que vuelvan a pasar más personas por esto, que pierdan un hijo, que pierdan a un ser querido, desafortunadamente el desabasto sí existe, sí es real, me tocó vivirlo", afirmó Abigail.

Gabriela Romero, mamá de otra pequeña con leucemia linfoblástica aguda, aseguró que desde que diagnosticaron a su hija, en 2017, ha sufrido por falta de medicamentos "por lo menos 7 veces" en este hospital, dijo.

Blanca Nelly Damián, quien tiene una hija también con leucemia, dijo que en 7 meses que lleva de atención la pequeña, en el hospital de La Raza ha visto a 5 niños morir. "La única que sobrevive de ese grupo es mi niña", lamentó y señaló que no quiere perder a su hija.

De hecho, aseguró, el desabastecimiento le ha llevado a tener que comprar los medicamentos por cuenta propia, algunos con costo de hasta 2,000 pesos (unos 90 dólares). "Es insostenible para cualquiera", dijo.

Desde enero pasado los padres de los pequeños empezaron las protestas debido a la falta de medicamentos oncológicos en este nosocomio.

Israel Rivas, quien es uno de los principales activistas del movimiento, recordó que ya suman 672 días sin medicamentos y dijo que los familiares ya están hartos de las promesas que les hacen las autoridades.

Criticó que sólo con manifestaciones como la de hoy se abastezca de medicamentos "pues es solo por una o 2 semanas y, ¿después que?".

Aseguró que no hay soluciones de fondo "queremos abasto permanente y concreto de medicamentos", afirmó.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), emitió un reporte por medio del cual acusó que debido a los recortes al gasto destinado para el tratamiento y medicinas contra el cáncer, un total de 1,602 menores de edad con dicha enfermedad, han muerto desde diciembre pasado a la fecha.

De acuerdo con lo señalado en el informe de la organización, es ante lo que calificó como "deficiencias en el sector salud", así como las "dificultades socioeconómicas y culturales de las familias", que se han presentado mayores complicaciones para los niños.

De la misma forma, el reporte destaca que desde el 11 de diciembre pasado hasta ayer 3 de septiembre, se tenían contabilizados un total de 4,273 casos de cáncer, de los cuales 3,204 se encuentran en una fase avanzada.

Asimismo, se informó que las cifras de la misma Secretaría de Salud, establecen que es cada 90 minutos que se diagnostica un caso nuevo en el país, mientras que cada 4 horas un menor de edad con la enfermedad muere.

Cabe destacar que el día de ayer, familiares de niños con cáncer, llevaron a cabo una protesta en las inmediaciones del Hospital La Raza y la sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para denunciar la escasez de medicamentos y tratamientos.

Con mantas y playeras que incluían la leyenda "#UnDíaMásSinQuimio", los manifestantes exigieron a las autoridades sanitarias del país cumplir con el abastecimiento de todos los medicamentos necesarios, pues acusaron que han sido muchas las promesas del gobierno, sin embargo indicaron que al final no se les garantizan los tratamientos completos.

Ante la movilización, el titular del IMSS, Zoé Robledo recibió a una comitiva de padres para sostener una reunión en la que se establecieron 5 acuerdos para mejor la atención de los pacientes.

Por medio de un video, niños con cáncer y padres de familia pidieron esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador, su apoyo para que haya medicamentos en los hospitales.

"Hola soy Carlitos me podrían ayudar a conseguir más medicamentos para mi tratamiento y que me cure pronto", dijo Carlos Olivas, un enfermo de leucemia que vive en Chihuahua.

"Soy de Aguascalientes tengo linfoma hodgkin. No hay quimioterapia, es a base de medicamentos y tengo 3 meses que no me lo ponen", agregó otro niño.

"Señor Presidente soy mamá de Ángel Emiliano, un niño con cáncer, en el Centro Médico de Occidente en Guadalajara no hay medicamentos para mi hijo, nuestros compañeritos y nosotros necesitamos ayuda, él quiere vivir", dijo la mamá de Ángel Emiliano.

"Soy tratado en el hospital pediátrico de Tuxtla estado de Chiapas y no hay quimios ayúdame compartiendo este video", dijo otro niño.

La organización Nariz Roja informó que en 8 meses de este año se han invertido 5.2 millones de pesos en medicamentos beneficiando a niños de Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Chiapas y Yucatán.

Paco Calderón
(9 de septiembre de 2020).

(V.periódico El Financiero en línea del 11 de septiembre de 2020).

Un asunto que nos ha dejado claro esta pandemia es que al gobierno de la 4T no le gustan ni las críticas ni las recomendaciones, pero mucho menos viniendo de ex funcionarios que estuvieron ligados a otros partidos.

Por ello, ahora que se difundió el documento "La gestión de la pandemia en México. Covid-19, análisis preliminar y recomendaciones urgentes", que firman 6 ex secretarios de Salud, no gustó nada al gobierno, pero todavía menos al súper subsecretario de Salud y vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, quien se mostró sarcástico -"y majadero", dirían algunos- ante la sola mención de este trabajo.

Dicho análisis, firmado por Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova Villalobos, Julio Frenk Mora, Mercedes Juan, José Narro Robles y Guillermo Soberón, es una visión clara y contundente sobre el manejo de la pandemia, donde se puede leer una postura muy crítica hacia el actual gobierno, pero también con recomendaciones para un 2o. intento de control de la crisis sanitaria.

De entrada, los autores del documento advierten que la pandemia seguirá entre nosotros por un buen trecho y con los datos actuales es imposible saber cuándo habrá una disminución tácita de contagios que permitan regresar a una actividad similar a la que se tenía todavía a inicios de año. "La epidemia seguirá entre nosotroscausando parálisis, enfermedad y muerte durante un tiempo indefinido".

Los ex secretarios resaltan que las reapertura de la actividad, el regreso a la "nueva normalidad" después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició el 1o. de junio, se dio en el peor momento de alta exposición comunitaria al virus, de ahí el incremento en el número de decesos que hemos visto en los últimos 100 días.

En dicho documento se hace un llamado a reorientar la gestión de la pandemia: "Un cambio en la política, escapar del escenario inercial para salvar miles de vidas. No es sólo que se pueda; es que se debe. Después de 5 meses, resultan bastante claras las correcciones y los cambios necesarios en la política contra la pandemia".

Lo primero, sería dejar claros a todos, que debemos aprender a convivir con el nuevo coronavirus por un largo periodo, porque incluso, en agosto pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el control de la pandemia en todo el planeta podría ocurrir, si se hacen las cosas bien, en un periodo de 2 años. Por ello, es necesario educar a la sociedad mexicana con información correcta, para que aprenda las nuevas reglas y obligaciones de convivencia social.

Los ex secretarios hacen un llamado al gobierno federal a conformar una base de datos nacional de contagios y de contactos, ubicación e intensidad, con el fin de recopilar la mayor cantidad de información posible, y de esta manera, preparar las estrategias necesarias para el escenario 2021-2022.

Un punto que ha estado permanentemente en contra el súper subsecretario López-Gatell, ha sido en la aplicación masiva de pruebas. Ante esta postura, los ex secretarios responden que es necesario llevar a cabo una epidemiología de precisión, mediante una campaña nacional de pruebas, tanto de infección como de anticuerpos, todo con el fin de conocer el movimiento real del SARS-Cov2 en México, para tener datos de calidad.

Los firmantes hacen un llamado a las autoridades sanitarias a cambiar su postura reactiva por una proactiva, pues hasta el momento muchas decisiones se basan en información que va llegando de un lado y de otro, lo cual, desde su perspectiva, ha salido bastante caro a la sociedad mexicana.

En suma, dicen los ex secretarios, el gobierno ha estado tomando decisiones basadas en información precaria y sin validez estadística. El modelo centinela que ha conducido el gobierno ha resultado claramente insuficiente, sobre todo por la pasividad inherente ante un virus "extremadamente contagioso. Por eso el modelo y las proyecciones del gobierno no han podido prever en 6 meses ni la trayectoria general ni los momentos críticos de la epidemia".

Por supuesto, la parte de comunicación del gobierno sobre la pandemia no está exenta de crítica en el documento y los autores sugieren un modelo de información validada por instancias científicas colegiadas, como el Consejo de Salubridad General, del cual no se ha sabido mucho en esta emergencia sanitaria. "Una emergencia nacional de esta magnitud demanda una respuesta coherente y bien deliberada, no una conducción unilateral desde un área politizada de la Secretaría de Salud".

Asimismo, destacan los autores, ha habido fragmentación y contrastes en las medidas estatales, sobre todo por la falta de una dirección clara por parte del gobierno federal, lo que ha ocasionado, entre otras cosas, la ausencia de una acción uniforme en materia de salubridad. Cada estado ha actuado según sus criterios, con buenos y malos resultados, según sea el caso.

En resumen, declaran los ex secretarios de Salud, la epidemia sigue fuera de control y la tasa de contagios y fallecimientos no disminuye, a pesar del paso de los meses. También, hacen un llamado a aprender de la experiencia internacional y a cambiar la política de "quédate en casa", pues muchas personas no acuden a los hospitales para recibir atención especializada cuando enferman, lo que ha ocasionado el alto número de muertes, mientras que por otro lado existen hospitales con capacidad suficiente, y hasta holgada, para atender a la población que contrae el virus.

Este análisis de los 6 ex funcionarios que alguna vez tuvieron a su cargo el sistema de salud mexicano, debería ser motivo de reflexión y acción para el actual gobierno, en vez de desdeñarlo solo porque no provino de sus propias huestes ideológicas. Sin la humildad para aceptar recomendaciones, el actual gobierno no podrá instrumentar los cambios necesarios en la política sanitaria que pueden salvar miles de vidas, y en cambio, la sociedad mexicana quedará todavía más lacerada.

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial y miembro del Partido Acción Nacional, en un video recientemente difundido, realizó un breve análisis donde comparó la reacción de López-Gatell ante las recomendaciones de los ex secretarios de Salud con las del presidente López Obrador, porque ambos no aceptan que se les toque "ni con el pétalo de una crítica. Pero no hay pandemia ni pandilla que dure 100 años", sentenció.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que presentará una denuncia de hechos en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias en la atención de la pandemia de COVID-19.

Esto por la negativa del gobierno federal de realizar una auditoría externa por especialistas al manejo de la crisis sanitaria en México.

El líder blanquiazul expresó que autoridades federales, especialmente el subsecretario, han sido por demás deficientes y negligentes en su actuación, en contra de la vida y en detrimento de la salud de las personas.

Cortés Mendoza criticó que no se tomaron las precauciones para capacitar al personal médico y hospitalario en todo el sistema de salud público para brindar la atención adecuada a los enfermos, ni mucho menos se les entregó el equipo necesario de protección. "Esto es negligencia y ha costado la vida de miles de personas al igual que ha afectado la salud de muchas otras".

La denuncia pedirá que la autoridad ahonde en la búsqueda de elementos probatorios para que determinen si el gobierno, a través de Hugo López-Gatell, "tomaron en serio la pandemia, si implementaron las acciones correctas y las mejores prácticas internacionales conocidas hasta el momento para enfrentar de la mejor forma esta emergencia sanitaria".

La noticia llamó la atención en las redes sociales: el viernes pasado, Canadá tuvo cero muertes por covid-19.

En Japón, con una población similar a la de México y tan sólo 1,423 muertes acumuladas, se pierden de 10 a 13 vidas diarias. Mientras tanto, en España, aun con el gran repunte en contagios tras la reapertura, mueren de 30 a 40 personas diarias en promedio; de mayo a agosto sólo murieron 4 pacientes diarios.

Ya muchos países comenzaron reaperturas y sí, con ello incrementaron sus contagios, sin embargo, sus tasas de letalidad son muy inferiores a las nuestras. En México, según las cifras oficiales, que muestran sólo el 30% de la realidad, mueren diariamente 400, 500 o más de 700 personas. Para el gobierno, esto no es importante.

¿Cuándo dejaron de tener valor las vidas humanas?

Con arrogancia nos dicen que en México "no hemos visto morgues saturadas" y que el "objetivo técnico de tener camas disponibles" se ha cumplido. La realidad es que las morgues sí se han saturado, las funerarias no se dan abasto, se acabaron los certificados de defunción en varias ciudades y la gente sigue muriendo.

Y es que, en México, la estrategia nunca ha sido salvar vidas. Peor aún, pese a que ocupamos el 4o. lugar de muertes en el mundo, un molesto López-Gatell nos regatea e ironiza porque "nos gusta ver totales y sumar números". Que si comparamos las muertes por millón de habitantes no vamos tan mal. Muy extraño concepto. Una muerte es una tragedia, cientos, una catástrofe; y decenas de miles (oficiales) nos hablan de un verdadero desastre epidemiológico que debería hacernos sentir avergonzados.

El empresario, escritor y tuitero @Zolliker se preguntaba ¿cómo llegamos a ver esto como normal? Es como si 2 o 3 cines, antros o centros comerciales se quemaran diariamente, matando a 400, 500 u 800 personas... y no pasara nada.

Por si fuera poco, somos el país número uno en muertes de personal de salud. Más de 1,400 médicos, enfermería y personal auxiliar han perdido la vida contagiados. La respuesta de las autoridades: despreciar la metodología del reporte de Amnistía Internacional; total, es posible que hubiera países con más porcentaje de médicos fallecidos, por lo que 1,400 muertes son aceptables. Es más, según la Secretaría de Salud, estos son culpables de su propia muerte por descuidados o tener factores de riesgo.

Al "zar de la pandemia" le molesta mucho que le recuerden las cifras. Es hacerle deslucir su trabajo y sus gráficas de Powerpoint en las que muestra ufano sus camas vacías. La semana pasada, un grupo de 6 extitulares de la Secretaría de Salud, publicó un documento de más de 140 páginas con un certero análisis de las deficiencias del manejo de esta crisis y 14 recomendaciones. Su reacción fue de una soberbia pocas veces vista en un funcionario.

Sabemos que la estrategia no cambiará, pero, sólo por fantasear ¿qué pasaría si hubiera un golpe de timón? Que, en vez de camas vacías, el nuevo objetivo fuera: cero muertos.

Esto implicaría hacer cambios radicales en criterios, tácticas, responsabilidades e inversiones. Significaría que habría que hacer pruebas para detectar, identificar, cercar y aislar contactos. Haría necesario hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Requeriría que la gente acudiera al 1er. síntoma o sospecha a los centros de atención (que ya ampliaron sus criterios de diagnóstico) con el fin de ingresar lo más pronto posible a un hospital y no esperar al último momento.

Dudo mucho que suceda. La soberbia y tozudez de las autoridades hace imposible que reconozcan en qué han fallado. Cambiar objetivos, estrategia y tácticas, además de hacer ver que se equivocaron, representa realizar grandes gastos que no quieren hacer.

Al final, mientras haya camas vacías, las muertes son aceptables.

El presidente López Obrador lo ha prometido en varias ocasiones: "México va a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca y Canadá". Estos países, sin embargo, no hacen rifas de aviones para financiar sus clínicas o medicamentos.

Para un presidente que considera que gobernar es muy fácil, los monumentales problemas de salud de nuestro país pueden resolverse con un simple cachito de esfuerzo en una rifa. El propio mandatario describió su política en este tema el 24 de mayo de 2019: "Era un desorden bien organizado para robar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo orden. Siempre he dicho que, entre otras cosas, la política es poner orden en el caos... No es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción".

Pero lo que vemos hoy es más desorden. Este pasado 13 de septiembre el presidente no celebró que ya hubiera medicamentos gratuitos para todos, como prometió, o que se hubiera superado el desabasto de fármacos oncológicos pediátricos, sino que en la rifa del avión presidencial "ya llegamos a la meta para pagar los premios". En otras palabras, ya cubierto el monto de los premios, "todo lo que se obtiene es para comprar equipos de salud".

No fue fácil llegar a esta meta. Desde hace meses el presidente López Obrador ha estado promoviendo los cachitos desde sus conferencias de prensa. Hasta se subió al avión presidencial para vender más, a pesar de que él mismo ha reconocido que no se está rifando el avión. El gobierno ha recurrido a conductas éticamente cuestionables, como forzar a burócratas y funcionarios a comprar boletos, pero también a acciones que pueden ser constitutivas de delito, como desviar recursos del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, para comprar boletos de lotería en lugar de insumos de salud. A pesar de estas maniobras, y de las grandes compras de empresas que quieren quedar bien con el presidente, ayer el director general de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó que hasta el 11 de septiembre se habían vendido solo 69.65% de los boletos. Considerando que hasta el presidente se ha convertido en vendedor, la cifra parece decepcionante.

Los países progresistas con buenos sistemas de salud pública, como Dinamarca y Canadá, no realizan rifas para pagar los gastos de salud. Tienen sistemas bien organizados que se financian de los impuestos y los presupuestos gubernamentales, lo que otorga certidumbre a la disponibilidad de recursos a través de los años. Las compras de medicamentos se realizan de forma ordenada y la distribución queda a cargo de empresas especializadas. Es todo lo contrario de lo que se está haciendo en México.

Es verdad que el presidente López Obrador heredó un sistema de salud con muchos problemas. El 3 de enero de 2019, al comenzar su mandato, lo reconoció, pero añadió que en 2 años vamos a "tener un sistema de salud como el que tienen en Canadá, en el Reino Unido o en Dinamarca, que son de lo mejor. Ese es el compromiso".

Este compromiso debería saldarse el 3 de enero de 2021, en apenas 3 meses y medio; pero en lugar de avanzar estamos retrocediendo. El Seguro Popular fue eliminado, sin tener un sistema sólido que lo sustituya, mientras que el propio gobierno ha provocado una escasez artificial de medicamentos. Rifar en cachitos un avión que no se puede rifar no nos acercará a la meta de tener un buen sistema de salud.

Ciudad de México registró de enero a agosto 30.462 muertes por encima de lo esperado por las autoridades, la mayoría asociadas a la pandemia de Covid-19, de acuerdo con un informe divulgado este miércoles por el gobierno local.

La cifra es superior a las 9,087 muertes por la pandemia que ha contado la Secretaría de Salud federal en la capital hasta este miércoles, dato que proviene de los casos con una prueba de laboratorio positiva a Covid-19 o de defunciones ocurridas en hospitales.

La discrepancia entre ambas cifras obedece a que el dato que divulgó el gobierno local proviene de las actas de defunción que se levantan en la capital y que consideran, por ejemplo, muertes que ocurren en domicilios.

La cifra superó además el promedio de actas de defunción que se habían registrado en años anteriores en la capital.

El informe detalla que se utiliza esa fuente de información porque no se realizan pruebas de Covid-19 a todas las defunciones y que las muertes que ocurren fuera de hospitales son difíciles de observar para el sistema de vigilancia epidemológica que usa el gobierno federal.

Las autoridades locales explicaron que la cifra busca "estimar la magnitud de decesos ocurridos directa o indirectamente por la pandemia de Sars-COV-2 en la Ciudad de México", en donde viven casi 9 millones de personas.

El informe explicó que ese exceso de mortalidad "se debe principalmente a enfermedades respiratorias agudas asociadas al Sars-COV-2".

Pero agregó que varias muertes también están asociadas a problemas de diabetes o hipertensión, que no están relacionados de forma directa al coronavirus pero que están vinculados al confinamiento de la población.

La pandemia de coronavirus en México ha dejado hasta el momento 680,931 casos confirmados y 71,978 defunciones, según la Secretaría de Salud.

El gobierno federal estimó inicialmente que se producirían unos 8,000 fallecimientos, para luego elevarlos a 30,000 y hasta 60,000 en un escenario "catastrófico".

La pandemia por COVID-19 venía sin manual de instrucciones. Supuso todo un acertijo incluso en países en los que el flagelo de este coronavirus tardó meses en llegar, como el nuestro. Experimentar en cabeza ajena nunca fue tan difícil. Condiciones socioeconómicas y de comorbilidades de la población, geográficas y por supuesto capacidades sanitarias de cada nación hicieron que todo país tuviera que diseñar planes casi desde cero a fin de paliar contagios y atender enfermos. Y en casos como el de México incluso podría hablarse de retos específicos a nivel regional.

Desde el 1er. momento en que la epidemia se convirtió en un tema de debate público, el gobierno aseguró que se había preparado, que había ganado tiempo en los primeros meses del año, cuando vimos sucumbir servicios hospitalarios de algunos lugares de Italia, España y Estados Unidos.

Pero cuando a partir de abril comenzó a sentirse a gran escala el azote de la enfermedad en México, inició también un desencuentro, una falta de entendimiento: autoridades de distinto nivel, pero sobre todo las federales, corrían para acrecentar capacidades sanitarias y para eliminar de la discusión cualquier esfuerzo que quisiera dimensionar registros y escenarios distintos a lo oficiales. En mayo, con la publicación de un puñado de reportajes nacionales e internacionales, quedó claro que los gobiernos hablaban un lenguaje inentendible para observadores independientes: las cifras oficiales no tenían concordancia con la realidad que expertos y población observaban.

Ese es el mayor pecado de Hugo López-Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud habla y nadie entiende. Su mensaje siempre minimizó riesgos, medidas precautorias como el uso masivo de tapabocas y despreció conteos que no le dieran la razón a la curva de contagios que él había imaginado en su escritorio. Por más que hablara, pues, en un castellano simple y hasta pretendidamente didáctico, él nunca quiso comunicarse para escuchar hechos y visiones distintas a sus cálculos y escenarios, y eventualmente corregir la estrategia gubernamental.

El último episodio de esta mini Torre de Babel del subsecretario en Palacio Nacional cada tarde a las 7pm, donde se habla de todo para no entender entre todo gran cosa, es la manera gatelliana, sustituto de soberbia, en que este mismo mes desestimó un documento de propuestas de exsecretarios de Salud.

Por ello, qué alentador ver que de nueva cuenta la Ciudad de México toma distancia de la postura federal. No es que Claudia Sheinbaum y su equipo se hayan manifestado desde un principio más abiertos al diálogo en el tema de la pandemia, pero es un paso gigantesco el que ahora aporten a la ciudadanía no sólo una cifra de las muertes excedentes este año en la capital, sino que prometan que actualizarán ésta, incluida metodología, regularmente.

Ahora sí, al menos en el exDF, ya nos estamos entendiendo. Tenemos en la CDMX hoy alrededor de 30,000 fallecimientos de más en este año. Tan dramática cifra (3 veces el monto oficial de víctimas del terremoto de 1985) nos ayuda a comenzar a tener conciencia del alto costo que han pagado los capitalinos en la pandemia.

Pero ayuda sobre todo a dialogar y discutir. Porque la pandemia está lejos de irse. La vacuna es, hoy por hoy y por muchos meses, aún una quimera. Así que más allá de los números de muertes que nos ayudan a realizar un necesario duelo colectivo, estamos ante la posibilidad de debatir con cifras compartidas sobre lo que supone el coronavirus para el sistema de salud de la ciudad más importante del país, y sobre los aprendizajes que el análisis de esos números traerán.

Nunca es tarde para iniciar entre todos a ver cómo evitamos más enfermos, más muertes y más costos por COVID-19. Nunca es tarde para empezar a dialogar a partir de tan necesaria transparencia gubernamental.

En el mundo el instrumento fundamental para evitar que la enfermedad pueda golpear con más fuerza es la realización de pruebas en mayor escala y el seguimiento de contactos de los contagiados, para interrumpir cadenas de contagio. Pues esa estrategia en México no se lleva a cabo.

Si pensamos que 'lo peor ya pasó' y que poco a poco vamos a tener una vida como era antes de la pandemia, estaremos creando las condiciones para que la 2a. ola pegue con más fuerza.

Las lecciones de España y Francia, o bien la tragedia que se vive en India, donde se llegó a 174,000 casos nuevos el 15 de septiembre y dentro de muy poco va a desbancar a Estados Unidos como el país más afectado, nos deben enseñar que la crisis no ha terminado.

Una 2a. ola, además del daño humano, puede golpear a nuestra maltrecha economía y alargar la crisis hasta 2021.

Esperemos que, así sea por el puro autointerés de llegar con otro panorama a las elecciones de 2021, el gobierno rectifique y actúe seriamente para enfrentar esta crisis sanitaria.

Mientras la 4T celebra el supuesto descenso de muertes y contagios por el coronavirus, la realidad es muy distinta y el periodista Jorge Ramos la documentó en su nuevo libro La historia oscura detrás de la pandemia: el baile de cifras de López-Gatell. Recabando la historia, los testimonios de 13 personas que se contagiaron, unos solamente se quedaron con pérdidas económicas; otros perdieron la vida. El texto viene acompañado de aportes de especialistas, como Jorge Andrés Castañeda, analista de corrupción, o el exsecretario de Salud, José Narro, quienes contribuyen a demostrar la magnitud de la fe de erratas en las que las autoridades responsables han caído en plena crisis.

Además, junto con Mariluz Roldán y un pequeño grupo de colaboradores, lograron documentar el hecho de que cerca de 10% de las víctimas fatales del Covid-19 fueron enviadas a morir en sus hogares al ser consideradas "pacientes ambulatorios", en lugar de haber recibido la atención hospitalaria que podría haberles salvado la vida. La historia oscura detrás de la pandemia: el baile de cifras de López-Gatell se estrenó el 1 de septiembre y, a 18 días de su publicación, ya hay un abismo entre las cifras oficiales de aquellos días y el panorama, igualmente maquillado, que la secretaría presenta hoy.

Reza el prólogo del texto, elaborado por Roberto L. Rock, que: esta política comunicativa, esta dejadez y este modo de enfrentar el nuevo coronavirus multiplicaron la polarización y la incertidumbre, pero sobre todo empeoraron una situación que, de por sí, iba a ser grave. México tuvo tiempo de prepararse y no lo hizo. Cuando la pandemia golpeó, hizo una cantidad ínfima de pruebas, y cuando las cifras empeoraron, disminuyó incluso más el número de tests. Por cierto, López-Gatell NUNCA les aceptó ser entrevistado.

Jalisco tiene un excedente de 3,642 muertes durante la pandemia (del 18 de marzo al 1 de agosto), en comparación con otros años.

Este dato lo dio a conocer el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la Secretaría de Salud federal, creado para revisar el exceso de mortalidad atribuible a COVID-19.

Actualmente, el estado registra más de 2,900 fallecimientos por este motivo.

Según el documento, de la semana 12 a la 31 se estimaban 18,033 decesos en Jalisco, pero hubo 21,675 "por todas las causas". La información ya se estudia.

Se aclara que la estimación debe ser interpretada "como defunciones asociadas a COVID-19 como otras que de manera indirecta se asocian a la situación general de la contingencia".

La autoestima del presidente López Obrador es impresionante. El 9 de junio declaró: "México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza... Esto no se logró en otras partes del mundo". En su 2o. informe de gobierno añadió: "No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno".

Pero no, México dista de ser un ejemplo en la lucha contra el Covid. El 14 de septiembre se dio a conocer el informe de la Comisión Lancet para la 75a. sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento compara el éxito o fracaso relativo de 91 países en la lucha contra la pandemia (thelancet.com).

Taiwán es la entidad con más éxito, lo cual es extraordinario si consideramos que registró algunos de los primeros contagios fuera de China por sus enlaces aéreos directos con Wuhan, origen de la pandemia. México se encuentra cerca de los últimos puestos en algunos rubros y en el último en otro. Nada que celebrar.

Taiwán sí es un ejemplo para el mundo. Registró 0 nuevos casos y 0 nuevas muertes diarias por millón de habitantes en agosto. Su tasa efectiva de reproducción (en la que 1 representa estabilidad y las cifras menores son reducciones) fue de 0.6. El gobierno taiwanés no aplicó un confinamiento forzoso, como China y varios países de Europa y Latinoamérica, pero hizo un número muy alto de pruebas, 438 por cada caso, muy arriba del promedio internacional. Otro elemento del éxito fue el uso generalizado de mascarillas, en parte producto de una cultura en que por respeto a los demás estas se utilizan de manera cotidiana para impedir contagios de enfermedades respiratorias.

En el Informe Lancet, México no solo no aparece en 1er. lugar, sino ni siquiera en el grupo de países que han logrado suprimir la enfermedad o que tienen tasas de contagio bajas. En el número de nuevos casos diarios por millón de habitantes, nuestro país registra una cifra de 44.4, el lugar 69 de los 91 países evaluados. En otros renglones estamos peor. En las nuevas muertes por millón de habitantes la cifra de México en agosto fue de 4.5, la 3a. más alta de los países considerados en el estudio, solo después de los 6.1 de Colombia y los 5.7 de Bolivia. En México, por otra parte, todavía sigue creciendo la pandemia, con una tasa de reproducción de 1.1. Quizá lo que explica realmente la tragedia de México es que el número de pruebas es el menor de los países evaluados, solo 1.9 por cada caso.

Es interesante ver en el Informe Lancet que los países que impusieron confinamientos forzosos, como España o Argentina, no han tenido buenos resultados en la lucha contra la pandemia. Tener un número alto de contagios, por otra parte, no necesariamente significa más muertes. Singapur tuvo en agosto 26.7 nuevos casos por millón de habitantes, pero 0 nuevas muertes por millón. Una vez más la detección, con 36.1 pruebas por cada caso, y el uso de mascarillas fueron cruciales. También el contar con buenos servicios de salud.

Debemos dejar de presumir nuestros fracasos. Con el menor número de pruebas en el mundo, un gobierno que ha sido reacio al uso de mascarillas y un presidente que se resiste a usarlas, hemos tenido quizá el peor gobierno en el peor momento. Hay que ser humildes. Debemos aprender de lo que han hecho los gobiernos que sí han enfrentado la pandemia con éxito.

An Amnesty International report says that more health workers have died in Mexico than anywhere else. David Agren explores why.

Less than 3 weeks after Mexico recorded its first COVID-19 case, staff from a Mexican Social Security Institute (IMSS) hospital blocked a Mexico City road, demanding medical supplies and personal protective equipment (PPE). At least 70 protests have followed, according to a report by 6 former health secretaries, with medical staff decrying shortages of supplies and tests, along with a lack of hospital infrastructure and even proper training.

"We didn't even have access to a single test. Now we have some", said Rafael Soto, an IMSS nurse and spokesperson for the National Union of Health Workers, an organisation formed during the pandemic to improve labour conditions. He said that more equipment has arrived since the protests started, but it is poor quality.

The COVID-19 pandemic has heaped misery on Mexico, with more than 70,000 deaths, a tally surpassed only by the USA, Brazil, and India. The country has pursued a strategy of not testing widely or contact tracing, but instead monitoring hospital capacity to inform the relaxation of restrictions.

97,632 Mexican health-care workers were infected between Feb 28 and Aug 23, according to the Pan American Health Organization. On Sept 2, the organisation's director Carissa Etienne said that a survey found that nearly half of Mexican health workers were not provided PPE at work.

A Sept 3 report from Amnesty International said that more Mexican health-care workers had died of COVID-19 (1320) than in any other country. The USA ranked 2nd with 1077 deaths and the UK 3rd with 677. The Mexican health secretariat did not dispute the figures, but called the comparison with other countries unfair because none used the same method for recording deaths.

In a press conference, Mexico's Director of Epidemiology José Luis Alomía said that Mexican health-care workers with COVID-19 had a mortality rate of 3·8%, lower than that of the general population. Alomía said that 1410 health-care workers had died, almost half of whom were doctors.

"[Health-care workers] get less seriously ill and die less than the general population", Alomía said. "If these 2 indicators were above what we see in the general population, we might think that it's a risk to be a health professional in Mexico. But it's not."

Brenda Crabtree Ramírez, a physician and infectious disease researcher at the National Institute of Medical and Nutritional Sciences Salvador Zubirán, said that preliminary results of a study using Mexico City data showed that health-care workers were dying of COVID-19 at a lower rate than that of the population as a whole. Mexican health-care workers were infected at much higher rates than their counterparts in other countries, however.

Madeleine Penman, a researcher with Amnesty International, said Mexico is "keeping a very disaggregated register of the numbers on health worker deaths. In the Americas, not all countries are actually counting the deaths of health workers with the same detail that Mexico is." She said that Brazil is undercounting its health worker deaths.

Health-care workers, nurses, and researchers offered varying explanations for Mexico's numbers, but working conditions are often mentioned. "A lot of people in the health sector workforce are basically working on informal contracts", said Penman. "That affects a lot of things in terms of job security and access to sick leave."

Soto said that unions representing health workers were keeping quiet on issues of workplace safety, preferring to please the government rather than address members' demands. Some protest leaders, he said, have had their jobs terminated by their employers or have been sanctioned by their unions.

Physicians in Mexico routinely have multiple jobs -often a position in a public institution, augmented by private practice- which compounds issues of stress and exhaustion. Salaries in Mexico's top public hospitals seldom top 1000 monthly, with most physicians earning substantially less, according to interviewees.

Daniel Tovar, an emergency medicine physician treating COVID-19 patients in Matamoros on the US border, said "I earn what a medical assistant would make in the United States... That's why we work 2 or 3 jobs, in addition to giving classes".

Continuing education for physicians can also be lacking. Crabtree recalled treating a physician with a cough, fever, and diarrhoea, who waited a week to seek treatment and continued seeing patients. "It never crossed his mind this was COVID-19", she said.

Doctors themselves are often not pictures of health, many physicians have noted. "We're an obese country with many diabetics and people with hypertension" said Álvaro Martínez de León, an internal medicine specialist in Matamoros, where he said 3 physicians died of COVID-19 in early September: 2 were obese and one had hypertension. "We have many people with these illnesses in the medical community".

Ahora que muchos han pedido la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por el manejo errático de la pandemia de Covid-19, habría que decir que el problema no es la persona, sino las decisiones en política de salud. Asumiendo que el funcionario se fuera del gobierno, quien llegara en su lugar, científico o político, tendría que seguir las directrices de su jefe máximo, el Presidente de la República, quien también está entre los mandatarios peor evaluados en el mundo por las decisiones tomadas ante el nuevo coronavirus. Pero López-Gatell no se irá.

En este espacio ya hemos hablado de que a este gobierno no se le puede tocar "ni con el pétalo de una crítica", pero de ahí a asumir que la estrategia para hacer frente a la pandemia de Covid-19 ha sido "técnicamente correcta", como dijo recientemente en una entrevista el súper subsecretario, está fuera de toda proporción.

Ante la imposibilidad de asumir su responsabilidad ante la tragedia que vive el país, el vocero de la pandemia acusa que la estrategia para combatir al Covid-19 ha estado sujeta "a un sabotaje constante por parte de grupos políticos, económicos y sociales", lo cual ha llevado a un cambio en la política de presentar predicciones sobre contagios y número de decesos. Es decir, mejor ya no dicen nada para que luego no los acusen de hacer malas proyecciones. Qué conveniente.

Pero la crítica al responsable del plan contra el nuevo coronavirus, y al gobierno mexicano en general, no solo ha venido internamente, pues a nivel internacional el manejo de la pandemia también sale mal evaluada, como sucedió esta semana con la revista británica The Lancet, que recalca las más de 70,000 muertes por Covid-19, según números oficiales, además de seguir la política de no realizar pruebas, omitir el rastreo de contactos y mostrar la capacidad hospitalaria como un gran logro.

Ante dicha política sanitaria, en el documento que firmaron los 6 ex secretarios de Salud, se advierte que de poco sirve tener muchas camas de hospital disponibles para atender la nueva enfermedad, si se sigue manteniendo la política del "quédate en casa", con lo cual muchos enfermos de Covid-19 cuando llegan al hospital ya están en condiciones críticas y poco se puede hacer por ellos.

La revista británica también indica que México no solo es uno de los países con mayor número de muertos en el mundo a consecuencia del nuevo coronavirus, sino que tristemente encabeza la lista de naciones con la cifra más alta de fallecidos entre los trabajadores del sector sanitario, con poco más del 20% del total global.

Sin embargo, al funcionario el mar de críticas no le quita el sueño ni se arrepiente de las decisiones tomadas en estos meses de pandemia. El único punto que reconoce es que una buena parte del número de fallecidos por Covid-19 se debe a que el país no cuenta con los especialistas suficientes en el manejo de enfermos críticos, como neumólogos e internistas, entre otros, para hacer frente a crisis sanitaria.

El vocero Gatell, que se ha negado de manera reiterada ala aplicación de pruebas y a la promoción del uso del cubrebocas, a pesar de que se ha demostrado que su uso masivo reduce sustancialmente el número de contagios, acusa a los medios de comunicación de no ser bondadosos, no tener una visión de país y a no mantenerse "en la esfera técnica".

Aun con el número de fallecidos por Covid-19, alrededor de 73,000 hasta el cierre de esta columna, López-Gatell insiste en que la vigilancia centinela funciona bien, porque además de ello están las 475 unidades de monitoreo y la red de infecciones respiratorias para tener un panorama nacional del avance de la enfermedad.

Bien dice el dicho que "no hay peor ciego que quien no quiere ver".

Y ahora que viene la etapa de evaluar las eventuales vacunas que se aplicarán en México, provengan de donde provengan, de Rusia incluso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberíatomar las mayores precauciones y hacer bien su tarea para verificar la seguridad, calidad y eficacia.

Juan María Naveja Comunicación
(v.Facebook el 22 de septiembre de 2020).

Si alguien cree que ya puede hacer su vida normal sin los cuidados básicos para evitar ser contagiado o Infectar a otros, pues está muy equivocado, ya que la propagación de Covid-19 sigue en aumento en nuestro país, al igual que otras regiones del orbe, como en Europa y Norteamérica.

La inmunidad del rebaño, es decir, el contagio y la sobrevivencia por razones naturales o la supervivencia del más fuerte, alcanzaría al 80% de la población, mientras que el resto tiene grandes posibilidades de morir.

Las cifras oficiales son de alrededor de 73,000 muertos, aunque por desgracia, es la base de una pirámide invertida que arrojará más pérdidas de vidas humanas de las que hay en este momento y como se ven las cosas, el gobierno federal y el capitalino no tomarán medidas de fondo para revertir esta tendencia.

Por ello es relevante, por no decir un asunto de vida o muerte, no bajar la guardia, al contrario, los cuidados personales deben extremarse para evitar ser infectados.

Quisiera transcribir un mensaje que envían médicos del Hospital Militar y que cualquier médico con experiencia en tratamiento de Covid-19, recomendaría.

"Queremos hacer un llamamiento cordial al sentido común de las personas que han tomado el 'desconfinamiento' como si se hubiese terminado la pandemia o como si hubiésemos vuelto a la normalidad anterior al comienzo de esta crisis."

"Infectarse con el coronavirus no es un resfriado común: hay fiebres altas, dolores de garganta y opresión en el pecho a tal punto que se siente como si se fuera la vida y en ese momento llega lo peor; se necesita reanimación."

"Se habla de ventilación, pero no es una máscara de oxígeno puesta en boca y nariz, mientras usted disfruta acostado. De ninguna manera."

"La ventilación invasiva para el COVID-19 es la intubación que se hace bajo anestesia general y que consiste en quedarse mínimo 2 a 3 semanas sin moverse, muchas veces boca abajo (decúbito prono) con un tubo en la boca hasta la tráquea, que le permite respirar al ritmo de la máquina a la que se está conectado."

"Usted no puede hablar, ni comer, ni hacer nada de manera natural porque la molestia y el dolor que siente necesitan de la administración de sedantes y analgésicos para asegurar la tolerancia al tubo."

"Durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar, estará en un coma inducido, esto es, un coma artificial."

"En 20 días con este tratamiento, un paciente joven llega a tener una pérdida de masa muscular de un 40% y la posterior reeducación será de 6 a 12 meses, asociado a traumatismos severos de la boca o de las cuerdas vocales."

"Es por esta razón que las personas ancianas o frágiles en su salud, no aguantan."

Está pandemia terminará cuando la vacuna esté lista, distribuida y aplicada a toda o la mayor parte de la población, y se observé la disminución importante de contagios y muertes por COVID19, no antes.

Hay otras opiniones de varios exsecretarios de salud que no han sido tomadas en cuenta y ello habla de un desdén oficial ante la pandemia.

Las autoridades y en particular el sector Salud, no están haciendo gran cosa para evitar que se frene la cadena de contagios, entonces no resta más que extremar los cuidados personales, ya que de otra manera se corren riesgos altos de perder la vida.

Son miles de personas asintomáticas que andan regando el virus sin saberlo y alguna de ellas que se contagiarán, morirían en cuestión de días. Este es el gran riesgo de un virus que en muchos casos en invisible, pero que a la postre se vuelve mortal.

Nuestra realidad nos está mostrando imágenes propias del mundo de las pesadillas: en unas cuantas semanas, el COVID-19 se convertirá en la 3a. causa de muerte en México, desplazando a los distintos tumores y neoplasias; y por las proyecciones de que disponemos, al cierre del año podría haber desplazado a la diabetes y estaría muy cerca de las enfermedades hipertensivas.

Tenemos panteones saturados y los servicios médicos forenses no pueden procesar la inmensa cantidad de personas fallecidas por los accidentes y por la violencia; y ahora se suma también la espantosa realidad de requerir "panteones forenses y ministeriales" debido a la inmensa cantidad de personas enterradas en fosas clandestinas.

Lo que estamos presenciando requiere dimensionarse en todo lo que significa; y debemos ser capaces de sustraernos de la siniestra lógica mediática, donde cada día, a fuerza de mencionar "picos estadísticos" y "curvas epidémicas", se despoja a lo humano de su complejidad, situándonos ante la imposibilidad de vivir y morir en condiciones de dignidad.

En México, morir provoca hoy un espanto mayor al que nos causa en tanto seres vivos, incluso estando conscientes de que somos seres para la muerte. Terminar la existencia en la soledad de una cama de hospital, sin la posibilidad de convocar a los cercanos a la última despedida, es uno de los mayores miedos que pueden enfrentarse.

¿Cómo llegamos a ser un país donde sus gobiernos, a diestra y siniestra, se limitan a mirar impávidos el tiradero de cadáveres, y en el mejor de los casos, a generar registros estadísticos que son literalmente terroríficos, no sólo por la magnitud de la tragedia, sino también por lo que intuimos que no se ha contabilizado, y que podría igualar o superar la realidad hasta ahora conocida?

La semana pasada el Instituto Farmacéutico (INEFAM), que encabezan José Carlos Ferreyra y Enrique Martínez, dio a conocer el estudio que tituló UNOPS: el negocio de descubrir el hilo negro: algunas irregularidades, algunas evidencias, donde analiza cómo será la adquisición de medicamentos y material de curación que el gobierno de la 4T realizará a través de la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos Especiales (UNOPS).

El acuerdo que firmó el gobierno con esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 30 de julio posibilita que la UNOPS gestione la compra de 3,600 claves de medicamentos y dispositivos médicos para el periodo 2021 a 2024, es decir, para todo lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Cada año, del periodo señalado, la UNOPS se encargará de comprar un monto de 1,500 millones de dólares (mmdd), que se traducen en alrededor de 33,000 millones de pesos (mmdp). "Para UNOPS, esta compra por dicha cantidad en un país será histórico, ya que no tiene antecedente alguno a lo largo de los casi 25 años de existencia de haber realizado una transacción tan grande. Sin duda, un gran negocio", dice el documento.

Dicho análisis coincide con lo que hemos venido expresando en este espacio desde hace algún tiempo: esta compra masiva de medicamentos a través de esta agencia de la ONU es preocupante por varias irregularidades y sinsentidos.

El estudio del INEFAM advierte que lo 1o. que salta a la vista no es que la compra se haga en el exterior, pues el mercado público de medicamentos e insumos para la salud es abierto al comercio exterior, "sino que pone a modo una ley que trastoca sin duda la soberanía nacional, donde existe producción local relevante y con precios competitivos, con valores agregados relevantes en la logística y distribución. Nos parece que tal medida no es justificable, pues la modificación propuesta se argumentó como 'corrupción' por parte de proveedores sin demostración y denuncia alguna".

Aunado a ello, hubo una prisa inusual por la aprobación y su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo cual "todo parece indicar que es una condición obligatoria que impone UNOPS".

Recordemos que el gobierno empezó a hablar de este tema como una propuesta temporal para facilitaría la entrada de medicamentos e insumos para la salud ante la emergencia sanitaria por Covid-19. "El 1er. texto propuesto para la reforma al Artículo 1o. señalaba que se daba lugar a la exención siempre y cuando fuera resultados de una investigación de mercado. En el texto final que fue aprobado, esta condición fue borrada y solo quedó señalado que en la exención ocurre si hay acuerdos con 'organismos intergubernamentales', lo cual facilita la participación de UNOPS".

Sin embargo, es importante subrayar que la aprobación en fast track de dicha reforma, y ojo, únicamente para el Artículo 1o., ocurrió el pasado 11 de agosto -con su posterior publicación en el DOF-, lo cual hace evidente que esto sucedió después de la firma del acuerdo del 30 de julio con UNOPS. Empero, pasó después de la firma, no antes.

Por otro lado, resalta el análisis, los países en donde esta agencia de la ONU ha apoyado con compras de medicamentos e insumos médicos, ha sido requisito la simplificación de registros sanitarios, lo que aquí en México se traducirá, seguramente, en un trámite exprés "versus los meses que típicamente se requieren, en favor de los importadores interesados".

Como hemos destacado en esta columna en otras entregas, lo anterior "puede significar laxitud por parte de la autoridad sanitaria para facilitar la labor de UNOPS, tal como sucedió en Guatemala en 2017-2018. En el caso de México, que cuenta con altos estándares, la importación de bienes terapéuticos por esta vía es totalmente riesgosa".

Por ello, aquí advertimos en su momento que la adscripción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a cargo del controvertido Hugo López-Gatell, debería leerse como la subordinación de la agencia sanitaria al vocero de la pandemia, "lo cual podría significar la pérdida de autonomía y como garante de observar y exigir la calidad seguridad y eficacia de los insumos terapéuticos con sustento en una mayor farmacovigilancia, y no 'opcional' como podría suceder".

INEFAM recalca que la UNOPS desconoce las experiencias del desempeño de las compras consolidadas ocurridas entre 2013-2018, las cuales, desde su perspectiva fueron muy eficientes, dado permitió "reducción de claves desiertas, una participación creciente en piezas e importes con una notable reducción en la dispersión de precios, que permitió mejorar los indicadores de cobertura, de gasto per cápita y de dispersión de precios elaborados por INEFAM".

Al pretender sustituir todo lo que representaba al gobierno anterior, la Oficialía Mayor (OM) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibió prejuicios y una gran falta de conocimiento, lo cual originó una serie de sucesos que derivaron en el desabasto de medicamentos e insumos médicos que hemos visto prácticamente en estos 2 años de gobierno de la 4T.

Por ejemplo, dice INEFAM, "lo anterior motivó serios atrasos en la compra con más del 60% de claves desiertas (sin un proveedor ganador asignado) entre medicamentos y material de curación y en donde no participaron distribuidores, al ser estigmatizados por 'corruptos', sin demostración alguna y rompiendo una dupla con los laboratorios que ofrecían valores agregados importantes con precios cada vez más bajos".

Lo peor de todo es que al parecer el actual gobierno no aprendió de la experiencia de su 1er. ejercicio (recordemos que Raquel Buenrostro se movió de la OM a la Dirección del Servicio de Administración Tributaria, SAT), "pues para la compra consolidada del 2020 solo consideró claves de medicamentos genéricos y excluyó muchas de alta especialidad y de patente, entre ellas las oncológicas, que han sido de tremendo reclamo al día de hoy al no estar disponibles para las quimioterapias, pues se han adquirido de manera lenta y tardía. El ejercicio también mostró elevados porcentajes de claves desiertas y un enorme atasco a la fecha por la falta de pericia al hacerse cargo el gobierno de la distribución de estos insumos que solo se acumulan sin tener orden ni planeación adecuadas".

Otro asunto, nada menor, es que la UNOP estableció por su trabajo al gobierno federal una cuota de alrededor de 2 billones de pesos, que equivale a la vieja deuda que ostenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con diversos proveedores de medicamentos e insumos médicos.

Por último, pero no menos importante, el INEFAM pone el dedo en la llaga: la distribución y logística de los insumos que lleguen a nuestro país en los próximos meses, incluso años, no será responsabilidad de UNOPS. Así, todo "queda en manos del gobierno federal que ha intentado desde la compra consolidada del 2o. semestre de 2019 resolver sin éxito y, al contrario, lleva a severos atrasos en la recepción de los insumos y con escasa capacidad para redistribuir entre los varios miles de puntos de entrega en farmacias, clínicas y hospitales, faltando al cumplimiento del derecho a la salud. La apuesta a dejar en manos de una empresa paraestatal esta labor dista de cubrir en el corto plazo ante el compromiso contraído con dicho organismo".

En suma, realizar esta tarea de compras consolidadas a través de la agencia de la ONU no es la mejor idea, pues además de que este proceso se venía haciendo cada vez mejor, el gobierno obtenía mejores costos y el sistema de salud en conjunto los medicamentos e insumos que necesita para su diaria labor.

Para concluir, el INEFAM enfatiza que todo lo logrado hasta 2018 ha sido desechado por el actual gobierno, "que pretende descubrir el 'hilo negro' a través de compras con UNOPS, con un elevado costo por sus honorarios que pudieron tener mejor uso y que sin duda será un negocio redondo para este último, sin lograr cabalmente cubrir las necesidades del sistema público de salud a nivel nacional".

En México, si bien se ha mantenido una leve tendencia a la baja, con 4,557 casos promedio por día en la última semana, a partir del 22 de septiembre se empieza a observar una resistencia a la caída de los casos.

La experiencia internacional nos señala que el riesgo de un 'rebote' de los contagios ante el crecimiento de la movilidad es mayor en sociedades heterogéneas y complejas... y que además, hacen pocas pruebas.

México es el país en el que se ha hecho el menor número de pruebas en el grupo de los 10 de mayores contagios, apenas a 1.28% de la población frente a un promedio de 13.1% en ese grupo. Es decir, en términos relativos se hace apenas la décima parte de las pruebas que se aplican en el grupo de 10 países de mayor contagio.

En la última semana, los registros de Apple Mobility a nivel nacional están apenas 10% por debajo de su punto de referencia del 13 de enero para tráfico vehicular y peatonal, y están en 45% abajo en transporte público, pero con clara tendencia alcista.

Esa tendencia puede producir un incremento importante de los contagios en las siguientes semanas.

¿Aprenderemos las lecciones de los países en los que se presentó una clara 2a. ola o la actitud obstinada de las autoridades sanitarias va a continuar hasta que tengamos un rebote dramático del número de enfermos y aumento del número de fallecidos?

México perdió o descartó 93,803 resultados de pruebas COVID-19 durante la pandemia, dijeron funcionarios de salud, lo que reduce los ya bajos niveles de pruebas en el país.

Las razones tras la pérdida de los resultados varían. Algunos nunca llegaron al laboratorio desde las clínicas y algunas no estaban refrigeradas adecuadamente o tardaron demasiado en ser procesadas, dijo el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomia, en una conferencia de prensa el martes por la noche.

Expertos médicos y organismos internacionales como las Naciones Unidas han criticado el bajo nivel de pruebas de México, que ha llevado al país a una tasa de positividad de 41%, la 2a. más alta del mundo según Our World in Data. El país latinoamericano ha decidido obstinadamente no realizar pruebas a gran escala y, en su lugar, realiza exámenes solo a los pacientes más enfermos.

Los resultados perdidos representan aproximadamente 5% del total de las pruebas. Hasta el martes, México había notificado a 1'935,334 personas de sus resultados, dijo Alomia.

México tiene 738,163 casos confirmados, muy cerca de los 736,609 de Argentina. Sin embargo, el número de muertos en México, 77,163, es casi 5 veces mayor que el del país sudamericano, que es de 16,519.

A pesar de los cambios detonados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la crisis sanitaria por el COVID-19, en Jalisco está estancada la inversión en medicinas para el sector público.

Mientras en 2019 se erogaron más de 1,281 millones de pesos para medicamentos y productos farmacéuticos, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco respondió que este año cerrará con alrededor de 1,218 millones. No hay más presupuesto.

La mayoría de los recursos proviene de la federación. Por ejemplo, el Gobierno del Estado no concedió una entrevista para detallar sobre el tema, pero entregó una ficha informativa del gasto en la materia y explicó que entre enero y agosto de este año, con todo y pandemia, se han inyectado más de 812 millones de pesos, de los cuales apenas 14.1 millones son de origen estatal.

Este medio de comunicación ya documentó las denuncias y manifestaciones de familiares de enfermos con cáncer, principalmente, quienes lamentan la falta de medicinas en el estado.

De acuerdo con el último informe cuatrimestral del Colectivo #Cerodesabasto (con corte a abril pasado), el cual concentra los reportes realizados sobre el desabasto de medicamentos que se presenta en el país (tanto en unidades federales como estatales), Jalisco se ubica en el 3er. lugar con el mayor número de quejas, con 57. El 1er. lugar lo ocupa la Ciudad de México (con 269), seguido por el Estado de México (113).

En el documento se precisa que, en comparación con los resultados anteriores correspondientes a 2019, "es notable el incremento del número de reportes referentes al IMSS (72%), con un aumento de 26 puntos porcentuales", si se compara con el trimestre previamente analizado. Le sigue el ISSSTE, con 19% de casos; el Insabi, con 4%, mientras el 5% restante obedece a los sistemas estatales de salud, Pemex y hospitales privados.

El colectivo resalta que 11% de los reportes recibidos entre enero y abril pasados, fue levantado por personal de salud.

Se concluye que "desafortunadamente, previo a la pandemia, las condiciones de nuestro sistema de salud ya estaban comprometidas por la ineficiencia y la corrupción en la cadena de abasto, así como por el bajo porcentaje de gasto público en salud y las deficiencias en la cobertura de los distintos subsistemas. Las personas con VIH, cáncer, lupus, hipertensión y diabetes ya corrían un grave riesgo antes de la pandemia por la falta de medicinas y tratamientos. Y ahora, por COVID-19, enfrentan una doble amenaza al ser los más vulnerables ante un contagio de este virus".

De febrero de 2019 a abril de este año, la plataforma digital cerodesabasto.org ya recibió 2,270 reportes por la falta de medicamentos. En el acumulado de quejas se informa que se han recibido 120 por desabasto en Jalisco. La entidad se ubica sólo por debajo de la Ciudad de México (609) y del Estado de México (283).

De la bolsa de 3,673 millones de pesos que presupuestó el ejecutivo estatal para hacer frente a los gastos de COVID-19, 1,108 millones fueron asignados al OPD Servicios de Salud Jalisco, de los cuales, sólo se han gastado 364.5 millones; es decir, se ha dispuesto de sólo 3 de cada 10 pesos disponibles.

De acuerdo con la última actualización realizada por la Secretaría de la Hacienda Pública sobre el gasto de la pandemia (con corte al pasado 8 de septiembre), en el micrositio https://coronavirus.jalisco.gob.mx/, a la fecha se han realizado 44 compras para atender la contingencia por parte del organismo.

La erogación más alta es por 70.9 millones de pesos para la adquisición de 75 monitores de signos vitales, seguido por 40.5 millones para la compra de 230,000 cubrebocas N95.

Para atender los gastos de urgencia relacionados al COVID-19, el ejecutivo estatal creció el presupuesto de la Partida 4418 de Erogaciones Imprevistas, la cual es de ampliación automática.

Como todos los martes de mañanera en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, repitió su reporte nocturno sobre la COVID-19, donde el énfasis no fue la pandemia, sino el inicio de la vacunación contra la influenza. Sin embargo, escondido entre los acentos de la narrativa, la verborrea, las gráficas de múltiples colores, y la sobre saturación de información, abundó, sin decirlo claramente, lo que había anticipado desde el domingo: que hay una importante cifra negra en los posibles casos positivos que nunca serán contabilizados, porque no tuvieron una muestra para el diagnóstico, por lo que la estadística final sobre el número de contagios del coronavirus, se infiere, jamás los sumará de manera oficial. O sea, ¿cuántos muertos habrá por la pandemia? No lo sabremos.

Para el récord, y para cuando llegue el momento que sin la protección presidencial rinda cuentas políticas por su manejo, esto fue lo que dijo el martes el zar del coronavirus: "Tenemos un conjunto de muestras que han sido tomadas de estas personas (los casos sospechosos) y están en proceso de resultado de procesamiento en laboratorio, pero también tenemos un conjunto de personas que, teniendo las características clínicas de la enfermedad -y siendo todas ellas consideradas en la estadística necesaria para la vigilancia epidemiológica-, no tuvieron una muestra para el diagnóstico".

"Esto no es inconveniente desde el punto de vista de vigilancia epidemiológico, porque son contabilizadas, son identificadas, el lugar donde fueron atendidas, el lugar donde residen, brinda información sumamente valiosa para las acciones de prevención y control, pero sencillamente no tienen una muestra de laboratorio, o bien la muestra biológica sí se tomó, pero cuando se procesó en el laboratorio no se identificó que fuera viable".

López-Gatell no lo ventiló públicamente, pero de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, el 7% de las personas que no tuvieron muestra, fueron hospitalizadas ante la gravedad de sus síntomas, y fuera del tiempo máximo de procesamiento de la muestra, el total de decesos suma los 2,025 desde el inicio de la crisis sanitaria, que representa el 2.6% del total de fallecidos.

La deficiencia en las muestras no había sido admitida por el gobierno, y tuvo que ventilarse en público ante la reclasificación de los casos sospechosos de la COVID-19, empujada por el inicio de la temporada invernal, periodo en el que suben drásticamente los padecimientos por la influenza, con lo que los números del SARS-CoV-2, pariente de ella, tendrían un incremento. La reclasificación y las declaraciones de López-Gatell pasaron desapercibidas, pese a la enorme revelación que nos dijo, que una gran parte de pacientes sospechosos de COVID-19, no tendrán un resultado definitivo sobre la enfermedad por falta de muestra o porque la misma no pudo ser procesada.

La reclasificación que esbozó López-Gatell el martes, divide a los pacientes entre quienes no tuvieron una prueba, pero sí presentaron síntomas, y aquellos que a pesar de realizarse una prueba, no recibirán sus resultados por errores en el procesamiento o transportación de la muestra. Esto significa, de acuerdo con los mismos datos de la Secretaría de Salud, que hasta el domingo pasado, 93,803 personas que se realizaron la prueba de la COVID-19, o sea, el 75.3% de quienes se sometieron a estudio, no conocerán su resultado debido a esos errores.

De esta forma, como explicó Elizabeth Velázquez el domingo pasado en la edición nocturna de Eje Central, el cambio de definición de sospechosos que no tienen prueba de laboratorio para confirmar, incluyó a los sospechosos sin prueba, por lo que el número total pasó de 82,914, a 310,042, de los cuales la mayoría no tiene muestra, ni esperanza de recibir un resultado. Entre los sospechosos se contabilizan 185,320 personas que no formaban parte de las estadísticas porque son precisamente aquellos casos sin una muestra, admitió José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

López-Gatell estuvo ocultando estos datos durante más de 5 semanas, mientras hacía malabares con las cifras y las estadísticas. El 21 de agosto, Velázquez y otra reportera, Olinka Valdés, adelantaron que habría sospechosos que jamás podrían recibir un resultado por el mal manejo de las muestras, lo que se sumaba a que México era uno de los países que menos pruebas ha hecho para detectar la COVID-19, al haberse planteado desde un principio la estrategia de sólo realizarlas en su totalidad en personas con síntomas graves, y en el 10% de los pacientes leves.

El retraso en la entrega de resultados de las pruebas de PCR, el acrónimo en inglés para Reacción en Cadena de Polimeras, que diagnostica el patógeno del coronavirus, comenzó en enero, reportaron Velázquez y Valdés, a partir de la base de datos abiertas de la Dirección General de Epidemiología, que fue mostrando los rezagos de manera progresiva hasta su pico en julio, cuando se realizó la prueba de detección de la COVID-19 a 23,399 personas, de las cuales 598 fallecieron sin resultado.

Los verdaderos números de la muerte de la COVID-19 y sus estimaciones han sido ocultadas por López-Gatell, como en el tema de las muestras, donde Alomía estima pérdidas de 28 millones de pesos -originalmente se calculaban 50 millones- por los estudios que resultaron fallidos. El dinero, en todo caso, es irrelevante frente a las vidas perdidas por la COVID-19, y el número de víctimas está directamente relacionado con la estrategia que se siguió para enfrentar la pandemia.

López-Gatell ha defendido contra todo y todos su estrategia -no podía decir otra cosa-, y públicamente López Obrador lo ha respaldado. Pero apoyo político no significa eficiencia o un diseño certero para la contención y el combate al virus. La pandemia no ha terminado y vendrá la 2a. ola. También llegará el momento del juicio final al subsecretario, cuando explique qué hizo y por qué lo hizo.

El Fondo de Gastos Catastróficos, al que se asignaban recursos etiquetados para la atención de cáncer y otras enfermedades costosas en los estados, fue desmantelado en el actual gobierno.

Ahora, ya con menos recursos, será desaparecido en el paquete de fideicomisos del que el gobierno de la 4T podrá disponer para sus programas sociales.

Dicho fondo pertenecía al extinto Seguro Popular. Según estimaciones de especialistas tenía 70,000 millones de pesos al concluir el sexenio de Enrique Peña. A inicios del 2020 habría 30,000 millones disponibles. El gobierno federal lo habría utilizado en la emergencia del Covid.

Esa partida garantizaba recursos para servicios médicos de alta especialidad y alto costo, y su propósito era que no se pusiera en riesgo la vida y el patrimonio familiar en 66 padecimientos, como cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer en niños y adolescentes, trasplante de médula ósea, trastornos quirúrgicos y congénitos, entre otros.

Antes de desaparecerlo formalmente ya lo habían desmantelado y ya se había puesto en riesgo la atención de niños y mujeres con cáncer y pacientes sin seguridad social, advirtió Octavio Gómez-Dantés, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública.

"La alternativa es la muerte o que los gastos agudicen la pobreza", señaló.

"No sabemos realmente cuánto del dinero del fondo se fue, si es que se fue, a los estados que firmaron el acuerdo con el Insabi. A principios de 2020, se hablaba de que todavía quedaban en el fondo alrededor de 40,000 millones de pesos", agregó.

El martes pasado, cuando la fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso su extinción, se calculó que aún dispondría de 30,000 millones de pesos.

Desde la creación del Seguro Popular, el 8% de su presupuesto anual se iba a ese fondo.

Sofía Charvel, directora del Programa de Derecho y Salud Pública del ITAM, aseguró que gran parte del fondo se usó para enfrentar la pandemia.

"Por la llegada de Covid se tuvo que utilizar gran parte del dinero del Fondo (de Gastos Catastróficos) para reconvertir hospitales y comprar insumos. Como no hay reglas de operación, hay poca claridad de lo que sigue al respecto", advirtió la especialista.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que los fondos que actualmente se aplican a través de fideicomisos se distribuirán en el futuro desde el presupuesto.

"La idea principal es que los destinatarios finales deesos programas no sufran",dijo ayer durante su comparecencia ante Diputados.

"Esas personas van a seguir recibiendo todo lo quetenían comprometido, nadamás que van a llegar directamente a través del presupuesto, y no a través del fideicomiso", señaló.

Además, aseguró que las bolsas para la Atención a Víctimas y para la Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tendrán garantizado el mismo presupuesto para el próximo año.

Trabajadores del IMSS en al menos 9 estados denunciaron fallas en los servicios de laboratorio proporcionados por 3 nuevos proveedores contratados por el instituto, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes con errores en estudios clínicos, confusiones en datos personales y falta de equipamiento e insumos para las pruebas reactivas.

Se constató que el Seguro Social contrató a estos proveedores con un sobreprecio de 962'177,742 pesos con respecto a otras firmas que ofrecían los mismos servicios.

Según el fallo de la licitación para contratar el servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico, para los pacientes del IMSS, las empresas Hemoser, Centrum e Impromed fueron declaradas triunfadoras de las principales partidas, aunque éstas ofertaron por 7,169 millones de pesos, mientras que el consorcio Falcón lo hizo por 6,360 millones de pesos; el sobreprecio es de 809'204,911.

En la adjudicación directa para los servicios de laboratorio en las delegaciones norte y sur de Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató a Laboratorios San Ángel por 513'731,645 pesos, cuando Falcón presentó una propuesta de 360'758,814, lo que equivale a un sobreprecio de 152'972,830.

Tras el fallo de la licitación el 1 de abril pasado, los consorcios ganadores tenían 90 días para habilitar el sistema informático necesario a fin de iniciar la prestación plena de los servicios de laboratorio, pero para el 1 de julio trabajadores de hospitales en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Sinaloa denunciaron que la instalación del servicio no había ocurrido en al menos 400 hospitales del IMSS.

En el oficio dirigido a Ricardo Balboa Muñoz, jefe de Laboratorio del Hospital General de Zona Número 2, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, firmado por 16 trabajadores de este servicio médico, éstos denunciaron errores en el sistema informático de Elismart S.A. de C.V., que al igual que Hemoser está representada legalmente por Ignacio Higareda Figueroa.

"Dicho programa presenta muchos errores graves, además de no cumplir con los requerimientos que exige el sistema de trabajo de esta unidad. Hay estudios que no pueden ingresarse, a pesar de estar en el sistema y ser seleccionado por el usuario, tales como PCR o Reacciones Febriles, y los códigos de barra de las muestras están mal codificadas, muchas de ellas no son leídas por el equipo", indica el documento.

En respuesta a estos hechos, el IMSS aseguró que los consorcios ganadores de la licitación fueron la oferta más baja de las propuestas presentadas y que cumplían con lo requerido, aunque las cifras del portal de Compranet muestran lo contrario.

"El proceso fue mediante licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados para la contratación del servicio médico integral de laboratorio clínico; la empresa adjudicada correspondió a la oferta más baja de las propuestas presentadas al IMSS que cumplían en torno a los requisitos técnicos, administrativos, legales y económicos solicitados en la convocatoria".

Sobre las quejas de los trabajadores, el organismo encabezado por Zoé Robledo explicó que éstas no han llegado a las áreas correspondientes. "Tanto la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio, así como la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica no cuentan con señalamientos al respecto".

Fuentes de primer nivel dentro del instituto revelaron que como consecuencia de estos señalamientos, Ulises Morales, jefe de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura del IMSS, renunció antes de que concluyera septiembre; sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que su renuncia se debió a motivos personales.

En el caso de México aún no se presenta una 2a. ola... porque la 1a. no ha terminado.

La tendencia de los casos nuevos por día sigue a la baja, pero de una manera muy leve. En todo caso, la ventaja es que no se ha producido un repunte visible, como en otros lugares del mundo, y como algunos modelos anticipaban.

Sin embargo, es muy pronto para cantar victoria. De hecho, la lógica señala que, si se han producido rebotes en sociedades con características semejantes, es probable que también suceda en México, probablemente ya entrado el otoño, sobre todo si la apertura sigue su curso.

Desde hace 10 años, la asociación civil Nariz Roja ha ayudado a niños, y recientemente, a personas adultas en su lucha contra el cáncer con acompañamiento emocional, asistencia social y educativa para que quienes luchan contra esa enfermedad tengan una red de apoyo que haga más llevadera su vida y, sobre todo, su paso por hospitales donde, en los últimos meses, se ha registrado falta de insumos, tratamientos y medicamentos necesarios para su atención.

Álex Barbosa comenzó a apoyar a los niños con cáncer desde 1999, aunque Nariz Roja se conformó como asociación civil oficialmente en 2010, cuando logró su 1a. casa de ayuda gracias a donativos de ciudadanos y al trabajo de voluntarios. Allí brindaba un espacio para asearse y pasar la noche a familiares de niños con esa enfermedad, así como alimentos.

Al pasar los años, y gracias a campañas de apoyo exitosas, Nariz Roja logró un nuevo espacio en donde no sólo se dan clases para que los pacientes continúen sus estudios, sino que se les dona el medicamento que requieren cuando no tienen recursos para adquirirlo, o bien, cuando no hay en el sistema de salud pública.

-Desde la asociación, ¿cómo se ha percibido la crisis por escasez de medicamentos para atender el cáncer?

-El problema comenzó a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Los recursos ya se los habían terminado y ellos ya estaban por salir, ya no había dinero y comenzó a haber faltantes. Andrés Manuel López Obrador ya estaba "gobernando" desde su casa de campaña y los familiares empezaron a acercarse a él. Su respuesta fue que se les iba a atender y la gente le creyó, pero al pasar de los meses comenzó la escasez. Se resolvió y de nuevo comenzaron a faltar medicinas.

Luego el gobierno cerró (la farmacéutica) PiSA y decidió hacer compras en el extranjero para solventar el problema, pero la fórmula no funcionó y hoy el país opera con 21% o 22% de los medicamentos. Hemos visto cómo han perdido la vida muchos niños, y aunque nosotros los conseguimos, a veces no alcanzamos a llegar a tiempo.

-¿Cuál sería una posible solución?

-Aunque hay gobiernos que lo han estado resolviendo con compras en el extranjero, como Jalisco, que hace días tuvo contacto con un laboratorio hindú, nosotros también hemos hablado a esos laboratorios, pero cuesta mucho más. Un medicamento que costaba, por ejemplo, 400 pesos, ahorita puede costar 1,200 y se termina en una puesta. Nosotros, por ejemplo, hemos gastado sólo este año alrededor de 6 millones de pesos en medicamentos. Pero, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar las organizaciones no gubernamentales de todo el país para ayudar a estas personas? La solución es que reabran la farmacéutica mexicana, independientemente si es PiSA o no, no tenemos vela con ninguna marca. Necesitamos que se reactive la farmacéutica de nuestro país.

Estas son las vías de contacto con Nariz Roja A.C. para donar y ayudar a las personas con cáncer:

(V.pág.22-A del periódico El Informador del 5 de octubre de 2020).

Los líderes de las naciones que han desestimado la pandemia de coronavirus han tenido por común denominador los primeros lugares en decesos y contagios de Covid-19 en el conteo de países afectados de la Universidad Johns Hopkins.

El trato dado a la alerta sanitaria por Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump. Jair Bolsonaro o Boris Johnson ha sido puesto como ejemplo contrario a las recomendaciones contra la emergencia sanitaria.

Para hacer frente a los contagios, la OMS antepone las pruebas o análisis a la población a fin de evitar nuevas infecciones. El organismo afirmó que en esos países no se ha visto una escalada lo suficientemente rápida de las medidas de detección, aislamiento y rastreo de contactos, algo que define como "la columna vertebral de la respuesta" contra la enfermedad.

Las similitudes de los discursos y estrategias de los mandatarios que subestimaron al virus se tornaron evidentes desde marzo, 3 meses después de la detección del coronavirus, con declaraciones triunfantes, promesas de bienestar e incluso llamados a la convivencia.

(V.Amor a México en Facebook del 5 de octubre de 2020).

Un total de 9 organizaciones civiles recibieron este martes recursos por parte del Gobierno del Estado [de Jalisco] para la compra de medicamentos contra el cáncer, que beneficiarán a más de 1,500 pacientes en condiciones de desigualdad quienes necesitan medicamentos para enfrentar esta enfermedad en sus distintas modalidades.

Los recursos, que suman un total de 7'608,452 pesos, fueron entregados por el gobierno estatal gracias a que se redestinaron los recursos para el programa (proyectado en cofinanciamiento) con la "Fundación Ver Bien para Aprender Mejor", el cual buscaba dotar de lentes graduados a niños y niñas de primaria y secundaria de la entidad.

La decisión de la reasignación, explicó el ejecutivo estatal, se debió a que ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, los menores no han vuelto a clases presenciales en los planteles públicos, por lo cual se privilegió atender "la crisis ocasionada por la escasez de medicamentos oncológicos a nivel nacional".

Las asociaciones civiles fueron beneficiadas luego de la aprobación de los proyectos presentados ante el Comité Técnico para Asignación de Subsidios de Asistencia Social, recibiendo apoyos entre los 700,000 pesos hasta 1'805,700 pesos.

Durante la entrega de cheques simbólicos, el gobernador aseguró que en Jalisco ningún niño se quedará sin los medicamentos que requieren para atender esta enfermedad, aunque aseguró, estos recursos solo serán suficientes para la compra de medicamentos hasta el cierre de este 2020.

Para hacer frente al 2021, dijo, será necesario que el gobierno federal organice los presupuestos a asignar y establezca qué ocurrirá con los subsidios recientemente desaparecidos, para así, desde el estado, analizar las estrategias propias a aplicar para continuar con la compra de estas medicinas, a través del apoyo de las organizaciones civiles.

"No hay justificación alguna para que el Gobierno de la República rehúya a su responsabilidad en este tema. No es ni siquiera un tema de debate político o de diferencias entre los titulares del ejecutivo estatal y del ejecutivo federal, es un asunto de carácter ético que no tiene justificación para no atenderse de la forma adecuada", añadió.

El presidente del Consejo de Asistencia Social, Salvador Litchi Rovero, celebró la reasignación de estos fondos para el beneficio de los pacientes con cáncer e instó a las autoridades a crear un fondo para la compra de más medicamentos. De manera inicial, dijo, la Fundación Nice de la cual es fundador, donará el 1er. millón de pesos.

Por su parte, Alejandro Barbosa, agradeció los recursos entregados por el ejecutivo estatal para este fin, pues recordó, la falta de apoyos federales ha afectado a que actualmente no haya quimioterapias ni medicinas suficientes y pidió que más gobiernos se sumen al apoyo desde los estados. "No importa quién lo entregue, importa que llegue", añadió.

Asociaciones Civiles beneficiadas con el apoyo: Galilea 2000, Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, Mi Gran Esperanza, Cómplices de Sonrisas, Nosotros por los Niños Con Cáncer, Fundación Voluntarias Contra el Cáncer, Cruz Rosa A.B.P Capítulo Guadalajara, Cáritas de Guadalajara, y Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara.

Hoy les traigo todos los pormenores de la comparecencia del secretario de Salud, Jorge 'el aviador' Alcocer, y para abrir boca déjenme decirles que las mujeres de la oposición pusieron el ejemplo, por la valentía de sus cuestionamientos.

De hecho, en cada una de las intervenciones cuando la cámara enfocaba al secretario, podíamos ver su incomodidad, su molestia, el rostro desencajado y sus ojos llenos de sorpresa, el tener que dar la cara cuando -como señalaron varios senadores-, él no es el culpable directo, pues el encargado de la contingencia es el subsecretario que ni siquiera quiso 'dar la cara' y a cambio se presentará, pero en la 'comodidad' de la Comisión de Salud y no ante el Pleno; acusaron en repetidas ocasiones que lo "único que ha hecho bien este gobierno es lavarse las manos".

A López-Gatell le llamaron, entre otras cosas, irresponsable, mentiroso y negligente, que no ha sido serio ni ha cumplido su juramento como médico, que no pudo enfrentar al presidente y permitió que nuestro país se convirtiera en un verdadero cementerio. Se pidió nuevamente, por la misma razón, su renuncia, resaltando que ha demostrado su falta de seriedad y que pone la política por encima de la ciencia, por encima de la salud y por encima de la verdad; reclamaron que el lugar que ocupa hoy lo ha utilizado para quedar bien con su jefe y no para salvar vidas, lo que es criminal.

Ante la mirada perpleja del secretario, siguió la pasarela de las y de los senadores, ante los reclamos de la legisladora Silvana Beltrones, quien se enfocó en vacunas y en la falta de medicamentos contra el cáncer, al igual que Josefina Vázquez Mota, que leyó una carta firmada por oncólogos y hematólogos pediatras solicitando el apoyo de las autoridades para centrarse en las necesidades de tratamiento de los niños con cáncer, reclamando que sus voces no han sido escuchadas, diciendo que en las cartas no hay partido político, que se tiene el derecho a vivir; leyó una denuncia de la Dra. Martha Zapata, presidenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica: "en este año morirán más niñas y niños con cáncer de lo que se tiene registrado en toda nuestra historia", también leyó el dramático testimonio de Luis Fernando, padre de un hijo de 5 años con cáncer: "Mi hijo tomaba un medicamento, no lo hubo 3 semanas y perdió 3 sesiones de quimioterapia, el cáncer avanzó y hoy es legalmente ciego, perdió la vista y ahorita tiene posible metástasis".

Manifestaron preocupación por el mal manejo frente al Covid-19, se señaló que si solamente se hubiera establecido el uso obligatorio de cubrebocas, se hubieran evitado miles de muertes, y se trató el fracaso del modelo Centinela, entre otras cosas. Un detalle que hubiera resultado 'chusco', de no ser por la verdad de la pancarta, fue cuando mostraron el 'etiquetado claro' para este manejo de la pandemia, mostrando la leyenda "ALTO EN CORRUPCIÓN, EXCESO DE INEPTITUD".

La senadora 'Wera' Reynoso insistió en que no bastan los aplausos al personal de Salud, que es necesario un apoyo real y dotarlos de insumos; dijo, sin mencionar nombres, que "el personaje de las vespertinas" no emite las recomendaciones del Consejo de Salubridad General, sino las que quiere dar en su papel de "vocero de las vespertinas" sin sensibilidad por el sufrimiento de más de 77,000 familias, resaltando que lo que hacen con la salud está mal, "no es válido, no es ético, no es responsable, ESO ES UN CRÍMEN", gritó la senadora en su intervención.

De igual manera la senadora Martha Márquez ironizó que a la sociedad nos "presentaba" al secretario de Salud Jorge Alcocer, a quien no conocemos pues ha permitido que Hugo López-Gatell, un "payaso mentiroso" se preste al juego del presidente, siendo un simple "animador" que da información inexacta. También compartió el desgarrador audio de una madre llorando, que haría que cualquiera con corazón rompiera en llanto, también le dijo "con todo respeto es uno de los secretarios más grises de la administración, y eso que no hay de dónde escoger y el presidente no los deja actuar, son sus 'floreros'"; le dijo que él recibe una "beca" de 107,000 pesos mensuales porque no había hecho nada, el país está en pedazos en materia de salud, le habló de la incapacidad y mezquindad de Gatell, invitando a que lo denuncie.

¿Cuántas muertes más valen su renuncia y la renuncia del subsecretario? Así concluyó la senadora Verónica Delgadillo, llevando el sentir de muchos mexicanos, de los que estamos dolidos por la pérdida de un ser querido ante la negligencia criminal de un subsecretario, que ríe e ironiza sin dar un solo resultado positivo y sin que esto tenga ninguna consecuencia, aunque su arrogancia cuesta miles de vidas.

Para finalizar y cerrar bocas, pues salió también el tema en la comparecencia, resulta que el 'personaje' que tantos senadores mencionaron se ha llenado la boca con la cantaleta de que José Narro dejó 307 hospitales inconclusos.

Bueno pues déjenme decirles que el 28 de mayo solicité la confirmación de esta información a la Unidad de Transparencia y, después de meses de espera, ya llegó la respuesta, con la cual se le cae el teatrito a Gatell, quien salió como la famosa canción de los 'perritos', y de los 307 hospitales con los que atacaba a Narro Robles, según la propia Unidad, solamente son 25 y además dice la respuesta al calce: "No omito mencionar que la planeación, construcción y operación de las unidades médicas, es responsabilidad de cada entidad federativa, toda vez que los servicios de salud se encuentran descentralizados". ¡Quihúboles! tremendo coraje hará el de las vespertinas, pues en la misma Unidad desestimaron el único argumento que tenía, y con el que intentaba desprestigiar al doctor Narro.

Gra­cias a los re­cur­sos otor­ga­dos por el Go­bierno del Es­ta­do, Cruz Ro­sa po­drá apo­yar a unas 400 mu­je­res con cán­cer.

Se­gún la pre­si­den­ta del Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co de es­ta aso­cia­ción, Al­da­ra Navarro, con los 1.5 mi­llo­nes de pe­sos re­ci­bi­dos en­tre­ga­rán pa­que­tes de qui­mio­te­ra­pia oral a las mu­je­res que tie­nen es­ta en­fer­me­dad, y de este mo­do ga­ran­ti­za­rán su tra­ta­mien­to "por al­gu­nos me­ses más" aho­ra que el país en­fren­ta una cri­sis por el des­abas­to de me­di­ca­men­tos pa­ra aten­der es­te pa­de­ci­mien­to.

Los apo­yos, agre­gó Navarro, se­rán pro­por­cio­na­dos a tra­vés del pro­gra­ma de "Me­di­ca­men­tos con­ti­go", que ayu­da­rá a las mu­je­res que el Sis­te­ma de In­ter­ca­na­li­za­cion a Tra­ba­jo So­cial de los hos­pi­ta­les públicos ca­na­li­ce a es­ta or­ga­ni­za­ción.

La pre­si­den­ta in­vi­tó a la so­cie­dad ci­vil y al sec­tor em­pre­sa­rial a con­ti­nuar con el apo­yo me­dian­te sus do­na­ti­vos, pues es gra­cias a es­tos que han lo­gra­do brin­dar, des­de ha­ce 7 años, un es­pa­cio pa­ra albergar y ali­men­tar a las pa­cien­tes du­ran­te sus tra­ta­mien­tos, ade­más de dar­les acom­pa­ña­mien­to de ti­po ta­na­to­ló­gi­co y psi­co­ló­gi­co.

Los in­tere­sa­dos pue­den in­gre­sar a la pá­gi­na http://cruz­ro­sagdl.com o con­tac­tar a su equi­po a tra­vés del te­lé­fono 33-3615-8549.

De un día para otro, la Secretaría de Salud informó que había cambiado la metodología para registrar defunciones y contagios por la COVID-19, por lo que en 24 horas subió a 25,000 el número acumulado de casos positivos, y en más de 2,000 el de decesos. Así seguirá aumentando la estadística, en la medida en que las entidades empiecen a proporcionar sus datos conforme a la nueva metodología. Lo que se prefirió manejar con muy bajo perfil es que la nueva información no se colocará en la base de datos abiertos, y tampoco será desglosada. En pocas palabras, se dio un cerrojazo a la información para ocultar que estamos en el umbral de la segunda ola de la pandemia.

Lo que quieren esconder en el gobierno tiene su origen en lo que sucedió hace poco más de una semana en el gabinete de seguridad, que se lleva a cabo de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, donde Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y responsable de la lucha contra el coronavirus, le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que los casos positivos se estaban incrementando, por lo cual realizarían un monitoreo detallado porque se podría estar el inicio de la 2a. ola de la pandemia de la COVID-19, cuyos síntomas ya les habían provocado alertas.

Aunque el número de contagios y decesos en efecto se ha desacelerado, la positividad de los casos empezó a mostrar una tendencia al alza muy aguda desde el 23 de septiembre, cuando el 36.6% de aquellos donde se aplicaban las pruebas resultaban positivos, de acuerdo con Our World in Data COVID-19. Cuando López-Gatell informó al presidente lo que estaba sucediendo, México se encontraba en 40 puntos. El subsecretario no detalló en el gabinete de seguridad el incremento en porcentaje de casos positivos, pero no es un dato menor. Para el 30 de septiembre, el 46.9% de las personas que se aplicaban la prueba daban positivo.

Desde marzo, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, señaló que entre más casos positivos se estén registrando, la señal que está enviando la enfermedad es que hay "muchos casos más que no se han encontrado". Estos porcentajes se elevan de manera exponencial si en los países no se aplican suficientes pruebas, o como en México, las pruebas como método para conocer el avance de la enfermedad, nunca se aplicó. Ryan dijo que en los países donde se realizaron pruebas masivas, menos del 12% de ellas resultaron positivas.

México es uno de los países que menos pruebas han hecho durante los 10 meses de la pandemia, y el que menos ha aplicado en América Latina. Al 30 de septiembre había suministrado 78 por cada millón, y en lo que va de octubre solamente 34.7 por cada millón. Sus niveles son similares a los de algunas naciones africanas y los estados más pobres en el sureste asiático.

El pico de casos positivos confirmados registrado en México fue el 2 de agosto, cuando se contabilizaron 9,556, de acuerdo con Our World in Data COVID-19, y de ahí se dio un desaceleramiento. El 22 de septiembre se llegó a tener casi el mismo número de casos positivos que los que se habían tenido el 9 de junio, cuando comenzó la escalada al pico, pero como en el caso de la positividad, volvió a subir. El número de casos positivos no es lo mismo que la positividad, cuya variable resulta del número de casos sospechosos que se confirma están contagiados, que es lo que la Secretaría de Salud comenzó a detectar el 23 de septiembre.

El cambio de metodología anunciado por la Secretaría de Salud fue el 2o. cambio metodológico que ha realizado durante la pandemia. Con una enfermedad que todavía no termina de entenderse en toda su dimensión, no es inusual que haya cambios de método para medirla. Lo que no es usual, que es lo que está pasando con el gobierno mexicano, es que los cambios vayan aparejados con una mayor opacidad.

El 1er. cambio metodológico fue en la semana epidemiológica 16, cuando dejaron de dar los estimados, para evitar que las proyecciones matemáticas independientes contradijeran la información oficial que se proporcionaba. El 2o. se ha dado durante la semana epidemiológica 40, que está en curso, en donde se incluyó en la estadística a los casos confirmados por diagnóstico. Sin embargo, al no incluir la información en la base de datos, ni la UNAM ni el Conacyt pudieron actualizar hoy su tablero de datos de la COVID-19. Paralelamente, el desglose que proporcionó la Secretaría de Salud tampoco permitía tener información que pudiera corroborarse independientemente.

Lo que está sucediendo, en los hechos, es que la información sobre el coronavirus sólo puede provenir de la Secretaría de Salud, pero al no proporcionar las herramientas para poder acceder directamente a ella, prácticamente está pidiendo, sin decirlo, que se le tiene que creer, porque de otra forma, tampoco se puede contrastar lo que difunden y corroborar si están difundiendo información verídica.

Esta ha sido la dialéctica del gobierno a lo largo de la pandemia. En un principio, López-Gatell optó por ignorar las críticas o las sugerencias que le hacían expertos en epidemiología -como algunos de sus profesores, incluso-, y en otras dedicarse a atacar a medios de comunicación que lo confrontaban con sus investigaciones. Hoy, el gobierno ha ido más allá al anunciar que la información será ambigua, dejando todo a conjeturas, como el momento en que oficialmente inicie la 2a. ola de la COVID-19, que quieren ocultar de la nación.

Hasta ahora los datos registrados no soportan la evidencia de una 2a. ola en México... ¡porque la 1a. no ha terminado!

Cuando comenzó la pandemia en el mundo, algunos pensaron que en nuestro país no íbamos a sufrir como lo estaban haciendo países como España o Italia, porque aquí éramos diferentes.

Hoy, hay quien puede pensar que el crecimiento de los contagios se dio allá, pero que aquí no ocurrirá. No es algo imposible, pero lo más probable es que tengamos un ciclo epidémico parecido.

Está el riesgo de que una reactivación rápida de contagios implique un nuevo disparo de hospitalizados y fallecidos. Sobre todo, en un país en el que, como dice la máxima autoridad en el combate a la pandemia: "los que fallecieron, fallecieron".

Ojalá se pudiera reabrir todo sin restricciones este fin de semana. Eso es algo que desearíamos casi todos.

Pero, las lecciones de otras partes del mundo nos muestran que podría ser contraproducente.

No vayamos a pensar, una vez más, que somos una 'raza resistente', a la que no le hacen nada las adversidades. Decenas de miles de muertos dan cuenta de que no es así.

Tras recuperarse de una infección por coronavirus severa o una hospitalización por la enfermedad COVID-19, es necesaria una rehabilitación pulmonar, además de otros aspectos como el deterioro de los músculos, de acuerdo con Hugo López-Gatell.

Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que históricamente, México tiene poca capacidad para la rehabilitación de los pacientes.

"Este es un tema de enorme trascendencia porque México ha tenido, a lo largo de los años, una limitada capacidad en el Sistema Nacional de Salud; se ha invertido muy poco, ha habido poca voluntad política de los gobiernos anteriores para desarrollar un sistema que sea de cobertura universal, robusto técnicamente y gratuito para que se pueda verificar o cumplir el derecho de protección de salud que contempla en artículo 4o. de la constitución", dijo.

Al respecto, aseguró que México no cuenta con grandes capacidades en el país para la rehabilitación pulmonar, así como para rehabilitación física para personas que pasan largos periodos internadas o en terapia intensiva, como podría ser el caso de las infecciones por el virus SARS-CoV-2.

"En materia técnica no hay grandes capacidades instaladas en el país, no han existido nunca suficientes para la rehabilitación pulmonar y en otros aspectos. Una persona que permanece hospitalizada por más de una semana, empieza a tener un deterioro del aparato muscular, varios de los medicamentos que se utilizan, contribuyen también al deterioro. Durante el reposo, el personal de rehabilitación y enfermería que existe en algunos, pero no todos los hospitales, desde hace mucho tiempo ha sido así, ayuda a un trabajo de las extremidades para evitar el daño de las articulaciones", aclaró el fncionario público.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó este sábado una alerta sanitaria por el robo de más de 37,000 medicamentos contra el cáncer.

El organismo informó en un comunicado de que el robo de productos ocurrió el miércoles pasado en los almacenes de la empresa Novag Infancia, donde hurtaron medicamentos oncológicos fabricados por Laboratorios Kemex.

Los fármacos hurtados no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o en Internet, advirtió el organismo al explicar que son de uso exclusivo del Sector Salud.

En los productos dados como robados no se garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos, ya que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte, indicó la Cofepris en la alerta.

Padres de niños con cáncer de varios estados del país se han manifestado de manera frecuente desde enero para exigir a las autoridades el suministro correcto de medicamentos oncológicos.

Es así que, con este robo, tanto la autoridad como las familias temen que los fármacos terminen en el mercado negro.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, que comanda Zoé Robledo, hay una crisis silenciosa que pone en riesgo la salud y la vida de los derechohabientes.

Ya son muchas voces al interior que expresan preocupación por el funcionamiento de los laboratorios, cuyo manejo fue licitado en condiciones dudosas y lo dejó con un quebranto para el país de más de 800 millones de pesos.

En abril pasado a las empresas Hemoser de Ignacio Higadera, Centrum de Valentín Campos e Impromed de Fernando Chaín se les otorgó, por la módica cantidad 7,169 millones de pesos, la tarea de hacer funcionar los trabajos de laboratorios de todos los hospitales del IMSS.

Todo iría bien si no hubiera 2 graves problemas: el primero, que el Grupo Falcón de Noé Ramírez, que ya tenía el manejo de esta responsabilidad, ofreció mantenerlo por un monto menor a 809 millones frente a lo que ofertó el consorcio ganador.

El 2o., y quizá el más peligroso, es que 4 meses después de haber ganado el contrato por más de 7,000 millones de pesos, Hemoser, Centrum e Impromed apenas han cumplido con 20% de los servicios que deberían ofrecer.

Cuidado: esto se traduce en una deficiencia en los laboratorios de todo el instituto e inconsistencias tan fuertes como equipos de prueba deficientes y desconfigurados para hacer estudios tan básicos como urea, bilirrubina, globulinas, creatinina y calcio urinario, entre otras.

No nada más eso, los resultados salen con códigos de barra que confunden nombres de pacientes y que no pueden ser leídos por los sistemas de cómputo.

Todo el funcionamiento de esta área tan importante estaría al borde de colapsar, según testimonios de clínicas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, CDMX, Durango, Puebla y Estado de México.

La historia de estas deficiencias que han sido denunciadas por personal médico del IMSS comenzó al conocerse el fallo de la Dirección de Administración del Seguro Social.

Hablamos del 1 de abril de 2020, de aquella licitación para contratar el servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico y que aquí bautizamos como 'el regreso de los Chupasangre'.

Tan desaseada fue que existen ya denuncias penales en contra de esta área del IMSS ante la Fiscalía General de la República (FGR) y quejas en la Secretaría de la Función Pública por incumplimientos y vicios en el proceso de adjudicación.

La FGR ha judicializado ya las carpetas de investigación y en los próximos días el escándalo podría alcanzar niveles mayores. En Palacio Nacional se sabe de esta crisis y de los malos manejos que en el IMSS la provocaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó el robo de medicamentos destinados a tratamientos para niños con cáncer, hecho que calificó como "muy raro" y aseguró que se investiga al respecto.

En conferencia de prensa, AMLO señaló que estos medicamentos fueron traídos de Argentina y que "costó conseguirlos".

"Lamentablemente se llevó a cabo ese robo, y ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria, pero sí se llevó a cabo este robo de medicamentos", confirmó el presidente.

Aclaró que no puede hablar mucho del tema, pero reiteró a los padres de los niños con cáncer que su gobierno no es inhumano, y están abasteciendo a todos los centros de salud con medicamentos para que sus hijos sigan con los tratamientos.

Además, mencionó que esta situación está siendo aprovechada por sus adversarios para "proyectar una imagen que no corresponde a la realidad".

López Obrador recordó que quienes distribuían los medicamentos en sexenios pasados están molestos con su gobierno.

(V.periódico El Financiero en línea del 13 de octubre de 2020).

Padres de niños con cáncer denunciarán al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a los titulares de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, y del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, por la falta de medicamentos y omisión en la atención médica. Además, interpondrán otra por el robo de más de 38,000 piezas de fármacos.

"Esperamos que esta denuncia pueda dejar una marca a la sociedad para que abra los ojos y se dé cuenta que no es cuestión de un partido político, ser de izquierda o de derecha. Nosotros no somos pagados o acarreados. No inventamos niños con cáncer, mi hijo es legalmente ciego gracias al desabasto", dijo Luis Fernando, padre de Gael, quien perdió la vista como consecuencia del cáncer que padece.

En conferencia de prensa en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, anunciaron que crearán una iniciativa para reformar el Artículo 4 constitucional en el que se garantice la protección a los menores que sean diagnosticados con cáncer, no sólo con medicamentos, sino con apoyos económicos y educativos.

Agregó que requieren 1'200,000 firmas para poder presentarla ante el Congreso de la Unión.

Autoridades federales y de la Ciudad de México informaron que se iniciaron las investigaciones sobre el hurto de la medicina.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhortó a la Secretaría de Salud Federal (SSA) para que transparente sus datos sobre la compra a 5 empresas originarias de Argentina, Alemania, Brasil, Cuba e India para adquirir medicamentos contra el cáncer.

La postura del INAI se debe a que un padre de familia tapatío solicitó la información a la SSA, pero le fue negada pese a que es una compra pública del gobierno federal, por lo que solicitó una revisión de su petición. Nariz Roja, Asociación Civil, acompañó al padre de familia en el caso y celebró mediante redes sociales la resolución del caso, pues la dependencia deberá responder por el caso.

Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil, comentó que "se espera que la autoridad respete el exhorto y lo cumpla". Actualmente, refirió, existe un desabasto de medicamentos en Hospitales Civiles e el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "sobre todo de medicamentos para adultos y en especial para las mujeres con cáncer de mama, sí, en pleno mes que se busca luchar contra ese cáncer". Por ello trabajan en la recaudación de fondos para ayudar a los pacientes.

Explicó que como asociación la única ocasión en que notaron un abastecimiento de medicamentos por parte de la autoridad federal fue en el mes de enero y se entregó al Hospital Zoquipan.

"Ahora estamos en trabajo con la autoridad estatal que aportó 10 millones de pesos, que serán repartidos en 9 Asociaciones Civiles para la compra y entrega de medicamentos, lo último que nos dijeron es que se prevé que el recurso sea entregado la próxima semana" comentó Barbosa.

Las asociaciones civiles tendrán que usar ese fondo a contrarreloj, pues deberán solicitar y comprar medicamento antes del 1 de diciembre para poder comprobar el ingreso en el ejercicio de 2020.

La asociación continúa con su campaña "Milagro", pues refieren que necesitan uno para poder conseguir 5 millones de pesos, necesarios para la compra de medicamentos en los meses de diciembre a abril, porque "se acaba el recurso de 2020 y el de 2021 llega hasta abril y en esa fecha se pide el medicamento, entonces son meses en los que no hay nada" refirió Barbosa.

Los interesados pueden realizar donaciones a la cuenta 0110098078 y con CLABE 012320001100980784 a nombre de "Campeones de la Vida NR A.C.".Los donativos que actualmente se reciben son para el estado de Tlaxcala. Será hasta el próximo 22 de octubre cuando la campaña de donativos comience a recolectar dinero para Jalisco.

"Nos pidieron ayuda de otros estados para recaudar fondos, apoyamos a Veracruz y se logró recaudar más de 3 millones de pesos, medio millón en Puebla y esperamos también lograr medio millón para Tlaxcala" dijo el directivo.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) exhortó a la Secretaría de Salud federal (SSA) para que transparente sus datos sobre la compra a 5 empresas originarias de Argentina, Alemania, Brasil, Cuba e India para adquirir medicamentos contra el cáncer.

La postura del INAI se debe a que un padre de familia tapatío solicitó la información a la SSA, pero le fue negada pese a que es una compra pública del Gobierno Federal, por lo que solicitó una revisión de su petición. Nariz Roja, Asociación Civil, acompañó al padre de familia en el caso y celebró mediante redes sociales la resolución del caso, pues la dependencia deberá responder por el caso.

Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil, comentó que "se espera que la autoridad respete el exhorto y lo cumpla". Actualmente, refirió, existe un desabasto de medicamentos en Hospitales Civiles y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "sobre todo de medicamentos para adultos y en especial para las mujeres con cáncer de mama, sí, en pleno mes que se busca luchar contra ese cáncer". Por ello trabajan en la recaudación de fondos para ayudar a los pacientes.

Explicó que como asociación la única ocasión en que notaron un abastecimiento de medicamentos por parte de la autoridad federal fue en el mes de enero y se entregó al Hospital Zoquipan.

"Ahora estamos en trabajo con la autoridad estatal que aportó 10 millones de pesos, que serán repartidos en nueve Asociaciones Civiles para la compra y entrega de medicamentos, lo último que nos dijeron es que se prevé que el recurso sea entregado la próxima semana" comentó Barbosa.

¿Piensa usted que los mexicanos somos especiales? ¿Acaso tenemos genes que no compartimos con los habitantes de otras nacionalidades?

Supongo que su respuesta fue negativa. Finalmente somos seres humanos, como los que habitan en cualquier lugar del mundo. Somos la misma especie.

Pareciera, no obstante, que en el discurso político del actual gobierno, así como en el comportamiento de nuestra sociedad, nos asumimos como si fuéramos extraterrestres.

¿A cuento de qué viene la anterior reflexión?

Por lo que estamos viendo en la evolución de la pandemia por Covid-19.

Hoy, en Europa se está viviendo la circunstancia más crítica desde los meses de marzo y abril.

En París, los hospitales nuevamente están al borde del colapso. En Barcelona, decidieron cerrar nuevamente los bares y restaurantes. En Madrid, los habitantes están confinados y no pueden entrar y salir de su localidad salvo motivo justificado. En Londres, usted no puede ir a comer a la casa de su mamá. Están prohibidas las reuniones entre grupos que no vivan en el mismo techo.

Éstos son sólo algunos ejemplos de las medidas que se han tenido que tomar ante la 2a. ola de la pandemia.

No hay sorpresas.

Esta circunstancia era previsible y la describimos en este espacio desde hace muchos meses. Y no por tener información privilegiada, sino porque era lo que señalaba la mayoría de los especialistas.

En Estados Unidos, también se han empezado a aplicar de manera más tímida restricciones a la movilidad en algunos puntos. Los contagios van en ascenso de nueva cuenta y es muy probable que en cuestión de algunas semanas veamos acciones más drásticas.

Como en el principio de esta pandemia, tenemos el privilegio de que las tendencias aparecen primero en otros lugares, lo que nos permitiría en México aprender y aplicar las lecciones de lo que pasa en esos puntos.

Sin embargo, pareciera existir una creencia mágica de que somos inmunes, que la pandemia nos hace 'lo que el viento a Juárez'. Lo dice desde el comerciante ambulante hasta el gran empresario.

Al término de marzo, cuando se empezaba el confinamiento, el presidente López Obrador señaló que éramos una raza resistente a las adversidades.

Y, por las decisiones de política sanitaria que se han tomado, pareciera que así se cree y que por lo tanto ni hay que protegernos con un cubrebocas ni tampoco hay que refaccionarnos con un apoyo fiscal. Los mexicanos aguantamos.

La realidad es terca, lo hemos dicho. De acuerdo con las propias cifras oficiales, los fallecidos este año en la Ciudad de México duplican el nivel promedio del periodo 2016-19, en las semanas de pandemia. Si ese comportamiento se replica a escala nacional, habría un estimado de alrededor de 170,000 fallecidos a nivel nacional directa o indirectamente por la pandemia.

Somos iguales. No somos extraterrestres. Y por esa razón, si tanto autoridades como sociedad no aprendemos de las lecciones de lo que está sucediendo en Europa, nos amenaza un fin de año crítico.

¿O acaso pensamos -como ocurrió en los primeros meses del año- que lo que pasa en Europa aquí no va a ocurrir?

No podemos olvidar que la última gran epidemia en el mundo, la llamada 'gripe española', con su 2a. ola golpeó con mucha más fuerza que con la 1a.

No sé si las cosas serán como en aquel invierno de 1918-19, pero lo cierto es que si el gobierno no toma las decisiones para protegernos por el hecho de tener un costo político que no quiere asumir, la responsabilidad va a ser exclusivamente nuestra.

No lo olvidemos. No somos extraterrestres.

El IMSS detalla mediante una solicitud de Transparencia que, del 1 de marzo al 31 de julio de 2020, otorgó en México un total de 690,296 incapacidades temporales para el trabajo a los asegurados de las empresas afiliadas al IMSS, cuya descripción como "caso sospechoso" incluye el diagnóstico médico del COVID-19. En ese mismo periodo, la Secretaría de Salud federal informó que 424,637 personas tenían el padecimiento en el país; es decir, que además de los confirmados, otros 265,659 ciudadanos reportaron síntomas y pidieron la incapacidad.

En ese periodo, en Jalisco se brindaron 34,344 incapacidades, lo que representa 4,714 casos extra a los detectados mediante Radar Jalisco hasta ese corte, y 21,283 más de los reportados por el modelo "Centinela" en el estado; es decir, que casi el triple de las personas aseguradas solicitaron el permiso si se compara con los casos confirmados por la Federación hasta el 31 de julio.

La semana pasada, la Universidad de Guadalajara anunció que el número real de casos del virus que están activos duplica al que reportan las autoridades estatales.

La Secretaría de Salud Federal reportó que, hasta el 7 de octubre, el Modelo Centinela registró 28,639 casos positivos de COVID-19, lo que representa 38% del acumulado de los 75,394 casos detectados por Radar Jalisco, y de los cuales 3,462 fueron muertes.

En abril pasado, el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara (UdeG) implementaron el sistema activo y masivo de detección de casos, conocido como Radar Jalisco.

La diferencia con el Modelo Centinela, que realiza la Secretaría de Salud Federal, es que el 1o. registra a las personas con síntomas claros, quienes van a una unidad médica que comparte información sólo con las instancias públicas, y únicamente a los que les aplican la prueba PCR.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha explicado en reiteradas ocasiones que todas las defunciones, hospitalizaciones y eventos ambulatorios se registran. Por otro lado, el pasado 5 de octubre agregaron en la cifra de fallecidos a personas que tuvieron contacto con casos confirmados del COVID-19, a lo que le llamaron "asociación epidemiológica", con datos recabados en los últimos 2 meses.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía, explicó que son personas fallecidas que en su momento no pudieron acceder a una toma de muestra. Esto quiere decir que la cifra de decesos incluye 3 grupos, que son casos confirmados por laboratorio, por asociación epidemiológica y una dictaminación clínico-epidemiológica.

Mientras que Radar Jalisco se caracteriza por la búsqueda de casos, lo que incrementa la probabilidad de detectar enfermos aún con síntomas leves o asintomáticos para cortar las cadenas de contagio. La decisión sobre a quién le aplican las pruebas funciona bajo un algoritmo, en el que inciden los síntomas y el contacto con las personas infectadas.

La diputada capitalina Margarita Saldaña Hernández propuso que las personas que perdieron el empleo a consecuencia de la pandemia del COVID-19, conserven los servicios médicos del IMSS como derechohabientes al menos 8 semanas más, como lo establece el reglamento.

"Esta iniciativa plantea reformar la Ley del Seguro Social, para que la gente derechohabiente sin empleo siga con la atención 8 semanas más, como lo establece la norma".

Recordó que actualmente el Artículo 109 del citado ordenamiento legal establece este plazo, "pero no se respeta, sino que el Estado lo ha disminuido, con el argumento de que es para no generar gastos extras", denunció la legisladora.

Al menos 11 organizaciones civiles sin fines de lucro, además de los diferentes DIF municipales y del estado, son las que el área de trabajo social del Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) vincula con pacientes con cáncer, quienes presentan distintas necesidades económicas y socioemocionales.

De acuerdo con Francia Adalid González, quien forma parte del departamento de Consulta Externa y Hospitalización, el área funge como un mediador entre dichas ONG's y los y las pacientes con cáncer para ofrecerles alternativas en cuanto a lo que requieren, y que por alguna razón no pueden cubrir por sí mismos.

"De esta manera los ayudamos para que puedan cubrir tratamientos, hospitalizaciones, quimioterapias, radiaciones, terapias, cirugías, procedimientos en general... todo lo que conlleva la enfermedad del cáncer para que el paciente sea atendido de forma integral", expresó.

Por ejemplo, hace algunos días el IJC apoyó en la vinculación de la organización Toca Compartir A.C, que donó 100 prótesis mamarias, mismas que fueron entregadas a mujeres jaliscienses que perdieron alguna mama a causa del cáncer.

"Lo que buscamos es que si alguna organización tiene algún apoyo y busca encontrar la manera de llegar a los pacientes, o que existan personas o empresas interesadas en apoyar a estos organismos, como en este caso que nos donaron prótesis, que incluso pueden ser pelucas o cualquier otro insumo o servicio, que nos busquen para poder hacer ese enlace que les de una mejor calidad de vida", finalizó Francia Adalid.

Algunas de las organizaciones y organismos con vinculación mediante el IJC:

Toca compartir es vivir A.C.
Galilea 2000 A.C.
Cómplices A.C.
Cáritas de Guadalajara AC
Cruz Rosa A.C.
Maistro Cleto A.C.
DIF municipales
DIF Jalisco
Albergue Mano Amiga
Albergue El Buen Samaritano
Albergue Fray Antonio Alcalde
Fundación Mexicana de Medicina Paliativa A.C
Nariz Roja A.C. (solo donaciones en especie).

Para orientación sobre donaciones o aportaciones a asociaciones por parte de empresas o particulares o de parte de los organismos para la vinculación con pacientes, los interesados pueden comunicarse directamente con los organismos, o a los teléfonos 333658-0046 y 333658-0556 ext. 1308 en el Departamento de Trabajo Social.

Su comparecencia inició como su gestión de la pandemia, con indecisión. En el Pleno no sabía dónde discursar, si desde el pódium o desde la mesa del presídium. Como en su fallida gestión, donde ha dudado si hacerle caso a la ciencia o a sus aspiraciones políticas, pues para saciarlas tendría que traicionar a la primera.

López-Gatell prefirió:
1.- Decir lo orgulloso que estaba de querer agradar a su presidente.
2.- Hablar de los 'logros' de la 4T y por qué su movimiento es necesario para México.
3.- Insultar y ser condescendiente con los senadores (en su propia casa), hablando de disonancia cognitiva.
4.- Dejando claro que solamente existe su verdad... y los del resto están equivocados.

Por cierto...

No debemos dejar pasar, y menos dejar por escrito y documentado, que López-Gatell se retiró el cubrebocas, de forma brusca y errónea, tirándolo de la parte anterior y sacudiéndolo con fuerza, omitió usar gel, y posteriormente tocó innumerables veces el micrófono y las estructuras del pódium. Como sabemos nunca debe retirarse una mascarilla jalándola de su parte frontal, pues ahí se acumulan la mayoría de los gérmenes, y posterior a su retiro siempre es obligatorio el lavado de manos. Paradójicamente en su intervención posterior subrayaría que todo el personal de salud en México no tenía formación alguna en bioseguridad, esto con el afán de adjudicarle a ello que seamos el 1er. lugar en el planeta en cuanto a casos de contagios y muertes dentro del personal de salud.

Sus primeras diapositivas son el cimiento de los pretextos, nos describe con una tasa alarmante de obesidad, con hipertensión y diabetes. Sin embargo, países con mayor población como Bangladesh y tasas similares de diabetes mellitus tipo 2 sólo tienen 5,593 muertos. Dicho sea de paso, según datos de la Dirección General de Epidemiología, recabados por la UNAM, hay más de 21,000 muertos sin una sola comorbilidad. Es decir, esta sola cifra supera las muertes por país, de 180 naciones. Países muy poblados con similar nivel de desarrollo al nuestro (Tailandia, Vietnam) han tenido mortalidad muy inferior a la de México. ¿Qué han hecho ellos bien? ¿Qué podríamos aprender de ellos?

Pero, ¿las camas vacías son un buen indicador?

Con el número de fallecidos a finales de septiembre, México llegó a 597 muertes de Covid-19 por millón de habitantes, Italia tiene 594. En Italia no hubo camas disponibles en el pico de la pandemia, aquí siempre las ha habido. La estrategia de tener 'camas' ha sido otro fracaso. Mueren en casa la mayoría. Esto explica por qué somos de los primeros 3 lugares del mundo con exceso de mortandad. Increíble que 9 meses después sigan con la propaganda de sus camas disponibles, como si el fin fuera tener camas disponibles, como si el mueble libre valiera más que la vida de los mexicanos... ¡Caray! Ah, y qué tal que el senador del PT, Zamora Guzmán, erróneamente cita como un éxito que México sea el 6o. lugar de muertes per cápita, detrás de Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador.

La cifra oficial que está en el III boletín de exceso de mortalidad, no incluye 4 estados, aun así la cifra oficial es de 159,127.

El exceso de mortandad, según cifras oficiales, es de 58.4% más hasta el 29 de agosto, en comparación con 2019.

Garci Monero
(v.periódico El Financiero en línea del 21 de octubre de 2020).

En términos de las estadísticas oficiales -lo subrayo- veníamos a la baja desde niveles máximos en los primeros días de agosto, pero la tendencia era relativamente suave, pues entre el 1 de agosto y el 16 de octubre, hubo una baja de sólo 30%.

En realidad, en México nunca se abatió la ola de contagios, por lo que no puede haber un rebrote. Lo que puede producirse, de lo que le hemos advertido una y otra vez en este espacio, es una aceleración de los contagios.

En la conferencia mañanera no pudieron menos que curarse en salud tanto Jorge Alcocer, el secretario de Salud, como Hugo López-Gatell, el subsecretario, que le pusieron el acento en advertir los riesgos de las próximas semanas, frente a los dichos de AMLO, que buscaban transmitir una imagen de más éxito en la pandemia y en la economía. Por la tarde, el propio López-Gatell confirmó una tendencia al alza tanto del número de contagios como de la positividad de las pruebas.

Los especialistas médicos fueron concluyentes en 2 aspectos.

El 1o. es que las naciones que han logrado evitar una 2a. ola, o bien que la han limitado, son aquellas que han empleado una combinación de políticas sanitarias.

En 1er. lugar, la aplicación de pruebas de manera proactiva buscando detectar los contagios en lugar de que sean los enfermos contagiados y ya con síntomas, los que demanden la aplicación de exámenes. Oto factor ha sido una política estricta de uso de cubrebocas en los espacios en los cuales puede haber contagios, incluyendo la aplicación de multas para quienes violen las disposiciones.

La evaluación oficial es que se está haciendo un trabajo adecuado. La del grueso de los especialistas que no están adscritos a los aparatos públicos señala que México es uno de los países que ha hecho una de las peores gestiones en la contención de la pandemia, usando muy diversos parámetros en la comparación.

Saúl "Canelo" Álvarez volvió a demostrar su compromiso con la sociedad. El boxeador mexicano se unió a las donaciones para una asociación en Puebla, la cual se encarga de apoyar en su tratamiento a niños con cáncer.

La asociación Nariz Roja lanzó la campaña "Milagro por los niños con cáncer de Puebla" fijándose una meta de 450,000 pesos, cuando iban 169,780 pesos, el púgil lanzó un mensaje de aliento: "Mándenme mensaje directo para darles un número y se pongan de acuerdo. Yo pongo lo que falta", respondió en redes sociales el jalisciense.

Posteriormente varios niños que padecen cáncer agradecieron con carteles dedicados al "Canelo" Álvarez.

Desde que inició la pandemia por coronavirus y hasta octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una letalidad de 86.9% en las personas que requirieron intubación o ventilación mecánica.

México registró entre enero y septiembre de este 2020 un exceso de mortalidad del 37%, al contabilizarse 193,000 muertes más de las esperadas, aunque la cifra oficial de muertos por coronavirus, el COVID-19, es de 88,700.

Según el boletín estadístico sobre el exceso de mortalidad elaborado por la Secretaría de Salud federal, el país tenía previsto registrar 524,920 muertos entre el 1 de enero y el 26 de septiembre, pero hubo 718,090 decesos.

La diferencia, por tanto, es de 193,170 muertes, lo que significa un 36.8% más de lo esperado, y según el informe, este exceso inició en la semana 13 del año, es decir, a finales de marzo, cuando se disparó la curva de contagios del coronavirus SARS-CoV-2.

La cifra oficial de muertos por COVID-19, que contempla solo los que pudieron ser demostrados con pruebas diagnósticas, no obstante, marcaba el 26 de septiembre 78,449 decesos, y hoy es de 88,743.

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades han admitido un subregistro en cuanto a contagios y muertes por el nuevo coronavirus por la dificultad [$$$] de hacer pruebas masivas a la población, por lo que el exceso de la mortalidad dibuja una idea del impacto real de la pandemia en México.

Según el informe, entre enero y septiembre, el exceso de mortalidad fue de un 42.5% entre hombres y un 28.1% entre mujeres.

Entre los adultos de 45 a 65 años, se disparó un 62.5%, entre los mayores de 65 años un 33% y entre los de 20 a 44 años aumentó un 18.4%.

Los estados con mayor exceso fueron Campeche (64.5%), el Estado de México (64.2%), Ciudad de México (60.3%) y Quintana Roo (60.3%).

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado que ya se ve "la luz al final del túnel" de la pandemia, a pesar de que las autoridades sanitarias del país advirtieron esta semana del riesgo de rebrotes.

La Secretaría de Salud federal reportó que Jalisco ha registrado un exceso de mortalidad de 20%, en comparación con las defunciones esperadas este año.

Ruy Lopez Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que al igual que en la tendencia nacional, el COVID-19 sería responsable de 7 de cada 10 muertes extras o inesperadas reportadas en la entidad.

El funcionario explicó que, en el caso de Jalisco, el aumento de la mortalidad comenzó en la semana epidemiológica 22 y tuvo su máximo en la 30, comentó que el comportamiento corresponde a la curva epidémica que comenzó de manera tardía.

Con más de 1'030,000 casos estimados de personas contagiadas por el virus, en los 8 meses de la emergencia sanitaria ha sido afectado 0.82% de la población en México. En el caso de Jalisco, el virus ha infectado a 1.04% de la población, debido a sus 88,168 contagios.

Además, por 5o. día seguido se superaron los 4,000 casos activos.

Hay indicios de rebrote, dice López-Gatell. No hay rebrote, dice el presidente. No es rebrote es repunte, dicen los expertos, pues nunca logramos realmente bajar el número de contagios. Vamos bien, dice el gobierno federal. Nosotros lo hicimos mejor, dicen los gobernadores de la Alianza Federalista hoy metidos hasta el cuello en un repunte de contagios en Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes y Jalisco.

Lo sabíamos: el peor riesgo para la salud de los mexicanos era el contagio ideológico en el manejo de la pandemia. Sucedió. La falta de coordinación del gobierno Federal con los estatales y el uso de la pandemia como ariete de golpeo entre unos y otros terminó dándole la razón a ninguno. Los que decían, de uno y otro lado, que sí sabían cómo hacerlo hoy no saben cómo explicarlo. Enfrascados en la pugna ideológica hicieron justo lo que no se debe hacer: dejar hueco en la comunicación y generar confusión en la población.

El escenario catastrófico ya quedó atrás: los 60,000 muertos que el propio López-Gatell estableció como el peor escenario para México, ya fue superado en 50% y lo más probable es que antes de que termine el año hayamos alcanzado el escenario doblemente catastrófico, es decir los 120,000 fallecimientos registrados por COVID-19. ¿Quién se hace responsable de ello? ¿Se pudo haber evitado un buen número de muertes?

Podemos estar seguros de que nadie se hará responsable. En este país la cultura de la responsabilidad política no existe. Si viviéramos en un lugar normal el jefe del ejecutivo y el mismo legislativo habrían llamado cuentas a los responsables de la política que hizo sus cálculos de entre 6 y 20,000 muertes y les habrían pedido su renuncia, pero está claro que nadie va a renunciar por haber diseñado una política de salud que resultó absolutamente fallida. Se pudieron haber evitado muchas muertes si hubieran existido políticas claras y contundentes que implicaban, sí, uso de la fuerza del Estado para imponer límites a la movilidad y obligaciones de uso de tapabocas, distanciamiento social, etc., con el impacto político que ello tiene nadie lo quiere pagar. El presidente prefirió su popularidad que tomar medidas más severas para evitar muertes que también siguen a tope.

Algunos gobernadores, entre ellos el de Jalisco, optaron por lo que ellos dijeron era una política distinta, pero sólo de dientes para afuera: nunca se atrevieron a tomar medidas más estrictas en la parte fundamental, se aplicaron los mismos no criterios de autoridad de la federación sólo con un discurso distinto.

A estas alturas del partido da igual si le llamamos rebrote o repunte. Lo único cierto es que estamos donde estamos porque los mexicanos relajamos las medidas de contención, pero sobre todo por la negligencia de las autoridades al tomar las decisiones que tenían que tomar.

Las diferencias por el manejo de la COVID-19 entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el zar federal del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se vienen arrastrando por meses, desde que chocaron por la insistencia del doctor de que los cubrebocas no servían para nada, en apoyo a la posición acientífica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En uno de esos enfrentamientos, Rosaura Ruiz, la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología capitalina, lo encaró. "Hugo", le dijo frontalmente para desmontar su argumento, "el cubrebocas es una barrera". López-Gatell no respondió, pero siguió su cruzada contra todos los gobernantes del país que no se ajustaban a las guías que, con su aval, marcaba López Obrador en materia de prevención.

Este nuevo choque tuvo uno de sus momentos más ríspidos cuando el jueves, en una reunión en Palacio Nacional, la discusión entre Sheinbaum y López-Gatell alcanzó un punto de quiebre por el deseo de la jefa de Gobierno de prender el semáforo rojo en la Ciudad de México, ante el aceleramiento de contagios y elevación en la ocupación de camas. López-Gatell alegó airadamente en contra de ello, de acuerdo con personas que conocieron del enfrentamiento, sin que hayan trascendido sus argumentos.

López-Gatell mantiene una posición radical a favor de una estrategia parecida a la de "la inmunidad de rebaño", donde se busca que un mayor número de personas sea contagiada por el virus para así desarrollar anticuerpos. La estrategia fue puesta en práctica en Suecia, donde calculaban que al llegar al 50% de contagios, habrían llegado al mínimo óptimo de "la inmunidad de rebaño". Sin embargo, cuando apenas habían rebasado el 35% de contagios, tuvieron que cancelar esa estrategia y admitir que se habían equivocado. El primer ministro Boris Johnson comenzó con esa estrategia en el Reino Unido, hasta que sus asesores en el Imperial College de Londres le dijeron que de seguir por ese camino habría 250,000 muertes.

En México, López-Gatell ha podido desarrollar esa estrategia sin importarle las críticas en México y el mundo sobre su necedad, porque cuenta con el apoyo de López Obrador, que piensa, cuando menos durante los primeros meses de la pandemia, que es mentira el alcance de la enfermedad, y que el impacto ha sido magnificado por la propaganda. De ahí que pese a las recomendaciones que utilice de manera regular el cubrebocas, ha hecho caso omiso a las sugerencias.

De la misma forma ha ignorado el desastre de la estrategia de su zar: de 8,000 muertos que como máximo calculaba habría, la estimación de la propia Secretaría de Salud, de muertes confirmadas y sospechosas por COVID-19, es de 103,882, hasta este momento. Adicionalmente hay 139,000 decesos que pudieran estar asociados al coronavirus, según la propia dependencia. En el corto y mediano plazo, no sabremos por el gobierno el total de víctimas de la pandemia.

López-Gatell se ha convertido en un villano público para muchos sectores por la estrategia que impuso, la cual, en términos de resultados comparados con sus proyecciones, ha sido un desastre.

El subsecretario que empujó a López Obrador a comparar el virus con una gripe y descalificar acciones contundentes porque era menos grave que la influenza, tendrá que pagar en tribunales su negligencia, al estarse preparando denuncias en su contra por negligencia criminal. Pero eso será en el mediano plazo. En el corto, sus crecientes choques con gobernantes, que ven el número de fallecidos con nombre y apellido, no como parte de la estadística, tuvo su último pico con Sheinbaum, quien ante su negativa por el apoyo del presidente, anunció el viernes una serie de medidas que se alejan del semáforo naranja y apuntan al rojo.

Entre las acciones que estableció fue el reforzamiento de la atención local en colonias y barrios prioritarios mediante la aplicación de pruebas diagnósticas a cualquiera que las necesite -algo que también se opone López-Gatell-, que ha contribuido a cortar las cadenas de transmisión del virus y mejorar la detección de zonas de peligro. Asimismo, contrario también a la postura del subsecretario, anunció que incrementará el número de pruebas de detección diaria. El zar del coronavirus sostiene que las pruebas no sirven, contrario a la opinión de los expertos en el mundo.

Sheinbaum, que no quiere antagonizar con López Obrador, no se atrevió a ir a semáforo rojo el viernes pasado, pero toda la semana, antes de su choque con López-Gatell, lo consideró, y al gobierno del Estado de México, que alinea sus políticas sanitarias con las de la Ciudad de México, planeó cambiar a semáforo rojo este mismo domingo.

La forma como López-Gatell se opone a las peticiones de los gobernantes locales o desestima las evidencias científicas que le presentan, no es nueva. Lo relevante en el conflicto con Sheinbaum, es que esta explosión por los choques de información y diagnóstico, pega en el corazón de López Obrador, en un momento de profunda contradicción entre su discurso y apoyo al subsecretario, y la realidad sobre la 2a. ola de la pandemia que es lo que tiene a Sheinbaum en una situación de emergencia.

En momentos en que repunta la epidemia del Covid-19 en México, sería pertinente que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, piense en aplicar pruebas rápidas a la brevedad posible antes de que la avalancha de casos se le venga encima sin algún tipo de control.

Hace algunas semanas la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó a México 200,000 pruebas rápidas de antígenos que detectan el virus en unos minutos sin necesidad de acudir a un laboratorio y además tienen un costo promedio de 5 dólares.

"Al proporcionar resultados rápidamente, la nueva prueba permite a los trabajadores de salud de 1a. línea manejar mejor los casos, porque pueden aislar a los pacientes para evitar una mayor propagación y comenzar el tratamiento de inmediato", dijo la titular de la OPS de la Carissa F. Etienne.

"Si se distribuye ampliamente, esta nueva prueba transformará nuestra respuesta a la Covid-19", afirmó.

Además, Etienne remarcó que las pruebas de diagnóstico de antígeno serán particularmente útiles en comunidades remotas sin fácil acceso a un laboratorio, mismas que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, como es el caso de los pueblos indígenas o las personas que viven en zonas rurales apartadas.

También son recomendadas en lugares con alta concentración de población y que se encuentran en fase de transmisión acelerada.

Las 200,000 pruebas que la OPS donó a México tienen el aval de dicho organismo y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que se esperaría que el trámite para aprobarlas debería tener cierta agilidad, tomando en cuenta la emergencia.

No obstante parece que López- Gatell se la está tomando con mucha calma.

El 14 de octubre el zar del coronavirus anunció que "desde hace 3 semanas, el doctor José Luis Alomía ha instruido al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para que evalúe formalmente estas pruebas y tengamos certidumbre sobre su desempeño. En el momento en el que están evaluadas y autorizadas por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se podrá analizar si esta prueba es aceptada o no" y esbozó que si se aprueban se empezarán a usar en noviembre.

¿Por qué les lleva tanto tiempo evaluar estas pruebas si ya cuentan con el aval del organismo de salud de la ONU?

Al tiempo en que las evalúan, la Secretaría de Salud debería estar considerando la compra masiva de estas pruebas que son mucho más económicas y prácticas que la tradicional de laboratorio que es la que se está aplicando en los hospitales. Está claro que 200 mil servirán de avanzada, pero para detectar en dónde se encuentra el virus se necesitarán millones de las mismas.

López- Gatell debería estar ideando una estrategia de reclutamiento de trabajadores de salud y entrenarlos para implementar nuevos protocolos, sepan cómo utilizar las nuevas pruebas, el diagnóstico y la manera correcta de informar los resultados.

En este sentido, tras un acuerdo con las farmacéuticas SD Biosensor, de Corea del Sur, y la estadounidense Abbott a principios de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la distribución de 120 millones de pruebas rápidas en más de 130 países.

Sería pertinente saber si entre esos países, México ha hecho el pedido de estas pruebas, o si más bien la intención es ahorrar recursos para comprar la vacuna, cuando llegue.

El presupuesto de la Secretaría de Salud debería contemplar tanto la compra de estas pruebas rápidas como la vacuna. Decantarse solamente por una de las estrategias claramente sería un error o una falla absoluta de cálculo. Ya que como afirma el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus "no se debe poner todos los huevos en una sola canasta".

De aquí a que se tenga la vacuna y se pueda empezar con campañas de vacunación para la población va a pasar un buen tiempo, el escenario optimista sería comenzar a vacunar al personal de salud en la primavera del año próximo.

Parece que López- Gatell tiene alergia a las pruebas y es inmune a las muertes. Aseguró que la prueba rápida "es muy sensible" por lo que podría comenzar a arrojar más casos, sobre todo aquellos que son asintomáticos, lo que quiere decir un mayor número de contagiados.

"Y esto en su momento, tendrá que interpretarse juiciosamente para que no se infiera una tendencia de alza explicable por un rebrote, sino más bien por este fenómeno de incremento en la capacidad de detección", dijo.

Sería recomendable que López-Gatell acelere el paso, piense rápido en la estrategia a seguir conforme aumentan los casos, eche mano de estas nuevas pruebas y cambie de rumbo tomando en cuenta que el confinamiento no es una medida de control de la epidemia en un país como México en dónde no se le da apoyo al trabajador ni a la pequeña y mediana empresa. El tiempo corre.

El Hospital General de Tijuana fue noticia otra vez esta semana. Entre el viernes 23 y el lunes 26 de octubre el edificio no tuvo energía eléctrica. Los apagones se presentaron durante horas cada día y la planta de luz que tienen para este tipo de emergencias no fue suficiente para abastecer de energía a todo el hospital. De hecho, únicamente enciende para las áreas críticas.

Ese hospital fue convertido para tratar exclusivamente a pacientes de Covid-19 desde el inicio de la pandemia en el 1er. cuatrimestre de este año. De hecho, se dedicó de manera exclusiva para pacientes con el nuevo coronavirus en un acto de rebeldía de la dirección del hospital, pues junto con los médicos, se negó a seguir recibiendo pacientes con otros cuadros médicos, no sólo porque no podían atenderlos ante la emergencia sanitaria, sino porque el lugar significaba un foco de infección para aquellos pacientes que llegaran con afectaciones al corazón, o baleados, pues hasta antes de la emergencia de salud mundial el Hospital General de Tijuana atendía a los heridos por arma de fuego que semana a semana se cuentan por decenas.

Ya de suyo las condiciones del hospital no eran las adecuadas para tratamiento alguno. Unos meses antes los médicos se habían manifestado en las afueras del nosocomio porque tenían desabasto de medicamentos, no les proveían de los más esenciales insumos para la atención inmediata de los enfermos. Aparte, de 3 elevadores 2 no funcionaban y 1 lo hacía en una eficiencia menor a la óptima. Por falta de equipamiento se habían cerrado varios pisos del hospital y el aire acondicionado fallaba.

Ninguna de estos desperfectos se subsanó cuando el hospital fue convertido a Covid-19. Las condiciones con la urgencia de atender a los pacientes contagiados mermaron. A eso se sumó la falta de medicamentos, particularmente uno, el Midazolam, necesario para sedar a los pacientes que están intubados.

Muchos familiares de pacientes Covid-19 internados en el Hospital General de Tijuana han tenido que surtir las recetas para la atención de sus enfermos, de su bolsa han pagado y así lo hemos documentado en el Semanario Zeta con testimoniales, hasta 28,000 pesos por medicamentos.

En un momento, el gobernador Jaime Bonilla encaró al Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien suele negar todas las denuncias que los médicos y enfermeras realizan sobre las carencias y lo que sucede tras las paredes del General, y se comprometió a reembolsar lo gastado a los familiares. Pero eso no sucedió.

Hace unos días, el apagón en el hospital tuvo consecuencias fatales. Por lo menos 2 pacientes fallecieron cuando el ventilador al que estaban conectados dejó de funcionar luego de que se fue la energía eléctrica y pasaron horas para recuperar el servicio. Otros 3 contagiados, que fueron trasladados a áreas en las que sí funcionaba la planta de luz, también fallecieron posteriormente.

El apagón en sí no fue responsabilidad del Gobierno del Estado, se debió, de acuerdo con lo comentado por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a la dirección del hospital, al robo de cable de una subestación que abastece de energía al nosocomio.

Es común que adictos y ladrones roben los cables de cobre para venderlos a recicladoras. Eso sucedió en días pasados en Tijuana y el flagelo de la delincuencia dejó 5 muertos en el hospital.

Sin embargo, sí es responsabilidad del estado mantener las instalaciones hospitalarias en óptimas condiciones, con los elevadores funcionando, el aire acondicionado en funcionamiento, y las plantas de luz necesarias para, en dado caso, proveer de energía al edificio y evitar fatalidades por negligencia.

Sin embargo, el gobierno estatal que encabeza Jaime Bonilla niega las denuncias de quienes ahí trabajan. En 1a. instancia el secretario de Salud dijo que no había muertos resultado de los apagones, los cuáles también minimizó y solo ubicó en un día y no en 3 como lo reportado por los médicos. Según él, los elementos de la CFE actuaron con rapidez y solucionaron el problema.

Nada más alejado de la realidad que viven médicos y enfermeras. Uno de ellos confió que el lunes 26 de octubre, cuando llegaron a labores, aún había cuerpos de los fallecidos a consecuencia del apagón porque los elevadores no funcionaron para poder trasladarlos. De hecho, durante esos 3 días críticos, el personal del hospital tuvo de hacer lo imposible para llevar alimentos, agua, medicamentos y atención a los pacientes, pues hay áreas de mucha oscuridad donde pacientes son atendidos. Además de que, debido a la falla eléctrica, se descompuso el gasómetro y el laboratorio no pudo funcionar de manera adecuada para procesar los análisis, lo mismo que los aparatos de rayos x, que tampoco estuvieron funcionando.

Los familiares de los pacientes que padecieron las ineficiencias por la falta de energía eléctrica no pudieron darse cuenta de la gravedad del problema porque tienen prohibido ingresar al hospital. Ellos llegan a la entrada principal, donde son recibidos por enfermeras quienes les actualizan sobre el estado de salud de su enfermo, ahí mismo dejan medicamentos, cartas e insumos que requieren sus familiares para ser atendidos. Del filtro de seguridad, en la parte baja de la escalinata para ascender a la 1a. planta del hospital, no pasan.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez ordenó al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, que por lo menos comprara una planta de luz alterna para poder dar el servicio cuando, de nueva cuenta, se roben el cable de la subestación, pues no es la 1a. ocasión que sucede, pero sí la que ha registrado más problemas y fatalidades.

El secretario, por su parte, dijo que a raíz de la publicación de los hechos en el Semanario Zeta, donde por cierto se le entrevistó a él, al director del hospital y a los médicos que denunciaron pero que prefirieron el anonimato, debían iniciar una carpeta de investigación, pero vaya, entre ellos, así que el resultado no se avizora independiente, sino apegado a la versión oficial, la misma que niega los decesos que pudieron evitarse, las malas condiciones en las que trabajan los médicos, y la carencia de insumos y medicamentos para los enfermos.

Sin embargo, como muchos otros hospitales del sector salud en México, el General de Tijuana ya estaba en malas condiciones previo a la pandemia. La falta de atención, de mantenimiento, lo ha convertido en un hospital mortífero al que muchos acuden porque no tienen otra opción, y otros tantos evaden por temor a enfermar o fallecer.

Mientras, Jaime Bonilla sigue recaudando fondos con sus nuevos impuestos, con las auditorías a las conexiones de agua, recurso que evidentemente no es invertido en el precario Hospital General de Tijuana. Queda claro que, en Baja California, el gobierno estatal de la 4T recibió un hospital abandonado, de 3er. mundo, y lo dejará de 5a. al término del bienio.

Paco Calderón
(29 de octubre de 2020).

El 13 de octubre Mariana publicó en su cuenta de Twitter (@MarianaEC11) el siguiente mensaje: "Papito, sé que tienes miedo, ayer me lo dijiste, perdóname por no poder pagar 500,000 pesos, perdóname por no haberte insistido más en que te hicieras la prueba desde el martes, confío en Dios que estarás en buenas manos. Perdóname....".

Esta joven capitalina había relatado en esa misma red social el peregrinar buscando atención médica para su padre. En el INER no lo recibieron por falta de disponibilidad. En un hospital privado les pedían medio millón de pesos. Lo hospitalizaron en La Raza. Ahí los matan, dijo el señor.

Al padre de Mariana no le faltaba razón. 2020 y 2021 deberán ser recordados como los años en que la sociedad mexicana se puso de acuerdo en que se mueran los pobres. No que el acuerdo sea nuevo, pero en esta ocasión, la ocasión de una pandemia, es tan extendido como inocultable ese acuerdo: si tienes dinero, tus posibilidades de sobrevivir son muy distintas a si careces de recursos económicos y te tendrán que atender en la salud pública. ¿Como siempre? Más que siempre.

Va otro caso. El diario El País publicó el martes que "Sandro Cohen (Nueva Jersey, 1953) ingresó la noche del 13 de octubre a un hospital privado con síntomas de neumonía. Poco después, los médicos confirmaron que se trataba de un caso de Covid-19 que fue empeorando hasta que tuvo que ser intubado. El escritor y académico naturalizado mexicano fue amparado por un seguro de gastos médicos mayores con cobertura por hasta un millón de pesos (unos 47,000 dólares) que cubría sus gastos hospitalarios. Hasta que su póliza se hizo insuficiente. 'El hospital me hizo llegar la cuenta por 100,000 pesos al día (alrededor de 4,700 dólares) más los honorarios de los médicos', narra por teléfono Josefina Estrada, esposa de Cohen. 'El seguro también se comunicó y me dijeron que ya no alcanzaba la cobertura'".

100,000 pesos al día más honorarios de médicos. La esposa de Cohen cuenta que por lo delicado que se encuentra el escritor, les han aconsejado no trasladarlo. Así que no es opción un instituto público. Están acorralados, pues.

El caso de Cohen nos recuerda que en la categoría de pobres cabemos muchos, incluso los clasemedieros con mediocres seguros de gastos médicos.

En el sexenio que prometió separar el poder público del privado, en la pandemia, el gobierno federal se rindió ante la ley de mercado: los hospitales privados son un negocio, y ahí estarán sólo quienes puedan pagar; los demás, o truenan su patrimonio, o se atienen a un sistema en el que, según un estudio de agosto de un investigador de la UNAM, "más de la mitad de las defunciones ocurrieron en unidades médicas para población abierta (...). La población que acude a estos establecimientos, es la que no tiene cobertura médica ligada a un empleo formal. Evidentemente, se trata de población con grandes carencias. También, cabe destacar, que el IMSS, que da cobertura de salud a más de la mitad de la población nacional, sólo ha cubierto el 30% de las defunciones registradas. En las unidades privadas no han ocurrido ni el 3% de las muertes por Covid-19" (https://web.crim.unam.mx/sites/default/files/2020-06/crim_036_hector-hernandez_mortalidad-por-covid-19_0.pdf).

Claro, son menos los que se atienden en las clínicas privadas y por eso apenas serían una cifra de un digito porcentual, pero todos los indicios apuntan a que la muerte les visita mucho menos a quienes pagan por atención privada.

Tenemos normalizada la irracionalidad de saber que en la pandemia el dinero hace toda la diferencia. Porque esa diferencia no la marca la calidad de los médicos (son los mismos en lo público y lo privado): la respuesta estaría en el número de personal por cada paciente, quizá, ya que si vamos a dinero hay que recordar que en los hospitales públicos muchas veces el paciente tiene que poner de su bolsillo para adquirir equipo, instrumental y medicinas. Y ni así se equiparan las defunciones.

Esa es la realidad. Esa y nuestra hipocresía. Ejemplo de ello es lo que ayer, día grande de San Judas Tadeo, se leía en redes sociales: muchos se quejaban porque los mexicanos de a pie, contra toda advertencia de autoridades, se congregaron en San Hipólito. Lo curioso es que no nos quejamos igual cada viernes cuando Club Social, de Reforma, por ejemplo, nos muestra todas las fiestas y caros paseos que nuestra clase pudiente realiza, sin cubrebocas ni sana distancia, desde hace muchas semanas. Hasta en eso hay disparidad. Nos molestan los pobres, no los ricos.

El padre de Mariana falleció el día 18. No es una cifra, como dice ella. Es una víctima de un sistema criminalmente capitalista que acepta que se mueran los pobres.

López Gatell continúa refutando la eficacia del medicamento Veklury® (Remdesivir) para el tratamiento del Covid-19. Está remando a contracorriente. 50 países ya han aprobado su uso de emergencia y el pasado 22 de octubre la agencia federal sanitaria de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) anunció su autorización total.

¿Y México por qué no? ¿Tenemos otros datos?

Puede que el problema sea de tipo presupuestal. Se trata de un medicamento patentado, con un costo de 2,340 dólares por paciente, si el gobierno federal admitiera su eficacia, se estaría comprometiendo implícitamente a abastecer los hospitales públicos. Sería mucho dinero, hagamos cuentas.

Al 25 de octubre, se han detectado 891,160 casos de Covid-19 en México, si al 10% de esas personas se les hubiera administrado el medicamento Remdesivir, habríamos gastado más de 208 millones de dólares. "¡No importa el precio si salvamos vidas!", pensaríamos muchos, el problema es que Remdesivir no parece disminuir la mortalidad del virus.

La utilidad del medicamento radica en que disminuye el tiempo de hospitalización. Los ensayos clínicos muestran que los pacientes tratados con Remdesivir se recuperaron, en promedio, 5 días antes que el resto de los enfermos.

Salir pronto del hospital tiene un valor, desde el punto de vista humano y económico. En Estados Unidos, ser dado de alta cinco noches antes, representa un ahorro de 12,000 dólares por paciente; en México, el costo de 5 noches de hospitalización en un hospital de 1er. nivel del IMSS, es de 43,660 pesos (aproximadamente 1,984 dólares).

La pregunta no es si funciona o no, su eficacia está demostrada. Más bien, debemos preguntarnos si el precio establecido por la dueña de la patente, Gilead Sciences, es justo y proporcional para México.

El derecho de patente otorga, en principio, la facultad de establecer libremente el precio del medicamento. Partiendo de esa base, Gilead Sciences dividió al mundo en 2 sectores, por un lado, elaboró un listado de 127 países que denominó "low income", en donde actualmente permite la distribución de versiones genéricas de Remdesivir, sin pago alguno de regalías hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decrete el final de la pandemia del coronavirus.

Gracias a esas licencias, en la India los precios del medicamento van a la baja, cada dosis se vende en aproximadamente 38 dólares. Allá no existe un debate "científico" sobre la eficacia del producto, los ahorros en hospitalización exceden con creces el precio del tratamiento.

Desafortunadamente, países como México, Brasil, Chile o Perú, donde el coronavirus ha provocado estragos, no están en la lista de 127 naciones con derecho a fabricar versiones genéricas. Eso nos coloca en una situación donde no tiene sentido, al menos económicamente, aplicar un tratamiento más costoso que 5 noches de hospitalización.

El conflicto al que se enfrenta el gobierno federal es claro, pero nada tiene que ver con lo científico, por lo tanto, COFEPRIS debería aprobar el medicamento, basado en la abrumadora evidencia mundial. Esto permitiría que hospitales privados pudieran importar y aplicar el medicamento de patente a la vez que abriría las puertas a una negociación entre el gobierno federal y la farmacéutica, para que México fuera incluido en la lista de países que pueden fabricar o importar genéricos. Sería una solución justa para ambas partes.

Con el voto de Morena, PT y PES, y tras rechazar todas las propuestas de modificación, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular la reforma a la Ley General de Salud, para desmantelar el Fondo de Salud y "recuperar" 33,000 millones de pesos (MDP) para el ejecutivo federal.

A pesar de que la oposición presentó diversas reservas para que cuando los 33,000 MDP sean entregados a la Tesorería de la Federación fueran etiquetados para que se destine a la compra la vacuna contra el coronavirus, esto fue rechazado y el dictamen fue remitido al Senado.

La iniciativa llega una semana después de que el congreso eliminó 109 fideicomisos de ciencia, arte, deportes y derechos humanos pese a la protestas de investigadores, artistas y atletas.

"México no se recupera de la desaparición de fideicomisos y hoy se propone un dictamen violatorio a los criterios de transparencia. La mayoría no puede sostener que defienden las causas sociales porque llevarán los recursos a la Tesorería, donde se podrán utilizar de forma discrecional", aseguró la diputada Lourdes Contreras, de Movimiento Ciudadano.

La votación para desaparecer el Fondo de Salud provocó indignación entre asociaciones civiles, que alertaron que ahora el tratamiento médico es incierto para pacientes de enfermedades crónicas. Activistas que defienden la salud sexual anunciaron una protesta frente al Senado en los próximos días al advertir que más de la mitad de las personas con VIH dependen de esos recursos.

Que se mueran los pobres, en efecto, es un acuerdo que tiene rato entre nosotros. Las posibilidades de la salud pública para salvar vidas está lastrada no sólo por falta de equipo, medicinas o personal, sino por las comorbilidades de los pacientes de los servicios públicos, más graves que en la gente que se atiende en hospitales privados.

"Los pacientes que se hospitalizan en el instituto, en comparación con los de hospitales privados, presentan mayores comorbilidades como son diabetes mellitus, hipertensioìn arterial, obesidad, entre otras, y llegan en ocasiones en situacioìn grave, principalmente con cianosis y polipnea", expone una tarjeta de la dirección de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ejemplo, de los pacientes que ha atendido el IMSS, 19.1% presenta obesidad, mientras que en hospitales privados esos representan 15.8%. Con hipertensión arterial, en el seguro 39.6% tienen ese mal, mientras que en los privados son 30.4%, 9 puntos de diferencia. Y en diabetes mellitus el contraste es de 8 puntos: 32.4% vs 24.6%.

"Atendemos personas más vulnerables", dice vía telefónica el doctor Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del IMSS. "Sus desventajas vienen de antes". Porque en el IMSS tienen claro que las personas que procuran sus servicios batallan para tener dietas más balanceadas (que pueden ser caras), recursos y tiempo para gimnasios o rutinas de ejercicios, calidad y horas suficientes de sueño, etc".

Sin aducirlo como pretexto, el directivo pide evaluar a los sistemas de salud atendiendo a todas las características de la gente que atienden. "No podemos calificar sin ver la mezcla del tipo de paciente que llega. Si el IMSS le mandara (a los hospitales privados) su mezcla de pacientes, su desempeño sería otro".

"Son gente más vulnerable que tiende a complicarse más", dice con pesar el doctor Borja, que se recupera en casa de una neumonía que le trajo el COVID-19. El directivo del IMSS acepta que también "están llegando más tarde a nosotros, más complicados, y con una desarrollo más grave de la enfermedad".

Para combatir lo anterior, informa que el Seguro Social está por lanzar un programa de seguimiento personalizado de pacientes. Con los 15,000 médicos familiares de que disponen, se calcula que cada uno de ellos podría monitorear a 3 pacientes activos, algo totalmente alcanzable. "Se trata de no dejarlos en casa solitos. Y si a final de cuentas el médico familiar es el que recomienda la hospitalización, será más fácil que hagamos un eficiente uso del hospital. Menos énfasis en el seguimiento hospitalario, y más en el paciente ambulatorio".

Borja comenta que la mortalidad por COVID en el instituto llegó estar en casi 50%, que ahora ha bajado a alrededor de 35%, pero que hay espacios, como el Centro Banamex, donde la recuperación está arriba de 85%.

Y para tratar de curar a más, el seguro alista una investigación a partir de los expedientes clínicos de 50 hospitales para ver las escalas de gravedad de los pacientes que llegaron en julio, los tratamientos que recibieron y los resultados de los mismos. Esos resultados estarían en diciembre.

De igual forma, tendrán en un protocolo experimental, en seis estados, el medicamento Remdesivir, que no se consigue comercialmente en nuestro país.

Los mexicanos pobres son pacientes con una salud más vulnerable desde antes de la pandemia, que encima, por miedo o por tomarse demasiado al pie de la letra la recomendación gatelliana, se quedan en casa hasta que la enfermedad ha avanzado demasiado y que son atendidos por un sector salud sobrepasado. Triple tragedia por desigualdad.

1o. el gobierno eliminó el Seguro Popular, tras el reiterado comentario del presidente de que no era ni seguro ni popular. Poco importó que haya sido el vehículo que permitió a millones de mexicanos de escasos recursos tener acceso a servicios de salud y medicamentos en muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Los recursos se transfirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, pero se dijo que los pobres no perderían nada; al contrario, habría tratamientos y medicinas gratuitos para todos.

Este 28 de octubre, sin embargo, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó tomar 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar y entregarlos al gobierno federal. Una vez más se dice que no faltarán recursos para la salud. Pero el dinero pasa a los fondos generales de la Secretaría de Hacienda, que podrá utilizarlos en cualquier cosa que decida el presidente. El régimen sigue acabando así con los guardaditos y centralizando todo el dinero, todo el poder.

El propósito de tomar los 33,000 millones es comprar vacunas para el Covid. El monto corresponde, efectivamente, a los 1,659 millones de dólares que Hacienda ha comprometido para las vacunas. No deja de ser paradójico, sin embargo, que se saquee un fondo de salud que apoya a los más necesitados para financiar vacunas también necesarias. Uno pensaría que hay muchos gastos menos importantes.

El presidente vive en su propio mundo. Ayer, en su mañanera, se congratuló de que todo está listo para la realización de las compras internacionales de medicamentos a proveedores internacionales con el propósito de resolver el desabasto que el propio mandatario dijo hace meses que no existía.

Es positivo que el gobierno abra las compras de medicamentos del sector público a productores de todo el mundo. Las barreras no hacen más que disminuir el poder de compra de los consumidores. Pero fue el propio gobierno el que creó el desabasto al cerrar en 2019 7 plantas de medicamentos, entre ellos oncológicos pediátricos, de Laboratorios PISA, la mayor farmacéutica nacional, sin razón aparente. El presidente López Obrador había atacado a la empresa en una mañanera; la Cofepris trató de quedar bien con él y buscó cerrar las plantas sin pensar en las consecuencias.

La competencia en la nueva licitación internacional de medicamentos, por otra parte, queda en entredicho por una aparente estrategia para impedir la participación de las mayores empresas mexicanas. El 21 de octubre la Secretaría de la Función Pública inhabilitó durante 30 meses a Pisa por una supuesta falta cometida por una filial, la distribuidora Dimesa, en una licitación de 2017. En julio también fue inhabilitada Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), otra de las grandes farmacéuticas del país.

No se entiende por qué el gobierno cuestiona a las empresas extranjeras de energía mientras señala la importancia de volverse autosuficientes cuando hace todo lo posible por destruir a la industria farmacéutica nacional. Quizá la única explicación es que estamos viviendo un régimen de ocurrencias. Solo así comprenderemos por qué toma dinero de fondos indispensables para cubrir otros huecos, pero sin hacer nada para superar el desabasto de medicamentos provocado por él mismo. No es la forma de crear un sistema de salud como el de Canadá o el de Dinamarca.

El gobierno federal recortó 2.1% el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos (FPGC) y ello eliminó la realización de 21,759 cirugías de cáncer de mama, a pesar de que en nuestro país mueren 18 mujeres, en promedio diario, por esta causa.

En la revisión de la Cuenta Pública 2019 se detalla que durante el 1er. año de la actual administración federal se designaron 10,400 millones de pesos para el FPGC, registrando un recorte de 3,599'803,000 pesos.

En el informe elaborado por la Auditoría Superior de la Federación se destaca que la falta de transferencia de fondos influyó en la falta atención médica de derechohabientes, sin que hasta el momento se hayan presentado documentos de las alternativas para subsanar las deficiencias de apoyo social.

"Los 3,599.8 millones de pesos que no se transfirieron al FPGC pudieron significar la realización de 21,759 cirugías de cáncer de mama, conforme al tabulador del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de 2019 para esa intervención", señala el documento.

En nuestro país se mantiene desde 2006 el cáncer de mama como la 1a. causa de muerte en la mujer y este año se tienen 16,000 nuevos casos, según un informe del Inegi.

La estadística señala que la peligrosidad de esta neoplasia en mujeres aumenta según su edad: 1% son jóvenes de 15 a 29 años, 13% tienen entre 30 y 44 años, y más de la tercera parte (38%) está entre los 45 y 59 años; la mayoría fallece después de los 59 años (48%).

En la auditoría realizada al fondo que hoy depende del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se detalla que esta bolsa se creó como "un mecanismo ágil y transparente que permita al gobierno federal la aplicación de recursos".

Sin embargo, en la revisión "no se identificaron criterios para valorar si el fideicomiso alcanzó las características de ser un mecanismo ágil y transparente que apoyara financieramente a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que requirieron servicios médicos de alta especialidad".

"Esto, aunado a la falta de seguimiento de la aplicación de los recursos financieros y de la vigilancia del cumplimiento de sus fines, impidió evaluar en qué medida la aplicación de recursos apoyó económicamente a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que padecieron enfermedades que implicaron gastos catastróficos", señaló la ASF.

La Auditoría reportó que el Insabi carece de reglas de operación y transparencia en el destino de los recursos, principalmente en gastos catastróficos.

"El Insabi no cuenta con su estructura orgánica ni con sus manuales de organización y procedimientos; asimismo, las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB) se encuentran en proceso de la opinión favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la autorización del Comité Técnico del FSB, no obstante, de que ya concluyó el plazo establecido para su emisión", advirtió en el documento entregado a la Cámara de Diputados, el viernes.

También se señala que el Insabi, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no acreditó los efectos de la aplicación de recursos para apoyar económicamente a los beneficiarios que padecieron enfermedades que implicaron gastos catastróficos. La ASF hace un llamado al instituto para que fortalezca el diseño y la operación de los fondos, además de que establezca un sistema "eficaz" para la aplicación de los recursos.

A pesar del mal ejemplo que han dado nuestros gobernantes durante toda la pandemia, en especial de los 2 López más famosos de este país, el uso del cubre nariz y boca debería ser generalizado. En otras latitudes se ha demostrado que su uso disminuye el número de contagios, además de ser una acción individual con fuerte impacto social.

Así debería verse el uso de la mascarilla, como una medida comunitaria con grandes beneficios, porque es cierto, este producto sanitario es más una protección a los demás que al portador de la misma, sin embargo, cuando se generaliza su uso es cuando se ven sus efectos.

Con base en un análisis de la plataforma Mexico's Covid-19 Tracker, si todas las personas utilizáramos cubrebocas en el espacio social, los contagios por coronavirus a lo largo y ancho del territorio nacional se podrían reducir mínimo un 8.6%.

Los cubre nariz y boca pueden ayudar a reactivar la economía.

Así es, las mascarillas actúan como una barrera que impide la propagación del virus. Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido indica, sin asomo de dudas, que los cubre nariz y bocas pueden ser muy útiles para evitar una creciente ola de contagios y reactivar la economía.

La investigación de Cambridge subraya que el uso generalizado de mascarillas disminuye la propagación de la enfermedad y que, al combinarse con medidas de confinamiento y distanciamiento físico, "previene futuras oleadas del virus". En suma, las mascarillas, incluso de tela, pueden reducir de manera dramática la tasa de transmisión, siempre y cuando las use un número suficiente de personas.

Empero, el uso generalizado del cubre nariz y boca puede ofrecer un camino más que aceptable para administrar la pandemia y reabrir la actividad económica, que tanta falta nos hace, en lo que surge, se produce, se distribuye y se aplica una vacuna.

Todos sabemos que a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la pandemia en México, le cuesta mucho trabajo recomendar el uso del cubre nariz y boca de una manera enérgica, tácita y sin vacilaciones. Cada que la prensa le pregunta al respecto, externa una disertación de media hora para explicar los porqué sí y los porqué no...

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, también se ha negado reiteradamente a usar el cubre nariz y boca, a menos que tenga que tomar algún vuelo, donde no tiene más remedio que usarlo. El mandatario se escuda en que el doctor -López-Gatell- le ha dicho que la mascarilla no es necesaria, siempre que se conserve la sana distancia.

El caso es que ninguno de los 2 López ha dado el ejemplo, a pesar de la recomendación de su uso por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dice expresamente que el uso del cubre nariz y boca es para protegerse a sí mismo y a los demás: "Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas", dice el organismo internacional.

La OMS indica explícitamente que la mascarilla debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Además, recomienda utilizar cubre nariz y boca de tela, a menos que uno pertenezca a un grupo de riesgo determinado, cuando sí sería recomendable utilizar otro tipo de producto sanitario. "Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia física, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados".

En suma, ya es momento de que el gobierno empiece a dar el buen ejemplo, que no le tiemble la mano para establecer el uso del cubre nariz y bocas como una medida obligatoria y generalizada; por otro lado, nosotros, los ciudadanos de a pie, debemos utilizarlo en todo momento que estemos en el espacio público y exigir que otros lo usen, sobre todo cuando se trate de comercios y servicios.

México suma hasta este fin de semana, alrededor de 95,000 muertes por Covid-19 y casi un millón casos de contagios confirmados de coronavirus, según números oficiales de la autoridad sanitaria.

Algo que era predecible como el recrudecimiento de la influenza en temporada de frio (otoño-invierno) no se atacó por una simple razón, la ineptitud del gobierno de la 4T, en particular el sector salud y la SHCP, dependencias que no cumplieron para proteger a la población de este virus que también tiene alta mortalidad en nuestro país.

De acuerdo con datos oficiales, el sector salud adquirió poco más de 35 millones de vacunas y la inmunización apenas llegó al 26% de la meta nacional, pero nunca se precisó cómo van a inocular a la población faltante: el 75% de adultos mayores, 72% de mujeres embarazadas y 70% de la población considerada vulnerable.

Ahora, los mexicanos estamos a expensas de 2 virus, Covid-19 e influenza, que combinados se convierten en una enfermedad letal que se vuelve más peligrosa por la negligencia de las autoridades que teniendo el tiempo suficiente y los recursos presupuestales etiquetados para la compra, no pudieron distribuir la vacuna de la influenza en todo el territorio nacional.

El desabasto de esta vacuna no es un caso aislado, también pasó con otras vacunas y medicamentos para enfermos terminales, como los niños con cáncer, tan solo por mencionar algunos pacientes que están al borde la muerte.

La transición del Seguro Popular al INSABI es una de las razones que explican el criminal desabasto de vacunas y medicamentos.

La carencia de tratamientos oncológicos para mujeres y niños; el desabasto en vacunas del cuadro básico nacional y el déficit en profesionales de la salud, son producto de la toma de decisiones erróneas que ha hecho el actual gobierno en aras de una austeridad mal entendida.

Por un lado, cercenaron partidas presupuestales correspondientes a la adquisición de medicamentos y vacunas, además de contratar a más médicos y enfermeras; y por otro, la falta de experiencia en los funcionarios que se quedaron, después de los recortes de personal que emprendió el gobierno comandado por el presidente López Obrador.

Tan solo en tema de la influenza, cientos de miles de mexicanos están en riesgo y lo más absurdo es que en el pasado había el abasto suficiente para la inmunización, sin embargo, ahora en todo el país, pero en especial en la CDMX, la insuficiencia afecta a la población más vulnerable, sin que Claudia Sheinbaum haga algo para remediar la situación.

Dicen que están esperando una 3a. remesa de vacunas, pero lo inexplicable es por qué no planearon y emprendieron las acciones de logística y suministro en algo que se sabía, iba a ocurrir.

Desde San Lázaro, la diputada Sara Rocha Medina urgió al gobierno federal, ante la escasez de vacuna contra la influenza, a surtir con más lotes a hospitales públicos y centros de salud, para que el mayor número de mexicanos se vacune y se eviten enfermedades respiratorias en esta temporada de frío.

Cierto, la demanda creció debido a la convergencia de la influenza con el Covid-19, por eso, la premura de que las vacunas lleguen sin retraso y evitar con ello, también, cualquier intento de falsificación que ponga en riesgo la salud de las familias mexicanas.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva informó que mediante un punto de acuerdo solicitó a la Cámara de Diputados hacer un llamado a la Secretaría de Salud, para que garantice la distribución de la vacuna contra la influenza y amplíe las campañas de información y concientización hacia los sectores más vulnerables, además de asegurar su aplicación a la población en general.

Asimismo, exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realice la revisión integral a los recursos ejercidos y los contratos pactados, a fin de dar transparencia a la compra de las vacunas; en tanto, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, demandó, incremente las medidas de vigilancia y control, con el objetivo de evitar la venta de vacunas falsas.

Un monto etiquetado dentro del presupuesto de egresos para el año próximo, por 200 millones de pesos (MDP) es lo que la asociación Nariz Roja solicitó a las y los diputados del Estado [de Jalisco] para que se garantice la compra de medicamentos oncológicos, con la finalidad de que en el 2021 los pacientes con cáncer no padezcan por el desabasto de este tipo de medicinas.

La petición fue presentada por el presidente y fundador de la organización Nariz Roja, Alejandro Barbosa, durante la reunión que sostuvo esta mañana con la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, la cual es presidida por el diputado Salvador Caro Cabrera.

"Solicitamos la revisión del presupuesto de Jalisco 2021 para poder generar un fondo particular, etiquetado, para medicamento oncológico y anexos para asegurar la atención de los pacientes con cáncer. La 1a. petición es la asignación de 200 MDP etiquetados para la compra de medicamento oncológico, asignado en convocatoria con reglas de operación, en relación al desabasto que en este momento expresan los centros de salud públicos en Jalisco donde se atienden pacientes con cáncer", puntualizó.

Además de esto, Barbosa solicitó que se le brinde al Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) un monto por 15 millones de pesos para la compra de un acelerador médico lineal, dispositivo utilizado en el tratamiento de radioterapia.

Actualmente, dijo, solo hay 3 de estos equipos en la entidad: 2 en hospitales privados, a los cuales ya no tienen acceso todos los pacientes debido al fin del Seguro Popular, y uno en un hospital del IMSS, por lo cual, no es suficiente para los pacientes con cáncer que necesitan radioterapia dentro de su tratamiento.

La máquina, señaló, tiene un costo aproximado a los 82 millones de pesos, sin embargo, el IJC fue acreedor a una donación de 47 millones de pesos por parte de una organización y el Gobierno del Estado ya prometió 20 millones de pesos, por lo cual solo restarían los 15 millones señalados.

"Son 15 millones que pueden salvar la vida de 1,550 personas que se van a ver beneficiadas con la disminución de toxicidad aguda, el número de sesiones disminuye y en el incremento en la capacidad de la atención para el mismo instituto y para pacientes de los hospitales civiles", añadió.

El fundador de Nariz Roja solicitó que se retome la construcción del Instituto de Cancerología que tiene en abandono desde hace más de 2 años, en la colonia Miramar, en Zapopan, pues dijo, actualmente no hay un espacio digno y suficientemente equipado para atender a los pacientes con cáncer; la solicitud de la creación de la iniciativa "Jalisco con quimio" para la atención, desde todos los sectores de la sociedad, universidad y gobiernos, de la problemática del cáncer y el desabasto de medicamento y la creación de un censo real de todos los pacientes que en Jalisco, enfrentan al cáncer.

Por último, el vicepresidente de Nariz Roja, Pablo López, hizo visible la problemática en la cual los pacientes con cáncer que contaban con una póliza de seguro de gastos catastróficos se vieron afectados, pues esta ya no es válida en las instituciones de salud pública desde noviembre del año pasado, desatendiendo así a los enfermos con cáncer.

Por ello, dijo, desde la organización se comenzaron con juicios de amparo para que 94 pacientes con cáncer para que obligatoriamente los institutos les brinden los tratamientos, aunque su queja principal es que el problema "es de la federación". Ante esta situación, dijo, el estado debe actuar, desde lo local, de manera gratuita y a través de un protocolo, para evitar que el derecho a la salud sea regresivo, sin importar de qué gobierno sea el problema.

Los diputados integrantes de la junta, dijeron tener voluntad para hacer las modificaciones al presupuesto para cumplir con los planteamientos solicitados, pues están de acuerdo en que debe haber más recursos, mayor control y mayor atención en dicha problemática, como una obligación del Estado, sin politizar el tema presupuestal, aunque, de acuerdo con Salvador Caro, es necesario que "regresen los impuestos de los jaliscienses al estado" para que esto sea posible.

Al finalizar la Junta de Coordinación Política los diputados entregaron un reconocimiento a Nariz Roja por su labor, durante más de 10 años, en el apoyo a la atención de niños, niñas y pacientes en general que luchan contra el cáncer.

El día de ayer, como uno de los primeros actos de su oficina, en calidad de virtual presidente electo, Joe Biden estableció un comité científico para trazar una estrategia que permita combatir eficazmente la pandemia.

En el discurso con el cual hizo la presentación, Biden le puso énfasis al uso universal de los cubrebocas como uno de los recursos fundamentales para el control de la enfermedad.

En México, la visión del presidente es que éstos no son indispensables salvo que quien los porte esté contagiado. De esa manera ha justificado su presencia sistemática en eventos públicos sin usar el aditamento.

Pero, además, en su página de transición, Biden puso como 1er. lugar de sus prioridades al combate a la pandemia y estableció que otra de las estrategias críticas será la disponibilidad universal de pruebas, así como la identificación de las personas que hayan estado en contacto con quienes resultan positivos en los exámenes.

De esa manera, Biden considera que será posible establecer esquemas de confinamiento limitado que permitan detener los contagios sin tener que cerrar de manera generalizada a la economía.

Se trata de una filosofía opuesta a la que ha sostenido el gobierno mexicano en donde se regatea la aplicación de las pruebas.

Aunque el Instituto de Cancerología registra una disminución en los servicios, ante los cambios provocados por la crisis sanitaria, los pacientes atendidos con algún tipo de cáncer están en aumento en los Hospitales Civiles. Mientras en 2010 se otorgaron servicios a 1,018 enfermos, entre enero y agosto pasados se dispararon a 4,002, reporta su Unidad de Transparencia.

En los Hospitales Civiles hay una mayor carga de trabajo; sin embargo, además de los problemas detonados por el desabasto de medicamentos oncológicos por parte del gobierno federal y la incertidumbre provocada por la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el presupuesto prácticamente se mantiene igual en este sector en el comparativo anual 2019-2020. Por ejemplo, el año pasado se destinaron 234.7 millones de pesos a través de 2 partidas (medicinas y servicios de subrogación), mientras entre enero y agosto pasados sumaron 113.1 millones.

Isaac Luna, subdirector médico del Instituto Jalisciense de Cancerología, reconoce que han bajado las atenciones. "Tuvimos que reducir las consultas en el área de soporte que no son prioritarias para el tratamiento del cáncer, por eso nuestra productividad ha disminuido un poco".

Sobre el abasto de medicamentos, informa que tienen 87.95% de existencia, y de 90.9% para la atención del cáncer de mama. "Hemos tenido un poco de problema con los que no existen en el mercado".

De los 155 tipos de cáncer atendidos en lo que va de 2020, el tumor maligno de mama registra el mayor número de enfermos (677), seguido por el linfoma no Hodgkin (487).

Aunque a principios del año, los Hospitales Civiles recibieron medicamentos oncológicos, Alejandro Barbosa, director de la asociación Nariz Roja, recuerda que estos se agotaron pronto y ellos estuvieron apoyando al organismo por un breve tiempo. "De ahí fueron donaciones directas a pacientes... ya no se lo dábamos al hospital, que estuvo haciendo compras, pero ya con recurso propio".

Agrega que continúa el problema de abasto de medicamentos en hospitales públicos porque ya no se cuenta con el mismo presupuesto que se tenía en el Seguro Popular.

El avance que se tuvo en las últimas semanas se debe a los 10 millones de pesos que otorgó el gobierno estatal a las asociaciones que brindan ayuda contra el cáncer, pero el problema, "se podría presentar de nuevo en diciembre", porque se acabarán estos recursos. "Lo que el Gobierno de Jalisco nos comenta es que se analizaría en el presupuesto 2021 generar una partida para tener una bolsa de seguridad para el tema de medicamento".

En abril pasado, este medio reportó que Orlando Lim, quien padece linfoma, señaló que la falta de medicamentos empeoró en este año. En marzo pasado perdió su quimioterapia en los Hospitales Civiles por falta de insumos.

En los últimos 5 años, el Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC), los centros de salud a cargo de los Servicios de Salud en Jalisco y los Hospitales Civiles de Guadalajara han brindado 246 atenciones diarias, en promedio, a personas con algún padecimiento de cáncer.

Vía Transparencia, los 3 organismos reportaron que entre los años de 2015 y 2019 se prestaron 449,077 servicios de consulta, de tratamientos, de intervenciones médicas, así como estudios y hospitalizaciones, entre otros.

En lo que va de este año (con corte de enero y agosto), el Instituto Jalisciense de Cancerología y los Hospitales Civiles otorgaron 33,779 atenciones. Esto, sin contar la operación de los centros de salud de los Servicios de Salud de Jalisco, que respondieron sólo sobre los egresos hospitalarios.

Aunque los Hospitales Civiles reportan un aumento de los servicios en este año, el Instituto de Cancerología registra una disminución con respecto a otros años. Por ejemplo, entre 2015 y 2018 superaron los 70,000, mientras el año pasado cerró en 60,385 y, en este año, se reportan 29,777.

Alejandro Barbosa, director de la organización civil Nariz Roja, dedicada a los apoyos con tratamiento a las personas con cáncer, informa que en este año ha disminuido la atención en la mayoría de las clínicas públicas por la pandemia del COVID-19. Por ello hay menos citas.

"Los hospitales se enfocaron en el COVID-19. Cerraron muchas áreas y a muchas enfermedades les estuvieron espaciando sus citas mucho tiempo... esto obviamente va a disminuir tu atención".

En el caso del Instituto de Cancerología, Alejandro Barbosa comenta que se limitaron las consultas por las medidas sanitarias. "No puede haber tanta gente dentro del instituto. Lo que hacen ellos, por estrategia, es lo siguiente: si ya estabas en control, es decir, que ya no tienes actividad tumoral (con una presencia de cáncer), lo que hacen es que si te tocaba tu cita cada 6 meses, te la espaciaron cada 8 meses o cada año. En otras palabras, incrementaron más meses las citas para no tener a toda la gente en el instituto".

Añade que también influye la reducción de los recursos del Seguro Popular. "No pueden dar lo mismo sin más dinero".

De los 21,914 egresos hospitalarios por tumores malignos que se registraron en las unidades de los Servicios de Salud en Jalisco y los Hospitales Civiles, entre el año pasado y el actual, 6,393 corresponden a personas con cáncer de mama; es decir, 3 de cada 10.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados el mes pasado, sobre nuevos casos de cáncer de mama, de 2010 a 2019 se observa un incremento en la incidencia de esta enfermedad, siendo el año pasado cuando se registró la tasa más alta (cerca de 19 casos nuevos por cada 100,000 personas de 20 años o más).

Como consecuencia de la pandemia, en el caso de Jalisco, los diagnósticos de este tipo de cáncer se suspendieron de abril a julio pasados. Este medio reportó que la Secretaría de Salud pausó los programas de detección, lo que provocó que mientras en 2018 se diagnosticaron 1,543 nuevos casos y en 2019 1,130, este año sumaron 274 (hasta septiembre).

Pese a estas suspensiones, el pasado 19 de octubre (en el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama), la Secretaría de Salud en Jalisco informó que el aislamiento y el temor a un posible contagio del COVID-19 desalentó a las mujeres para acudir a una unidad médica para realizarse la mastografía.

Ante la negativa de la Secretaría de Salud federal de entregar información sobre la compra de medicamentos oncológicos realizada por el gobierno a nivel internacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la dependencia para dar respuestas.

La Secretaría de Salud deberá informar sobre las 5 empresas en el mercado internacional a quienes compró los medicamentos, la cantidad, el laboratorio que los produce, el pedimento aduanal y las facturas donde se exhiba el precio total de éstos, en respuesta a una solicitud de información realizada por un particular. Previamente, la dependencia respondió que la información era inexistente.

En septiembre pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, justificó que estas compras se realicen en el extranjero, ante la polémica desatada en los medios de comunicación.

"En México existía, para fines prácticos, un monopolio de los productos farmacéuticos de quimioterapia; es decir, una enorme concentración del mercado en pocas compañías, en este caso literalmente una sola, lo que pone en grave riesgo la sustentabilidad y la sostenibilidad de la procuración de insumos".

Reconoció que a nivel mundial también existen estas concentraciones del mercado.

"Los países generadores de los insumos para la fabricación de medicamentos contra el cáncer son prácticamente 2: India y China, y en un momento dado cuando se afecta la capacidad productiva de estos 2 grandes centros globales, se trastorna toda la capacidad de tener medicamentos", añadió Hugo López-Gatell.

Los 10 millones de pesos que otorgó el Gobierno estatal a las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las personas con cáncer permitieron hacer frente al problema de abasto de medicamentos que se enfrenta en el estado, pero éstos podrían presentarse de nuevo en diciembre próximo, una vez que se agoten los recursos.

El director de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, precisa que esta bolsa permite reducir la carga que tienen los hospitales con atención a estos pacientes, pero el siguiente mes faltarán otra vez insumos.

"En diciembre volvemos a estar como en meses atrás: no habrá medicamento. La gente, tanto niños como adultos, en todo el sistema estatal, se verán afectados".

A nivel nacional, dice, es diferente la situación: "No hay medicamentos, no hay recursos, y desafortunadamente todos los que están en este tipo de atención, en el Instituto para el Bienestar, no tienen quimioterapia ni radioterapia ni trasplante de médula".

Recuerda que aún no se han publicado las reglas de operación del Insabi, que debieron estar listas a mediados de año.

"En lo que no estamos tranquilos es que, como no se liberó el recurso del Seguro Popular, al no haber reglas de operación, los hospitales no están mandando a la gente a la atención de radioterapia. Este último es otro tipo de tratamiento que es muy importante para una persona con cáncer, en particular, las que tienen algún tipo de tumoración".

Explica que anteriormente con el recurso del Seguro Popular, los hospitales públicos canalizaban a los pacientes a las clínicas privadas para seguir con sus tratamientos.

"En este año, pacientes que tienen algún tipo de tumor no han tenido atención por parte de la autoridad de salud".

México: no hay vacuna contra la tuberculosis.

Esta carencia se debe al cambio de sistema de compra por parte del actual gobierno, que eliminó a los intermediarios alegando "corrupción". Los contagios pasaron de 17,000 a 45,000, según datos oficiales.

Las vacunas [contra la tuberculosis] que tenían en el sector salud se terminaron en septiembre. En estos 2 meses, alrededor de 30,000 recién nacidos se han quedado sin la vacuna, sólo en el IMSS. Además, unos 10,000 bebés podrían nacer y no ser vacunados, por cada mes que pase sin el nuevo abasto de vacunas.

De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis es una enfermedad transmisible que constituye una de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo y la principal provocada por un solo agente infeccioso (por encima del VIH/sida). Esta enfermedad la provoca el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que se propaga cuando las personas infectadas expulsan bacterias al aire, por ejemplo al toser.

Registros del Sistema de Información de la Secretaría de Salud revelan que en México, en 2018, más de 1,800 personas murieron por tuberculosis y sus secuelas.

Leopoldo García Velasco, jefe de área de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, confirmó que no tienen vacuna y reconoció que el problema afecta a todo el sector salud, en todo el país, incluyendo a los hospitales privados.

"Desde principios de septiembre no tenemos dosis en el IMSS, no sabemos exactamente cuándo volvamos a tener, pero creemos que será en marzo", dijo García Velasco.

García Velasco asegura que este desabasto se debe a la escasez mundial de la vacuna, provocado por la demanda internacional y la concentración del mercado en pocas empresas.

Según registros de la Organización Mundial de la Salud, la cobertura de la vacuna contra la tuberculosis pasó de 96 a 76% en 2019, hecho que acentúa una situación de riesgo para la salud pública de México.

La Secretaría de Salud de México informó este sábado que el país superó la barrera del millón de casos del nuevo coronavirus, con 1'003,253 contagios confirmados y 98,259 decesos desde que llegó la pandemia a finales de febrero.

En conferencia de prensa, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, anunció que en las últimas 24 horas se registraron 5,860 nuevos contagios y 635 nuevos decesos por el coronavirus SARS-CoV-2.

Según la Universidad Johns Hopkins, México es el 11o. país con más contagios confirmados por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Argentina, Colombia e Italia. Además es el 4o. país del mundo con más decesos, sólo superado por Estados Unidos, Brasil y la India.

Cortés puntualizó que los casos activos, es decir aquellas personas que están enfermas a día de hoy, representan el 4% del total. "Esto es muy importante porque de todo este millón de personas, en realidad actualmente se estima que están enfermas 52,131", expresó.

El Gobierno de Jalisco inició en abril la realización de pruebas diagnósticas, utilizando laboratorios privados y de la Universidad de Guadalajara. A partir de entonces, los casos positivos detectados en estos laboratorios se cuantifican en la estadística de estado y no en la federal. De acuerdo con la federación, en la entidad se han registrado 37,015 contagios acumulados, mientras que la estadística estatal reporta 102,165.

El Partido Acción Nacional (PAN) informó este domingo que presentará una denuncia contra la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por negarse a realizar las pruebas de detección masiva para mitigar el contagio y en consecuencia por no ofrecer atención médica oportuna para quienes resultaron infectados.

Marko Cortés, dirigente del PAN, informó que la Jornada Nacional de Luto dará inicio al día siguiente de que oficialmente se informe que México llegó a las 100,000 víctimas por la epidemia, por ello los miembros de su partido portarán un lazo negro y lo compartirán en redes sociales, además, señalaron que el distintito se colocará en el exterior de las oficinas como símbolo de luto social.

El presidente del PAN afirmó que, al mal manejo de la pandemia, se suman la eliminación de los 33,000 millones de pesos del fondo de salud y la falta de recursos etiquetados para la vacuna del COVID-19 en el Presupuesto 2021.

Agregó que el acto pretende manifestar la solidaridad con las familias afectadas por las sensibles pérdidas, así como un nuevo llamado de atención por el mal manejo de la pandemia a causa del virus Sars-Cov-2 por parte del gobierno de AMLO.

"Tenemos la obligación política y social de manifestarnos de algún modo contra la pésima gestión de la pandemia que extendió su alcance y provocó muertes que pudieron evitarse y que hoy provoca que importantes zonas del país se encuentran ya en semáforo rojo o están a punto de pasar a semáforo rojo, como la Ciudad de México", explicó Cortés Mendoza.

El doctor Gatell tocó las puertas del cielo y San Pedro lo entrevistó para ver si le dejaba entrar.

-Mira, mejor yo te hago preguntas, a ver si así nos aclaramos. No recuerdo, Hugo, que nadie que no fuera el presidente López Obrador haya hablado más que tú en gobierno alguno. Vaya, hasta a Muñoz Ledo le ganaste. Desde el 29 de febrero tuviste una hora diaria cada noche, y participaciones semanales los martes en la mañanera. Dime: ¿qué comunicaste en cientos y cientos de horas hablando? ¿Qué dijiste que fuera relevante, o que ayudara a la gente? En pocas palabras, además de hablar sin freno, ¿hiciste algo bueno?

-Siempre dijimos que SARS-Cov-2 sería una pandemia, y que las pandemias son in-con-men-su-ra-bles...

-Hombre, brujo. ¿Siempre eres así de sabelotodo, o nomás cuando quieres entrar a la eternidad? Te cambio la pregunta. ¿Cuál fue tu mensaje principal hacia los mexicanos?

-Que frente al COVID-19 el presidente López Obrador tenía una fuerza moral.

-¿Y eso cómo ayudó a los mexicanos?

-Esa fue mi labor. Apuntalar el liderazgo del presidente.

-¿Y hacia la población?

-Quédate en casa.

-¿Y no fue por eso que miles fallecieron? Porque tu mensaje sin matices hizo que la gente no distinguiera entre aislarse de manera preventiva y acudir oportuna, y no tardíamente, a recibir atención médica...

-Teníamos camas suficientes.

-Y demasiados muertos de sobra, Hugo. Tenías camas vacías pero también familias en duelo.

-Todos los días dimos las cifras de contagios y muertos.

-Cifras que eran parciales, inexactas y que terminaron comunicando nada. Una conferencia diaria durante meses y ni un mensaje claro. Lo tuyo fue llenar de ruido, no orientar.

-No, eso decían nuestros detractores. Pero nosotros siempre dijimos que iba a haber muchos muertos.

-La última vez que vi, tu cifra catastrófica iba a ser superada en 100%, y la pandemia seguía imparable. Nunca aplanaste la curva, no solo no dispusiste de pruebas sino que desechaste esa idea; tampoco escuchaste a otros expertos, nada de revisar la estrategia ni de aprender de experiencias alternas. Siempre te negaste a promover sin titubeos el cubrebocas.

-La evidencia no es conclusiv...

-¿Ves? Sabelotodo. Soberbio. Y de las vacunas que no se compraron en el sector Salud para otros males...

-Fue por la corrupción de los del pasado.

-Tú estuviste en esos otros gobiernos "del pasado" que sí aplicaron vacunas. Así que por partida doble no tienes excusa: si era necesario mejorar el sistema, tú no eras un recién llegado, por ello cómo explicas que haya desabasto.

-Vamos de acuerdo a lo planeado. Se quejan porque quitamos contratos.

-Los contagios ya sobrepasaron el millón.

-Eso es intrascendente.

-Exacto. Esa palabra te define Hugo. La indolencia frente a los enfermos y muertos te quitará no un lugar en el cielo, sino la posibilidad misma de ser recordado como alguien con espíritu de servicio y mínima humanidad. Por mí puedes seguir hablando cada noche, que al cabo no hay ahí nada digno qué escuchar. Y ya quita esa sonrisa, que solo tú te crees que eres bueno.

México tiene 9.8 muertes por cada 100 casos de covid-19, por mucho la mayor tasa del mundo.

El gobierno cuenta con una explicación fácil para todos los problemas que enfrenta: la culpa la tiene la corrupción de los gobiernos anteriores, ¡siempre! La explicación se usa por igual para las inundaciones de Tabasco que para la falta de medicamentos o vacunas. Poco importa si antes no se registraba el problema.

En este 2020 se ha documentado en México una importante escasez de medicamentos, entre ellos los oncológicos pediátricos. El desabasto empezó en las instituciones públicas, pero se ha extendido al mercado privado. Las vacunas también han escaseado. El Observatorio Mexicano de Vacunación señala que 1.7 millones de niños mexicanos buscaron vacunas o refuerzos sin encontrarlos; en 87% de los casos el biológico no estaba disponible.

La respuesta del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha sido echar la culpa a la corrupción de los gobiernos anteriores: "Hoy estamos tratando de reconstruir sobre el daño hecho, particularmente entre 2015 y 2018... Desde el sexenio pasado heredamos grandes vicios de compañías fantasmas que vendían vacunas al gobierno como intermediarias y algunas de estas compañías fueron inhabilitadas por múltiples irregularidades... Al quedar inhabilitadas dejaron un vacío, pero estas compañías eran las dueñas del registro sanitario. La vacuna contra la tuberculosis y la triple bacteriana son las que tuvieron mayor afectación y, en su momento, también la del sarampión".

Lo que no dice el subsecretario es que el presidente López Obrador primero atacó desde su púlpito mañanero a las principales farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos del país, acusándolas sin pruebas de corrupción, y después los inspectores de Cofepris encontraron supuestas irregularidades en sus plantas de producción y cerraron varias. El gobierno tomó, además, control del proceso de compras de medicamentos del sector público, que llevaba a cabo con éxito el IMSS, y se lo dio a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que carecía de experiencia en el ramo. En las licitaciones no se permitió que los precios incluyeran el costo de distribución, como si no existiera; y, por otra parte, Hacienda impuso precios excesivamente bajos, lo que hizo que muchas claves quedaran desiertas.

El gobierno negó en un principio que hubiera desabasto de medicamentos y denunció una campaña de desinformación pagada por los supuestos corruptos. Al final reconoció el problema y decidió salir a comprar medicamentos al extranjero, para no tener que hacerlo de las farmacéuticas mexicanas. Decidió, además, exentar a las firmas extranjeras de las estrictas condiciones que Cofepris aplica a quienes producen medicamentos en nuestro país. No hay ningún indicio de que haya logrado ahorros en estas compras, ni queda claro si los fármacos que se están importando son seguros. El gobierno, sin embargo, se encontró con la realidad de que para surtir estas cantidades masivas se requieren muchos meses de producción, por lo que era muy difícil encontrar firmas extranjeras que pudieran surtir lo que pedía.

Yo no sé si había corrupción antes, ya que el gobierno no ha presentado pruebas, pero cuando menos había una mejor provisión de medicamentos. Si bien la excusa de todo hoy es la corrupción de los gobiernos anteriores, la información disponible sugiere que el desabasto de medicamentos y vacunas es producto de una serie de malas decisiones del actual gobierno. Por eso estábamos mejor cuando estábamos peor.

Cuestionado por los diputados sobre el desabasto de medicamentos, el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Iván Argüelles Sánchez, aseguró que tienen cobertura de 87% y los faltantes corresponden a medicamentos para atención a diabetes y oncológicos, cuyo desabasto es generalizado en el país.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Jalisco advirtió que en los últimos días se ha identificado una "inconsistencia" en los casos positivos de COVID-19 reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como los sospechosos, informó la dependencia.

Tras un análisis comparativo, se encontró que entre el 1 y el 7 de noviembre la dependencia federal notificaba de 119 casos positivos a COVID-19 en promedio por día, cifra que descendió en la semana del 8 al 14 de noviembre a más de 50%, al informar que solamente hubo 46 casos nuevos.

Y la cifra fue aún mayor del día 15 a este miércoles 18, cuando solamente se informó de 13 positivos nuevos en promedio diario. Esto es, una reducción de 90% de infecciones tan solo en 15 días.

La Secretaría de Salud destacó que la búsqueda de casos activos y su identificación oportuna son "fundamentales para conocer, atender y aislar a las personas positivas al virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, y ayudar a cortar las cadenas de transmisión, a fin de reducir el impacto de la pandemia que sigue activa".

Por su parte, los casos confirmados por el sistema Radar Jalisco fueron 650 nuevos este miércoles, para sumar 105,745 casos desde el reporte del primero, el 14 de marzo. Los casos se encuentran distribuidos en 80 municipios actualmente.

Los casos activos oficiales a la fecha son 3,683, que son personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días y que pueden contagiar la enfermedad de no cuidar las medidas de sanidad como el aislamiento.

En cuanto a las defunciones a causa de la enfermedad, se registraron otros 19 fallecimientos para llegar a 4,523 en Jalisco.

Se ha reducido en 56% la compra de vacunas lo que ha provocado que 4 de cada 10 niños no ha podido completar su esquema básico de vacunación.

Largas filas semana tras semana en la clínica familiar, para que les digan que ya se acabaron, que vuelvan otro día, aunado a la pandemia que provoca que la gente no quiera acudir a los centros de salud.

Otra cosa que no nos podemos explicar es si el presupuesto para 2021 CRECIÓ ¿por qué se reduce para la salud?

De pronto se aclaró la verdadera causa de la escasez de vacunas y medicamentos en México, que pronto cumplirá 2 años.

Esta semana la revelaron López y Gatell.

Todo comenzó con una rabieta de López en 2018, aún siendo presidente electo.

A raíz de la icónica cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México -es un ícono de su gobierno-, la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) anunció que interpondría amparos para bloquear las obras del proyecto sustituto, en Santa Lucía. Y lo hizo.

Obviamente, López montó en cólera y le declaró la guerra.

Los amparos los libró López posteriormente con el truco de que el aeropuerto será una obra militar estratégica y los jueces tuvieron que apechugar.

El caso es que a partir de entonces comenzó lópez a llamar a la asociación "mexicanos a favor de la corrupción" cada vez que a ella se refiere, siendo que ha sido un brillante aportante al descubrimiento de sonados casos de corrupción, como los de Javier Duarte, la llamada Estafa Maestra, los sobornos de Odebrecht y muchos otros. En Wikipedia puede usted ver la lista de investigaciones y denuncias que la asociación ha realizado contra la corrupción.

Poco después recibió López un informe en que se le dio a conocer cuáles empresas aportaban donativos para la Ong. Una de ellas era Pisa, farmacéutica mexicana con 75 años de vida, proveedora de medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes de México y Latinoamérica.

Apenas iniciado el gobierno ordenó lópez que se le investigara, se le encontraran hechos de corrupción y de inmediato se le excluyera de futuras compras por parte del gobierno federal.

No le importaron a López las consecuencias, sólo saciar su sed de venganza.

Una de las consecuencias es que Pisa y su filial eran los principales proveedores de medicamentos contra el cáncer -el 80% de los medicamentos genéricos de quimioterapia más usados por la sanidad pública- y de vacunas contra la influenza, la polio, el sarampión, la hepatitis y otras.

Canceló López las compras a Pisa sin tener entonces, ni aun ahora, con quién sustituirla.

Hasta hoy no se le han encontrado hechos de corrupción a Pisa, pero a López no le satisfizo el sólo cancelarle las compras. En mayo de 2019 surgió un problema que Cofepris quiso aprovechar para quedar bien con López. Una dosis de metotrexato, una de las quimioterapias más comunes, había causado efectos adversos en un grupo de niños de un hospital de Puebla. La farmacéutica sostiene que el incidente se debió a una mala administración del medicamento por parte del personal médico. No se registró ningún otro caso semejante en todo el país.

Pero los inspectores de Cofepris creyeron que esa era su oportunidad de oro para hundir a Pisa.

No fue así. Después de su minuciosa investigación los inspectores de Cofepris encontraron y reportaron "cero defectos críticos, cero defectos mayores, cero defectos menores" en el producto, según el acta de verificación.

Sin embargo, se ordenó a Pisa paralizar y reponer su línea de producción en la que elaboraba 25 claves. La causa, por tener ya más de 2 décadas funcionando.

Tampoco fue suficiente para dejar satisfecho a López.

La Secretaría de la Función Pública, brazo armado de lópez para atacar a sus "adversarios", emitió a fines del mes pasado una inhabilitación para Pisa y su filial distribuidora por 30 meses y les impuso una multa de 1'170,095 pesos a cada una. Se les acusó de presentar documentación "insuficiente" para una licitación con el IMSS, que ganaron en 2017, relacionada con anestesias. Pisa cumplió cabalmente con lo adquirido por el IMSS, pero la SFP encontró el resquicio que deseaba.

La inhabilitación castiga severamente a la empresa y también a millones de niños y adultos por la falta de los medicamentos que elabora y distribuye, y que lópez no ha conseguido en otra parte.

Gatell declaró esta semana un punto clave: que al quedar inhabilitadas, las compañías dejaron un vacío, pues son las dueñas del registro sanitario.

No sólo fue un tiro en el pie, decapitaron el abasto, en perjuicio de todos los mexicanos.

La escasez de la vacuna contra la tuberculosis, la triple bacteriana y las que se aplican contra el sarampión han provocado un grave daño a la salud pública.

Mientras tanto, los días 9 y 10 del presente mes la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hizo pública información que implica en presuntas irregularidades a 2 de los más cercanos colaboradores de López: Alejandro Esquer Verdugo, su secretario particular, y Jesús Ramírez Cuevas, su coordinador de Comunicación Social y vocero. Ambos realizaron "contratos" con empresas identificadas por el SAT como "fantasmas" para la campaña presidencial de 2018.

Ramírez Cuevas realizó también supuestos pagos por la publicación del periódico oficial de Morena durante la campaña presidencial, a otra empresa "fantasma", igualmente declarada así por el SAT.

Los 2 altos funcionarios se han negado a responder las acusaciones. Pero López, ignorando las evidencias que involucran a sus cercanos colaboradores, salió a "acusar" de nuevo a Pisa como donante para "la campaña de todos contra él", como identifica al movimiento Sí por México.

Amenazó de nuevo con mandarles auditorías a MCCI, a Pisa y "a otras" que supuestamente aportan donativos.

Lo cierto es que Pisa aportó donativos a MCCI, pero no a Sí por México, y MCCI no aparece en las listas del directorio ni de participantes de Sí por México. Aun si así fuera, eso no constituye ningún delito. Es sólo una fobia política. La verdad es que López hizo la analogía porque Claudio X González fue presidente de MCCI y ahora es impulsor de Sí por México.

Dijo López: "ayer se dio a conocer de cómo una organización opositora a nuestro gobierno está promoviendo que se unan todos en contra nuestra, demostrando que son lo mismo, porque están haciendo alianzas en los estados el PRI y el PAN en contra nuestra... de chiste todo este agrupamiento...".

Lo que de ninguna manera es un chiste es que por esa fobia y por esas analogías (Pisa-MCCI-Claudio X. González-Sí por México). y por considerar a la empresa farmacéutica en la lista de sus adversarios, desató lópez la escasez de los medicamentos en el país, que ha causado un daño sin igual en la historia de México.

El Observatorio Mexicano de Vacunación reportó que en los primeros 9 meses de 2020 1'649,421 niños buscaron las vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil contra Hepatitis "B", Neumocócica conjugada, Rotavirus y Pentavalente (o trivalente, o cuadrivalente), pero no las obtuvieron. En el 86.7% de los casos se debió a que las vacunas no estuvieron disponibles: "no tenemos", fue la respuesta invariable a su búsqueda.

Actualmente es prácticamente imposible encontrar en los servicios privados la vacuna cuadrivalente, por falta de autorizaciones de Cofepris.

Menos del 50% de la población ha recibido la vacuna contra la influenza, según datos de la Secretaría de Salud.

En el sector público siguen escaseando prácticamente todas las vacunas y medicamentos.

Ni para que repetimos aquí el drama de los niños con cáncer, de todos los mexicanos conocido, desatado por el rencor de López a la farmacéutica productora de los tratamientos oncológicos que le dio un donativo a MCCI.

Moraleja: por el ímpetu de venganza política contra un presunto "adversario", López es capaz de la peor atrocidad.

Por si alguien lo dudaba.

Hugo López-Gatell perdió la batalla. Por más que el zar del coronavirus se burle, de lecciones de periodismo, trate con desprecio a sus maestros y pares, y soberbia al resto, la realidad lo aplastó. 100,000 muertos por el coronavirus, contra 8,000, máximo, que era su pronóstico, lo dice todo. La estrategia del subsecretario de Salud de aplanar la curva de contagios de COVID-19 para no saturar los hospitales, sin medidas que la acompañaran, le estalló en las manos y metió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en problemas para explicar convincentemente que estuvo bien hecho lo que se hizo.

El índice de letalidad de México -el número de fallecimientos por cada 100 personas contagiadas- es de 9.8%, el mayor del mundo. El 2o. lugar lo ocupa Irán, con 5.4%, mientras que los países europeos más afectados por el coronavirus en sus 2 olas tienen, o menos de la mitad, o una tercera parte del radio mexicano: Italia, 3.8%; el Reino Unido, 3.7%; España, 2.8%. Estados Unidos, donde se concentra 30% de los contagios en la segunda ola de la pandemia, es de 2.2%.

Entre más pruebas se hacen, más cae la letalidad, según los expertos. Pero México, al 9 de noviembre pasado, según Our World in Data, realizaba 17.24 pruebas por cada 100,000 habitantes, que lo ubica en el lugar 85 de 104 países a los cuales da seguimiento, lo que se explica por la creencia de López-Gatell de que las pruebas no son necesarias para controlar la pandemia, ni evidencia científica que diga lo contrario, cuando en realidad, expertos en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud, señalan lo opuesto.

Las pruebas fueron cruciales para que países como Corea del Sur mantuvieran abierta su economía. La ausencia de ellas en México, como política de gobierno, provocó la peor crisis económica que ha vivido en el país. En un interesante hilo en Twitter, Eugenio Sánchez mostró que México, junto con Omán, tiene la peor tasa de positividad en el mundo, que es la métrica para saber si la cantidad de pruebas es apropiada con respecto al tamaño del brote epidemiológico.

El porcentaje de positividad de México es de 56% cuando la OMS recomienda un índice menor a 9%. Sánchez agregó que pese al tamaño de la economía, aquí se hacen menos pruebas que Guatemala, país al que duplica en PIB, Chile o Colombia, con menos de 40% del producto mexicano. También se refiere al tema del equipamiento del personal de salud, recordando que Amnistía Internacional y la publicación especializada The Lancet clasificaron en septiembre a México como el 4o. país con más muertos por COVID-19 en ese sector.

La política sobre pruebas que diseñó López- Gatell es que sólo se aplicarían a personas con síntomas y personas en los grupos vulnerables. En países tan disímbolos como Estados Unidos y Venezuela, se realizan pruebas a todos, incluidos los asintomáticos. La política mexicana es similar a la de la mayoría de los países africanos, aunque ninguno de ellos tiene los grados de mortalidad de este país, que son los decesos por cada 100,000 habitantes, donde ocupa el 10o. lugar, con 78.34 fallecimientos, contra 127.96 que tiene Bélgica, y que se encuentra en el 1er. lugar. En números de muertes absolutas, México está en el 11o. lugar, donde Estados Unidos, India y Brasil ocupan los 3 primeros.

Jugar con números para medir en tablas de clasificación si estamos mejor o peor que otras naciones es bastante ocioso en estos momentos. Pero si nos enfocamos al índice de letalidad, podemos observar si la estrategia funcionó o no. Hay estudios científicos que demuestran que la efectividad de las políticas de un gobierno para enfrentar la pandemia está asociada con la reducción de las tasas de mortalidad, al mostrar su capacidad para formular e implementar políticas sólidas, como reflejo de un buen gobierno. Entre esas políticas se incluye la rápida instrumentación de una cuarentena efectiva, políticas de muestreo y seguimiento de casos, así como proveer de equipo suficiente y de calidad al personal de salud.

López Obrador afirmó esta semana que el objetivo de su gobierno es que pese a que haya un mayor número de contagios, se salven vidas. Interpretándolo, el presidente quiso decir que es más importante que quienes se enfermen se recuperen, lo que es correcto. Lo que es impreciso es cuando señaló que la estrategia de López-Gatell impidió que México fuera rebasado por la pandemia, porque se aplanó la curva y se evitó la saturación de las camas de hospital.

Haber atado la estrategia en ello, con el llamado inicial de López-Gatell a que las personas con síntomas no acudieran al hospital para evitar contagios y que sortearan la enfermedad en su casa, provocó en el arranque de la pandemia que 7 de cada 10 decesos se registraran fuera de las instituciones de salud. Los números se han invertido, al igual que ese discurso, pero todavía hay instituciones públicas que rechazan a pacientes de COVID-19 para no elevar el porcentaje de camas ocupadas ante las presiones de autoridades, y se está forzando al personal médico que tuvo COVID, a reincorporarse a los 15 días de haber enfermado ante las carencias que se tienen.

Al presidente le está contando una historia épica López-Gatell, que olvida el pronóstico de su consejero: el 4 de mayo iba a haber máximo 6,000 muertos; una semana después 30,000, y como escenario "catastrófico", 60,000. Esta semana rebasamos los 100,000 muertos y seguirán subiendo. Es muy tarde para que el presidente lo despida, pero aún es tiempo para que se allegue de expertos que le ayuden a modular la política contra el coronavirus, sin que un aventurero decida por él, por su gobierno y por el país. Pruebas de la incompetencia de López- Gatell existen en abundancia.

Ya sean botones de emergencia o semáforos, la realidad es que la población escucha las advertencias de los gobiernos sobre el COVID como si de llamadas a misa se tratara.

Hay gente que no puede trabajar en casa porque en el autoempleo, formal o informal, la calle lo es todo. Hay gente a la que sus patrones echará si se ausenta. Hay gente que ahora es cuando más trabajo tiene. Y hay gente que sale sin necesidad.

La realidad es que las autoridades llevan meses dando una cifra irresponsablemente falaz. Sí hay camas, nos han dicho cada tarde, pero lo que no nos dicen son las tasas de mortalidad en esos lugares con disponibilidad.

Desde el inicio de la pandemia, el gobierno federal falló en una cosa esencial: nunca se puso como meta transmitir un mensaje central de riesgo, uno que galvanizara la idea de cuán impredecible es el COVID-19, y cuán pocas son las posibilidades de que se salga bien librado si se requiere un ventilador. Por ende, lo que conviene es alejarse de la posibilidad del contagio. Porque una vez ocurrido éste, todo es un albur. Igual y se pasa la enfermedad con síntomas moderados, igual se requiere hospitalización.

No es culpa de médicos y enfermeros del IMSS o ISSSTE que en esas instituciones estén los más altos índices de mortalidad. No se trata de estigmatizarlos, pero es lo que es. Y representan la única opción que podríamos tener la inmensa mayoría. Y no es una opción muy prometedora.

Faltan demasiados meses para que se vaya la pandemia. Y ya estamos todos hartos. Quizá se nos quite un poco el hartazgo de cuidarnos si vemos nuestra chance de conseguir una cama y cuántos, a pesar de conseguirla, no vivirán para contarlo. ¿Suena drástico, amarillista? Llamen a su médico y pregúntenle si exagero.

El 20 de noviembre, último corte al momento de hacer esta columna, murieron en México 719 personas por COVID, más que en cualquier otra nación del mundo en esas 24 horas. Eso tendría que decirnos algo. Somos ya el país número 4 en materia de fallecimientos por la pandemia. Una y otra vez el gobierno se ha defendido señalando que es un dato engañoso porque en proporción al tamaño de la población muchos otros países tienen peores registros. Y era cierto; ya no. La última vez que escribí al respecto México ocupaba el lugar número 16; en este momento estamos ya en el 10o. sitio y en cuestión de semanas escalaremos al 6o.

Hay cosas que el gobierno de López Obrador está haciendo en la dirección correcta, pero el combate a la pandemia no es una de ellas, punto. El riesgo de sostener a rajatabla las directrices del Dr. Gatell (como lo llama la opinión pública) para no concederle la razón a los adversarios de AMLO, puede costar más muertes de las que irremediablemente se llevará este flagelo, por no hablar del daño que le está causando a su propio gobierno.

Si queremos ser honestos, México sale bastante mal parado. En todo el mundo el número de fallecidos por COVID están subrepresentado en los registros oficiales, pero en nuestro caso este subregistro es aún mayor porque somos una de las naciones que menos pruebas hacemos a población abierta, lo cual significa que muchas personas fallecen por este padecimiento sin haber sido detectadas. En México la subrepresentación alcanzaría 100%, considerando que los decesos de este año superan en 217,000 la tendencia de la mortalidad demográfica que se habría presentado en un año sin COVID. En otras palabras, el doble de lo que reportan las autoridades. En resumen y por donde se le vea: no, México no lo está haciendo nada bien en materia de combate a la pandemia.

¿Cuánto de esto es culpa de López-Gatell? Gatell no generó los altos niveles de obesidad y diabetes, ni el calamitoso estado de la infraestructura de salud en México [a la que el gobierno actual, además, le rebajó el presupuesto, aunando lo anterior a la crisis que el mismo gobierno generó por escasez de medicamentos, y a lo que Zepeda Patterson, panengirista del réguimen, omite referirse - el webmaster]. Tampoco es culpa suya que nuestros hábitos de comportamiento social y la debilidad del Estado impidan políticas severas de confinamiento, como se aplicaron en Europa o Asia. Lo he dicho en otra ocasión, en un país en que la autoridad no puede impedir que sus ciudadanos se maten a razón de 100 por día es pedir demasiado que mantenga en sus casas a 124 millones de personas. Con López-Gatell o sin él, nuestro país era el escenario para una tormenta perfecta en esta pandemia.

Por un lado, está el tema de los cubrebocas que siempre ha sido desdeñado. Es cierto que en la primavera la comunidad científica estaba dividida sobre su importancia. La propia Organización Mundial de la Salud afirmó en febrero que no tenía evidencias categóricas de que fueran un factor significativo. Pero al paso del tiempo tanto la OMS como la evidencia empírica modificaron esta argumentación hasta generar un consenso universal, excepto en México. El Dr. Gatell simple y sencillamente no quiso dar su brazo a torcer. Tuvo que aceptar que una persona contagiada reduce la dispersión del germen si tiene cubrebocas, pero siempre insistía, para minimizar su importancia, que ponérselo ayudaba poco a una persona sana. Pero incluso así, de lo que se trata es de que los contagiados no propaguen la enfermedad, ¿o no? Por lo demás, la evidencia de los países asiáticos, o los estudios de dispersión de gérmenes realizados en laboratorios, dejaron en claro que el tapabocas ayudaba a reducir el porcentaje de nuevos enfermos.

2o., México es uno de los países en los que menos pruebas se hacen porque así lo decidió López-Gatell. Bastaba, dijo, con su método centinela (especie de encuesta) pero la escala del fenómeno obligó a abandonarlo. Eso no significó que Gatell rectificara, a pesar de que las pruebas fueron claves en todos los países en los que se logró detectar y reducir brotes de contagio. AMLO se hace una prueba cada martes "para no contagiar a otros" en caso de portar el virus, lo cual es correcto. Pero ese principio vale también para el resto de los mexicanos. ¿Cuántos enfermos podrían haberse evitado si todos hubiésemos tenido acceso a las pruebas que sí tuvieron funcionarios y diputados?

Ahora se acerca el tema de las vacunas, que por alguna razón tampoco son del agrado del Dr. Gatell a juzgar por las continuas objeciones que ha expresado a muchas de ellas o a su reticencia a ofrecer un plan de vacunación, como el que muchos países ya han establecido.

No creo que se trate de un problema de soberbia, o no exclusivamente. Parecería, más bien, que en el ánimo de Gatell sigue pesando la idea de que la única solución definitiva es la inmunidad rebaño (que se alcanzaría cuando cerca de 60% de la población haya sido infectada). Probablemente al principio en palacio se veía con buenos ojos esta tesis, asumiendo que se llegaría a esta meta con un costo menor. Pero hoy está claro que no es así. El presidente entiende que el costo político y económico de un año más de muertes y atonía terminaría por descarrilar a la 4T. Lo cual nos lleva a una pregunta de fondo: ¿Qué hará el gobierno con Gatell?

Me temo que nada; hacerlo a un lado significaría reconocer errores que costaron vidas. Sólo espero que no se le permita, como fue en el caso del cubrebocas o las pruebas, obstaculizar el programa de vacunación masivo y acelerado que nos permita salir de esta crisis y regresar a los tiempos en los que no teníamos que hablar de Gatell.

El Partido Acción Nacional (PAN) informó este domingo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por negligencia criminal en contra del gobierno federal por los más de 100,000 muertos por la pandemia del coronavirus pues, aseguran, son el "resultado del mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades de salud".

La denuncia está dirigida en contra de Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, así como contra todas las autoridades federales que "resulten responsables de los probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones".

Una de las exigencias de Acción Nacional es que la Fiscalía haga una "investigación sobre las medidas aplicadas por la administración federal para contener la propagación del virus y su relación directa con la alta tasa de letalidad y el número de muertos, con el fin de determinar las omisiones e irregularidades y, en su caso, las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables".

El dirigente del partido, Marko Cortés, asegura que esta denuncia es un "acto de responsabilidad social" y que las víctimas mortales de la pandemia representan "uno de los fracasos más grandes del gobierno morenista".

En su comunicado también invitan a la población a seguir con el uso de cubrebocas en espacios públicos y que se atiendan con prontitud cuando presenten algún síntoma relacionado por el coronavirus.

Hasta el corte del día de ayer, México registra 1'032,688 casos y más de 100,000 víctimas mortales.

(V.periódico El Financiero en línea del 23 de noviembre de 2020).

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a quejarse el viernes del estado que guarda el sistema de salud en México. "El gobierno heredó un sistema totalmente destruido", arremetió.

Esa aseveración es una total mentira. Ha sido precisamente su gobierno el que en 2 años destruyó un sistema de salud que con todo y sus vicios funcionaba. Hoy está colapsado por donde se le vea.

Pero qué puede pensarse si la afirmación se dio en la misma mañanera en la que llenó de elogios al subsecretario de Hugo López-Gatell, y a su jefe, Jorge Alcocer, por el manejo de la crisis por Covid-19.

Nunca había habido una alarmante escasez de medicinas, los niños con cáncer accedían a sus tratamientos, las vacunas siempre estuvieron disponibles y el IMSS no registraba problemas en servicios de laboratorio.

Las compras de insumos están fuera de control: son opacas y se asignan directamente. El IMSS, de Zoé Robledo, ya tiene en marcha una compra de casi 3,000 millones de pesos de material anticoronavirus.

El fallo sale en 2 semanas. Se adquirirán batas, gorros, cubrebocas, mascarillas y guantes, principalmente. Desde ya se denuncia que va dirigido a empresas que traen atrás a exfuncionarios del IMSS.

Por otro lado, en la mismísima Secretaría de Hacienda se truenan los dedos por la responsabilidad que va a significar la compra de vacunas, incluida por supuesto la del Covid-19.

La oficial mayor, Thalía Lagunas, quiere que le hagan auditorías de compras en tiempo real, como medida de prevención ante posibles denuncias. Ya tocó base en la Auditoría Superior de la Federación.

Este lunes la UNAM, que encabeza Enrique Graue, abrirá el debate mediante el seminario "La adquisición pública en México: discusión actual", tema que resulta de la más alta prioridad para la industria farmacéutica.

El tema cae "como anillo al dedo", luego de que el gobierno firmó con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que representa Giuseppe Mancinelli, un acuerdo histórico.

Como es público, le encargó la gestión de las compras consolidadas de medicamentos y materiales de curación para el periodo 2021-2024. Sólo para el próximo año se ejercerán más de 100,000 millones de pesos.

Pero hay poca claridad al respecto. Las compras no incluyen las vacunas. Para 2021 se van a licitar 2,172 claves, de las que 1,372 son de medicamentos de patente y genéricos.

Otras 800 claves serán para material de curación de grupos terapéuticos como analgesia, hematología, neumología, gastroenterología, oncología, cardiología y enfermedades infecciosas, entre otras.

Se abordará la situación de la contratación pública de bienes y servicios en el marco de la nueva ley de la administración pública federal y de adquisiciones, así como los acuerdos firmados en los tratados internacionales y los casos de España y Colombia frente al Covid-19.

La semana pasada, nuestro país llegó a los 100,000 muertos por COVID-19. La cifra ya igualó el número de decesos por diabetes en México en un año, la 2a. causa de mortalidad en el país.

A pesar de ello, el gobierno federal, cuyo responsable más visible es Hugo López-Gattel, insiste en que la estrategia es la correcta.

Entre especialistas hay preocupación, pues López-Gattel también será el responsable del plan de vacunación; ojalá que su política pública sea más eficiente.

Hoy sabemos que lo que mejor funciona en lo preventivo, no es una medida aislada sino la combinación de varias, simultáneamente: la sana distancia + lavarse bien las manos varias veces al día + el uso de cubrebocas + no ir a lugares tumultuosos + evitar estar en espacios cerrados con personas extrañas + hacer pruebas ante la sospecha de síntomas o por exposición a riesgos + rastrear contactos posibles + recibir atención médica temprana, por mencionar aquellas que están mejor documentadas. Todo ello conlleva a alcanzar la que, en mi opinión, es la más importante: generar una auténtica conciencia colectiva de cuidarnos los unos a los otros. Me cuido yo para cuidarte a ti, pero para que esto en verdad funcione, tiene que ser recíproco.

Un problema particularmente complejo lo representan los portadores asintomáticos, la mayoría silenciosa. Son probablemente los que más contagios han causado. A nivel político, el error mayúsculo ha sido confrontar la seguridad colectiva con la actividad económica, como si fueran excluyentes la una de la otra. Las 2 posiciones han arrojado grandes pérdidas. Más allá de sus alcances biológicos y psicológicos, el virus resultó también tóxico para la política y para la economía. Dislocó el orden internacional y marcará sin duda el fin de una época.

La salida a esta etapa de contagios masivos vendrá con las vacunas. Las heridas económicas y sociales tomarán más tiempo, mucho más. Pero tampoco las vacunas serán mágicas.

Para desacelerar la propagación del virus y alcanzar un verdadero impacto social, colectivo, masivo, tardaremos meses. Quizás años. Vacunar a unos cuantos, aunque sean millones, no resuelve por sí misma la pandemia. Tocará a cada país preparar sus propios programas nacionales de vacunación. No hay tiempo que perder. México tiene mucha experiencia en la materia y buenos expertos. Hay que preparar el esquema (su distribución y aplicación), alistar la infraestructura (la red fría, sobre todo) y tener debidamente preparados los recursos humanos que se van a requerir en esta etapa. Son tiempos para mostrar la fuerza social del Estado. La población necesita seguridad y protección.

No, México no es un ejemplo para el mundo. En la lista de Bloomberg sobre los mejores países para estar en estos tiempos de covid, Nueva Zelanda, Japón, Taiwán y Corea del Sur están en los mejores lugares. En el último puesto, 53, está México https://t.co/efxT4Nyfft.

La 4T sigue empeñada en destruir a la industria farmacéutica nacional. Ayer la SFP emitió nuevas sanciones contra 6 productoras y distribuidoras mexicanas. El propósito es, al parecer, impedir que los mexicanos participen en las licitaciones de medicamentos que manejará la UNOPS, de las Naciones Unidas. El gobierno solo quiere a proveedores extranjeros.

Ayer, la Secretaría de Salud integró a sus registros 10,335 casos más de personas contagiadas por Covid-19, con lo que suman ya 1'070,487 casos confirmados en México.

La tasa de crecimiento del último mes fue de 20.1%.

La posición oficial fue establecida por el presidente López Obrador, en una de sus participaciones ante el G-20, durante el fin de semana.

Dijo el presidente: "...hay que abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y la razón".

Afortunadamente, hay gobernantes que le 'dan el avión' a López Obrador. Entre ellos destaca la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Hace un par de días se olvidó de tratar de razonar y convencer a los fieles que por millones acuden cada año a la Basílica de Guadalupe, y en coordinación con las autoridades eclesiáticas, tomó la decisión de autoridad de cerrar el templo guadalupano en los días en los que tradicionalmente llegan los peregrinos de todas partes del país.

Pese a medidas como la anterior, la política federal probablemente seguirá siendo laxa.

El duro invierno que enfrentaremos no lo será solamente por el Covid-19, sino también por el freno de la actividad económica.

Si las tendencias de contagio se mantienen o aceleran -lo que es plausible por la movilidad social que tendremos el próximo mes-, va a ser probable que se impongan nuevas restricciones, así tengan que ser impuestas por las autoridades locales, lo que afectaría la incipiente recuperación que empezábamos a ver en algunos segmentos del mercado interno.

Además, ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue muy explícito respecto al tema de las vacunas. Señaló que tras la autorización de la vacuna tendremos cantidades relativamente pequeñas de vacunas en los próximos meses.

El mayor flujo de éstas va a darse hasta el 2o. trimestre del próximo año, lo que valida la expectativa de que estaremos distantes de la normalidad en la 1a. mitad del próximo año.

Una persona con décadas de experiencia en el manejo de infecciones, que pide hablar en anonimato, dice que si se revisa a hospitales privados con un manejo exitoso de pacientes de Covid-19, se puede determinar que no reciben a nadie a quien no puedan ofrecer todo el protocolo a su alcance: atención con personal, instrumental y medicinas suficientes.

La ecuación, pues, no resulta demasiado compleja. A los hospitales privados "no se les mueren" tantos pacientes, porque no aceptan sino a aquellos que pueden atender. Ni uno más. Y como se ha demostrado, a pesar de lo impredecible de este coronavirus, las posibilidades de vencerlo aumentan si los enfermos son atendidos debidamente.

En sentido contrario, las instituciones públicas están obligadas a recibir a todos aquellos que demanden sus servicios. Pero en el mejor de los casos tendrán disponibilidad de espacios mas no capacidades equivalentes a los privados: para empezar el personal de muchos de esos hospitales está cansado, mermado, porque unos se incapacitaron por edad/comorbilidades y otros por enfermedad. Y con respecto a instrumental o medicamentos no vale la pena hacer siquiera el comparativo de lo público frente a lo privado.

Teniendo en cuenta ese panorama, donde los hospitales privados atienden a una población mínima en porcentaje frente a los públicos, queda pasar a un 2o. plano la errada estrategia, adoptada muy temprano en la pandemia, de que lo que había que tener eran camas con ventiladores (de nada servirán éstas, insiste la fuente, sin personal suficiente, instrumental más allá de la ventilación y medicinas). Es decir, hacer que lleguen menos a los hospitales públicos.

La OMS señaló hoy a México como una preocupación por el incontrolable aumento de contagios y muertes por Covid 19 y el pésimo manejo del gobierno mexicano ante esta crisis sanitaria. También en días pasados Bloomberg evaluó a 53 países en el manejo de la pandemia, quedando México en el último lugar. ¡Vergonzoso!

Y es que lógicamente si tenemos a políticos como el impresentable Fernández Noroña. que en una reunión del INE se negó a ponerse el cubre bocas, argumentando que el no aceptaría "mordazas" e imposiciones de parte de nadie, y a lo que el personal reunido en el Instituto, se levantó y lo dejaron solo en el recinto, cosa que me pareció muy bien.

Eso mismo tendrían que hacer todos los periodistas, obvio no vendidos a la 4ta deformación, cuando sale el presidente a hablar sin tapabocas, levantarse y dejarlo con los paleros pagados que le aplauden todas las mañanas.

Si tuviéramos un poco de responsabilidad y valentía haríamos este tipo de situaciones para "educar" a aquellos servidores públicos que se creen con el derecho de poner en riesgo la vida de los demás y esto lo digo en cualquier situación, si entras una tienda y el dependiente no trae la protección, no comprarle; o si tú eres el propietario, pues no atenderlo. Nadie tiene derecho a poner en riesgo tu vida y la de tus seres queridos.

El medio de contagio más recurrente es por las vías respiratorias y el cubre bocas evita hasta un 95% que contagies a alguien, y otro dato interesante: la mayoría de los portadores del virus asintomáticos son los más propensos a contagiar a personas a su alrededor, principalmente a sus más allegados y familiares.

Si al gobierno le faltan tamaños para hacer obligatorio el uso del cubre bocas, pongamos el ejemplo los ciudadanos.

Ante la rápida propagación del COVID-19 en México, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortó a las autoridades a tomarse la crisis de salud "muy en serio".

Advirtió que "el número de casos y muertes se duplicó".

El 20 de noviembre, México rebasó las 100,000 muertes y ha sumado 12,000 casos nuevos diarios desde hace 8 días.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los mexicanos que también atiendan el llamado de la OMS.

Entrevisté ayer a la valiente Elizabeth Zagal, jefa de enfermeras de la Unidad de Urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER):

-¿Está el gobierno mintiendo con respecto a las cifras de hospitalizaciones?

-Sí, sí está mintiendo. Tengo contactos en muchos otros hospitales y también están saturados.

-¿Qué le diría al presidente si lo ve de frente?

-Que no mienta, que no le oculte la verdad a la ciudadanía.

-¿Qué debe decirle a la gente?

-Que nos está rebasando esta pandemia, que la capacidad hospitalaria está al tope, que no podemos hacer otra cosa porque él tomó malas decisiones.

Se diría que la disposición gubernamental publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, en el sentido de que "se extingue el pago de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud", sin importar el nivel socioeconómico de los solicitantes, es un avance significativo a favor del cumplimiento del precepto constitucional alusivo al derecho a la salud de los mexicanos; que es un importante paso porque los habitantes de este bendito país -aunque lo de "bendito" no siempre sea tan notorio como se quisiera-, pobres o ricos, tengan a su alcance, como se ofreció alguna vez en el discurso oficial, servicios médicos "de Primer Mundo": "como los de Noruega o Dinamarca"...

El acuerdo de la Secretaría de Salud -oportunamente cacareado en los fastos conmemorativos del 2o. aniversario de la actual administración- establece un solo requisito para otorgar tales servicios: "Tratándose de pacientes de referencia entre los diferentes Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, Regionales de Alta Especialidad y unidades adscritas a los Servicios de Atención Psiquiátrica -indica-, se respetará el nivel socioeconómico que haya sido asignado por el Departamento de Trabajo Social de la institución que origina la referencia". Se supone, por tanto, que la población carente de recursos económicos para acudir, en caso necesario, a la medicina privada, o la marginada de servicios como los del IMSS o el ISSSTE, tendrá acceso a dichas prestaciones, gratuitamente, en las instituciones que ya existen.

La intención es buena, ciertamente... Se diría, sin embargo, por utilizar la metáfora consabida, que se pretende tapar a más gente con la misma cobija; que, considerando que casi todas las clínicas y hospitales públicos trabajan al límite de su capacidad y acusan problemas -que son públicos y notorios- de insuficiencia de espacios y personal, obsolescencia de sus equipos y desabasto de medicamentos, se corre el riesgo de que, por el afán de acrecentar el número de beneficiarios, se sacrifique o deteriore aún más la calidad de los servicios.

Como dice el adagio: "El que mucho abarca, poco aprieta"... O, parafraseando el refrán de que "entre menos burros, más olotes", con el tiempo y el ganchito consabido, considerando que no hay indicios de que vaya a incrementarse significativamente el presupuesto destinado a la salud, se compruebe que "entre más burros -sin afán de ofender-..., menos olotes".

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara esta mañana que el uso de cubrebocas no es indispensable, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, compartió en redes sociales un estudio que muestra que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria.

El estudio de la Universidad Imperial de Londres revela que nuestro país usa cubrebocas, encima de Canadá y Estados Unidos, que este martes 1 de diciembre alcanzó más de 2,500 muertes por coronavirus en 24 horas, el nivel más alto desde finales de abril.

"Alrededor del 80% de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de su casa", refiere la investigación compartida por López-Gatell.

Este miércoles en su conferencia "mañanera" en Palacio Nacional, se le cuestdionó a AMLO acerca del uso del cubrebocas durante la pandemia por coronavirtus COVID-19.

-"¿No cree usted que si usara el cubrebocas, sería como un ejemplo para los demás ciudadanos?", preguntó un reportero.

-"Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable. Hay otras medidas. Yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros", respondió el presidente.

"Cada quien es libre", agregó López Obrador sobre el que no usa cubrebocas y sobre una fuerte campaña en la Ciudad de México sobre su uso.

"El que quiera ponerse el cubrebocas y sentirse más seguro, lo puede hacer. Yo no lo estoy impidiendo, es que todos actuemos de forma responsable", refirió.

"Si una autoridad así lo recomienda, hay que hacerle caso. Yo desde el principio dije que los políticos no somos sabelotodo y tenemos que hacerle caso a los especialistas, yo le hago caso al secretario de Salud", apuntó y pidió respetar las medidas sanitarias como la sana distancia y lavado de manos.

"Yo me hago pruebas para estar seguro de que no voy a contaminar o infectar a nadie", dijo.

La Ciudad de México se encuentra en crisis sanitaria y en crisis ética. La 1a. es porque el coronavirus se aceleró y está saturando los hospitales, sin que haya medidas para persuadir con energía a la población que la pandemia está siendo transmitida por su falta de cuidado en la movilidad y en medidas preventivas. La 2a. está directamente relacionada con la 1a. y emana de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador es el 1er. promotor del desorden. Atrapada en su lealtad subordinada y el número de muertos con los que va a cargar por su debilidad ante su mentor, está la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum no hace nada que no le autorice López Obrador, pero se le ha salido de la subordinación mecánica en el caso de la pandemia. Los datos que tiene desde hace casi un mes la llevaron a estar en la inminencia de regresar a la capital federal al semáforo epidemiológico rojo, por la forma como se habían acelerado los contagios y avanzaba la ocupación de camas. Sólo las presiones de Palacio Nacional la frenaron, obligándola a inventar diferentes categorías para el color naranja. No mover de color el semáforo evita temores -como el que se vuelva a apagar la actividad económica- pero también genera confianza entre la gente que, por lo que se ve en las calles, le perdió el miedo al virus.

Tener que caminar en 2 vías ha sido difícil, pero ha ido avanzando. En marzo fue obligada desde Palacio Nacional y por instrucciones de López Obrador, a que no cancelara el festival de música Vive Latino, que le generó muchas críticas por lo que se consideró públicamente como una irresponsabilidad. Lo mismo querían hacerle con el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, cuando el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, cabildeó directamente con el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, para que mantuvieran abierta la Basílica. Sheinbaum trabajó con Aguiar, quien le dijo a Esquer que no habría festejos presenciales, lo que le permitió a la jefa de Gobierno no ser presa de la irresponsabilidad a la que la estaba empujando el presidente.

Con López Obrador no hay nada qué hacer. Es absolutamente refractario a todo con tal de hacer su voluntad. Si hay más contagios o muertes, para él será un costo menor que el beneficio de tener la economía abierta. Ante la falta de alternativas de política pública para trabajar en paralelo la crisis sanitaria y mantener funcionando la economía a fin de que no afecte sus planes, los muertos de la COVID-19 son meramente una estadística.

Todavía ayer, a contra sentido de todo el mundo, dijo que los cubre bocas no eran indispensables. Allá él y quien le crea. El problema es que muchos sí le creen y al ver la forma relajada y descuidada como aborda la pandemia, lo imitan. No saben que López Obrador vive encapsulado, con un equipo de médicos que lo monitorea permanentemente y con pruebas de COVID sistemáticas. Las posibilidades de que se contagie son, por mucho, menores a la que tiene un ciudadano común, que no tiene esas atenciones.

Sheinbaum se ha apartado de las directrices de Palacio Nacional para prepararse este invierno, que funcionarios del gobierno capitalino ven con gran preocupación. El aceleramiento de contagios superó a finales de noviembre el máximo de ocupación hospitalaria que 3 meses antes había mencionado la jefa de Gobierno como el máximo para tomar acciones restrictivas y regresar al semáforo rojo. Demorarse ya ha ocasionado, de manera indirecta, que el número de muertes por encima del pronosticado para este año, se haya elevado en 38%. Y, según las estimaciones de las autoridades locales, se va a poner peor.

Las autoridades sanitarias de la Ciudad de México están planeando compras de equipo médico para lo que se avecina en estos 2 meses, sin esperar el apoyo del gobierno federal. Igualmente Sheinbaum, más allá de las decisiones que tome el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre las vacunas, acordó con la Universidad Nacional Autónoma de México una red fría y que los institutos que tienen equipos de alta refrigeración, sean los que reciban las vacunas de Pfizer. No está claro si en paralelo está hablando con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, como ella, también ha tenido enfrentamientos con López-Gatell para establecer una logística que le permita trasladar las vacunas del punto de arribo a los súper refrigeradores.

Sheinbaum se ha abocado a la vacuna de Pfizer, que requiere esa red y que fue la 1a. en solicitar su aprobación en México. Ayer incluso, el secretario de Salud Jorge Alcocer, firmó un convenio con ese laboratorio estadounidense para adquirir 34.4 millones de vacunas. Con ellas, habría dosis para unos 100 millones de mexicanos, muchos de los cuales, según Ebrard, podrían comenzar a recibirlas a finales de este año.

Las acciones que ha emprendido Sheinbaum son las correctas, y políticamente ha salido bien librada con López Obrador porque, al mismo tiempo, ha cedido a la presión de no regresar al semáforo rojo. Sin embargo, no va a poder mantenerse en esa misma posición conciliadora, porque al no levantar la alerta y generar una nueva ola de conciencia entre los capitalinos, la movilidad se mantendrá y no habrá vacuna -si es que realmente comienzan a aplicarse a finales de diciembre- que impida más contagios y muertes en la capital.

Sheinbaum tiene que reconsiderar el regreso al semáforo rojo lo antes posible, porque se le puede desbordar la ciudad. Los hospitales públicos y privados están regresando a pacientes con COVID. Las medicinas y los insumos ya escasean. López Obrador sigue en la negación total sobre este alto riesgo. La jefa de Gobierno no está sola. Si actúa en consecuencia salvará muchas vidas, aunque se enoje su mentor, el presidente.

No, no estamos ya como Dinamarca. De nada sirve que el gobierno haya decretado la gratuidad de medicamentos y servicios de salud. "Antes les dábamos a los pacientes lo que necesitaban, ahora les damos lo que hay", señala el infectólogo Francisco Moreno. Y añade: "Se rompió la cadena de distribución de medicamentos".

Diferentes reportes acerca del manejo que el mundo ha dado a la pandemia del Covid-19 advierten que "la respuesta de México ha sido lenta, tibia y basada en argumentos que no se ajustan a la realidad; que la crisis señalada por los científicos, los economistas y los periodistas es peor a la que el gobierno reconoce; que la pandemia en México está fuera de control; y que la narrativa del gobierno está llena de imprecisiones y opacidad, y con una negativa a aprender de experiencias internacionales".

Por su parte, el director general de la OMS llamó a México a "tomarse muy en serio la pandemia" luego de que se duplicaron contagios y muertes en noviembre. Al respecto el subsecretario López-Gatell minimizó el llamado, diciendo que "se lo dice a todo el mundo", lo que significa que, para él, el hecho de que se hayan duplicado las muertes no es motivo de alarma.

Las estimaciones futuras de contagios y muertes son espantosas, y en lo económico el pronóstico es que al final del 2020 el PIB habrá caído más de 8% y el número de mexicanos en situación de pobreza habrá pasado de 22 a 33 millones. Como se decía en tiempos del presidente Echeverría: estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante.

El último reporte elaborado por Bloomberg bajo el título "The Best and Worst Places to Be in the Coronavirus Era" comparó con toda objetividad la situación en 53 países con una economía mayor a 200 mmdd, por medio de un "Ranking de Resiliencia al Covid", basado en 10 indicadores clave, como el aumento de contagios, tasas de mortalidad, capacidad del sistema de salud, el impacto de las restricciones y los cierres a la economía, etc. En este ranking, México quedó ubicado nada menos que en el lugar 53.

La respuesta del presidente López Obrador a este reporte fue la misma que da siempre que se hace público algún dato u opinión negativa a su gestión: descalificar a la fuente, atacar o ridiculizar a los críticos, minimizar la información o afirmar tener "otros datos".

En el caso del lugar 53, dijo que "las publicaciones más famosas suelen equivocarse, y algunas actúan sin ética", y que "no afecta en nada, la mayoría de la gente ni siquiera se entera de estas publicaciones, con todo respeto".

Esto último revela la opacidad y manipulación de la información que caracteriza a la actual administración. Es más importante que "la gente" no se entere, que reconocer la realidad y hacer los cambios necesarios para reducir la cantidad de muertos (físicos y económicos) y que al final es lo más importante.

¿Por qué, por ejemplo, en Nueva Zelanda -considerada como el mejor lugar para vivir en la era del coronavirus- la tasa de mortalidad por Covid-19 es de solo 5 por millón, y en México es de 782 por millón? ¿Qué están haciendo ellos que nosotros no?, es lo importante, y no si son pocos o muchos los que se enteran de la información comparativa.

Lo que el presidente quiere es que nadie se dé cuenta de los malos resultados que caen en su esfera de responsabilidad.

La "Constitución Moral" de AMLO debiera decir que ocultar o manipular información que pone en riesgo la salud y la economía de la población es éticamente inadmisible.

Si somos el peor lugar para vivir durante la pandemia, si nuestra tasa de mortalidad es de las más altas del mundo, es obligación del gobierno hacerlo saber y proponer las medidas correctivas para revertir esa realidad. Esconderla, minimizarla, descalificarla o manipularla, es sencillamente criminal.

Si casi nadie se entera de estos reportes, hay que difundirlos, y no por mero afán de crítica al gobierno, sino porque los ciudadanos tenemos derecho a estar informados y a las mejores prácticas, y más cuando se trata de salvar vidas y salvar economías.

Ahí la importancia de las críticas fundadas y de los medios de comunicación que informan lo que ocurre en México y en el mundo.

Minimizar riesgos, tergiversar o esconder información que permite a la población protegerse de un virus potencialmente mortal, es como ocultar o minimizar la alerta temprana de un sismo, de un huracán o de un tsunami.

La información no siempre conduce al pánico, conduce a la correcta interpretación de riesgos, y a una responsable toma de decisiones a la hora de decidir qué hacer y qué no hacer en una situación de emergencia prolongada como la actual.

"Peor que no saber, es creer saber".

Por decreto, en este país todos los mexicanos tienen acceso a la salud a partir del 1 de diciembre. Todos los hospitales públicos están obligados a atender lo que llaman población abierta, es decir a quienes no sean beneficiarios de algún sistema específico, lo cual es sin duda una buena noticia, pero una cosa es tener consagrado el derecho y otra tener garantizado el servicio. Cuando el derecho es sólo en papel se llama demagogia.

No diferenciar el derecho a la salud y el acceso a servicios de salud es una confusión que puede ser terrible, no sólo porque es un engaño, sino por lo que implica para las instituciones de salud estar obligadas a prestar un servicio sin tener las condiciones para ellos. Todo el sistema de salud se verá sometido a una gran presión y los principales afectados serán los miembros del personal médico y de enfermería.

Sin una reforma fiscal, el acceso universal a la salud es una quimera. Cuando Santiago Levy lo planteó hace unos años, Salud propuso financiarlo aumentando el IVA; ahí hay una propuesta. Puede haber otras, pero el tamaño del reto no va a salir de los ahorros y la austeridad. Pregonar el derecho de todos a la salud sin garantizar los recursos para ello es universalizar el derecho a la carencia.

Para un soberbio, soberbia y media. Así es como se puede definir el choque entre vanidades y la lucha de poder que escenifican 2 subsecretarios, Martha Delgado, de Relaciones Exteriores, y Hugo López-Gatell, de Salud. La 1a. es la responsable de ir negociando por el mundo la compra de medicamentos y vacunas contra la COVID-19; el 2o. es el zar del coronavirus y responsable de la estrategia federal. Los pleitos entre los 2 fueron exteriorizados en una entrevista que le dio Delgado a El Universal este lunes, donde reveló que su jefe, el secretario Marcelo Ebrard, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron que intervenir y persuadir a la Secretaría de Salud -léase López-Gatell porque el secretario Jorge Alcocer es disfuncional-, para que aceptaran las compras de vacunas anticipadas contra el virus.

Estas declaraciones no fueron un escándalo porque en este país las cosas más relevantes son intrascendentes, pero lo que hizo Delgado fue denunciar que la Secretaría de Salud estaba saboteando los esfuerzos para comprar anticipadamente las vacunas contra el coronavirus, con lo que, en acción inversa, quería dejar vulnerable a millones de mexicanos y sentenciándolos prácticamente a una eventual muerte. La revelación no trajo consecuencias para López-Gatell, porque en Palacio Nacional, sus objeciones a todo lo que no es su iniciativa, a todo lo que le reste protagonismo y lo que se aleje de sus cálculos políticos, es perdonado por el presidente, a quien complace y da sustento a sus caprichos políticos.

Pero este conflicto alcanza dimensiones diferentes, porque jugó con la vida de los mexicanos y tendría que haber consecuencias, de existir un gobierno serio y responsable. La historia de sus sabotajes, no obstante, tiene otra cara, no menos grave, la de la subsecretaria Delgado. De acuerdo con funcionarios, no todo es atribuible a López-Gatell, sino también hay una carga de responsabilidad -no presuntamente criminal como en la que incurrió el subsecretario de Salud- de Delgado, que ha chocado con su contraparte en el gobierno y con su equipo. "Gatell es muy difícil, soberbio y necio", agregó un funcionario, "y si delante le pones a alguien igual o peor que él, generar acuerdos se convierte en algo imposible".

A la dificultad de hablar y negociar con López-Gatell, quien como en público y en privado se comporta con soberbia e ironiza lo que plantean sus interlocutores, la forma brusca, atropellada e igualmente arbitraria de Delgado, como describen a la subsecretaria, hace más difícil las cosas. Ebrard ha tenido que recurrir al presidente para que se puedan solucionar los problemas palaciegos, y López Obrador lo ha hecho de manera coyuntural, sin resolver de fondo el problema, que es el propio caos que ha propiciado con la caótica administración de su equipo y la tolerancia a sandeces, como la de Delgado y López-Gatell, que anteponen su posición ante cualquier otra cosa, incluso, evitar que mueran más mexicanos.

Es absurdo que se cobren facturas en público, gastando energía en sus pugnas burocráticas y su correlación de fuerzas dentro de Palacio Nacional, antes que enfocarse en contener colectivamente la pandemia. Vamos tarde. "Estamos 3 semanas retrasados", le dijeron fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional a las reporteras María Idalia Gómez y Elizabeth Hernández. El personal de salud, la 1a. línea en la batalla contra el coronavirus, está mermado. Por un lado, el alto número de decesos, consecuencia del mal equipamiento que le dio el gobierno federal, o la mala calidad de los equipos que sin orden ni estrategia compraron desesperadamente, porque López-Gatell, cuando estaban en tiempo y forma, convenció al presidente de que no era necesario. Por el otro, el agotamiento por la estrategia del subsecretario de aplanar la curva pensando en camas de hospitales y no en la contención de la pandemia mediante su caza, como hasta ahora lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, con la masificación de las pruebas Covid, para determinar el aceleramiento del virus y poder analizar y romper los ciclos del contagio.

La pelea entre Salud y Relaciones Exteriores, se agudizó a la par del aceleramiento de contagios en los últimos días de noviembre. Gómez y Hernández reportaron que la 2a. ola que se expande por todo el país llevó a que 19 estados cerraran ese mes con aumento en el número de muertes oficiales, mientras que 24 registraron incremento en los casos activos en 14%, y de fallecimientos en 19.7%.

En tan sólo 4 días, agregaron, el número de estados con algún porcentaje de aumento en los pacientes positivos pasó de 15 a 24, mientras que otras dos entidades se sumaron a las 17 con incremento en las defunciones reportadas hasta el 28 de noviembre. Tanto en contagios como en fallecimientos directos, dijeron, la Ciudad de México ocupa el 1er. lugar con un total de 152 decesos y 10,356 positivos más que los registrados entre el 1 y el 14 de noviembre, cuando las alzas hospitalarias llevaron a las autoridades locales a añadir un tipo de alerta al color naranja del semáforo epidemiológico.

La situación está en peor momento de lo que estuvo durante el 1er. pico de la pandemia, y las pugnas personales han superado los esfuerzos colectivos para enfocarse en la lucha contra el virus. Siguen los forcejeos, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores parece pasándole los costos a López-Gatell, y criticándolo en público. Ayer mismo, el canciller Marcelo Ebrard, al término del anuncio del Plan Nacional de Vacunación, proclamó "misión cumplida", trasfiriendo toda la responsabilidad restante al subsecretario.

No se sabe qué cumplió, pues aún ni llegan las vacunas a México, ni está claro cómo cumplirán las metas del plan que propone vacunar unas 125,000 personas al día en 2021. El presidente no da ningún golpe de timón, y ve pasiva e irresponsablemente por su inacción, el conflicto de egos entre subsecretarios y su lucha de poder.

Lo que menos le importó al presidente y su sensacional equipo de una persona, Hugo López-Gatell, fue el número de muertos. Ambos sabían que arriba de 20 o 30,000 muertes por COVID-19 daba exactamente igual, el nivel de crítica y enojo social tendría un incremento marginal por cada mil muertes que se acumularan. Por el contrario, tenían y tienen muy claro que restringir libertades, imponer toques de queda, arrinconar a las familias a situaciones que les impidieran salir a trabajar y obtener un ingreso, aunque fuese mermado, eso sí se los cobrarían políticamente. Vamos en 110,000 muertes...

Por más que quisiéramos, el manejo del esquema de vacunación no estará exento de la lógica política. Jalisco quiso adelantarse proponiendo un esquema logístico, pero el gobierno federal no quiere que haya otro héroe, no quiere que nadie le haga sombra: la vacuna es propaganda. El problema es que si algo ha caracterizado al gobierno de López Obrador es la ineficiencia. Los recortes presupuestales aplicados con lógica draconiana han hecho del gobierno federal un organismo tan obeso como incapaz.

En México, el 1er. caso de Covid-19 se registró en febrero, desde entonces a la fecha se han contabilizado 1'229,379 contagios y 113,019 muertes. Frente a ese panorama, el médico y sociólogo Julio Frenk afirmó que, en el país, la “respuesta a la pandemia fue tardía, tibia y descoordinada”.

El rector de la Universidad de Miami, en Estados Unidos, señaló que el manejo de la pandemia requiere de una "corrección dramática", que es necesario establecer el uso obligatorio del cubrebocas, aplicar más pruebas y entender que la "ciencia nos va a sacar adelante".

El especialista en salud pública compartió algunas cifras para evidenciar "el tamaño de la crisis" en la que se encuentra el país, pues de todo el mundo, México ocupa el 4o. lugar con más muertes por Covid-19, sólo superado por Estados Unidos, Brasil e India.

Además, con los datos oficiales, "que son una subestimación", el país ocupa el lugar 12 de los países con mayores casos: "El 20% de estos casos corresponden a trabajadores de salud y este es el porcentaje más alto del mundo" y de acuerdo con el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, de seguir con la tendencia actual, para finales de marzo de 2021 el número de decesos por Covid-19 llegará a 162,000 en México.

"De hecho, Covid-19 es ya la 1a. causa de muerte en México. Está muriendo más gente por una enfermedad infecciosa que por cáncer, problemas cardiovasculares o diabetes", dijo Frenk.

El científico indicó que sea una enfermedad respiratoria la 1a. causa de muerte, representa "un retroceso dramático", pues hace 30 años no se ubicaba a una enfermedad respiratoria dentro de las 5 principales causas de muerte.

Ese panorama, afirmó Frenk, "no es un producto de la naturaleza, sino el resultado de malas decisiones en el manejo de una pandemia que, de haberse enfrentado de manera oportuna, inteligente y agresiva, ya estaría muy cerca de encontrarse bajo control".

El integrante de El Colegio Nacional aseguró que hay varios ejemplos de países con niveles de desarrollo similares al de México e incluso, algunos países menos desarrollados, que han podido controlar "muchísimo mejor" a la pandemia, como Camboya, Sri Lanka, Tailandia y Uruguay.

"Ahora las autoridades le han empezado a echar la culpa a la población y se dice que parte del problema es que en México hay una alta prevalencia de diabetes y sí, es un factor de riesgo".

Sin embargo, comparó a Pakistán y México. Detectó que aquí hay una población de 128 millones de habitantes y una prevalencia de diabetes en adultos de 13.5%, mientras que en el país asiático hay 220 millones de habitantes y una prevalencia de diabetes de casi 20%.

Y cuando aquí había 112,000 muertes de Covid-19, en Pakistán había 8,600: "Es decir, 13 veces menos muertos, en un país donde hay más diabetes".

Julio Frenk calificó como "paupérrimo" al desempeño contra la pandemia y esto se agravó por "una muy torpe" reestructuración del sistema de salud, que tuvo un momento culminante con la presentación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"La respuesta a la pandemia fue tardía, tibia y descoordinada. El 1er. caso de Covid-19 en México se diagnosticó el 28 de febrero y no hubo una respuesta clara si no está finales de marzo. Se perdió un mes y a pesar de la alarmante información global, el gobierno mexicano optó por minimizar y trivializar la presencia de la infección en el país. Las autoridades de salud informaron erróneamente que el arribo del virus a México no representaba un peligro porque dijeron equivocadamente, que la letalidad era mucho menor que la de la influencia estacional", declaró.

El investigador también recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "seguirá el contacto con la gente" y que no se suspendieron las giras presidenciales, los partidos de futbol y los conciertos, y los bares siguieron abiertos.

"Las autoridades federales consideraron innecesario organizar un campaña agresiva de información, un operativo de detección y aislamiento de casos -que es lo que hacemos en salud pública cuando hay un nuevo brote epidémico- y ni siquiera se hizo un llamado al aislamiento social como ya desde febrero lo reclamaba enfáticamente la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Señaló que hasta finales de marzo se comenzó una campaña, aunque fue tarde porque ya se habían perdido 30 días desde que se había identificado el 1er. caso.

"Perder 30 días es perder miles y miles de casos. Eso es lo que ha pasado. Hemos estado persiguiendo al virus, siempre detrás de él. Es el contraste con Nueva Zelanda, que desde el 1er. momento decidió actuar rápido y firmemente y hoy tienen a la pandemia bajo control. Aquí minimizamos, trivializamos y no hicimos nada".

Acusó que fue hasta el 31 de marzo que se declaró una emergencia sanitaria, pero no sólo eso, sino que las "responsabilidades operativas se delegaron a los estados", cuando los manuales de manejo de

epidemias indican que es necesario desarrollar una "respuesta unificada".

Otra falla que Julio Frenk destacó fue que el gobierno mexicano "ignoró" los llamados de la OMS de hacer pruebas masivas para la identificación de contagios y sus contactos.

"De hecho, se declaró inexplicablemente que hacer pruebas masivas es un desperdicio, de tiempo y de recursos, cuando el resto de los países y la comunidad científica y de salud pública opinan lo contrario. También, las autoridades de salud descartaron el uso del cubrebocas como medida adicional para controlar la transmisión de la infección, contrario a toda la evidencia científica".

El doctor honoris causa por la Universidad de Ginebra en Suiza indicó que la llegada de la vacuna no es la respuesta, pues es diferente al proceso de vacunación, para el que se requieren redes de suministro y personal calificado.

En tanto, para detener el retroceso de la salud pública en México, los ciudadanos deben exigir cuentas a las autoridades por las "muertes en exceso" que se continúan registrando. También se debe pedir que justifiquen la desaparición del seguro popular y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; así como por la pérdida de autonomía de la Cofepris.

"Se necesita una corrección dramática. En el curso de esa corrección venceremos a la pandemia, para ello las vacunas nos ayudarán, pero hay que reconocer que son el producto de la investigación científica, de años de inversión en ciencia, y no deja de ser ironía que ahora que llegan las vacunas, semanas antes, el gobierno federal le dio un golpe duro a la ciencia".

"Espero que se reviertan los ataques a la ciencia y a los científicos. Terminar con el oscurantismo que se ha apoderado de Conacyt y apoyar decididamente a la ciencia, porque de los contrario, México estará condenado a la dependencia científica y tecnológica", sostuvo.

Julio Frenk fue secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox y mientras daba su conferencia, algunos usuarios le cuestionaron si dejó el sistema de salud en mal estado.

Respondió que no y reconoció que "no había un sistema de salud perfecto", pero señaló que las reformas hechas por el gobierno actual, no conducen hacia una mejoría.

"Parte del problema en México es que la política, en vez de basarse en evidencia científica, se basa en ideología y la propaganda que apoya esa ideología le echa la culpa al pasado. Es muy típico de los regímenes populistas echarle la culpa a alguien más", dijo.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, manifestó en redes sociales que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no debe ser relevado de su cargo sin castigo.

"¡Exigimos cárcel!", escribió la senadora panista, además adjunto una denuncia que ella y sus compañeros de la bancada del PAN hicieron en septiembre pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de López-Gatell, por supuesto mal manejo de la pandemia de Covid-19.

El documento, como Téllez lo sintetiza, es una denuncia contra López-Gatell por "las acciones, omisiones y negligencias en la atención y el manejo de la pandemia".

2 meses después, el PAN volvió a presentar una denuncia ante la FGR, dirigida ante el subsecretario y a todas las autoridades federales que "resulten responsables de los probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones".

En su momento, el partido encabezado por Marko Cortés, exigió "una profunda investigación sobre las medidas aplicadas por la administración federal para contener la propagación del virus y su relación directa con la alta tasa de letalidad y el número de muertos, con el fin de determinar las omisiones e irregularidades y, en su caso, las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables".

Dinamarca tiene 164 muertes por cada millón de habitantes; México, 880. Dinamarca ha aplicado 1'493,572 pruebas por millón de habitantes; México, 24,658. No, no somos iguales.

Alemania tiene 267 muertos por cada millón de habitantes. México 880. Alemania ha aplicado 363,433 pruebas por cada millón de habitantes. México 24,658. No parece que las políticas públicas en México hayan sido las mejores

Muchos países están sufriendo una 2a. ola de la pandemia. México quizá no, pero porque aquí nunca hubo realmente una remisión. El 23 de marzo, cuando el gobierno decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia y ordenó el cierre de "negocios no esenciales", la Secretaría de Salud reportó 51 casos nuevos y 2 fallecimientos. Este viernes pasado, 11 de diciembre, el reporte fue de 12,253 nuevos contagios, la cifra más alta en un día, y 693 muertes.

El presidente López Obrador no puede seguir sosteniendo que México es un ejemplo para el mundo. Nuestro país ocupaba el 11 de diciembre el 13er. lugar en contagios acumulados registrados, pero el 4o. en total de fallecimientos. Aun si las cifras se ponderan por número de habitantes, como tanto insiste el presidente, México tiene el 16o. lugar mundial con 872 muertes por millón de habitantes (Worldometer).

Lo peor es que nuestro país tiene un fuerte subregistro de contagios y muertes porque casi no ha aplicado pruebas: solo 24,234 por millón de habitantes, lo que nos coloca en el lugar 158 del mundo. Dinamarca, cuyo sistema de salud supuestamente ya igualamos, ha aplicado 1'442,038 pruebas por cada millón de habitantes; Estados Unidos, 654,462; España 515,393.

Hace unos días el presidente López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a cuidarse. "Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de Covid-19 sigue dañando, causando estragos; y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos". No impuso nuevas restricciones: "El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades. No soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. Puede parecer utópico, romántico, pero como siempre lo he dicho, y lo sostengo: Prohibido prohibir".

Importa tener claridad de objetivos y acciones. De qué sirve que la autoridad establezca "semáforos" para que luego diga que "el color del semáforo es intrascendente". ¿Cómo puede el presidente pedir que nos cuidemos si él se niega a usar mascarilla? ¿Por qué seguimos siendo uno de los países con menor número de pruebas?

En medio de esta 2a. ola, o de este recrudecimiento, el subsecretario Hugo López-Gatell culpa a la gente: "El cambio entre una semana y otra va siendo cada vez más grande. Si seguimos en esta congregación en espacios privados y circulación en espacios públicos el salto para la siguiente semana va a ser mucho mayor". El exsecretario de Salud Julio Frenk lo ve distinto: "El manejo de la pandemia ha sido muy defectuoso". De acuerdo: hemos sufrido un gran fracaso en la aplicación de políticas públicas de salud.

Comenzábamos el mes de mayo. Teníamos poco más de un mes en la llamada 'Jornada Nacional de Sana Distancia'.

El subsecretario López-Gatell todavía disfrutaba el titular de la revista Quién: "El rockstar inesperado de la 4T". Entre sus cercanos se especulaba que el presidente López Obrador tenía ya a un nuevo prospecto para la candidatura presidencial de 2024.

Eran esos tiempos cuando el encargado de la estrategia contra la pandemia dictaminó que entre el 6 y el 8 de mayo llegaríamos al pico de los contagios y a partir de entonces comenzaríamos un camino descendente.

El 8 de mayo hubo 1,906 nuevos contagios a nivel nacional y 196 fallecidos.

Obviamente, las predicciones de López-Gatell nada tuvieron que ver con la realidad.

Sin embargo, en contra de lo que podría pensarse, siguió al frente de la estrategia contra la pandemia.

El subsecretario aprovechó 2 características del presidente López Obrador para fortalecerse.

La 1a. es que documentó y sustentó sus creencias.

Era el 28 de febrero y en la conferencia mañanera alguien preguntó al presidente López Obrador si él cambiaría algo debido a la pandemia. Su respuesta fue la siguiente: "No puedo porque, miren, la vez pasada -ahora coincidió- cuando el virus que afectó, fue en el 2009, se exageró en aquel tiempo y se prohibió incluso que se llevaran a cabo reuniones, me acuerdo. A mí me tocaba ir a giras, porque le teníamos que pedalear; si no, no se podía, era de trabajar todos los días, todos los días, informando, orientando, como predicadores, como demócratas, todas las plazas públicas. Y me tocó, entonces, ir a Tamulté de las Sabanas, a la zona chontal de Tabasco. Me criticaron porque hubo un acto en la plaza".

Ni suspensión de eventos ni uso de cubrebocas.

El presidente se escudó en las opiniones de López-Gatell para seguir.

El 2o. mérito de López-Gatell es que siguió el ejemplo. Culpó siempre a terceros y no admitió ni el menor error de una estrategia que tiene el peor saldo de fallecidos en la historia moderna del país.

El modelo del Instituto de Evaluación y Métricas de la Salud de la Universidad de Washington señala en su proyección base que al finalizar marzo habrá en México 161,000 fallecidos por Covid, de acuerdo con las mediciones oficiales.

Eso significa que todavía van a morir 47,370 personas más en los siguientes 3 meses y medio. Le creo más a este análisis que a lo que pueda decir López-Gatell.

Hace pocos días, la canciller Angela Merkel señalaba que las cifras que marcaban 590 fallecidos diarios eran inaceptables.

Un país civilizado no puede aceptar como si nada ese número de muertes evitables. Pero, pareciera que en México no lo somos.

En realidad, los fallecidos en México serán más, lamentablemente.

De acuerdo con el último informe oficial sobre muertes excedentes, hacia el final de octubre iban cerca de 202,000. El factor por el que debería multiplicarse el número oficial de muertos por Covid es de 2.3 veces.

No necesariamente todos fallecieron por Covid, pero la cifra refleja el efecto de la crisis sanitaria, y finalmente, el resultado de las políticas públicas que se han aplicado.

Si ese factor se mantuviera, para finales de marzo en realidad habría cerca de 370,000 muertos en México asociados directa o indirectamente a la pandemia.

Estamos a 15 días de terminar 2020 y muchos quisieran que con él terminaran las penalidades que nos han acompañado a lo largo de gran parte del año.

Me duele decirlo, pero no será así. Tendremos un 2021 muy duro.

Los hospitales en la Ciudad de México que atienden COVID-19 están casi al límite. La saturación hospitalaria por la pandemia se mantiene en niveles muy elevados en la capital, el foco rojo de la pandemia en el país, que suma más de 114,000 muertos y 1.3 millones de casos.

Lo saben los familiares de los pacientes que tienen que buscar por horas una cama disponible para sus enfermos, mientras ven con angustia cómo el virus empieza a hacer estragos en sus allegados.

Virginia Mariela pasó 6 horas buscando un hospital para su hermana: "Horrible, recorrimos como 7 hospitales", afirma este martes.

Comenta que durante esa búsqueda, su hermana no podía respirar y, tras insistir, por 2a. ocasión, fue recibida en el Hospital General del Parque de los Venados.

Según datos de las autoridades sanitarias de la capital, la ocupación hospitalaria de camas de terapia intensiva es del 75% y están buscando ampliar otras 500 camas esta semana.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud federal sitúa en el 83% la ocupación para camas en general y en el 71% la de camas con ventilador (para pacientes críticos), por lo que siguen negando que las instituciones de salud capitalinas tengan una ocupación del 100%.

"Si bien es cierto que hay unidades médicas que pueden estar llegando a un punto de saturación, las instituciones no están al 100%. Todavía tienen disponibilidad de camas con ventilador", enfatizó el lunes en la noche José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

No obstante, hay grandes dificultades para encontrar camas.

Diana Laura Gómez afirma que hace 3 días que su abuela está hospitalizada. Aunque fue diagnosticada en el Instituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", tuvo que ser trasladada a otro centro médico porque no había camas disponibles.

"Esperamos 2 días para que la trasladaran aquí. Pasó muy rápido, pero sí es difícil encontrar un hospital", afirma.

Este lunes se alcanzó el pico máximo de hospitalizaciones, con 4,598 pacientes, mientras que el límite anterior había sido en mayo con 4,553.

Tan solo en la última semana, unas 3,517 personas han ingresado en los hospitales por COVID-19 y 1,032 están en camas con ventilador, según datos de la Secretaría de Salud capitalina.

Es por ello que la tensión en las inmediaciones del área COVID-19 en los hospitales es evidente.

En las últimas semanas, en la Ciudad de México se han disparado las hospitalizaciones porque "la afluencia no para", reconoce una enfermera del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI que pidió el anonimato.

Y aunque este hospital se reporta con disponibilidad, la verdad es que ya no recibe más pacientes.

"El 3er. piso está vacío. Tenemos 24 camas disponibles en el 3er. piso, pero no hay insumos. No tenemos puntas, respiradores, por eso ya no recibimos a más", manifiesta.

Con lágrimas, esta enfermera asegura que el centro médico solo les ha proporcionado una bata y una careta como equipo de protección.

Reconoce que el personal de salud de este y otros hospitales está cansado, devastado, "y lo peor es que no nos protegen".

El alza en el número de casos positivos llevó a la capital mexicana a instalar quioscos de detección de COVID-19 en diversos puntos de la ciudad, donde la ciudadanía puede ir a realizarse pruebas rápidas gratuitamente.

Sin embargo, los quioscos también están saturados. Víctor Manuel Ornelas y Susana Ortiz son esposos. Llegaron a las 3:30 h del martes a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc para hacerse una prueba junto a su hija.

"Salimos negativos, pero mi hija que andaba con síntomas salió positiva", aseguran los octogenarios, quienes no pueden ocultar su preocupación, incluso con el cubrebocas.

Diariamente, cientos de personas hacen filas desde la madrugada para alcanzar una prueba. Por eso, quienes llegan a las 7 u 8 de la mañana ya no alcanzan una de las 160 fichas que reparten para el test.

Bryan Álvarez tuvo suerte. Llegó antes de las 6 y gracias a que alguien dejó su lugar logró alcanzar la última ficha de esta mañana.

Dice que no tiene síntomas, pero su madre y su padrastro desde hace una semana dieron positivo al coronavirus. Él cree que es asintomático y ha venido a realizarse la prueba.

"Puedo ser un peligro", afirma. Él es quien sale a hacer las compras, por lo que puede "contagiar gente sin saberlo" y sentirse "culpable por ello".

Si bien la aprobación de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer ha venido a ser un halo de esperanza para el mundo, el doctor Xavier Tello, médico cirujano y consultor en comunicación en salud, señala que pensar que esta será la solución definitiva es un error.

"La inmunidad no se va a lograr en años. No sabemos cuándo será seguro salir a la calle y cuándo vamos a tener vacunada al 75% de la población" tal y como estima el gobierno federal, afirma.

Este martes, las autoridades federales confirmaron que las primeras vacunas de Pfizer podrían aplicarse a finales de diciembre, luego de que este 18 se realice un "simulacro" de vacunación.

Padres de de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo el argumento de omisión e inactividad ante el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.

Andrea Rocha, abogada de los familiares, dijo que la denuncia contra Piedra Ibarra se debe a que no ha dado ningún pronunciamiento sobre la falta de medicinas para los niños.

"La señora no ha hecho su trabajo o emitido ningún lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer", afirmó.

Agregó que en este año se han presentado 552 quejas ante la CNDH por la falta de medicamentos.

"Las quejas nunca han tenido un pronunciamiento contra las autoridades que han emitido los actos o que no han cumplido con el abasto de los medicamentos", dijo Rocha.

Israel Rivas, vocero de los padres, manifestó que Piedra Ibarra más allá de brindar apoyo para que los pequeños tengan sus medicamentos garantizados, destituyó al 1er. visitador quien, en su momento, prometió iniciar una queja de oficio ante la Secretaría de Salud para resolver esta problemática.

Afrimó que en el tema es evidente que no hay voluntad política "hay abandono".

Rivas Bastida aseguró que en los últimos 2 años, donde se ha vivido una fuerte escasez de medicamentos oncológicos, unos 1,600 niños con cáncer en el país han perdido la vida.

"A 2 años del desabasto, a esto yo lo llamo intencional", indicó.

Esta es la 5a. denuncia que presentan los padres de familia de pequeños con cáncer, una por homicidio, otra por el robo de medicamentos oncológicos, una más por el supuesto desvío de los 500 millones de pesos (unos 25 millones de dólares) obtenidos por la rifa simbólica del avión presidencial y una 4a. por la pérdida de la vista de un pequeño debido al desabastecimiento.

La abogada Rocha, apuntó que además la siguiente semana iniciarán un proceso formal ante el Senado para pedir la destitución de Piedra Ibarra.

"Vamos a presentar un requerimiento a los senadores para que derivado de que es el órgano encargado de elegir a la titular de la comisión, se pueda proceder a su destitución", indicó.

Israel Rivas señaló que en próximos días pedirán al gobierno mexicano que los niños con cáncer sean grupo de prioridad para ser vacunados contra la covid-19, pues considera están en riesgo de infección y muerte.

"Parece ser que al Estado le interesa que se muera quien se tenga que morir", zanjó.

Señaló que en el plan de vacunación no están contemplados los pequeños con tratamientos oncológicos por lo que aseveró que, de no dar prioridad a sus hijos, tomarán acciones al respecto.

Dijo que mediante acciones de resistencia civil, pacíficas y legales exigirán que la vacuna llegue de forma urgente a todos los hospitales del país donde se atienden niños con cáncer.

"No vamos a descansar", agregó.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Parece obsesión, premisa única, compromiso oculto. Cada vez que se presenta la oportunidad para introducir, disfrazadas brigadas médicas provenientes de Cuba a México, el gobierno federal, el capitalino, el de Morelos se prestan rápidamente para justificar una presencia no sólo innecesaria, sino indeseable.

Aunque en su anuncio de esta semana Claudia Sheinbaum señaló que "no son las únicas instituciones con quienes se tienen acuerdos e intercambios", citando a un instituto médico en Alemania y comprometiendo el Instituto Nacional de Nutrición -porque ellos no toman la decisión, la decisión es política y se toma arriba-, la verdad es que son los únicos pseudomédicos que vienen a "prestar ayuda en la pandemia".

Ya sucedió entre abril y mayo de este año, cuando más de 500 supuestos especialistas médicos y personal de enfermería de la isla, prestaron sus servicios en instituciones públicas de salud. El IMSS entonces, se hizo a un lado y dijeron que con ellos no. Luego fue el ISSSTE y así sucesivamente.

Ahora, bajo el pretexto de la crisis sanitaria que vive este país y de forma señalada esta ciudad, se encuentra la hipotética justificación para importar a una nueva delegación de 500 médicos cubanos. Pero le voy a decir lo peor: México les pagó 135 millones de pesos para su "humanitaria" misión de salvar vidas mexicanas.

Sólo imagine usted ese dinero invertido en cuidar, proteger y salvar vidas de los médicos y las enfermeras mexicanos que, de forma indigna, ocupamos el primer lugar de decesos a nivel mundial. ¿Y si mejor cuidamos a los nuestros, que sí se enfrentan al virus en la trinchera hospitalaria en vez de importar pseudodoctores que vienen a realizar otras funciones?

¿Y si mejor invertimos esos recursos en equipo, máscaras, trajes, jornadas de descanso con personal de respaldo -¡que tenemos en México!- en vez de ir a buscar a brigadas médicas dizque humanitarias de escasa experiencia epidémica?

Los colegios médicos de México, las asociaciones de especialistas, las fundaciones relacionadas a salud y a enfermos, estallan de furia al escuchar el lamentable y penoso anuncio de la jefa de Gobierno. ¿De verdad?, ¿es en serio? Se nos mueren los nuestros por falta de protección, de medidas preventivas, de turnos de reposo, y mandamos traer de otro país.

Usted se preguntará por qué la insistencia en el tema, y se debe al registro histórico de la función y el papel que estas supuestas misiones sanitarias desde Cuba, han jugado en las últimas 2 décadas en países como Venezuela, Brasil, Nicaragua y Bolivia.

Son células de propaganda política, entrenados para sembrar pequeñas unidades ideológicas que difundan el mensaje de la revolución. Su trabajo consiste en seleccionar, cooptar, capacitar y entrenar a futuros líderes de barrio, de colonia, de unidades hospitalarias que funjan como agentes ideológicos. Lo de la salud es una pantalla, como se demostró en Venezuela y en Brasil. País por cierto del que, con el triunfo de Bolsonaro, estas brigadas fueron invitadas gentilmente a abandonar su territorio. Lo consignamos aquí hace más de un año.

Sheinbaum, Lázaro Cárdenas Batell -y sus estrechos nexos con la cúpula política de la isla- y el INSABI con todas sus incapacidades, improvisaciones y desconocimiento absoluto sobre el diseño de política pública en materia de salud, son los responsables de esta nueva ofensiva para insertar médicos de Cuba en México.

Lo dijimos antes y lo repetimos: NO QUEREMOS MÉDICOS CUBANOS EN MÉXICO, porque no son médicos, no vienen a hacer ningún trabajo relacionado a la salud pública, nos cuestan un dinero que haría la diferencia a los hospitales Covid en equipo, en personal adicional, en pago de horas extra, en reforzamiento de sus protocolos. No los queremos porque de los 500, calcule usted que más de 300, tienen la consigna de hacer trabajo político-ideológico. Importamos agentes, consumen nuestro presupuesto y los vendemos ante la ciudadanía como la gran cruzada médica cubana a favor de los mexicanos. ¡Falso!

La señora Sheinbaum había difundido mensajes y posturas más claras y enérgicas en torno a la pandemia. Sus mensajes en redes, sus recomendaciones de permanecer en casa, incluso a contracorriente con el presidente y el patético López-Gatell, se habían atrevido a recomendar en redes el uso de cubrebocas.

Sorprende ahora, que después de la única sensatez mostrada por autoridades de este gobierno en torno a la pandemia, se anuncie en voz de la misma señora Sheinbaum la llegada de una nueva delegación de cubanos.

Claro y en síntesis: es un insulto al personal médico mexicano. Es un agravio y una humillante ofensa, pasar por encima de médicos y enfermeras de este país, de sus muy deterioradas condiciones de trabajo, prestaciones, salarios disminuidos y castigados, horas extra eliminadas, personal adicional y de apoyo cercenado, importar a un grupo de hipotéticos médicos y enfermeras, bajo el engañoso paraguas de la pandemia.

¡Qué vergüenza! Le debemos la vida a este personal que ha entregado las suyas -en no pocas cantidades- para gastarnos 135 millones en activistas cubanos. Penoso, lamentable.

En las puertas del Hospital General de México, entre lágrimas, un hijo se acercó a su padre, que se encontraba dentro de una cápsula para pacientes con COVID-19 pidiéndole disculpas: "hicimos todo lo que pudimos, pá, te lo juro". El señor falleció.

La historia de esta familia quedó evidenciada en un video que circula en redes sociales y que fue compartido por el periodista Ciro Gómez Leyva.

La familia decidió trasladar en ambulancia al señor de 62 años al hospital luego de que las autoridades les informaran mediante Locatel que, en ese hospital, tenían camas disponibles para los pacientes con COVID-19, sin embargo, al llegar al lugar se les negó la atención.

En la grabación se escucha a los médicos decirle a la familia "No tenemos la capacidad ahorita para atenderlo, no lo podemos atender señor", otra doctora levanta la voz y repite en 2 ocasiones "no tenemos camas".

La discusión sigue, con petición de los familiares de que lo atiendan, mientras su padre continúa en el pasillo del hospital sin recibir ningún tipo de atención: "no tenemos camas, no contamos con el servicio para poderlos atender" y agregan "si trae ventilador, sin problema (lo atendemos). Estamos saturados".

En la última escena del video se escucha una voz decir "ya no hay nada que hacer. Ya falleció".

Uno de los hijos se acerca a su padre a decirle "tú descansa, papi, no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien".

En el último informe sobre la situación de COVID-19 en la Ciudad de México se reportaron un total de 4,218 casos nuevos y 176 defunciones.

Una matazón innecesaria por ahorrar dinero y alimentada por la fantasía del poder presidencial. Muerte y miseria infligidas por un gobierno que se supone está para servir a todos, sobre todo los más desprotegidos. El saldo del austericidio se sigue acumulando y las cuentas principales se cifran en cientos de miles de fallecidos y millones que han caído en la pobreza.

Es el círculo vicioso que se cierra por no querer gastar. No se puede pasar a color rojo en el semáforo epidemiológico porque implicaría devastar más a la economía. El gobierno no quiere una nueva reedición de la contracción de abril y mayo, en que se perdieron 900,000 trabajos formales. Claro, tampoco está dispuesto a salvar empleos porque implicaría mucho dinero.

Como dinero cuesta frenar los contagios. Para ello hubiera sido necesario hacer pruebas, muchísimas, para detectar a aquellos portadores del virus, con o sin síntomas. El paso siguiente era construir una red de seguimiento de infectados, con más pruebas a los círculos de contacto. Tampoco se hizo.

Durante meses el presidente mantuvo su fantasía de que todo podía controlarse con su voluntad. En una histórica ocasión mostró sus amuletos que, dijo, lo protegían del virus, mientras que otro día comentó que mentira y corrupción eran factores de infección. En otro momento recomendó salir a fondas a comer, y poco después anunció que había domado la pandemia. Quizá el momento estelar fue cuando proclamó que ésta le había venido al gobierno como anillo al dedo.

Y siempre, en todo momento, López Obrador se mostró despectivo con el cubrebocas como medida de protección. Porque el Señor Presidente de la República no es débil sino, como dijo el Subsecretario de Salud, una fuerza moral. Una medida básica y barata de seguridad abiertamente despreciada.

El remate fue la fantasía del sistema de salud danés o canadiense. Mientras que el virus iniciaba su explosión en China, en México iniciaba sus operaciones el Instituto de Salud para el Bienestar. Su nacimiento implicó la destrucción del Seguro Popular. Ante el evidente fracaso, AMLO pidió unos meses para que llegara ese sistema de salud tipo Dinamarca, plazo que por supuesto venció sin mejora alguna.

Al INSABI se agregó la desarticulación de toda la red de distribución de medicinas. El pretexto presidencial fue que había corrupción. Y, también como es habitual, el tabasqueño estableció campechano que no sería problema hacer una red pública con ese propósito, dado que era como repartir Coca Cola o Sabritas. Lo cierto es que el gobierno se ahorró muchos recursos no solo no distribuyendo las medicinas, sino dejándolas de comprar. Han muerto al menos cientos de niños con cáncer debido a la falta de quimioterapias, pero se ha ahorrado dinero.

La nueva oleada mundial de la pandemia simplemente dio renovado impulso al virus en México. No es que el gobierno no esté haciendo un esfuerzo por encontrar recursos. Por ejemplo, se hizo la rifa del avión no-avión, con algunos cachitos ganadores entregándose a clínicas (o eso se supone). Se recortaron aguinaldos y con ese dinero se van a comprar unas ambulancias.

Mientras tanto, hay una opción para todos aquellos que contraigan el virus en las próximas semanas en que estará colapsado el sistema sanitario. De preferencia, que se eviten el peregrinaje inútil de buscar una cama de hospital. Mejor que se queden en casa, y se mueran ahí. El gobierno sí está dispuesto a gastar algo de dinero apoyando con los gastos funerarios.

Hoy la cifra de contagios asciende a 1’289,468, la situación es verdaderamente alarmante por la forma exponencial como ha evolucionado la pandemia en México.

Esos son los datos oficiales documentados por la Secretaría de Salud del gobierno federal, mismos que sin duda están altamente subestimados, ya que no incluyen los casos detectados por laboratorios estatales; además la escasa aplicación de pruebas diagnósticas impide identificar al alto volumen de contagios asintomáticos. No obstante, muestran un comportamiento que marca una clara tendencia, que nos dice que el problema se agrava cronológicamente.

Y para confirmar que la situación es realmente preocupante, basta con ver el número de nuevos contagios ocurridos en la última semana; entre el 10 y el 17 de diciembre se registró la cifra de 72,342. Es decir, en una sola semana se produjeron igual número de casos que los que se tenían registrados desde febrero hasta finales de mayo.

Los datos estadísticos son contundentes, la pandemia está muy lejos de ser controlada, por lo que la gente debe adquirir conciencia y tomar las medidas indispensables para cuidarse a si misma y cuidar a los demás. Desafortunadamente los mensajes confusos y muchas veces contradictorios del presidente de México y su responsable del manejo de la pandemia provocan que una buena parte de la población siga su ejemplo y ande circulando sin usar cubrebocas y sin los cuidados más elementales.

El "pueblo sabio" no lo fue tanto. A pesar de los tardíos llamados hechos por el presidente López Obrador y por otras autoridades, en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) se lanzó a las calles para realizar sus compras de fin de año, sin importar la pandemia y el resultado fue un crecimiento exponencial de la enfermedad, que desbordó a los hospitales.

La ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, llegó al 80%, lo cual significa en términos prácticos que los hospitales que cuentan con infraestructura real para atender el covid-19 están completamente saturados.

Los ambiguos mensajes enviados a la gente por el presidente López Obrador y la falta de decisión del gobierno de la Ciudad de México para tomar medidas restrictivas con mayor antelación dieron lugar a esta situación de crisis en la que hoy estamos.

Sin embargo, no se preocupe, la autoridad sigue diciendo que ha sido un éxito la gestión de la pandemia. Seguramente, ellos tienen otros datos.

Desde hace 3 semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo en su escritorio los datos que marcaban que los contagios y muertes por coronavirus en la capital del país habían crecido dramáticamente. Había que decretar el semáforo rojo para salvar vidas y evitar la propagación de la pandemia. El presidente tomó una decisión: la Ciudad de México no se va a semáforo rojo de emergencia, la Ciudad de México no se cierra.

Según una fuente del gobierno federal y otra del gobierno de la capital del país, la orden del presidente López Obrador de mantener abierta la ciudad fue porque consideraba que serían brutales los efectos económicos, más dañinos que el costo en vidas humanas y en daños a la salud. Consideraba que había margen en los hospitales para no quedar rebasados. Además, el simbolismo político de esta medida: el presidente venía insistiendo en su "ya vamos de salida", "vamos bien", "ya se ve la luz al final del túnel" y otras frases que quedarían rotundamente desmentidas si en el corazón nacional se decretaba de nuevo el semáforo rojo.

Lo que siguió fue atroz: los contagios y las muertes siguieron disparándose en la zona metropolitana del Valle de México.

Para convencer al presidente López Obrador de que había que decretar el semáforo rojo, hizo falta armar una especie de "trabuco político": se pusieron de acuerdo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo; y el subsecretario y zar contra la pandemia, Hugo López-Gatell. A regañadientes, el presidente dio su brazo a torcer. Y así, el viernes pasado, los 2 gobernantes y el subsecretario hicieron el anuncio.

Ayer, el New York Times documentó que desde el 4 de diciembre, el gobierno mexicano manipuló las cifras de hospitalizaciones y positividad en pruebas COVID-19 para engañar a los ciudadanos y crear la falsa sensación de que la situación estaba menos grave de la realidad. Encima, recordó que el porcentaje de camas disponibles en los hospitales no refleja el estado real de la pandemia, pues la política de este gobierno ha sido para que la gente no sea aceptada en los hospitales, salvo que esté ya muy grave. La gente se está muriendo en sus casas, reportó el diario.

Por 2o. mes consecutivo, en el "Ranking de Resiliencia al COVID-19" de Bloomberg, México vuelve a aparecer en último lugar de 50 como el peor país para enfrentar el coronavirus.

Fue una ceremonia típica de país subdesarrollado y autoritario. Sobre la pista del aeropuerto, 3 secretarios de estado y 2 subsecretarios, entre ellos el poderosísimo López-Gatell, recibieron con discursos no 125,000 ni 1.4 millones de vacunas, sino 3,000. Luego el Ejército, como en las dictaduras, custodió la vacuna a su destino, en una instalación militar.

Fue perfecto para un gobierno que vive del cuento: el show de la recepción de 3,000 vacunas Pfizer. Un espléndido montaje con aires de seriedad y hasta suspenso (con anuncio repentino del avión en camino). Un espectáculo que llevaría a cualquier incauto a pensar que Andrés Manuel López Obrador™ realmente quiere proteger la salud de los mexicanos, a creer que el aterrizaje del avión era la cereza del pastel, un paso más en la triunfante estrategia contra el Covid.

Nadie pensaría que se trata de un gobierno fantoche, de un presidente que no se cansa de fantasear en esas mañaneras e informes que no se cansa de dar. Porque si algo ha buscado AMLO en todo momento es dejar de gastar dinero en medicinas y tratamientos, en pruebas y doctores. Con toda la arrogancia del ignorante que cree que gobernar no es ciencia, destruyó alegando que construiría algo mucho mejor. Ahora presume las ruinas.

Lástima que la prioridad que hoy recibe la vacuna Pfizer no la haya recibido la vacuna para prevenir la tuberculosis, o aquella para evitar el sarampión, o los medicamentos necesarios para las quimioterapias de niños con cáncer. Una importancia de la que careció la prueba del tamiz neonatal o para detectar el cáncer de mama.

La pandemia ha servido para ocultar el desastre sanitario que sería México incluso sin el matadero del coronavirus. Realmente, en ese sentido, le vino como anillo al dedo a un López Obrador que solo sabe aplicar la estrategia de tierra quemada. Una destrucción siempre sustentada con el sobado pretexto de arrancar un árbol podrido por las corruptelas de los gobiernos anteriores. Explicación que hoy engaña a muy pocos al provenir del hermano de Pío, cuñado de Concepción y primo de Felipa.

Pero AMLO se sigue presumiendo como honrado, y de la misma forma puede fantasear que su Instituto de Salud para el Bienestar ofrece una cobertura y calidad como el sistema de salud danés. Es honrado porque así lo dice, el INSABI funciona a la perfección por la misma razón.

Las vacunas serán en los próximos meses una prueba peculiar para AMLO y una administración plagada de funcionarios igualmente fantoches. Pueden evitar el error de los cubrebocas o los respiradores, el modelo centinela o el semáforo epidemiológico. Esto es, pueden gastar dinero como se debe en estos casos: a raudales para que no falten vacunas ni los medios para que lleguen a todos, en lugar de estar buscando ahorrar para tirar más dinero en Pemex. Puede hacerse una planeación seria de la demandante logística que hace falta, o improvisar como siempre. El gobierno tiene, pues, la rara oportunidad de brillar.

Es probable, sin embargo, que las vacunas sean solo un espectáculo, un elemento más de la Aldea Potemkin que es el gobierno obradorista, otro episodio de ineptitud y cinismo. El calendario presentado para la vacunación masiva es poco ambicioso. La distribución de una vacuna que requiere de condiciones extremas de frío será complicada para el gobierno que destruyó las redes privadas (por corruptas, claro) bajo la convicción que hacerlo era tan sencillo como repartir Coca Cola y Sabritas (palabras del presidente).

Hacer un circo de las vacunas sería, en cambio, lo congruente para la persona que presumió haber domado la pandemia hace meses, un elemento más de un lamentable espectáculo que sería cómico si no fuese tan trágico. Es lo que México ha tenido por más de 2 años y probablemente seguirá con su estela de enfermedad, sufrimiento y muerte.

Esta semana se cayeron 2 mitos en CDMX sobre el manejo de la pandemia, la investigación de Natalie Kitroeff del New York Times desnudó la complicidad entre Hugo López Gatell y Claudia Sheinbaum al mentir a la opinión pública durante la telenovela de mentiras del semáforo naranja en diciembre.

Los datos publicados por Natalie demostraron que ambos gobernantes mintieron en la justificación del viernes 4 de diciembre, fecha en la que debieron haber anunciado el semáforo rojo con base en los indicadores de la Secretaría de Salud. Bien reza el refrán: "Tanto peca el que mata la vaca cómo quien le detiene la pata", que refleja la complicidad criminal de López Gatell y Sheinbaum.

Con la visión lopezobradorista de mantener CDMX abierta en pleno zenith de contagios de la pandemia, más con la visión de ser una ventanilla recaudatoria del SAT, que un gobierno local comprometido y obligado a preservar la vida de sus gobernados, López Gatell mantuvo artificialmente uno de los tantos tonos naranjas de Sheinbaum manipulando y mintiendo 2 datos en el oficio al Gobierno de CDMX.

El 1o. fue el 1% de camas con ventiladores artificiales ocupadas, mintiendo en el oficio al señalar que eran 45%, cuando en realidad fueron 58% (59.51% ese día); y el 2o., la positividad de las pruebas COVID-19 aplicadas al reportar 25%, cuando en realidad fueron 35% (45% ese día). Con estas 2 mentiras de datos manipulados, el puntaje en los indicadores establecidos por la Secretaría de Salud llegó a 31 puntos cuando el semáforo rojo se inicia con 33, aun así a Sheinbaum le tomó hasta el 18 para anunciar el semáforo rojo, 14 días criminales de mentiras y silencio cómplice.

El caso de Sheinbaum es igual o peor de censurable, pues los propios datos de la Agencia Digital le daban a ella los elementos para saber las mentiras consignadas por López Gatell y aun así optó por guardar silencio cómplice y privilegio su lealtad a AMLO a su compromiso con salvar vidas de sus gobernados, según los propios datos locales el porcentaje de camas ocupadas fue de 62% y la positividad de 45.9% el día 4, es decir, los propios datos de Sheinbaum refutaban los del oficio mendaz de López Gatell, y permaneció callada como cómplice del engaño.

Con su silencio cómplice Sheinbaum no sólo dejó crecer de manera irresponsable y criminal la curva de contagios y la espiral de defunciones, ya que del 30 de noviembre al 6 de diciembre se registraron 662 muertes por COVID-19; y del 14 al 20 de diciembre 1,057. Además, con su complicidad naranja con López Gatell se esfumó esa ilusión óptica de su supuesta diferenciación de éste en el manejo de la pandemia, los 2 son unos asesinos consumados por avalar información manipulada y administrar fiscalmente la pandemia. Con ello se derrumbó el primer mito.

El 2o. mito derrumbado es el del manejo tardío, pero eficaz de pruebas, tras el error y la soberbia del 17 de marzo en la que Sheinbaum creyó ilusamente que con el SMS al 51515 bastaba para prevenir, monitorear, y aislar posibles contagios, la cruda realidad la obligó a cambiar el eje de la estrategia a Locatel y la Agencia Digital con un promedio de pruebas diarias aplicadas de 994 y 3,492 tamizajes SMS diarios en abril, a 1,938 pruebas y 2,506 tamizajes en mayo, a 2,520 pruebas y 1,694 tamizajes en junio, a 3.052 pruebas y 1,738 tamizajes en julio, en agosto 3,112 pruebas diarias y apenas 989 tamizajes y en septiembre 3,668 pruebas diarias y 849 tamizajes.

Es evidente el cambio de estrategia obligado por el comportamiento de la pandemia, pero hasta el 4 de diciembre la principal crítica de opacidad a Sheinbaum fue con el exceso de mortalidad y la manipulación de información de actas de defunciones COVID-19 en el Registro Civil, pero ahora la manipulación de las cifras de positividad al ser éstas uno de los indicadores para definir el color de los semáforos epidemiológicos, pone en entredicho todo el esfuerzo realizado en esa materia por la Secretaría de Salud y los datos en ese rubro aportados por la Agencia Digital.

El epidemiólogo de Johns Hopkins resultó ser un merolico intrascendente al que ya nadie le concede credibilidad ni seriedad en el manejo de la pandemia, y la científica que se jactaba de comportarse con otra ética y moral pública, terminó siendo una palera silenciosa del merolico, una muda estatua de sal espectadora del cementerio COVID-19 en el que se ha convertido la capital del país.

A pesar de las señales al principio de la pandemia, de los síntomas de gravedad que otros países experimentaban en Asia y Europa, de este lado del mundo se ignoraban los riesgos.

No vayamos lejos, en Estados Unidos después de semanas y meses de tener el problema encima, la administración Trump ignoró la gravedad. Y lo mismo sucedió en México donde se desestimó el peligro y las consecuencias que hoy tenemos.

En la Unión Americana el pasado fin de semana funcionarios del Centro de Control de Enfermedades hablaron de la frustración que sintieron en el verano pasado por la desatención de la administración.

Mientras que en México, la pauta fue similar. El no pasa nada y no hay necesidad de distancia y cubrebocas, fue el pan de todos los días, muy a pesar de los mensajes directos al país por parte de la Organización Mundial de la Salud que advertían a México del peligro para que tomaran medidas y la necesidad urgente que se realizarán pruebas sobre el virus entre la población.

Este fin de semana uno de los diarios más serios de Estados Unidos, el New York Times, hace referencia a la irresponsabilidad del gobierno de México al tergiversar los datos sobre la enfermedad. En el articulo avalado por especialistas, dice que el gobierno ya ha contado en 2 ocasiones con elementos suficientes para activar un cierre de actividades, pero se han ignorado, provocando que el contagio aumente.

La respuesta del subsecretario de salud en México, Hugo López-Gatell, fue que la información es imprecisa y hay varios hoyos en la información. Lo único para lo que hay hoyos es para los casi 120,000 muertos por el virus y casi millón y medio de contagiados que pudieran tener el mismo destino.

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista aseguraron que el pueblo de México recibirá la vacuna contra el nuevo coronavirus a cuentagotas, y su distribución tardaría meses o incluso años.

A través de mensajes en su cuenta de Twitter, los mandatarios federalistas exigieron transparencia total para saber cuál es la planeación y criterios para elegir a las entidades en las que se aplicará la vacuna y las dosis correspondientes.

"El pueblo mexicano recibirá la vacuna a cuentagotas durante los próximos meses o incluso años; por ello se necesita transparencia total. ¿Cuál es la planeación y los criterios para elegir a los estados y las dosis que les corresponden?", definieron.

Además, aseguraron que la desinformación y la nula coordinación que persiste en el manejo de la vacuna generan desconfianza e incertidumbre en la población de todo el país.

Asimismo, acusaron que pareciera que la sociedad mexicana no es prioridad y que se compraron saldos del mercado mundial; por ello, desde su organización exigieron información clara y certidumbre.

"La desinformación y la nula coordinación que persisten en el manejo de la vacuna generan desconfianza e incertidumbre en todo #México. Pareciera que no somos prioridad y que compramos los saldos del mercado mundial. Desde la #AF exigimos información clara y certidumbre", definió.

En octubre, la mamá de Estefanía Alcalá se hizo una prueba PCR gracias al sistema de salud pública, la cual resultó positiva a COVID-19. Sin embargo, 15 días después agravó y su médico le pidió hacerse una nueva.

No tuvo suerte en Radar Jalisco para que se la hicieran otra vez, así que la llevaron a un laboratorio y pagó 3,500 pesos. En menos de 12 horas le confirmaron que otra vez había contraído el virus. Y como convivieron con ella, Estefanía y su prima también la solicitaron en un despacho privado.

En Jalisco, 4 de cada 10 pruebas PCR para detectar COVID-19 se pagaron en laboratorios particulares. Según datos de Radar Jalisco, de las 344,253 que se han aplicado desde el inicio de la pandemia, 150,124 se hicieron en ellos.

"Con el subsecretario López-Gatell comandando la estrategia [de vacunación], todo tipo de sospecha sobre otro mal manejo es válida es este momento", dijo el diputado federal Roberto Mares Aguilar.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acusó que el gobierno de Morena, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pretende hacer propaganda con la vacuna contra el coronavirus.

"Es inaudito que mientras existe la oferta suficiente de la vacuna en el mercado internacional, en nuestro país el personal médico y la población más vulnerable siga desprotegida, todo por la falta de capacidad, seriedad y buena planeación del gobierno", afirmó en un comunicado.

Agregó que el gobierno inició la vacunación contra el COVID-19 con un sesgo político y de propaganda gubernamental, centralizando las decisiones del proceso y sin involucrar a los gobiernos estatales.

"Cómo en todos los demás temas, el proceso de vacunación inició con mucho ruido y muy pocas nueces, dejando claro con el show que hicieron al arribo y aplicación de las primeras 3,000 dosis de la vacuna, que les interesa más hacer publicidad gubernamental que realmente lograr inmunizar a quienes así lo deseen, porque a ese paso y con ese número de dosis les tomaría varios años llegar a todos los mexicanos", sostuvo.

"Advertimos que el gobierno morenista pretende usar el tema con fines electoreros para tratar de cubrir su desprestigio ante la sociedad por su pésimo manejo de la pandemia que ha enlutado a más de 120,000 hogares".

Añadió que el 1er. arribo a México sólo fue de 3,000 de las 250,000 vacunas anunciadas inicialmente en el "Plan Rector", fallando nuevamente el gobierno morenista en su planeación.

"O Pfizer no cumplió lo ofrecido o el gobierno miente otra vez acerca de las metas. Las primeras dosis que llegaron a México solo sirvieron para 1,500 de los 750,000 médicos y enfermeras. En un 2o. embarque llegaron 42,900 dosis con lo que alcanza para poco más de 20,000 personas, por lo que en los hechos el personal médico y los más vulnerables seguirán desprotegidos por el gobierno federal".

Por eso, indicó Cortés, Acción Nacional exige al gobierno morenista aplicar la vacuna de manera profesional, con criterios científicos, con el fin de que llegue a toda la población a través del Sistema Nacional de Vacunación, que incluya a los Sistemas Estatales de salud, sin condicionamientos ni limitación alguna. Además, de ser inaceptable que sea el secretario de Relaciones Exteriores quien asuma funciones de la Secretaría de Salud.

El dirigente nacional del PAN aseguró que el país cuenta con un sistema de vacunación perfectamente establecido, con el personal capacitado para ello y la colaboración de los gobiernos de los estados, que ha demostrado su eficiencia en todas las jornadas anteriores de vacunación, por lo que no se justifica la centralización del proceso contra el Coronavirus.

"Le pedimos al gobierno morenista que transparente cómo será la distribución de las vacunas entre la población más vulnerable de los estados. Todavía estamos a tiempo de evitar más dolor y más muertes. Nuestros gobiernos están preparados y tienen los recursos económicos para comprar y aplicar las vacunas en sus estados. Entre más colaboración haya, más pronto saldremos de la crisis sanitaria", insistió.

Cortés Mendoza recordó que no hay ningún impedimento legal para que los gobiernos de los estados puedan comprar y aplicar vacunas, ya que también son autoridad sanitaria, por lo que, es mezquino y criminal el bloqueo que se hace para la adquisición de las entidades federativas. Denunció que "el proceso de vacunación del gobierno morenista es lento, ineficiente, claramente político y se presta a la manipulación".

Por eso, concluyó, no es válido que el gobierno nos diga que se requiere "calibrar el operativo de aplicación" de la vacuna, pues no es con la llegada del gobierno morenista como se inicia una jornada de vacunación en México. "Lo que otra vez está haciendo López Obrador es engañar a las y los mexicanos".

Tras 2 semanas de experimentar sus primeros síntomas, éstos se fueron, pero eventualmente regresaron. En su caso, las dolencias volvieron meses después.

Carlos Medina es un paciente post COVID-19 que busca que el sector Salud atienda al grupo de ex enfermos en donde el virus prevaleció tras su recuperación.

El 19 de octubre, él presentó dolor de cabeza y cuerpo, falta de aire, fatiga, fiebre y diarrea durante 14 días. En ese lapso perdió alrededor de 10 kilos.

"Por 2 semanas se intensificaron los síntomas y poco a poco fueron disminuyendo. El 4 de noviembre, aproximadamente, empecé a sentirme mejor y fueron 2 semanas de recuperación", detalló.

Pero pese a mejorar, de nuevo presentó malestares. "A partir del 20 de noviembre, y hasta el día de hoy, han sido síntomas persistentes parecidos a la fase aguda, pero atenuados. Pareciera que no te has recuperado y que el bicho sigue adentro".

Al saber que su situación era experimentada por muchos que, como él, ya no recibían tratamiento, creó un grupo en Facebook llamado "COVID-19 Persistente México Apoyo Solidario". La respuesta de los médicos ante lo que ellos padecen es que "sólo se trata de secuelas de la enfermedad". Pedro Martínez, infectólogo y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó que esta situación se conoce como relapso, recrudescencia o persistencia, y que ésta ocurre generalmente dentro de los siguientes 90 días tras infectarse.

"En este tipo de casos la razón no está todavía esclarecida y no se sabe si aún hay riesgo de infección. Es lo que muchos grupos de investigación en el mundo están enfocados en definir".

Admitió que las autoridades sanitarias deben reconocer el síndrome Post-COVID y darle atención adecuada. Sin embargo, en el Hospital de Zoquipan aseguran que sí ocurre así.

Aunque es un término que recién se acuña a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome Post-COVID, la prevalencia o el COVID persistente, es una condición que se ha detectado en la mitad de los pacientes que han padecido cuadros graves del nuevo coronavirus y se han recuperado en el Hospital General de Occidente (HGO) "Zoquipan", informó Jaime Arias Amaral, jefe de Medicina Interna en el nosocomio, en el cual se atiende a este tipo de enfermos.

"No hay cifras. Se empieza a escribir esto. Los porcentajes que van a presentar estos síndromes prolongados, persistentes... hay quien dice que va de un 10 a un 45%, y hay quien dice que hasta un 60%; de manera que si sacamos una media, probablemente es la mitad de los pacientes que tuvieron COVID-19 grave o severo".

Reportó que hasta el pasado 8 de diciembre, alrededor de 6 de cada 10 pacientes presentaron síntomas prevalentes leves a moderados que van disminuyendo. "Eso no quiere decir que el virus siga vivo, que sean contagiosos, sino que simplemente son las secuelas por todo el desorden que provocó el virus".

A nivel nacional, personas que se recuperan del virus y después presentan el síndrome Post-COVID, exigen mayor atención del Sector Salud, pues consideran que son ignorados.

Arias Amaral reconoció que actualmente no cuentan con un protocolo como tal para la atención de los pacientes con este síndrome, pero aseguró que en el Hospital de Zoquipan se les da seguimiento y que, si ellos detectan secuelas importantes, envían a las personas para su atención en otras áreas, ya sea con neumólogos o incluso psicólogos y psiquiatras.

El doctor aseguró que la tendencia es que los síntomas disminuyan gradualmente.

El pasado 10 de diciembre, Gabriela Sánchez acudió a su clínica del Seguro Social a poco más de un mes de haber sido diagnosticada con COVID-19, dado que la enfermedad parecía no haberla abandonado del todo, pues aún sufría varios de los síntomas.

"Simplemente quería que me revisara, que revisara mi estado de salud. Ningún médico me había revisado físicamente, solo por asesoría telefónica y videollamadas, pero no para una afección pulmonar, pues lo que quería es que escucharan mi pulmón".

Antes de caer enferma, Gabriela tenía asma, por lo que era importante para ella que le explicara la doctora las condiciones en las que se encontraba.

"La doctora que me atendió se condujo de forma normal al recibirme, fue hasta que tocó el momento de la revisión que su actitud cambio a desinterés, fue mi percepción. Como paciente asmática he sido revisada varias veces de los pulmones y me atrevo a decir que la forma en que lo hizo no parecía convencional".

Para la revisión, ni siquiera le pidió que se quitara la chamarra, solo escuchó su respiración en 3 ocasiones, la hizo dar vueltas por el consultorio y le tomó los niveles de oxígeno para decirle al final, pese a que estaba exhausta, que estaba bien y lista para regresar al trabajo.

"Le cuestioné por qué no me preguntaba cómo me sentía. La cabeza me dolía, tenía sensación de falta de aire y presión en el pecho. Sí entendía que sus instrumentos no indicaban nada malo, pero esperaba un poco de empatía ante mi temor, mi angustia".

La doctora no negó que pudieran ser verdad los padecimientos que manifestaba, pero consideró que ya no había rastros de la enfermedad.

"De pronto la conversación se centró en que no me podía dar más incapacidad porque yo estaba bien. Le insistí en que yo no iba buscando una incapacidad. Yo quería saber si estaba sana porque no me sentía así. Insistió con actitud de hartazgo que yo estaba bien y, que si acaso, me podía tomar un paracetamol para las molestias".

La hoja que le entregó, aseveró Gabriela, incluía revisiones que no le hizo y confirmó que ya podía laborar.

Sin respuestas sobre su condición, decidió buscar en Facebook si había más personas que sintieran lo mismo, tras lo que encontró el grupo "COVID-19 Persistente México Apoyo Solidario".

"Me ha dado mucha paz, yo sentía que iba a enloquecer de tristeza porque no entendía lo que me pasaba y ahora veo que hay más gente así. No me alegra ver que la están pasando mal, pero al menos siento que no soy un caso aislado".

Pese a que las autoridades sanitarias, por lo general, dejan de prestar atención a los pacientes que superaron la infección de COVID-19, cada vez hay más personas que sienten que no se recuperaron, por ello buscan apoyo en redes sociales, como en “COVID-19 Persistente México Apoyo Solidario”, el cual sumó casi un millar de integrantes en 3 semanas.

Estas personas deben ser atendidas de manera adecuada por cada una de las dependencias de salud por medio de protocolos, manifestó Pedro Martínez, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

"Desde el principio, como infectólogo, la solicitud a todos en el Sector Salud es involucrarse en la pandemia. Los médicos, internistas, cardiólogos, evidentemente cada vez más debemos ver estos términos y hacer guías locales para que los pacientes no queden abandonados y les den seguimiento a sus síntomas que son muy molestos", agregó el académico.

Martínez insistió en que cada institución debe desarrollar protocolos, con base en las nuevas evidencias, para que se les dé el tratamiento necesario, el cual será distinto al de aquellos que presentan los síntomas de riesgo, como baja oxigenación y fiebre.

"En el transcurso de los meses nos ha tocado ver pacientes que no se recuperan del todo, pero gran parte de los pacientes con síntomas persistentes presentan síntomas que no ponen en riesgo su vida, son muy incómodos, pero no ponen en peligro su vida", apuntó. En el Hospital Civil Viejo, donde Martínez está adscrito, ya trabajan en la generación de protocolos para la atención del síndrome Post-COVID.

Pese a que en los últimos días aumentó la cifra de personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus en la entidad, la SSJ aseguró que tiene una política de "cero rechazo", por lo que no habrá inconveniente si una persona requiere atención médica.

Dependiendo de la sintomatología y si es un caso confirmado, el paciente será canalizado a un Hospital COVID, según la dependencia estatal.

"En caso de tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o que la oxigenación en sangre disminuya, debe acudirse a la Unidad de Urgencias del hospital más cercano y no esperar una prueba confirmatoria", indicó la SSJ.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal difundió que se puede llamar a la línea 911 desde cualquier punto del país para conocer la ubicación de los hospitales que atienden a pacientes con coronavirus, "para evitar la pérdida de tiempo valioso".

EL INFORMADOR corroboró que los operadores de la línea 911 en Jalisco tienen la información necesaria sobre los hospitales que pueden atender a pacientes con COVID-19, pero no sobre disponibilidad de camas con ventiladores, como sí ocurre en la Ciudad de México.

La SSJ afirmó que sus unidades tienen "capacidad de brindar atención a pacientes tanto en camas generales como en Unidades de Cuidados Intensivos", por lo que "no es necesario llamar para buscar (si hay) disponibilidad de camas".

En México el gobierno de López Obrador se ha negado desde el 1er. día a contratar empresas profesionales de distribución de medicamentos, argumentando actos de corrupción en el pasado, que no ha comprobado, y una concentración de mercado, que no existía. Hoy ha entregado a las fuerzas armadas la responsabilidad de distribuir las vacunas. Es un procedimiento que solo se emplea en los países autoritarios de planificación central.

El mejor sistema de desarrollo, producción y distribución de un bien, particularmente uno escaso, como es hoy la vacuna contra el Covid, es un mercado abierto y competitivo, como el que nos permitió contar con las fórmulas de las vacunas en un tiempo sin precedentes. El papel del gobierno debe ser, en todo caso, el de subsidiar la inoculación de quienes no tengan los recursos para pagarla.

Si el gobierno va a asumir un papel más activo, este debe ser como el de la Unión Americana, de coordinación y supervisión, dejando el manejo y distribución de las vacunas a empresas profesionales. La solución del gobierno mexicano, copiada de los fallidos sistemas de planificación central, puede tener costos muy importantes para la economía y la salud. Ojalá me equivoque.

Médicos, enfermeros, paramédicos, camilleros entre otros, han trabajado largas jornadas, muchas veces pagando su propio equipo de protección, ahora está a la expectativa de si recibirán o no la vacuna, sin embargo, directores de hospitales fueron de los primeros en vacunarse, aunque no realizan guardias en el área covid.

No se está priorizando al personal que labora en áreas covid, sino el influyentismo. ¿Y el control militar? ¿No que es una cuestión de seguridad nacional? ¿Para eso tanto circo? ¡Otra vez nos han engañado!