Hugo Luna y la inseguridad no han estado vinculados nunca en la administración de Enrique Alfaro.

Tan no es así, que según el mismo Gobierno de Jalisco su puesto fue hecho para "gestionar estratégicamente las prioridades de gobierno definidos por el gobernador ante el resto de las dependencias y organismos que componen el Poder Ejecutivo. Además de coordinar el apoyo técnico y monitorear los avances en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la administración".

Es, para traducir del burócrata al español, un prefecto que vigila que todo marche en orden.

Y entonces, ¿por qué un burócrata con estas responsabilidades necesita que el pueblo de Jalisco le pague guardaespaldas? ¿Cuál es la justificación detrás de la llamada "Ley Hugo Luna" que permitirá tanto a él como a los próximos jefes de gabinete que se les cuide al terminar su encargo con el dinero de las personas?

Según el gobernador Enrique Alfaro, dar seguridad a su amigo no es dedicatoria personal. Para el todavía jefe del Ejecutivo en Jalisco, "son las condiciones mínimas de seguridad que deben tener quienes hayan tenido una responsabilidad que genere algún tipo de riesgo". Y como Luna estuvo presente en las mesas de seguridad, merece que lo cuiden cuando pida sus taquitos en la esquina o cuando haga valer su reservación en el Faisán Dorado.

¿Discutible? Sin duda. La asignación de guardaespaldas pagados con recursos públicos a funcionarios como él supone un problema ético y operativo, porque, como dije, el jefe de gabinete no está directamente involucrado en funciones relacionadas con la seguridad pública, así que sin una razón fundamentada es innecesario asignarle escoltas.

Luego está el tema de la muy vendida, pero mal ejecutada, estrategia de comunicación en seguridad y ahorro del gasto público. ¿O no se nos ha vendido en los últimos 6 años que Jalisco es un edén en medio de un país en caos? Si hubiera un gramo de perspicacia en quienes avalaron la reforma a la Ley del Servicio de Protección para ampliar la lista de funcionarios chiqueados, habrían notado que la ciudadanía percibe estos hechos como abuso del poder público en beneficio de un funcionario que, además, es amigo personal del gobernador.

Aunque también está el tema de la refundación que no fue porque ya llegó a su ocaso y que el jefe de gabinete ahora es diputado federal y sus responsabilidades son otras. Hoy, Luna representa a un poder distinto que le otorga fuero (inmunidad procesal) y un privilegio adicional no es sino la cereza de un pastel que nunca terminó de cuajar.

La "Ley Hugo Luna" no es sólo un paro de compas, sino un antecedente pernicioso que puede animar a otros burócratas a solicitar el mismo privilegio. Y en medio de una crisis de inseguridad y violencia que esta semana cobró la vida de Jaime Navarro Hernández, director general de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía del Estado, Jalisco no puede darse el lujo de destinar más personal de seguridad pública a cuidar a los consentidos y dejar desprotegidos a los demás, a los que realmente lo necesitan para evitar una tragedia.

El poder existe para servir al pueblo. Esa es su razón de ser. Por eso, la nueva administración pública debe entender que la percepción pública, la eficiencia en el uso de fondos y la priorización de la seguridad ciudadana deben estar en el centro del debate.

Un reporte de Impunidad Cero -iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad-, en México, dice: "de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4% se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%".

Basado en la anterior realidad de impunidad que se vive en México, le da validez a la conclusión que sobre el tema presenta World Justice Project, donde señala que "Las sociedades democráticas que están basadas en el Estado de Derecho, cuentan con instituciones fuertes y que rinden cuentas, y tienen procesos de toma de decisiones transparentes e inclusivos y son más proclives a proteger efectivamente los derechos humanos y a las víctimas. LA IMPUNIDAD ES EL CAMPO DE CULTIVO PARA QUE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS OCURRAN, además de socavar el tejido social".

En el ensayo Anatomía de la Corrupción de María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se concluye que "si los niveles de corrupción en nuestro país son los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores", mencionando los datos del Índice Global de Impunidad que son los reconocidos oficialmente por la Organización de Naciones Unidas.

Rosa Icela Vega dijo en la mañanera que la investigación en el asesinato de Milton Morales, quien se desempeñaba como Coordinador General de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones especiales de la SSC, "se va a ser muy prudente, porque lo más importante es que no haya impunidad". Y yo me pregunto, ¿por qué en este caso es "importante que no haya impunidad" y en los cerca de 90 asesinatos que en promedio se cometen a diario en México o en los 193,216 que se han cometido hasta ayer en este sexenio no se aplica la misma "prudencia" y se han dejado impunes?

Adolfo Gámez, abogado penalista, cuestionó que se le esté dando prioridad a la seguridad de candidatos y descuidando la vigilancia en las calles para la población.

"Las instituciones de seguridad pública están distraídas porque están atendiendo algunos temas relevantes como la seguridad de los candidatos en las campañas políticas y están dejando a un nuevo espacio a la delincuencia organizada para que haga lo que quiera", señaló.

"Cada vez se ve que los políticos o aspirantes ya están distrayendo de la seguridad pública a los funcionarios y se crea un espacio más amplio de la inseguridad en el estado que será aprovechado por la delincuencia organizada", complementó Gámez.

La rápida y masiva búsqueda de Jaime Barrera por parte de las autoridades aunada a la movilización y presión social, creo yo, fueron cruciales para motivar que sus captores lo dejaran en libertad. Los mismos recursos que se pusieron a disposición de la búsqueda de nuestro colega, deben ser los que se pongan a disposición de todas las personas desaparecidas.

Así como fue importante buscar y encontrar a Jaime Barrera, es importante encontrar a los miles de personas que siguen desaparecidas. Cada una de estas vidas suspendidas tiene una familia que los espera de vuelta.

Bienvenido de vuelta, Jaime Barrera; todavía nos faltan miles de desaparecidos más.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que por distintas amenazas de grupos de la delincuencia, Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, BC, vivirá en un cuartel militar y es protegida por las fuerzas federales, pues manifestó que "es mejor prevenir que lamentar". El mandatario detalló que desde hace 2 semanas la alcaldesa decidió que se mudaría a las instalaciones militares en Tijuana.

La democracia liberal pretende hacer creer que cada persona vale un voto y que la opinión y expresión de cada ciudadano es igual a la de cualquiera.

No es así como se demostró en la protesta de los familiares de Sandra Analí Ramírez Hernández, mujer de 33 años desaparecida el lunes pasado en Jocotán. No se entiende que para esas familias el modo de llamar la atención del gobierno, los medios y la sociedad es cerrar una avenida, así moleste a cientos o miles de automovilistas.

Pero el Gobierno del Estado consideró que esa forma de protesta afectaba a otros ciudadanos y con ese argumento se les retiró de modo violento. Con esa decisión se anuló el derecho a la libre manifestación y expresión de estas familias que legítima y legalmente exigen la localización con vida de una de sus hijas. Con esta decisión represiva y arbitraria se elimina el derecho a la libre manifestación y expresión de estas familias.

Lo que no ocurriría con familias ricas y acomodadas de la ciudad que tienen los privilegios y contactos necesarios con la clase política para no recurrir a la protesta pública porque para ellos basta comunicarse con el gobernante directamente. Imaginemos que desaparecen a un hijo de una familia rica de Guadalajara. Esa familia y su entorno no tendrán necesidad de salir a una avenida y cerrar el tráfico. Tomarán su celular y en su lista de contactos llamarán al gobernador, al alcalde, al fiscal, al coordinador de seguridad, al jefe militar en turno y le pedirán apoyo para tratar de localizar lo más pronto posible a su hija/hijo. Y es válido. Y seguramente todos estos servidores públicos les dirán que harán todo lo posible para buscar a su familiar desaparecido.

Cuando estos contactos y privilegios funcionan, es más factible dar con el paradero de los familiares desaparecidos. Aunque suene crudo, el privilegio es un factor que cuenta a la hora de la búsqueda de los desaparecidos.

Pero como es obvio, no todas las familias tienen en sus listas de contactos al gobernador o a otros altos servidores públicos en sus teléfonos celulares. Por eso tienen la necesidad de salir a las calles a manifestarse, a marchar, a pegar cédulas de búsqueda y a cerrar calles. Es la forma, el modo en cómo obligan a la autoridad a escuchar sus demandas y buscan la solidaridad del resto de la sociedad.

Puestos en términos concretos: las familias con menos recursos y contactos se ven obligadas a recurrir a los repertorios de la protesta social para plantear sus demandas al poder público y darlas a conocer a toda la sociedad; a las familias adineradas y privilegiadas les basta marcar un contacto de su celular para pedirle al gobernante en turno su apoyo. Se debe ser empáticos con las familias que padecen en carne propia la grave crisis por desapariciones que atraviesa Jalisco y por estas razones no debe reprimirse ni criminalizarse las protestas de quienes no tienen privilegios ni contactos con los gobernantes como sí los tienen los de arriba.

Radio, televisión, prensa y redes sociales siguieron minuto a minuto cómo un operativo en el corazón de Guadalajara rompió su tranquilidad habitual la semana pasada en la búsqueda de los plagiarios de los marinos que, por fortuna, aparecieron ilesos en Puerto Vallarta semanas atrás; hubo capturados, 8 al menos, pero no recuerdo el rudo operativo con vehículos por tierra y por aire para localizar a los otros 14,000 desaparecidos en el estado. Guardando todas las distancias posibles, ¿acaso hay vidas que valen más que otras? ¿Acaso no merece cada desaparecido el mismo despliegue para encontrarlo? ¿No es igualmente importante encontrar con vida a un niño recién nacido arrebatado de su madre o a una jovencita que activan una Alerta Amber, a una mujer que activa una Alerta Alba o a un marino que mueve toda la artillería de las corporaciones? Entre la afrenta del Estado contra el crimen organizado se deja vulnerables a los ciudadanos.

¿Con qué métrica se mide la relevancia de un suceso cuando un hombre y una mujer, en eventos distintos, son víctimas de la delincuencia en circunstancias similares, pero no se le brinda la misma atención?

La semana que se fue me trajo un amargo sabor de boca. A mitad de la noche, el pasado jueves recibí la información de una mujer que fue despojada de su camioneta en la colonia López de Legazpi y arrollada por sus agresores cuando éstos huían. Se llamaba Susana, Susy como le decían de cariño, tenía 60 años y murió a unos pasos de su casa.

Horas más tarde se dio a conocer que el ex secretario de Salud Antonio Cruces Mada fue localizado maniatado y golpeado en la vía pública tras ser privado de la libertad y despojado de su vehículo y su dinero. Tuvo la suerte de ser encontrado con vida, aparente víctima de la delincuencia.

Del 1er. caso apenas leí un par de notas escuetas que resumían hechos sin responsables capturados; del 2o., el despliegue que corresponde a una figura que alguna vez fue pública por su condición de funcionario de gobierno, pero que tras de sí tiene varias investigaciones en su contra derivadas de un aparente mal manejo de recursos durante su gestión en el gobierno de Aristóteles Sandoval.

Mientras la delincuencia se organiza cada vez mejor y la violencia no para, la falta de atención y de perspectiva es lo que nos coloca en el ojo de la crítica. El caso de Zoe, la mujer transgénero agredida con ácido hace unas semanas, nos enseñó lo poco receptivas que pueden estar las instituciones para brindar atención de emergencia en nuestro estado. De igual manera, un asalto con violencia puede quedar en el sótano mientras otro queda en la 1a. línea de investigación.

La muerte de Octavio Ocaña sigue causando polémica y llegó a Palacio Nacional. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador su gobierno ayudará a esclarecer la muerte del actor, como lo pidió el padre de Benito, de la serie "Vecinos".

En relación con la investigación que inició la Fiscalía de Justicia del Estado de México, AMLO dijo que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia del actor y se revise el caso.

Jesús Ricardo Angulo Uriarte, jugador de las Chivas, habría sido víctima de la privación ilegal de su libertad en el municipio de Zapopan.

Diversos reportes apuntan a que el jugador rojiblanco viajaba con su pareja por el cruce de Arco del Triunfo y Carretera a Tesistán, cuando hombres armados lo despojaron de su camioneta para privarlos de su libertad.

Poco después de esto, gracias a un operativo policiaco que se montó tras la privación de su libertad, el jugador y la persona con la que viajaba fueron puestos en libertad, y el vehículo marca Jeep del futbolista se encuentra asegurado.

Según información, los presuntos responsables al percatarse de que eran seguidos por elementos policiacos decidieron abandonar el vehículo en el cruce de la avenida Aviación e Inglaterra. En ese momento escaparon del lugar a pie, llevándose a la pareja a la cual liberaron cuadras adelante.

Tras ser liberadas, las víctimas solicitaron apoyo para ser trasladas a su domicilio. Posteriormente, se logró establecer contacto con un familiar de una de las víctimas, quien confirmó que Angulo y su acompañante ya habían sido liberados y que ambos se encontraban en buen estado de salud, resguardados en un coto residencial cercano al lugar donde los habían privado de la libertad.

Personal de la Fiscalía de Jalisco arribó al lugar con la finalidad de iniciar las investigaciones y obtener datos de prueba que puedan llevar a la captura de los responsables.

Sin querer reconocer la contradicción de que él pudo tener -y qué bueno- un tratamiento de 1er. orden durante su enfermedad la misma semana en que circularon videos de pacientes muriendo a las puertas del IMSS, el presidente habla de que no se vacunó porque no pretende privilegios, porque es, dirían por ahí, de la base de la pirámide.

Con el argumento de que la reforma para limitar el número de escoltas asignados a ex funcionarios se aprobó sin estudios serios, la diputada [local] priista Mariana Fernández anunció que presentará otra modificación en la materia para regresar la protección a los servidores públicos.

La iniciativa se da tras el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, registrado hace un mes en un bar de Puerto Vallarta.

La legisladora priista afirmó que no busca un trato privilegiado a los ex funcionarios, sostuvo que la ley debe ser recíproca con las personas que han servido al Estado. También pidió que no se haga público cuántos elementos tienen asignados cada funcionario para "no entregarles a los delincuentes la información necesaria para planear sus ataques".

Los actuales diputados aprobaron, el 5 de diciembre de 2018, la Ley del Servicio de Protección para el Estado y sus municipios para regular la asignación de escoltas oficiales a funcionarios y ex funcionarios públicos.

Se estableció que el Consejo Estatal de Seguridad Pública debe elaborar los dictámenes de riesgo para definir cuántos elementos de seguridad se asignan a los funcionarios que requieran protección. Se puso un tope al número de escoltas oficiales asignados a ex funcionarios, el máximo fue 18 elementos en el caso de ex gobernadores y ex fiscales; además de 2 vehículos blindados.

Los 3 diputados del PRI votaron en contra de esa reforma, que se avaló con 35 votos a favor. En la discusión del tema la coordinadora priista, Mariana Fernández, criticó que la regulación impusiera topes al número de escoltas para ex funcionarios; pidió no usar el tema para golpeteo político y recriminó que se haya hecho pública la cantidad de elementos asignados a quienes dejaron la administración estatal.

A un mes -hoy se cumple- del asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, es probable que las autoridades ya tengan, al menos, algún indicio acerca de la identidad de los autores materiales y/o intelectuales, y de los móviles del crimen. La opinión pública, en tanto, sigue ayuna de noticias al respecto.

Mientras transcurre el tiempo sin que haya señales significativas de que avanzan las investigaciones relacionadas con el crimen más sonado -por la notoriedad de la víctima- ocurrido en Jalisco en más de un cuarto de siglo (el anterior sería el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993: hace casi 28 años), ¿qué esperanzas pueden alimentarse de que algún día se esclarezcan y se sancionen los asesinatos de los cientos de víctimas que casi todos los días se encuentran por doquier, encostalados, descuartizados muchas veces, abandonados en fosas clandestinas o simplemente desaparecidos en lugares y circunstancias de las que jamás tendrán noticia sus padres, sus hermanos o sus hijos...?

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta acusaciones por corrupción, firmó ayer el libro de procesados para no perder su libertad condicional, pero lo hizo por la vía electrónica debido a la pandemia de COVID-19.

Lozoya envió un mensaje de correo electrónico con su rúbrica a las autoridades judiciales que le impusieron como medida cautelar firmar cada día 1o. y 15 de mes para mantener el beneficio de la libertad. Lleva un brazalete electrónico y le retiraron el pasaporte, por lo que no podrá salir del país.

Ayer por la madrugada, el exfuncionario abandonó el hospital privado (que permaneció fuertemente custodiado por la Guardia Nacional) donde estuvo internado 15 días luego de su extradición desde España. Se desconoce el domicilio donde Lozoya puede estar.

En libertad preventiva, y apenas con un brazalete electrónico, así enfrentará Emilio Lozoya Austin los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero que se le imputan por la vinculación a 2 carpetas de investigación por las tramas de corrupción de pagos de dinero a cambio de contratos y de compra irregular de una planta de fertilizantes, respectivamente, de la brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México.

Parece un mal precedente que el ex director de Petróleos Mexicanos, en los primeros 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, acepte la comisión de esos delitos y que se le permite enfrentar las acusaciones legales en libertad preventiva, cuando miles de mexicanos están en prisión por apenas haber robado un desodorante de una tienda.

Si las pruebas no ayudan, si son un desperdicio de recursos como dice López-Gatell, ¿por qué se las hacen a los altos funcionarios? Estas pruebas han permitido a estos políticos aislarse y protegerse ellos, así como a la gente cercana, pero los ciudadanos comunes y corrientes al parecer no nos merecemos ese trato.

Afortunadamente, no todos los pacientes mueren por falta de una cama o de medicamentos. La senadora Nestora Salgado fue trasladada en un avión militar de Acapulco a la Ciudad de México para ser ingresada a un hospital de la Marina. Este 12 de julio ya fue dada de alta.

No queda claro cuál portento fue mayor: si la eficiencia del ángel de la guarda de Óscar García Harfuch -quien sólo sufrió algunas heridas leves en el atentado en que los sicarios que pretendían asesinarlo le hicieron cientos de disparos con armas de todos los calibres habidos y por haber-, o la de los policías que, 12 horas después, habían detenido a 19 de los 28 matarifes participantes en el episodio.

Lo 1o. es notable, si se recuerda que a Rosita Alvírez -según refieren sus biógrafos- "de 3 tiros que le dieron, / nomás 1 era de muerte". Lo 2o. es portentoso, porque tanta atingencia para identificar, localizar y aprehender a los autores de un delito -fallido, felizmente... aunque el suceso dejara 3 víctimas colaterales- que conmocionó a la opinión pública e incluso alcanzó repercusiones internacionales, sólo sucede en los países del Primer Mundo -donde truenan los chicharrones del FBI, la CIA o similares-... o en las películas de James Bond.

El antecedente más notorio del ataque contra García Harfuch -un atentado contra un personaje de la vida pública en la Ciudad de México- data del 28 de septiembre de 1994, cuando José Francisco Ruiz Massieu, dirigente del PRI, fue abatido por un asesino solitario. Éste (Daniel Aguilar Treviño) purga una condena a 50 años de prisión. Con respecto al (o los) autor(es) intelectuales del crimen, a lo largo de los siguientes 5 años se escribió una voluminosa y enredada novela (Pablo Chapa Bezanilla, Antonio Gloria, Manuel Muñoz Rocha, Raúl Salinas y "La Paca", algunos de sus personajes) de la que finalmente nada salió en claro.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó 12 personas detenidas que participaron en el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, la mañana de este viernes en Paseo de la Reforma y Lomas de Chapultepec.

La fiscal Ernestina Godoy confirmó las detenciones y que la dependencia ya investiga los hechos, en donde dijeron que hay 2 escoltas muertos.

Los detenidos fueron trasladados a la agencia 50 Central de Investigación en el búnker de la Fiscalía.

En el lugar se encontraron 3 armas largas y se detuvo a 2 sospechosos que posiblemente participaron en la agresión.

García Harfuch se dirigía, como todos los días, a las reuniones de seguridad a la que asiste con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando fue interceptado por ese grupo que aparentemente ya lo esperaba en el punto por el que tradicionalmente circula todos los días.

Dentro de todo, sin embargo, Zoé Robledo, director general del IMSS, es un hombre con suerte. Para empezar, es el director general de la institución médica más importante del país, por lo que supongo que tendrá un buen trato en caso de requerir hospitalización y no tendrá que esperar para que lo atiendan, aunque trabaja para un gobierno que afirma no dar privilegios a nadie.

Quienes tienen síntomas de Covid-19 saben bien cuál es la actitud del sector público hacia las pruebas. Si el derechohabiente no llega con síntomas muy intensos, que requieran el uso de un respirador en una unidad de cuidado intensivo, simplemente se le sugiere que se vaya a casa y se aísle, pero en muy pocas ocasiones se le aplican pruebas. Robledo corrió con suerte (suponemos que no se le dio trato especial) porque tan pronto como manifestó síntomas se le hizo la prueba. Tampoco tuvo que esperar hasta 7 días, como tantos otros derechohabientes, para recibir los resultados. El sábado se le hizo la prueba y el domingo por la noche se dieron a conocer.

A pesar de que en la Organización Mundial de la Salud ha señalado que para combatir la pandemia hay que hacer "pruebas, pruebas, pruebas", el gobierno mexicano ha decidido, por estrategia, aplicar las menos pruebas posibles. "Las pruebas tienen un objetivo y ese es la vigilancia epidemiológica", ha declarado el subsecretario Hugo López-Gatell, quien plantea que las pruebas solo se deben hacer a "los casos graves".

No parece, sin embargo, que se esté aplicando esa regla a los colaboradores de alto rango del presidente López Obrador. Robledo no está grave. "El director general se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene...", señaló el IMSS en un comunicado. El mismo Robledo ha señalado que "se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis contactos". También Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, y Ricardo Sheffield, procurador del Consumidor, pudieron hacerse pruebas pese a que no estaban graves y siguieron trabajando desde casa. El estado de salud de la secretaria Sandoval fue descrito como "excelente" cuando empezó su periodo de aislamiento.

No hay duda de que, pese al rechazo a las pruebas por el subsecretario de Salud, se sigue un criterio distinto para los altos funcionarios. México es uno de los países con menor número de pruebas en el mundo: 336,395 hasta el 8 de junio, según la propia autoridad, apenas 0.3% de los 127 millones de mexicanos. Sin embargo, tres de una treintena de miembros del gabinete ampliado del presidente han dado positivo, aunque debemos suponer que otros también han recibido la prueba, pero al dar negativo, no se han dado a conocer.

Es falso, como vemos, que los altos funcionarios no estén recibiendo un trato especial en esta 4a. Transformación. Mientras el gobierno rechaza aplicar pruebas de Covid-19 a los mexicanos comunes y corrientes, sí las hace a quienes ocupan cargos cercanos al presidente.

3 gobernadores con covid-19 de 32 entidades son 9.4%. Mientras que 1,094 contagios en el país de 130 millones de habitantes son 0.00084154%.

2 gobernadores mexicanos han dado positivo al covid-19. También muchos políticos extranjeros. ¿Por qué? Porque a los políticos se les aplican pruebas. Hay muchos otros contagios, pero no están identificados.

Los 2 delincuentes que en diciembre pasado irrumpieron una fiesta privada donde se encontraba la diputada Mariana Fernández ya fueron detenidos y vinculados a proceso.

Así lo informó este miércoles el gobernador del estado, quien indicó que los dos delincuentes fueron localizados a partir de diversas investigaciones seguidas por la Fiscalía Estatal.

"Seguramente escuchaste que hace algunas semanas unos sujetos armados se metieron y asaltaron a las personas que se encontraban en un restaurante de la colonia Ladrón de Guevara, en donde incluso había familiares míos (...) las investigaciones de la Fiscalía Jalisco también encontraron a estos 2 y ya están vinculados a proceso por un juez", dijo.

No explicó cuáles fueron las medidas dictadas, sin embargo, añadió que uno de los delincuentes está acusado del robo de vehículos en la zona donde ocurrió el asalto.

La noche del pasado 15 de diciembre la diputada Mariana Fernández se encontraba en una fiesta particular en contra de otras 30 personas, cuando 2 hombres armados llegaron al lugar y los despojaron de celulares, carteras y bolsas, según lo dicho por Fernández, quien es prima del gobernador. Entre los invitados también había familiares de ambos.

De acuerdo con la diputada, bastaron algunos minutos para que algunas tarjetas bancarias registraran cargos por hasta 60,000 pesos.

Por los hechos, el alcalde tapatío, Ismael del Toro, pidió investigar a los policías que atendieron el reporte del robo, pues de acuerdo con la legisladora, tardaron 45 minutos en llegar al sitio a atender el reporte. Entonces, Fernández negó tener un trato preferencial en las investigaciones.

Después de 4 días de que se localizara el cuerpo de la niña Fátima, en la Ciudad de México, y en medio de una ola de indignación y protestas por el incremento de la violencia contra las mujeres en todo el país, las autoridades capitalinas dieron con Giovana y Mario Alberto "N", los supuestos responsables del feminicidio de la menor, quien tenía 7 años.

Tras confirmar la captura, la jefa de Gobierno recibió una gran cantidad de reacciones y opiniones. La mayoría por la rapidez que mostró la autoridad capitalina en este caso. "Ojalá así de rápidos fueran para tomarse las denuncias en serio desde el momento en que son presentadas, no hasta que nos mataron", dijo Claudia, una usuaria de redes sociales.

"Qué bonita se ve la gente cuando trabaja. Se agradece, pero va un (caso) y faltan miles, así que ya veremos cuando sus acciones, y todo el presupuesto que consumen, den resultados y los índices de violencia bajen", le escribió Omar, otro ciudadano.

La diputada Mariana Fernández, del PRI fue víctima de la delincuencia al ser asaltada, junto con otras 30 personas, en una fiesta privada dentro de una terraza la noche del sábado.

De acuerdo con la versión de la legisladora local, incluso fue encañonada por uno de los 2 asaltantes que en 5 minutos despojaron de sus pertenencias a los asistentes.

La legisladora tricolor aseguró que la policía municipal llegó 45 minutos después de que se hizo el reporte, por lo que el alcalde tapatío, Ismael del Toro, solicitó una investigación interna para evaluar la actuación de sus elementos.

En esta ocasión le tocó a una diputada y el tema saltó a la arena mediática, pero cada mes hay en promedio 2,000 asaltos a personas y negocios sólo en el área metropolitana de Guadalajara.

Dicen que la muerte nos iguala. Es discutible... Por ejemplo, la muerte violenta de 3 mujeres y 6 niños, en la zona serrana de los límites de Sonora y Chihuahua, ha sido, desde el lunes, un caudaloso filón informativo -notas, reportajes, crónicas, artículos, editoriales...- para la prensa nacional e internacional. En cambio, el hallazgo de 7 cadáveres en el interior de 3 camionetas, en una brecha de Tonalá, Jalisco -en los linderos de la zona metropolitana de Guadalajara, pues-, el miércoles, escasamente trascendió, para efectos mediáticos, el ámbito local.

Durante los funerales de las víctimas de la masacre del lunes en Sonora, Kenneth Miller, abuelo de algunos de los niños asesinados, se dijo apenado porque las decenas de vehículos con familiares y allegados que concurrieron al sepelio, procedentes de Chihuahua e incluso de los Estados Unidos, llegaron escoltados por efectivos de la flamante Guardia Nacional.

"Lo que estás viendo aquí -dijo Miller al reportero de El Universal-, Ejército, Guardia Nacional, está bien...; pero está pasando porque tenemos doble ciudadanía; me da mucha pena, porque si fueran ciudadanos de este país, pobres, no pasaría esto...".

En efecto: el despliegue de seguridad en torno a los centenares de dolientes, se explica. ¿Cómo exponerlos, desprovistos de protección de las fuerzas armadas, a un eventual atentado, a cargo de los autores de la incalificable matanza del lunes, habida cuenta de que, aunque nacidos en México, casi todos tienen la doble nacionalidad? ¿A cuenta de qué correr el riesgo de que el gobierno norteamericano resolviera desplegar un operativo militar en territorio mexicano en defensa de quienes, aun siendo nativos y residentes en México, también son ciudadanos estadounidenses? ¿Para qué dar pie a que en Washington se decida que si las autoridades mexicanas son incapaces de velar por la seguridad de sus nacionales, las norteamericanas sí pueden velar por la de los suyos?

Allá, en lo que las autoridades aventuran la hipótesis de que un brazo armado del cártel de Juárez -así, genéricamente: sin nombres ni apellidos- podría estar detrás del atentado que dejó 9 víctimas a todas luces inocentes, acá, los 7 cadáveres encontrados en Tonalá -refieren las notas periodísticas- "fueron trasladados a la morgue", y las autoridades "abrieron una carpeta de investigación" en que difícilmente se irá más allá de la identificación de las víctimas..., que probablemente sean -como dijo Kenneth Miller ayer en Sonora- "ciudadanos de este país, pobres...".

Diego Fernández de Cevallos, uno de los políticos más acaudalados del país, debía 984 millones de pesos (mdp) de impuesto predial, y sin embargo apenas pagó poco más de 12 mdp, por lo que recibió una mega condonación de 972 millones.

La historia es la siguiente. Fernández de Cevallos, el siniestro y poderoso político panista, tiene el rancho "El Estanco" de 220 hectáreas en el municipio Colón, Querétaro, del que no había pagado impuesto predial desde 1994.

El actual presidente municipal, José Alejandro Ochoa Valencia, que era priista hasta 2015 y que llegó al cargo postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), informó el 26 de septiembre que Fernández de Cevallos tenía un adeudo de predial de 300 mdp y que haría todo lo posible por cobrárselo.

Poco después el área de comunicación del municipio reveló que el adeudo ascendía a 946.8 mdp. Días después, en entrevista con Julio Hernández en Radio Centro, el alcalde detalló los montos del adeudo y el total ascendía a 984.7 mdp. Tras estas revelaciones ocurrieron 2 cosas: la dirigencia del PAN en Querétaro anunció que abriría un proceso interno en contra del alcalde de Colón por conductas impropias, y lo 2o. es que el mismo Diego Fernández mantuvo una reunión con el presidente municipal. Tras esto, se informó esta semana que el ex candidato presidencial del PAN pagó a la tesorería del municipio 12.7 millones de pesos, concretándose así una condonación de 98.5 por ciento de lo adeudado desde 1994. El alcalde Ochoa Valencia informó en sus redes sociales que se llegó a un acuerdo "conforme a derecho".

Habría que ser muy ingenuos para creer que este "perdonazo" de 972 mdp al Jefe Diego es "conforme a derecho"; habría que ser muy ingenuo para no pensar que detrás de esta mega condonación hay tráfico de influencias, relaciones políticas o hasta amenazas que salen a relucir para que el personaje político más poderoso, en este caso Diego Fernández, imponga su voluntad.

¿Cuántos contribuyentes del país pueden tener el privilegio de dejar de pagar el predial durante 25 años y al final pagar apenas 1.5% de lo que adeudan?

La respuesta es cero. Si no se pertenece a la minoría de políticos, empresarios, comunicadores, criminales, clérigos o artistas que tienen suficientes contactos y conexiones políticas y medios económicos abundantes, el resto de los mortales debe pagar los impuestos prediales (y fiscales) que corresponden excepto con los descuentos de ley en el plazo que corresponden.

El Jefe Diego no pagó los impuestos que le corresponden sencillamente por su pistolas, porque es uno de los personajes más influyentes y siniestros del sistema político mexicano y simplemente impone su voluntad, y su voluntad es no pagar 972 millones de pesos. Sencillamente no pagó porque pertenece a la élite de los que tienen conexiones políticas y medios económicos para hacer lo que quieran, incluso pasar por sobre leyes y reglamentos que rigen y se imponen al resto de la sociedad, incluso mediante métodos violentos.

Este es justamente el tipo de hechos y conductas que irritan y tienen hasta el hartazgo a la mayoría de la sociedad mexicana. Los abusos, las prebendas, los dispendios, la vida de lujo escandaloso de una élite que presumen ante una mayoría que tiene carencias materiales y es obligada a una vida de pesado trabajo para tratar de vivir con dignidad.

Seguimos siendo de las últimas universidades en subsidio por alumno. Lo triste es que eso nos dice que un mexicano en Jalisco vale para el gobierno federal un tercio de lo que vale un mexicano en la Ciudad de México o alguno de los otros estados.

Más de 20 agentes de la Policía Estatal de Veracruz y marinos de la Armada de México resguardan la funeraria Cristo Rey en este municipio veracruzano, donde es velada Valeria Marian Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena Carmen Medel y asesinada el pasado jueves cuando llegaba a un gimnasio.

Dos preguntas... Una: ¿por qué, a raíz del fallecimiento de una estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), atropellada por un autobús urbano, el lunes, las autoridades tomaron medidas, de inmediato, para tratar de evitar que episodios similares se repitan -en la misma zona, al menos-, y, en cambio, nada hicieron tras las decenas de percances análogos ocurridos este mismo año en la zona metropolitana de Guadalajara? Y 2: ¿cabe esperar, razonablemente, que esas medidas redunden en la reducción, en esta ciudad de todos nuestros pecados, de los accidentes fatales en que participan unidades del transporte público?

Posibles respuestas (salvo la mejor opinión del lector amable)... Las autoridades, en el caso, reaccionaron de inmediato -"ipso facto y pepso-dent", dijo el pariente- porque la UdeG dispone de los medios adecuados para hacerse escuchar cuando emite una protesta pública, ya sea por el alza en las tarifas, por una desgracia como la que se comenta, etc.; los deudos y conocidos de la generalidad de las víctimas, en cambio, al no disponer de una caja de resonancia que les permita hacerse escuchar, quedan condenados a rumiar su dolor y tragarse sus lágrimas en silencio. (Como dice la canción, "Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su penar..."). Y en cuanto a la utilidad práctica de las medidas, lo más probable -al tiempo...- es que no repercuta en una disminución significativa de esos percances y de sus mortales consecuencias.

¿Por qué tanta celeridad, tanta eficiencia y tanta energía para investigar y dar con la identidad de los presuntos autores de los asesinatos, el lunes pasado, de 4 policías de Guadalajara y 2 de Zapopan, y, por contrapartida, tanta pachorra, tanta ineptitud y tanta apatía para hacer lo mismo cuando la víctima es un Juan Lanas o un Perico de los Palotes cualquiera...?

Muy simple: porque en el rubro de la administración de la justicia aplica el principio de que "según el sapo es la pedrada". O, como dijera algún aventajado aunque anónimo discípulo de Diógenes el Cínico, "Todos somos iguales ante la ley... aunque ciertamente hay algunos más iguales que otros".

Si, como es del dominio público, más de 95% de los delitos que se cometen en México quedan impunes, es obvio que los recursos de que dispone la autoridad para investigar esos hechos y perseguir a sus autores, son notoriamente insuficientes. Es ilusorio suponer que si un ciudadano de a pie presenta una denuncia por algún ilícito, se va a asignar un investigador, y que éste le dedicará tiempo y recursos, o que, cuando menos, integrará un expediente con los casos análogos para estudiarlos "en paquete" y dar con algunas constantes que le permitan seguir -como dicen los entendidos-determinadas líneas de investigación... Por eso, precisamente por eso, porque sabe de antemano que difícilmente se hará justicia y se sancionará a los responsables, el ciudadano, en la mayoría de los casos, opta por no denunciar.

En cambio, cuando se trata de un caso de impacto mediático, que de manera directa pone en jaque a las autoridades, se echa mano de todos los recursos existentes: un poco, en efecto, para hacer justicia... y otro poco -la verdad sea dicha- para taparle el ojo al macho.

No es la 1a. vez que en nuestra ciudad se incendian camiones, hay persecuciones de bandidos, e inocentes pagando los platos rotos. Lo que hemos vivido todos los tapatíos es impensable; los malhechores irrumpen en nuestros espacios y nadie hace nada, se persigue a "los malos" porque han agraviado a un funcionario público... A mí me encantaría que así -como de película- fueran tras los rufianes que amedrentan a la población, es decir, a todos nosotros.

Se trata de una de las revisiones "de rutina" que realizan las autoridades policiacas. En el caso -tratando de armar el rompecabezas con las piezas sueltas aportadas por las partes-, elementos de la Fuerza Única de Jalisco interceptaron un convoy de "varias camionetas" en las que viajaban "hombres armados no identificados". El incidente, al parecer, ocurrió el lunes por la noche, "en un puente muy oscuro, cerca de Cañadas de Obregón y rumbo a Jalostotitán"... Hasta ahí, los hechos objetivos.

[En redes sociales, además, se publicaron fotografías de vehículos que dicen que utiliza Enrique Alfaro en su precampaña, los cuales no traían placas - el webmaster.]

El incidente se volvió caso por obra y gracia de las interpretaciones subjetivas. De una parte, el precandidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Enrique Alfaro, proclamó a través de las redes sociales -moderna versión de los antiguos patios de vecindad en que las comadres dirimían a grito pelado sus divergencias- que se trató de "un evidente acto de intimidación"... "que pudo convertirse en una tragedia", según acrecentó en un mitin, el martes, al glosar el episodio. De la otra, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, califica la versión de Alfaro como "el 1o. de muchos episodios de victimización"; explica que los elementos policiacos -notoria y suficientemente identificables, se supone- "procedieron a ejecutar el protocolo de seguridad, que consiste en detener e convoy para identificarlo (...) y se les dejó seguir su camino sin mayor complicación".

Inconstitucionales, ciertamente, porque contravienen las previsiones de los Artículos 11 y 16 (referentes al libre tránsito y a no ser molestado, respectivamente) de la carta magna, los "operativos", "retenes", "volantas" o como quiera llamárseles, han sido admitidos por los juristas y aceptados por el ciudadano común como "males necesarios".

La pregunta es si los precandidatos no deberían hacer otro tanto... o si hay alguna ley que, para distinguirlos de los demás mortales, los declare intocables.

La eficacia con que el asunto quedó virtualmente resuelto, lejos de atenuar, acentúa la incompetencia de las autoridades policiacas y judiciales para resolver la gran mayoría de los crímenes que se cometen en México...

La indignación que el "Caso Lagos" suscitó en la cúpula empresarial -y, por ende, en la política-, dio pie a que Alejandro Hope, analista en seguridad, aprovechando la coyuntura, actualizara (más o menos...) la cifra de asesinatos ocurridos en el país en lo que va del año: 23,968: más que en los peores momentos de la llamada "Guerra contra el Narco" de la administración anterior. Y permitió recordar, también, que el ex canciller Luis Ernesto Derbez, en su calidad de rector de la Universidad de Las Américas Puebla, difundió en agosto pasado el dato de que México ocupa el 4o. lugar en materia de impunidad -es decir, de incapacidad para investigar, esclarecer y sancionar los delitos que se cometen-, entre 69 países evaluados a nivel mundial; puntualizó que únicamente siete de 10 delitos se denuncian y sólo 0.7% se lleva a conclusión.

El mismo Derbez aporta el colofón obligado del tema: "Esto se llama impunidad: uno puede delinquir en México... y prácticamente estar seguro que no va a haber un juez que lo lleve hasta el final".

Que la víctima, esta vez, fuera un personaje prominente de una de las empresas más importantes -y, sobre todo, de las más influyentes- de México, dio la dimensión de noticia a un crimen que, en circunstancias normales, se limitaría a ser estadística.

Si el suceso hubiera consistido, escuetamente, en que 2 raterillos de baja estofa, tratando de despojar de sus costosas bicicletas a 2 deportistas de fin de semana que pedaleaban a inmediaciones de las Pirámides de Teotihuacán, les dispararon con un arma de fuego e hirieron mortalmente a uno de ellos, posiblemente ahí hubieran quedado las cosas.

Sin embargo, como se trató de un importante ejecutivo de un consorcio empresarial (Adolfo Lagos Espinosa, vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa), el episodio conmocionó a la sociedad -con justificada razón, por lo demás-, motivó un mensaje personal de condolencia del presidente Peña Nieto y puso en operación a la Procuraduría General de la República, al efecto de investigar los hechos e identificar y detener a los responsables.

Es posible que el asunto se resuelva. Es lo deseable, además... De darse el caso, sin embargo, se trataría de uno de los contadísimos aciertos en la investigación de alguno de los 21,200 homicidios que, según los registros de las mismas autoridades, han ocurrido en el país en los primeros 10 meses del año, y que reflejan un incremento de 23% anual en ese tipo de delitos.

Sería, en otras palabras, la honrosa excepción que confirmaría una regla lamentable: el común denominador de esos hechos, cuando la víctima es un ciudadano de tantos y no un personaje prominente: la impunidad.

Xochimilco, una de las zonas más afectadas [por los sismos de septiembre], fue un caso paradigmático. 4 comunidades a las que partió la onda sísmica del martes, prácticamente fueron abandonadas. San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixtla, San Marcos y Santa María Nativitas tuvieron atención los primeros días del sismo, pero después vino el olvido. En lo alto de los cerros, otras comunidades quedaron aún peor, porque la poca ayuda que alcanzó a llegar el viernes, no fue posible transportarla hacia ellos. La atención se concentró en los grandes núcleos urbanos de la capital, los segmentos de clases medias, perfectamente urbanizados, de fácil acceso y foco de atención mediática. En la zona xochimilca, de origen prehispánico, pobre y marginada, la ciudadanía pasó la factura política a los más pobres.

Si alguna duda quedaba con respecto a la hipótesis de que en estas benditas tierras de Dios y de María Santísima hay ciudadanos de 1a. y ciudadanos de 2a. -castas, pues-, ahí está la nota principal de EL INFORMADOR de ayer, si no como prueba plena, sí, al menos, como indicio de que dicha hipótesis es verídica...

"Funcionarios deben casi 7,000 fotomultas", reza la cabeza de la nota. Alude a las fotoinfracciones levantadas desde que se implementó el programa, hace 6 años, y que aún están pendientes de liquidar, bien sea por los infractores o por los propietarios de los vehículos que aquéllos tripulaban. Señala que 87% de las infracciones pendientes -por exceso de velocidad o por no respetar la luz roja del semáforo, principalmente- fueron cometidas en "vehículos oficiales" de los "h." ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan; los restantes, en unidades de los (igualmente "h.") ayuntamientos de Tlajomulco, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.

Que una ambulancia, un carro de bomberos o una patrulla de la policía, debidamente equipados con luces y sirenas, excedan la velocidad autorizada -cuando viene al caso y buenamente se puede- o se salten los altos, se comprende. Que lo hagan funcionarios de primer nivel o burócratas de escaso rango, sólo se explica por el complejo de superioridad que suele caracterizar a los dizque "servidores públicos", pero de ninguna manera se justifica, en circunstancias normales, en función del servicio público que prestan. Que, por lo que se infiere de la nota referida, de manera sistemática sean omisos en el pago de las multas a que se han hecho acreedores, denota, además de la prepotencia señalada, una buena dosis de complicidad, irresponsabilidad y alcahuetería por parte de sus superiores. Y denota, por otra parte, la ineficiencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para aplicar los correctivos que las normas establecen.

La prepotencia -y, encima, la impunidad- de los infractores y la ineptitud de quienes tienen el compromiso legal de sancionarlos, demuestran, también, que el supuesto compromiso de "cumplir y hacer cumplir las leyes" que asumen los "funcionarios públicos", ni en lo uno ("cumplir") ni en lo otro ("hacer cumplir") va más allá de una hueca fórmula retórica.

Periodistas invocan un inaceptable privilegio de protección y seguridad especiales, que los convierte en ciudadanos de excepción y a los ciudadanos en mexicanos de 2a. ¡Trato especial a los periodistas y que se chinguen los ciudadanos!

Por eso, según "la calenturienta concepción" de informadores decimonónicos, el Presidente debe convertirse en guardián de cada periodista y, por tanto, en investigador de todo crimen contra un periodista.

En efecto, nadie duda del papel fundamental del oficio periodístico en la democracia, pero el valor de una actividad social -por relevante que sea- no convierte en ciudadanos de excepción a quienes la ejercen.

El crimen de periodistas no se acabará con marchas, plantones y paros, se acabará exigiendo el fin de la impunidad a las bandas del crimen organizado y el narcotráfico y el fin de la impunidad en general.

Por momentos pareciera que la vida de un periodista vale más que la de cualquier otra persona: lamentamos más, hacemos más ruido, por un periodista asesinado que por una mujer, un joven, un niño que cae a manos de las fuerzas armadas o del crimen organizado. Es cierto: la vida de una periodista vale igual, ni más ni menos, que la de cualquier otra persona. Todos los asesinatos, sin excepción, deberían de ser investigados, todos en la medida de lo posible, esclarecidos y todos, sean quien sea el muerto, una víctima inocente, un malandro o un policía, condenado y reclamado por la sociedad.

Pero eso no es así. No todos los crímenes son investigados, muy pocos son esclarecidos y la mayoría, tristemente, han dejado de dolernos. "Se matan entre ellos", "son ajustes de cuentas del crimen organizado" suelen repetir los políticos de todos los partidos y colores para sacarle al bulto a la responsabilidad, y lo peor, los ciudadanos hemos aceptado que eso suceda. Pero cuando se trata de un periodista el nivel del reclamo sube...

Seguido de reporteros y simpatizantes, el ex diputado Gerardo Fernández Noroña compró combustible en una gasolinera en el boulevard Casablanca de Tijuana este 24 de febrero, pero pagó 35% menos del precio en protesta por los impuestos. Los empleados no se atrevieron a hacer nada, aunque seguramente terminaron pagando la diferencia de su bolsillo. Al escuchar la nota en un noticiario de radio local, el amigo que me había recogido en el aeropuerto de Tijuana comentó: "Si fuera cualquiera de nosotros, nos meterían a la cárcel. Pero en México los políticos pueden hacer lo que se les antoja".

Gerardo Fernández Noroña, ex diputado federal y activista, se negó a pagar esta tarde el precio completo del combustible que le fue cargado en una gasolinera de Guadalajara.

El político viajó desde la Ciudad de México para promover lo que él llama la desobediencia civil en las gasolineras.

Alrededor de las 13:00 horas, Noroña convocó a sus seguidores y puntualizó que iría a cargar combustible a la gasolinera ubicada en el cruce de La Paz y Federalismo en Guadalajara.

Noroña cargó 17.46 litros por los que debería pagar $288.43, sin embargo, habló con el despachador y con un supervisor y especificó que no pagaría el 35% de impuesto.

"Yo no voy a pagar el 35%, si quieres llamar a la patrulla no tengo ningún problema, yo puedo ir a la cárcel por no pagar los impuestos" dijo Noroña en una transmisión de Periscope.

Al momento, los empleados de la estación llamaron a la patrulla y no recibieron el dinero incompleto que ofreció Noroña.

En una transmisión posterior, el político explica que los elementos estaban analizando con el Ministerio Público si procedía o no la detención.

Luego de momentos de tensión y tras la intervención de la Policía de Guadalajara, la gasolinera accedió a no cobrar el impuesto por lo que Fernández Noroña abandonó el punto y logró su objetivo.

Después de esa estación, el ex diputado se dirigió a otra gasolinera en Avenida Niños Héroes. "Muy bien salió la jornada hoy de desobediencia civil en Guadalajara", consignó en sus redes sociales más tarde.

Periódico El Informador en línea del 17 de febrero de 2017.

Muchos usuarios de redes sociales reprochaban que la autoridad prestara "especial atención" al caso de Guevara, pues insinúan que por ser senadora o "famosa" se investigue el ataque.

Como la usuaria Mafis Ballesteros, quien consideró: "Qué rápido trabajan nuestras autoridades... si así fueran para todo (y todos) otro país seriamos!!! Que pena q solo por tratarse de una 'conocida' si se pongan a 'trabajar' (sic)".

Para otros, la indignación no provino por la golpiza de una mujer, sino porque "la invito a ser atendida en estas instituciones del sector salud y no recurra al seguro millonario que pagamos el pueblo de MÉXICO, con nuestros impuestos (sic)".

Organismos electorales, partidos políticos y legisladores condenaron enérgicamente la agresión a la senadora del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara, y llamaron a erradicar la violencia de género.

La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, calificó la agresión como "un acto aberrante, discriminatorio y misógino". Por medio de un comunicado, la legisladora exigió al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, "mano dura para castigar a los responsables".

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando Herrera, calificó la agresión como "una actividad grotesca en contra de los derechos de una ciudadana por parte de un grupo de vándalos que atentan contra la seguridad de las personas".

El Instituto Nacional Electoral condenó la agresión y pidió sumar esfuerzos "para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, por constituir una forma de discriminación que menoscaba y anula el efectivo goce de sus derechos humanos".

La politóloga y escritora Denise Dresser, afirmóque "un golpe a una es un golpe a todas".

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Adrián Rubalcava Suárez, expresó: "Esta presidencia condena los hechos en contra de la senadora ocurridos el pasado fin de semana".

Pág.9-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2016.

Un elemento de la Fiscalía estatal que viajaba en motocicleta sufrió un accidente vial cuando circulaba por el cruce de la Avenida Patria y Río Nilo.

Debido a las lesiones de gravedad que sufrió, tuvo que se trasladado de emergencia a un puesto de socorro y por ello se utilizó el helicóptero de la dependencia [que sobrevolaba la zona] para trasladarlo al nosocomio. La aeronave aterrizó a mitad de la avenida para recoger al herido.

Las autoridades han detenido ya a uno de los asesinos de la española María del Villar. ¡Qué bueno! Pero... ¿será que para que los mexicanos obtengan un poco de justicia deberán tener nacionalidad extranjera?

Conocer el circo que armaron autoridades y medios de comunicación por la desaparición de integrantes de grupos delictivos el pasado lunes 15 de agosto en Puerto Vallarta, Jalisco y saber de los operativos que montaron corporaciones federales como el Ejército, Marina y Policía Federal para localizarlos es ofensivo para las miles de víctimas de este delito y sus familias, que su único error es no ser hijos o parientes de algún funcionario de 1er. nivel o -como ya lo vimos- de un narcotraficante famoso.

El fuero más bien ha degenerado en un picaporte para la prepotencia de funcionarios y políticos ante el ciudadano, y en impunidad ante casos de corrupción.

Quitar el fuero da igualdad entre funcionarios y ciudadanos. Se acaban los mexicanos de 1a. y de 2a. que generaba este precepto y que inclusive vulneraba el Artículo 4 constitucional que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta normalización nos viene muy bien como un 1er. paso para empezar a abatir las enormes brechas de desconfianza que se han abierto entre los gobiernos y sus gobernados, y que produce cada vez más ingobernados.

En Jalisco, como en las cámaras federales, la discusión sobre el fuero para los políticos prácticamente ya está resuelta: los privilegios de esa clase deben ser cosa del pasado.

El artículo 100 de la Constitución de Jalisco dice que la ley no es igual para todos en materia penal. Si un ciudadano es acusado de asesinato está en el problema de su vida porque es culpable desde el minuto mismo en el que es señalado, mientras que un diputado, un procurador, un ombudsman, un consejero electoral, un alcalde y hasta los regidores, están protegidos por el capelo de la santidad con la que los unge su cargo. Ese artículo, y el 111 de la Constitución federal, surgieron para proteger la libertad a la hora de tomar decisiones difíciles en una cámara, un tribunal, una comisión de derechos humanos o un instituto electoral. Si alguien acusa a Enrique Alfaro o a Aristóteles Sandoval de un delito, debe esperar a que el congreso local o el federal, respectivamente, les quite el fuero para que empiece la investigación. Nada de que llega un policía y les ordena que lo acompañen.

Naturalmente, no está bien que un mexicano cualquiera sufra si es acusado falsamente y que un diputado que sí ha cometido un delito la tenga fácil. Si un mexicano, sin importar si tiene charola de político o credencial de estudiante, es acusado, debe tener garantías para no ser falsamente imputado por un crimen que no cometió. Pero claro, como durante mucho tiempo no hemos tenido esas garantías, construimos un parche legal para proteger la actividad de los funcionarios, legisladores y representantes que pudiesen incomodar a un poder más grande que ellos. Un diputado, todo mundo lo entiende, debe tener la libertad de votar, de gritar y de argumentar en contra del mismísimo gobernador o si es necesario, del Papa, sin que salga un vivales que lo acuse de haberse robado una cartera para quitarlo de en medio. Porque a ver: ¡eso sí sucedió!

Ese es el punto. Ese capelo de protección, que daba libertad a los disidentes, fue diseñado porque la ley podía usarse a discreción para encarcelar a inocentes por hablar de más, por querer empujar una ley incómoda, por meter la nariz en donde no debían.

En los últimos años se ha intentado demoler ese edificio de discrecionalidad y todo el debate sobre el "debido proceso" que tanto incomoda a los que quieren ver a los malos en la cárcel sin investigación ni pruebas suficientes, se ha tratado de eso: de impedir acusaciones falsas e inocentes en la cárcel.

No puedo decir que se haya logrado, pero ese es el rumbo y ahí debe seguirse trabajando. Es ofensivo que en lugar de hacer funcionar bien la ley, sigamos protegiendo a un sector específico de mexicanos. Si hay un debido proceso, si las pruebas son suficientes, un criminal debe ser castigado y un inocente debe ser exculpado sin importar si ocupa una curul, una gubernatura o si maneja un taxi.

Es el caso María Concepción Hernández, a quien un grupo de 7 hombres armados levantó a su hijo Oliver Navarrete Hernández el 24 de mayo de 2013; lamentablemente una semana después apareció muerto. María Concepción Hernández debió sufrir el dolor de ir al Servicio Médico Forense para reconocer a su hijo, pero no se lo entregaron con el pretexto de continuar con las investigaciones. Pasó año y medio y en diciembre le informaron a la madre que Oliver Navarrete había sido enviado a una fosa común. La familia, indignada, exigió la exhumación del cuerpo y así se descubrió que había otros 149 cuerpos más. De manera irresponsable y criminal el gobierno del perredista Graco Ramírez enviaba cuerpos desaparecidos a esa fosa clandestina en lugar de entregarlos a sus familiares. Ahora las 2 fosas clandestinas de Tetelcingo llaman la atención del país y del mundo por el grado de insensibilidad e inhumanidad de las autoridades mexicanas.

El secuestro de Alan Pulido y las fosas de Tetelcingo muestran el papel negligente, criminal y clasista del Estado mexicano. Muestran que si el Estado se decide, puede dar con un desaparecido poniendo sus recursos para su búsqueda, pero eso sólo ocurre con personajes famosos o que tengan una red de influencias de peso como para movilizar los recursos de la autoridad.

El otro extremo ocurre en Tetelcingo, donde la autoridad no sólo no buscó al hijo de María Concepción Hernández, sino que manejó de modo inhumano y criminal el cuerpo, como si fuera un objeto sin valor. Es necesario decir ya basta a esta barbarie. No se debe permitir este doble racero del Estado mexicano y la clase política hacia los desaparecidos en nuestro país.

¿Qué hay que hacer para que Osorio Chong determine prioridad absoluta y movilice a las fuerzas federales en la búsqueda de un secuestrado? ¿Jugar futbol profesional en un equipo de Europa, aunque sea griego? Si alguna vez proporciona los requisitos, recibirá muchas solicitudes.

Botellas de champán que centuplican el raquítico salario mínimo mexicano, coches de lujo impagables para la inmensa mayoría y fastuosas fiestas de las que alardean en redes sociales son el día a día de un puñado de jóvenes de familias adineradas, los "mirreyes".

Detrás de esta obvia ostentación, más que cuestionable en un país donde casi la mitad de la población es pobre, estos "niños ricos" son además un reflejo del clasista sistema instaurado en el país.

Se creen de una estirpe superior, iluminada, y por ello piensan que sus acciones no tienen consecuencias. Viven en la impunidad.

"El mirrey se asume como un ser humano aparte del resto de los mortales (...) El mirrey no sería lo que es si se abstuviera de desigualar en el trato que entrega a sus semejantes", identifica Ricardo Raphael, autor del libro "Mirreynato. La otra desigualdad".

La pasada semana saltaron de nuevo todas las alarmas en México al conocerse el caso de Daphne Fernández, una menor del estado de Veracruz que en enero de 2015 fue obligada por cuatro conocidos suyos a subir a un auto, el Mercedes Benz de uno de ellos, para llevarla al domicilio de uno de los agresores y violarla.

Presionados por el padre de la víctima, 2 de los jóvenes, universitarios y antiguos alumnos de un colegio privado católico del puerto de Veracruz, pidieron perdón a la muchacha en vídeo, pero ahora niegan haber cometido el crimen.

El hecho está denunciado ante las autoridades desde hace casi un año, pero hasta el momento no se ha celebrado el juicio. El Gobierno de Veracruz ha negado dilación en el caso.

Los chicos, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, formarían parte de un grupo que actúa desde hace años en varios puntos del estado con graves antecedentes como el asesinato de un muchacho de 15 años en una fiesta en 2001.

Sin ir tan lejos, a los 4 jóvenes implicados en la violación de Daphne se les relaciona con otros delitos como el atropello y muerte de un joven ciclista y la violación y asesinato de Columba Campillo, de 16 años, en mayo de 2015.

Si bien este crimen se adjudicó a una banda de secuestradores, los hermanos de la supuesta autora intelectual del homicidio hicieron pública una carta este domingo donde la desvinculan del suceso.

Estos casos no son los únicos registrados a lo largo y ancho del territorio mexicano. En su libro, Raphael recoge otros mediáticos eventos.

El senador Jorge Emilio González, hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México, arrastra a sus 43 años un largo historial de presuntos delitos sin sentencia.

Entre ellos, el intento de soborno y falsedad de declaraciones cuando fue interceptado conduciendo borracho, unas imágenes en las que unos sujetos le ofrecían 2 millones de dólares a cambio de un permiso de obra o la muerte de una joven búlgara en una vivienda de Cancún del que el apodado "el Niño Verde" era presuntamente dueño.

Gerardo Saade, de 21 años en 2013 y nieto del entonces fiscal general Jesús Murillo, entró en la vivienda de su expareja y la golpeó.

La joven lo publicó en redes sociales, pero no denunció ante las autoridades y el muchacho, aunque se autoinculpó ante la fiscalía del estado de Morelos, salió librado de todo delito.

Estos sucesos son "solo algunos ejemplos de los cientos que todos los años son registrados sin consecuencia por los medios de comunicación, o de los miles que ni siquiera ese privilegio logran", afirma Raphael en su libro.

Para el periodista y académico, el "régimen mirreynal" carece de restricciones "personales, sociales y jurídicas" en una época donde "predomina la arbitrariedad de las consecuencias y la selectividad de los castigos".

La nación ocupa el lugar 58 de los 59 países con mayores niveles de impunidad, según el Índice Global de Impunidad de 2016.

"En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos", por lo que la cifra negra (delitos no denunciados) en el país desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 %, destacó el informe.

Y en este contexto, los mirreyes y las mirreynas siguen siendo tendencia en las redes sociales.

En una sociedad de privilegios e influencias, de castas y jerarquías, no sorprende que el fuero goce de tan buena salud. El fuero, esa institución que se remonta a la edad media europea, y que consiste en institucionalizar los privilegios de quienes se encuentra en la cúspide social, es una anomalía política que beneficia a casi dos mil políticos en nuestro país. Sabemos que en México, los ciudadanos no somos iguales, bajo ninguna perspectiva, pero el fuero es la institucionalización de una casta de políticos que se pueden poner por encima de las leyes. El objetivo inicial de conceder fuero a cargos electos para proteger su libertad de expresión, fue deseable e incluso defendible. Sin embargo, a un siglo de distancia, el fuero sólo ha servido para profundizar la impunidad y consolidar a una élite que se sabe intocable.

Este tipo de privilegios, sean de carácter militar, religioso o político, no tienen cabida en una sociedad democrática cimentada en la aspiración de que todos seamos iguales ante la ley. Sin embargo, no nos engañemos: la impunidad de la clase política en México no tiene nada que ver con la inmunidad que les concede la Constitución. Es iluso pensar que los gobernadores que se han llenado los bolsillos por corrupción, los funcionarios que se hicieron ricos de la noche a la mañana o los legisladores que se atreven a maquinar las tramas más inconfesables para llevarse dos o tres millones cada que emiten un voto, actúan en impunidad debido al fuero constitucional. Usted y yo sabemos que el fuero es otro, no tiene nada que ver con la Constitución. Es el fuero político.

Un político me confesaba alguna vez que la relación más estrecha que se podía formar entre sus pares era la de la "complicidad". Ser cómplice significa llenarse las manos de lodo. Ser cómplice representa entrar al sistema y formar parte de sus canonjías y prebendas. Lo que protege a los políticos no es su condición de aforado, que no tendría que existir en ninguna democracia moderna, sino su funcionalidad o utilidad dentro de la clase política. Los políticos corruptos se vuelven vulnerables sólo cuando se vuelven no funcionales para el sistema, cuando ya ningún padrino político los protege o el gobierno no tiene ninguna intención de pactar con ellos. Su inmunidad política se encuentra estrechamente vinculada a su relevancia política, a su utilidad. Y por ello, la selectividad del uso de la justicia se ha convertido en uno de los peores cánceres que corroen al país y eso no se quita eliminando la inmunidad constitucional. La justicia sólo alcanza a los rivales políticos o a los desprotegidos por la casta.

Entrarle al fuero es importante, pero no más que resolver este problema. La selectividad y la politización de la justicia se deben a la total dependencia de los aparatos de procuración de justicia con respecto al poder ejecutivo. La justicia nunca será ciega mientras siga atada al gobernador en turno; mientras el fiscal, general o central, no cuente con la autonomía necesaria para desobedecer las exigencias de los tres poderes. Los jueces nunca serán autónomos mientras la negociación para elegir magistrados sea a través de cuotas e imposiciones de los partidos políticos o mientras no exista independencia financiera. El auténtico fuero del que gozan los políticos que caen en casos de corrupción es de naturaleza política y se vuelve tangible gracias a la falta de independencia del Ministerio Público y del poder judicial.

Eliminar el fuero constitucional en Jalisco es una agenda que desata aplausos. Y como explique anteriormente, con la que estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, como nos ha pasado en reformas anteriores como la de fiscalización o la de transparencia, partimos de un diagnóstico errado y las expectativas son enormes. Es completamente iluso pensar que con la eliminación del fuero, los políticos que están envueltos en escándalos de corrupción comenzarán a enfrentar juicios uno tras otro y acabarán en la cárcel pagando por lo que hicieron. El verdadero problema no está en el fuero, sino en el control político de los aparatos de procuración e impartición de justicia que deriva en el único fuero realmente existente: el político.

La visita de Francisco a México empezó con una contradicción. El Papa más sencillo y comprometido con los que menos tienen, fue recibido el viernes con un carnaval VIP de 5,000 personas invitadas por la Presidencia de la República en el Hangar Presidencial que dibujó el México de los privilegiados, y al México de 2a. clase, el de las calles. A la escalerilla del avión que lo trajo desde Roma le tendieron una alfombra roja que Francisco, congruentemente, evadió pisar. No registraron el desaire. La recepción faraónica oficial en Palacio Nacional seguiría conforme a lo planeado. El gobierno le preparó el sábado un champurrado de protocolo con honores de jefe de Estado, ante un auditorio similar al de un Informe de Gobierno, con el añadido del coro de familiares de funcionarios que como si fuera un coliseo, pedían con gritos que los bendijera. ¡Qué espectáculo!

El sábado en Palacio Nacional Francisco parecía incómodo y estuvo rígido durante un buen tiempo de ese acto coreografiado como todos los que hacen en Los Pinos. En su discurso de apertura, Francisco había recurrido a Octavio Paz y "El Laberinto de la Soledad" para hallar la comprensión de la forma como se comportan y actúan los mexicanos, que tuvo una gran demostración en vivo de los misterios y complejidad de la cultura mexicana. El Papa habló de que cada vez que se busca el camino del privilegio o beneficios de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión y la violencia.

No hablaba de unos mexicanos, sino de todos, aunque llevaba como destinatarios claros a "los dirigentes de la vida social, cultural y política", sentados frente a él, que tenían la obligación de darle a su pueblo acceso a las necesidades mínimas básicas, justicia real, seguridad efectiva y un entorno sano y pacífico. Al final, los aplausos -algunos desproporcionados lo hacían como focas- mostraban la desconexión entre los 2 Méxicos. ¿Qué habrá pensado el Papa ideológicamente más comprometido con el segmento menos favorecido de la sociedad ante ese ritual en sus antípodas? Nada bueno, se puede suponer, pues no les hizo caso ni los bendijo. Frente a él, en cambio, pudo ver los ejemplos de esa cultura sibilina mexicana que esconde su estructura de castas.

Era el principio del propio laberinto mexicano con el que ha topado Francisco, el Papa del pueblo al que han aislado del pueblo. La gente en las calles ha visto reducidas sus posibilidades de acercarse y ver a Francisco. En el Zócalo de la Ciudad de México, 70,000 personas iban a poder estar cerca de él, pero el acceso se redujo a casi la mitad por una decisión del Estado Mayor Presidencial que sólo se entiende por su paranoia trastocada sobre la seguridad -¿por qué seguirán permitiendo que el presidente y el secretario de Gobernación viajen juntos por aire?-, que ha alejado de Francisco a lo que más quiere, la gente. ¿Sabrá el Papa que la guardia presidencial tiene al México de las calles alejado de él? En la prensa se han comenzado a registrar las bajas audiencias en los eventos del Papa, que adjudican a un problema de fe al compararlo con las 5 visitas de Juan Pablo II, pero que soslaya que la seguridad es tan enfermizamente draconiana que incluso personas que tenían pases para entrar a las misas, no han podido ingresar a las iglesias.

El Papa está secuestrado y no se ha dado cuenta. La seguridad ha desanimado a muchos. Para poder ir a una misa, tuvieron que llegar 12 horas antes del inicio programado para ubicarse en sus lugares. En Ecatepec, por ejemplo, le gente estuvo todo ese tiempo sin poder comer ni tomar agua, porque la seguridad les impidió introducir alimentos y bebidas. El Estado Mayor Presidencial, bajo un diseño autorizado en la más alta oficina pública de este país, lo quiere inocular. Hay temor de un ataque terrorista en su contra sobre territorio mexicano -no hay ninguna amenaza de ello, pero siempre se establecen protocolos de seguridad bajo esas presunciones-, pero no parecería por el comportamiento militar con la gente de que eso fuera la principal preocupación política. El Presidente Enrique Peña Nieto decidió un marcaje personal al Papa y despachó a cada uno de los estados que visitará, a un secretario de estado o a su personal más cercano en Los Pinos. ¿Qué es lo que no quiere el presidente que el Papa vea? O ¿a quién no quieren que vea?

Los únicos auditorios donde los espacios de movimiento han sido más amplios, son aquellos donde el control de Los Pinos es absoluto y pudo sellar el espacio: el Hangar Presidencial y Palacio Nacional. Es decir, donde se encontraban varios de los destinatarios de sus discursos iniciales, los que no tienen "la mirada limpia", los que se han dejado corromper por el materialismo trivial, los príncipes de la jerarquía eclesiástica mexicana, o donde se mezclaban complicidades perversas -la más notable, en Palacio Nacional, prelados y líderes que protegieron pederastas y algunos de quienes han lucrado de los que menos tienen-. Este es el México que tiene acceso a Francisco; uno muy pequeño pero poderoso que hasta este momento, ha higienizado la visita papal al alejarlo de aquellos con quienes venía a estar.

Angélica Rivera estuvo casada con el productor de telenovelas José Alberto Castro, hermano de Verónica. Cuando ya separada decide casarse de nuevo con el entonces gobernador del Estado de México y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tramita la anulación de su matrimonio, mismo que se le concede en tiempo récord (un procedimiento que a un pecador estándar le llevaría años, a la señora Rivera le llevó apenas 2 meses) gracias a la intervención del cardenal Norberto Rivera Carrera. La anulación se concedió por violaciones al Código Canónico. El asunto, que no pasaría de un tráfico de influencias, se volvió complejo porque el sacerdote que casó a Rivera con Castro protestó ante El Vaticano y dijo que él había cuidado todas las formas canónicas y que incluso había rechazado casarlos en la playa para no violentar el código. Así, la boda válida fue en un templo en la Ciudad de México y unos días después se realizó una bendición en la playa. Al más puro estilo Corleone, lo que hizo el cardenal primado de México fue quitarle el ministerio al cura latoso y relegarlo al olvido.

El ángulo que lo hace trascendente es que pone al descubierto la simulación del poder. Cuando se trata de una producción del tamaño de una boda del entonces delfín presidencial, todos los poderes se pliegan para seguir el guion tal y como fue escrito y cantan a coro sin cuestionar el papel que están jugando en esta oda a la corrupción.

Es increíble que a un empresario que evade al fisco se le trate como gran delincuente y no pueda gozar de la libertad bajo el otorgamiento de una fianza y al funcionario que se roba dinero público, si alguna vez llegara a consignarse ante un juez su comportamiento, saldría bajo fianza al ser este delito leve, los mejores ejemplos los tenemos en el sinnúmero de delitos consignados por la prensa contra el Congreso del Estado, y curiosamente, a nadie, sí, a nadie, se le fincó responsabilidad alguna.

En Tlaquepaque, en septiembre de 2014, secuestraron al diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, cuyo cadáver fue encontrado días después en Zacatecas. Al diputado federal lo ejecutaron en venganza por haber pedido ayuda al Ejército para recuperar de manos criminales el rancho de su familia en esa región.

Raymundo Riva Palacio, en la pág.10-A del periódico El Informador del 15 de abril de 2015.

Privilegiados están los diputados, pues el Ayuntamiento de Guadalajara les dará prórroga ante la prohibición de estacionarse en la Zona 30, en cambio a los ciudadanos "normalitos" se les comenzará a multar. Se supone que la medida también aplica para los autos del personal del poder judicial que también se estacionan en la zona ¿o también serán tratados con diferente vara?

Los mexicanos que en estos años de crimen desbordado hemos perdido seres queridos, familiares cercanos, somos varias decenas de miles. Y todos merecemos boleto de avión, hotel y comidas para ir a presentar nuestra queja a Ginebra.

Los 43 muertos e incinerados de Ayotzinapa son el primer caso donde por un crimen que estremece a México se tienen, en 2 meses, un centenar de detenidos, declaraciones confirmadas por los datos, móvil, autores intelectuales, autores materiales.

El caso no está cerrado. Falta por declarar el director de la normal de Ayotzinapa, por detener El Gil. Duda: ¿de quién salió la información (no confirmada) acerca de que iban 17 miembros de Los Rojos en los 3 autobuses robados por los normalistas? Quien se lo haya dicho a El Gil sentenció a una terrible muerte a todos cuantos pudieron atrapar, que fueron 43 de entre más de 100.

Faltan los juicios y, sobre todo, las sentencias que deben ser las más duras en nuestro Código Penal. Pero se habrá acabado el negocio para muchos "solidarios".

Los padres se niegan a ver las evidencias porque eso implica volver a la milpa, al trabajo: se acabaron las caravanas de autobuses de 1a. clase, los hoteles, las recepciones como héroes.

¿Y el asesinato de Gonzalo Rivas, quemado vivo por los normalistas que incendiaron a propósito la gasolinera donde trabajaba?

Estamos acostumbrados a que en nuestro país los políticos y los activistas tengan derechos más amplios que los ciudadanos comunes y corrientes. Quien asiste a una movilización política tiene, por usos y costumbres, un trato muy distinto al de cualquier persona. Si un ciudadano se roba un autobús de transporte público, por ejemplo, es sancionado en caso de que se le detenga, pero cuando un manifestante lo hace se dice que está ejerciendo su derecho a protestar y por lo tanto no se le castiga.

Como al Héroe de Nacozari, Jesús García, a Gonzalo Rivas le costó la vida salvar muchas otras luego del incendio provocado por los normalistas de Ayotzinapa. Nadie exige justicia. Es otro de los muertos que no importan.

El Gobierno del Distrito Federal no sólo ha permitido que circulen los tianguistas cuando el resto de los ciudadanos con vehículos de más de 8 años no lo puede hacer sino que también les ha prometido créditos especiales. Los demás afectados por el Hoy no Circula no reciben ninguno de estos privilegios.

Hoy, hace 6 años murieron 5 policías investigadores (3 quedaron heridos) en una emboscada en Lagos de Moreno. Literalmente los cocieron a balazos 30 asesinos a sueldo, 6 granadas, 800 tiros de armas cortas y largas.

Pero pregunto, ¿dónde queda esa indignación y clamor de justicia cuando asesinan a uno, tres o cinco policías? ¿No son gente también? ¿No son mexicanos también? No estaban cumpliendo con su deber al momento de ser asesinados?

Rodolfo Ocampo Velázquez, quien desde el 8 de junio de 2013 duerme en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, contó que no ha recibido un trato especial dentro de las celdas. Se aloja en un área especial para ex funcionarios públicos a quienes se les inculpa de cualquier tipo de delitos. "Me han tratado bien, pero soy uno más aquí adentro. No tengo un trato distinto a nadie más".

La inseguridad que padecemos todos los ciudadanos a diario se expande tanto, que tarde o temprano también les toca a los políticos que no hacen mucho para combatirla. Cuando la víctima es un ciudadano común y corriente sólo es un número más de las estadísticas, cuando es un miembro de la clase política se mueve cielo y tierra para encontrar a los culpables.

Nuestras autoridades no tendrán que buscar mucho para encontrar a los verdaderos culpables, basta con que se miren al espejo y los verán, ya que con su indolencia, indiferencia, ineptitud y a veces hasta complicidad, han provocado todo esto. Pero eso sí, no se cansan de decir mentiras tales como: "vamos mejorando, hay un muerto menos que el mes pasado".

Pág.4-A del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2014.

Si en la mañana sintió que hacían falta agentes viales, lo más seguro es que estaban custodiando el paso de Aristóteles de Casa Jalisco a Palacio de Gobierno.

El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, se sumó a la iniciativa del Día Mundial Sin Auto. Este lunes salió de Casa Jalisco en bicicleta custodiado por personal de seguridad y por policías viales.

A diferencia de otros ciudadanos, estudiantes y trabajadores que usan la bicicleta como único medio de transporte, el mandatario estatal contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Movilidad quienes siguieron en el trayecto a Sandoval Díaz, y en caso de ser necesario estaban alertas al tránsito vehicular para detener o agilizar su paso para que el mandatario pudiera llegar a Palacio de Gobierno donde a las 11 de la mañana tenía un evento agendado.

Una de las claves ideológicas con las que el sistema político liberal pretende fundarse y sostenerse, es la promesa de igualdad de los ciudadanos: cada miembro de la república es igual ante la ley, dicen la Constitución y las leyes.

Pero sabemos que no es así, que esta afirmación ideológica choca frontalmente con la realidad cotidiana que fomenta y propicia la desigualdad, fundada a su vez en el desigual reparto de riquezas y derechos y en el antagonismo social que cruza la sociedad.

Que no todos son iguales ante la ley lo saben miles de pobres que están en la cárcel por delitos menores y por carecer de contactos, relaciones o dinero para comprar la justicia; que la ley es desigual, lo saben los ricos que compran su libertad, con independencia de la gravedad de los delitos cometidos.

Sobran ejemplos de esta desigualdad, pero quizá sea en los despojos de tierras donde mejor se muestra.

La celebridad de Rosa Verduzco ha visibilizado su situación. De alguna manera el reconocimiento social del que goza es su mejor protección. Sin embargo, ¿qué sucede con todos los demás mexicanos, hasta el momento inocentes, a quienes se les viola el debido proceso e incluso se les llega a detener como criminales de leyenda? Entre estos seguramente hay personas de buenas intenciones cuyas ilegalidades son producto de haber sido abandonados en sus iniciativas filantrópicas. Todos estamos expuestos a lo que le pasó a Rosa Verduzco, pero no todos tendríamos la dicha de que nuestro caso esté tan vigilado. ¿Cuántos como Rosa pero que sólo sus más cercanos se enteran de los atropellos que sufren?

Marzo, el gobernador promete la 1a. ruta segura de trasporte público en un mes. La marcha recordando la tragedia de Fernanda logra concientizar a la comunidad de la necesidad de exigir un transporte digno, seguro y de calidad, y se da vuelta atrás al aumento a la tarifa, la víctima 14 sería la última. En mayo 6 rutas rechazan el salario fijo, exigen ganar entre 11,000 y 14,000 pesos, algunos quieren 22,000. Junio, el día 19 una de esas rutas la numero 52, cobra la víctima 28, un niño de primaria, entre estas 2 tragedias hay otras 12, ninguno mereció una marcha, ninguno vale un peso menos al transporte, ninguno importa ya.

Ramón Montalvo Hernández, diputado federal del PRD, resultó herido de bala en el pecho y un hombre en un ataque en el municipio mexiquense de Valle de Chalco, por lo que fue atendido por paramédicos de Protección Civil municipal en el lugar, y luego fue llevado de urgencias a una clínica particular del municipio de Ixtapaluca.

Debido a la gravedad de las lesiones, más tarde tuvo que ser trasladado en un helicóptero del Grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública del DF al hospital Dalinde, donde fue operado.

Pág.21 del periódico Milenio Jalisco del 9 de mayo de 2014.

La tremenda corte, en la pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 28 de marzo de 2014.

Las primeras 13 al parecer no importaban, eran cosa normal, valían poco porque no generaban crisis política a los políticos. Pero la 14 tenía el respaldo de la Universidad de Guadalajara y entonces el gobierno encontró que había un problema.

Jorge Zul de la Cueva, en la pág.10-A del periódico El Informador del 18 de marzo de 2014.

No hace mucho asaltaron una tienda de ropa, la dueña angustiada llamó a la policía apenas se fueron los ladrones. Los agentes de la seguridad pública llegaron, tomaron nota y ya para irse la dueña del establecimiento les preguntó si no iban a tomar las huellas... Por supuesto que no, esos recursos valen solamente para crímenes de alto impacto publicitario.

Armando González Escoto, en la pág.2-B del periódico El Informador del 16 de marzo de 2014.

Fernanda Flores, en la pág.4 "Cartas a Mural" del periódico Mural del 13 de marzo de 2014.

La situación, en cuanto a inseguridad, sigue complicándose, lo cual, además de preocupante, es muy delicado.

Gustavo Gallegos C., en la pág.4 "Cartas a Mural" del periódico Mural del 23 de enero de 2014.

Román Revueltas Retes, en el periódico Milenio Jalisco en línea del 1o.de enero de 2014.

Bien dicen que fuera de México todo es Cuautitlán... Fregados los otros.

Hilario Duarte Vázquez, en la pág.4 "Cartas a Mural" del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013.

A nadie se le desea nada malo en la vida. Sólo se les pide a todos lo redentores de este mundo que sean congruentes con sus ideas e ideales "Felicidades AMLO".

Francisco Molina Martínez de Castro, en la pág.5 "Cartas a Mural" del periódico Mural del 5 de diciembre de 2013.

francisco, en la pág.4 "Comentarios a mural.com" del periódico Mural del 5 de diciembre de 2013.

Pág.4-A del periódico El Informador del 4 de diciembre de 2013.

Flavio romero de Velasco, licenciado en Derecho en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco, en la pág.2-A del periódico El Informador del 28 de septiembre de 2013.

Jorge Zul de la Cueva, en la pág.4-B del periódico El Informador del 24 de septiembre de 2013.

Que le condonen impuestos a los municipios y al congreso, que algunos consideran una buena noticia, pues es dinero que se queda en las arcas públicas y equivale a haber logrado un incremento en las participaciones federales, es en realidad un enorme retroceso en lo que se refiere a la responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, en el manejo de nuestro dinero.

Retener impuestos y no enterarlos equivale a hacer un fraude al fisco, pues se está disponiendo de dinero ajeno. Si un cobrador se queda con el dinero de la empresa para la que trabaja, no sólo perderá la chamba sino que seguramente lo meterán a la cárcel hasta que regrese lo que se llevó. Si un patrón retiene impuestos y no los entera, correrá la misma suerte que el mensajero, porque en la práctica éste es sólo el conducto para cobrar dinero de terceros. Los tesoreros y los presidentes municipales que no enteraron ese dinero retenido a los trabajadores cometieron fraude, pues eran impuestos generados por los empleados, pero a ellos no sólo no se les fincan responsabilidades, sino que el fisco les resuelve el problema regalándoles ese dinero a las entidades para las que trabajaban. Si un administrador tuviera la cara dura de alegarle al fisco que el adeudo es de un administrador anterior, Hacienda lo tilda de loco y por supuesto que no lo pela; si son alcaldes, los trata distinto.

Hay que dejar claro que Hacienda no les está condonando impuestos a los ayuntamientos, porque no se trata de impuestos generados por ellos; les está perdonando la comisión de un delito, lo cual es absolutamente distinto. ¿Con qué autoridad el SAT decide a quién sí le autoriza que use impuestos retenidos y a quién no? Si mañana otro municipio se queda con el ISR o con el IVA, ¿lo tratarán igual? Si una empresa alega problemas de flujo, ¿le darán el mismo trato que a los municipios omisos? ¿Con qué autoridad podrán exigir responsabilidad a las entidades públicas después de haber premiado la irresponsabilidad?

El dinero público es sagrado y Hacienda debería ser el primero en honrar este principio. Si les hubieran aumentado las participaciones a los municipios para que pagaran, con todo y recargos, y con los procesos legales correspondientes, el efecto monetario hubiera sido el mismo, pero el mensaje habría sido muy distinto. Como lo hicieron, simplemente dejan escrito en letras de plomo que en México los ciudadanos somos de segunda y los políticos se protegen entre ellos. Mensaje recibido.

Diego Petersen Farah, en la pág.1-B del periódico El Informador del 25 de junio de 2013.

Dijo lamentar que la Secretaría de Hacienda no mida con la misma vara a todos los ciudadanos, pues las condonaciones a las personas morales o físicas no son del mismo tamaño que en el caso de los entes gubernamentales.

"No es un asunto menor. Entiendo el coraje de las personas físicas y morales que, en el caso del gobierno, se atiende y resuelve bien, y en los casos particulares no se resuelve de la misma manera".

Dijo que buscará un acercamiento con el coordinador de los diputados federales por Jalisco del PRI, Abel Salgado, para que presente una reforma en materia fiscal, con la finalidad de que los beneficios sean equitativos.

Por su cuenta, el contralor del Ayuntamiento de Tonalá, Iván Antonio Peña Rocha, dijo que no ve como un caso de impunidad o defraudación fiscal que el SAT le haya condonado una deuda de 27 millones de pesos a su gobierno, por concepto de pagos atrasados de otras administraciones: "La autoridad superior es la que está brindando este tipo de beneficios", dijo al recordar que el 5 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto.

"Tonalá se adhiere el 24 de diciembre del mismo año y posteriormente se ratifican los convenios que se han firmado de 2008 para la fecha, para seguir siendo beneficiados de este estímulo para los municipios, tomando en cuenta que es una manera de coadyuvar, a efecto de que los municipios tengan un poquito más de liquidez".

A la pregunta sobre la reacción de los ciudadanos, a quienes el SAT no les condona deudas, el contralor insistió en que ése es otro "ámbito".

Pág.3-B del periódico El Informador del 25 de junio de 2013.

Más que a los "niños bien", la crítica de la película está dirigida, a mi manera de ver, a esa nueva clase social de la que nos habla Jorge Zepeda en su espléndido texto: "Ladys y mirreyes: aristocracia mexicana": "Y es que si repasamos los casos de las ladys y mirreyes veremos que el común denominador es la indignación de cada uno de ellos por el hecho de ser tratados como si fueran 'un hijo de vecino', es decir, como plebeyos. Desde las #LadysDePolanco irritadas porque unos policías morenos y chaparritos las estaban deteniendo por borrachas; o #LadyProfeco porque los 'imbéciles' de un restaurante no entendieron que ella no está para esperar mesa y sí para exigir donde sentarse; o el empresario exasperado que tiene que golpear a un conserje de su edificio porque este se rehúsa a lavarle el auto como ha sido ordenado. Y así indefinidamente".

Estamos hablando de la película mexicana que ha roto récords de audiencia y que ha sido vista por más de 6 millones de espectadores. Estamos hablando de la ópera prima de Gary Alazraki, de 35 años. Y estamos hablando de la cinta que ha recaudado más de 320 millones de pesos, nominada en la categoría "Peli de Pelos" de los Premios MTV Millennials Awards, y cuyos derechos han sido comprados por distribuidores de Estados Unidos, Europa y América Latina.

En el caso de Francia, Italia, Brasil y, probablemente, India, quieren hacer un "remake" de la película. No hay duda de que ha sido un éxito, lo ha sido y ¡rotundo!

¿A qué se deberá realmente este triunfo aun para su propio director? ¿Se deberá a la animadversión de toda la población que existe por los juniors, especialmente los hijos de los políticos y líderes sindicales? Antes, siempre se salían con la suya, pero ahora, gracias a las redes sociales, son "balconeados" y señalados. Antes, se desconocía el grado de prepotencia al que podían llegar, pero ahora son expuestos al escarnio general. "¡Que lo metan a la cárcel", reclamaban en las redes sociales respecto al nieto de Murillo Karam, cuando su ex novia subió la fotografía donde aparece toda trompeada por los puños de Gerardo Saade Murillo. Antes, estos juniors y ladies no pedían disculpas, ni públicas ni privadas, ahora se ven obligados a hacerlo por la exposición a que estuvieron sujetos. Antes, con este tipo de comportamiento, estos juniors eran modelo para muchos jóvenes, para algunos de ellos eran winners porque, además de salirse siempre con la suya, viajaban en el avión de papi, manejaban autos deportivos, usaban ropa de marca y salían fotografiados en las páginas de sociales de los periódicos. Antes, los papis los sobreprotegían, les compraban coche último modelo y hasta estaban orgullosos del arrojo de su hijito; ahora esos mismos papis son despedidos por los desplantes de sus hijos. Muchos de ellos, ahora, seguramente, les dicen: "Nada de escandalitos, ¿eh? Aprendan a comportarse y, con un carajo, se me quitan su Rolex. Desde ahora, nada de viajecitos en mi avión. Aguántense y viajen como la gente decente, en Primera... Hagan de cuenta que soy un papá normal, que trabaja duro para ganarse la vida". Me pregunto si los juniors y las ladies escucharán los consejos de papi. Me pregunto si todos estos escándalos los han hecho verse en el espejo. Y me pregunto si ellos mismos no son víctimas de una pésima educación y de un sistema corrupto y permisivo.

"En un país donde se combate la pobreza y a la vez la obesidad, en un país donde conviven el hombre más rico del mundo y 54 millones de pobres, no es de extrañar que una parodia que ridiculiza la actitud de los hijos de la burguesía mexicana esté arrasando en taquilla. Nosotros los Nobles, una película de Gaz Alazraki, pone cara, y muy bien, a los mirreyes, los niños de papá que se pasan el día de fiesta; a las princesas, jóvenes consentidas de zapatos caros; y a los hipsters, bohemios y espirituales con visa oro. Retratar su relación diaria con los que menos tienen ha puesto a México frente al espejo", dice Juan Diego Quesada del periódico El País en su texto: "Una parodia sobre los ricos pone a México frente al espejo". (3 de mayo, 2013).

Esperemos que este mismo espejo, alguna vez, deje de ser de circo...

Guadalupe Loaeza, en la pág.7 del periódico Mural del 20 de junio de 2013.

Peor aún, no pudo comprender que una senadora, de acuerdo al Diccionario básico de términos legislativos de la ‘Güera Beristain’, es una autoridad ante cualquier hecho que le convenga, pues si no hubiera poder en el cargo, 'tons para que jijos lo quiero'.

Porque una cosa es que usted llegue tarde al trabajo, un vuelo o sucursal bancaria y me lo regresen como el hijo de vecino que es, pero por favor, hay niveles. Ya sabe, no es lo mismo ser luchador social a secas que luchadora social con título de Miss Simpatía. Atrás de la raya que anda trabajando.

No cabe duda que esto es un vil complot maquinado por las fuerzas oscuras de la mafia en el poder y los resentidazos sociales que no soportan la inversión que hacemos los contribuyentes para que la señora tenga un cargo, pero se presente de vez en cuando a las sesiones y cuando asiste, o se duerme o le da masajes a sus compañeras.

Usted cree que puede invertir los papeles y ponerse al tú por tú con La Lady del Senado nomás porque le paga 121,600 pesos al mes (casi millón y medio al año), un seguro de vida equivalente a 40 meses de su dieta -su dieta es el sueldo mensual, no la que aplica en preparación de otro concurso-, un seguro de gastos médicos mayores por un monto igual a 1,500 salarios mínimos del DF (ni modo que vaya al ISSSTE); un aguinaldo de 40 días; auto, teléfono y apoyo para transporte.

Disculpe usted, pero si respondió que sí, entonces tiene un concepto de servidor público bastante errado. En este país, llegar a un cargo de este tipo, con votos o sin ellos, es situarse en el Olimpo de donde, muy de vez en cuando, los dioses bajan y vuelan en VivaAerobús solo para comprobar que la humanidad está desquiciada y desubicada, pues extrañamente dice estar cansada de los políticos a quienes les atribuyen parentesco maternal con cierto tipo de profesionistas, mismas que juran y perjuran que ellas jamás los concibieron.

Por eso coincidimos con la excelentísima y bienaventurada Lady del Senado (increíble cómo en pocas semanas a este tipo de gente le ha aflorado la ‘realeza’) para que se forme una Fiscalía Especializada en la defensa de los políticos agraviados, satanizados por cualquier minucia que algunos malosos llaman prepotencia cuando en realidad realizan una labor social para situar a cada persona en su lugar. Porque, seamos honestos, ¿usted cree que después de tanto escándalo le pasará algo a la señora del bikini, perdón, de sangre azul? Mejor aproveche y pídale un masaje. Pero ándese con cuidado, que parece tener la mano pesada. Aunque dado por ella, no tiene precio.

Miguel Ángel Castillo, en Yahoo! Noticias del 31 de mayo de 2013.

Es cosa, desde luego, de contar con los medios para consumar el escarmiento y disfrutar luego de la consecuente reparación. Herramientas que, ya lo sabemos, los comunes mortales no tenemos a nuestro alcance precisamente por eso, por ser gente del montón.

Ah, pero cuando estás donde hay que estar y eres quien tienes que ser, entonces todo es más simple y la justicia terrenal se vuelve algo plenamente alcanzable por poco que cojas el teléfono móvil para movilizar a tus pretorianos. Y así, lo que para nosotros es una fantasía irrealizable, para la descendienta directa del hombre encargado de administrar justicia a los desvalidos compradores de este país no es sino una mera instrucción dada a subalternos (no de ella, sino de su padre) que, por lo que parecía, estaban ahí, bien dispuestos a hacer justicia a la heredera designada.

Entendemos -o, por lo menos, yo lo entiendo- el enfado de la joven mujer. Estamos hablando de esa experiencia tan frustrante como declaradamente humillante de no ser tomado en cuenta en tu condición de consumidor que debiera merecer, de entrada, un trato justo y equitativo.

El examen de admisión ante los "cadeneros" de los antros y discotecas es mucho más crudo pero los jóvenes, por lo que parece, tienen la piel más dura.

Nuestra aspirante, según dicen, se sentía ya la afortunada dueña de una mesa en la terraza cuando vio que otra gente ocupaba alegremente la tierra prometida. Alguna protesta debió expresar la mujer pero no fue atendida, como se dice en la buroparla, en "tiempo y forma". Y es que aquellos, los arrogantes empleados se sentían ya bendecidos a perpetuidad por su condición de administradores de un servicio universalmente codiciado. No le hicieron caso, entonces, pero, miren ustedes, no sabían quién era. En efecto, resultó que la clienta agraviada no compartía la medianía de un hijo de vecino medianamente dispuesto a someterse a los dictados del destino sino que era una mujer con formidables recursos. Y es aquí donde se ponen feas las cosas, estimados lectores: ahí donde una persona de a pie se hubiera marchado a la fonda de la esquina, la agraviada utilizó a su antojo el aparato de una institución pública y mandó clausurar el comedero. Hay que imaginar le disposición del jefe de los inspectores: "váyanse a ese lugar y a ver qué encuentran para cerrar el local". Y, desde luego, siempre hay algo, en este país sojuzgado por una burocracia tan imbécil como persecutoria: de seguro encontraron que faltaba un extintor de incendios en el estacionamiento o un dispositivo de alerta antisísmica en la cocina. Yo entiendo a la clienta inconforme por el maltrato. Lo que no es aceptable es la desproporcionada respuesta de una maquinaria gubernamental que, con perdón, no está a su servicio personal.

Román Revueltas Retes
en el periódico Milenio Jalisco en línea del 19 de mayo de 2013.

Tuvieron que transcurrir 2 largos meses para que, por fin, dieran frutos las investigaciones.

Se explica que, en el caso, hubiera, excepcionalmente, la celeridad (muy relativa, además) que dista mucho de ser la regla para resolver los crímenes que a diario se cometen en Jalisco: la víctima era una figura pública. Si no se tiene ese rango, lo normal es que, a partir de los "macabros hallazgos" que se han vuelto cosa cotidiana en Guadalajara y sus alrededores, difícilmente se pase de la identificación del occiso. Esos crímenes quedan, a la postre, en su gran mayoría, envueltos en un manto de misterio. Es decir, en la impunidad.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico, en la pág.7-B del periódico El Informador del 15 de mayo de 2013.

Carlos Alberto Lara González, en la pág.4-A del periódico El Informador del 27 de abril de 2013.

El legislador Arellano Guzmán se encontraba presente en el lugar del accidente y recibió el pésame de mandos policiales.

La presencia del diputado causó que las autoridades actuaran con mayor agilidad y que también se reservaran los detalles de cómo había sucedido exactamente el percance vial.

Pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 10 de enero de 2013.

Siempre creí que los impuestos eran de carácter general, no sólo para los que vivimos fuera del erario.

Roberto Ramírez Guerra, en la pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012.

De las camionetas bajaron varios tipos encapuchados y armados, directos a su objetivo: detener y secuestrar a Celedonio Monroy, un miembro de la comunidad nahua de Ayotitlán, quien se había destacado por la defensa de los derechos comunitarios. Los hombres encapuchados se llevaron a Celedonio Monroy, y desde entonces no aparece. No hubo amenaza de por medio.

Pero otros dirigentes comunales de Ayotitlán sí están amenazados.

¿Qué tienen en común todos ellos? Son las caras visibles, junto con otros más, en la defensa de los derechos comunales.

Ayotitlán, fue una república de indios a quien la Corona española le reconoció una extensión de 439,000 hectáreas; a lo largo de los siglos XIX y XX, Ayotitlán fue perdiendo territorio. Los gobiernos revolucionarios le reconocieron 50,000 hectáreas, pero solamente se ejecutaron 31,000. Ayotitlán es un terreno privilegiado en recursos minerales y madereros. De tal suerte que desde hace décadas los pobladores enfrentan la codicia, la ambición, el despojo y el robo descarado de caciques, talamontes, empresas mineras, y ahora también la presencia del crimen organizado.

La mezcla de todos estos intereses económicos y la ausencia de un Estado que aplique justicia hacen de Ayotitlán un terreno fácil para la amenaza, el secuestro y hasta el asesinato.

Lamentablemente lo que ocurre en este momento en Ayotitlán pasa también en decenas de comunidades o pueblos cuyos pobladores resisten procesos de despojo de sus territorios y bienes comunes.

En la costa de Jalisco prácticamente no hay playa codiciada por los intereses turísticos que no tenga tras de si una estela de amenazas en contra de quienes resisten despojos. En Cruz de Loreto están desaparecidos tres pescadores desde marzo de 2011; Aureliano Sánchez, líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, fue asesinado en junio de 2011; en San Isidro, en el sur del estado hay amenazas en contra de campesinos; en El Salto, los activistas más destacados en contra de la contaminación del Río Santiago son hostigados constantemente.

Ni Celedonio Monroy, ni los desaparecidos de Cruz de Loreto tienen familiares poderosos que muevan los resortes del poder para que se les haga justicia, como ya obtuvo justicia el ex presidente del PRI, Humberto Moreira. La autoridad debe aplicar la justicia por igual; debe trabajar para encontrar a Celedonio Monroy y debe proteger la integridad de los comuneros o activistas amenazados.

Rubén Martín, en la pág.4-A del periódico El Informador del 3 de noviembre de 2012.

El Congreso de Jalisco no ha pagado los impuestos que retuvo a sus trabajadores, es decir: los trabajadores pagaron sus impuestos y los diputados se los quedaron. ¿Hay algo más grave?

Pero a diferencia de una empresa, el "consejo de administración" del congreso, es decir los legisladores en turno, no son responsables personalmente de nada.

Si el SAT hiciera responsables directamente a los legisladores en turno (el "consejo de administración") por evadir el pago de impuestos, si los persigue y les congela sus cuentas bancarias de la misma manera que lo hace con particulares, otra cosa sería.

La ley y las responsabilidades administrativas deben ser las mismas para un diputado que para un mortal ciudadano.

¿Por qué los miembros del consejo de administración de una entidad privada que evade u omite el pago de impuestos son perseguidos y enfrentan personalmente las consecuencias de sus actos y, en el caso de entidades y organismos públicos, la responsabilidad de sus administradores es prácticamente nula?

Vean además la diferencia de trato fiscal que reciben los diputados en su calidad de administradores: el Congreso de Jalisco acumuló un adeudo al SAT por nada menos que 343 millones de pesos. Luego (supongo que con influencias) logran una rebaja para dejar la deuda en tan solo 43 millones de pesos, y además un plazo para pagarla, siempre y cuando abonaran un mínimo de 7 millones de pesos, de los cuales sólo dieron un millón. No sólo obtienen ¡88% de descuento! y plazo, sino que además incumplen el pago mínimo acordado, y todos duermen tranquilos.

Para empezar, habría que preguntarse ¿cómo es que se llega a acumular tal cantidad de adeudo sin que "les caiga el fisco"? y ¿por qué el SAT no actúa y los embarga a la primera oportunidad como lo hace con cualquier particular?

Una historia fiscal como ésta, con una negociación de esta magnitud y benevolencia por parte del SAT, si hubiese sido entre particulares, diríamos que huele a influencias y sabe a soborno. Entre políticos y funcionarios públicos huele a fuero y sabe a impunidad.

¿Por qué el SAT si es capaz de hacer un descuento del 88% a los diputados, y a los particulares nos cobran actualizaciones, multas y recargos que llegan a duplicar y triplicar las cuentas, y si no las pagamos nos amenazan con meternos a la cárcel y quitarnos todo lo que tenemos?

Cuando supe de este descuento y del plazo para pagar el saldo, la verdad me dio coraje.

Me dio coraje porque he visto cómo el SAT se convierte en una fiera despiadada frente a contribuyentes particulares que tienen toda la voluntad de salir adelante y con su propio dinero, no con el de los contribuyentes, como es el caso de los diputados.

Me dio coraje porque he visto cómo el SAT congela, de repente, cuentas de particulares para garantizar sus adeudos, sin importarle las afectaciones que con ello hace a terceros que nada tienen que ver con el problema, como proveedores, empleados y subcontratistas.

Me dio coraje porque he visto cómo el monto de una omisión fiscal involuntaria en alguna de las miles y cada vez más complejas leyes y reglas fiscales que existen, al momento que se detecta, lo cual en ocasiones es varios años después, es ya un problema económico fuera de toda proporción.

Me dio coraje porque he visto cómo el SAT en ocasiones aplica criterios fiscales injustos, y si un particular decide inconformarse debe contratar abogados y garantizar con bienes de la empresa o personales, el monto determinado por ellos, mientras dura la discusión (pueden ser años).

Ya quisiera ver a un diputado poner en garantía su casa, o aunque fuera su coche, para garantizarle al SAT el pago actualizado de las omisiones fiscales que su negligencia administrativa y sus despilfarros ocasionaron. A ver si duermen tranquilos sabiendo que el fisco "les cayó" a su casa y que su patrimonio y su libertad están en juego.

"Si no les cae el fisco que les caiga... otra cosa".

Ricardo Elías, arquitecto y empresario, en la página 8 del periódico Mural del 1o.de noviembre de 2012.

El crimen fue condenado por la clase política en pleno y las autoridades de todos los niveles se han esforzado para dar con el paradero de los criminales. Al ritmo que marchan las investigaciones, es cosa de días que aparezcan detenidos los autores materiales del crimen.

Hasta el lunes 15 de octubre han declarado 75 policías preventivos de Ciudad Acuña informó Homero Ramos Gloria, procurador de Justicia. La procuraduría del estado ha identificado plenamente a 2 de los 3 presuntos responsables de ser los autores materiales del homicidio: Rubén Sifuentes Cadena "El Shaggy", y Carlos Eduardo Flores Flores, "El Pelón". Es sorprendente la rapidez y la eficacia de las autoridades y de las fuerzas del orden para resolver un crimen atroz.

Lo trágico es que para que haya justicia tienes qué apellidarte Moreira y tener poderosos contactos en los niveles de gobierno.

La justicia es rápida y expedita, tal como dice la Constitución, únicamente para los poderosos: para los políticos, empresarios, deportistas, periodistas o académicos que tienen relaciones y pueden mover los hilos de sus contactos para procurarse justicia.

La terrible es que es el total de personas poderosas de este país son apenas un puñado y que la gran mayoría debe soportar una doble tragedia: la del dolor por la muerte o desaparición de un familiar, y la impotencia al saber que el causante de ese dolor va a seguir impune.

Este doble rasero con el que las autoridades tratan a quienes padecen el dolor de perder a un familiar no pasa desapercibido por las víctimas. El pasado 9 de octubre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad emitió un comunicado en el que se quejó del desdén con que se tratan sus casos. "Como familiares de víctimas tenemos claro que nuestros hijos e hijas asesinados y/o desaparecidos o desaparecidas no son familiares de ex gobernadores, como el caso del ex gobernador que le asesinaron a su hijo, o el caso del hermano de la ex procuradora del estado de Chihuahua quien fuera secuestrado y asesinado. Si nuestros familiares tuvieran estos apellidos entonces sí tendrían la atención de Felipe Calderón".

No en balde tras la muerte del hijo de Moreira, se desató en redes sociales una ironía que podía parecer hasta insensible: "Moreira fórmate, tienes el boleto 70,001 para exigir justicia". Pero no, el ex gobernador no se formó, pronto los verdugos de su hijo estarán en la cárcel.

En tanto los familiares de los 70,000 muertos y más de 10,000 desaparecidos que van en el sexenio, seguirán reclamando la explicación y la justicia para la tragedia que están viviendo.

Rubén Martín, en la pág.2-A del periódico El Informador del 16 de octubre de 2012.

¡Ah! Y esta minoría de supernumerarios se asegura que son maltratados o cuando menos ninguneados por otros supernumerarios (la mayoría) que fueron recomendados por dirigentes de partidos, líderes sindicales, funcionarios universitarios, compadres de legisladores, hasta comunicadores y demás. Por eso, nos aclaran, no hay que incluir a todos los supernumerarios del Congreso del Estado en una sola categoría: hay sus diferencias y matices.

Allá en La Fuente, en la pág.2-A del periódico El Informador del 9 de octubre de 2012.

A pesar de ese inmenso dolor que como padre debe de estar viviendo el profesor Humberto Moreira y su familia, pareciera ser, que dentro de la población hay una sed de venganza contra el funcionario por su pasado lleno de corrupción y pésimo manejo de las finanzas públicas. Y esto se ha esparcido contra todos los funcionarios que, a diferencia de la gente común, las autoridades han dado un seguimiento pronto, especial y por demás preferencial e indignante.

Declaraciones como las de Jesús Zambrano, presidente del PRD que dice: "Pareciera como si el crimen organizado está tocando los linderos de la clase política" son expresiones fuera de toda proporción; es como decir: "Nosotros, la clase política somos una raza especial" con un pedigrí del cual nos separa del mundanal ciudadano común y corriente.

Y lo que es peor, decenas de miles de padres y madres de hijos muertos o desaparecidos y que llevan hasta 10 años insistiendo a las autoridades los escuchen o les den alguna razón, encontrando sólo mal trato y despecho por parte de las dependencias de seguridad.

No. Una de las cosas que ya no vamos a permitir es que cualquier funcionario público siga creyendo que pertenece a un linaje especial, que sigan manejando las cosas a su antojo o conveniencia, es un paso lento lo sé, pero también me queda claro, que cada día hay más ciudadanos enterados y conscientes que estaremos pendientes y presionando para que se rindan cuentas, y se escuche lo que nosotros queremos.

Carlos Corvera Gibsone, en la pág.6-A del periódico El Informador del 7 de octubre de 2012.

[Los políticos quieren aprovechar el caso para enviarle un mensaje al crimen organizado de que ellos son intoncables y que si algo les pasa no pararán en gastos y esfuerzos hasta vengarse - el webmaster.]

José Eduardo Moreira, de 25 años, hijo del expresidente del PRI y exgobernador del estado de Coahuila Humberto Moreira, fue asesinado de varios disparos en un camino rural.

Era también sobrino del actual gobernador, Rubén Moreira, que sucedió a su hermano en ese conflictivo estado.

En una breve comparecencia ante los periodistas, el procurador de Coahuila, Homero Ramos, anunció un operativo conjunto de militares y policías para buscar a los responsables de este asesinato, del que se tienen pocos detalles.

El fiscal de Coahuila dijo que en las investigaciones participarán representantes de la Marina, que interviene en México en la lucha contra el crimen organizado, así como de la Secretaría de Defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública.

También se sumarán miembros de la Policía de Investigaciones, así como agentes policiales y judiciales del estado y del gobierno federal.

Todo ello "para poder coordinar los esfuerzos conjuntos con el ejecutivo del estado" y tener resultados a la brevedad sobre este "lamentable hecho".

El equipo especial ya comenzó a trabajar hoy mismo en las pesquisas, encabezado por el jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.

Agencia Efe del 4 de octubre de 2012.

Nemesio Maisterra, en la pág.9 del periódico Mural del 17 de mayo de 2012.

Con eso, y durante unos meses, los estudiantes de la UdeG quedan exentos de presentar la credencial única del transvale, el documento que el resto de los ciudadanos debe tramitar actualmente si quiere gozar de ese descuento y que las autoridades diseñaron para desmotivar a quienes lo aprovechan -con credenciales estudiantiles falsas, por ejemplo- sin tener derecho a él.

La medida es temporal y será revisada en agosto.

Primera plana del periódico El Informador del 8 de mayo de 2012.

En caso de que sea aprobada y publicada la disposición, los organizadores de espectáculos tendrían que pagar 530 pesos por cada agente de policía, 539 por cada patrulla, 809 por cada grúa y 269.50 por cada motocicleta.

La disposición de la ALDF es la respuesta del gobierno capitalino a un amparo que obtuvo la empresa OCESA a un cobro de derechos por protección de uno de sus espectáculos. Los tribunales determinaron que la autoridad no puede fijar de manera discrecional un cobro por los servicios de la policía.

Este 1o.de mayo, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública utilizó a cientos de policías a lo largo de las rutas de manifestación de los sindicatos priistas y perredistas para hacer cortes a la circulación, facilitar el paso de los manifestantes y proteger a los comercios y edificios en el camino de posibles agresiones de los manifestantes. La gran pregunta entonces es por qué, si se quiere cobrar el uso de policías a los organizadores de espectáculos públicos, ¿no se les cobra este mismo servicio a los que monten manifestaciones?

Al hacer esta pregunta en twitter el mismo martes, recibí algunas airadas respuestas de personas que me decían que los espectáculos tienen un propósito de lucro mientras que las manifestaciones no buscan obtener una rentabilidad. Y como el lucro es malo, según ellos, hay que cobrarles la seguridad a los espectáculos pero no a las manifestaciones.

Tengo mis dudas, por supuesto. La mayoría de las manifestaciones son en realidad negocios en los que los líderes exigen dinero, viviendas o tratos especiales de la autoridad. Otras manifestaciones sirven para promover el encumbramiento de líderes a muy rentables posiciones políticas. Casi siempre hay un diputado o un aspirante a diputado detrás de una manifestación. Pero suponiendo que, efectivamente, las manifestaciones no fueran un negocio, de todas maneras me parecería muy injusto que se cobrara la seguridad a los espectáculos pero no a las manifestaciones o bloqueos.

Por supuesto que quienes organizan conciertos o partidos de futbol tienen un propósito de lucro. Por ello, precisamente, generan actividad económica, pagan impuestos y crean empleos, todo lo cual ayuda a la comunidad. Las manifestaciones, en contraste, solamente dañan a la economía, impiden que la gente pueda llegar a sus empleos o realizar sus actividades y, por supuesto, no pagan impuestos. Habría buenas razones para cobrar el uso de policías a las manifestaciones pero no a los espectáculos, que a fin de cuentas ya pagan impuestos y contribuyen por lo tanto al mantenimiento del gobierno y la policía.

Sergio Sarmiento, en el periódico El Siglo de Durango en línea del 3 de mayo de 2012.

Entre los secretarios del gabinete figuraban el de Gobernación, Alejandro Poiré, y la de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.

Gobernadores los hubo también de muchos lugares: el de Jalisco (no podía faltar), Emilio González Márquez, con su esposa e hijos; el del Estado de México, Eruviel Ávila; el de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el anfitrión, Juan Manuel Oliva.

De la presencia de políticos de todos los niveles no habría llamado mucho la atención (ya es costumbre el favoritismo en México) si no es porque los hijos, esposas y amigos cercanos de los favorecidos, estaban tan entusiasmados, que se paraban en las sillas donde debían estar sentados, para tomar fotos personales, y taparon en repetidas ocasiones la visión de los cientos de camarógrafos y fotógrafos.

Aquello estuvo a punto de convertirse en pleito porque, molestos, muchos de los trabajadores de la información les gritaban a los maleducados: "¡Tú vas a subir tu foto a Facebook, aquí estamos trabajando, bájate de la silla!". Todo ocurría ante la mirada atónita de los elementos del Estado Mayor Presidencial, que no atinaban si era parte de su obligación bajar de las sillas a los influyentes.

Pág.3-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2012.

La raíz del conflicto actual estriba en que la autoridad ha tenido 2 medidas para enfrentar el mismo fenómeno: ha sido complaciente con los vendedores ambulantes en general, que se han apoderado de infinidad de espacios públicos en los que el ejercicio del comercio está expresamente prohibido... y ha sido severa, hasta el extremo de lo draconiano, con los artesanos.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico, en la pág.2-A del periódico El Informador del 30 de enero de 2012.

¿Le parece absurdo? Claro. Pero estos son los laberintos que crean los burócratas para complicar la vida a los ciudadanos y para dar un trato preferencial a los grupos de poder.

Sergio Sarmiento, en el periódico El Siglo de Durango en línea del 12 de enero de 2012.

Adriana García Dávila, en la pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 8 de diciembre de 2011.

El jefe de Gobierno reveló su cara oculta, una que seguro ni Rosalinda conocía y además nos dejó ver que para protestar hay ciudadanos VIP con permiso para todo. Y los pilotos, en definitiva, no lo eran, pues los granaderos les dieron hasta por debajo de la lengua.

Pero ellos tienen la culpa, al suponer que todos somos iguales en el DF y pensar que serían medidos con la misma vara que el SME o Antorcha Campesina.

No, si aquí hay niveles. Si no cuentan con su credencial de 'Lady de Polanco' o ya de menos, con un Lamborghini naranja entonces hagan el favor de no estorbar, pues 'nunca' se ha permitido el bloqueo de vialidades.

La toma del Zócalo por los electricistas o el plantón en Bucareli que duró meses eran festividades en pro de la convivencia al aire libre, simples días de campo en el asfalto para esas temporadas en que no hay playas artificiales o pistas de hielo. Tampoco vayan a pensar que Ebrard es complaciente con los vendedores ambulantes, lo que pasa es que la ocupación de banquetas es un performance que promociona como uno de los atractivos turísticos de la urbe.

Corte de Caja del 11 de noviembre de 2011.

Los diputados fueron citados esta tarde en el estadio 3 de Marzo para de ahí ser llevados en autobús de lujo al estadio, donde permanecerán en salas VIP, para personas muy importantes, y con edecanes, bebidas y canapés. Luego serán llevados a los palcos del estadio para que se deslumbren con la millonaria ceremonia de apertura. El trabajo legislativo puede esperar.

Notisistema el 14 de octubre de 2011.

Leonel Carrillo, víctima colateral de la guerra contra la delincuencia, en la pág.6-A del periódico El Informador del 22 de agosto de 2011.

Las autoridades, en general, se movilizan en la medida del daño o beneficio que un asunto y la información pública del mismo pueden causarle al gobierno o a los intereses políticos y personales.

Si la víctima de un crimen o de cualquier injusticia pertenece a una familia prominente en cuanto a su economía, o influyente en cuanto a su liderazgo social y capacidad para provocar cambios en la opinión pública, y si el asunto se hizo público, entonces sí que hacen lo necesario para resolver las cosas y apagar el escándalo.

Pero si el afectado es Juan Nadie, alguien que no es famoso ni poderoso, el asunto sigue el curso administrativo normal, es decir, se alarga hasta que el tiempo y la impotencia lo llevan al terreno de la impunidad y al archivo muerto. Tan muerto como la víctima, porque: nadie hace nada para Juan Nadie.

Ahora bien: ¿por qué los medios de comunicación le dan seguimiento puntual en horarios estelares y en primeras planas a un determinado crimen; por qué el gobierno se moviliza de otra manera y (medio) escucha los reclamos ciudadanos cuando la víctima es el hijo(a) de una persona famosa o prominente?

Si asesinan, como ocurre todos los días, al hijo(a) de Juan Nadie; si sus padres lloran, denuncian y reclaman justicia, ¿por qué los medios de comunicación y el gobierno son prácticamente indiferentes, o si acaso dan cuenta de ello, lo hacen convirtiendo a las víctimas desconocidas en meros datos estadísticos, en notas irrelevantes o en investigaciones policiacas burocráticas que no producen resultado alguno? Y en última instancia: ¿por qué tiene que morirse alguien famoso para que el gobierno actúe y la sociedad reaccione?

Las respuestas a estas preguntas son por demás inmorales e insensibles.

En el caso de los medios de comunicación nacionales, particularmente de la televisión, la razón del interés o desinterés en un caso radica en los beneficios económicos que los "ratings" producen, y en el caso del gobierno, en los perjuicios o beneficios político-electorales que la muerte física o económica de una persona prominente les puede ocasionar. Es decir, una justicia de ratings.

Javier Sicilia, Alejandro Martí, Nelson Vargas o Isabel Miranda de Wallace, por mencionar sólo unos, no fueron los primeros ni los únicos mexicanos que sufren la muerte de un hijo inocente a manos del crimen organizado.

Sin embargo sus casos han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y han provocado cierto efecto en la gruesa piel de los políticos y legisladores.

Pero la atención mediática, judicial y política que se le ha dado a sus casos no obedece a la responsabilidad legal y moral que tiene el gobierno en materia de seguridad, sino a la movilización personal que los afectados, con sus propios recursos e influencias, han emprendido para convertirse de alguna manera en voces ciudadanas de repudio a la inefectividad gubernamental.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario, en la página 6 del periódico Mural del 11 de agosto de 2011.

"Nosotros exigimos también que así como se resolvió el caso de mi hijo y sus amigos, se resuelvan los ocho casos específicos que se presentaron en el documento que se leyó el pasado 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, además de los más de veinte casos que se presentaron frente al ejecutivo y que se comprometió a resolver".

Acompañado de familiares de los jóvenes asesinados, Sicilia señaló que las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de asesinato de su hijo son ejemplo de que la sociedad debe presionar para que las autoridades cumplan con su trabajo.

"Que esta operatividad y ésta prontitud con la que se trabajó en éste caso sea para todos los ciudadanos que hoy están padeciendo ésta realidad y que son víctimas y que el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad ha visibilizado y ha tomado partido de ellos frente a un estado omiso".

El poeta Javier Sicilia expresó su reconocimiento por la labor de las autoridades pero agregó que no es posible que sólo 2% de los casos que se persiguen se resuelvan.

"Cuando las procuradurías deciden hacer su trabajo bien, lo pueden hacer bien, pero también muestra que es un caso de excepción y eso es terrible, esto que debía ser el trabajo de todas las procuradurías diariamente y dadas las circunstancias en las que vive el país es un caso de excepción, muestra también el pudrimiento en que se están convirtiendo las instituciones".

Pág.4-A del periódico El Informador del 18 de julio de 2011.

Nemesio Maisterra, en la pág.6 del periódico Mural del 16 de junio de 2011.

Salvador García Soto, en la pág.2-A del periódico El Informador del 18 de mayo de 2011.

Norberto Alvarez Romo, en la pág.7-B del periódico El Informador del 3 de mayo de 2011.

Cierto, no sabemos todavía si los inculpados son conejos convencidos de ser elefantes, pero aún así es evidente que esta pronta respuesta deja más preguntas que soluciones. A primera vista es un triunfo de la inteligencia de las fuerzas de seguridad, pero ¿y por qué no funciona esa misma inteligencia para esclarecer los cientos de miles de casos pendientes que existen en el país? Pudiera entonces no ser asunto de "inteligencia" sino de otro tipo de acuerdos entre las mismas mafias que advertidas de su supuesto error han entregado a los distraídos matones, para que ahora el erario les dé casa, vestido y sustento tres veces al día, sin tener que andarse arriesgando en calles y cerros, en un ambiente carcelario del todo familiar, y con amplias posibilidades de ascenso, vinculaciones, proyectos y nueva capacitación.

No obstante el tema del "error", de la "confusión", de que pensamos que eran adversarios porque traían un vehículo tipo narco, ya ha sido usado en este poco imaginativo país desde hace muchos crímenes impunes, esta vez solamente extrañamos la reconstrucción de los hechos al estilo Nintendo. Ahora que cuando los inculpados hablan de sicarios primerizos no les ha de faltar razón, se matan tanto entre ellos mismos que resulta difícil tener suplentes bien capacitados con la misma velocidad con que los pierden. Finalmente, no deja de ser desalentador observar que los mexicanos son ciudadanos de tercera clase en su propio país, ya que la segunda es para los influyentes, y la primera para los ciudadanos del imperio, con lo cual la figura de la justicia mexicana conserva su imagen postrada, inequitativa y subastable.

Armando González Escoto, en la pág.2-A del periódico El Informador del 27 de febrero de 2011.

Flavio romero de Velasco, licenciado en Derecho en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco, en la pág.2-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2011.

Estas dos pequeñitas muertas no son más que un par de niñas humildes, pobres, casi anónimas... Ahora entiendo por qué me duele tanto y me indigna su muerte.

Sergio Padilla Moreno, académico del ITESO, en la pág.5 "Cartas del lector" del periódico Mural del 13 de enero de 2011.

¡Ah, pero que no se trate de un complejo de departamentos de lujo, con vista panorámica, porque la cosa cambia! Lo de menos es que aquí se incurra de manera sistemática en las mismas omisiones del taquero del primer ejemplo. Aunque el Reglamento de Gestión Urbana del Ayuntamiento de Guadalajara establece expresamente (Artículo 102) que "Sólo hasta que el propietario (...) haya obtenido y tenga en su poder (o sea que no basta con que haya emprendido gestiones en ese sentido) la licencia y los planos aprobados, debe iniciarse la construcción".... Sin embargo, como se documentó (EL INFORMADOR, XI-16-10, p. 5-B) en el caso de la torre "La Escondida", basta con advertir que si los trámites no prosperan no es por negligencia del ciudadano y sí por culpa de ese implacable azote de la Humanidad que es la burocracia, para que la autoridad cierre un ojo, solape una flagrante irregularidad y permita que la construcción avance, a la soberana Ley de las Pistolas del desarrollador... (¿Quién lo dice?... La directora municipal de Inspección y Vigilancia, Verónica Martínez Espinoza).

("La Araña" ya investiga si cuando dicha funcionaria asumió el cargo, protestó "cumplir y hacer cumplir las leyes"; si su norma de conducta es la máxima de que "Todos son iguales ante la ley... pero unos son más iguales que otros"..., o si incorporó -por su propia iniciativa o porque ya cambió la fórmula ritual- la opción de hacer con la normatividad un papalote, según el humor de que amanezcan cada mañana sus exquisitas pulgas).

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico, en la pág.2-B del periódico El Informador del 18 de noviembre de 2010.

Tenemos entonces que los periodistas cuentan con un trato especial para poder llevar a cabo sus labores. Muy bien. ¿Y por qué ellos nada más? ¿Por qué no los doctores, los niños o las mujeres? ¿Por qué no un protocolo para que los taxistas puedan llevar a cabo su trabajo con acciones de "prevención y protección contra el crimen organizado"? Puedo entender que al gobierno y la propia CNDH eventos de esta naturaleza los acercan con quienes son sus críticos cotidianos. Lo que llama la atención es que lo acepten los periodistas y hasta lo exijan.

No pretendo negar las terribles condiciones en que se debe ejercer esta profesión en ciertas zonas del país. Es sin duda una desgracia para el periodismo, pero lo es también para quienes no son periodistas. Lamento la muerte de reporteros, las amenazas de que son víctimas los medios, pero no más que lo que sucede a quienes tienen una tiendita o son zapateros o abogados. No veo por qué se les haga una excepción que, en el fondo, desvirtúa esa parte esencial del periodismo que es el riesgo.

La diferencia entre el ciudadano y el periodista solamente debe estribar en que el periodista no está obligado a revelar sus fuentes ante un juez y el ciudadano sí lo está. Esa diferencia salvaguarda al periodismo que tan útil le es al ciudadano. No se necesita más. ¿ O quieren un soldado atrás de cada reportero?

Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 7 de noviembre de 2010.

"Me parece increíblemente bizarro que los ciudadanos debamos establecer medidas que nos protejan contra nuestros propios gobernantes, desafortunadamente es así y estoy de acuerdo en que se limite esta figura". Angie P.

"Esta figura jurídica es un ejemplo para acabar con cualquier nación. Viva la corrupción". Pablo Méndez.

"Fuero, sinónimo de impunidad, libertad para hacer y cometer actos ilícitos, sin que la justicia llegue al que la tiene .Es inaudito, insólito, que los medios de comunicación den a conocer acciones ilícitas que cometen los funcionarios públicos y no se les procese". René García S.

"No podemos haber mexicanos de primera clase y mexicanos de segunda...todos debemos estar sujetos a las leyes".Iván Gama.

"Ya basta de proteger con fuero a criminales y políticos con doble moral. Ojalá esto sirva de presión social para que nuestros 'representantes' adecuen las leyes y deje de haber estos vergonzosos sucesos". T. Mercado.

"En mi opinión creo que hay que comenzar a ejercitar la soberanía del pueblo mexicano con acciones como ésta. Se nos olvida que ellos están en ese lugar por nosotros y para nosotros; les pagamos unos sueldazos, a que desquitarlo, es indignante que utilicen los beneficios constitucionales que les da su cargo para delinquir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos haciendo nada?". Julieta Cortés.

"El fuero está pensado para 'garantizar' que servidores públicos se dediquen a servir a sus electores sin distracciones por acusaciones infundadas. La práctica demuestra que se ha caído en un ABUSO del fuero. Ahora resulta que algunos de nuestros 'empleados' van con impunidad por la vida y nosotros, los 'patrones', nos hemos convertido en ciudadanos de 2a. ¡Basta: que la ley se aplique para todos!". Jorge Terrazas.

"El fuero no debe ostentarlo este grupo de delincuentes con traje que pisotea a todos los ciudadanos, que somos los que pagamos sus sueldos por un trabajo que no hacen y que sólo se enriquecen a costa del trabajo limpio de muchos mexicanos. ¡No al fuero, que sean juzgados como cualquier ciudadano! Que asuman las consecuencias de sus actos". Luz Pineda.

Solamente la presión ciudadana puede lograr que nuestros legisladores se muevan y lmiten la figura del fuero, que tanto agrede a los ciudadanos y tanto degrada a la política.

Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 31 de octubre de 2010.

Sin embargo, entonces surgió una segunda sorpresa: a unas semanas del secuestro, a pesar de no encontrar al político de 69 años, la PGR informó que suspendía la investigación del caso a petición de la familia. La agencia investigadora de Querétaro, estado donde ocurrió el secuestro, informó que había hecho lo mismo.

La decisión de detener la búsqueda, sin precedentes en un secuestro de tan alto perfil, ha desatado una controversia en México. Aunque la familia no explicaría por qué intervino, en gran medida se piensa que las autoridades dejaron el caso para que la familia pudiera negociar un rescate directamente con los captores de Fernández.

El hecho muestra que en México, las familias de la élite pueden sentir hoy que hasta las instituciones más poderosas no son capaces de resolver un secuestro. El propio partido gobernante al que pertenece Fernández de Cevallos estaba buscando declarar ilegales los pagos de rescates para desalentar a los criminales, medida que parece haber sido ignorada en el caso de esta familia. El caso, que también presenta un dilema: cuando el principal investigador de México deja de trabajar en un crimen como éste, ¿eso envalentona a los secuestradores?

"Piense en el precedente que sienta esto", dice Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de México, grupo con tendencia de izquierda que representa a jueces y abogados. "El estado simplemente no puede renunciar a su deber de esta manera".

"Si el estado no investiga, ¿entonces quién?", dijo. "Lo que estamos viendo es una privatización de las investigaciones y del sistema de justicia. No todos en México pueden darse el lujo de hacer esto".

Nicholas Casey en el Wall Street Journal
(v.pág.3 del periódico Mural del 17 de junio de 2010.

A los primeros no se les toca, a los segundos se le minimizan o condonan las sanciones o multas y a los últimos se les aplica ley.

Rodolfo Arias Bonilla, en la pág.19 "correo" del periódico Público del 11 de junio de 2010.

¿No somos todos iguales ante la ley?, cuestionan indignados.

Y tienen razón... al menos en teoría.

Pero para explicar el mundo, los hombres hemos inventado muchas expresiones. Así, tenemos a la mano el concepto "poderes fácticos", para oponerlo al de "poderes formales"; es la realidad que se impone a la idea.

Hay un hecho tan grande como el Nevado de Colima: Diego Fernández forma parte de uno de los poderes fácticos -hay muchos- en nuestro país. Desde hace años es miembro de una escogida élite política y económica que decide el futuro inmediato de México en numerosos temas.

El "Jefe" es uno de los hombres fuertes de la política nacional. Así de simple. Por eso es que desde el anuncio de su desaparición, el mismo presidente Felipe Calderón se ocupó del hecho y sin ocultarlo a la opinión pública, dio instrucciones para que se investigaran los hechos mientras hacía los últimos preparativos para salir del país en gira oficial.

Que en México hay "ciudadanos de primera" y "ciudadanos de segunda" es tan evidente que mencionarlo es un cliché.

Jorge O.Navarro, en la pág.2-A del periódico El Informador del 25 de mayo de 2010.

No hay igualdad en las investigaciones públicas sobre los secuestrados. Se sabe que personas muy pudientes tienen organizada una red privada de seguridad de alto nivel, preparada por militares israelíes, que actúa como una especie de "sociedad de muerte", sin considerar la ley ni derecho humano alguno; corrompen al Estado, se alían con quienes esperan "soluciones realistas" fundadas sobre estrategias militares, asesinan impunemente. Mientras, el agobio del secuestro express que afecta a cientos de personas diariamente en el país, o el secuestro de personas sin dinero suficiente para pagar justicia de "primera y propia mano", se enfrenta contra los reales efectos de la militarización de la seguridad pública, que desprecia la impartición de justicia en miles de casos archivados en el olvido de la justicia.

Jaime Preciado Coronado, en la pág.21 del periódico Público del 21 de mayo de 2010.

Las cámaras empresariales como Canacintra, Coparmex, Canaco, Cmic y la Canadevi, se solidarizaron con la familia del panista, pero, además de este caso, existen otros miles más en el país, por lo que pidieron el respeto al estado de derecho y el freno a la violencia.

Al asegurar que el gobierno federal ha hecho distinciones en la procuración de justicia, familiares de 36 personas desaparecidas en Coahuila exigen a la PGR el mismo trato que le han dado al caso de Fernández de Cevallos.

A través de un comunicado emitido a los medios de comunicación y a la opinión pública aseguran que en sus casos la respuesta de las autoridades ha sido negligente, irresponsable, omisa e indolente, y ahora se ve claro -puntualizan- también clasista.

Desde 2008, familiares de decenas personas desaparecidas en Coahuila han exigido a las autoridades de los distintos niveles de gobierno realizar esfuerzos para la localización de sus seres queridos, de quienes a la fecha no saben nada pues ni siquiera se han otorgado pistas de su paradero.

Y es que luego de la desaparición en días recientes del panista, la PGR instruyó un gran despliegue de elementos en Querétaro y el Distrito Federal para fortalecer las investigaciones del caso. Lo anterior causó molestia entre los familiares de las personas que han aparecido en la entidad, no solo de Coahuila sino de Jalisco, Nuevo León, y Estado de México.

Ellos aseguran que la PGR se niega a realizar investigaciones al decir que no es de su competencia y además que la Secretaría de Gobernación afirma no poder realizar acción alguna para solicitarle a la instancia federal su intervención en los casos, a pesar de que se dieron en condiciones similares a las de Fernández de Cevallos, con la única diferencia, -anotan- de que estas víctimas no son personajes políticos con altas posiciones económicas y sociales.

Periódico Público en línea del 21 de mayo de 2010.

El manejo de la crisis revela al poder suprainstitucional: el de los feudos reales; de los caciques. Diego lo es.

José Cárdenas, en la pág.2-A del periódico El Informador del 18 de mayo de 2010.

"Lo que no queremos es que si existen crímenes políticos estén cayendo en la misma buchaca de lo que hoy se denominan como daños colaterales".

[¿Por qué ellos sí y los demás no? ¡Que se investiguen todos, no nomás los de los pinches políticos! - El webmaster.]

Periódico El Universal en línea del 30 de abril de 2010.

De Lesley y de Arthur nadie se ha atrevido a decir que pudieran estar de una forma u otra involucrados con el crimen organizado, ¡qué bueno!, se ha respetado en este caso la presunción de inocencia. Lo mismo merecían muchos mexicanos que han sido asesinados en los últimos meses.

Ojalá Leslie y Arthur póstumamente consigan por su nacionalidad y ocupación lo que miles de muertes no han conseguido: que ambos gobiernos asuman la responsabilidad que cada uno tiene para detener esta tragedia.

Denise Maerker, en la pág.2-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2010.

Pero eso sí, cuando una víctima es ciudadano estadounidense -o como es el caso, trabajaba en el consulado de Estados Unidos en Juárez-, entonces se preocupa todo el estado mexicano ante el enojo del gobierno de Obama. La cancillería también condena el hecho, el presidente Calderón promete resolver el crimen y hasta llegan a tierras mexicanas expertos al estilo de las exitosas series televisivas "CSI" y "Criminal Mains", dizque para aclarar el crimen.

Frente al manotazo de Obama, seguramente muy pronto el gobierno mexicano y las instituciones del estado darán a conocer que detuvieron a los presuntos responsables, al tiempo que autoridades estadounidenses festejarán la eficacia del gobierno de Calderón y hasta saldrán a decir que el mexicano no es un estado fallido.

Y claro, no habrá mayor agravio de los criminales organizados y los narcotraficantes, que haber atentado contra un ciudadano norteamericano que trabajaba para el consulado en Juárez. Y abundarán las voces que dirán que -en efecto- los criminales elevaron la mira a niveles intolerables al atentar contra ciudadanos del vecino país del norte, con todo lo que ello signifique. Incluso habrá quienes adviertan que el escándalo pondrá en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, y sus respectivos embajadores harán todo por desquitar el sueldo. Es decir, apelar a la diplomacia.

Pero nada de todo lo anterior cambiará la realidad que ha generado el narcotráfico y el crimen organizado en las ciudades, pueblos, estados y comunidades que comparten la franja fronteriza ente México y Estados Unidos. ¿Y cuál es esa realidad? Todos la conocen. Y es de pena ajena.

En el fondo pareciera que lo que molesta a Obama, es que los ciudadanos norteamericanos empiezan a poner los muertos. Y que son las balas venidas allende la frontera, las que cuestan la vida a norteamericanos.

Lo curioso del caso es que a un manotazo de Obama, todo el estado mexicano parece espabilarse y dispuesto a hacer pagar a los criminales. No importa que esos criminales hayan matado a miles de jóvenes mexicanos a cuyos familiares ninguna autoridad prometió justicia.

Pareciera que, de nueva cuenta, asistimos a la reacción del estado mexicano, ante hechos y ciudadanos de primera y de segunda. Las instituciones parecen eficaces cuando la víctima pertenece a una familia conocida social, política e económicamente, pero son totalmente ineficaces cuando la víctima es un ciudadano de a pie.

Sin duda que gobierno y estado mexicanos deben reaccionar bien, de manera eficaz, no sólo en el caso de ciudadanos norteamericanos, sino en todos los casos. Sin embargo, la conciencia colectiva percibe que también en la impartición de justicia hay mexicanos de primera y de segunda.

Ricardo Alemán, en la pág.2-A del periódico El Informador del 16 de marzo de 2010.

Los insultos no se hicieron esperar: "pinche culo, tú sí andas con escoltas y nosotros andamos en los Attitude, por eso mataron a los compañeros", le dijo un policía.

"¿Por qué no te presentaste cuando las granadas? Nunca llegaste. Ahora con los compañeros tampoco fuiste a ver. Eres un cobarde. Tú sí andas con escoltas y camioneta blindada" le gritó otro uniformado.

Pág.24 del periódico Público del 7 de marzo de 2010.

Pero como fue un jugador de futbol de un equipo particularmente rico, vinculado a diferentes instancias de poder, rápido cundió la alarma.

Allá van y allá vienen los reportes, la prensa y las autoridades se pulen en sus investigaciones, los servicios médicos son de primera, todo el mundo se molesta, las redes sociales se encienden, los dueños de los antros participan y se abren espacios para manifestaciones públicas multitudinarias.

Ah, pero no fuera la pobre indígena Jacinta porque ahí no hubiera pasado nada. No fueran los padres de los niños que murieron en la guardería ABC de Hermosillo porque ahí las autoridades se mueven a otro ritmo.

No fueran las muertas de Juárez o las víctimas del New’s Divine o del Lobohombo porque hasta las manifestaciones públicas multitudinarias hubieran sido atacadas por ridículas, por tener tintes políticos y por obstruir el tráfico.

Cualquier pleito de borrachos donde participe una "celebridad" vale más que la vida de decenas de personas comunes y corrientes. Qué vergüenza.

Alvaro Cueva, en la pág.13 del periódico Público del 31 de enero de 2010.

Sergio Sarmiento, en el periódico El Siglo de Durango del 29 de octubre de 2009.

No me pueden atender porque no soy un rico empresario, un famoso cantante o un político destacado. Sólo por ser un ciudadano común me ignoran y ni siquiera han comenzado a investigar la desaparición de mi hija menor.

Honorato Delgadillo Martínez, en la pág.19 "correo" del periódico Público del 16 de octubre de 2009.

Hace 15 días encontré a personal equipado de la Universidad de Guadalajara sanitizando por la zona, pero no quisieron acudir al domicilio que reporto. Dijeron que sólo iban a atender 4 domicilios alrededor de un finca de una persona importante que se había enfermado. Y me pregunto, ¿quién es importante para el gobierno? El domicilio que yo reporto estaba a escasos 50 metros de los que sanitizaron.

Cecilia Olivares de Alexander, en la pág.5 "Cartas del lector" del periódico Mural del 15 de octubre de 2009.

Sí, yo sé que es muy poco correcto entrar en estos terrenos porque las ausencias que don Alejandro y que don Nelson están padeciendo están fuera de toda discusión y porque este fenómeno no dependió directamente de ellos, pero sí es un elemento que sigue flotando en el ambiente y que yo no le puedo dejar de mencionar.

Si en algo lo ofendo, por favor discúlpeme. ¿Existe o no la igualdad a la hora de investigar y resolver en nuestra nación? ¿Hay mexicanos de primera y de segunda, o sí es cierto eso de que todos somos iguales?

Alvaro Cueva, en la pág.15 del periódico Público del 9 de agosto de 2009.

El titular del ejecutivo envió al Senado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y el de Procedimientos Penales, para endurecer las penas a quienes atenten contra los aspirantes.

En el articulado, propone castigar hasta con 20 años de prisión a quien cometa homicidio calificado en contra de los candidatos o funcionarios partidistas.

Esa pena se sumará a los 60 años de cárcel establecidos en el Código Penal Federal para sancionar a quienes cometan ese delito.

Pág.2 del periódico Mural del 23 de abril de 2009.

Sergio Sarmiento, en el periódico El Siglo de Durango del 5 de marzo de 2009.

Miguel Bazdresch Parada, en la pág.15 del periódico Público del 22 de febrero de 2009.

Y para escribir recurrí a las páginas más frívolas de los periódicos, las de Sociales en donde aparecen los que son, los que no son, pero aparentan ser y los que quieren que los vean porque quieren llegar a ser y para lograrlo son capaces de desatender a la familia e hijos, pero para compensar el abandono les dan lo que piden; a continuación las peticiones al Niño Dios que aparecieron en los periódicos con todo y fotografía del solicitante:

Erik de la Pompa y Pérez (los nombres por razones obvias no corresponden a la fotografía): 16 años, cursa el primer semestre de preparatoria y pide al Don: un carro BMW, un departamento en Las Vegas y un viaje a las montañas para ir a esquiar con sus cuates.

Garbine (la Pipis para sus amigas), 15 años, terminó la secundaria, su petición para Navidad: un frasco grande, perfume Chanel, un carro Mustang o BMW, un viaje a Nueva Zelanda y unos patines para el hielo.

Tarik de la Concha y Güemes: 17 años, terminó el segundo semestre de la preparatoria; pide un safari por Africa, a su regreso espera encontrar una camioneta Hummer para ir de cacería a Chihuahua, un nuevo equipo para jugar golf y le permitan ir a Cancún con unas "prójimas".

A continuación los pobres también hacen sus peticiones, sin aparecer en los periódicos: Petra Elpidia López, 8 años, está en primero de primaria y vive en Mesa Colorada; le ruega al Niño Dios que le traiga una muñequita Barbi que nunca ha tenido; es la tercera vez que la pide ¡y nada!

Juanito González González; edad 9 años, nunca ha podido asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, domicilio: Colonia Picachos, junto al tiradero de la ciudad; él se dirige a su mamá y le dice: -Mamá, me contaron mis amigos que van a dar clases de golf, que el que lo practica afirma su personalidad y su carácter; para Navidad ¿me puedes llevar a matricular?

-Qué golf ni qué la fregada, ya son las 6 de la mañana, ya levántate y ve a ver qué recoges, no tardan en llegar los camiones y si no vas temprano, no alcanzas nada, acuérdate que anoche no cenamos por no tener qué.

-Mamá: ¿Tú crees que si tuviera papá, él sí me llevaría a matricular?

-Ni pienses en ése, no se puede mantener solo ¿crees que nos va a ayudar?

Y así transcurre la vida de millones de mexicanos en una realidad de contrastes.

Adolfo Martínez López, en la pág.4-A del periódico El Informador del 24 de diciembre de 2008.

Ellos fueron a Campeche con un grupo de cerca de 100 agentes, la mayoría de ellos, en ese entonces todavía pertenecía a la AFI.

Pág.3 del periódico Mural del 11 de septiembre de 2008.

Aunque luego de la felicitación, varias preguntas: ¿La agilidad de la captura fue por un eficiente trabajo de los cuerpos de seguridad después del acuerdo, o por la presión que el padre de Fernando, y el sector al que pertenece, imprimieron? Si pudieron ubicarlos en tan poco tiempo, ¿podría ser porque algunas fuentes cercanas a los cuerpos policíacos estaban cerca de ellos y, al presionar, sólo les bastó rascar un poco las relaciones existentes, para sacar la información necesaria? Y, por último, ¿tuvo que haber una enorme manifestación, carteles con el "Ya basta", páginas en blanco en publicaciones, para que la justicia hiciera justicia? ¿Es ése el estado de derecho al que se han comprometido las autoridades?

Se siente bien la noticia recibida, pero ¿y qué de todos los demás secuestrados, los que hoy viven con graves secuelas o los que no regresaron? ¿Qué de los secuestros que han quedado en la impunidad? ¿Qué de aquéllos que no han contado con marchas, de los que no han podido movilizar a los medios? ¿Qué de los que no han tenido el estatus para ser recibidos por el gabinete? ¿Qué de los que han tenido que quedarse con su dolor en ese doloroso silencio de las ignominias, las impunidades y la complicidad palpable de algunas autoridades?

Se recibe bien que hoy se sepa que el dirigente de la banda se hacía pasar por gente de dinero, que tenía acceso a altas esferas sociales, que tenía relaciones en grupos de empresarios, pero, ¿tuvo que suceder la muerte de Fernando para que las autoridades hicieran su trabajo, el trabajo por el que la ciudadanía les paga y que ellos cobran bien y puntual?

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara, en la pág.4-A del periódico El Informador del 9 de septiembre de 2008.

Lydia Cacho, en el periódico El Universal del 11 de agosto de 2008.

Como no sucedió en el Distrito Federal y Emilio González Márquez no figura políticamente en el escenario nacional (y si me apuran, ni en el estatal), es como si no hubiera pasado.

Por el secuestro y asesinato de Fernando Martí resurge la polémica con respecto a la pena de muerte y se manda una iniciativa que propone cadena perpetua contra secuestradores que fueron o son miembros de alguna corporación policiaca.

¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta que matan al hijo de un prominente empresario? ¿Y los otros secuestrados, asesinados o no? ¿Y tantos inocentes muertos en esta "lucha" contra el narcotráfico? ¿Y las vidas perdidas por la delincuencia común? Además de que dentro de poco, como sucedió con Miguel Angel López Rocha, el niño que murió envenenado por las aguas del Río Santiago, las aguas volverán a su cauce y quedará todo en discurso y retórica, porque desde hace décadas esto no mejora, al contrario.

No hay palabras ya para definir a nuestra clase política, pero a veces, muchas veces, da asco.

Laura Castro Golarte, en la pág.4-A del periódico El Informador del 9 de agosto de 2008.

Aunque... el secretario de Salud tiene una gratitud especial con el médico: le realizó una cirugía a su hermano Adalberto, quien a diferencia de otros pacientes que esperan hasta 2 años, recibió el trasplante de riñón en ¡2 meses!

S.Cabañas, en la pág.6 del periódico Mural del 17 de julio de 2008.

El desagradable reencuentro tuvo lugar con motivo de las premieres que se organizaron de Hellboy II: El Ejército Dorado de Guillermo del Toro. La primera revisión fue en la premiere de prensa, y pasó sin mayores contratiempos: sobre la silueta de los invitados se deslizaba, sin hacer contacto, un aparatejo buscador de dispositivos electrónicos de registro: celulares, cámaras, plumas de James Bond o cachivaches del Inspector Gadget.

El asunto, sin embargo, fue menos pulcro al día siguiente, cuando se convocó a centenas de personas para ovacionar al creador del cinematográfico diablillo rojo a su paso por la alfombra roja. En el evento, que fue más grandote que grandioso, se revisó ¡a todos y cada uno de los sospechosos invitados! De entrada la revisión fue molesta porque los tipos de negro fueron menos considerados: lo tomaban a uno de la presilla del pantalón y sí hacían contacto. Pero usted se puede imaginar que en más de 90 minutos de espera se pueden presentar necesidades fisiológicas. Y de regreso, otra revisada. El caso es que manifesté mi molestia y el sujeto revisador repeló: "Es mi trabajo, hermano". Vaya trabajito.

A la sala asistió un popular político que ocupa el puesto más alto en el organigrama de la municipalidad tapatía. El ingresó con otros por la puerta que normalmente se destina a la salida, y ¿qué cree usted? Ninguno de ellos fue revisado. Como se sentaron exactamente atrás de mi recalentado asiento, pude constatar que uno de los acompañantes sí llevaba su celular y lo usó dentro de la sala (no sé si grabó algo, pues no miré para atrás durante la proyección, ¿pero qué tal que sí?).

A mí me parece una medida fabulosa que los espectadores ingresen sin celulares, pues es bastante desagradable estar en lo mero bueno de la película y que suene un celular que invariablemente es contestado con un "estoy en el cine" (arruinando justamente el efecto envolvente de estar ahí, al imprudente portador del teléfono y a los que lo escuchamos).

Mejor me parece que los políticos vayan al cine, pero me sigue disgustando que haya ciudadanos de primera y de segunda.

Hugo Hernández, en la pág.10 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 10 de julio de 2008.

Donde yo crecí unos niños les decían a los policías "polis" y presumían ser sus amigos. A sólo media cuadra ya eran "cuicos" y se les veía con recelo. A veinte cuadras de mi casa, poco más allá del Mercado de Abastos, más de uno los conocía como "cerdos" (no lo digo yo). Tan brutal insulto a los esforzados guardianes de la ley ejemplifica para mí, como pocas cosas, no sólo la percepción que la gente puede tener de ellos (eso es obvio), sino el trato mismo que de ellos llegan a recibir. Y conste, no estoy hablando de hampones, sino de chavos con que traté en mi adolescencia. Seguro más de alguno se perdió en el camino del mal, y hasta habrá caído en la política.

Paco Navarrete, en la pág.8 del periódico Mural del 3 de julio de 2008.

Nemesio Maisterra, en la pág.6 del periódico Mural del 24 de abril de 2008.

Pág.21 del periódico Público del 4 de enero de 2008.

Hasta el cierre de esta edición, no se había presentado denuncia penal por este hecho, sin embargo, de acuerdo con fuentes policiales del estado, el "levantón" se registró alrededor de las 18:00 horas sobre la Calle Artilleros del 47 esquina con Enrique Ramírez.

Reyes Hinojosa iba acompañado de su esposa Martha Contreras y cuando trataba de abordar su vehículo fueron amagados por un número no preciso de personas armadas, quienes lo obligaron a él a subir a otra unidad.

Esto provocó un desplazamiento de fuerzas federales, encabezadas por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Ciudad de México, hacia la capital michoacana.

[A ver si cuando secuestren a un ciudadano pagaimpuestos cualquiera hay un desplazamiento, aunque sea, de fuerzas municipales - el webmaster].

La versión de las fuentes consultadas indica que el operativo fue abortado al conocerse, alrededor de las 22:30 horas, que el primo del presidente de la república había sido puesto en libertad y regresado sano y salvo a su domicilio.

Reyes Hinojosa al parecer es propietario de una casa de cambio en el municipio de Alvaro Obregón, ubicado a 27 kilómetros al este de la capital michoacana.

El afectado es hijo de una hermana ya fallecida de la mamá del mandatario.

En la capital de Michoacán reside gran parte de la familia del presidente, incluida su madre María del Carmen Hinojosa y sus hermanos Juan Luis, Gabriel y María Luisa Calderón Hinojosa.

Primera plana del periódico Mural del 3 de enero de 2008.

Mientras que los trabajadores fuera del aparato gubernamental reciben en promedio cerca de 20 días de aguinaldo, los de los grandes sindicatos estatales reciben hasta 120 días de esta prestación, de acuerdo con los Contratos Colectivos de Trabajo de diversos gremios.

Entre los grupos que gozan de ese privilegio se encuentran los sindicalizados del Seguro Social, los maestros afiliados al SNTE, los trabajadores de Petróleos Mexicanos y los de Luz y Fuerza del Centro.

Para Luis Manuel Guaida, asesor laboral de la Cámara Americana de Comercio, estos jugosos aguinaldos son producto de componendas y presiones políticas.

"Son un exceso, eso queda claro. En cada negociación contractual siempre demandan más días de aguinaldo, es una prestación que siempre les ha servido como botín en las negociaciones del contrato colectivo", opinó.

Y es que, por ejemplo, los empleados sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social obtienen en estas fechas, 90 días por aguinaldo, 6 veces más que lo que marca la ley.

Además, pueden sumar otros 120 días si asisten con puntualidad y no faltan a su centro de trabajo, según el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto.

Los trabajadores de Pemex alcanzan 60 días y los de Luz y Fuerza del Centro, 54 días.

El SNTE se sirve con la "cuchara" grande, pues sus aguinaldos se determinan según el sueldo y categoría, pero van de 45 a 120 días, detalló una fuente del gremio.

Los trabajadores al Servicio del Estado también tienen el privilegio de recibir un buen aguinaldo. Son 40 días, según el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

José Luis Carazo, subsecretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México, criticó que algunos sindicatos abusen y "expriman" a sus empresas o al sector público con conquistas laborales fuera de toda proporción.

El aguinaldo, dijo, es un derecho de los trabajadores, pero no es posible que unos cuantos alcancen aguinaldos equivalentes a 90 o 60 días cuando hay micro y pequeñas empresas que no tienen la capacidad de hacerle frente a esta obligación.

"Los sindicatos han abusado, no es posible que den a los trabajadores aguinaldos de hasta 90 días, eso es un exceso que las propias empresas han permitido", señaló Carazo.

Primera plana y pág.3 del periódico Mural del 20 de diciembre de 2007.

Y no es por mal pensados, pero fue raro que no estuviera la ministerio público titular que conoce la denuncia contra el congreso por negar información, y que tampoco citaran al Instituto de Transparencia.

Sandoval fue quien una vez dijo que por orden de Cosío no se hicieron actas de las reuniones de la Junta de Coordinación Política, de la que él era secretario técnico al final de la pasada legislatura.

Shows como el de ayer nomás hacen pensar que la impartición de justicia no es pareja para todos... y eso no ocurre en Jalisco ¿O sí?

S.Cabañas, en la pág.6 del periódico Mural del 27 de septiembre de 2007.

La intención es ponerle un alto a la impunidad, los excesos y las arbitrariedades en que puedan incurrir los servidores públicos protegidos por el fuero.

La iniciativa de ley presentada por los legisladores Carlos Navarro y Antonio Valladolid establece la intención de "limitar la figura del fuero constitucional, a excepción del Presidente de la República, a la mera protección de la función y no de la persona".

Al respecto, el legislador panista Gerardo Priego puntualizó que ha llegado el momento de frenar los abusos del fuero constitucional de los diputados, senadores, gobernadores y funcionarios públicos que incurren en delitos flagrantes, al amparo de esa inmunidad.

Así, quienes sean sorprendidos en flagrancia, serían sujetos a investigación y encarcelados, y en delitos graves separados inmediatamente de sus funciones si es que hay sentencia.

Navarro y Valladolid explicaron que la intención de su propuesta consiste en eliminar el fuero constitucional y acabar con la declaratoria de procedencia, es decir, "si la autoridad ministerial estima probable la comisión de un delito, pueda, sin ningún requisito, ejecutar la acción penal".

Argumentaron que el llamado fuero constitucional ha sido tergiversado por falta de claridad y precisión, "bajo el auspicio de un sistema político totalitario que sólo privilegiaba las canonjías de la clase política predominante".

En consecuencia, dijeron, la interpretación del fuero ha derivado en excesos y arbitrariedades de servidores públicos que, aprovechando imprecisiones legales en torno a la regulación de esa protección constitucional, así como del desconocimiento de su verdadero alcance, originó que dicha figura adquiera una connotación de privilegio personal.

Incluso, señalaron, ese "manto protector" se ha extendido a casos de acciones cometidas fuera del ejercicio del servicio público, o en el caso de que el servidor se encontrara separado de su cargo por virtud de una licencia o figura homóloga.

"La sociedad se encuentra ávida de medidas eficaces para combatir la impunidad que muchas veces se genera al amparo del ejercicio de un cargo de gobierno", puntualizaron los promotores de la iniciativa.

Pág.28 del periódico Público del 23 de febrero de 2007.

Daniel González Romero, en la pág.21 del periódico Público del 26 de enero de 2007.

Para Benito Juárez no fue muy importante haber nacido indígena porque tenía el gran apoyo de su propio esfuerzo y contaba con los mismos derechos legales de todos los demás mexicanos. Benito, al percibirse marginado, tuvo la opción de dejarse marginar; sin embargo, optó por integrarse a todos y en base a su propio esfuerzo nos demostró que podía ser el presidente.

Xótchil Gálvez y Luis H.Alvarez estuvieron de acuerdo con Samuel Ruiz, Marcos Guillén y Raúl Vera en meter en la Constitución a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Se vieron muy románticos, pero en esos Acuerdos a las personas indígenas se les despoja de sus derechos humanos personales.

Como mexicanos, tanto los hombres y las mujeres indígenas tienen derecho a votar en lo personal y en secreto por sus autoridades, sin embargo, los caciques se han opuesto y, para mantener su poder, inflaron el concepto de "usos y costumbres", pero es inmoral considerar a las tradiciones como algo sagrado.

Los caciques y sus amigos políticos han denigrado y prohibido "el derecho de propiedad personal" en esos territorios, quedando las casas y las labores como simples asignaciones a las personas, pero sin las escrituras correspondientes, ni menos con el derecho a cambiar, vender o heredar dichas propiedades. La excusa para condenar el derecho de propiedad personal es que la propiedad personal es una muestra de egoísmo que atenta contra la comunidad y contra el bien común.

Luis H.Alvarez, de extracción católica tradicional, acepta con la Iglesia que todos los bienes indígenas sean comunes y que todos sean parroquianos. ¿Tierra de misión? La Iglesia siempre se ha sentido con derecho de repartir los bienes entre los pobres, pero no por caridad, sino por control. Por eso, la Iglesia condena el individualismo, el liberalismo, la capitalización y la inequidad. Bueno, mientras tanto muchos Obispos viven en enormes "Casas de Dios".

Cuando tratemos a los mexicanos indígenas primero como mexicanos, hasta entonces los trataremos con dignidad y sin marginación. Invitémosles a integrarse para formar un solo proyecto de nación.

Enrique Canales, en la pág.8 del periódico Mural del 28 de diciembre de 2006.

Sergio Sarmiento, en la pág.10 del periódico Mural del 23 de noviembre de 2006.

Sergio Sarmiento, en la pág.8 del periódico Mural del 8 de octubre de 2006.

Los señores diputados son libres, ellos pueden cometer todos los desmanes del mundo y nadie les puede decir nada, que para eso traen encima, como una zalea protectora que los pone a salvo de la justicia: así, a ese extremo, en esa absurda línea han caído nuestras leyes en referencia a la inexpugnable protección del fuero.

Luis Sandoval Godoy, en la pág.4-A del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2006.

Qué bueno es que la le nos proteja contra la delincuencia.

Si un funcionario público, ya sea edil, notario, secretario, oficial mayor, etc., incurre en conductas criminales tales como peculado, enriquecimiento ilícito, etc., que no son otra cosa más que un vil y vulgar robo, el aparato judicial, en vez de castigarlo, aplica las precisiones y particularidades de la ley para dejarlo impune y libre de toda sospecha.

Qué malo es que la ley haga discriminación entre delincuentes con la clara y única intención de beneficiar a algunos y perjudicar a otros.

Constantemente nos enteramos, por ejemplo, de que tal fedatario cometió ciertos delitos y que, gracias a las precisiones y actitudes de la ley, tan sólo es castigado con una prohibición al ejercicio de su cargo durante tres o cuatro meses o con una simple amonestación.

Si senadores y diputados saben, reconocen y aceptan que todos los ciudadanos somos iguales, ¿por qué no, bajo el mismo principio, igualan a todos los criminales?

¿Qué pasó con la igualdad para todos?

Dice otro anuncio de la legislatura actual que cada ley es para mejorar nuestra vida y que para ellos nosotros somos el rostro de la ley. ¿No será que nos están viendo la cara de penitentes? Si el Senado realmente trabajara por ti, no habría fuero, ni distinción entre delincuentes.

Ing.Bernardo Vázquez Rodríguez, en la pág.6-A, "Buzón de nuestros lectores", del periódico El Informador del 4 de septiembre de 2006.

Ing.Pedro Vázquez Guerra, en la pág.6-A, "Buzón de nuestros lectores", del periódico El Informador del 10 de mayo de 2006.

Sergio Sarmiento, en el periódico a.m. del 23 de febrero de 2006.

-El País se divide en Nosotros y ellos.

Preguntó con timidez el señor pérez:

-Nosotros... ¿Usted y yo?

-¡Estás loco! -se burló El Funcionario del Estado-. Nosotros; Yo y los que son como Yo. Tú formas parte de ellos, los que no son como Yo y como los que son como Yo.

Se atrevió a preguntar el señor pérez:

-¿En qué nos distinguimos?

-En todo -respondió El Funcionario del Estado-, pero sobre todo en que la ley no se hizo para Nosotros; se hizo para ellos. Es decir, para ti y para los que son como tú.

El señor pérez entendió. Supo que el País está dividido en Nosotros y ellos. O en nosotros y Ellos, depende del lado en que se esté.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre, "Catón", en la página 9 del periódico Mural del 16 de febrero de 2006.

La rutina se cumplió casi en todo, excepto en que Micaela no llegó.

No tenía novio. Se le conocían algunos pretendientes. Uno de ellos, "un mariguanillo" -dice la madre, sin aportar el nombre- del que no ha vuelto a saberse desde la desaparición de Micaela.

Se descartó la posibilidad de que la hubieran secuestrado para cobrar un rescate: ni se trata de una familia acaudalada, ni se ha recibido ninguna notificación que así lo indique.

Los familiares presentaron sendas denuncias judiciales en Tala, Ameca -la cabecera municipal- y Guadalajara... Ha habido dos tipos de respuesta. Una: "Pues búsquenla ustedes, y si saben algo nos avisan". Otra: "Probablemente quienes la secuestraron ya la mataron y enterraron su cadáver por ahí...". En uno u otro caso, hasta donde entienden los familiares de Micaela, no ha habido el menor interés en aclarar y seguir las pocas pistas de que se dispone con respecto al "mariguanillo", posible secuestrador.

Hace un mes, un bebé, de horas de nacido, fue robado por una mujer a la que los padres de la criatura sólo vieron los ojos y aparentes manchas de acné en la parte del rostro que dejaban descubierta el gorro y el cubrebocas con que, disfrazada de enfermera, pudo entrar libremente, moverse a sus anchas y salir sin que nadie la molestara, probablemente con el niño en los brazos, del Sanatorio Ayala del Seguro Social. Se difundió la fotografía del bebé, recién nacido, tomada por su padre con la camarita integrada a un teléfono celular, así como el "retrato hablado" de la enfermera.

Tampoco se supo que las autoridades hubieran avanzado hacia el esclarecimiento del hecho, ni mucho menos hacia la plena identificación de la ladrona o de sus probables cómplices, y ya no digamos hacia su localización y detención y a la recuperación del bebé, que sería requisito indispensable para que la historia -que nunca debió haber ocurrido si los esquemas de seguridad del nosocomio no fueran totalmente inoperantes- tuviera un final medianamente feliz.

Hace unos meses, un joven arquitecto fue asesinado por oponer resistencia a los asaltantes que lo despojaron del lujoso automóvil que conducía. La irritación de la sociedad se manifestó en un tronante desplegado que "las fuerzas vivas" de la misma dirigieron a las autoridades, en demanda de justicia... Menos de una semana después, el caso estaba resuelto. Y aunque el joven ya no volvió a la vida (hace como dos mil años que dejaron de darse esos milagros), los autores del crimen -tres o cuatro-fueron detenidos.

Pregunta: ¿ya se derogaron los apartados de la Constitución en que se afirma que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley", que "no hay castas", etc..., o es requisito pertenecer a la alta sociedad y llevar ciertos apellidos para que quienes cobran -y cobran como si supieran- por hacer justicia, hagan su trabajo?...

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico, en la pág.5-A de El Informador del 11 de enero de 2006.

Y aunque el dolor de sus familiares sea el mismo, y la incapacidad del gobierno para abatir la inseguridad sea la misma, los reclamos no son iguales. Mismo dolor. Diferente apoyo. Diferente reclamo y diferente indignación. Esto se llama elitismo, clasismo, o mejor dicho, discriminación.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario, en la página 8A del periódico Mural del 3 de noviembre de 2005.

Veamos el caso del conflicto del Seguro Social. Lo que busca el sindicato de esta institución es que sus trabajadores puedan jubilarse, con una pensión superior al sueldo que recibían, a los 28 años de trabajo si son hombres y a los 27 si se trata de mujeres sin importar su edad. Esto les permite no sólo jubilarse muchos antes que los derechohabientes del IMSS sino con un ingreso significativamente mayor.

Las uniones de cañeros que buscan que el gobierno aplique la nueva ley cañera pretenden que el precio de su producto quede exento de los vaivenes del mercado y sea decidido por un "comité nacional". Exigen también que se mantenga una situación en que la caña tiene un precio fijo de 57% del precio final del azúcar independientemente de las condiciones del mercado. De igual forma buscan mantener un "contrato ley" de trabajo que se aplica a todas las unidades productivas del país sin importar su condición individual. Todos los demás productos de la economía pueden quedar sujetos a la ley de la oferta y la demanda, pero no la caña.

Los operadores de tianguis y mercados sobre ruedas, así como los vendedores ambulantes, operan bajo el criterio de que ellos pueden privatizar en su beneficio las vías públicas. Tienen derecho de bloquear calles o entradas de inmuebles porque las calles son realmente de su propiedad. Una persona normal, sin protección de grupos corporativistas, que tratara de apropiarse de un bien público de esta manera sería objeto de una sanción inmediata. Pero no los grupos corporativos que mantienen estas rentables operaciones.

Los taxistas piratas pelean por tener acceso al privilegio de contar con placas que permitan ofrecer un servicio de transporte público. Curiosamente ni ellos ni los taxistas legales aceptan que la autoridad rompa el monopolio y le otorgue licencia de taxi a quienquiera que demuestre tener un vehículo adecuado y la capacidad para proporcionar el servicio de manera adecuada. Prefieren mantener un monopolio que genere precios artificialmente altos.

Los sindicatos se opusieron a que se gravaran las prestaciones con el Impuesto Sobre la Renta porque eso les permite otorgar a sus agremiados un privilegio y pagar menos impuesto que otros trabajadores que ganan menos pero que, por laborar en empresas pequeñas o medianas, reciben la mayor parte de su ingreso en efectivo y no en prestaciones. Su triunfo, al conseguir que la Cámara de Diputados retire la disposición de gravar las prestaciones, afecta fundamentalmente a los trabajadores más pobres de nuestro país.

El sindicato del Colegio de Bachilleres mantiene en huelga a esta institución también como resultado de un privilegio. Hay un sinnúmero de mexicanos deseosos de trabajar, muchos de los cuales tienen la capacidad de ocupar los puestos del colegio. Pero el sindicato puede cerrar indefinidamente la institución, para obtener beneficios económicos, porque goza de un monopolio que no pueden romper por ley todas las demás personas que estarían dispuestas a ocupar los puestos de trabajo que hoy están paralizados por la huelga.

Los grupos que han buscado la legalización de autos "chocolate" buscan también aprovechar un privilegio. En este caso es el de violar la ley, al introducir contrabando al territorio nacional, para que después se les perdone la falta y puedan obtener el beneficio económico de su acción.

Todos los países del mundo tienen a grupos de poder que han logrado privilegios especiales a fuerza de presionar al gobierno. Pero en México estos privilegios dominan una parte tan importante de la economía que afectan enormemente nuestra competitividad. El advenimiento de la democracia, o de la alternancia de partidos en el poder, no ha conseguido que se limiten estos privilegios corporativistas. La tradición del viejo sistema político se mantiene incólume.

México, sin embargo, nunca será un país moderno y eficiente mientras siga manteniendo este laberinto de tratos de privilegio a los grupos de poder. Si realmente queremos tener un país que progrese, tendremos que eliminar todos estos tratos preferenciales y tener leyes que se apliquen a todos.

Sergio Sarmiento, en el periódico a.m. del 6 de octubre de 2005.

Es cierto que existe la protección especial en asuntos jurídicos que reciben aquellos por causa del fuero que les bendice, pero la verdad es que no dejan de ser ciudadanos. Al contrario, para aspirar a puestos públicos de elección, el primer requisito que se debe cumplir es ser ciudadano en pleno goce de sus derechos.

Ciertamente, el fuero sí los pone aparte pues a diferencia del ciudadano común y corriente cuentan con una exención temporal de la aplicación de la ley; por un lado ellos y por el otro el montón de "los ciudadanos" de los que ellos ya no forman parte. Si todos somos iguales ante la ley, ellos son un poco más iguales.

Norberto Alvarez Romo, promotor de desarrollo sustentable, en la pág.4-A de El Informador del 3 de octubre de 2005.

Carlos Monsiváis, en la pág.20 del periódico Público del 2 de octubre de 2005.

Miguel Ayala Romero en la pág.4 "Correo" del periódico Público del 13 de septiembre de 2005.

Manuel Hernández Gómez, en la pág.4-A de El Informador del 16 de julio de 2005.

La legisladora señaló que el fuero es sinónimo de impunidad y establece una división de ciudadanos: los de primera y segunda categoría.

Asegura que su percepción no es aislada de lo que opina al respecto la sociedad en general, ya que en muchas ocasiones se han dado muestras de la molestia que causa a los ciudadanos esta protección para los gobernantes.

"Si yo cometo un delito actualmente gozo de protección. Con esta reforma constitucional federal y del estado nos va a permitir que únicamente quede protegido el funcionario por la expresión de sus ideas en el ejercicio de sus funciones públicas".

Expuso que si un funcionario es acusado de algún delito, éste puede presentar diferentes recursos para fundamentar la inocencia, al igual que cualquier otra persona que se ve envuelta en esa situación.

Corona Nakamura expuso que el fuero constitucional se comenzó a utilizar en el Siglo XIX porque no había confianza en la aplicación de la justicia.

"O todos coludos o todos rabones. Si es inocente para qué quiere el fuero, sí debemos de quitarlo".

En nuestro estado [Jalisco] quienes gozan de fuero constitucional son el gobernador, los diputados, presidentes municipales, procurador de justicia, procurador social, los titulares de las secretarías estatales y los magistrados del poder judicial. También cuentan con este beneficio los consejeros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los consejeros del Consejo Electoral, el titular de la Auditoria Superior, los regidores y síndicos municipales.

Pág.10-B del periódico El Informador del 13 de abril de 2005.

Luis Jorge Cárdenas Díaz, contador público certificado, en la pág.5-A del periódico El Informador del 24 de febrero de 2005.

Analicemos el caso de la salud. Los servicios de salud públicos son utilizados sólo por aquellos que no pueden pagar servicios privados. Quienes pueden pagar servicios privados los prefieren aunque sean derechohabientes del IMSS o del ISSSTE. Los servicios públicos de salud son considerados desde su concepción como servicios de mala calidad y como prueba de ellos está el hecho de que los altos funcionarios y sus familiares no los utilizan (y nos los culpo por ello). La infraestructura de clínicas y hospitales del sector público se encuentra en lamentables condiciones por falta de inversión y mantenimiento. El personal, en general, no tiene la capacidad ni los medios para hacer un trabajo de calidad, pero son leales a sus líderes. Los costos de los servicios públicos de salud son superiores a los privados debido a la excesiva burocracia y las altas prestaciones y conquistas laborales.

Las medicinas que proveen las instituciones públicas de salud, cuando las hay, son de la menor calidad posible. La farmacología y la tecnología médica han avanzado notablemente en los últimos años. Lamentablemente ni las medicinas ni los aparatos modernos están al alcance de la mayoría de los mexicanos. El sector público se rige por la ley del menor esfuerzo y el menor costo para sus usuarios. Con la tendencia actual no nos extrañe que en algunos años, en lugar de tratamientos, el sector salud ofrezca limpias (controlados por sindicatos de brujos y curanderos).

Para poder mejorar la salud pública en México existen dos alternativas, la milagrosa y la realista. La alternativa milagrosa sería pasar el servicio de salud a particulares y que el gobierno lo regulara y lo garantizara (con calidad) para todos. Esta alternativa implicaría quitar el control de las instituciones de salud a los gremios y pasarlo al pueblo a través del gobierno que democráticamente hayan elegido. La alternativa realista es más sencilla y probable, consiste en pedirle a la Virgen de Guadalupe que ningún mexicano se enferme.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la Universidad de Guadalajara, en la pág.4-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2005.

Enrique Canales, en la página 9A del periódico Mural del 13 de enero de 2005.

Nemesio Maisterra, en la página 4A del periódico Mural del 29 de abril de 2004.

La primera clase se hace llamar "servidores públicos", pero sólo se sirven de las otras dos clases. Han olvidado que gobernar significa servir, sólo usan el término como un eufemismo. Olvidan que el fin del Estado es el bien común y no el bien personal. Que se debe dirigir hacia el logro de los fines de cada ser, de acuerdo a su naturaleza, para el perfeccionamiento de todos, por eso vivimos en sociedad, pero en lugar de ello ahora se gobierna para corromper y degenerar, es decir, lo contrario.

Esta primera clase tiene sus fueros propios: no paga impuestos, o paga por el 20% y el otro 80% se lo da en compensaciones libres de impuestos; no paga los servicios públicos [por ejemplo, los empleados de la CFE no pagan la energía eléctrica que consumen] y, muchas veces, tampoco pagan los servicios del sector privado, o los pagan como les da su gana. Se asignan aumentos en sus sueldos o "dietas" a discreción entre 30 y 40%, mientras a los otros les dan aumentos en los salarios mínimos de un 6%.

Esta primera clase dicta "pesadas cargas" contra las otras dos clases; "autoriza" aumentos en los impuestos y cuotas a su gusto, contras las otras dos clases. Esta primera clase se cree dueña de todo el país, incluyendo su subsuelo, y hasta del aire que respiramos (el espacio).

La segunda clase es la que paga por todos. Es la clase productiva. Está compuesta por empresarios (que aún no llegan al poder, claro), por industriales, comerciantes, empleados, obreros, agricultores, ganaderos, amas de casa... Es la clase productiva del país, la que con su inteligencia (cualidad de la que carece la primera), su esfuerzo, su trabajo, produce los bienes necesarios para el sustento de la Nación.

Esta segunda clase tiene que pagarle a la primera, por trabajar (la segunda, obviamente), por vender, por comprar, por usar o consumir las osesiones que ha adquirido con su esfuerzo, con el producto de su trabajo (auto, casa, estacionamientos...); tiene que pagar por los servicios públicos, que la segunda clase ya ha pagado desde su construcción, o que dichos servicios deben pagarse con los impuestos anteriores.

Por ejemplo, la pavimentación de la calle donde uno vive, uno la paga, a veces hasta más del doble de su costo. Pero, luego vienen las autoridades estatales y cobran impuestos a los automóviles para que puedan circular por esas calles, viene el Ayuntamiento e instala estacionómetros muy modernos para que pague uno por el uso de las aceras... Mientras los servidores públicos se apoderan con placas de "exclusivo" de la mayor parte de las calles donde se encuentran sus oficinas. Si no lo creen busquen un lugar en las calles del centro de la ciudad...

Esta segunda clase no es dueña de nada. Si compra un terreno debe pagarle a la primera, por el terreno, por los servicios, la urbanización. Si quiere construir su casa, debe pagarle a la primera. Y después debe pagarle cada año por usar "su" casa. La primera clase, además ya se adjudicó el subsuelo o los bienes que guarda el territorio, eso sí, para ofrcérselos a sus amos más poderosos, los yanquis, sin que a esta clase le haya costado nada y no ofrezca ningún fundamento legal para adjudicárselos.

Esta segunda clase paga por todos y no es dueña de nada.

La tercera clase está de moda. Todos quieren ser sus redentores. Pero nadie paga con su trabajo, tiempo, esfuerzo y dinero por ella. Esta tercera clase produce para su autoconsumo solamente. No tiene ningún interés ni en su progreso, ni en su educación, ni en su integración a la segunda. En muchas ocasiones es subsidiada, con los bienes de la segunda y la demagogia de la primera, y ahora sirve de bandera política para una facción disidente de la primera.

Dicen que desconfían de la medicina científica, pero exigen salud. Dicen que quieren conservar sus tradiciones, pero exigen que se les dote de educación. Dicen que rechazan el sistema económico del país, pero exigen dinero para su progreso.

Y es la segunda clase la que tiene que pagar por todos estos caprichitos. Obviamente que no de la tercera clase, sino de algunos encapuchados de la primera clase que manipulan a los de la tercera. Porque ellos son pasivos, resignados y aguantadores como casi todos los mexicanos.

¿Quién dice que en México no existen castas?

José Antonio Rolón Vázquez, en la página 16A del periódico Ocho Columnas del 10 de mayo de 2001.